Se trata de empresas a las que Cammesa reclama importantes deudas por energía despachada y nunca cobrada. El diputado Jorge Araujo presentó un pedido de informes.
Según ha tomado dominio público, el Poder Ejecutivo Nacional intervendría siete cooperativas eléctricas a las cuales la empresa Cammesa (administradora del Mercado Eléctrico Mayorista-MEM) le reclama una deuda total de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. Las instituciones involucradas, según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gesell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En tal sentido, el diputado nacional del bloque UP Jorge Koky Araujo, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera precisa y detallada respecto de la situación de las cooperativas eléctricas a quienes la empresa Cammesa les reclama importantes deudas por energía despachada que nunca se habrían cobrado. Asimismo, solicita se incluya detalle del monto adeudado por cada una de ellas y periodo de la mora, así como las medidas previstas para el efectivo cobro de esos pasivos y garantías para continuar con la prestación del servicio eléctrico brindado por las cooperativas.
Según el diputado, “la situación que enfrentan las cooperativas eléctricas, según Cammesa, es de suma gravedad. Estas cooperativas no solo fijan el costo de la distribución de la energía eléctrica en pequeñas localidades del interior del país, gravemente afectadas por la disparidad entre el costo del servicio y los ingresos de los hogares, sino que su formato cooperativo puede conducir a una crisis que impactaría no solo a la empresa, sino a toda la comunidad local”.
Entre los fundamentos del proyecto se detalla que “ante la magnitud de las deudas reclamadas por Cammesa a las cooperativas eléctricas, surge la necesidad de conocer los lineamientos y estrategias que se implementarán para garantizar la viabilidad de estas instituciones vitales dentro del sistema de distribución de energía eléctrica y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago”.
Fue en el marco de una reunión convocada por la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara baja, a la que asistieron representantes de todo el país.
La Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Eduardo Toniolli, recibió a representantes de cooperativas eléctricas de todo el país, afectadas por los aumentos de las tarifas eléctricas impulsados por el gobierno nacional. También participaron funcionarios provinciales de áreas ligadas a la cuestión energética y al asociativismo.
En la apertura del encuentro, Luis Castillo, de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad, advirtió que “el volumen de venta de una carnicería es mucho menor en una localidad pequeña que en una gran urbe, pero el costo de la tarifa es el mismo, por lo que la quita de subsidios impactará mucho más en lugares con pocos habitantes, que pasarán a ser pueblos fantasmas”. Para Castillo, con los aumentos desmedidos “hay riesgo de que se corte la cadena de pago, y si eso pasa, para no dejar a nuestros pueblos a oscuras, no le pagaremos a la distribuidora”. “Si para el presidente ser evasor es ser un héroe, bueno, nos transformaremos en héroes” ironizó.
A su turno, Vicente Losada, titular de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, celebró la iniciativa de la comisión, en tanto “a las cooperativas les cuesta mucho que el poder político las escuche”. “Las cooperativas de servicios cumplimos una función social en un territorio muy extenso y muy desigual, donde la ecuación no da como en una manzana de una gran ciudad, y por eso no puede recibir el mismo trato”, apuntó.
Martín Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, señaló que “las cooperativas tuvieron que ser carteros de una noticia sobre la que no tuvieron decisión, y que tuvo un enorme impacto en la legitimidad social que poseen”, y agregó: “pedimos al gobierno nacional que abandone la instancia de shock en la quita de subsidios, y tome una modalidad paulatina, que acompañe la recuperación de los salarios y el consumo, porque si nos vamos a enfrentar a más de un problema”.
Por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, intervinieron Gastón Ghioni, subsecretario de Energía, y Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. Ghioni afirmó que “todos somos conscientes de la necesidad de ordenar el sector, pero no se puede hacer de forma abrupta, ni exigir a las cooperativas condiciones que no van a poder cumplir”, y agregó: “es sabido que para mayo va a haber un nuevo aumento en el costo mayorista de la energía, y los usuarios, las cooperativas, los Estados provinciales y este Congreso, tenemos que trabajar para que no signifique un golpe tan duro en la economía de las localidades”. A su turno, Onorato reclamó a los diputados presentes rechazar el DNU 70 y la Ley Bases, porque -afirmó- “le brindan las herramientas al presidente de la Nación para meter tarifazos tras tarifazos que golpean a las cooperativas de servicios y a sus usuarios residenciales y productivos”.
Al cierre del encuentro, Toniolli afirmó: “Nuestro rol como legisladores -en este momento en el que se reproducen los ataques gubernamentales a todo lo que tenga que ver con el trabajo y la producción- tiene que ser buscar y brindar las herramientas para proteger a las cooperativas de servicios”.
