Fue en una comisión del Senado en la que también se avanzó con un proyecto sobre cooperativas y otro por la lechería en la Región Centro.
El legislador del GEN Sergio Abrevaya impulsó un proyecto de ley para que la Cooperativa de Vivienda San Salvador pueda seguir llevando a cabo sus actividades con una menor carga impositiva.
Debido a la delicada situación que atraviesan las cooperativas de la Ciudad, el diputado del GEN Sergio Abrevaya presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Cooperativa de Vivienda San Salvador se exceptuada del pago del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (ABL).
Según explicó el diputado, la mencionada cooperativa “cumple una misión social para todo el colectivo de personas inmigrantes del norte de nuestro país” ya que los fundadores de esta Organización Social, nativos de la provincia de Jujuy y antiguos residentes de Buenos Aires, a su vez realizan tareas de difusión de la cultura del norte argentino y conjugan así, sus fines sociales y culturales.
“El proceso del inmigrante siempre necesita de un espacio que permita un reencuentro con sus usos y costumbre con personas que sean de sus propios lugares de origen”, añadió Abrevaya.
La cooperativa se encuentra ubicada en la calle México 967 y el inmueble es utilizado como un espacio abierto a la comunidad, centrado en difundir valores de integración social. “Es importante destacar que un gran porcentaje de los integrantes de la Cooperativa está compuesto por personas que padecen una alta vulnerabilidad social debido a que carecen de una vivienda fija que les brindaría la posibilidad de tener mayor seguridad e inserción en la sociedad; motivo por el cual es sumamente relevante una de las tareas que desempeña esta Organización Social con respecto al acompañamiento y a la contención social de las personas que se acercan a la misma”, sostienen los fundamentos de la medida.
Sobre esa misma línea, el legislador explicó que “la problemática de la Ciudad, es de una dimensión que no suele mensurarse y evaluarse como tal; en los últimos 10 años, ha crecido de manera notable la condición de inquilinos dentro de las formas de posesión de la vivienda, para alcanzar en los últimos años el 36 % de los ciudadanos y habitantes de nuestra Ciudad, no logran superar las condiciones que establecen los operadores inmobiliarios, la falta de acceso a créditos blandos del sistema financiero público y un notable incremento del valor de la tierra” y remarcó que “los actores sociales y las organizaciones que deciden encarar la búsqueda de soluciones habitacionales a sectores sensibles, deben ser estimuladas, acompañadas y fomentadas por los poderes públicos, por sus fines de creación y por la búsqueda de cumplimiento de los derechos de vivienda digna, participación popular y del precepto de Ciudad Plural que establece el Código de Planeamiento Urbano”.
“La futura sede de esta Cooperativa de Vivienda, deberá ser un faro difusor del asociativismo y la economía social en la Ciudad de Buenos Aires”, completó.
Alexandre Roig, quien asumió en reemplazo del fallecido Mario Cafiero, expuso ante la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONGs. Habló de la necesidad de simplificar trámites y de contar con mayores recursos.
El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig, sostuvo este martes que “el cooperativismo y mutualismo pueden estar al servicio de una política donde el trabajo y la producción están en el centro de nuestra voluntad”.
Roig, quien asumió en el organismo hace dos meses debido a la muerte de Mario Cafiero en septiembre pasado, expuso ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, que preside Soledad Carrizo (UCR).
“Venimos a profundizar la política iniciada por Cafiero, que tuvo como primer eje llevar el INAES de Desarrollo Social a Desarrollo Productivo, lo que expresa la voluntad productivista de nuestro gobierno y que sea una herramienta al servicio de la producción y el trabajo”, explicó.
En ese sentido, Roig marcó como uno de los ejes la “rejerarquización del INAES como institución dentro del Estado”, al hablar de “un problema importante de estructura” a nivel del personal y de recursos.
En materia jurídica, se refirió a la necesidad de simplificar la matriculación de las cooperativas y mutuales, que “hoy en día es un trámite que puede llevar hasta tres años”. “Constituir una cooperativa o mutual tiene que formar parte de un derecho a la producción y al trabajo”, dijo.
Por otra parte, en cuanto a los recursos, explicó que cuentan con un fondo constituido por aportes contributivos del sistema cooperativo y mutual, que actualmente es de 1.500 millones de pesos. “Para garantizar la demanda de inversión productiva del sector, es ampliamente insuficiente”, lamentó.
