Pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó restituir los recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la determinación judicial sigue sin cumplirse. Tan es así que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunirá este jueves con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para volver a insistir con la devolución de los fondos que le fueron quitados al distrito durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

El encuentro se llevará a cabo a las 16 en el Palacio de Hacienda, donde retomarán la conversación que iniciaron en diciembre respecto del reclamo de la administración porteña. También se espera que Macri reclame la deuda que se originó debido al no acatamiento del fallo judicial, la cual ronda los 522 mil millones de pesos.

Cabe recordar que el conflicto por los recursos inició en 2020, pocas semanas después de que se decretara la cuarentena obligatoria por el Covic 19, cuando Fernández recortó esos fondos. Tras una larga batalla judicial, la Corte se expidió en favor del distrito capitalino y estableció que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación.

Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación, debido a un aumento que había establecido Mauricio Macri cuando fue presidente de la Nación, con el objetivo de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. No obstante, en el 2020, Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

Tras el interrogatorio formulado en el seno de la Comisión de Juicio Político a Marcelo D’Alessandro, fue el turno del procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, ante quien se planteó un debate en torno a los recursos otorgados a la Ciudad por el fallo de la Corte y, en definitiva, en torno a la Ley de Coparticipación Federal en general.

Quedó claro de entrada que Astarloa había sido citado en su condición de responsable de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema. A instancias del diputado Rodolfo Tailhade, Astarloa contó que tanto el decreto original del Gobierno actual, como la ley posterior que estableció un nuevo valor para los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires “violaron gravemente preceptos constitucionales que agravian a la ciudad. Están violados el federalismo de concertación por el decreto y la ley”.

Agregó que la segunda cuestión que fundamentó su acción declarativa “es el claro precepto del artículo 75 inciso 2 en párrafo 5° (de la Constitución Nacional), que dice que no habrá transferencia de competencia, servicios y funciones, sin la respectiva asignación de recursos. La Ciudad tiene que aceptar esa encomienda. Eso tampoco está cumplido”.

Para Astarloa fue “gravemente herida la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires reconocida porque sus recursos son intangibles, y finalmente una competencia natural que corresponde a toda provincia -y la Ciudad oficia como tal-, que es su competencia en materia de seguridad”.

“Esos son los cuatro temas más centrales que desde el punto de vista constitucional han afectado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso hemos pedido la inconstitucionalidad de las normas”, precisó el procurador, quien agregó más tarde que “se trata de una cuestión constitucional, y así lo ha entendido también preliminarmente la Corte en ese fallo”.

Aclaró también que “no ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para atender las cosas de seguridad traspasadas”. Asimismo precisó que todavía el expediente está “abierto a prueba”, en el marco de  un juicio que está en pleno trámite.

Consultado sobre las reuniones realizadas entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y las razones por las que no hubo acuerdo, Astarloa contó que en 2021 la Corte Suprema invitó a las partes a una conciliación. “Estableció que ese proceso era a nivel de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, por eso fuimos convocados por el secretario de esa área a algunas reuniones, y concurrimos con el ministro de Hacienda de la Ciudad y el de Seguridad, las dos áreas afectadas. No pudimos avanzar en encontrar un camino para una solución”.

“El Estado decía que para dialogar había que hacerlo en los términos de la ley que nosotros cuestionamos, porque era una ficción”.

Al año siguiente volvieron a ser invitados a una nueva audiencia y “allí fue la Corte la que decidió otorgar un plazo de 30 días a las partes para acordar una solución; en caso contrario, la Corte estaba obligada a resolver sobre el pedido de cautelar”, contó el funcionario, que detalló que hubo seis reuniones en el marco de un “muy buen diálogo”, pero vencido ese plazo la Ciudad notificó que no había habido acuerdo entre las partes.

La discusión giró en torno a la legalidad de haberle aumentado la coparticipación a la Ciudad, como hizo la gestión anterior. Astarloa remarcó que se había intentado señalar que había una ilegalidad que en realidad no había existido, y respecto de la insistencia por parte de CABA de reclamar que la asignación de recursos fuera por coparticipación y no transferencia, esto es que el dinero no fuera enviado a través del Tesoro, sino por masa coparticipable, el procurador explicó que “el régimen de coparticipación tiene una doble área: la distribución primaria y la secundaria. La secundaria tiene que ver con cómo las provincias distribuyen entre sí el 42%” de la masa coparticipable.

El funcionario recordó que la Constitución estableció que dos años después de sancionada la misma debía redactarse una nueva Ley de Coparticipación. “Está claro que hay una mora que llevamos hace más de 25 años, es la nueva ley, y la Ciudad debiera estar en la fase de la distribución secundaria. A la fecha, la Ciudad está en la fase primaria, junto a Tierra del Fuego, así que en este caso una transferencia de servicios sería solo a esas dos jurisdicciones. No hay una afectación constitucional a las restantes provincias”.

“La norma no trae una directiva expresa acerca de si tiene que hacerse vía un incremento de la coparticipación o por transferencia. La Constitución no tiene una manda específica y por lo tanto el acuerdo entre Nación y la Ciudad de que el fondeo para traspasar recursos vinculados a la seguridad pudo hacerse como se hizo, vía el incremento de la coparticipación”, puntualizó Astarloa.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, sostuvo que el coeficiente otorgado por el Gobierno anterior a la Ciudad era sobre un 100% de la coparticipación, ante lo cual preguntó si incrementar los recursos del índice no significaría una merma de los recursos de las otras provincias.

“Indirectamente se puede decir eso, pero ningún coeficiente de coparticipación que le corresponde a otras provincias fue alterado”, aclaró Astarloa, secundado por el diputado Pablo Tonelli, que aclaró que eso “sale de Nación”.

“Fue totalmente neutro –resumió Astarloa-. Los mismos recursos con que la Nación debía atender el servicio de seguridad, se los traspasó a la Ciudad. Así que acá las provincias no han sido vulneradas”.

La diputada Graciela Ocaña recordó entonces que hubo un Pacto Fiscal donde todas las provincias aceptaron la distribución establecida. No afectaba a nadie, insistió, “al punto tal que la devolución la recibió la provincia de Buenos Aires; el resto de las provincias no vieron incrementarse ningún fondo. Eran fondos nacionales”.

Tonelli sostuvo que “es claro que las provincias no se afectan. Tres veces en el fallo de la Corte se dice que el porcentaje de coparticipación que se le aumenta a la Ciudad en nada afecta a las provincias. La Corte lo que hizo fue partir por la mitad las pretensiones de las partes. Mientras se tramita, vayamos por el medio, dijo”.

Consultado por Tailhade respecto de la judicialización por parte de la Ciudad de la Ley 27.606, el procurador sostuvo que la misma “es absolutamente innecesaria. Es una ficción que empieza por decir que hacía falta aprobar el convenio de transferencia en materia de seguridad, suscripto en 2016, y en realidad no hacía falta, porque ya el Congreso se había expedido en esa materia de manera muy clara con una ley de 2007 que modificó la Ley Cafiero”.

Esa norma, dijo, estableció que en las materias no federales esas competencias y servicios no federales quedaban transferidas a la Ciudad y que hasta que eso no fuera efectivo debía cubrirlo la Nación. Era una cláusula especial que indicó que la manera de llevar esa transferencia era conforme estaba previsto en la Ley Cafiero a través de pactos y convenios.

“Es muy claro que el Congreso ya se había expedido y no hacía ninguna falta que la ley posterior lo hiciese, pero fue el modo que encontraron para vestir de algún ropaje jurídico el fenomenal zarpazo que le dieron en 2020 a la Ciudad en plena pandemia”.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D’Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D’Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolló su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para esta nueva reunión las mayores expectativas estuvieron centradas en la presencia de Silvio Robles, director general de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); como así también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

Estuvo ausente en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a las 20 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios, lo cual generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

Al cierre de la extensa jornada que se extendió por más de siete horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento interno del Poder Judicial “resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión” para volver a citar al director de la vocalía de Rosatti. También votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las “reiteras contradicciones” entre ambos a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades en la OSPJN.

Gaillard detalló que aún está pendiente la citación a Carlos Mahiques “por la fiesta de cumpleaños la que motiva la excusación y recusación que presenta el Gobierno en la Corte”. Además, propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema y “con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final sobre coparticipación”.

Transferencia presupuestaria y no coeficiente fijo

El primer testigo de la jornada fue el contador Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP, quien había expuesto en el Senado cuando se debatió en las comisiones lo que finalmente sería la Ley 27.606 que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y llevó a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Consultado por el diputado Marcelo Casaretto sobre el proceso por el cual se arribó originalmente al 1,40% de coparticipación que recibía CABA a partir de 2003 y qué servicios cubría con ese porcentaje, Otero pidió atender el contexto en el cual fue fijado ese porcentaje: el de la salida de la crisis de 2001. “La Ciudad hasta ese momento recibía una suma fija de 157 millones de pesos y a posterior de la crisis, y en la medida que la economía se fue ordenando la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la Ciudad”, explicó el funcionario de la AFIP, que agregó: “Las otras tienen coeficiente fijo, apropiaban una porción creciente de recursos, mientras que la Ciudad seguía con los 157 millones. En ese contexto, la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente”.

El 1,40% finalmente se fijó tomando en cuenta lo que representaban los 157 millones en 1988, cuando se aprobó la Ley de Coparticipación y entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que “se aspiraba a que la situación de la Ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto”.

Consultado respecto del trámite que llevó, durante la gestión de Cambiemos, en enero de 2016, el porcentaje de 1,40 a 3,75%, como dispuso el decreto 194, y a qué servicios estaba destinado, Alejandro Otero señaló que “del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento”. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. “Hay un decreto posterior, el 399, que establece dos cosas: primero, que el nuevo coeficiente no afectaba al Fondo Solidario; decía por otro lado que el incremento correspondía al servicio de seguridad. Ninguno de los dos decretos, ni ese, ni el 257 que corrige a la baja el coeficiente, menciona cifra alguna”.

En otro pasaje, Otero recordó que en ocasión de presentarse en el Senado había dicho que hay dos regímenes que rigen las relaciones financieras entre las provincias y la Ciudad y los que permiten que los fondos lleguen a sus destinatarios. “En mi opinión, la transferencia de servicios debiera solventarse vía transferencia presupuestaria”, sostuvo, argumentando que si bien se insiste en que el coeficiente que recibió la Ciudad, tal como fue previsto, no afecta la distribución de la ciudad, no afecta la distribución secundaria, lo cual consideró “absolutamente cierto. Pero la Nación es una jurisdicción que no tiene un territorio propio. Los gastos que realiza repercuten sobre el territorio nacional”.

Así las cosas, consideró que “si bien no hay una afectación directa, sí en términos de federalismo argentino más amplio. (Porque) quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones con impacto en el resto de las provincias”.

“Cuando uno transfiere un servicio, eso tiene un valor; si uno transfiere esos recursos, esos recursos van a atender ese servicio; si uno lo hace vía coeficiente, si crece la coparticipación, o si baja, transfiere más o menos, generando un enriquecimiento sin causa”, explicó, justificando su opinión respecto de que la transferencia de recursos vaya acompañada vía transferencia presupuestaria”.

Otero consideró que a su juicio la sanción de la ley tuvo “varias virtudes. Vino a ordenar algo que había quedado mal ordenado. Por un lado, completó un proceso de transferencia de servicios a la Ciudad que se había acordado en un proceso a la Ciudad que se había acordado en un convenio aprobado por la Legislatura, pero nunca aprobado por el Congreso, y la Constitución demanda que así sea”.

“También ese proceso transparentó ese acuerdo. Hasta entonces no se conocía cuál era el costo de la prestación, por lo tanto enderezó la cuestión. Separó el coeficiente del financiamiento de los servicios que se transfieren; y estableció un régimen de transición.  Había un régimen que regía hasta que se aprobara la ley; a partir de que se aprobaba la ley, luego se preveía que se conviniera entre Ciudad y Nación cuál era el costo y cuales las formas de financiación”, planteó.

Agregó Otero que “la cautelar que aprobó la Corte pone en entredicho esas virtudes que le encuentro a la  norma y fija un coeficiente de 2,95%; ordena a la Nación que gire los fondos en función de ese coeficiente”.

El diputado Casaretto le preguntó s le parecía que esa cautelar distorsionaba el espíritu de la Ley de Coparticipación, a lo que Otero precisó que “hasta donde vi, no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente, como sí lo hay en el proyecto de ley y la ley. Si distorsiona, la propia cautelar lo dice; si altera la coparticipación secundaria, no, los recursos siguen saliendo de la porción de la Nación. Pero por lo que dije antes, sí: los recursos de Nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias”.

¿Este porcentaje injustificado es una designación arbitraria?, le preguntó finalmente Casaretto, a lo que Otero respondió que “claramente no se conoce cuál es el cálculo y en tanto a ello, el fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron”.

A continuación, el diputado Juan Manuel López le preguntó cómo había tomado conocimiento del fallo de la Corte. “Por los medios”, respondió Otero, por lo que el diputado de la CC consideró que “no es un testigo, es un experto que nos está dando opinión. Tomó conocimiento por los medios como cualquiera. Si vamos a hacer una etapa de expertos, avísenos y hacemos una etapa de expertos”.

A continuación, López le preguntó si había sido funcionario del Gobierno de la Ciudad, a lo que Otero respondió que sí, que había sido director general de Rentas entre 2000 y 2006. “Cuando destituyen a Aníbal Ibarra”, observó López.

Audiencias conciliatorias y una nueva citación

El segundo testigo en declarar fue Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia desde febrero del 2019 hasta la actualidad, quien respondió más de 30 preguntas que le realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por el oficialismo, y Álvaro González, por la oposición.

En un primer momento, Rodríguez fue consultado sobre la intervención de su Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, a lo que respondió que “había dos cautelares previas del año 2020 puestas en conocimiento por los ministros (de la Corte), pero la Secretaría de Juicios Originarios no tuvo intervención en la cautelar”.

Además, reveló que “hubo dos audiencias de conciliación entre mayo del 2021 y marzo del 2022, y una tercera que no se llegó a hacer porque las dos partes (Nación y Ciudad) no tenían intención de conciliar”. “Nuestro deber fue identificar y explicar que la Corte Suprema buscaba la mediación en el conflicto”, agregó.

Consultado por las personas presentes en las audiencias, Rodríguez mencionó: “Estaba el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán en ese entonces), el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Gabriel Astarloa), algunos funcionarios porteños, colaboradores míos y yo”.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Juicios Originarios remarcó que el máximo tribunal de justicia reiteró el pedido de una tercera instancia conciliadora que nunca llegó a realizarse. Del mismo modo, explicó que la Secretaría de Jurisprudencia, a cargo de Federico De Lorenzo, “es quien carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte”.

También, desconoció si existió alguna secretaría que -fuera de la suya- que haya participado del dictamen de la Corte. “No conozco la circulación y no sé cómo se gestó el proyecto de resolución, pero el orden de las firmas está preestablecido. Primero el presidente de la Corte Rosatti, luego el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, tercero Juan Carlos Maqueda, por antigüedad, y cuarto Ricardo Lorenzetti”, amplió.

Por otro lado, aseguró que el expediente de la Corte sobre fallo de la coparticipación federal “se encuentra en una computadora dentro de su Secretaría”, y afirmó que “se han efectuado algunas presentaciones desde las dos partes, pero no tiene movimientos ni decisiones desde el 21 de diciembre del 2022”.

El diputado Tailhade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto de los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que “nunca hubo ninguna intervención”. Asimismo, fue consultado sobre el tema (impactos económicos) y respondió que “es una apreciación que no me corresponde hacer”.

De este modo, el legislador pidió citar para la próxima reunión de Comisión de Juicio Político a Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo.

De forma breve y directa, Leopoldo Moreau le consultó al secretario de Juicios Originarios respecto de la presencia de Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en alguna de las dos audiencias conciliadoras: “No lo recuerdo”, contestó Rodríguez.

Por ello, Rodríguez aclaró que “había muchas más personas de las que figuraban en el acta porque, en ese entonces, había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento”.

Del mismo modo, fue consultado por la presencia de Robles, Astarloa y Natalia Monayer (secretaria de la vocalía de Rosatti) en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, a lo que Rodríguez respondió que “sí estaban presentes”, pero aclaró que “no conversé con ninguno de ellos y asistí a la cena de fin de año por camaradería, pero de saber que había tanta gente (más de 700 personas) no hubiese ido”.

En contraposición, el diputado Álvaro González consultó sobre los tiempos de tramitación de la demanda de CABA hasta las dos audiencias de conciliación y Rodríguez explicó: “la causa fue presentada en 2020, al año hubo una audiencia conciliadora en 2021, y al otro año, la segunda reunión. La tercera no llegó a realizarse”.

De esta manera, González enfatizó en que “los tiempos de la Corte fueron prudentes y no hubo ningún apuro”. “Desde que empezó este proceso en febrero, hay cierta creencia de que la Corte tuvo incidencia en los tiempos y vemos que no ha sido así”, aseveró.

Finalmente, la presidenta de la comisión despidió al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez, y dejó establecida la citación de Federico De Lorenzo, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la próxima reunión.

Por último, llegó el turno de la declaración tan esperada de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Tras casi seis horas de interrogatorio, el funcionario se negó a responder las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el reglamento interno del Poder Judicial.

Por el contrario, leyó un documento en el que denunció que lo acusaron falsamente de distintos hechos y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”. También que su familia recibió amenazas y cuestionó que lo “hostigaron” al realizarle algunas preguntas.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolla su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta nueva audiencia contará con la participación de Silvio Robles (director General de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

No estará en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió reprogramar su presencia para futuras reuniones.

Será la tercera reunión referida a la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La gran expectativa obviamente está puesta en la presencia de Silvio Robles, teniendo en cuenta el especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

En su condición de secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema está convocado Alejandro Daniel Rodríguez, a quien le preguntarán sobre la ausencia de Robles en el acta redactada por él sobre esa reunión.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

Un total de siete testigos fueron citados para este martes, a las 13, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se comenzó a indagar sobre la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La lista de testigos, de los cuales no se descarta que alguno pueda ser reprogramado, incluye a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias. Precisamente, por ese cargo que tuvo dentro del Ministerio del Interior es que fue convocada.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El listado se completa con Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

Precisamente Astarloa adelantó que no puede concurrir este martes, según pudo saber parlamentario.com. El resto de los convocados están confirmados.

En el último encuentro, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó su actividad con la participación de dos testigos, convocados en el marco de la causal “coparticipación”, que investiga sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, pero no asistió ni envió un informe por escrito. 

Al cortesano se lo notificó de 14 cargos que se le formularon “provisionalmente”, por medio de una resolución votada por el oficialismo días atrás, a raíz de las conclusiones de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. A Maqueda se le adjudica haber sido el “administrador” de la misma durante los años 2008 a 2021, período tomado incluso para una auditoría ordenada por la Corte. 

En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que Maqueda “no ha asistido de forma presencial a la comisión a dar el descargo, ni tampoco lo ha hecho por escrito, habiéndose vencido los diez días hábiles que se le habían otorgado”. No obstante, “la no presentación de este informe no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente”, afirmó. 

También, para continuar en paralelo con la investigación de las irregularidades en la obra social durante otros períodos de tiempo, el Frente de Todos votó formalmente la conformación de una subcomisión, que estará a cargo de la diputada Vanesa Siley (FdT) y será integrada por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición. 

La comisión tiene previsto reunirse nuevamente el martes que viene (11 de julio), pero tras ello recién reanudará las audiencias el próximo 1ro. de agosto, luego del receso invernal, informó Gaillard y precisó que los testigos citados a la próxima reunión serán la exsecretaria de provincia la licenciada Silvina Batakis; el Procurador del Tesoro de la Ciudad, Gabriel Astarloa; nuevamente será citado al secretario de juicios originarios, Daniel Rodríguez y los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, de Santiago del Estado, La Rioja y Santa Cruz.

Antes de recibir a los testigos, se sometió a votación una ampliación de prueba solicitada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT). Entre los pedidos, se aprobó realizar una “huella de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

También se incorporó como testigo a Rogelio Frigerio, diputado nacional hasta días atrás y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos. Candidato a gobernador de Entre Ríos, se definió convocarlo tras las elecciones.

Los testigos

El primero en hablar fue el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA y cuestionó los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad al sostener que tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen.

“No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad”, planteó. Además, Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial.

Luego fue el turno de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco” para analizar el informe de la causa de Coparticipación.

También fue consultado por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y aclaró que “la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad”.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.

En un primer momento también estaba programado que vinieran los fiscales de Estado de Catamarca y Santiago del Estero, pero finalmente no será este jueves.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquin D. Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la CSJN. También lo harán en representación de las provincias Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves, a las 11, con la intención de buscar establecer un cronograma de trabajo sobre una nueva causal del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

El oficialismo tiene la intención de comenzar a citar testigos en lo referente al fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal. 

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. 

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño. 

La semana pasada, tras seis audiencias, se cerró la ronda de testigos sobre la causal por irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, tema por el cual apuntan específicamente al juez Juan Carlos Maqueda. 

Al final de la última reunión, el oficialismo propuso que se convoque al magistrado, pero este jueves formalmente se someterá a votación la citación “con los fundamentos, los cargos que se le atribuyen y la prueba reunida”, afirmó a parlamentario.com un miembro de la comisión. De esta manera, se establecerá una fecha y el juez podrá venir o no, o presentar un escrito. 

La resolución a la que se someterá a votación este jueves propone citar al juez Maqueda para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, aclara el texto que se votará este jueves, conforme el reglamento.

A tal fin, se lo cita para que brinde el informe en la reunión de Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio de 2023. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital a: cjpolitico@hcdn.gob.ar , y en papel a la Comisión ubicada en Riobamba 25, piso 4, Oficina 454, Anexo “A”, teléfono: 1160757100 int. 2427

También se votará la creación de una subcomisión en uso de las potestades conferidas por el art. 16 inc b del Reglamento Interno para continuar con la investigación respecto de Irregularidades en la Causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) ratificó sus dichos acerca del “perjuicio que causa a las arcas provinciales la decisión de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a Capital Federal, otorgándole un porcentaje superior de coparticipación federal”.

“Lo venimos advirtiendo desde hace rato: el accionar de la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo a la vida institucional de la República Argentina”, aseveró.

Luego de conocido el estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que demuestra el crecimiento del monto coparticipable para CABA del 128,8% desde 2015, producto de lo resuelto en su momento por Mauricio Macri y ahora por el fallo del máximo tribunal, el pampeano consideró que “la CSJ toma partido, sin ningún disimulo, por intereses que nada tienen que ver con la forma de gobierno que nos dicta la Constitución Nacional. Atentan contra la democracia, el sistema republicano y el federalismo”.

“Hoy podemos decir que la Corte Suprema le quita a la Justicia en Argentina la venda de sus ojos y utiliza la balanza a su gusto”, fustigó el legislador que habló de un incremento para la Ciudad “del 2,81% al 4,28% de los recursos coparticipables”.

Además, el presidente de la Comisión de Legislación General insistió que “lo resuelto con la Coparticipación Federal atenta contra los intereses de los Estados provinciales, pero fundamentalmente contra las y los ciudadanos que vivan en cualquier lugar de la Argentina que no sea CABA”.

“A modo de ejemplo: menos coparticipación para La Pampa implica, por ejemplo, menos fondos para invertir en salud. Esos fondos engrosarán las arcas de CABA. Pero si una pampeana o pampeano debe atenderse en un hospital porteño de salud pública, es la provincia de La Pampa la que tendrá que pagar esa atención”, agregó.

Bensusán coincidió con el gobernador Sergio Ziliotto al señalar que la defensa de los intereses de las provincias debe seguir siendo prioritario, “decir que lo resuelto por la Corte en el tema coparticipación es federalismo, es sinónimo de mentirle en la cara a la ciudadanía. Hemos llegado a una situación que debe poner fin”.

En medio de la polémica por la decisión del Gobierno Nacional de pagar el fallo de la Corte Suprema de Justicia con bonos, el vicepresidente segundo de la Legislatura de la Ciudad y diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Martín Ocampo, celebró la determinación judicial y consideró que el mismo “es muy bueno para el federalismo”.

De esta manera, el radical planteó que “los cuatro votos sostienen que la Ciudad tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra provincia” y explicó que “el fallo es muy bueno para el federalismo, sobre todo para dos provincias: CABA y Tierra del Fuego. Le da estabilidad a todo el proceso constitucional de transferencias de dinero y de coparticipación”.

“Por otro lado como todavía no se resolvió la cuestión de fondo mientras pase el tiempo del proceso, según la Corte, el costo de ese tiempo lo van a soportar en partes similares”, continuó Ocampo.

A la vez que concluyó precisando que “es un fallo unánime pero dividido en el sentido de que a la Nación no le obliga a pagar todo lo que le saco a la Ciudad y a la Ciudad no le dice te voy a dar todo”.

