Después de siete horas de sesión extraordinaria, llegó el turno de la intervención de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien se mostró crítica del peronismo por “no tener una propuesta superadora” en este debate, pero dejó en claro que el bloque Convicción Federal va a votar en contra de la Modernización Laboral.

También señaló que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, pero se mostró autocrítica del último gobierno del Frente de Todos: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Luego de haber apoyado la sanción del Presupuesto 2026, la senadora que integra el bloque Convicción Federal anunció que votará en contra de la Modernización Laboral (se estima que será después de la medianoche). Así también lo van a hacer sus pares de bancada: el puntano Fernando Salino; el riojano Fernando Rejal; la tucumana Sandra Mendoza; y el catamarqueño Guillermo Andrada.

“Defender a los jujeños es mi principal convicción y por eso represento a cada trabajador en el voto de rechazo a la reforma laboral”, reiteró Moisés en su intervención durante la sesión de este miércoles. Del mismo modo, sostuvo que “esta ley no resuelve ningún problema”, pero aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

En ese sentido, lamentó que los últimos gobiernos, puntualmente el de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner, no hayan avanzado con una norma de esta índole: “El peronismo se caracterizó por tener la percepción de lo que pasa en la gente y se fue reduciendo a un debate de cúpulas”. “No voy a negar la realidad por más que otros prefieran mirar para otro lado, pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora en este debate”, cargó.

Luego de haber cuestionado los puntos centrales de esta Reforma Laboral, se defendió de las agravios sufridos en redes por sectores que integran Unión por la Patria -sin nombrarla se dirigió a La Cámpora y una compañera de interbloque-, y concluyó: “Mi voluntad no está conducida por una persona, ni por un partido”.

En medio de los rumores respecto a la salida de algunas integrantes de Convicción Federal del interbloque Popular, los cinco senadores nacionales que conforman la bancada cuestionaron al Gobierno nacional e informaron que “la decisión política del Poder Ejecutivo de continuar las mediciones del IPC afecta la credibilidad de la Argentina”.

Además, se pronunciaron sobre la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos y recordaron que quedó “al descubierto una problemática que el bloque Convicción Federal vino advirtiendo desde el año pasado: la manipulación de datos difundidos por el organismo para que coincidan con el relato que intenta imponer el Poder Ejecutivo Nacional”.

En septiembre pasado, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés presentaron un proyecto de declaración para manifestar preocupación sobre “cuestiones que afectan el acceso a la información real de indicadores económicos actualizados, dilatando las acciones necesarias para su conocimiento en tiempo oportuno”. Este texto fue en base a declaraciones del extitular del INDEC.

En ese sentido, cargaron que “esta decisión sin dudas afecta el acceso de la población a la información real de indicadores económicos actualizados”. También cuestionaron que “la decisión política del Poder Ejecutivo de continuar las mediciones del IPC y demás indicadores bajo parámetros desactualizados que no reflejan la realidad, afecta la credibilidad de una Argentina que busca dar señales a los mercados y atraer inversiones”.

Del mismo modo, el bloque peronista de Convicción Federal cargó que “la decisión del Gobierno nacional de mantener la fórmula actual para calcular la inflación, sin modificar las ponderaciones como estaba previsto instrumentar a partir de enero pasado, fue el desencadenante de la dimisión del mencionado exfuncionario”.

Durante el período 2025, la bancada que preside Fernando Salino ya había presentado dos proyectos de ley que abordan este tema: el primero era para que el INDEC deba actualizar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada diez años; mientras que el segundo proyecto buscaba la elaboración de estadísticas de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total.

“Es para reflejar de manera precisa y oportuna los cambios en los patrones de consumo de los hogares argentinos, asegurando la representatividad nacional y regional de los datos relevados”, explicaron.

Tras dos años sin Ley de Presupuesto, La Libertad Avanza logró sancionar el proyecto en el recinto del Senado por 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. Los ojos estuvieron puestos en el Capítulo II el cual establece en su artículo 30 varias derogaciones a leyes educativas, del sistema de ciencia y del Fondo Nacional de la Defensa.