Roig estimó que el sector de la economía social abarca cerca del 10% del PBI, pero calculó que ese número podría ser mayor, ya que todavía no cuentan con estadísticas certeras.
Asimismo, resaltó que “el sector cooperativo y mutual es una de las grandes herramientas para atravesar crisis, entre otras razones porque el capital social privilegia siempre lo común”, y puso como ejemplo el Banco Credicoop, que “fue el que mejor atravesó la crisis de 2001”.
“Vamos a trabajar desde el INAES en que el cooperativismo y el mutualismo ocupen un lugar central en los imaginarios argentinos, porque ya ocupa un lugar central en la vida productiva y social”, aseguró, tras señalar que en la referencia a lo público y lo privado muchas veces se omite la tercera dimensión, la de la economía social.
Al momento de las preguntas, la diputada Lorena Matzen (UCR) propuso descentralizar el otorgamiento de las matrículas, a lo que Roig coincidió: “Apoyaremos todas las medidas que favorezcan la simplificación y la implementación rápida del proceso de matrículas”.
A su vez, Nicolás Del Caño advirtió que hoy las fábricas recuperadas afectadas por la pandemia “no cuentan con ningún acompañamiento para poder producir”. “Sería importante que el INAES busque alternativas”, consideró.
El titular del organismo informó que en ese sentido trabajan en una propuesta para generar un “fondo de desendeudamiento que permita reescalonar las deudas que surjan de la crisis” derivada de la emergencia sanitaria.
Por su parte, el oficialista Eduardo Fernández -proveniente de APYME- planteó que “las pequeñas empresas, los productores y el cooperativismo necesitan potenciar entre ellos sus habilidades y haberes para concretar proyectos de producción, pero a veces no encuentran el ámbito adecuado”.
Roig respondió que “gran parte de la realidad de las pymes se condice con la realdad del cooperativismo y el mutualismo. Hay un hilo conductor, que son una serie de demandas vinculadas a la inversión y al crédito”.
“Vamos a generar todos los dispositivos institucionales para generar un sistema que permita complementarse con el sistema bancario y que podamos cubrir el conjunto de necesidades crediticias del sector productivo”, puntualizó.
En otro orden, ante un planteo de Paola Vessvessian (Frente de Todos) el funcionario adelantó que se busca “el fortalecimiento de proveedurías y cooperativas del consumo, porque estamos seguros de que puede ser un gran mecanismo de distribución con un sistema de precios más transparentes y baratos”.
En respuesta a otra consulta de Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), Roig informó que se está trabajando con la Secretaría de Innovación Pública, el ENACOM y ARSAT para “tener un programa de conectividad en el cual participen las cooperativas”.
Cerca del final, Carlos Heller, diputado y presidente del Banco Credicoop, pidió hacer “un gran esfuerzo por no ver a las cooperativas como una herramienta para solucionar pequeñas cosas, como la rueda de auxilio del capitalismo para hacerse cargo de las empresas fracasadas y proteger el trabajo de esas empresas”.
“No digo que eso esté mal, pero no nos quedemos en eso. Veamos al cooperativismo como una de las grandes herramientas que pueden sacar al país y al mundo de esta crisis absurda a la que nos ha llevado un sistema de concentración de la riqueza”, analizó Heller.
En la primera de tres jornadas, la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs escuchó a representantes del tercer sector, que plantearon las dificultades que atraviesan.
La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, presidida por Soledad Carrizo (UCR), realizó este martes la primera de tres jornadas para analizar el rol del tercer sector en la recuperación de la economía tras la pandemia del Covid-19.
“La idea es pensar en la post pandemia, ir preparándonos como sector, cada uno en el rol que le corresponde. Ver cómo hemos atravesado estos más de cuatro meses de cuarentena y cómo adelantarnos en los desafíos que nos va a implicar la salida de la pandemia”, explicó Carrizo.
La legisladora señaló que “en el mundo va a haber una retracción económica de al menos un 4%, y en nuestro país eso se va a profundizar, con una perspectiva, en el mejor de los escenarios, de una caída del 8%”.
“La economía social no es ajena a esto, sino que la situación golpeó fuertemente a cooperativas, mutuales y ONGs, sector que genera unos 300.000 puestos de trabajo en nuestro país”, resaltó la cordobesa.
Al comienzo de las exposiciones, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, informó que hace aproximadamente un mes difundieron un “Acuerdo para alentar la inversión productiva”, que se enmarca en el contexto del arreglo de la deuda externa “que por suerte fue exitoso, pero igualmente todavía no vamos a tener una integración al mundo a través de la inversión y del acercamiento de otros países”.