Diputados de la Coalición Cívica, junto a su líder Elisa Carrió, ampliaron la denuncia contra el presidente Alberto Fernández y pidieron que se investigue también al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ante “hechos de extrema gravedad institucional” tendientes a “desobedecer e incumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.

“Las dos presentaciones judiciales efectuadas por el procurador del Tesoro de la Nación evidencian una notoria ignorancia del derecho vigente y un alzamiento de manera flagrante y directa contra la cabeza de uno de los poderes del gobierno federal. Consiguientemente, resulta necesario que dichas presentaciones se pongan en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de que aquel evalúe la conducta de los doctores Carlos Alberto Zannini -procurador del Tesoro de la Nación- y Horacio Pedro Diez -subprocurador del Tesoro de la Nación”, señalaron.

En el escrito, los dirigentes indicaron que “el procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y, además, interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21/12/2022”.

“A nuestro juicio, dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar, reiteramos, que estamos frente a un plan organizado por el presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y, así atentar contra la división de poderes -que, como es sabido, es el pilar esencial sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno- y el orden constitucional”, advirtieron.

Por tal motivo, se amplió la denuncia para que se investigue a Zannini ante estos nuevos hechos. El viernes pasado, Carrió y la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra el presidente Alberto Fernández; los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo De Pedro (Interior); el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público al no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.

La ampliación de la denuncia lleva las firmas de Carrió, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque en la Cámara baja, Juan Manuel López; las diputadas nacionales por la Ciudad Mariana Zuvic y Paula Oliveto; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; y el presidente de la CC-ARI porteña, Claudio Cingolani.

Asimismo, el escrito detalla que las presentaciones judiciales realizadas por Zannini “carecen de una debida fundamentación dado que se limitan a manifestar que los ministros de la Corte Suprema ‘prejuzgaron’ por el simple hecho de dictar una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

“El dictado de una medida cautelar en ningún caso puede implicar per se un prejuzgamiento, tal como erróneamente pretende afirmar el procurador del Tesoro. Por lo tanto, no es cierto que la sentencia anticipe definiciones sobre el fondo del debate planteado. Es por ello que, insistimos, dichas presentaciones judiciales tienen como único objetivo desobedecer un fallo de la Corte Suprema, planteando un conflicto entre dos poderes del sistema republicano, a fin de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires”, completaron.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) expresó este miércoles que hay “una oposición irracional que ha decidido que no funcione la Cámara de Diputados” en alusión al interbloque Juntos por el Cambio y las sesiones fallidas durante este mes.

Para la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, la “obturación del funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado es culpa y es un plan de la oposición”; mientras que, por otro lado, “tenemos una mafia que funciona en el Poder Judicial”.

En relación al proyecto de plan de pago de deuda previsional, la camporista lamentó: “Tenemos una oposición que decide que 800 personas en Argentina no tengan una herramienta para acceder a una jubilación porque no dan quórum”. “No le generan un perjuicio al bloque oficialista, sino a los argentinos y argentinas”, agregó.

Por otra parte, la legisladora se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la restitución de fondos copartipables, y recordó que el expresidente Mauricio Macri “por decreto simple” le dio “una proporción brutal – a la Ciudad- en relación al resto de las provincias”.

Y acusó que en el Pro, “con (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti están intentando desde la Ciudad recuperar el Gobierno nacional. Le están pagando la campaña (a Horacio Rodríguez Larreta)”.

“Yo soy porteña, soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no me hace ciega, y puedo ver que la realidad económica de las otras provincias claramente dista mucho de la de la Ciudad”, enfatizó.

Además consideró que el 2,95% dispuesto por el máximo tribunal es “un número ridículo, arbitrario, sin justificación de por qué. ¿De dónde pretenden que lo saquemos? Es un atropello brutal el que está llevando adelante la Corte Suprema”.

Durante una entrevista en Radio El Destape, Penacca también habló sobre las acciones que desde el Frente de Todos podrían impulsar contra el diputado del Pro Gerardo Milman, no solo por “su vinculación con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner“, sino “por un posible recibimiento de dádivas, una vinculación impropia con una empresa” cuando era funcionario del Ministerio de Seguridad e “irregularidad en relación a contrataciones”.

“Tenemos una mirada clara por parte de nuestro bloque de que, si es cierto todo lo que se viene denunciando en los medios en relación a las actitudes de este diputado, está teniendo una conducta impropia a cuales son las normas que rigen de cómo debería ser un diputado y que efectivamente tendría que dejar de serlo”, sostuvo.

Tras la mención que CFK hizo sobre Milman en su último discurso, la diputada kirchnerista afirmó que quieren “investigar, tener acceso a la información, tener los debates dentro de los ámbitos institucionales y si tenemos la comprobación de las versiones” presentarán el pedido de expulsión.

En medio de la puja entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado a la restitución de coparticipación, el diputado nacional Leandro Santoro (FdT) reveló que se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa, para “buscar alguna salida para desestresar este quilombo”. Entre esas “alternativas” para cumplir con la decisión del máximo tribunal, el oficialista habló de que el Poder Judicial tribute el impuesto a las Ganancias.

“Es fin de año, la gente ve que los políticos se pelean, y nadie termina de entender qué es la coparticipación”, lamentó en diálogo con Radio 10, además de recordar que este “es un problema que arrancó en el 2016 cuando (Mauricio) Macri toma la decisión de modificar el coeficiente de coparticipación. Desde ese día hasta hoy ese número cambió cinco veces”.

Para el porteño, “es un conflicto de gravedad institucional, porque opinan las provincias, la Justicia, la política, pero está desconectado de las cosas cotidianas de la gente”. En ese sentido, consideró que “se tiene que resolver” para volver a “centrar la discusión en lo verdaderamente importante”.

“El fallo es ambiguo porque te obliga a pagar sin decirte de dónde tenés que sacar los recursos”, señaló el legislador y dijo que podrían conseguirse los recursos por “emisión monetaria, recorte de gastos, o aparición de un nuevo impuesto, que es lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con el impuesto a las tarjetas de crédito y el aumento del impuesto a los Sellos”.

Sin embargo, “para las dos últimas necesitas una ley del Congreso y para la emisión monetaria el acuerdo con el FMI te lo impide”, por lo cual “hay que buscar la forma de hacerse de recursos líquidos para cumplir transitoriamente la cautelar”, opinó.

Santoro habló entonces de “sacar algún tipo de impuesto focalizado en recuperar (el impuesto a las) Ganancias por parte del personal que trabaja en el Poder Judicial, para no afectar a la gente, porque la sociedad argentina no tolera más impuestos” o “utilizar fondos inmovilizados del Estado”.

“Hay que pensar una alternativa que no perjudique a la gente y al mismo tiempo permita salir de este laberinto”, observó, e insistió en que “hay que tener varias herramientas” ya que “no tenemos mayoría parlamentaria”. “Lo importante es tener varias alternativas para construir el consenso y que esto salga por ley”, agregó, recordando que en el Presupuesto 2023 no se pudo votar el artículo que proponía que jueces y empleados del Poder Judicial paguen Ganancias.

Por último, el oficialista apuntó que “el fallo de la Corte no afecta solamente a la autonomía del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, porque nosotros votamos un Presupuesto y esto no estaba incluido. Si hubiese una modificación del Prepuesto también tiene que ser por ley, porque si el Ejecutivo la hiciera por decreto cae en administración fraudulenta”.

En el marco del conflicto entre la Ciudad y Nación por los recursos coparticipables, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano se mostró sumamente crítico por la decisión del presidente Alberto Fernández de pagar la cautelar de la Corte Suprema de Justicia con bonos y alertó que eso implicará “un incremento del stock de la deuda del Tesoro Nacional”.

Tan es así que el trotskista aseveró que “la amenaza formulada por Alberto Fernández y los gobernadores de desconocer el fallo de la Corte Suprema duró un suspiro. Varias asociaciones empresariales se declararon en alerta, señalando que se ponía en peligro la ‘seguridad jurídica’. Desde el exterior llegaban advertencias similares” y remarcó que “finalmente, pasó lo que muchos creían que pasaría. Alberto Fernández volvió sobre sus pasos y ordenó pagar a la Ciudad según ordena el recurso de amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia. Atrás quedó la caracterización de que el fallo era de ‘imposible cumplimiento’. Sin explicar qué pasó para un cambio tan drástico de posición, afirmó en una cadena de tuit que ‘las decisiones judiciales son obligatorias’”.

Asimismo advirtió que “el recule del Gobierno vino con una dosis elevada de maniobra. Sucede que el pago de la sentencia será con bonos en vez de dinero. El bono que se utilizará será el TX3, que se ajusta por CER +2,5% con pagos de intereses semestrales y que vence el 30 de noviembre de 2031 por un monto total de $ 45.561 millones. Al tratarse de un bono sin liquidez ni operatoria en el mercado, si el gobierno de la Ciudad quisiera canjearlo para hacerse de los fondos sufriría una quita elevada. Según los especialistas la quita sería de al menos un 30%. De paso, la pérdida del valor de mercado afectaría al gobierno de Santa Fe, que recibió esos mismos bonos por un litigio con la Nación por los fondos coparticipables”.

`”Queda claro entonces que la decisión del Gobierno implica un ajuste contra la Ciudad de Buenos Aires, dado que mediante el pago en bonos se reduce los fondos que esta debe recibir. A la vez, implica un incremento del stock de la deuda del Tesoro Nacional. Pasando en limpio: ajuste + deuda, una política que pinta de cuerpo entero al Gobierno”, continuó Solano.

Sobre esa misma línea, el legislador de izquierda señaló que “ante el anuncio de Alberto Fernández, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta rechazó el pago en bonos. Bien visto, está obligado a hacerlo porque podría ser denunciado por aceptar una lesión al presupuesto de su gobierno. Patricia Bullrich, sin embargo, salió a poner paños fríos, anunciando que dejaban sin efecto la denuncia por sedición contra el presidente”.

Al mismo tiempo que afirmó que “queda ahora por ver qué hará la Corte Suprema. Hay antecedentes a tener en cuenta. En el litigio de Santa Fe con el gobierno nacional, ya aceptó que el pago se realice en bonos. Después de todo los cortesanos necesitan hacer equilibrio y ganar tiempo. Aunque no les falte vocación destituyente, carecen de condiciones para gobernar. Feria judicial de por medio, el litigio entrará en el letargo que caracteriza a los procesos judiciales. Si la decisión de aceptar o no un amparo le tomó dos años, la resolución del conflicto de fondo puede postergarse por un tiempo aún más prolongado. En el medio estarán las elecciones para buscar encauzar un conflicto cuya resolución supera el ámbito judicial”.

“Las tendencias a un compromiso que reclaman los ‘mercados’ va de la mano de la necesidad de ambos bandos de escenificar una pelea que atienda sus propias divisiones internas. La descomposición política e institucional encuentra su límite en el disciplinamiento establecido por el FMI. La aceptación de los planes de ajuste dictados por el Fondo desmiente los discursos que aluden a la defensa del federalismo y de la Constitución Nacional y la división de poderes. Para el pueblo argentino no se trata de alinearse con alguno de estos bandos en disputa sino unirse contra todos los que gobiernan para el FMI”, completó.

Luego de los reclamos e incluso las denuncias penales, el presidente Alberto Fernández dio un giro respecto de su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la restitución del 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un hilo de tuits, el jefe de Estado anunció que Nación le pagará en bonos a la Ciudad de Buenos Aires “a la espera de un fallo definitivo” o de “una ley del Congreso”. En ese sentido, anunció que el Ministerio de Economía enviará una iniciativa para ser tratada en sesiones extraordinarias, a través de la cual se determine la reasignación de partidas para cumplir con lo dispuesto por el máximo tribunal.

No obstante, Fernández ratificó sus críticas al fallo de la Corte y sostuvo que “respetuoso del Estado de Derecho” buscará “revertir la mala resolución” que la semana pasada dictaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranzt, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA. Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, arrancó en Twitter el presidente.

A continuación argumentó que “las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, ratificó en base a lo que se había sostenido en el comunicado firmado por él y más de una docena de gobernadores, cuando se conoció que no iba a acatar el fallo.

El mandatario señaló: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

Sobre las acciones realizadas, indicó que instruyó “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”. “Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó.

Sin embargo, Fernández admitió que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas” y expresó: “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.

“También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”, remarcó.

Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

Por eso, reveló que instruyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, anunció.

Asimismo, explicó que “los bonos consignados ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

Finalmente, el presidente encomendó al Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, “para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22“.

“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, completó.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

El bloque de diputados nacionales de la UCR, encabezado por sus autoridades, pedirá el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

Según pudo saber parlamentario.com, los legisladores se encuentran redactando el proyecto de resolución que se presentará este lunes por la tarde o, a más tardar, este martes a primera hora.

No será la primera vez que desde Juntos por el Cambio pidan el juicio político contra el jefe de Estado: ha sucedido en el caso del “Olivos Gate” y, más recientemente, por declaraciones que Fernández tuvo para con el fiscal Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Este viernes, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en conferencia de prensa que el interbloque de JxC iba a avanzar en el Congreso con todas las acciones que pudiera.

Si bien el pedido de juicio político es un gesto significativo, es muy difícil que se convoque a tratar el proyecto en la comisión homónima, pues siempre está en manos del oficialismo. Actualmente es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Además, para poder destituir al acusado se requieren los dos tercios de cada Cámara del Congreso.

Este miércoles la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

Luego de la decisión del máximo tribunal, el presidente se reunió con más de una docena de gobernadores y anunció que no cumplirá el fallo, al que calificó de “imposible cumplimiento”, además de afirmar que recusaría a los miembros de la Corte.

La diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro), cofirmante junto a Patricia Bullrich y su par Fernando Iglesias de la denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y 18 gobernadores, enfatizó que “ni siquiera en gobiernos militares se llegó al desconocimiento de fallos de la Corte Suprema”.

“Esto es inédito. La democracia está realmente golpeada”, señaló la macrista sobre la decisión del Gobierno de no acatar la decisión del máximo tribunal, que ordenó restituirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de coparticipación.

Para la legisladora, el jefe de Estado y los mandatarios provinciales ya cometieron los delitos de “sedición y traición a la Patria” a través del comunicado que emitieron.

“Uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, le puede gustar o no gustar, pero lo único que tiene que hacer con un fallo de la Corte Suprema es obedecerlo, porque es la última instancia. Estamos viviendo en un Estado de Derecho con división de poderes, eso se respeta”, expresó.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ajmechet afirmó este viernes que “mintieron” al decir que “este fallo perjudicaba a las provincias”. “Para aumentarle el porcentaje de coparticipación a CABA no se les está tocando el porcentaje de coparticipación al resto de las provincias”, dijo.

“Ya con el hecho de emitir un comunicado donde están diciendo que van a desobedecer el fallo, están entrando en el delito de sedición y traición”, insistió.

La opositora remarcó que “la Corte ya se ha expedido” y “desde el día del fallo la Nación tiene que empezar a pasarle la plata a la Ciudad de Buenos Aires”, pero “eso no sucedió y ahí los responsables son (Silvina) Batakis y Sergio Massa“, apuntó contra la presidenta del Banco Nación y el ministro de Economía.

“El tema del dinero pasa a un segundo plano, la gravedad de lo que está sucediendo en este momento es la radicalización por la cual Alberto Fernández está eligiendo ir”, aseveró.

Finalmente, Ajmechet consideró que así como durante el final del debate de la ley de Presupuesto 2023 se aumentaron las partidas para educación, argumentando que se iban a reasignar partidas, “esto lo tienen que arreglar” de igual forma.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT) le reclamo este lunes al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que se pronuncie sobre el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la coparticipación.

Para el legislador, “era esperable el alineamiento de la oposición santafesina con el escandaloso y anti federal fallo de la CSJN en favor de la Municipalidad de Bs As: halcones o palomas, todos responden a los porteños”.

“Ahora bien, ¿nuestro gobernador no va a salir a defender a los santafesinos?”, se preguntó en un mensaje que publicó a través de Twitter, en alusión a Perotti, quien fue uno de los pocos mandatarios provinciales que no acompañó el comunicado del Gobierno nacional.

Era esperable el alineamiento de la oposición santafesina con el escandaloso y anti federal fallo de la CSJN en favor de la Municipalidad de Bs As: halcones o palomas, todos responden a los porteños.

Ahora bien, ¿nuestro gobernador no va a salir a defender a los santafesinos?

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) December 26, 2022

Tras el fallo, el presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores y se anunció que no acataría el fallo, a la vez que recusaría a los miembros del máximo tribunal. El comunicado fue firmado por 14 gobernadores del Frente de Todos, menos Perotti.

Por su parte, en un texto aparte, también cuestionaron el fallo los gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).

Sacando a los mandatarios de Juntos por el Cambio –Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) y el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta-, quien no se manifestó sobre la cuestión fue el peronista cordobés Juan Schiaretti, distante del kirchnerismo.

El bloque de diputados nacionales de la UCR, encabezado por sus autoridades, pedirá el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

Según pudo saber parlamentario.com, los legisladores se encuentran redactando el proyecto de resolución que se presentará el próximo lunes por la tarde o, a más tardar, el martes a primera hora.

No será la primera vez que desde Juntos por el Cambio pidan el juicio político contra el jefe de Estado: ha sucedido en el caso del “Olivos Gate” y, más recientemente, por declaraciones que Fernández tuvo para con el fiscal Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Este viernes, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en conferencia de prensa que el interbloque de JxC iba a avanzar en el Congreso con todas las acciones que pudiera.

Si bien el pedido de juicio político es un gesto significativo, es muy difícil que se convoque a tratar el proyecto en la comisión homónima, pues siempre está en manos del oficialismo. Actualmente es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Además, para poder destituir al acusado se requieren los dos tercios de cada Cámara del Congreso.

Este miércoles la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

Luego de la decisión del máximo tribunal, el presidente se reunió con más de una docena de gobernadores y anunció que no cumplirá el fallo, al que calificó de “imposible cumplimiento”, además de afirmar que recusaría a los miembros de la Corte.

En su condición de vicegobernadores: Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Carlos Haquim (Jujuy); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero);  Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco);  Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); y Verónica Magario (Buenos Aires), firmaron el documento distribuido.

La particularidad que aparece en primer lugar es que suman dos provincias más que los gobernadores que acompañaron al Poder Ejecutivo en el primer rechazo que manifestó la alianza de gobierno ante la decisión de la Justicia. Ahora, aparecen los mandatarios de las provincias de Salta y Jujuy que sus gobernadores no adhirieron al comunicado difundido tras la reunión de 14 gobiernadores con el presidente Alberto Fernández.

Allí los mandatarios electos manifestaron su “absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias”.

“Estamos frente a una decisión, que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina, y de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría”, sostuvieron.

Y prosiguieron: “Los fondos que el gobierno de Mauricio Macri le asignó en forma totalmente irregular a la ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta son restituidos ahora por la Corte Suprema”.

“Lo hace a pesar de que ha quedado firmemente demostrado, que por decreto, Macri le transfirió a Larreta muchos más recursos de la Coparticipación Nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita de CABA”, completaron.

Según los vicegobernadores, “estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo”.

Y en ese sentido subrayan que “el actual gobierno nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país”.

“La Corte Suprema falla ahora en favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas”, sostuvieron los mandatarios en su mayoría representantes de la alianza de gobierno.

“En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos”, pues según aseguraron “decenas de miles de millones de pesos irán a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“No es cierto que este fallo no afecta a las provincias, las afecta y severamente, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistir financieramente a las provincias en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre CABA y las Provincias”.

“Por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país, pero facturan desde su oficina central en CABA generan el artificio de una contribución al producto bruto interno que no es real”.

Pero además la CABA, para los vicegobernadores, “concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial”.

Para ellos “esto significa una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA, que redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local”.

“Así las cosas, hay un 7% de argentinos y argentinas que, a partir de este fallo, no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas”, según estimaron.

“Las vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina nos preguntamos: ¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?”, y así terminaron el comunicado difundido.

Los senadores nacionales de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado este jueves en el repudian “enérgicamente la decisión del Gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena reponer los recursos arrebatados arbitrariamente a la Ciudad de Buenos Aires”.

“El alzamiento del Gobierno nacional y los gobernadores kirchneristas contra la decisión de la Corte Suprema constituye un gravísimo atentado contra el orden constitucional y el Estado de Derecho”, alertaron.

Desde la bancada que conduce Alfredo Cornejo señalaron que “calificar a un fallo del máximo tribunal de Justicia como de imposible cumplimiento es una burla a la sociedad y un atropello al sistema republicano. Los fallos están para cumplirlos, no para decidir arbitrariamente qué se hace con ellos”.

“Resulta inaudito que este atropello al federalismo haya sido acompañado por gobernadores del oficialismo, que lejos de defender los intereses de sus comprovicianos, avalan un nuevo avance del Gobierno nacional sobre las autonomías provinciales amparándose en la mentira de que el fallo afecta los recursos que se coparticipan con el resto de las provincias”, resaltaron.

Para los legisladores, “este nuevo ataque institucional del kirchnerismo revela su carácter autoritario y su profundo desprecio por la división de poderes”. “Consideramos que este accionar inconstitucional es causa ineludible para un juicio político”, aseguraron.

“Por todo lo anterior, desde el Congreso le pondremos un freno a esta nueva embestida sobre la Justicia y la Constitución Nacional. Nos movilizaremos para impedirlo, en el cumplimiento de nuestro deber de velar por la constitucionalidad de nuestro país. ¡Argentina lo reclama! Se hará justicia”, concluyeron en el comunicado.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) se refirió este viernes a la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga restituir el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y consideró: “Esto es un golpe de Estado directamente, el artículo 36 de la Constitución lo dice clarito”.

En ese sentido, señaló que dicho artículo “configura los delitos contra la Constitución, y esto es un delito contra la Constitución, porque un poder no puede alzarse o desconocer la independencia de otro poder, y los fallos de la Corte no pueden no acatarse”.

“Voy a ampliar la denuncia penal que yo ya había empezado contra Cristina Kirchner, parte del Senado y la presidenta de Diputados (Cecilia Moreau), porque también violaron la Constitución con lo que hicieron contra el Consejo de la Magistratura”, afirmó.

Para el legislador, este hecho es “de una gravedad institucional fenomenal” y convocó a Juntos por el Cambio a que lo acompañen “en esta ampliación de la denuncia” contra Alberto Fernández. Además, opinó que el presidente “debería ser sometido a juicio político y ser destituido”.

Sobre los argumentos del Gobierno, respecto de que estos recursos no estaban previstos en el Presupuesto 2023, Espert advirtió que “la plata, por fuera del Presupuesto que va a gastar el Gobierno” está “cerca de 5 billones de pesos”. “Les sobra plata para cumplir con el fallo de la Corte Suprema”, dijo.

En diálogo con Radio Continental, el libertario cuestionó que estos problemas se originan por la Ley de Coparticipación, que “es un mamarracho, un instrumento unitario, que ha empobrecido el país, que te genera emiratos como el de (Gildo) Insfrán en Formosa o de (Jorge) Capitaich en Chaco”.

“Hay que reducirla al mínimo o eliminarla”, expresó, aunque admitió que para su eliminación se necesita de una reforma constitucional “que puede ser el siglo que viene”.

Luego que el presidente Alberto Fernández, con respaldo de la mayoría de los gobernadores, comunicara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, el cual ordena la restitución de la coparticipación en 2,95%, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: “Vamos a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir el fallo, todo lo que esté a nuestro alcance y del alcance de nuestro bloque en el Congreso”.

En conferencia de prensa, el dirigente del Pro consideró a la decisión de “altísima gravedad para nuestro país, que pone en riesgo las bases de nuestra democracia”. “Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional”, advirtió y continuó: “El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde el regreso de la democracia en el ’83, no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte”.

Para el alcalde porteño, “este es un intento de una larga lista de intentos del kirchnerismo para anular la Justicia”. “Cumplir la Constitución no es opcional”, remarcó y expresó que lo sorprende “mucho que algunos gobernadores estén acompañanado al presidente en este ataque a la Justicia, porque los gobernadores saben el peligro institucional que esto supone”.

En ese sentido, señaló que “ahora es con la Ciudad de Buenos Aires, mañana puede ser Santiago del Estero, pasado Tucumán, después con Chubut, a cualquiera. Estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad del Gobierno nacional sobre las provincias”.

Rodríguez Larreta aclaró que “este fallo no perjudica en nada las provincias, eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo. Porque cuando nos sacaron la coparticipación hace dos años, el presidente a ustedes, provincias, no les sacó ni un peso. Se lo dio todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así como no les dio un peso también saben que ahora no le sacan nada”.

Por eso, opinó que incluso este fallo “es en favor del federalismo” ya que “se genera el antecedente para que el Gobierno nacional nunca más pueda sacarle fondos en forma arbitraria a ninguna provincia”.

El jefe de Gobierno enfatizó: “Basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución. Nosotros no vamos a permitir que se lleven puesta la República, que dejen a la Argentina al borde del abismo, que nos mientan en la cara a todos los argentinos”.