Luego de varias reuniones a contrarreloj, la jefa de bancada del oficialismo, Patricia Bullrich, cerró diferentes acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para dejar en pie el Capítulo de la polémica y evitar que la sanción se retrase en caso de que debiese volver a la cámara de origen con modificaciones.

El resultado en el tablero se repitió tanto en la general como en las once votaciones en particular. De esta manera, quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Dentro de los 45 votos a favor del proyecto de ley de Presupuesto 2026 estuvieron los 20 integrantes de La Libertad Avanza; los miembros de la Unión Cívica Radical; los 3 del Pro; los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social; los dos santacruceños; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la chubutense Edith Terenzi; el cordobés Luis Juez; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas se abstuvo en la general y en todas las particulares.

La novedad fue que tres integrantes del bloque peronista Convicción Federal votaron a favor en la general del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y en la votación del Capítulo II: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada.

El Capítulo II

La única votación que resultó con números diferentes al resto en el tablero del recinto fue la del Capítulo II: fueron 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Los 20 integrantes del oficialismo, los 10 radicales, los 3 del Pro, los 2 misioneros, los 2 santacruceños, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Flavia Royón y los 3 de Convicción Federal, Moisés, Andrada y Mendoza votaron a favor.

En contra estuvieron los 21 integrantes del bloque Justicialista que preside José Mayans, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero que integran Gerardo Zamora y Elia Moreno y 2 de Convicción Federal, Fernando Salino y Fernando Rejal. También se opusieron los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que Julieta Corroza y Alejandra Vigo fueron las únicas en abstenerse.

El bloque Convicción Federal, conformado por peronistas que se fueron en marzo pasado de la bancada que conduce José Mayans, aunque permanecieron dentro del interbloque, anunciaron este miércoles la incorporación de una senadora más.

Se trata de la tucumana Sandra Mendoza, quien deja así el bloque Justicialista, aunque el peronismo ratificó que se mantendrá unido bajo un interbloque recientemente denominado “Popular”, integrado por Convicción, el PJ y el Frente Cívico por Santiago.

Este bloque quedó así conformado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y la mencionada Mendoza. Desde el espacio aseguraron que buscan “equilibrar la balanza del poder federal, garantizando que las provincias del norte tengan una voz unificada y firme en el debate presupuestario y productivo, con eje en la generación de trabajo”.

“Esta integración, que incrementa la representación del Norte Grande en la bancada del peronismo del interior, marca un avance decisivo en la consolidación de este espacio dedicado a defender el federalismo y los intereses estratégicos de las provincias, frente a las políticas centralistas del Gobierno nacional”, expresaron mediante un comunicado.

Y destacaron que “la prioridad absoluta es la protección de las autonomías provinciales y los recursos de las provincias, ante el actual contexto de ajuste”.

“Así lo vinimos marcando con proyectos legislativos concretos para federalizar el Banco Central, las leyes de ATN e Impuesto a los Combustibles, y la que modifica la recaudación de ARCA para que se distribuyan los fondos respetando la Coparticipación Federal”, apuntaron.

Los senadores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para fortalecer la capacidad operativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de "garantizar la distribución transparente de fondos que las provincias siguen sin recibir, de acuerdo con lo que marca la Ley de Coparticipación Federal".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada -peronistas que por el momento están en el interbloque Unión por la Patria- proponen actualizar el régimen de financiamiento y funcionamiento de la exAFIP, con el fin de "modernizar su estructura, mejorar sus capacidades institucionales y asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos".

“Este proyecto busca fortalecer a nuestro organismo recaudador sin empujarlo al mundo de la especulación financiera al que pretende llevarlo la actual conducción económica, de la mano de Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei. Apostamos a un Estado eficiente, transparente y con foco en la economía real del país”, subrayaron los legisladores.

La iniciativa establece que ARCA contará con un fondeo equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros a su cargo, garantizando así una base estable de financiamiento para optimizar su tarea de recaudación y control.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo que impide la acumulación de fondos ociosos. Busca asegurar así que los recursos excedentes sean distribuidos automáticamente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los criterios establecidos en la Ley de Coparticipación.

