Por medio de un comunicado, la entidad exhortó a los integrantes del Congreso de la Nación a ratificar la iniciativa y señalaron que “debemos educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados”.
El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) rechazó veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario y exhortó a los integrantes del Congreso de la Nación a ratificar la iniciativa.
A través de un comunicado, señalaron que “la educación pública iguala y es un motor esencial de la movilidad social ascendente”. Y recordaron el mensaje del Papa Francisco, quien llamó a evitar la “cultura del descarte” y la “catástrofe educativa”. “Debemos educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados”, añadieron.
Destacando las palabras del sumo pontífice señalaron que “destaca el valor de la educación como un instrumento para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso; para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral”.
En ese sentido, afirmaron que “el presupuesto debe ser entendido como un instrumento esencial para el desarrollo social y el futuro de nuestras/os jóvenes”. Y que, en cambio, “no debe ser visto por quienes ejercen la conducción del país como un gasto sino como una inversión”.
Parafraseando a Francisco, subrayaron que “la educación es ‘el antídoto natural de la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y la primacía de la indiferencia’”.
El documento publicado por la COPAJU finalizó que “el respeto y fortalecimiento de la educación pública e investigación es clave para la inclusión social, el desarrollo de nuestro pueblo y de la democracia”.
La Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU está encabezada por el coordinador César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones; el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y los vocales María Alejandra Villasur García, Mariana Beatriz Pucciarello, Rómulo Rubén Abregú y Gustavo Daniel Moreno.