Sobre los pasos a seguir, anunció que harán “una presentación ante la Corte informando este incumplimiento” y “vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo”. “Además nuestro bloque en el Congreso, de Juntos por el Cambio, está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas”, agregó.

Para el jefe de la Ciudad, “la fuerza de la ley siempre va a ser nuestra mejor arma contra el autoritarismo, la arbitrariedad y la impunidad”. “No tengo dudas que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando”, dijo.

Y sumó que “si creen que con esto me atacan a mí o me generan algún daño, lo único que están haciendo es atacar a millones de argentinos en todas las provincias”.

“Yo me comprometí a que cuando la Corte nos devuelva los fondos, bajamos los impuestos. Me comprometí y lo cumplo”, manifestó en otro tramo.

Finalmente, sobre si piensa que detrás de esta decisión podría estar Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta sostuvo: “Esto es responsabilidad del presidente de la Nación. Si se deja presionar por la vicepresidenta, o por quien sea, es responsabilidad de él y tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución”.

La coalición opositora de Juntos por el Cambio expresó este jueves su “más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en relación a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un comunicado, los dirigentes enfatizaron que “no se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no va a admitir vivir en un país en que la ley es optativa”.

En esa línea, sostuvieron que “la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”. “Poner en tela de juicio a la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, advirtieron.

Desde JxC señalaron que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”.

“No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala de poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con los privilegios y la impunidad en la Argentina”, concluyeron.

Este jueves la Corte resolvió restituir el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, tras el reclamo que había iniciado la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la quita de recursos hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero además, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

En diálogo con la radio pública de la provincia la presidenta del bloque de senadores del FdT Teresa García dijo que no le sorprendió que el máximo tribunal le diera la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es una conducta que “viene repitiendo, no sólo con este tema”.

“Hemos visto cómo ha funcionado frente a los reclamos de un sector del Poder Judicial que se ensañó con Cristina Kirchner, cómo ha intervenido en el Senado, en la nominación de los integrantes del Consejo de la Magistratura” pese a que “el Poder Legislativo tiene todas las atribuciones de ordenarse como le parezca”, argumentó.

García agregó que “también hemos visto cómo ha funcionado respecto de las empresas del Grupo Clarín en relación a sus negocios millonarios”.

Por eso insistió: “No me sorprendió, lo que sí lamento es que es una muestra -como dijo el gobernador Zamora- de un federalismo pulverizado, porque si bien es cierto que mayormente afecta a la provincia de Buenos Aires, es un avasallamiento a todas las provincias, al federalismo de la república”.

La senadora advirtió que “el fallo ratifica el privilegio de la capital sobre las provincias, que además son unidades preexistentes a la Argentina, es un avasallamiento institucional grave, es no querer escuchar cómo funciona la república”.

En ese marco, señaló que “el origen de esta disputa” tiene que ver con “un decreto de Mauricio Macri de manera discrecional” porque “para que la Ley de Coparticipación pueda ser modificada, tiene que tener el acuerdo de todas las provincias, que es muy difícil de lograr porque nadie va a ceder. Son discusiones que vienen desde hace años”.

García dijo que es importante que el Gobierno nacional haya convocado a los gobernadores para tratar lo resuelto por la Corte, al tiempo que consideró que “es tiempo de que dicte un decreto por el Consejo de la Magistratura y ponga en orden las cosas”. “No pueden decir que imparten justicia los mismos que estaban en Lago Escondido tomando vino y jugando a la oca”, aseveró la legisladora de San Isidro.

Desde el bloque de senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires también manifestaron su “profunda preocupación por la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su reclamo contra el Estado Nacional por la transferencia de fondos coparticipables”.

“El origen de la disputa radica en el aumento de fondos otorgado en favor de la CABA mediante un decreto emitido por el Gobierno de Mauricio Macri de manera discrecional y sin fundamento alguno”, se encargaron de consignar.

Y agregaron “la medida cautelar otorgada por la Corte, aunque no es una definición sobre el fondo de la cuestión, es un avasallamiento a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, en la asignación de los recursos que les corresponden a las provincias. El fallo ratifica el privilegio de una ciudad por sobre las provincias, unidades preexistentes de la nación argentina, beneficiando al distrito más rico del país, con el mayor ingreso per cápita”.

Para los senadores que integran la alianza de gobierno “es importante destacar que 19 provincias manifestaron tempranamente su desacuerdo, y 14 solicitaron presentarse como amicus curiae en la causa porque se trata de un proceso teñido de arbitrariedades”.

“Esta decisión se da a conocer después de que se revelara la existencia de reuniones secretas a la que asistieron miembros del Poder Judicial de la Nación, otrora imparcial, en la patagonia argentina. Hay que recordar que en el marco de esta causa, el gobierno nacional solicitó la recusación del Juez de la Corte Horacio  Rosatti, al conocerse que había participado de un festejo de cumpleaños en el cual se juntaron en un hotel porteño altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial”, se encargaron de resaltar los legisladores en el comunicado.

Para ir finalizando los senadores del FdT admitieron que “todo esto ya no nos sorprende, pero no por eso deja de indignarnos como argentinos, como bonaerenses, y sobre todo como ciudadanos y ciudadanas que creen en la democracia como el mejor sistema de gobierno posible”.

“Ante esta situación, y desde el lugar de enorme responsabilidad en el que nos pusieron millones de bonaerenses con su voto, creemos necesario manifestar nuestra posición públicamente y exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que honre la Constitución, la división de poderes y el esquema federal de nuestra República”, concluyeron.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este jueves que la próxima semana anunciará cambios en su gabinete, entre los que suenan los diputados nacionales del bloque Pro Graciela Ocaña y Waldo Wolff.

“Estamos hablando con varios de ellos, siempre a esta altura del año se da algún cambio, pero lo vamos a anunciar la semana que viene”, respondió consultado en Radio Mitre.

Además, dijo que los respeta “muchísimo”, como así también a Martín Redrado, sobre todo en lo que hace a “temas económicos e internacionales”. “Estamos terminando de hablar con él”, agregó.

En el caso de Wolff, el diputado es conocido como uno de los “halcones” dentro de Juntos por el Cambio, más asociado a Patricia Bullrich, quien es la principal rival de Larreta de cara a la interna presidencial 2023. Sin embargo, desde mitad de año se habla de cierto distanciamiento del legislador bonaerense con el armado de la presidenta del Pro.

Por otra parte, sobre el fallo de la Corte a favor de su reclamo por la coparticipación, el jefe de Gobierno consideró que esa medida lo que hace es “cumplir la Constitución” porque “el Gobierno nacional no puede porque sí y arbitrariamente cortarle fondos a un distrito”.

“Es un triunfo del federalismo, porque esto garantiza que nunca más un presidente va a poder quitar fondos y sin avisar”, resaltó y recordó: “En nuestro caso fue en medio de la pandemia. Literalmente el presidente me escribió un minuto antes de hacerlo público”.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero además, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

Rodríguez Larreta dijo que el recorte fue “un abuso de poder inconstitucional”, que además “no le significó un peso más a las provincias, salvo a la provincia de Buenos Aires”. “En ese momento tenían un problema con la policía. Dijeron que iban a destinar la plata a la seguridad de la provincia, si así lo hicieron, hoy pasaron dos años y la seguridad de la provincia está cada vez peor”, observó.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2n relación a los fondos coparticipables que había recibido en tiempos de Mauricio Macri y que Alberto Fernández le quitó para derivarlos a la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) se refirió al respecto y denunció que su provincia “no recibió nada” de los fondos de coparticipación.

A través de su cuenta de Twitter, Nieri sostuvo que “cuando el Gobierno Nacional quitó un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza no recibió nada de esos fondos”.

“En tres años Mendoza fue la que menos fondos obtuvo por habitante y, ahora, tras la decisión de la Corte, nada vamos a dejar de percibir porque el dinero no sale de la masa que se reparte entre las provincias”, cuestionó.

Además, el radical apuntó que “la quita a la Ciudad de Buenos Aires solo ensanchó el “pesoducto” para la Provincia de Buenos Aires y atender el desmanejo de Axel Kicillof”.

El fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación desató una ola de críticas de gobernadores oficialistas, entre ellos el chaqueño Jorge Capitanich, quien su Twitter publicó un extenso hilo donde hace un racconto por la historia de la distribución de recursos entre las provincias y pide al presidente Alberto Fernández desconocer la decisión del máximo tribunal.

“El poder económico construye poder mediático concentrado y coopta al Poder Judicial como factor de poder discrecional. Ya lo hicieron con el @cmagistratura. Ahora lo hacen vulnerando el federalismo”, consideró “Coqui”, quien además dijo que el presidente “debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”.

Al respecto, salió al cruce el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, quien advirtió: “El peronismo le acaba de declarar la guerra a la Constitución. Por eso los gobernadores del PJ llaman a desacatar un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Buscan la anarquía para ir contra todo y quedarse con todo”.

Además, el cordobés recordó que “cuando Mauricio Macri estaba por asumir el gobierno, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la detracción ilegal de fondos que hizo el kirchnerismo”. ” Cambiemos no solo cumplió el fallo. También pagó la deuda generada por Cristina (Kirchner) a las demás provincias”, destacó.

El diputado le pidió al mandatario “que enfríe su cabeza y no se le ocurra desacatar un fallo de la Corte Suprema. De proceder como le pide Capitanich estará en delito flagrante”. “El PJ debe entender que los argentinos no vamos a tolerar ningún acto de chavismo en la Argentina. Basta”, finalizó.

Horas después de que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad mantuvieran una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por la quita de los recursos coparticipables, los legisladores porteños del oficialismo y la oposición mantuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales.

En ese sentido el diputado de Vamos Juntos (VJ) y ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, aseguró que “la Corte Suprema le dio 30 días al Gobierno Nacional para intentar resolver el caos institucional que generó con la quita de coparticipación a la Ciudad. Hasta ahora sólo escuchamos relato político pero nada le dice a los porteños, los verdaderos afectados” y consideró que “la presidencia de Alberto es desastrosa en muchos aspectos, pero es extremadamente mala en cuanto al sistema federal. ¿De dónde creen que sale la plata para cubrir el agujero que nos dejan? No podemos dejar la responsabilidad por la seguridad, justicia, educación y salud”.

La Corte Suprema le dio 30 días al Gobierno Nacional para intentar resolver el caos institucional que generó con la quita de coparticipación a la Ciudad. Hasta ahora sólo escuchamos relato político pero nada le dice a los porteños, los verdaderos afectados.

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) March 10, 2022

Asimismo recordó que “la Ciudad aporta más del 20% del total de esa ‘masa coparticipable’ de impuestos, pero recibe solamente el 1,4%. Varias provincias reciben menos de lo que aportan, pero ninguna en la magnitud de desequilibrio como la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que como “consecuencia de ello, la Ciudad tiene una carga fiscal mayor que el resto de las provincias porque debe afrontar el 90% de su presupuesto con ingresos propios. En 2016 – 2018, con la transferencia de la policía, la Nación resignó de su copa para financiar ese gasto”.

“Alberto, en plena pandemia, decidió unilaterlamente (e ilegalmente) que la Ciudad tenga la misma coparticipación de 1980, cuando era un municipio. No importa lo que termine de resolver la Corte, el sistema de coparticipación federal tiene que ser reformado”, completó.

Atenta a los dichos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la reunión en la Corte Suprema, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira afirmó que “una vez más: Macri tenía que calcular el costo de la Policía Federal que transfería y por ley definir el monto. ¿Qué hizo? Un decreto donde aumentaba la Coparticipación, tanto, que se transfirió el primer año el doble de lo que correspondía. Diálogo, números y soluciones”.

Una vez más: Macri tenía que calcular el costo de la Policía Federal que transfería y por ley definir el monto.
¿Qué hizo? Un decreto donde aumentaba la Coparticipación, tanto, que se transfirió el primer año el doble de lo que correspondía.
Diálogo, números y soluciones. https://t.co/TUqVZNlcIo

— Claudia Neira (@NeiraClaudia) March 10, 2022

Mientras que el opositor Matías Barroetaveña (FdT) indicó que “en los últimos años, Larreta adoptó una postura de victimización por los recursos de coparticipación. En innumerables declaraciones dice que no puede afrontar la planificación y ejecución de obras relevantes y de peso. Pero ¿es real la falta de recursos en CABA?” y subrayó que “el presupuesto per cápita con el que cuenta el gobierno de Larreta es 4,12 veces superior al de Avellaneda, 4,17 mayor al de Rosario, 5,18 al de Córdoba y 19,12 al de La Matanza, su municipio preferido a la hora de realizar comparaciones en calidad de vida”.

Además precisó que si “sumamos el gasto per cápita de municipios más provincias podemos ver que CABA sigue superando de forma amplia a todas las ciudades. Incluso en el caso de Rosario la comparativa de gasto por km2 vuelve a beneficiar fuertemente a la Ciudad” y se preguntó: “¿qué pasa si comparamos con ciudades del mundo? CABA tiene un presupuesto en dólares per cápita mayor al de Barcelona, Bogotá y Madrid. Si comparamos con las ciudades españolas, por ejemplo, vemos que el presupuesto es 21% mayor al de Barcelona y 22,6% al de Madrid”.

“Incluso si sacamos de la ecuación gastos de educación y salud y otros no comparables, la Ciudad sigue teniendo un presupuesto a la altura de ciudades europeas y ni hablar de ciudades latinoamericanas. Larreta siempre apela a la escasez de recursos para proyectar grandes obras de infraestructura. Nuevamente, la comparación internacional lo deja mal parado: CABA tiene un presupuesto de gasto de capital por kilómetro cuadrado mayor al de Bogotá, San Pablo, México D. F., Madrid y Roma”, añadió y concluyó aseverando que “el GCBA gasta más en veredas que en mantenimiento escolar, gasta más en negocios inmobiliarios que en becas para estudiantes, gasta más en pauta que infraestructura escolar. No es la falta de recursos el problema, es su mala utilización”.

En los últimos años, Larreta adoptó una postura de victimización por los recursos de coparticipación. En innumerables declaraciones dice que no puede afrontar la planificación y ejecución de obras relevantes y de peso. Pero ¿es real la falta de recursos en CABA?🤔

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— Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) March 10, 2022

Tras la exposición que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la sesión inaugural, los legisladores del Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza sus dichos y volvieron a reclamarle por las más de 56 mil vacantes que faltan en el sistema público de educación. Al mismo tiempo que le exigieron que termine con “la mentira sobre la coparticipación”.

En ese sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó que “hace años que el Gobierno porteño exhibe el mismo plan para la educación pública: desinterés y desinversión. Más allá de los discursos, la educación pública no es para todos en la Ciudad ni tampoco es una prioridad” y precisó que “cada año el presupuesto educativo es menor y, desde 2020, no se construyen nuevas escuelas. En nivel inicial se asignaron menos vacantes que el año pasado y en primaria y secundaria, el 48% no tuvo su lugar”.

“En el distrito más rico del país, miles de chicos y chicas perdieron continuidad pedagógica en pandemia porque desde el Gobierno porteño no se garantizaron los recursos necesarios”, explicó e insistió en que “cómo pasó con Conectar Igualdad durante el gobierno de Mauricio Macri, en la Ciudad, Rodríguez Larreta discontinuó el Plan Sarmiento que entregaba compus y tablets a los estudiantes. En los barrios populares fue donde más se sufrió la falta de recursos y conectividad. Lxs promotorxs de educación sostuvieron y acompañaron la escolaridad, a pesar de la falta de reconocimiento por parte del GCBA”.

Mientras que la diputada Claudia Neira (FdT) advirtió que “Larreta insiste en la mentira sobre la coparticipación. Asegura que la Ciudad sostiene la seguridad pero no pone en funciones al Consejo de Seguridad que tiene presupuesto, y es un organismo multipartidario para arribar a consensos claves sobre este tema”.

A la vez que consideró que “sin plan y sin prioridades: ese es el modelo de Ciudad de Larreta. El caso de Costa Urbana es un gran ejemplo de cómo la Ciudad perdió otra oportunidad de obtener recursos adicionales sin afectar a las pymes o a los porteños” y concluyó recordando que “lo perdido por la Ciudad son más de 3 años de subsidios al transporte de colectivo”.

Después de que el Gobierno de la Ciudad presentara ante la Corte Suprema de Justicia un amparo por la decisión del Ejecutivo Nacional de reducir la coparticipación que percibe el distrito capitalino, la Corte Suprema de Justicia citó a ambas partes a una audiencia en la que se prevé avanzar con un entendimiento.

La convocatoria a esta audiencia se da luego de que la Justicia diera lugar a un amparo que presentó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el 18 de septiembre del año pasado, en el que buscó frenar un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que había descontado 65.000 millones de pesos de coparticipación a la Ciudad para pagar un aumento a la Policía bonaerense que había mantenido un fuerte reclamo.

El encuentro entre ambas partes será presencial pero no público y se prevé que estén los abogados de Nación y Ciudad y el secretario de la causa; tampoco estarán presentes los ministros.

Cabe recordar que luego de que el distrito capitalino sufriera el recorte en la coparticipación, la Legislatura porteña aprobó el año pasado un presupuesto de contingencia con un “programa de ajuste transitorio” y medidas que apuntan a aumentar la recaudación y recortar gastos, mediante impuestos nuevos y ajuste en el plan de obras.

Un balance profundo y a conciencia de los resultados políticos durante el año 2020 en Argentina dará, sin duda, una equivalencia del fracaso estratégico del gobierno por donde se lo mire. No solo respecto del pésimo manejo de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19 sino por el desastre económico a que llevó la impericia frente a los sucesivos conflictos, con sus marchas y contramarchas, y el exceso de influencia ideológica de los funcionarios en sus actos.

Una de las tristes conclusiones da cuenta de la evidente degradación del poder político y de las instituciones democráticas, la pérdida de autoridad y credibilidad, sumándole la ausencia de un pronóstico de crecimiento en el corto y el mediano plazo. Rifaron en meses un regalo electoral conquistado a fuerza de promesas que nunca cumplirán.

La reunión anual en Davos inaugurada el 24 de enero fue contundente en su lectura y análisis de la situación argentina, en su “Reporte de Riesgo Global 2021”, que deja muy mal parada a la administración nacional. No es cualquier organismo el que lo dice sino el principal foro de centros privados que incide en el rumbo global de la economía, la geopolítica y los negocios mundiales. Argentina figura como el país cuyo PBI más se contrajo en 2020 y el quinto de más bajo estímulo fiscal a los motores de la producción, los servicios y la economía en general. Nuestro país es más endeble ahora que a fines de 2019.

Mientras eso se revela en un escenario internacional de semejante renombre, aquí en el territorio nacional otro resultado lamentable pareciera querer borrar del mapa las posibilidades educativas de tres generaciones de niños y jóvenes, jaqueadas por la ineptitud y la resistencia inexplicable de los sindicatos docentes que se niegan a retornar a la enseñanza presencial por miedo al contagio. Incapaces de aportar soluciones u otros protocolos más adecuados, solo simulan una militancia por la que pagarán en el tiempo incluso sus propios hijos. Sin dudas, la diferencia entre la gestión pública y privada de la educación son las posturas de los educadores. Elemento sustantivo que no perjudica a un gobernante o a los dirigentes políticos, sino, a los niños.

Sólo hablar de la cantidad de contagiados y de muertes por el coronavirus pone la piel de gallina, erizada aún más después de repasar las declaraciones presidenciales burlándose de países con mayor historia y mejores administraciones. Burlas de corta duración, dos, tres días, para luego desdecirse con evidencias notorias. Casos: 1.870.000, Recuperados: 1.670.000, Muertos: 47.034, al 26 de enero de 2021.

El ventajismo enraizado en ciertas burbujas políticas, ocasionalmente en el poder, supera la razonabilidad del juego político. Quitar fuertes sumas de Coparticipación Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 65 mil millones de pesos para entorpecer ex profeso el funcionamiento del distrito argentino mejor administrado del país, excede las normas naturales de la competencia política, daña soberanamente a siete millones de personas que viven y duermen en la bella urbe porteña, vienen a curarse, trabajan y disfrutan de un modelo de urbanización en movimiento y de producción nunca antes visto en la historia argentina.

El año 2020 terminó con la esperanza de que la ciencia llegara presurosa con una vacuna salvadora frente a un virus desconocido. El avance científico es la mejor noticia que existe para humanidad cuando se deja trabajar a los especialistas sin interceder con la mezquindad de la política. A fines del primer mes del año nuevo, Argentina apenas aplicó 300 mil dosis sobre 44 millones de habitantes y además vive la zozobra de un párate en la producción de las vacunas de casi todos los laboratorios. Nos prometieron cinco millones de dosis a fin de enero, otra promesa que no sucedió.

Como se ve, el balance es pobre, tanto como el crecimiento de la pobreza en 2020: 40,9% de la población argentina era pobre en el primer semestre de ese año. Dentro del continente sudamericano Argentina alcanzó uno de los peores índices semestrales de pobreza e indigencia de su historia.

Cerrando el balance hace unos días bajamos 12 escalones entre los países más corruptos, justo junto a Rusia. Garantizar forzadamente la impunidad mediante ataques constantes a la justicia y las compras de necesidad y urgencia fueron los ingredientes que desataron esta evaluación negativa.

La improvisación y falta de capacidad para manejar esta crisis esta de manifiesto, tanto como la violación a los derechos humanos hacia los niños en la provincia de Formosa o si en la provincia de Buenos Aires debes inscribirte en un local partidario para vacunarte. Por eso, esperemos que el 2020 haya sido el peor año y no reescribamos algo parecido dentro de 12 meses. Mala noticia, creo vamos a reescribir.

En medio de una intensa puja entre el Gobierno de la Ciudad y Nación por los recursos coparticipables, el diputado del GEN Sergio Abrevaya advirtió que por el recorte en la coparticipación el distrito capitalino deberá cobrarle “un impuesto más al porteño” e insistió con una iniciativa de ley de su autoría para que la Capital Federal le pida un reembolso a Nación por los gastos que provocan las manifestaciones en la ciudad.

Es por ello que explicó que “CABA es capital mientras no se traslade a Carmen de Patagones el Gobierno Nacional. Lo que digo yo es que mientras esté, por lo menos que es haga cargo de algunos gastos” y recordó que “hay cinco mil cortes por año promedio, eso produce gastos. Salen tres millones y medio la parte de limpieza, césped, cambio de sumideros cuando se manifiesta en Plaza de Mayo“.

Al mismo tiempo que insistió en que “todo eso lo paga la ciudad. Mientras tanto, tenemos que salir a cobrarle un impuesto más al porteño porque Nación le saca dinero a la Ciudad“ y consideró –en diálogo con Lanata sin filtro- que “son como una religión, dicen cosas totalmente absurdas sin importar. CABA cede el 95 % de lo que produce, y gracias a eso, Formosa paga el 70 % de su cuenta”.

“La Ciudad es una economía de entre siete y ocho millones de personas, y produce el 23% del PBI de la Argentina y de ahí aporta impuestos coparticipables. Ósea que lo que produce se lo quedan otros”, alertó y remarcó que “el proyecto es que lo costea el Ministerio de Ambiente y de Seguridad y por reembolso se manda a Nación para que lo pague. Por ejemplo, el IVE. Cuando se trató en Congreso, de 11 a 12 millones de pesos costó”.

En cuanto a la posibilidad que el texto llegue al recinto de la Legislatura porteña, Abrevaya concluyó aseverando que “depende de que la Ciudad habilite su bloque. Lo ven razonable, pero para que se llegue a aprobar habrá que tamizar mucho más de lo que lo están haciendo”.

En medio de la puja por los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, cuestionó duramente la gestión del presidente Alberto Fernández y aseguró que continúa “con el irresponsable modelo populista”.

Es por ello que considero que “sabotean la gestión eficiente del Gobierno porteño, podando los recursos de la Ciudad, mientras tanto continua el irresponsable modelo populista” y explicó que “se emitieron más de dos billones de pesos durante el 2020. Es decir,  casi la totalidad del deficit primario de siete puntos del PBI, fue tanto que no dio abasto nuestra ‘maquinita’ por ende tuvimos que importar billetes de España y de Brasil”.

Asimismo remarcó que “en este modelo ‘populista’ les ajustan 98.700 millones de pesos suspendiendo la fórmula de movilidad de Cambiemos (sí, la de las 12 toneladas de piedras al Congreso)” y precisó que además hubo una “brutal emisión, en tan solo un año de gobierno se crearon y/o aumentaron 14 nuevos impuestos (Impuesto PAIS, Impuestos a la Tecnología, Bienes personales, etc)”.

“Con la cuarentena más larga del mundo, y la mitad de los precios de la economía regulados, tuvimos una inflación alrededor del 36% y se espera que para el 2021 llegue a 50%.  Mientras que a fines de 2019 el kilo de asado estaba 240 pesos para estas fiestas estaba 450, más de un 100% de aumento, no hay asado para todos”, manifestó y concluyó pidiendo que terminen con “el show mediático y de la lógica kirchnerista amigo-enemigo. La Ciudad no es rica, ni opulenta, ni le sobra dinero sino que está bien administrada hace más de 13 años; pónganse a trabajar para terminar con este modelo ‘populista’ y llevar prosperidad a los argentinos”.