Esta medida establece dos instancias de distribución: mensual, del 50% de los fondos no utilizados; y anual, del excedente total del ejercicio fiscal.

De esta manera, “se garantiza que los recursos vuelvan de manera ágil a las jurisdicciones que les corresponden por derecho, evitando retenciones indebidas y fortaleciendo las finanzas provinciales”, señalaron los senadores.

El texto también introduce mejoras en la “Cuenta de Jerarquización” del organismo, fijando por ley un piso del 0,75% y un máximo del 1% de la recaudación neta para incentivar el rendimiento y la eficiencia del personal, mediante criterios objetivos de evaluación y distribución.

La propuesta implica además la derogación de artículos del Decreto 1399/2001, ejerciendo las facultades que la Ley 26.122 otorga al Congreso para revisar y sustituir normas de carácter legislativo dictadas por el Poder Ejecutivo.

Los integrantes de Convicción Federal consideran que esta actualización normativa "es un paso necesario para mejorar la capacidad operativa del ARCA y garantizar la justa distribución de los recursos públicos en todo el territorio nacional".

Producto de la derrota electoral sufrida el pasado 26 de octubre, el peronismo transita días complicados en las dos cámaras, donde la solidez de sus bloques está siendo puesta en duda. En Diputados, obtuvo un resultado que le permitía tener la misma cantidad de legisladores con que cuenta en la actualidad, pero la sangría ya se ha iniciado, aunque hasta ahora sea por goteo: dos diputados ya anunciaron que no estarán en el bloque que al día de hoy conduce Germán Martínez. Pero hay presagio de un desgajamiento mayor, si se concreta la salida de los catamarqueños (4).

En el Senado, donde el peronismo quedará con el menor porcentaje desde el 83 a la fecha, trabajan para mantener la unidad, unificando las tres bancadas que en la actualidad configuran el interbloque Unión por la Patria. Sería bajo la denominación Bloque Justicialista. Pero eso está complicado.

Recordemos que en la actualidad tres bloques conviven dentro del interbloque Unión por la Patria: el Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal. Los dos primeros tienen 15 miembros y el restante 4. Del FNyP se van 6 senadores, en tanto que UC pierde 9. En Convicción Federal, todos siguen hasta 2027 o 2029.

El problema es que Convicción Federal no tiene intenciones de sumarse al resto, habiéndose alejado el 19 de marzo de este año en rechazo a la conducción partidaria de Cristina Kirchner, en cuyo caso el Bloque Justicialista quedaría reducido a 24 miembros. Una fuente consultada por parlamentario.com aclaró que esa unidad promovida es “únicamente entre los kirchneristas”, y el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Jesús Rejal y el puntano Fernando Salino no quieren volver ahí (por algo se fueron hace algunos meses). “Convicción Federal existe y seguirá existiendo como bloque”, garantizó uno de sus miembros.

Los miembros del bloque Convicción Federal dicen que se mantendrán donde están.

También advierten con estar atentos a lo que vayan a hacer algunos de los que llegan, y a propósito de ello se especula con que el santiagueño Gerardo Zamora y su comprovinciana Elía Esther del Carmen Moreno se salgan del bloque. Otra fuente consultada por este medio aseguró que Zamora no va a ir a un bloque que se llame Justicialista.

De ser así, el bloque Justicialista podría terminar reduciéndose a 22 integrantes, apenas dos más que el de La Libertad Avanza que conducirá Patricia Bullrich. Mal presagio para quienes ya se mostraban preocupados por la dimensión reducida que presentará el peronismo en el Senado a partir del 10 de diciembre.

Desde el bloque de senadores nacionales de Convicción Federal rechazaron con firmeza los vetos presidenciales y ratificaron su compromiso de insistir con tres leyes que consideran fundamentales: el aumento para nuestros jubilados, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para las personas con discapacidad.

“Estas decisiones no son técnicas ni administrativas: son profundamente políticas y superficialmente efectistas -dijeron a través de un comunicado-. Y muestran, una vez más, el desprecio del Gobierno nacional por los sectores más vulnerables de la Argentina, a los que abandona cada minuto que no repara las consecuencias que en ellos tiene el ajuste más cruel de la historia, que se ufana de estar implementando”.