“El planteo que hacemos es la federalización de la economía, y la economía solidaria puede cumplir un rol esencial por su territorialidad. Igualmente, si no revisamos la faz impositiva va a ser muy difícil. Si en nuestro sector, de 100 pesos, 60 se los lleva el Estado, va a ser muy difícil”, señaló.
Edgardo Form, vicepresidente de Cooperar, explicó que se está trabajando en una “red nacional de municipios cooperativos, para potenciar la presencia del sector en el escenario post pandemia”.
Especificó que “es una articulación entre cooperativas y autoridades municipales para potenciar la capacidad de las cooperativas de brindar servicios, manteniendo la actividad específica del municipio y de las entidades cooperativas, bajo el denominador común del aporte al desarrollo local”.
Form consideró que “uno de los aportes del cooperativismo debería ser la generación de puestos de trabajo decentes”, y además resaltó que las cooperativas deberían estar exentas del impuesto a los Ingresos Brutos.
En tanto, destacó el traslado del INAES a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, “porque participar en el área del Ministerio de Desarrollo Social es darle a las cooperativas un carácter asistencialista, mientras que nosotros siempre hemos sostenido que las nuestras son empresas de carácter solidario”.
Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos (ConArCoop), dijo que en estos meses de aislamiento “pudimos reconvertir algunos sectores, lo que permitió seguir adelante y en muchos casos pudimos dar respuestas a diferentes estamentos del Estado, como las cooperativas de textiles para la producción de barbijos o camisolines”.
Asimismo, destacó como positivo haber sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo como “trabajadores autogestionados”, generando una igualación con trabajadores en relación de dependencia.
A continuación, Julio Delgado, presidente de la cooperativa de comunicación Copegraf, remarcó las dificultades que tienen las unidades productivas cooperativas para acceder a programas de asistencia del Estado y “así incentivar su trabajo y poder crecer”, y también criticó la distribución de pauta publicitaria nacional, “que cae a medida que te alejás del Área Metropolitana”.
También expusieron Jorge Mazina, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo René Salamanca; y el diputado oficialista Carlos Heller, en carácter de presidente del Banco Credicoop, que cuenta con 2.926 cooperativas asociadas.
Lo hizo al exponer ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPyMes del Senado. Destacó que este sector representa el 9% del Producto Bruto y “hay más de 2.400 municipios donde por lo menos hay una cooperativa o mutual”.
El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, expuso este martes en el Senado, donde destacó el rol de la economía social en la recuperación de la economía post-pandemia del Covid-19.
Cafiero expuso por videoconferencia ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside Nora del Valle Giménez (Frente de Todos).
El funcionario señaló que “esta pandemia y esta circunstancia que estamos enfrentando ha despertado un enorme interés por la economía social y solidaria”, y agregó que se trata de “verdaderas empresas sociales, actores dinámicos en la economía real”.
“En esta recuperación económica a la que todos aspiramos, este puede ser el tercer motor de la economía: hay un motor que es el Estado, otro que es el sector del capital, y otro que es el sector de la economía social y solidaria”, puntualizó.
Cafiero subrayó que “la economía social y solidaria representa alrededor del 9% del Producto Bruto del país” y en ese sentido “hay más de 2.400 municipios donde por lo menos hay una cooperativa o una mutual”.
Por eso, señaló que “desde un primer momento de nuestra gestión sostuvimos la política de que el INAES tenía que estar en el territorio”.
“Hay cerca de 10.423 cooperativas en Argentina, 3.430 mutuales, 18 millones y medio de argentinos que somos socios de alguna cooperativa y cerca de 1.016.0000 argentinos que somos asociados a alguna mutual”, detalló.
También informó que “las mutuales emplean cerca de 35.000 personas, el personal de las cooperativas es más de 75.000 y los trabajadores asociados a cooperativas de trabajo son más de 170.000”.
A continuación, el funcionario puntualizó que “el INAES es un órgano cogestionado” que puso en marcha “31 comisiones técnicas asesoras que abordan distintas áreas donde trabajamos de manera participativa para buscar cómo articular políticas públicas entre la economía social y el Estado Nacional”.
Asimismo, comentó que promueven “la creación de mesas de asociativismo y economía social, a nivel distrital, en todo el país: hay más de 77 mesas en marcha y cerca de 130 núcleos promotores”.