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, reiteró este lunes que los funcionarios porteños no concurrirán a una reunión con el Gobierno Nacional para debatir los recursos de seguridad del distrito, debido a que el distrito capitalino aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia acerca de los recursos de amparo que se presentaron para defender los recursos coparticipables de la Ciudad.

En ese sentido, Santilli explicó que “por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada” y consideró que “es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”.

“Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece”, aseveró en diálogo con A24.

No obstante, el vicejefe de Gobierno confirmó que si bien no participarán de la reunión, si están dispuestos a reunirse para analizar otro tipo de cuestiones. “Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar”, indicó y concluyó señalando que “en este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos”.

En medio de la puja entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación por los recursos coparticipables que percibe el distrito capitalino, los legisladores del oficialismo porteño expresaron su apoyo al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, tras su decisión de no reunirse con el presidente Alberto Fernández para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento. Al mismo tiempo que le respondieron a los diputados del Frente de Todos (FdT), dado a que estos difundieron un comunicado en el que condenaron la actitud del jefe de Gobierno porteño.

Es así que el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), afirmó que es “inexplicable  que el Gobierno Nacional, autor de la quita de recursos más voraz que se recuerde de la Ciudad, convoque a un show mediático que solo busca avanzar sobre la autonomía de nuestro distrito” y señaló que respaldan “la decisión del jefe de Gobierno y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación que el kirchnerismo se apropió por el solo hecho de ser un distrito gobernado por la oposición. No sorprende que los legisladores respalden este gravísimo atropello, atacando en manada y muy lejos de trabajar para todos y todas”.

Mientras que Gimena Villafruela (VJ) explicó que “desde Vamos Juntos respaldamos a Larreta “en su decisión de no participar del show mediático del Gobierno Nacional” y consideró que “el presidente esconde la quita más voraz que recuerda la Ciudad para destruir un distrito gobernado por la oposición”. En tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), pidió: “no al show mediático que pretende instalar el Gobierno Nacional, es cínico y pretende esconder la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”.

Por su parte el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, respaldó “de manera absoluta la decisión del jefe de Gobierno de no participar de un show mediático y cínico que esconde la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”; mientras que Cristina García (VJ) consideró que es “lamentable que el Gobierno Nacional, convoque a un show mediático para blanquear la quita de fondos. Desde Vamos Juntos respaldamos la decisión de Larreta y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación”.

A la vez que el diputado Hernán Reyes (VJ) le respondió a los legisladores del FdT por su comunicado y manifestó que es “inexplicable que sean legisladores de la Ciudad y entreguen la autonomía como si nada”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) advirtió que “resulta inexplicable que aquellos que arrebataron a los porteños los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la Policia de la Ciudad exijan la  participación de Larreta para debatir al respecto mediante el diálogo y el consenso”  y aseveró que “el autoritarismo ejercido por Alberto Fernández para la quita de dichos fondos fue celebrada por quienes hoy, bregan por el diálogo para la resolución de este conflicto. No olvidemos que esta decisión estuvo pensada estratégicamente para debilitar al referente de la oposición”.

Asimismo Leandro Halperín (UCR-Ev) inistió en que “una condición indispensable para un dialogo, es que las partes estén dispuestas a ceder algo y no es lo que ocurre con los fondos de la seguridad para la CABA que sin aviso, ni diagnósticos; el kirchnerismo resolvió quitarle a la ciudad cuando los apretó la bonaerense”.

Sobre esa misma línea el legislador Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) expresó que “la convocatoria a una mesa de diálogo a Horacio Rodríguez Larreta luego de lo que fue la expropiación de fondos más grande que haya sufrido la Ciudad, no hace más que revelar un cinismo inescrupuloso por parte del Gobierno Nacional” y destacó que “aquellos que se rasgan las vestiduras por la negativa a participar de ese show mediático, son los mismos que avalaron la quita de recursos que va a afectar a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad”.

“Seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia haga honor a su nombre y vele por los derechos de los ciudadanos de la ciudad que son rehenes de una jugada política que busca debilitar a quien sea oposición del Ejecutivo Nacional”, aseveró.

Finalmente, el diputado del GEN Sergio Abrevaya indicó que “apuran a la Ciudad a reunirse para acordar los fondos porque temen un fallo favorable a la Ciudad, y seguir sacándonos más. Los porteños aportamos el 23% del PBI y la Nación se queda con más del 90% de lo que producimos. ¿Será por las pensiones y sueldo de Cristina Fernández de Kirchner que salen mucha plata?” y afirmó que “la Justicia es el poder encargado de tachar de inconstitucional una ley. Si Larreta reclamó ante la Corte, que apuro tiene en contradecirse. Giren a cuenta y vemos tras el fallo, cualquier acuerdo sería avalar la ley, que es inconstitucional”.

“Hay que aprender a respetar el orden constitucional, y sus instituciones. La Corte es la encargada de decidir si una ley viola la constitución. Debe resolver rápido”, sentenció.

También sumaron su apoyo al jefe de Gobierno los legisladores Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena, Gonzalo Straface, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

Luego de que el Gobierno porteño presentara dos acciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el diputado del GEN Sergio Abrevaya volvió a pedirle a ese organismo que se expida y falle a favor del distrito capitalino dado que la normativa votada en el Congreso que recorta esos recursos ya comenzó a regir.

En ese sentido, el legislador explicó que “la Ley que promueve la quita de recursos de la Ciudad de Buenos Aires ya entró en vigencia” e insistió en que “la Corte debe intervenir, porque la Constitución protege a las provincias de leyes inconstitucionales que mayorías circunstanciales puedan aprobar impulsadas por el Ejecutivo”.

Sobre esa misma línea precisó que “la única manera de garantizar los fondos del traspaso de la policía y las fuerzas de seguridad es a través de la coparticipación, de otra forma la CABA queda expuesta a los designios del Ejecutivo nacional, si quieren mandan la plata, si no quieren no”.

“Esperamos que la Corte se expida con rapidez y evite el sometimiento al que el Gobierno Nacional nos está exponiendo”, añadió y concluyó pidiéndole al presidente Alberto Fernández “que deje de perjudicar a los porteños, que no castigue a los vecinos y vecinas de la Ciudad por ser un distrito políticamente adverso”.

Luego de que el Senado aprobara una Ley que profundiza la quita de recursos coparticipables de la Ciudad, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli analizó la situación y aseguró que se trata de un fuerte golpe a la autonomía del distrito capitalino y afirmó que aguarda por un fallo favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia, a la cual recurrió el Ejecutivo local para defender esos recursos.

Es que debido a esos recortes, la Ciudad recibirá 65 mil millones de pesos menos el próximo año. “La quita de la coparticipación significa un ataque a la autonomía. Se  terminan las grandes obras, como elevar los trenes, hasta tanto tengamos un fallo de la Corte que le devuelva los recursos”, aseveró.

En cuanto a lo que espera de la Corte Suprema, Santilli explicó que espera que “defienda la autonomía de la Ciudad como lo hizo con Córdoba y San Luis pero sabemos que esas demandas suelen llevar mucho tiempo” y remarcó que “el gran desafío de la Argentina es sentarse a construir, no a destruir. ¿Por qué no pensamos en lo que le falta a las demás provincias?”.

Mientras que en relación al impacto que tendrá la reducción de esos recursos: “el 68% lo vamos a hacer con menores obras de infraestructura y el 32% con la ley que tiene que ver con el sistema financiero”, indicó y concluyó señalando que a pesar de esto, el objetivo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “es garantizar la salud, educación, seguridad y mantenimiento; no vamos a tener una ciudad más insegura, de ninguna manera. Vamos a sostener nuestra inversión en seguridad”.

Luego de que la Cámara alta aprobara una ley que profundiza la reducción de los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el diputado del GEN Sergio Abrevaya cuestionó duramente la medida y advirtió que “el Senado se perpetuó otro saqueo a la Ciudad con una ley inconstitucional y discrecional por la cual deberemos recurrir también a la Justicia”.

Sobre esa misma línea, recordó que mientras el Senado avanzaba con la aprobación de esa ley en “la Legislatura se votó el presupuesto 2021 con un ajuste a los porteños, porque la Corte no se expidió todavía” y remarcó que “los porteños van a tener que soportar el ajuste y la aplicación de nuevos impuestos por un presupuesto provisorio, esperando que la Corte resuelva el problema. Es de una gravedad enorme”.

“La Nación se quedó con plata de golpe, primero con un decreto nos quitaron una parte, y hoy, con una Ley, nos sacó más, además de desconocer a la Ciudad como parte de la coparticipación. Esperamos que la Corte se expida pronto”, concluyó.

El senador Mariano Recalde criticó la postura del Gobierno porteño “como si fuera víctima del manotazo, cuando el manotazo lo dio el presidente (Mauricio) Macri a los fondos de la Nación y se los revoleó a la Ciudad”.

El legislador porteño por el Frente de Todos defendió el proyecto que rebaja los recursos al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, y remarcó que “no es ni quita, ni estamos hablando de coparticipación. No es quita porque lo que estamos haciendo es corregir, enmendar, perfeccionar”.

En la sesión de este jueves, el oficialista señaló que el traspaso “se hizo mal” y “de mala forma, y también estaban mal los fondos, que es el meollo de la cuestión”.

Recalde recordó que Macri “por decreto estableció un monto para atender la transferencia” e “inmediatamente generó revuelo, discusión y escándalo”, con la protesta “no solo de los miembros de la oposición, sino los gobernadores de todo el país”.

El kirchnerista cuestionó que en la gestión de Cambiemos “se tomaron muchas decisiones por decreto, sin consulta, inconstitucionalmente”. En cambio, sostuvo que “esta decisión de Alberto Fernández fue discutida, conversada, con mucho intercambio de discusiones y números, con la Ciudad de Buenos Aires”. “No es cierto que no hubo conversaciones”, agregó.

Con gráficos que exhibió al hablar en el recinto, el senador precisó que “fueron 36 mil millones de pesos más en el año 2019 que excedían los costos de sostener la Policía Federal traspasada a la Ciudad”. Y acusó que ese monto fue transferido “para sostener dos vicios de la política de la Ciudad” como “la pauta publicitaria” y “el creciente y cada vez más voluminoso impacto de los intereses de la deuda externa en el Presupuesto de la Ciudad”.

“Esto es lo que querían financiar, esto es lo que financian con amiguismo político y la plata que le quitaron a millones de argentinos”, exclamó y reprochó que “Horacio Rodríguez Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños y las porteñas”.

En ese sentido, el legislador se quejó que “tenemos el presupuesto en educación más bajo de la historia de la Ciudad”, además “se redujo el presupuesto en salud y eso que dejaron de aportar al Garraham” y “se redujo el presupuesto en políticas sociales”.

El senador nacional Martín Lousteau aseguró que “detrás” del proyecto de rebaja de fondos a la Ciudad de Buenos Aires “se esconden especulaciones políticas” y la idea “a aquel que no piensa como yo le voy a dificultar la vida”.

“La idea es recortar las autonomías, esto es lo contrario de federalismo“, señaló el porteño, que dijo que ese distrito es “esquivo” al peronismo y “cada tanto da dirigentes que los hace competir en serio y eso no les gusta”.

Para el radical, la ley tiene el objetivo de “tratar de complicarle la vida” a Horacio Rodríguez Larreta, pero “se la complican a todos los que viven en la Ciudad de Buenos, a todos los que vienen a trabajar y atenderse en la Ciudad”.

Sobre las modificaciones recibidas en la Cámara de Diputados, el legislador indicó que “no cambia absolutamente nada porque nosotros creemos que ya estaba todo totalmente decidido”.

En ese sentido, cuestionó que el presidente “decidió que le sacaba totalmente fuera de la legalidad fondos a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires”. “Ese día el presidente modificó la Ley de Coparticipación, sacándole plata a uno y dándosela a otro”, expresó, en referencia al primer decreto firmado por Fernández en medio del conflicto de la Policía Bonaerense.

“Modificamos la coparticipación de la peor manera. No correspondía en sus modos ni en el momento”, reclamó y se preguntó: “¿Por qué no dijeron lo de dialogar desde el principio?”.

En su discurso, el senador repasó aportes de expositores que asistieron a las comisiones y advirtió que los propios funcionarios de la Comisión Federal de Impuestos manifestaron que “Tierra del Fuego está en riesgo jurídicamente si se hace esto”.

Por otra parte, Lousteau aseguró que las provincias de “Chubut, La Rioja, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Formosa y Catamarca” gastan más por habitante que la Ciudad, la cual “se financia al 72% con recursos propios”, mientras que “Formosa lo hace con 6% y Catamarca con 9%”.

También recordó que “durante los 12 años de kirchnerismo se congeló el Fondo del Conurbano en 650 mil millones de pesos y se bajó la distribución de la coparticipación a las provincias 12%”. “Santa Cruz recibió nueve veces más en transferencias discrecionales por habitante que el resto de las provincias”, añadió, lo que representa hoy “287 mil millones de pesos”. “Supongo que también van a hacer que eso se devuelva”, ironizó.

Por Melisa Jofré

El Frente de Todos convirtió en ley este jueves el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, que rebaja los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en concepto de gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el gobierno anterior.

La norma cosechó 40 votos a favor, del bloque oficialista y los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 25 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

Mediante la flamante ley se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De acuerdo a la norma, el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados “en forma bilateral” por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.

“La Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, agrega el artículo 2do., incorporado en las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.

Además, prevé que “el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos” y “hasta la entrada en vigencia” del acuerdo Nación-Ciudad “se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.

En tanto, dicha suma será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, ambos correspondientes al período precedente.

“A partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad la participación que corresponda por aplicación del artículo 8° de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado”, señala.

También, el proyecto aprobado indica que “el jefe de Gabinete efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes”, al tiempo que se faculta al Ministerio de Economía “a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a la ley”.

El debate

Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun aseguró que “no estamos discutiendo coparticipación nacional” y habló de una “banalización” de “la palabra y el concepto de federalismo”.

La senadora del Frente de Todos recordó que al asumir, el expresidente Mauricio Macri “toma la determinación, mediante un decreto que no fue fundado, de avanzar en este acuerdo”, por el cual se amplió “la participación en los recursos del 1,40% al 3,75%” a la Ciudad.

Ese decreto “carecía absolutamente del principio de razonabilidad que debe fundar absolutamente todos los actos de gobierno”, resaltó la oficialista, que continuó diciendo que “cuando admitieron el error” se dictó un nuevo decreto, “previo consenso fiscal con los gobernadores, que prácticamente fue un contrato de adhesión, en el que se bajó a 3,5%”.

“Acá no se deja a los porteños y porteñas sin seguridad”, afirmó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que además enumeró una serie de beneficios que Nación otorgó a la Ciudad durante el gobierno de Cambiemos y añadió que “las transferencias que ha recibido la Ciudad de Buenos Aires han sido fenomenales”.

En contra del proyecto, la porteña Guadalupe Tagliaferri advirtió que lo que sucede con la Ciudad puede en un futuro ocurrir con otras provincias.

Sobre la iniciativa, se quejó: “Nos quieren hacer creer que este proyecto (con modificaciones de Diputados) es mejor, que es distinto”, pero en realidad “no cambia nada” y “va sobre el atropello de la autonomía de una jurisdicción federal”, enfatizó.

“Nos invitan a negociar pero la quita de fondos, tanto del decreto original de estos 150 millones de pesos diarios, más esto, sigue estando vigente. Entonces, nos invitan a negociar pero la plata sigue siendo quitada de la Ciudad de Buenos Aires“, remarcó la legisladora del Pro.

En ese sentido, la macrista cuestionó que “nos dicen cuánto es el valor, cuándo se va a actualizar y con qué fórmula se va a actualizar”, además de “poner como árbitro a la CFI”, que ya expresó “su apoyo a la quita de fondos a la Ciudad”.

También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado sostuvo que “si no se estaba de acuerdo con los montos” del traspaso, se tendrían que haber vuelto “a sentar como corresponde al diálogo, como corresponde en un gobierno democrático, a ver los números y se llega nuevamente a un acuerdo…nada es de pecho, de taquito, y te lo saco porque total tengo mayoría”.

“El Gobierno nacional no se volvió a sentar para negociar”, reprochó, al comparar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “en el peor momento de pandemia y cuarentena estuvo sentado al lado del presidente”, a la vez que la Ciudad “estuvo aportando fondos”.

En defensa de la gestión de Cambiemos, la opositora subrayó que “nuestra política fue diametralmente opuesta; capaz fue más peronista que ustedes”. “Lo que se hizo fue sentarse con todas las provincias argentinas para devolverle recursos”, agregó.

En tanto, el macrista Esteban Bullrich enrostró que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner “Santa Cruz recibió hasta 10 veces lo que recibía mi provincia (Buenos Aires) por habitante”, dinero que “fue a valijas y bolsos y no a obras de para los santacruceños”, lanzó.

“No somos una oposición que judicializa la política, judicializamos el abuso de la mayoría”, señaló y dijo al oficialismo que “están aprovechando esta mayoría circunstancial para evitar el debate, para imponer”. Por eso, adelantó: “Vamos a ir la Justicia porque creemos en la independencia de poderes”.

Y defendió: “Durante el gobierno de Mauricio Macri se devolvieron más de 10 puntos de coparticipación a las provincias, eso es federalismo”.

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli destacó que “acá estamos hablando de abusos autoritarios de poder ejercidos por el presidente Mauricio Macri, y de privilegios, que todavía muchos quedan, que ofenden a la inmensa cantidad de los argentinos”.

“La Ciudad de Buenos Aires y los habitantes de la Ciudad son privilegiados en comparación con el resto del país”, cargó el neuquino, e indicó que el distrito porteño “recauda impuestos propios diez veces más que Formosa, siete veces más que Santiago del Estero, cuatro veces más que la provincia de Buenos Aires”.

Para el kirchnerista, el gobierno porteño se tiene que sentar “a ver cómo devuelven lo que se llevaron de más”, porque “los fondos que necesitaban eran el 30, 40 por ciento de lo que Macri le dio a Larreta”.

En el bloque de los cierres, el salteño Juan Carlos Romero observó que “hay dos tipos de motivaciones que se expresan en todas las sesiones” y son “la búsqueda de impunidad o la revancha y la venganza. Esta ley sobre los fondos para la Ciudad de Buenos Aires se enmarca dentro de ese deseo tan explícito, con nombres y apellidos”. “Acá no se está haciendo justicia, se está buscando revancha y venganza por algo tan obvio y evidente, que el Gobierno (nacional) en la Ciudad no ve votos”, manifestó.

Por el interbloque Juntos por el Cambio, el radical Martín Lousteau aseguró que “detrás” del proyecto “se esconden especulaciones políticas” y la idea “a aquel que no piensa como yo le voy a dificultar la vida”.

“La idea es recortar las autonomías, esto es lo contrario de federalismo”, aseveró el porteño, que dijo que ese distrito es “esquivo” al peronismo y “cada tanto da dirigentes que los hace competir en serio y eso no les gusta”.

Para el radical, la ley tiene el objetivo de “tratar de complicarle la vida” a Horacio Rodríguez Larreta, pero “se la complican a todos los que viven en la Ciudad de Buenos, a todos los que vienen a trabajar y atenderse en la Ciudad”.

Finalmente, el senador Mariano Recalde criticó la postura del Gobierno porteño “como si fuera víctima del manotazo, cuando el manotazo lo dio el presidente (Mauricio) Macri a los fondos de la Nación y se los revoleó a la Ciudad”.

El legislador porteño por el Frente de Todos consideró que “no es ni quita, ni estamos hablando de coparticipación. No es quita porque lo que estamos haciendo es corregir, enmendar, perfeccionar”. En esa línea, enfatizó que el traspaso “se hizo mal” y “de mala forma, y también estaban mal los fondos, que es el meollo de la cuestión”.

Luego de que el Gobierno porteño recurriera a la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprobó –tras cuatro horas de debate- con 39 votos a favor y 20 en contra el presupuesto de contingencia de 587 mil millones de pesos que establece una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias para el 2021.

La medida impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó con el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos, Partido Socialista, Consenso Federal, GEN, UCR-Evolución; el rechazo de Frente de Todos, FIT, Autodeterminación y Libertad y Partido Obrero.

De esta manera, el texto recientemente aprobado prevé medidas de contingencia debido al recorte en la coparticipación de la Ciudad; no obstante, sostiene  las partidas presupuestarias destinadas a las áreas esenciales como educación, salud y desarrollo social, así como también lo destinado a seguridad. También obliga al Gobierno porteño a “suspender, ralentizar o postergar obras, planes y proyectos”, pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público, se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas.

El proyecto de la Ciudad se formuló con las mismas variables macroeconómicas que figuran en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional: variación de la actividad económica del 5,5%, tipo de cambio de $ 102,4 hacia fin de año y variación en el nivel de precios del 29%.

Con el escenario de los efectos de la pandemia aún vigentes, la Ciudad decidió continuar priorizando la inversión en áreas sociales, ya que lo destinado para Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros servicios, alcanzará al 51,4% del total del presupuesto. Además, se mantendrá la inversión en el gasto en Seguridad, con el 16% del total del presupuesto.

Las estimaciones para el próximo año presentan un total de gastos estimado en 612.643,5 millones y un total de recursos por 587.568,9 millones, lo que proyecta un Resultado Financiero deficitario en 25.074,6 millones. Esto representa un 64% menos que al cierre del 2020, esperando alcanzar para el ejercicio 2022 nuevamente el equilibrio presupuestario.

No obstante, el presupuesto para el ejercicio 2021 muestra un Resultado Económico Primario de 111.892,7 millones y un Resultado Primario superavitario de 22.925,4 millones, revirtiendo el déficit del 2020.

En cuanto a los recursos totales estimados para el próximo año se incrementan en un 40% con respecto al 2020, con una previsión de 587.568,9 millones, correspondiendo 585.649,8 millones (99,7%) a recursos corrientes y 1.919 millones (0,3%) a recursos de capital. Los ingresos tributarios se calculan en 549.148,2 millones (+39,2% con respecto a este año), con una estimación de ingresos tributarios propios de 447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en 101.831,2 millones (19% restante).

Mientras que sobre los impuestos que reflejan la actividad económica en la Ciudad, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el tributo que mayor participación registra en la composición total de los recursos tributarios con el 61,3%, alcanzando los 336.626,5 millones para el próximo año. Por su parte, el Impuesto a los Sellos refleja el 6,9% del total, con una participación de 37.772,2 millones para el 2021.

El total de gastos estimado para el 2021 equivale a 612.643,5 millones, siendo el gasto primario de 564.643,5 millones, con un crecimiento del 25% con respecto al corriente año.  Los gastos corrientes ascienden a 521.757,1 millones, significando un 85,2% del gasto total, en tanto que los créditos previstos para el gasto en capital se estiman en 90.886,4 millones.

Por otro lado, los diputados aprobaron la Ley Tarifaria para el ejercicio fiscal 2021; las autorizaciones al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local Títulos de Deuda; y las modificaciones a la ley de Operaciones voluntarias de administración de pasivos.

El debate en el recinto                                                               

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), aseguró que es “una profunda tristeza el no haber podido cumplir con los altos estándares que la Ciudad mantiene en relación a su Presupuesto, hemos tenido un 95% de cumplimiento en nuestros presupuestos y eso habla de nuestro compromiso con su ejecución”.

“Es un presupuesto de contingencia porque si la situación se retrotrae al 9 de septiembre, ya sea por un fallo de la Justicia o por decisión presidencial, este presupuesto no se va a aplicar”, añadió y aseveró que “si algo nos faltaba en este contexto de pandemia, es el recorte en la coparticipación; este no era el presupuesto que queríamos, nos vimos obligados a hacerlo para mantener las finanzas de la Ciudad”.

A su turno la diputada del FIT Alejandrina Barry señaló que “no estamos ante una sesión más, estamos en un año particular: el de la pandemia y sus graves consecuencias” y argumentó que “si hay algo que sacó a la luz la pandemia, es la grave crisis de la educación, la salud y la vivienda… este presupuesto no solo no resuelve ninguno de estos problemas, sino que los va a profundizar”.

“Se nos presenta esta discusión diciéndonos que ‘no queda otra’, pero esto comenzó como una discusión en torno a las fuerzas represivas y luego siguió como una disputa por los recursos, pero nada tiene que ver con los intereses de las grandes mayorías”, advirtió.

En tanto el jefe del bloque Frente de Todos (FdT), Claudio Ferreño, afirmó que es “orgullosamente porteño, peronista y argentino… lo digo porque nos tildaron de que no éramos porteños” y recordó que “en una reunión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se habló este tema de la corrección de los recursos transferidos, así que el jefe de Gobierno lo sabía desde antes del 10 de diciembre pasado y sabía que el Gobierno nacional pensaba en quitarle ese dinero”.