Y enumeraron las razones por las cuales rechazan los vetos presidenciales:

👉 Vetar el aumento a los jubilados es mirar para otro lado mientras quienes trabajaron toda una vida siguen eligiendo entre comer o comprar sus medicamentos.

👉 Vetar la moratoria previsional es castigar a las mujeres y hombres del trabajo informal que no tuvieron aportes por propia responsabilidad del Estado, no por decisión de ellos.

👉 Vetar la emergencia en discapacidad es negar lo evidente, dejar paralizado un sector que ya lo está por sus propias condiciones de salud e ignorar que miles de familias no pueden afrontar tratamientos, traslados, ni garantizar que los profesionales que los atienden cuenten con ingresos para desarrollar sus vidas trabajando en un sistema que está colapsado.

Los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca) plantearon que “el federalismo no se declama, se practica. Y practicarlo es cuidar a cada argentino, viva donde viva, sin importar si es joven o mayor, si nació en una gran ciudad o en un paraje del interior”.

Como senadores peronistas del interior del país, reafirmaron su convicción de que “abrazamos la política para reparar desigualdades, no para profundizarlas. Por eso no aceptamos que el ajuste se lleve puestos a quienes menos tienen”. Y cerraron: “El país no se construye con crueldad sino con justicia social. Y en esa causa, seguiremos firmes desde nuestras bancas defendiendo esos derechos básicos”.

Los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para blindar a través de un marco legislativo a la Dirección de Vialidad Nacional y declararlo “ente público de carácter estratégico”. En sintonía con el espíritu de la iniciativa, también proponen dictar la emergencia en el sistema vial por dos años.

El texto lleva las firmas del puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal y el catamarqueño Guillermo Andrada. Además, el proyecto amplía el presupuesto de Vialidad Nacional, plantea alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto de Javier Milei 70/2023 para evitar su transformación en sociedad anónima.

Este jueves la Justicia suspendió por seis meses el alcance del DNU 461/2025 por el que el Gobierno nacional ordenó la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional tras la presentación de diferentes amparos por del gremio Sevina. Este proyecto de ley fue ingresado el pasado 2 de julio.

📢Desde Convicción Federal rechazamos la disolución de #VialidadNacional.
🤝🏻Defendemos a los trabajadores, las familias que transitan por las rutas nacionales y el desarrollo productivo. El vaciamiento deja aislados a pueblos enteros. #NoEsAhorroEsDestruccion#ConviccionFederal pic.twitter.com/34Uko68uql

— Bloque Convicción Federal (@conviccionfed) July 16, 2025

Después del envío del proyecto a la Cámara alta, la senadora Moisés explicó que “el objetivo es cuidar las vidas que transitan por nuestras rutas argentinas, evitar que el transporte de nuestros productos circule en riesgo y garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la Red Vial Nacional, que quedaron canceladas desde diciembre de 2023, mitigando el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional”.

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. Desde el Gobierno Nacional ejecutaron Vialidad en las últimas horas de la vigencia de las facultades delegadas: sin planificación ni mantenimiento las rutas se deterioran a un ritmo vertiginoso. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, manifestaron los integrantes de Convicción Federal.

El proyecto de ley fue presentado por mesa de entradas del Senado después de una reunión de los cuatro senadores junto a trabajadores del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de VN. Tras el encuentro, incorporaron al texto la obligación de un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales, con un plan preventivo y correctivo, protocolos frente a emergencias y fijar estándares mínimos de mantenimiento de infraestructura.

Ante el desfinanciamiento en la obra pública por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron dos proyectos de ley que proponen declarar la emergencia en el sistema vial nacional por el término de dos años y, además, proteger a la Dirección Nacional de Vialidad ante una amenaza de disolución, privatización o modificaciones en su estructura que perjudiquen a los trabajadores.