Cafiero habló además de la digitalización de los trámites del INAES, los convenios firmados hasta el momento, la ejecución de casi el 99% del presupuesto del primer semestre y la creación de un “Banco de proyectos de la economía social”, con fuente de financiamiento diversificada.
A su vez, reveló que se otorgaron nuevas personerías a 213 cooperativas y 17 mutuales nuevas, además de la rehabilitación de 31 cooperativas.
Por último, adelantó que el próximo 5 de agosto lanzarán, junto con la Federación Argentina de Municipios (FAM), un plan de capacitación para funcionarios municipales en el que “se anotaron 800 personas de 276 municipios de todo el país”.
Durante la reunión, fue designado como vicepresidente de la comisión el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego), y se pasaron a la firma los dictámenes de diez proyectos de declaración y uno de comunicación.
En el Día Internacional de las Cooperativas, remarcaron la importancia de esas instituciones, en particular en un momento tan particular como este.
“Desde su creación y, sobre todo, en esta actualidad tan particular que atravesamos, las cooperativas cumplen un papel esencial en la construcción de un mundo y un país más justos”. Así lo expresó el Consejo de Administración Residencias Cooperativas de Turismo a través de un comunicado, a propósito de celebrarse este 4 de julio el Día Internacional de las Cooperativas.
En ese sentido señalaron que las cooperativas son “modelos de organización económico y social guiadas por valores y principios basados en la solidaridad, ayuda mutua, democracia e igualdad”,
“Hoy más que nunca consideramos que somos cualidades que nos hacen entidades únicas y transformadoras para lograr una sociedad mejor”, concluyó el Consejo.
Por videoconferencia, el titular del INAES consideró que este sector “puede ayudar en mucho a encender la economía” cuando se frene el avance del coronavirus.
A raíz de la pandemia del coronavirus, 1.200 cooperativas y mutuales requirieron apoyo del Estado. De ese total, 300 solicitaron acceder al REPRO (Programa de Recuperación Productiva) y 900 pidieron inscribirse en la ayuda económica denominada “Línea 1”. Los datos fueron brindados este martes por Mario Cafiero, titular del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) en una reunión virtual de comisión.
Cafiero -tío del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- expuso ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, que preside Soledad Carrizo (UCR), y sostuvo que el sector de las cooperativas y mutuales “puede ayudar en mucho a encender la economía” cuando se frene la pandemia.
El funcionario resaltó que “hay más de 28 millones de argentinos que están en alguna cooperativa o mutual” y agregó que “en casi todos los municipios del país hay alguna cooperativa o mutual”, y hasta en algunos casos “primero estuvo la cooperativa y después llegó el Estado”.
En este sentido, detalló que hoy existen en el país más de 12.000 cooperativas -entre las que se destacan las de seguros y de producción de alimentos- y cerca de 4.000 mutuales, destinadas mayormente a la salud, el turismo y la ayuda económica.
El aporte total de este sector ronda el 10% del Producto Bruto, según indicó el director del INAES, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Para Cafiero, las cooperativas y mutuales “pueden ayudar en mucho a encender la economía” cuando pase la pandemia, ya que están cerca de ser “el tercer motor” después del Estado y el mercado. “Este sector está llamado a cobrar un rol muy importante”, sostuvo, y pidió “no mirarlo como un sector ligado al asistencialismo” sino como “verdaderas empresas sociales que generan producción y trabajo”.
En tanto, explicó que desde el INAES se empezó a “tener mayor presencia en el territorio” y que por mandato del ministro de Producción, Matías Kulfas, se dispuso “que todas las cooperativas y mutuales tengan el mismo trato que se le da a las pymes”, accediendo a esas mismas líneas de crédito.
En cuanto al combate de la pandemia, Cafiero señaló que una de las primeras medidas tomadas fue realizar un relevamiento de todas las cooperativas y mutuales del país disponibles para aportar en la emergencia sanitaria. Ese listado, dijo, ahora está siendo revisado y enriquecido por las provincias.
“Hemos puesto al sector cooperativo a funcionar en la emergencia”, destacó Cafiero, y mencionó las cooperativas textiles que se encuentran produciendo barbijos y otras que colaboran con la Facultad de Medicina de la UBA y el Hospital de Clínicas en la impresión de protectores faciales. También se refirió a las cooperativas de alimentos, que “tienen mucho para aportar en bajar los precios”, y consideró que “el Estado tiene que promover el compre de la economía social”.