“Obviamente que el Gobierno nacional nunca dejó de lado a la Ciudad de Buenos Aires, este año la Nación le giró a la Ciudad 992 mil millones de pesos y, además, le transfirió más dinero para diversas áreas y por el tema de la pandemia del Covid 19”, precisó y se preguntó: “¿de qué hablan cuando dicen que la Nación no le da nada a la Ciudad? Evidentemente el discurso de ustedes es hablar mal del Gobierno nacional y tapar los últimos cuatro años de ustedes”.

Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “este es un ajuste encadenado, porque hay un ajuste por parte del Gobierno de la Ciudad y eso lo trasladan íntegramente a los vecinos” y subrayó que “es completamente falso que la reducción de la coparticipación tenga que ver con un interés con el interior, eso cuéntenselo a Papá Noel”.

“Es cierto que están recortando los fondos de la Ciudad, de eso se trata el ajuste, pero justo el dinero que le sacan a la Ciudad es el monto que van a perder los trabajadores de masa salarial… se podría ajustar en otro lado y no ahí, esta no puede ser la única salida”, remarcó.

Al respecto de la medida, Matías Barroetaveña (FdT) afirmó que “Larreta propone un presupuesto de ajuste, con más impuestos, 80.000 nuevos parquímetros y menos obras” y advirtió que “todo este recorte para pagar 48.000 millones de intereses de una deuda que se ha multiplicada durante su gestión”.

“Larreta hace macrismo explícito: presupuesto deficitario con aumento de la deuda y del peso de los intereses, impuestazo a la clase media y mayor recaudación en multas, siempre echándole la culpa a los demás; los porteños vamos a tener que pagar muchos más impuestos para tener peor calidad de vida”, aseveró.

A su turno la oficialista Lucía Romano (VJ) explicó que “es una norma de contingencia debido a la baja de recursos en la coparticipación, quiero expresar mi más enérgico repudio” y aseveró que “cuando dicen que la Ciudad debe ser más solidaria, se olvidan que esta misma ciudad la que aporta una masa del 25% a la coparticipación; somos un ejemplo a seguir y no a destruir”.

El legislador de la UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia manifestó que “la caída de la actividad económica producto de la cuarentena y la decisión del presidente Fernández de reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,5% al 1,4%, obviando la transferencia de la policía, las competencias de seguridad de 2016 y los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para determinar la coparticipación de impuestos generaron una crisis tan profunda que estamos ante un presupuesto de emergencia”.

“Esta decisión constituye un ataque al régimen federal y violenta la autonomía provincial porque no representa más recursos para el resto de las provincias sino que concentra más dinero en la Nación”, indicó y concluyó afirmando que “la quita alcanza los 65.000 millones de pesos para 2021, más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para ese año. Hoy sancionamos un código fiscal y una ley tarifaria que son la respuesta a esta situación”.

Asimismo Marta Martínez (AyL) señaló que “nuestro bloque vota en contra de este presupuesto, desde AyL rechazamos que se haga a espaldas de los trabajadores de la Ciudad, son ellos los generadores de la riqueza que hoy ustedes reparten” y se preguntó “¿a quiénes le consultaron para realizar este presupuesto? ¿Les preguntaron a los docentes o a los profesionales de la salud? ¿Les preguntaron cuáles son sus problemas? ¿Se reunieron con las familias que viven en las villas para ver que necesitan?”.

Por su parte el diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles indicó que “la verdad es que los problemas que tengan entre Vamos Juntos y el Frente de Todos no nos interesan, nos interesa lo que le pasa los vecinos de la Ciudad” y remarcó que “es un presupuesto que no nos gusta, pero hay que dejar en claro que la decisión que se toma es una decisión política y acá los rehenes son los vecinos de la Ciudad”.

A su vez Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que “es imposible analizar lo que está pasando sin entender que la realidad es sistémica, la Argentina siempre ha sido así: caótica” y subrayó que “los discursos de izquierda solo se lo creen los militantes, los dirigentes no… los dirigentes son feudales, Cristina Fernández de Kirchner también es una feudal pero de Santa Cruz”.

“La ley de traslado de la capital sigue vigente pero nunca se concretó, pero si el estatus de la Ciudad es de provincia y como tal tiene derechos antes de la Constitución, esos derechos se garantizan con su autonomía. Ninguna organización del mundo puede ser autónoma sin dinero, te obligan a mantenerte dependiente”, completó.

En un nuevo debate en el Senado sobre el proyecto de ley para quitar recursos a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, la porteña Guadalupe Tagliaferri advirtió que lo que sucede con el distrito porteño puede en un futuro ocurrir con otras provincias.

La senadora del Pro se quejó de que “nos quieren hacer creer que este proyecto (con modificaciones de Diputados) es mejor, que es distinto”, pero en realidad “no cambia nada” y “va sobre el atropello de la autonomía de una jurisdicción federal”.

Además, la opositora señaló que “los cálculos realizados han sido discrecionalmente” porque “han elegido el año 2016 y no el año 2015, cuando la totalidad de los gastos y la competencia estaba en manos del gobierno anterior”, en referencia a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

También, la macrista criticó que los cambios se hayan hecho a instancia de diputados de Córdoba y “no fue consensuado con los diputados y diputadas de la Ciudad”.

Tagliaferri precisó que con la iniciativa se rebajan “65 mil millones de pesos para hacer frente a la transferencia hecha en materia de seguridad”, que se suman “a los 12 mil millones de pesos que ya se vienen recortando”. Lo cual representa “el 88% del total de los sueldos de la Policía de la Ciudad para el año que viene”.

“Nos invitan a negociar pero la quita de fondos, tanto del decreto original de estos 150 millones de pesos diarios, más esto, sigue estando vigente. Entonces, nos invitan a negociar pero la plata sigue siendo quitada de la Ciudad de Buenos Aires“, remarcó.

En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio enfatizó que “nos dicen cuánto es el valor, cuándo se va a actualizar y con qué fórmula se va a actualizar”, además de “poner como árbitro a la CFI”, que ya expresó “su apoyo a la quita de fondos a la Ciudad”, indicó.

“Es un simulacro de negociación, no cambió nada”, dijo, para insistir: “Este proyecto en revisión sigue siendo exactamente igual al anterior y nos quieren hacer creer que quieren negociar. Es un simulacro de debate, de consenso, de federalismo”.

Para la senadora del Pro, el proyecto tiene que ver con “la intencionalidad política que tiene el Gobierno nacional en un distrito que no le es afín políticamente”.

También, en su discurso, rechazó el cuestionamiento desde el oficialismo “sobre la autonomía de una jurisdicción de la Argentina” y “el nivel de adjetivación, de agresión, que tienen con los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Es tristísimo para la Argentina que, en lugar de tener representantes de una jurisdicción que estén peleando por los intereses de sus votantes, estén haciendo especulación política-electoral, estén trabajando con revanchismo, estén con intereses personales y no les importe honrar el voto de los porteños y las porteñas. A ese senador (en referencia a Mariano Recalde) y a esos diputados y diputadas realmente invito a llamar a la reflexión”, lanzó.

Finalmente, alertó: “Hoy es la Ciudad de Buenos Aires, mañana alguno de sus gobernadores va a querer pensar distinto al Gobierno nacional, va a querer decir en voz alta que no está de acuerdo con algo, y yo les aseguro que van a verse sometidos los gobernadores, sus legisladores y, lo más lamentable, el pueblo de cada una de las provincias, a ser blanco de ataque sistemático, de extorsión y de sometimiento para volver a ser afines políticamente”.

Mientras del otro lado del Congreso se realiza un nuevo debate histórico de aborto legal, el Senado comenzó a las 14.13 una sesión en la que el oficialismo buscará alzarse con la media sanción del proyecto de nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El nuevo cálculo para los ajustes de haberes, impulsado por el Poder Ejecutivo, tendrá un esquema similar al implementado durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A instancias del Frente de Todos, y con el aval de Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Por otra parte, la Cámara alta se apresta a convertir en ley el proyecto que quita recursos a la Ciudad de Buenos Aires, llevando el coeficiente de coparticipación de 2,32% al 1,40%, en el marco de la ratificación del traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo al proyecto, el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados “en forma bilateral” por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.

“La Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, agrega.

Además, prevé que “hasta la entrada en vigencia” del acuerdo Nación-Ciudad “se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.

En tanto, dicha suma será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, ambos correspondientes al período precedente.

El temario incluye un proyecto que autoriza al presidente para ausentarse del país durante el año 2021, cuando razones de gobierno así lo requieran.

Se oficializó este miércoles la convocatoria del Senado de la Nación para realizar una sesión especial este jueves. Así lo estableció la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de un decreto por el cual llama al Senado a sesionar este jueves a partir de las 14, para tratar solo tres temas.

Según establece el decreto convocatorio, en primer lugar los senadores tratarán el proyecto por el que se autoriza al presidente de la Nación para ausentarse del país durante el próximo año, cuando las razones de gobierno así lo requieran.

En segundo lugar, se abordará el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es, el recorte de fondos a CABA, que el Senado se propone convertir en ley luego de las modificaciones implementadas en Diputados.

Por último, se abordará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad se presentara ante la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos coparticipables que el Ejecutivo Nacional le redujo, el diputado del GEN Sergio Abrevaya presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual solicitó el cobro extraordinario al Estado Nacional del Impuesto Inmobiliario de servicios de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Mantenimiento (ABL) por los gastos originados por la permanencia de las Autoridades del Gobierno Federal en el distrito capitalino dado el incumplimiento de la Ley del traslado de la Capital Federal a Viedma, promulgada durante el gobierno de Alfonsín.

En ese sentido, Abrevaya aseguró que “estamos hablando de unos 180 mil millones de pesos a favor de la ciudad en estos 24 años de autonomía” y remarcó que el monto será calculado desde 1996, cuando la CABA comenzó a ser Ciudad Autónoma y tendrá una actualización correspondiente hasta el cumplimiento del traslado de la Capital.

“La permanencia de la Nación en la Ciudad provocó gastos a la CABA por el funcionamiento de los poderes nacionales y sus autoridades”, destacó y precisó que “el ABL estipulado para cada edificio nacional o el valor de la patente de sus vehículos representa una suma muy pequeña a lo largo de los años en comparación a los gastos que la Ciudad tuvo que afrontar, por ejemplo, en reparaciones, obras y mantenimiento constante de espacios públicos que le pertenecen como la Plaza de Mayo, Plaza de los Dos Congresos y la Av. 9 de Julio ante las innumerables marchas legítimas de reclamos a las autoridades nacionales”.

Sobre esa misma línea, el legislador estimó un promedio de 5000 cortes de vía pública por año, alcanzando el pico más alto en 2014, con 6.804 cortes. “Nuestra estimación a valores de hoy es que el promedio de gastos por cada corte podría ser de 1 millón y medio de pesos”, completó.

En un año hiperactivo, el Senado de la Nación volverá a reunirse este jueves para tratar dos proyectos clave para el Gobierno y bastante ríspidos para la oposición: el que establece una nueva fórmula jubilatoria y el que reduce los fondos que percibirá a partir de ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este último caso, cuando la mayoría oficialista imponga su número, el proyecto se convertirá en ley.

Fuentes del Frente de Todos confirmaron a parlamentario.com que la Cámara alta se reunirá este jueves para dar media sanción al proyecto que establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El mismo obtuvo dictamen el pasado 3 de diciembre, luego de un informe presentado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Por otra parte el Senado avanzará de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de CABA el 5 de enero de 2016.

El proyecto reduce fuertemente la coparticipación percibida por la Ciudad de Buenos Aires y ya había sido aprobado en la Cámara alta oportunamente, pero luego el proyecto sufrió fuertes modificaciones en la Cámara de Diputados, a instancias de los diputados cordobeses, que condicionaron los cambios a brindar su apoyo.

El oficialismo mayoritario en el Senado aceptó las modificaciones y se descuenta entonces que el proyecto será convertido en ley el jueves que viene.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, replicó este lunes las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y señaló que “la Ciudad no tuvo ningún privilegio, recibió el dinero que le correspondía por el traspaso de la competencia de la Policía de la Ciudad”.

En ese sentido, la legisladora nacional explicó que “el dinero que gastaba la Nación se lo traspasó a la Ciudad, el costo fue neutro” y agregó que “los que tienen que devolver la plata son los funcionarios kirchneristas y amigos del poder que robaron empezando por Lázaro Báez, Amado Boudou, Cristóbal López, De Vido y los empresarios que pagaron los sobornos”.

Ocaña replicó así las declaraciones del titular de la cartera de Interior quien había señalado que la Ciudad debe devolver parte de los recursos que recibió en los últimos 4 años. Asimismo, la legisladora nacional expresó que “la Ciudad aporta el 25 por ciento de la masa coparticipable y recibe el 1,4, eso muestra que la Ciudad es solidaria, colaborativa y trabaja en conjunto para todo el país”.

“El Gobierno nacional debería reconocer la buena administración de Horacio Rodríguez Larreta en su gestión”, dijo y añadió que “no se puede solucionar los problemas de los argentinos unos contra otros, tenemos que trabajar colaborativamente”.

El presidente de la Coalición Cívica ARI, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, advirtió este lunes que “el Gobierno Nacional quiere de rodillas a la Ciudad de Buenos Aires” y afirmó que “sería bueno que el ministro del Interior se dedique a trabajar por un federalismo en serio y sin látigo y billetera”.

Eduardo “Wado” De Pedro planteó el domingo que la Ciudad de Buenos Aires debería “reconocer que tuvo privilegios que tiene que devolver””, y consideró que “sería muy bueno”” que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri”” durante su gestión, algo que “ni siquiera” tiene el apoyo de los gobernadores” de Juntos por el Cambio (JxC).

Maximiliano Ferraro planteó que “sería bueno que en vez de meterle la mano en el bolsillo a la Ciudad, se dediquen a recuperar lo robado”.
“No los vemos criticando el sistema feudal de algunos gobernadores, definitivamente la gestión de la ciudad de Buenos Aires es el espejo inadmisible donde muchos oficialistas no se pueden ver”, señaló agregando que “nosotros seguiremos trabajando, como lo hacemos todos los días, por una Ciudad solidaria, abierta y plural y en Libertad”, aseguró.

“Respaldamos la estrategia y posición de Horacio Rodriguez Larreta y todo el equipo”, ratificó Ferraro.

Por José Angel Di Mauro

Tan acelerados son los tiempos de la política argentina -aun en pandemia- que resulta lejano el último lunes en el que oficialismo y oposición se trenzaron en una sesión kilométrica en Diputados, en la que los primeros se armaron de paciencia y los segundos se dedicaron a estirar los tiempos para llegar a la medianoche, con la tenue esperanza de que el proyecto que le rebana más de la mitad de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires se transformara en calabaza. Pero no sucedió: previsiblemente cerca de la medianoche se conoció el decreto presidencial prolongando las sesiones ordinarias unos días, cuestión de desbaratar la jugada de Juntos por el Cambio.

Así y todo, la principal oposición pasó entonces al plan B y al hacerse las 12 pasó a jugar la carta del final de la vigencia del protocolo para las sesiones remotas, que vencía el 30 de noviembre. El Frente de Todos respondió con un argumento cuanto menos endeble: que valía la fecha de inicio de la sesión, no el calendario. Pese al planteo irrisorio, Juntos por el Cambio esta vez no se retiró y se limitó a votar “con reservas” por considerar “inválida y nula” la sesión, mas no irá más allá, a sabiendas de que un planteo judicial tiene destino de “cajoneo”: los jueces prefieren no meterse en ese tipo de cuestiones reglamentarias que hacen a otro poder. Pero las huestes de JxC no tenían otro camino más que forzar al máximo la situación y fue lo que hicieron, mientras la principal preocupación del oficialismo pasaba por juntar los votos que evidentemente no tenían seguros al inicio de la sesión.

Quedó claro cuando pasadas las 8 de la mañana y casi 20 horas después de iniciada la sesión, el oficialismo reunió solo 129 votos para aprobar con lo justo el proyecto sobre los fondos de la ciudad. Demasiado ajustados; ya le había pasado al oficialismo en la anterior reunión, cuando se aprobó en esa Cámara el proyecto de Máximo Kirchner para cobrar un aporte extraordinario a las grandes fortunas del país, y apenas logró reunir 133 votos, sumando a los dos diputados radicales que responden al gobernador jujeño, Gerardo Morales, cada vez más necesitado de acercarse al gobierno nacional para mantener la gobernabilidad en su provincia.

El gobierno consiguió aprobar el impuesto a las grandes fortunas con el aporte clave de los cuatro diputados que responden al cordobés Juan Schiaretti, otro gobernador que tuvo que terminar accediendo a las presiones del gobierno nacional. Para desencanto de Horacio Rodríguez Larreta, que dice que tenía la palabra del gobernador mediterráneo en que no apoyaría el recorte a CABA. Ya había entrado en duda el jefe de Gobierno cuando vio que dos diputados de Córdoba Federal sumaban para el quórum bien temprano, pero dicen que en ese momento Schiaretti le aseguró que era lo máximo que estaban dispuestos a hacer. Se ve que no.

Necesitado de buenas noticias y “triunfos”, el día anterior una delegación del gobierno nacional había desembarcado en Río Cuarto para festejar la reelección del intendente Juan Manuel Llamosas. Presente en los festejos, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero tuiteó: “El peronismo unido es invencible”, y suena certero pero incompleto. El PJ cordobés es muy refractario al kirchnerismo; ergo, lo que se evitó fue dividirle el voto con otra lista. El Presidente recibió en la semana al intendente ganador en la Rosada, en el marco de un trabajo fino que ya desarrolla con vistas a las elecciones del año que viene, donde el gobierno nacional espera una lista conjunta con el “cordobesismo”. Habrá que ver cómo soporta en ese caso Schiaretti el tironeo oficial, en la provincia donde más fuerte es Cambiemos en general y el antikirchnerismo en particular.

Lo cierto es que para acceder a dar su apoyo, los cordobeses maquillaron la situación forzando cambios que luego, en una situación inédita, el oficialismo mayoritario en el Senado aceptó. Fue una sorpresa que se anunció cuando arrancó el debate a las 3 de la mañana del martes y el miembro informante del oficialismo dio cuenta de los cambios con tonada cordobesa, al punto tal que cuando a Carlos Heller le tocó hablar quiso cederle su espacio al diputado cordobés Carlos Gutiérrez para que detallara las modificaciones. Juntos por el Cambio no lo aceptó, a menos que el cordobés se transformara en “miembro informante”. Hubiera sido demasiado para ese bloque y Gutiérrez ni siquiera habló.

Sobre el final, el diputado Cristian Ritondo le pasó una factura a los cordobeses: “Ya veremos en los boletines oficiales cuál fue la prenda de  unidad que los hizo preocupar tanto por esta ciudad”.

Muy cercana al Presidente, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, es una de las funcionarias apuntadas desde el Instituto Patria. Lo cual, como a otros, la lleva a sobreactuar y es por eso que el miércoles salió a responderle a la conferencia de prensa de Larreta reclamándole no presionar a la Corte. Lo hizo por Twitter, en un texto similar al que horas antes había escrito por la misma vía el ministro del Interior. También a la Corte se dirigió el viernes Santiago Cafiero al salir a defender los derechos “pisoteados” de Amado Boudou, reclamándole a la Corte “hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Muchos se preguntan quién les pide tanto, cuando el actual presidente escribía en 2014 que “todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”. El título de la columna en la que ese Alberto Fernández defenestraba así al entonces vice de Cristina era más que elocuente: “Boudou, game over”.

Nadie como el Presidente debe haber comprendido tanto esta última semana al rugbier Pablo Matera, salvaje tuitero en su atolondrada juventud.

La omnipresencia de la vicepresidenta quedó demasiado expuesta en vísperas del debate en comisión de la fórmula de movilidad jubilatoria, cuando desde el propio cristinismo se difundieron cambios que los senadores del Frente de Todos impondrían en el proyecto al día siguiente. Se dejaba de lado el descuento en marzo del 5% de aumento dado en diciembre a los jubilados, algo que había desatado fuertes críticas. Horas después, desde la Rosada maquillaron la situación señalando que por decisión presidencial se establecía que los reajustes fueran trimestrales y no semestrales. “Se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad”, explicó al día siguiente el Presidente, tratando de adjudicarse los cambios, cuando había parecido todo lo contrario.

El que debió resignarse fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, que había redactado el texto original, que conformaba al Fondo Monetario en plena negociación. No es la primera señal contradictoria que el FMI recibe en los últimos tiempos: ya habían leído la carta de los senadores del Frente de Todos con advertencias a ese organismo, y esta semana se habían molestado con las declaraciones que el canciller Felipe Solá atribuyó al Presidente en su diálogo con Joe Biden, defenestrando al representante norteamericano actual en el Fondo. Y ahora este cambio.

Mientras tanto, el Presidente se ilusiona con la llegada de la vacuna, que espera represente un punto de inflexión para su gobierno. Con todo, su optimismo a veces parece demasiado extremo. Como cuando anunció en la semana que antes de fin de año “vamos a vacunar a 300.000 personas”. En su informe diario “En 4 Minutos”, el periodista Orlando Dipino cuantificó así la patriada: “Quedan 16 días hábiles, habrá que vacunar a 18.750 personas por día con una vacuna que todavía no llegó y que hay que distribuir en distintas zonas del país”.

De todos modos, esta semana se hablará de otros temas. Con el primer fin de semana largo sin ASPO en muchos meses, todos los ojos estarán puestos en los resultados de esta prueba piloto para el turismo. Y cuando se reanude la actividad plena, llega el debate sobre el aborto. En Diputados ya se acordó la vigencia del protocolo de funcionamiento remoto, pero con mayoría de legisladores presentes: solo trabajarán desde sus casas los que sean de riesgo. El miércoles se suscribirá el dictamen y al día siguiente se iniciará una sesión que durará más de 30 horas, con final cantado y verde.

En el Senado, tal vez, sea otro el cantar.

En medio de un fuerte rechazo por parte del oficialismo a la reducción de los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura analizó la situación e insistió en que no es un recorte en la coparticipación, sino que se trata de un ajuste en la transferencia de recursos por el traspaso de la Policía Federal.

De esta manera, la opositora explicó que “en los primeros dos años de la presidencia de Mauricio Macri, las transferencias discrecionales de Nación a Ciudad aumentaron un 430%” y aseveró que “esto hizo que el peso de los recursos nacionales en el presupuesto de la Ciudad pasara del 10% en 2015 al 26% en 2019”.

Sobre esa misma línea recordó que “desde 2016, CABA recibe el 100% de los ingresos generados por el juego en su territorio, duplicando los recursos percibidos” y detalló que “en 2018 fueron 3.180 millones de pesos: implicó una vez y media el gasto total en reparación de veredas y el equivalente al 12% del presupuesto de San Luis”.

“En 2017 fueron tantos los recursos nacionales transferidos a CABA que, por ejeplo, recibieron 3 mil millones adicionales en Vivienda y dejaron sin ejecutar el 35% del total. También recibieron 100 millones más para infraestructura escolar pero no construyeron ninguna escuela”, expresó y añadió: “no olvidemos que por ser CABA la sede central del Gobierno Nacional, es el distrito al que se destina más del 25% del presupuesto nacional”

Segura también señaló que “todos los años el Estado Nacional aporta alrededor del 8% para contribuir al pago de salarios de las y los docentes de la Ciudad” y afirmó que “desde 2016 la Ciudad recibe recursos extraordinarios; sin embargo, cerraron 4000 PyMES, la actividad económica cayó, aumentó la desocupación, 175 mil personas pasaron a vivir bajo la línea de pobreza y la indigencia aumentó un 60%. ¿Quiénes se beneficiaron de esos recursos?”.

Al mismo tiempo argumentó que “en los momentos más difíciles, los porteños y porteñas hemos demostrado ser justos y solidarios. Para poner de pie a la Argentina necesitamos que los recursos lleguen a todos lados” y concluyó afirmando que “como dice la Constitución, la coparticipación busca ‘lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional’; ya aprendimos con dolor que el derrame no existe si no hay un desarrollo productivo, integral e inclusivo”.

Los diputados nacionales del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires se defendieron de las críticas recibidas por haber apoyado, en la última sesión de la Cámara baja, el proyecto de ley que recorta la coparticipación que recibe el distrito porteño en función del traspaso de la Policía Federal.

A través de un comunicado, aclararon su posición los diputados Mara Brawer, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Paula Penacca y Eduardo Valdés.

Los legisladores aseguraron que la ley -que volvió con cambios al Senado- “no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños” y cargaron contra el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, advirtieron, “se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático”.

A continuación, el comunicado completo:

Los diputados del Frente de Todos actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y compromiso con el pueblo que nos votó.

Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la Policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños.

Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de (Mauricio) Macri que (Horacio) Rodríguez Larreta aceptó sin más.