“El Gobierno nacional está jugando con la seguridad vial y el desarrollo del país”, resaltaron los legisladores, quienes afirmaron que "con inversión en infraestructura vial se evitan pérdidas de vidas humanas y se bajan los costos logísticos del transporte, entre otros beneficios".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.

Durante la reunión, los referentes gremiales expusieron un diagnóstico alarmante sobre la situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad, señalando no sólo un impacto directo en las fuentes laborales, sino también un riesgo concreto para la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por las rutas del país.

El objetivo de las iniciativas es "garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la red vial nacional y mitigar el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional, mediante la ejecución de los fondos de infraestructura de transporte", apuntaron.

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvieron desde la bancada que integra el interbloque Unión por la Patria.

Según un informe elaborado por FEPEVINA, más del 60% de la red vial argentina se encuentra en estado malo o regular, lo que confirma la existencia de una emergencia vial a nivel nacional. El estado crítico de las rutas afecta la seguridad vial, incrementa los riesgos de siniestros, eleva los costos logísticos y reduce la eficiencia del transporte, generando consecuencias negativas en múltiples niveles de la vida económica y social.

Los senadores expresaron su profunda preocupación por "la postura del Gobierno nacional, que sostiene una política de desfinanciamiento de la obra pública y ha anunciado la eventual eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. De concretarse, esta medida implicaría la pérdida de trabajadores altamente calificados y comprometería aún más la seguridad de millones de ciudadanos".

Los cuatro senadores del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque Unión por la Patria, firmaron este miércoles el proyecto de ley que piden los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para disponer el reparto federal del impuesto a los combustibles y los ATN.

Se trata de Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca), quienes acompañaron así -junto a otros bloques- la iniciativa que recoge el reclamo presupuestario y busca garantizar los recursos que retiene el Gobierno nacional.

"La decisión política de los gobernadores va en línea con nuestra prioridad como representantes de las provincias en el Senado de la Nación, que es lograr el mayor ejercicio de federalismo que permita que los fondos que son de todos los argentinos vayan directo a la salud, la educación y las rutas de los argentinos", destacaron.

En ese sentido, subrayaron: "No podemos seguir permitiendo que en nombre de un ajuste que sostiene un déficit ficticio, las provincias sigan sin recibir recursos para contingencias, políticas públicas y obras que quedaron paralizadas y siguen pendientes".

El bloque de senadores Convicción Federal expresó una “profunda preocupación” a la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina que fue implementada este miércoles por el Decreto 383/2025 y “sin el debate en el Congreso”.

A través de un comunicado, desde Convicción Federal alertaron que esta reforma “otorga nuevas facultades de detención, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, priorizando la ‘seguridad del Estado’ por sobre los derechos ciudadanos, pero sin modernizar realmente la fuerza: mantiene intacta su estructura operativa, posterga la transformación hacia una agencia federal de investigación y perpetúa funciones que no corresponden a una policía moderna”.

En ese sentido, consideraron que esta medida “vulnera principios constitucionales, debilita los controles democráticos, limita la capacidad del Ministerio Público Fiscal para combatir delitos complejos y abre la puerta a la criminalización de la protesta social, afectando libertades fundamentales y el equilibrio de poderes”, por lo que exigieron “la revisión inmediata de la reforma y la restitución del debate parlamentario como garantía del Estado de Derecho”.

Por último, se mostraron preocupados en “cómo seguirán estas medidas autoritarias que avasallan las garantías constitucionales con total normalidad. Asimismo, como representantes de las provincias, nos ocupa seguir de cerca el tema por la incertidumbre que nos genera y por nuestro compromiso federal con la verdadera seguridad de la ciudadanía”.

El comunicado lleva las firmas de los senadores del bloque Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Senadores del bloque Convicción Federal, dentro de Unión por la Patria, presentaron dos proyectos de ley que apuntan a la defensa de la ciudadanía en el ámbito digital. Se trata de la creación de un programa de "Alfabetización Digital en Argentina" y otro de una línea de atención contra estafas virtuales.

"Las iniciativas buscan abordar la creciente problemática de las estafas virtuales y la desinformación, proporcionando herramientas efectivas para la prevención y la atención de estos delitos", destacaron.