Si la lógica es que somos diputados de la CABA y deberíamos haber votado en contra de la ley, nos preguntamos: ¿los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires deberían haber entonces votado a favor?

No fue eso lo que hicieron, porque los diputados y diputadas no representamos a un distrito, sino al pueblo de la Nación y a un proyecto político que piensa un modelo de país federal en su conjunto.

El expresidente Macri cometió un acto discrecional y anticonstitucional otorgándole por decreto a Rodríguez Larreta una porción indebida de recursos. Lo hizo pura y exclusivamente por amiguismo político. Una avivada.

Los grandes medios de comunicación, que sistemáticamente denuncian el presunto favoritismo de los gobiernos nacionales y populares en el reparto de fondos públicos, ignoraron este verdadero escándalo político y lo convirtieron en motivo de una andanada mediática hacia quienes lo denunciaron y se hicieron cargo de revertirlo.

Lo que verdaderamente sucedió y no están dispuestos a contar fue que los sectores opositores que hacen su carrera política al calor de los estudios de radio y televisión, en nombre de la “defensa de la República” y denunciando el “clientelismo” avalaron con su voto una maniobra que perjudica a millones de argentinos.

Esos sectores que dicen ser los abanderados de la democracia el diálogo y el consenso atropellaron la institucionalidad de la Cámara de Diputados intentando impedir su normal funcionamiento, en una bochornosa sesión donde los insultos y agresiones se repitieron durante más de 20 horas.

La tergiversación de lo ocurrido, el silencio cómplice con la maniobra autoritaria de Macri, el ventajismo de Rodríguez Larreta y la persecución desatada en los medios y las redes contra los diputados del Frente de Todos de la Ciudad tiene una única explicación: Rodríguez Larreta se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático.

No es un secreto para nadie que Rodríguez Larreta destina fondos millonarios a la pauta publicitaria en todos los medios de comunicación nacionales. Tampoco son un secreto sus ambiciones presidenciales. Pero nada de eso cambia la realidad. Macri benefició a Larreta con millones de pesos por ser su socio político, lo hizo ilegalmente a través de un decreto discrecional.

La ley votada en la Cámara de Diputados va a reparar ese abuso, sin perjudicar el avance de la autonomía de la Ciudad sino perfeccionándolo y garantizando el financiamiento de la Policía traspasada.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta señaló que “nunca votaría nada que creyera que va en contra de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires”, y aseguró que su voto fue a favor de “adecuar el coeficiente de financiamiento del traspaso que se hace a la Ciudad de Buenos Aires de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales que ejerce la CABA, fundamentalmente en cumplimiento de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. 

“Es muy importante aclarar que de lo que se trata no es de una quita, una palabra que tiene una connotación altamente negativa, como si hubiera un ensañamiento sobre la Ciudad de Buenos Aires y sobre los vecinos y vecinas. Eso yo jamás lo permitiría porque soy de la Ciudad de Buenos Aires, porque vivo en la Ciudad de Buenos Aires, porque trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, porque me interesa cuidar los intereses de los vecinos y de las vecinas sin perder el compromiso federal que debemos tener”, enfatizó Marziotta. 

La periodista explicó que con lo votado “se hace el traspaso a la Ciudad del personal de organismos, de funciones, de competencias, de servicios y bienes, tanto materiales que son muebles e inmuebles como inmateriales, que son sistemas informáticos de seguimiento, de comunicación. Todo esto se traspasa desde la Nación a la CABA, además de recursos económicos que en un principio se habían fijado en 24.500 millones de pesos. Pero una de las modificaciones que generamos en Diputados justamente es para establecer una instancia de diálogo entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera de que ese monto no sea una cifra ya dictaminada, sino que llegue a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad en un plazo de 60 días”. 

Una comparación curiosa fue la que realizó en su exposición en el  plenario que analizaba el tema de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires el senador oficialista Jorge Taiana. Y él mismo admitió que no tenía que ver, pero consideró que valía la comparación.

Dijo que al escuchar las exposiciones de sus colegas, se acordaba de “una imagen que no tiene que ver, pero es bastante común: la de los casos de violencia de género. Lo de transformar al victimario en víctima. ‘Yo la maté porque me hacía la vida imposible, la maté porque me hacía tal cosa’… Y no entendía porqué me acordaba de eso. Y me acordaba de eso por algunas de las opiniones preopinantes: presentarse como víctimas, cuando son los victimarios”.

“Acá lo que se está haciendo con esta ley es reparar una arbitrariedad manifiesta, partidaria, amiguista, insolente con los que menos tienen, que realizó el ingeniero Macri, como todas sus obras de gobierno y que ha tenido cómplices”, dijo. Y continuó: “Y esos cómplices son los que tomaron esos recursos de más del Estado nacional, para gastarlos donde ellos mejor estaban, que dominaban políticamente, para hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional, y por lo tanto a todo el resto del país, de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes. Entonces acá no estamos hablando de los fondos de la Policía Federal, sino de los que con el argumento del traspaso  se le dieron a la ciudad para que hiciera cosas. ¿Qué cosas? Romper y arreglar las veredas todo el tiempo que es lo único… no lo único, una de las grandes cosas que ha hecho Larreta. Es decir, acá la arbitrariedad la cometió el Gobierno de Cambiemos, la cometió Macri y la aceptó el Gobierno de Rodríguez Larreta, aceptando dineros que no le correspondían. Y en una cifra que sabía no les correspondían”.

Tras ello, continuó señalando que la oposición hablaba en contra de los gobiernos peronistas de la Provincia. “¿Pero de qué estamos hablando? –se exaltó- ¿Quién cedió los puntos de la coparticipación que perdió la provincia de Buenos Aires? Lo hizo el gobernador Armendáriz. Radical, como varios de los expositores que hablaron. El fue el que planteó estructuralmente una situación de pobreza para la provincia de Buenos Aires y acentuó ese desequilibrio. Eso lo ocultan. Se presentan como víctimas y son en realidad los victimarios. Me molesta, porque es faltar a la realidad porque es además excusa, porque mientras se desgarran las vestiduras, al mismo tiempo quieren privar a la Ciudad de la playa, privatizando Costa Salguero, con la complicidad de legisladores de las fuerzas políticas que están presentes”.

El primero en contestarle fue el bonaerense Esteban Bullrich, que consideró “perverso” usar el tema de la violencia de género para describir la situación. “Parece que a algunos los afectó la hora”, ironizó. En todo caso, agregó, “en una relación de violencia de género el que tiene poder es el que domina… ¿Y quién está en el poder ahora? Hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso…”.

Más adelante señaló que Taiana no admitía que “el que pesificó el Fondo del Conurbano fueron los Kirchner, ellos son los que más perjudicaron a la provincia. Habla de Armendáriz, ¡por favor! Querían tener a la provincia de Buenos Aires de rodillas y por eso lo hicieron”.

Martín Lousteau también le contestó recordando que la Ley 23.548 fue aceptada por Antonio Cafiero, y a través de la misma la Provincia cedió coparticipación para las provincias del norte. “Y el motivo por el cual lo hizo fue pensando que cuando fuera presidente podía reparar eso”.

Luego habló de Santa Cruz y “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos. Toda la costa de la Ciudad de Buenos Aires está entregada por el menemismo. ¿Traemos eso de una provincia que vendió terrenos fiscales a precios irrisorios, sin procesos transparentes? Volvamos a debatir con cifras”, reclamó.

Por su parte, Guadalupe Tagliaferro consideró “chabacano” comparar los casos de violencia de género y mujeres golpeadas en un debate. “Recuerdo que Anabel Fernández Sagasti pidió que no pongamos una pátina de género en las cuestiones que tienen una base política. Así que pido una base de seriedad para los miembros del bloque”.

Luego de que la Cámara de Diputados nacionales avanzara con un proyecto de ley que busca reducir los recursos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños de Vamos Juntos y UCR-Evolución se fotografiaron juntos en contra del avance de esa iniciativa.

En la postal que los oficialistas subieron a sus redes sociales se los puede ver sosteniendo carteles en los que piden “no a la quita de fondos”, revalidando así su apoyo al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció que se presentará en la Corte Suprema de Justicia para evitar el recorte de estos recursos.

La imagen fue tomada unos pocos minutos antes de que la Legislatura porteña iniciara una de las últimas sesiones ordinarias del año. Además, algunos de los diputados llevaron el reclamo al recinto, luciendo detrás de ellos carteles en contra de dicho recorte.

Dos días después de haberse aprobado en Diputados el proyecto que reduce los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió este jueves bien temprano un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar las modificaciones que en la Cámara baja se hicieron.

El debate de este jueves fue más allá de la cuestión puntual de las modificaciones planteadas por Diputados, sino que evolucionó incluso hacia planteos sobre si CABA puede o no ser considerada una provincia. Como sea, más allá de la discusión que se extendió por más de dos horas, a la postre se pasó a la firma el dictamen para dejar el proyecto listo para ser debatido en el Senado la próxima semana. Aceptando el mayoritario oficialismo las modificaciones propuestas, para dejar el proyecto en condiciones de convertirlo en ley la próxima semana, habida cuenta del número que ostenta el Frente de Todos.

Está en discusión puntualmente el proyecto de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016. La reunión arrancó a las 8.07, con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, anunció el regreso a ese seno de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien por cuestiones personales había sido reemplazada brevemente por la senadora Ana Almirón, en tanto que la presidenta de Asuntos Constitucionales habilitando el ingreso de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri por Luis Naidenoff.

La propia Sacnun detalló a continuación las modificaciones planteadas en el seno de la Cámara baja, con un artículo 2° donde se incorpora un período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional puedan iniciar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar la emisión de la opinión técnica en cuanto a los montos requeridos, como también se establecen las facultades de la CFI para que intervenga en el proceso de acuerdos. “La Comisión Federal de Impuestos tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, detalló, puntualizando que “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.

El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.

A su turno, el senador Caserio aclaró que la comisión que él preside no tenía nada que analizar en tanto no surgieran de las negociaciones qué iban a hacer en cuanto a los fondos. “Lo único que queda es esperar los 60 días y ahí se verá o no si existe un cambio de presupuesto”, señaló.

Intervino entonces el senador Martín Lousteau, quien recordó que el fondo de la cuestión ya había sido debatido en profundidad oportunamente, con expositores que “dejaron muy claras algunas cosas”, tales como que “esto que se hace con la Ciudad no afecta la distribución secundaria, pero sí la coparticipación. De la misma manera que el mecanismo que se usa para detraer fondos es inconstitucional”, razón por la cual la Ciudad fue a la Justicia.

“Llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación, que se debería haber abierto antes y no se abrió. ¿Por qué se abre ahora un proceso que involucra al CFI? Porque la unilateralidad del Gobierno nacional con la Ciudad solo tuvo un freno a la hora de conseguir quórum y votos, que hizo que otros actores exigieran esto”, señaló el senador porteño, recordando a continuación lo que dijeron los miembros de la Comisión Federal de Impuestos cuando pasaron por ese ámbito: el presidente del CFI, recordó, que ese organismo solo se limita a controlar la efectiva distribución de la recaudación de los montos fijados por los decretos; el vicepresidente dijo que no les correspondía emitir opinión, y su director ejecutivo aclaró que la facultad y competencia del CFI es para “controlar, pero una sola jurisdicción no les puede dar esa competencia, porque son un órgano supraestatal y suprafederal.  “Todas las decisiones son de los 25 integrantes y no de uno solo”, aclaró.

Así las cosas, Lousteau concluyó que se llegó a esta situación “no por espíritu de negociación, sino que se hace porque un grupo de diputados exigió que exigiera una mímica de negociación, por eso se incluyó al CFI”. Y agregó: “No entiendo cómo ahora el CFI va a decidir estas cuestiones o va a tener una posición diferente”.

Para el senador de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mostró esa “falta de negociación”, como así también “cómo se le siguen detrayendo recursos a la Ciudad en medio de la pandemia, cuando perdió el 20% del presupuesto por la pandemia… No solamente no existió esa voluntad de dialogar desde el principio, sino que además, mientras se invita a negociar, se siguen descontando 150 millones de pesos por día. Mientras se trata que la Ciudad de Buenos Aires firme un consenso fiscal en el cual retira sus demandas presentes y futuras, cuando le acaban de sacar la plata en el medio de la pandemia. Así que esto que viene de Diputados, que altera la media sanción increíble que se dio en nuestro seno, no tiene variaciones reales”.

Recordó a continuación que este conflicto se inició con un conflicto en la provincia de Buenos Aires con su policía, que se hubiera solucionado si por ejemplo “coparticiparan el impuesto PAIS, si coparticiparan la emisión, el impuesto inflacionario… Y ni siquiera tendrían que reclamar nada si entre 2003 y 2015 se hubieran dignado a actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que a valores de hoy equivaldrían a 52 mil millones de pesos”.

“Esa plata que la Provincia no tiene equivale a un presupuesto y dos meses de la provincia de Buenos Aires”, agregó, puntualizando luego que “la provincia de Buenos Aires estuvo ampliamente gobernada por peronistas, en ciclos de gobiernos peronistas, y en el 94 les transfirieron la salud y la educación a las provincias sin transferirles los fondos. Es evidente que cuando hay gobiernos que dicen que son federales, en el fondo terminan concentrando los recursos en el Gobierno nacional para poder someter a las jurisdicciones”.

“Lo que tiene que haber es una verdadera negociación, y eso no estuvo en el ánimo del Gobierno, sino que hay que debilitar a una jurisdicción y a un gobernador que no es afín a ustedes y de hecho tiene una alta popularidad”.

A continuación, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri ratificó que a juicio de la oposición no había “ninguna modificación”. Y comparó lo sucedido en el ámbito de las deliberaciones que hubo sobre ese tema con lo que sucedió con las modificaciones al Ministerio Público: lo expuesto en las audiencias, “no se incorpora, no se considera. Si hubiera sido una negociación, la podríamos haber hecho acá. Se hizo con el espíritu de conseguir los votos que no tenían… Hacen como que se modifica algo, pero no se modifica nada. Nos invitan a negociar mientras la quita sigue diariamente”.

“A la única provincia que le quitan fondos en lugar de ayudarla en pandemia es a la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la senadora porteña, que consideró “erróneo” el cálculo sobre el que se estimó la suma que se le dará a la Ciudad. Y además, dijo, “nos ponen un árbitro que no es imparcial, porque ya se han manifestado, porque además conforman parte de las provincias que también están en dificultades económicas (…) Ponen a la Ciudad de Buenos Aires en situación de ir a negociar la voluntad política del funcionario político para negociar el dinero. Así tuvo que hacer (Daniel) Scioli con (el ministro de Economía Axel) Kicillof, que no le giraban los fondos, que era la forma de extorsionarlo, de ponerlo de rodillas”.

Y en ese marco alertó que hay diputados que han planteado que “la autonomía es reversible. ¿Hasta tanto se puede llegar? La verdad, en el medio de la pandemia hemos ofrecido trabajo conjunto, gestión, planificación, y la devolución es asalto a mano armada y que la autonomía es reversible. No entiendo cómo en el Senado podemos considerar que ese es un comentario menor y no estamos indignados”.

María de los Angeles Sacnun respondió la acusación de Lousteau, que habló de “una especie de extorsión”, señalando que los cambios hubieran sucedido porque de lo contrario no se hubiera votado el proyecto en Diputados. “Ese es el trámite parlamentario, forma parte del proceso de elaboración y formación de las leyes para lograr las mayorías requeridas, no veo qué es lo negativo”, repuso la senadora santafesina.

En cuanto a la cuestión de “inconstitucionalidad”, dijo que la misma “la podemos advertir en el decreto del expresidente Mauricio Macri que de un plumazo aumentó del 1,40 a 3,75%, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. Debiera haber fundado en todo caso eso, no lo hizo. Se celebró un convenio que nunca fue ratificado por el Parlamento de la Nación, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución. Esto se subsana con la media sanción que le dimos a esta norma”.

En otro pasaje Sacnun fue enfática en la cuestión de no asimilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias. “Encuadremos correctamente, no estamos hablando de convencionalidad, sino de aprobación del Congreso en cuanto a que este convenio que han celebrado las partes nunca había sido sometido al Congreso”, apuntó, como así también que el artículo 2 establece que el CFI va a tomar intervención a los efectos de emitir “solamente opinión técnica en cuanto a la determinación de monto anual por la transferencia de la seguridad”.

En ese sentido aseguró que Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad 86 mil millones de pesos adicionales por decreto. “Entonces cuando hablan de federalismo, tengamos en cuenta esas cuestiones. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo discutir coparticipación, que discutir tranferencia: hoy estamos discutiendo transferencia”, remarcó.

La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo por su parte que “todos deberíamos ponernos con luces de alerta y no permitir meter la mano en el bolsillo de una provincia, sea la que sea: mañana te toca a la tuya. Recordó que “cuando Macri le dio más fondos a la Ciudad, le transfirió competencias, y transfirió fondos nacionales, no coparticipables. Y luego por el Consenso Fiscal aprobamos ese decreto”.

“Quedó claro que lo que están mostrando es un simulacro de negociación, para tratar que la cara sea menos horrenda, que parezca realmente negociación. Acá se negocia con la espada de Damócles, detrayendo fondos”, sostuvo. “Por un lado aprietan con un consenso fiscal y por otro lado dicen abrir una negociación… Estoy en contra de que a los gobernadores se los arrodille, se los someta. Me parece tremendo hablar de autonomías reversibles; me da envidia a mí cuando veo provincias tan bien administradas como la Ciudad de Buenos Aires y eso también molesta y duele cuando además son gobernadores que se destacan”, concluyó.

Fue el turno del senador del Frente de Todos Jorge Taiana, que usó una imagen que él mismo aclaró que no tenía que ver, pero que era “bastante común”. La de la violencia de género: “transformar al victimario en víctima”. Y fue el término que usó para ejemplificar la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos que recibió de manera que consideró ilegal por parte de Mauricio Macri. Se viene en cambio ahora a “reparar una arbitrariedad manifiesta insolente, amiguista, con los que menos tienen, que realizó Macri, como todas sus obras de gobierno, que ha tenido cómplices. Para gastar y hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes”.

Para Taiana, Rod´riguez Larreta aceptó 2dineros que no le correspondían, y en una cifra que no le correspondía”.

“Se quejaban de que no había negociación… Por favor, menos hipocresía y dejen de robarse Costa Salguero”, disparó sobre el final.

Su compañero de bancada Dalmacio Mera dijo que a él la situación lo hacía acordar ya no a la violencia de género, sino a alguna novela: “Los ricos no piden permiso”. Y explicó: “Lo que hizo Macri con Larreta, no le pidieron permiso a ninguna provincia argentina; se juntaron, establecieron un fondo y se pasaron los fondos como si fuera el dinero de ellos”.

El senador Esteban Bullrich rechazó la utilización del término “violencia de género” para este caso. Y apuntó que “hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso”. Por el contrario, consideró que “acá hay una realidad que quedó muy expuesta en el debate en Diputados: quieren dominar al opositor que más los preocupa. Hablan de debido proceso y a la par hablan de hipocresía: están haciendo que una provincia cada año tenga que negociar su política de seguridad con el Gobierno nacional que es de signo opositor”.

Volvió a intervenir el senador Lousteau para recordar que Santa Cruz recibió durante los gobiernos kirchneristas “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos”, en tanto que Guadalupe Tagliaferri señaló que “cuando el senador (Taiana) plantea que los recursos fueron sacados a las provincias para su amigo de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no saben o mienten. La Policía Federal la pagaba el Gobierno nacional, no se le sacó un centavo a ninguna provincia”.

Luego enfatizó que “si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no, es algo que debe estar saldado. Lo dijo la Corte, es lamentable y preocupante que en este ámbito nos importe poco el federalismo y empecemos a discutir la Constitución y el carácter jurídico de la Ciudad como provincia”.

La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos) sostuvo que “todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, de Juntos por el –Cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad a la Ciudad de Buenos Aires. Que les sacamos los fondos que son para los argentinos que pasan por la Ciudad y que le sacamos a Larreta los fondos en medio de la pandemia…”. Y señaló en cambio que “esos son fondos que “le entregó bajo la manda delincuencialmente” el expresidente Macri, citando que son “tres veces más que lo que se necesitaba para la policía, pudiéndole haber entregado esos fondos de Nación a otras provincias, o quedándoselos para políticas públicas para la totalidad del país”.

“No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. En cada artículo de la Constitución está bien diferenciado”, aclaró Dalmacio Mera, y agregó: “Que la Corte en alguna discusión en particular le dé estatus de provincia no le da las veces de tal. Y tampoco olvidemos que los primeros intérpretes de la Constitución somos el Congreso de la Nación”.

Para Julio Cobos, “estamos abordando la coyuntura permanentemente; hemos perdido la planificación a largo plazo. No sabemos salir de la coyuntura, es como el juego de la oca”, a lo que la senadora kirchnerista Nancy González respondió diciendo que planificación era lo que se proponía el Gobierno actual, pero no pudieron hacerlo “primero porque nos agarró la pandemia, y después porque encontramos un país endeudado como nunca en la historia del país nos había sucedido. ¿Entonces cómo podemos ordenarnos”.

Y se quejó luego porque el Gobierno anterior dejó “fundir”  su provincia (Chubut) durante cuatro años, “mientras le pasaban recursos irrisorios a la Ciudad de Buenos Aires, pero no fueron para nada federales”.

Intervino entonces Adolfo Rodríguez Saá, que aclaró que no quería plantear “la vieja lucha entre provincianos y porteños”, pero aclaró que estos últimos “siempre nos despreciaron”. “No quiero entrar en ese debate”, insistió, pero apuntó en referencia a los porteños: “Siempre primero ellos y después nosotros; las necesidades elementales que tienen las provincias del interior son muy dolorosas… Mientras ustedes discuten la abundancia, nosotros discutimos la pobreza”.

Pero a lo que quería referirse puntualmente, aclaró, era a una cuestión de “vocabulario”. “Reiteradamente dicen jurisdicción en vez de llamar a las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia; las provincias tenemos que respetar un régimen municipal, todas las provincias tenemos municipios, la CABA no es una provincia, no tiene municipios”.

La senadora jujeña Silvia Giacoppo negó que se estaba buscando atacar la autonomía de CABA, a la cual la Corte reconoció que “tiene un estatus de provincia” en un fallo que representa un precedente claro.

Carlos Caserio se quejó a continuación por la insistencia en hablar de varios senadores, poniendo el ejemplo de Guadalupe Tagliaferro. Y usó esa custión para referirse al estilo de los porteños: “Siempre hablan ellos, siempre tienen razón. Siempre creyeron que eran los primeros en todo, hasta para hablar. Ojalá tengamos la suerte algún día de que la administración central se vaya de Buenos Aires, para que el país sea más federal, para que nos dejen hablar”.

“Si yo no puedo debatir sobre mi jurisdicción, no sé cuándo tendría que hablar… No estoy opinando de Jujuy, Salta o Tucumán, y lo hago con mucho respeto”, aclaró Taglaferri, quien negó a continuación que los vecinos de la Ciudad no discutieran sus temas vecinales. Tenemos 15 comunas elegidas por los vecinos, en la 4 y en la 5 gobierna el Frente de Todos”.

Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “falta de respeto y no federalismo es exactamente lo que ocurrió con el decreto de Macri dándole más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión la deberíamos haber tenido cuando se transfirió la policía, en 2016, y no un DNU entre gallos y medianoches, a espaldas de las provincias”.

“Cuando hablamos d etransferencia, tiene que ser con recursos, pero con los recursos que se necesiten para esa transferencia”, señaló, y luego puso como ejemplo que su mamá le había enseñado a que cuando iba a comprar el pan, y como vuelto le devolvían de más, ella tenía que devolverlo. “El jefe de Gobierno sabe que a través de un DNU el expresidente le dio dinero de más”, concluyó.

Cerró la reunión María de los Angeles Sacnun, cuando el dictamen ya estaba circulando entre los senadores. Y apuntó que “de ninguna manera podemos admitir que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y que quede asentado en una taquigráfica. Que se la trate en alguna cuestión concreta en pie de igualdad con algunas provincias, no los instituye con estatus jurídico de provincia. Para eso habría que pasar a una constituyente… Por ejemplo ‘la provincia de la Victoria’, recordando la plaza de la victoria y las epopeyas federales que han habido en esa plaza de la victoria, y elevarla al estatus de provincia”.

Así como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro salió a responderle a Horacio Rodríguez Larreta por sus críticas al proyecto que recorta fondos de la Ciudad, aprobado con modificaciones el martes en Diputados, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuestionó al jefe de Gobierno porteño.

Lo hizo en su cuenta de Twitter, donde señaló que Rodríguez Larreta “ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias”.

“Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años”, le reprochó por otra parte, advirtiendo que en la conferencia de prensa que encabezó el martes “por momentos pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.

. @horaciorlarreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años.
Ayer, por momentos, pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema.

— Marcela Losardo (@mmlosardo) December 2, 2020

Le salió al cruce la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto: “Marcela Losardo en vez de hablar de Rodríguez Larreta debería explicar todavía el rol de funcionarios de su Ministerio en la liberación de presos, en la defensa a corruptos y en el hostigamiento a los testigos protegidos. Viven en otro mundo lejos de las necesidades del pueblo”.

Sin pérdida de tiempo, el Senado de la Nación se abocará este jueves al análisis del proyecto devuelto desde Diputados que aprueba el convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016. Una iniciativa que implica un recorte de fondos para la administración porteña, y que la Cámara alta aprobara el pasado 2 de octubre, mientras que Diputados sancionó y devolvió con modificaciones el martes de esta semana.

El proyecto será abordado este jueves en el infrecuente horario de las 8 de la mañana, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el cordobés Carlos Caserio.

La idea es avanzar este mismo jueves con el dictamen, para poder convertirlo en ley el jueves venidero.

El proyecto aprobado esta semana en Diputados por 129 votos a favor, 118 en contra y 7 abstenciones, y establece que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se financiará a través de una suma inicial estimada en 24.500 millones de pesos, que serán actualizados de forma trimestral según una combinación del índice salarial promedio de la Policía Federal y el índice de inflación. Sin embargo en Diputados se modificó esa suma, estableciéndose que el monto final surja de un convenio entre el Gobierno nacional y la Ciudad en un plazo no superior a los 60 días desde la sanción de la ley.

Los cambios fueron anunciados durante la sesión por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, quien precisó que en el artículo 2° de la norma se estableció que “el gasto anual que demande las transferencias realizadas a CABA en el marco del convenio aprobado por el artículo 1 de la presente y sus mecanismos de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la presente”.

El párrafo siguiente indica que “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”.

El último párrafo del artículo 2° modificado dice: “El Presupuesto General de la administración nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo”.

El artículo 3° también modificado prevé qué va a pasar hasta tanto el acuerdo se perfeccione. “Hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.

El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.

El artículo 5° con modificaciones queda así: “El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adecuación del presente.

Los artículos 6, 7 y 8 no tienen modificaciones de la media sanción del Senado de la Nación.

Después de que la Cámara de Diputados Nacionales aprobara un proyecto que prevé recortar los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya analizó lo ocurrido en el Congreso Nacional y acompañó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Abrevaya señaló que “todo fondo por transferencia de competencias sólo puede ser por coparticipación, porque es la manera de garantizar los recursos y la autonomía federal que requiere la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que “así que esta Ley, aún con las modificaciones que le han hecho, con una negociación por 24 mil millones, sigue poniendo a la Ciudad de rodillas a manos de la Nación, como si fuese un anexo, un satélite, como lo fue antaño”.

Asimismo consideró que “no se está respetando el cambio constitucional de CABA como provincia, que requiere que sea incorporada en la coparticipación” y advirtió que “como sigue en vigencia la ley vieja, han hecho este mamarracho de intercambios, que para obtener los votos de algunos culposos que no se animaban a votarlo, como venía del kirchnerismo puro y crudo, terminaron poniendo una comisión de negociación”.

“La verdad es que en definitiva le han bajado 60 mil millones de pesos a la Ciudad; es inconstitucional, hay que ir a la Corte”, señaló y concluyó afirmando que “lo del Congreso sometiendo a la Ciudad otra vez fue vergonzoso. Larreta anunció que va a la Corte nuevamente y que no va a aflojar con la quita, tiene mi apoyo”.

La Cámara de Diputados concretó ayer la decisión del Presidente Fernández de reducir la coparticipación de la Ciudad llevándola de 3,5% al 1,4%, obviando la transferencia de la policía, las competencias de seguridad de 2016 y los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para determinarlo. El texto fue modificado y volverá al Senado para su sanción definitiva.

La decisión del Gobierno es inconstitucional en sus formas y en su contenido, porque no puede reducir la coparticipación a un distrito de manera unilateral sin un convenio entre las partes. Así sucedió con la Ciudad desde la reforma del 94. De igual modo, la quita de las de transferencias automáticas para financiar el traspaso de las competencias de seguridad discrimina a la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto de las provincias que no reciben el mismo trato. Es un incumplimiento flagrante del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Al contrario de lo que se argumenta desde el oficialismo, la decisión constituye un ataque al régimen federal dado que violenta la autonomía provincial y no representa más recursos para el resto de las provincias sino que concentra más dinero en la Nación. La quita de recursos a la Ciudad implica un recorte a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Esta decisión perjudica no sólo a los porteños, también a millones de personas que trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La discriminación atenta contra la posibilidad de que la Ciudad planifique sus gastos e inversiones en un contexto extraordinario de crisis como el que atravesamos. Arbitrariamente, se están violando los principios más elementales del federalismo. Con esta ley, la quita alcanza los 65.000 millones de pesos: más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para 2021.

Los argumentos son insólitos, y lo cierto es que, en términos fiscales, la Ciudad es la ante última en la lista de recursos percibidos per cápita, y última en el listado de la relación de coparticipación recibida sobre el aporte al producto nacional.

El objetivo del oficialismo es claro: castigar a la Ciudad de Buenos Aires dándole un trato diferente al resto de las provincias. Es un antecedente preocupante para el sistema federal en particular y para la política en general. Considerando los comentarios de algunos dirigentes del Frente de Todos, da la impresión que tienen la pretensión de retroceder en materia de autonomía luego de los importantes avances que se lograron con la reforma constitucional de 1994.

Sin dudas, pareciera que algunos quieren que la Ciudad vuelva a ser un Municipio dependiente de la Nación, que el Presidente elija su intendente y que mendigue ante el poder central todos los recursos que le corresponden para la seguridad. La ley aprobada ayer es un avasallamiento a la autonomía, al federalismo y el intento de someter a un distrito adverso políticamente.

Luego de que bien temprano se consumara la aprobación en Diputados del proyecto que quita fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció la existencia de “intencionalidad política” en las medidas adoptadas por Nación contra el distrito porteño.

Rodríguez Larreta anunció que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de esta medida, del mismo modo que ya lo había hecho en septiembre de este año cuando el decreto que recortó el presupuesto de la Ciudad.

Larreta le pidió a la Corte Suprema una rápida definición, con el fin de “restablecer el federalismo que se quebró”.

Señaló luego que a Ciudad “dejó de recibir 150 millones de pesos diarios, que para fin de año va a ser de 13.000 millones de pesos y para el próximo año, 53.000 millones de pesos”.

“Ahora le hacen mas daño a la Ciudad con la ley, que nos sacan 12.000 millones más”, afirmó el jefe de Gobierno, que sostuvo luego que la administración de Alberto Fernández “aceleró contrarreloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación”.

Horacio Rodríguez Larreta dio una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, en Parque Patricios, acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; Humberto Schiavini (jefe del bloque de senadores PRO): Luis Naidenoff (jefe del bloque de senadores de UCR), Martín Lousteau (senador por CABA); Mario Negri (jefe del bloque de diputados UCR), Cristian Ritondo (jefe del bloque de diputados del PRO) y Maximiliano Ferraro (jefe de bloque de diputados de la Coalición Cívica).

Desde Juntos por el Cambio alertaron sobre “la gravedad institucional que genera el avasallamiento a la Constitución y a las normas propias del Congreso nacional, como quedó claro en la irregular sesión legislativa que culminó en la madrugada del martes”.

A través de un duro comunicado, señalaron que “una vez más, asistimos al atropello del Gobierno nacional que, en momentos de una crisis económica y social compleja, deja de lado las prioridades reales para imponer un castigo a la buena administración ejercida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años”.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio señalan que el pasado 9 de septiembre, “de manera intempestiva e inconsulta, el Gobierno Nacional le quitó a todos los argentinos y argentinas que viven y trabajan en la Ciudad recursos que les pertenecían. Ahora reeditan, en una escalada de falta de convivencia política, una nueva quita para seguir perjudicando a un gobierno que no es de su partido y completar su objetivo de desfinanciarlo”.

Para la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio “pretenden nuevamente quitarle a la Ciudad de Buenos Aires, recursos que le son propios, destinados a la seguridad, pregonando un falso federalismo. A esto se agrega, la voluntad de hacer depender la asignación anual de fondos de la policía al presupuesto Nacional”.

La nota está firmada por los titulares de los partidos que integran Juntos poe el Cambio Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, y allí expresan su apoyo a “la descentralización y la autonomía de recursos de los gobiernos federales”, y consideran que “es una materia pendiente, pero el camino es el diálogo, el respeto, generar los consensos suficientes y no castigar por mera especulación electoral”.

Aclaran que mantienen “intacta” la vocación de “oposición constructiva” con el fin de “generar una agenda conjunta para la salida de la crisis generada por la pandemia y el desarrollo futuro de la Argentina”. Pero no convalidarán “este tipo de atropellos institucionales que no hacen otra cosa que contribuir a la división de nuestro país”.

“El Gobierno nacional no le está quitando recursos al Jefe de Gobierno, se los está quitando a millones de argentinos y argentinas que utilizan a diario los sistemas de salud, educación y seguridad en la Capital Federal. Hoy lo hacen con la Ciudad, mañana podrán hacerlo con cualquier provincia que quieran someter”, concluye la Mesa Nacional de JxC.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, volvió a tuitear contra las autoridades porteñas. Ya lo había hecho el jueves pasado, durante el velorio de Diego Armando Maradona, cuando exigió a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli “cesar la represión” de la Policía de la Ciudad, y este martes volvió a hacerlo, ahora para refutar las críticas contra el Gobierno nacional por impulsar una reducción de los fondos coparticipables.

“Corregir no es quitar. Estamos corrigiendo lo que estuvo de más”, señaló a través de un hilo de Twitter, en el que recordó que “en 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%”.

De Pedro pidió a las autoridades porteñas: “Sean honestos con los vecinos. Los fondos para el funcionamiento de la policía están garantizados. Además, el Estado nacional aportó 70 mil millones de pesos para enfrentar el COVID en la ciudad”.

“El Congreso es el ámbito para esta discusión. Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores -que representan el federalismo- opinan en contra, es un ámbito sesgado”, tuiteó el ministro del Interior, que concluyó diciendo: “Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales”.

Corregir no es quitar. Estamos corrigiendo lo que estuvo de más. En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%.

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) December 2, 2020

En el debate por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional Beatriz Ávila comenzó su alocución recordó unas palabras del presidente Alberto Fernández durante su campaña electoral: “Vamos a gobernar de otro modo, será un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Vamos a resolver entre todos cuáles son las urgencias de la Argentina. Eso no se resuelve desde un lugar de presidente que le da algo a algunos y poco a otros, vamos a intentar cambiarlo”; y manifestó que “la verdad habría que agregar ‘lo que digo en campaña, no me lo pidas durante el gobierno”. 

La legisladora consideró que con este proyecto “que con este proyecto estamos hablando de un parche más al federalismo fiscal, la pregunta que surge es cómo fortalecer el federalismo hacia el interior de nuestro país. Porque esto significa mejorar seguridad, salud, educación, los servicios básicos, como gas o agua. No debe ser la discrecionalidad lo que prime, tiene que estar por encima de cualquier regla, y obviamente debemos evitar la inseguridad jurídica. Nos falta mucho para hablar de un federalismo verdadero en nuestro país. Este proyecto fortalece a algunos, mientras que debilita a otros. Y esto en la práctica debilita el federalismo”.

En este sentido, la diputada por el partido por la Justicia Social de Tucumán señaló que “los que somos del interior hoy estamos asistiendo a una pelea de titanes, una pelea de ricos. Hoy tenemos que votar sobre un conflicto en el que nosotros no participamos, una pelea que la tenemos que mirar de afuera. Entonces me pregunto, cuál es el beneficio que llevamos cada uno de nosotros del interior a nuestras provincias, quienes representamos al otro casi 50% de nuestra Argentina”. 

“CABA y Buenos Aires se llevan casi el 26% de la coparticipación, y el 74% restantes restante se tiene que distribuir en las otras 22 provincias. Yo creo que hablamos mucho de federalismo, pero de la boca para afuera, pero en realidad, los que vivimos el día, es que tenemos un sistema centralista, absolutamente unitario. Pero no es de ahora, venimos con este modelo desde hace muchas décadas. Una coparticipación que gotea de arriba hacia abajo, cuando debería ser a la inversa”. 

Finalmente, cuestionó que tengan que dirimir una interna institucional y política entre los distritos más ricos del país: “Por qué tenemos que ver hoy lo que está pasando en CABA o en provincia de Buenos Aires, y no miramos al resto del país. Se habló de solidaridad en esta sesión, solidaridad es que pensemos en conjunto entre todos, es que demos a los que menos tienen lo que más necesitan”. 

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió este martes que “el Gobierno ve en Horacio Rodríguez Larreta a un competidor para las elecciones de 2023, por eso intenta avanzar contra los recursos de la Ciudad” y agregó que “Máximo Kirchner lo confesó en su discurso, por eso esto es una venganza y un avasallamiento contra los vecinos”.

En declaraciones a Radio Continental, Ocaña expresó que “la sesión de Diputados tuvo muchas irregularidades y es totalmente nula debido a que vencieron los protocolos de virtualidad y no hubo quórum presencial luego de la medianoche para continuarla”.

En ese sentido, señaló además que “vamos a ir a la Justicia pidiendo la nulidad de la sesión” y agregó que “desde septiembre la Ciudad de Buenos Aires ya perdió más de 13 mil millones de pesos por un decreto presidencial, mientras que le quieren seguir quitando recursos para darle a la provincia de Buenos Aires que ya recibió más de 100 mil millones de pesos en lo que va de este año”.

La dirigente de Confianza Pública ejemplificó cómo se compone el presupuesto coparticipable al explicar que “de cuatro pesos que reparte el Estado en coparticipación, uno es aportado por la Ciudad” y subrayó que “el presupuesto porteño es sostenido en un 75 por ciento con los impuestos que pagan los vecinos porteños”.

Asimismo, apuntó que esta quita en la Coparticipación “podría ser sufrida también por otras provincias tales como Córdoba, Mendoza o Santa Fe. Esperemos que la Corte Suprema pueda resolver favorablemente el amparo que la Ciudad presentó hace más de 60 días”, dijo.

Justo con 129 votos, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró en la mañana de este martes aprobar y devolver al Senado el proyecto de ley que reduce el coeficiente de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

A los 117 legisladores del Frente de Todos que votaron positivamente, se sumaron José Luis Ramón y Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal); Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero); y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), todos miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda Ramón.

Además acompañaron al oficialismo los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti: Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo -esposa del mandatario provincial-. Fue esta bancada la que impulsó las modificaciones que se introdujeron al texto y obligaron su vuelta en revisión a la Cámara alta.

Finalmente, también desde el Interbloque Federal respaldó el proyecto el justicialista Andrés Zottos; y votó con el Frente de Todos la monobloquista Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

En lo que respecta a los 118 votos negativos, 115 fueron del interbloque Juntos por el Cambio, y los otros tres correspondieron a diputados que formaron parte de ese espacio: la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y el santacruceño Antonio Carambia (Acción Federal), en Cambiemos hasta diciembre de 2019; y el riojano Felipe Álvarez (Acción Federal), aliado de la bancada opositora hasta octubre pasado.

La mayoría de las abstenciones correspondieron a los integrantes del Interbloque Federal, cuyo jefe, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca figuró ausente. Se trata de Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini (Consenso Federal); Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social); y Enrique Estévez (Partido Socialista).

Las dos abstenciones restantes fueron del Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Además de Bucca, el otro ausente fue José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos), de licencia.

Luego de que la Cámara baja del Congreso de la Nación aprobara un proyecto de ley que reduce la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños de Vamos Juntos, UCR-Ev, GEN y Consenso Federal manifestaron su descontento con lo ocurrido y aseveraron que se trata de una “quita ilegal”.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), advirtió que “Diputados convocó de manera irregular una sesión especial para quitarnos, también de manera irregular, más fondos de la Coparticipación, totalizando 65 mil millones” y consideró que “se llevan por delante las instituciones, el federalismo y como siempre, todo”.

Mientras que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas (VJ), indicó que “el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados representa un nuevo y peligroso avance del kirchnerismo sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” y condenó “enfáticamente la apropiación de recursos de todos los porteños y, además, llamamos a la reflexión sobre cualquier otra idea absurda respecto a los derechos consagrados en la reforma constitucional de 1994”.

Sobre esa misma línea el oficialista Hernán Reyes (VJ) explicó que “están tratando a la Ciudad como si fuera una aldea. De la noche a la mañana, quita de fondos por DNU, y ahora, una ley inconstitucional en el Congreso; siempre proponen la fractura, ya no es por pensar distinto, ahora es por la provincia en la que vivís” e insistió en que “están proponiendo una nueva fractura. Quitandole a la Ciudad el equivalente al 61% del presupuesto en seguridad, el 95% del presupuesto en personal de salud y el 50% del presupuesto de educación del 2021”.

“La Corte Suprema tiene que fallar en custodia de la autonomía de la Ciudad y en defensa del régimen federal de gobierno.  No hay una de cal y una de arena. Tiene que actuar conforme a derecho y punto”, aseveró.

En tanto Gastón Blanchetiere (VJ) señaló que “en el Congreso se debatió el saqueo inconstitucional de fondos a la Ciudad de Buenos Aires: un gravísimo atropello a nuestra autonomía que perjudica a millones de habitantes”; mientras que Claudio Cingolani (VJ) precisó que “con la quita de recursos, el Gobierno Nacional busca maniatar a la Ciudad y ponerla de rodillas; todas las medidas del FdT siguieron la línea de denostar a la CABA y anular su autonomía. Esto atenta contra el federalismo y pone al descubierto a un Gobierno que atropella y va por todo”.

Asimismo la diputada Lucía Romano (VJ) consideró que es “inadmisible la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, violando la Constitución Nacional y lesionando gravemente su autonomía. Resistiremos”. A la vez que Cristina García (VJ) aseguró que le produjo “tristeza ver que luego de la votación en Diputados varios aplauden victoriosos un robo encubierto a todos los porteños. Seguiremos defiende los intereses de la Ciudad Buenos Aires”.

A su vez Juan Facundo Del Gaiso (VJ) recordó que “la quita sería de 63.000 millones, que representa el 86% de salud. En enero había 120 camas UTIS en la Ciudad, ahora hay 570; cada cama cuesta tres millones por mes, aparatología y recursos humanos al año 16.000 millones no previstos. La quita es criminal”.

El diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles subrayó que “los vecinos aportamos el 22% de la coparticipación total, y este recorte implica unos 63 mil millones de pesos, que se le sacan a la Salud, a la Educación, a la Vivienda, a la seguridad, pero principalmente a quienes más necesitan Defendamos lo que es nuestro” y aseveró que “lo que se trató en el Congreso sobrepasa una bandera política. La coparticipación nos afecta a todos como porteños, y los legisladores fuimos elegidos para defender los intereses de los porteños. Necesitamos consenso político, no discrecionalidad que atenta contra el federalismo”.

Mientras que Diego Weck (UCR-Ev) señaló que “la quita ilegal de la Coparticipación Federal avasalla el progreso de los porteños. El camino correcto es el diálogo, no la imposición” y Sergio Abrevaya (GEN) concluyó señalando que “a 140 años que los feudales descuartizaron Buenos Aires en dos, las sometieron a costo de 3000 muertos y violando la constitución, hoy, con otros apellidos, el club de feudales de pcias empobrecidas, se cargan la economía de CABA liderados por CFK y el presidente”.

Último orador en una sesión extensa y cargada de reproches entre oposición y oficialismo, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cargó contra el macrismo y dijo que “durante cuatro años beneficiaron a la parte más alta en detrimento de la parte más baja en la Argentina”.

“Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo que fracasaron a nivel nacional”, cargó, al cerrar el debate del proyecto de ley para reducir la coparticipación de la Ciudad.

El oficialista aseguró que “cada vez que nos gobernó un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba”.
“Al 2015, la CABA recibía el 1,4 de coparticipación nacional. Por decreto, se lo llevó al 3,75. En una negociación con los gobernadores, esas que parece ahora molestar, bajan a 3,5. Resultado final a diciembre de 2019: 2 puntos más de coparticipación para mantener sólo su policía”, repasó.

Para Máximo Kirchner, “este modelo económico, a nuestro entender, fue casi una metáfora perfecta de lo que sucedió en el resto del gobierno de Mauricio Macri como presidente”.

“La deuda de la Ciudad de Buenos Aires a diciembre del 2015 estaba 80% compuesta en dólares. Cuando se empieza a desarrollar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reduce la exposición en moneda extranjera y la lleva a pesos, de 80 a 60%. A nivel nacional hicieron todo al revés: así como pesifican la deuda de la Ciudad, dolarizan la deuda en pesos que tenía la Argentina”, señaló.

Y diferenció: “Nosotros le pagamos al Fondo Monetario. Los que parece que no pudieron gobernar sin plata son los que tuvieron que ir a buscar al Fondo Monetario 44 mil millones de dólares. El 70% de los préstamos del FMI en la Argentina y para ganar una elección según el actual presidente del BID”.

“La Ciudad de Buenos Aires después recibió ayuda por decreto. Le dio más a la ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinos y argentinas tuvieron que sufrir durante estos estos años: beneficiar a la parte más alta en detrimento de la parte más baja en la Argentina”, continuó.

El hijo de la vicepresidenta observó que “es preocupante que haya sectores sociales que se creen superiores al resto. Un diputado decía que quienes le respondían no eran abogadas y abogados. De la Rúa era abogado y volcó el país en dos años. Y un tornero que perdió el dedo laburando en Brasil lo sacó para adelante”.

“El jefe de Gobierno de ustedes llegó a asegurar que el hombre común vivió y combatió los dinosaurios. Para después tener una ministra de Educación (Soledad Acuña) que dice que los docentes no sirven para nada, que vienen de un estrato bajo. 60 millones de años de diferencia hay entre los dinosaurios y el hombre”, disparó.

En otro tramo de su discurso, el diputado por la provincia de Buenos Aires detalló que “la Ciudad de Buenos Aires en 1947 tenía 2.981.000 habitantes. En el 2010 tenía 2.890.000, que es el último censo. La provincia de Buenos Aires en el mismo tiempo tenía 4 millones de habitantes en el ’47 y ahora tiene 15 millones. Cuatro veces más, a una Ciudad que mantiene la misma cantidad de habitantes y, por lo tanto, el desarrollo de infraestructura que necesita es totalmente diferente al del resto del país”.

“¿Cómo puede ser que digamos que todos somos federales y uno de los argumentos de un diputado de la Ciudad de Buenos Aires es que los hospitales porteños atienden a tres de cada diez? Si todos los que viven en esta Ciudad tienen prepagas y obra social están mal puestos los hospitales. Ese es el problema. Se acostumbraron a llevarse todo puesto”, agregó.

La Cámara de Diputados aprobó este martes a las 8.14. de la mañana el proyecto más caliente de esta polémica sesión iniciada allá por las 13.45 del día anterior: el que busca recortar la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, llevándola a 1,40%, para pasar a financiar el traspaso de la Policía Federal a través de una suma fija que será actualizada trimestralmente.

El interbloque de Juntos por el Cambio intentó demorar el tratamiento de la iniciativa con más de 50 cuestiones de privilegio, la mayoría contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por haber convocado a la sesión el viernes a última hora de manera “irregular”.

Antes, legisladores de todos los bloques habían dedicado casi una hora a homenajear al ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, fallecido la semana pasada, lo que retrasó aún más el debate del proyecto de la coparticipación.

Luego vinieron innumerables pedidos de apartamiento del reglamento, todos votados de manera nominal, hasta que, cerca de la medianoche, se desató una disputa por la vigencia del protocolo virtual, que fue saldada tras más de dos horas de discusión con una moción -que resultó afirmativa- para reencauzar el debate.

El proyecto consiguió 129 votos a favor, 118 en contra y 7 abstenciones, imponiéndose, con el apoyo clave de los diputados de Córdoba Federal, a los que el oficialismo atribuyó la autoría de las múltiples modificaciones que obligarán a su vuelta al Senado. También apoyaron los diputados del bloque de José Luis Ramón.

Juntos por el Cambio se pronunció en contra pero “con reservas”, por considerar “inválida y nula” la sesión a partir de las 0 horas de este martes 1 de diciembre, por considerar que ya está vencido el protocolo de sesiones. También se abstuvieron los diputados de Consenso Federal, que consideran que el tema se definirá en el seno de la Justicia.

El debate

En el inicio del debate, pasadas las 3 de la madrugada, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, la emprendió contra el decreto original de Mauricio Macri de 2016, que aumentó en 167% la coparticipación porteña. “Esas diferencias entre lo que debería haber sido y lo que fue”, señaló, fue de 125 mil millones, en favor de CABA, precisó.

“Llegamos entonces a un acuerdo que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires nunca pusieron a consideración del Congreso de la Nación”, señaló el legislador santacruceño, observando también que Nación hubiera resignado recursos en materia de seguridad “en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Más adelante afirmó que el Consenso Fiscal “de ninguna forma” avaló lo actuado entre Nación y CABA, y apuntó a continuación que “hemos estado trabajando en modificaciones al proyecto”, detallando que para las mismas se trabajó con diputados de Córdoba Federal.