El primer proyecto, sobre alfabetización digital, tiene como objetivo promover un uso responsable de las tecnologías digitales. Este programa se enfocará en la educación y concientización sobre los riesgos asociados al uso de datos personales y las tecnologías de plataformas. Entre sus contenidos, se incluirán estrategias para detectar fraudes en línea, derechos y responsabilidades de los usuarios, así como mecanismos de acción ante situaciones de estafa. “Se espera que sea la ESI de los entornos digitales en todas las instituciones educativas”, abogaron desde Convicción Federal.

En tanto, el segundo, plantea la apertura de una línea que ofrezca asesoramiento, contención y gestión administrativa para aquellos afectados por estafas. Con este enfoque, se busca garantizar que los ciudadanos cuenten con el apoyo necesario para enfrentar y reportar estos delitos, creando un canal directo de comunicación con las entidades comerciales, bancarias y billeteras electrónicas.
Ambos proyectos son complementarios y abarcan la problemática en su totalidad: desde la prevención a través de la alfabetización digital, hasta la atención y gestión de casos de estafas.

Además, se propone la construcción de una base de datos oficial para la toma de decisiones, que permita elaborar acciones preventivas y correctivas, en pos de una política activa para la eliminación de las estafas virtuales.

En los fundamentos de los proyectos, se reafirma "el compromiso con la protección de la ciudadanía en el entorno digital y la promoción de un espacio seguro y responsable en el uso de la tecnología". Con estas iniciativas "se busca empoderar a la sociedad y fomentar un entorno digital más informado y protegido", agregaron.

Los senadores del bloque Convicción Federal -Fernando Salino, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Carolina Moisés- presentaron un proyecto para la protección y valorización de los bienes patrimoniales con fines turísticos y sociales. Precisamente, la iniciativa plantea declarar como monumentos nacionales al Complejo Turístico Chapadmalal y al Complejo Unidad Turística Embalse Río Tercero, y establece la recuperación de los espacios para que las familias con barreras económicas puedan acceder a vacacionar en el mar o la sierra.

Asimismo, les atribuyen a los complejos un carácter inalienable, inajenable, imprescriptible e inembargable con el objeto de que se respete el fin por el cuál fueron creados, según lo expresó el senador Rejal: “Destinarlos a la prestación de un servicio público de uso común, garantizando el acceso al esparcimiento, al disfrute y al tiempo libre para todos los sectores sociales, especialmente para las familias trabajadoras”.

Con la propuesta se busca garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, puedan disfrutar de estos espacios. Al mismo tiempo, se fomentan oportunidades de desarrollo económico local, lo que contribuye a un crecimiento inclusivo y sostenible en las comunidades.

"En síntesis, el proyecto de ley es un compromiso con la conservación del patrimonio cultural y turístico, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos valiosos espacios, en línea con lo que Perón y Evita sostuvieron sobre el derecho a vacacionar y la justicia social", agregó Rejal.

Un grupo de legisladores que integran Unión por la Patria, junto a funcionarios provinciales, recibió a empresarios del sector textil quienes reclamaron que el rubro viene en baja debido a la posible reducción de aranceles a las importaciones. Por el lado del Senado, estuvieron los integrantes del nuevo bloque Convicción Federal.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Frondizi de la Cámara alta y contó con la presencia de los senadores catamarqueños Guillermo Andrada y Lucía Corpacci; el puntano Fernando Salino; y el riojano Fernando Rejal. También estuvieron el diputado santiagueño Ricardo Herrera y el catamarqueño Sebastián Noblega.

Entre los representantes de las provincias, asistieron a la reunión, el ministro de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, Sebastián Caria; y el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán.

Con la promesa de presentar iniciativas que declaren la emergencia en el sector textil, los legisladores, quienes se desmarcaron del Partido Justicialista en general en los últimos tratamientos parlamentarios, se comprometieron a “implementar las medidas legislativas necesarias para brindar apoyo y alivio al sector, subrayando la urgencia de actuar para evitar la destrucción total de la industria”.

Por su parte, los empresarios textiles describieron la alarmante situación del sector, enfatizando la gravedad de la crisis. Los representantes de los ejecutivos provinciales expresaron la preocupación de los gobernadores y coincidieron en que la solución podría ser a través una modificación al marco normativo.

“La situación es complicada por la caída en las ventas y los altos costos de energía que impactan en los puestos de trabajo”, sintetizaron entre las tres partes luego de la reunión en el Frondizi. Asimismo, plantearon que “la reducción de aranceles a las importaciones que planea el Gobierno nacional podría resultar en una crisis catastrófica, si no se los frena a tiempo”.

Los representantes del sector que contempla a más de 5.000 empresas en todo el territorio nacional remarcaron la idea de “competir en un entorno justo que les permita triplicar el empleo y duplicar las exportaciones”. Además, pidieron por la eliminación de cargas que afectan su capacidad de operación y apuntaron que la industria es “un blanco fácil de ataque por parte del Gobierno nacional”.

“El verdadero problema de Argentina no es la producción, sino la comercialización, y que la situación actual no se soluciona simplemente con ajustes arancelarios, porque es un problema sistémico”, remarcaron los sectores textiles, quienes cerraron que “la inundación del mercado con productos importados puede parecer beneficiosa a corto plazo, pero, a largo plazo, resultará en un aumento de precios y pérdida de empleos”.

En representación del rubro textil, se manifestaron Tomás Karagozian de TN & Platex; Arturo Karagozlu de Colortex SA; Bogos Ekserciyan de Lartex SRL; Luciano Galfione de Fundación Proteger; Santiago Uriarte de Grupo CLAAD; Edgardo Tertzakian de Tecotex SA; Hernán Ebekian de Billabong; Claudio Drescher de Jazmín Chebar; Luis Tendlarz de FITA; y Carolina Carregal de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

Un día ocurrió: las internas dentro de Unión por la Patria en el Senado tuvieron sus consecuencias y cuatro senadores decidieron conformar un nuevo bloque, que igualmente continuará dentro del interbloque, el cual es la primera mayoría en la Cámara alta con 34 miembros.

Bajo la decisión de abordar una agenda federal, reclamo que también tiene un grupo de senadores del otro lado del Congreso, el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Jesús Rejal integraron el nuevo espacio nombrado “Convicción Federal”.

UP estaba conformado hasta ahora por los bloques Frente Nacional y Popular, a cargo de José Mayans, y del cual eran parte Andrada y Rejal; y el de Unidad Ciudadana, comandado por Juliana Di Tullio, en el que estaban hasta este miércoles Moisés y Salino.

Ahora, el principal interbloque opositor, conducido por Mayans, está conformado por el FNyP, UC y Convicción Federal, al que sus creadores calificaron como “una nueva expresión” dentro de UP.

Mediante un comunicado, los senadores aseguraron que con este nuevo bloque “se refuerza la estrategia de apertura y debate interno” y “los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos, sumando voces en oposición al Gobierno nacional, y dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación”.

“La visión federal es una necesidad urgente que se viene reclamando fuertemente desde diversos sectores del peronismo y hoy se expresa legislativamente en este nuevo bloque”, remataron, en alusión al pedido de que se aborde una agenda amplia y no sólo comandada desde Buenos Aires, como consideran impulsa la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner.

El bloque estará presidido por Salino, del riñón del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, mientras que Moisés será vicepresidenta. La jujeña se había desmarcado de su bloque en una serie de votaciones. La última fue en la Ley Antimafias, mientras que una de las más recordadas fue el capítulo del RIGI en la Ley de Bases, que también votó a favor Andrada, quien responde al gobernador de su provincia, el catamarqueño Raúl Jalil, quien está cada vez más alineado con Casa Rosada. En cuanto a Rejal pertenece al entorno del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien le disputó a CFK la presidencia del PJ, aunque luego su lista fue rechazada por la justicia.

Uno de los últimos episodios que también dio muestras de la rebeldía contra la presidenta del peronismo fue que Moisés decidió presentar su propio espacio para las elecciones legislativas locales, ante la oposición a la intervención del PJ en esa provincia.