“Las modificaciones son sustanciales”, aseguró, adelantando modificaciones en los artículos 2, 3, 4 y 5.  “Adelanto que hay un mecanismo de acuerdo entre las partes, una intervención del CFI; las modificaciones tienen un plazo, se van a ir haciendo mientras el Estado nacional va a conservar ese cálculo del 80% en función del nivel de salarios de la Policía Federal y del Indice Nominal promedio de la Policía Federal de la Argentina, y un 20% del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que el salario integra el 97% prácticamente del presupuesto de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló el legislador.

González confirmó que las modificaciones habían sido hechas sobre todo este mismo lunes, y que las mismas serían aprobadas en el Senado.

A continuación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, objetó el argumento opositor de que la Ciudad aporta más de lo que percibe. Argumento que consideró “secesionista”. “Se aporta por posibilidad y se recibe por necesidad: eso es federalismo”, afirmó. También consideró “una falacia” que se le saque a la Ciudad para darle a la Provincia. Para hacerlo invocó declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli de principios de año referidas al diálogo entre la Ciudad y Nación sobre los recursos, que daban certezas de que lo que fuera a afectar fuertemente al distrito. “Pareciera que se quiere generar una situación de culpar a la Nación de una serie de cuestiones que exceden por mucho al impacto que tiene lo que se está discutiendo”, remarcó.

“Lo que se está discutiendo es un exceso de recursos que transfirió Macri ni bien asumió”, insistió el legislador porteño, asegurando que no se estaba tratando de perjudicar a la Ciudad. “Lo que ha habido es un exceso” favorable a CABA, “y eso es lo que se intenta corregir de aquí para adelante”, manifestó.

Desde la oposición, el radical chubutense Gustavo Menna consideró “un expolio” el proyecto, al que consideró “inconstitucional”. “Con esta ley se reduce la coparticipación al 1,40%, aseguró, afirmando que “el Gobierno nacional ha avanzado sin acordar absolutamente nada. La reducción de la coparticipación es absolutamente inválida, la haga el Poder Ejecutivo, la haga el Congreso, si no viene precedida de un acuerdo de parte”, puntualizó.

Menna sostuvo que el artículo 75 de la Constitución también ordena que cuando la Nación le transfiere un servicio a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerlo con la contrapartida de recursos, tal cual indica la Carta Magna reformada en el 94. “Después se llenan la boca hablando de federalismo, (cuando) tienen antecedentes sobrados de unitarismo fiscal”, afirmó. “Esta ley pretende convalidar el manotazo del decreto 735. No es cierto que al rebajarle el coeficiente a la Ciudad de Buenos Aires de 3,50 a 2,32 se haya actuado en defensa de las demás provincias. Esto no es cierto porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la de Tierra del Fuego, no es a expensas de la distribución secundaria de la coparticipación: es a expensas de la primaria, de la Nación, porque en 1988 ninguno de esos estados tenía autonomía”.

“Los fondos que le están quitando a la Ciudad de Buenos Aires van a parar a (Axel) Kicillof”, disparó promediando su discurso, considerando la decisión del Gobierno nacional “un antecedente gravísimo” disparado a partir “de la incapacidad de Kicillof de resolver un conflicto salarial en su provincia”.

Las modificaciones

El diputado Pablo González intervino entonces para negar que se busque desfinanciar a la Ciudad y detalló los cambios aplicados a la media sanción proveniente del Senado. En el artículo 2° de la norma contó que se estableció que “el gasto anual que demande las transferencias realizadas a CABA en el marco del convenio aprobado por el artículo 1 de la presente y sus mecanismos de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la presente”.

El párrafo siguiente indica, precisó González, “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”.

El último párrafo del artículo 2° modificado dice: “El Presupuesto General de la administración nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo”.

El artículo 3° también modificado prevé qué va a pasar hasta tanto el acuerdo se perfeccione. “Hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.

El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.

El artículo 5° con modificaciones queda así: “El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adecuación del presente.

Los artículos 6, 7 y 8 no tienen modificaciones de la media sanción del Senado de la Nación.

Rechazo opositor

A través de una cuestión de privilegio, el diputado nacional Alejandro García calificó de “escandaloso” que la norma se modificara prácticamente de manera sustancial. “Recapaciten”, le reclamó al oficialismo a los gritos, afirmando que la norma “no va a resistir ningún análisis cuando se judicialice

“Todas las leyes deben tener propósitos y objetivos”, sostuvo el diputado Pablo Tonelli, para quien el propósito de este proyecto es “perverso”, por cuanto el mismo es “perjudicar, dañar y discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no por casualidad está gobernada y bien administrada por un dirigente opositor”. A eso atribuyó las modificaciones anunciadas: “para atenuar un poco la perversidad de la ley”.

Para Tonelli, “lo que no puede ser discutido es la notoria ilegalidad del proyecto de ley”. Al respecto, señaló que hubo una transferencia de servicios “importantísima” ante lo cual “tiene que haber transferencia de recursos”, y según la Constitución eso se debe hacer a partir de acuerdos, y con automaticidad. “Y el único modo para que haya verdadera y real automaticidad es que las transferencias se produzcan por puntos de coparticipación, no por la firma del secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al otro no”, agregó.

“Qué extraño resulta debatir después de las 4 de la mañana una ley que no es la que vimos”, arrancó Jorge Sarghini, que cuestionó los cambios aplicados a la norma, anunciados “ligeramente”. “Cambiaron la ley”, afirmó.

“A nosotros no nos cambia nada; tenemos decidido abstenernos en esta votación, como dijimos en un primer momento”, recordó. “Hoy hay un conflicto interjurisdiccional que ya tiene un único lugar de resolución que es la Corte, nos guste o no”, anticipó, asegurando que tanto el Gobierno anterior como el actual emitieron decretos que no cumplen con el “federalismo de concertación”.

“Creo que este es un problema político”, aseveró Facundo Suárez Lastra, para quien “la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una ciudad”, aclarando que “duplica todos los días sus habitantes, que es algo que no pasa en otro territorio”. Por otra parte advirtió que “la Argentina para levantarse necesita que nos respetemos. Lo que está haciendo el presidente es dividir a la Ciudad del interior”.

“Hablan de unidad y no hacen más que alimentar la grieta. El único plan económico de este gobierno es quitarle recursos a todos los sectores que no los votaron para dársela a los clientes -disparó en su intervención Fernando Iglesias-. A los que han reducido a la condición de súbditos de un país medieval que es el que gobiernan ustedes”.

Sobre el final del prolongado debate, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, invitó a los diputados del oficialismo que hablaron de las diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad a “caminar por el sur”, donde se instaló la Jefatura de Gobierno y donde se construyó la Villa Olímpica, por ejemplo. Elogió en ese sentido los avances de la Ciudad a partir de la llegada del Pro al poder, y atribuyó entonces el “ataque” del oficialismo al distrito a una cuestión política contra su jefe de Gobierno.

“Se puede construir de otra manera, se puede discutir en la Legislatura. Yo no creo que esto sea casual, que nos denuncien penalmente, los ataques, y la verdad que el Gobierno de la Ciudad merecía más respeto”, afirmó, recordando el papel cercano que tuvo su jefe de Gobierno durante la pandemia. “Hoy estamos asistiendo a un robo a la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que sepan recapacitar”, y terminó con un mensaje a los diputados cordobeses sugiriendo que en pocos días se podría ver en los boletines oficiales “qué los hizo preocuparse tanto por la Ciudad de Buenos Aires”,

El cierre de Máximo Kirchner

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, quien aludió de entrada a las cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición. “Son herramientas políticas; hay que tener paciencia y tenemos toda la paciencia del mundo”, señaló, agradeciendo a sus pares el comportamiento “a pesar de la catarata de agravios”. Cuestionó de paso que JxC no hubiera habilitado el tratamiento de la ley de etiquetado frontal.

Luego se refirió al incremento de la coparticipación porteña “para mantener solo a su policía”, advirtiendo que “fue casi una metáfora perfecta de lo que sucedió en el Gobierno de Mauricio Macri”, señalando que “la deuda de la Ciudad de Buenos Aires a diciembre de 2015 estaba en el 80% en dólares; cuando se empieza a desarrollar, ¿qué hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Reduce inteligentemente al 60% la deuda en dólares. Pero a nivel nacional hicieron exactamente al revés”.

Para evitar hablar de discriminación, Kirchner detalló la asistencia del gobierno nacional en materia de ATP y en política sanitaria, beneficiando a la Ciudad. Detalló además el endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que “el expresidente Macri le dio más a la ciudad que más tenía”.

“Todas las culpas las tiene el peronismo… Es preocupante que haya sectores sociales que se crean superiores al resto. De la Rúa era abogado y volcó al país en dos años… Y un tornero en Brasil sacó al país adelante”, apuntó, en un pasaje.

Tras mencionar que en un discurso otro diputado recordó la cantidad de habitantes de personas de otros distritos que utilizan los hospitales porteños, Máximo Kirchner señaló que entonces “están mal puestos los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires”, disparó a las 8 de la mañana: “Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo de que fracasó a nivel nacional, y sino miren cómo votaron las provincias argentinas a pesar de todos los aprietes en estos cuatro años”, agregó en uno de sus pasajes más encendidos.

“Yo no sé si el actual jefe de Gobierno será o no presidente de todos los argentinos; ojalá sea el primer jefe de Gobierno en hacer algo diferente a De la Rúa o a Macri, porque cada vez que nos gobernó un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el país terminó endeudado y patas para arriba”, concluyó Máximo Kirchner.

El texto sobre la coparticipación, enviado por el presidente Alberto Fernández y aprobado en el Senado, establece que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se financiará a través de una suma inicial estimada en 24.500 millones de pesos, que serán actualizados de forma trimestral según una combinación del índice salarial promedio de la Policía Federal y el índice de inflación.

El monto estipulado se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro nacional hacia la Ciudad, dejando de formar parte del porcentaje de coparticipación.

De esta manera, se convalida el convenio de transferencia firmado el 5 de enero de 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Frente de Todos logró abrir la sesión con el quórum justo, 129 presentes, gracias al aporte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; dos de los cuatro diputados de Córdoba Federal -Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo-; Nicolás Del Caño, del PTS; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino; y Felipe Álvarez, de Acción Federal.

La Cámara de Diputados logró arrancar la sesión pedida por el oficialismo a las 13.44, pero de inmediato el diputado Marcelo Casaretto solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos para continuar una reunión que se presume muy polémica y en la que el oficialismo busca convertir en ley el proyecto que reduce la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Colaboraron con el oficialismo para acceder al quórum la izquierda, a través de Nicolás del Caño, Felipe Alvarez -el riojano que recientemente dejó Juntos por el Cambio-, la neuquina Alma Sapag, los diputados integrantes del bloque que conduce José Luis Ramón, y la mitad del bloque Córdoba Federal, Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo.

La sesión, que se reanudó puntualmente a las 14, se presume conflictiva entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por cuanto sobre el filo de la finalización de las sesiones ordinarias el Gobierno buscará asestarle el tiro del final a la embestida sobre CABA, por cuanto en caso de aprobarse el proyecto venido del Senado, el mismo se convertirá en ley.

Concluido el cuarto intermedio, la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, pidió votar por mayoría simple una alteración en el orden del debate para poner en primer lugar del debate el tema de los fondos de la Ciudad, habida cuenta de que había muchos homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, que demorarían sino el tratamiento de ese proyecto. Y al argumentar su pedido invocó el artículo 127 del reglamento, inciso 7, lo que motivó la reacción de la secretaria parlamentaria del interbloque JxC, Silvia Lospennato, que rechazó que ese artículo permitiera hacer lo que pedía.

“Bueno, evidentemente no tienen ánimo de colaborar con el comienzo de la sesión”, se quejó Moreau, a lo que Lospennato insistió, invocando en cambio el artículo 170 y advirtiendo que el proyecto en cuestión no era un asunto pendiente, por lo que solo se podía alterar el orden con los dos tercios.

La sesión incluye otros tres proyectos. Por un lado, el proyecto de promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas; otro sobre acceso y navegación gratuita por servicios de internet a través de dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades.

Y por último, la declaración de interés nacional del proyecto de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina.

Como se ve, tres proyectos consensuados y uno que sin lugar a dudas generará fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Dicha iniciativa ya despertó polémica el viernes pasado, cuando obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Las autoridades de la Cámara de Diputados oficializaron el domingo la convocatoria para este lunes, lo que despertará seguramente fuertes críticas de parte de la oposición, que ya fueron anticipadas el viernes por el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, quien a través de Twitter cuestionó la situación, diciendo que “una vez más el oficialismo en Diputados cita irregularmente a sesión especial de un viernes para un lunes tras haber cerrado la mesa de entradas”.

“Lo que va a tratar Diputados es peor que el decreto que obligó a la Ciudad a presentarse ante la Corte, porque ya no sólo le niega la coparticipación para la transferencia sino que lo pone en el presupuesto con una cifra mucho menor. Esto le implicaría a la Ciudad una pérdida de 166 millones de pesos por día por la transferencia de la policía y de todos sus servicios de seguridad”, expresó el diputado porteño Sergio Abrevaya sobre el tratamiento que la Cámara de Diputados dará este lunes a la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que ya cuenta con aprobación del Senado.

En el mismo sentido, Abrevaya agregó: “En contra del federalismo, la plata que le niegan a la Ciudad de Buenos Aires en términos de coparticipación significa una menor autonomía y una absoluta dependencia de la Nación. El kirchnerismo y el gobierno nacional quieren someter a la Ciudad a partir del giro de dinero a voluntad. Esto implica la violación del federalismo y el no respeto a la CABA como provincia. Esto es peor que el decreto y habrá que ir a la Corte nuevamente. El feudalismo argentino sigue pensando que los porteños tenemos que estar sometidos a una dirigencia política que atrasa y que es inútll, parasitaria y de economía primaria”.

“Esta estafa perpetrada por el gobierno nacional y varias provincias implica, por otro lado, la denegación del equilibrio de poderes, ya que a lo largo de las últimas dos décadas varias provincias han recurrido a la Corte para resolver las diferencias con Nación por el tema de la coparticipación. En este caso, no están permitiéndole a la Ciudad, reconocida por la Corte como provincia, hacer lo mismo”, sostuvo el legislador por el GEN respecto de los intentos de coacción al Poder Judicial.

Para finalizar, Abrevaya sentenció que “no sólo fue el decreto, sino que ahora golpean con una Ley para que otra vez la Ciudad se tenga que presentar ante la Corte. Le pedimos y apoyamos al Jefe de Gobierno de la CABA para que vaya a la Corte nuevamente por esta Ley, por su inconstitucionalidad”.

Un lunes especial y atípico será este 30 de noviembre último día del período de sesiones ordinarias. Porque además de arrancar a partir de las 10 de la mañana un nuevo debate sobre la legalización del aborto, dos horas después se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria para ajustar detalles sobre la sesión especial que tendrá lugar a partir de las 13.30.

La misma había sido solicitada el viernes pasado a última hora por el bloque que conduce Máximo Kirchner, incluyendo en el temario una serie de temas entre los cuales sobresale el convenio de transferencia de las fuerzas de seguridad a la ciudad. Dicho en otras palabras, la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, sobre el filo de la finalización de las sesiones ordinarias, el oficialismo buscará asestarle el tiro del final a la embestida sobre CABA, por cuanto en caso de aprobarse el proyecto venido del Senado, el mismo se convertirá en ley.

La nota, suscripta por los diputados Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Cristina Alvarez Rodríguez, José Luis Gioja, Pablo Carro, Blanca Osuna, Claudia Bernazza, Rosa Muñoz, Nilda Carrizo, Florencia Lampreabe y Paula Penacca, incluye otros tres proyectos de ley.

Por un lado, el proyecto de promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas; otro sobre acceso y navegación gratuita por servicios de internet a través de dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades.

Y por último, la declaración de interés nacional del proyecto de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina.

Como se ve, tres proyectos consensuados y uno que sin lugar a dudas generará fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Dicha iniciativa ya despertó polémica el viernes pasado, cuando obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Las autoridades de la Cámara de Diputados oficializaron este domingo la convocatoria para este lunes, lo que despertará seguramente fuertes críticas de parte de la oposición, que ya fueron anticipadas el viernes por el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, quien a través de Twitter cuestionó la situación, diciendo que “una vez más el oficialismo en Diputados cita irregularmente a sesión especial de un viernes para un lunes tras haber cerrado la mesa de entradas”.

Ese día no había sido aún oficializada, cosa que sucedió este domingo, lo que sin dudas despertará reacciones de parte de la oposición.

Por José Angel Di Mauro

Sonó curioso cuando al anunciar la extensión del DISPO hasta el 20 de diciembre, el presidente recomendara a los argentinos “cuidarse”. Es que todavía estaban frescas las imágenes del día anterior, cuando miles de personas aparecieron abarrotadas, sin barbijo, ni la menor precaución epidemiológica en el multitudinario velatorio organizado precisamente por el Gobierno nacional para despedir al ídolo Diego Armando Maradona. Fue conveniente entonces que al día siguiente del aquelarre en la Ciudad, Alberto Fernández retomara las actividades para refrescarle al país que si bien los contagios han disminuido de manera notoria -no así los muertos diarios-  todavía estamos en pandemia.

Así y todo, será difícil que la gente vuelva a recuperar la disciplina impuesta durante la cuarentena. Muchos incluso han dejado desde esta semana de usar el tapabocas que se ha revelado como uno de los elementos de prevención del coronavirus más efectivos. Ni qué decir de las medidas de distanciamiento que -a instancias de las autoridades que permitieron semejante demostración pública- han quedado eclipsadas en el imaginario colectivo a partir de lo que se vio el jueves pasado.

Los especialistas que desde hace nueve meses vienen lidiando con la pandemia se agarraban la cabeza con el solo anuncio del velatorio público en un lugar cerrado. Imagínense las caras cuando vieron las imágenes del descontrol. Lo que lamentan no son los contagios que pueden haberse disparado ese día, sino el mensaje que eso dejó.

El presidente no dudó al enterarse de la infausta noticia, y tras decretar tres días de duelo nacional y poner el Gobierno a disposición de la familia Maradona, suspendió sus actividades de ese día -el martes-, pero también las del resto de la semana. Pareció exagerada la decisión, más allá de que las circunstancias eran a todas luces excepcionales. El ejemplo también cuadra: si el primer mandatario deja todas las actividades de lado, qué esperar del ciudadano de a pie que no dudó en hacer lo propio y arreglárselas para estar en Plaza de Mayo, aunque el transporte siga reservado estrictamente a los “esenciales”.

La suspensión de la agenda incluía los anuncios del viernes sobre cómo seguirían las medidas sanitarias al vencer este fin de semana la vigencia del último decreto sobre el tema. Es que el Gobierno imaginaba dos días de velatorio, más allá de que la viuda del ídolo y sus hijas expresaron de entrada su deseo de una breve despedida. El objetivo de extenderlo al menos hasta el viernes estuvo expuesto de entrada cuando desde lo más alto del poder se habló de “un millón de personas” asistiendo al velatorio. Un simple cálculo matemático dejaba claro que esa cantidad no podría desfilar frente al féretro en apenas diez horas. Sino pasa lo que terminó pasando.

La familia se mantuvo inflexible y apenas concedió extender la ceremonia tres horas más, que al final no se utilizaron porque sobrevino el caos.

Quedó claro el error del escenario elegido para la despedida. El Gobierno lo justificó argumentando que hubiera sido peor si ellos no lo hubieran organizado. Faltó decir que si hubiera sido en un estadio de fútbol -en La Paternal o La Boca- el control hubiera estado delimitado a las autoridades porteñas, que lo hubieran arruinado… Cierto es que el presidente dejó la elección en manos de Claudia Villafañe: Argentinos -el club del que es hincha- o la Rosada, y ella se quedó con esta última opción. Que era la que el Gobierno deseaba, como contribución a la liturgia oficial. Con el recuerdo no tan lejano del velatorio multitudinario de Néstor Kirchner en el mismo ámbito, hasta convocaron a Javier Grosman quien estuvo a cargo de la organización de los funerales del expresidente, como así también de los festejos del Bicentenario.

¿Por qué no se hizo en el Congreso, un escenario más habitual para ese tipo de eventos? No faltará el que recuerde que el Parlamento es un ámbito dominado por la vicepresidenta de la Nación y Fernández quería el protagonismo para sí. Sería injusto dar esa hipótesis como válida, aunque pueda sonar certera. Lo cierto es que el Poder Legislativo tenía en su última semana de período ordinario una agenda demasiado apretada como para alterarla con semejante evento. Esa es la explicación más certera de porqué razón nunca estuvo en consideración cierta el Palacio Legislativo para despedir al astro.

De hecho, la Cámara de Senadores tenía tanta urgencia por liquidar su agenda que habían programado una doble sesión para jueves y viernes, que se mantuvo inalterable hasta cerca del mediodía del jueves, pocas horas antes del inicio de la sesión especial en la que se debía debatir el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si bien Juntos por el Cambio adelantó su apoyo, es una sesión en la que el oficialismo aprovechará para pasar facturas por el endeudamiento contraído por Mauricio Macri. Esa sesión se postergó al final hasta este lunes, último día del período ordinario.

No así la sesión especial del viernes, que se mantuvo y llevó adelante para aprobar el último episodio del año en esa Cámara de la agenda judicial del cristinismo: la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que implica no solo un cambio en las mayorías para elegir al procurador general, sino también le da mucho poder a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que hoy preside el senador camporista Martín Doñate y quien colaboró activamente en la redacción de este proyecto que obtuvo media sanción el viernes.

Durante la sesión, quedaron bien expuestos dos de los principales inspiradores de esta iniciativa, por la manera como la que se refirieron varios oficialistas al procurador provisional Eduardo Casal y al fiscal federal Carlos Stornelli, víctimas seguras de esta ley en caso de que se apruebe en Diputados.

Como dijimos, el temario de la sesión del jueves se postergó para este lunes, dedicándose la reunión de ese día a homenajear a Maradona, por espacio de algo más de una hora. Cristina Kirchner estuvo solo en el inicio, tras lo cual, como hace comúnmente, se retiró del recinto, esta vez para asistir a la despedida del ídolo. No iba a la Casa Rosada desde el mes de abril, cuando se anunció el acuerdo por la deuda, y según dicen no se veía con Alberto Fernández desde hacía dos meses. A juzgar por los gestos, la ocasión no sirvió para recomponer una relación signada hoy por cierta frialdad.

Tras pasar por la capilla ardiente y ya en el inicio de los incidentes, la expresidenta fue al despacho de quien es su hombre más cercano en el Gobierno, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. No fue casual que en esos momentos el funcionario tuiteara responsabilizando al Gobierno de la Ciudad por la represión de la Policía porteña. Otro miembro de La Cámpora integrante del Gobierno, Horacio Pietragalla, denunció al día siguiente a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli por “la represión violenta y desmedida” de las fuerzas de seguridad de la Ciudad durante el funeral. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, trató de ponerle paños fríos a esta nueva escalada entre Nación y CABA, al señalar ayer que la denuncia de Pietragalla fue “una decisión consulta” y que es “un procedimiento habitual de la secretaría cuando se busca investigar algún uso desmedido de la fuerza y cuando hay abuso institucional”.

Este nuevo choque entre el Gobierno nacional y Rodríguez Larreta tendrá un nuevo capítulo este lunes, como dijimos, último día de sesiones ordinarias. Es que el viernes, mientras el oficialismo se disponía a dar media sanción a la reforma del Ministerio Público, se conoció a última hora la presentación de un pedido de sesión por parte del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, para convertir en ley mañana el convenio de transferencia de las fuerzas de seguridad a la Ciudad. Que en rigor no es otra cosa que un fuerte recorte a la coparticipación porteña.

El proyecto había sido aprobado en el Senado a principios de octubre y luego fue “dormido” en Diputados hasta que se lo desempolvó hace una semana para darle dictamen en una sola reunión de comisión. Así y todo pasó esta última semana sin sesionar Diputados y cuando se vislumbraba que su tratamiento quedaría relegado a que el presidente lo incluyera en extraordinarias, llegó el pedido de sesión del Frente de Todos para el último día de sesiones ordinarias. Para sorpresa incluso de las autoridades de la Cámara baja, que como con el impuesto a las grandes fortunas parecían tener otros planes.

En vísperas del tratamiento en la Cámara baja del proyecto que le restará una parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, los diputados de Consenso Federal llamaron al Gobierno nacional y a las autoridades porteñas a encontrar los caminos que permitan llegar a acuerdos, sin necesidad de la intervención legislativa.

En efecto Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez expresaron este sábado que en caso de no llegar a un acuerdo “que se expidan las instancias institucionales que correspondan”, pero “no el Congreso”.

A través de un comunicado, los diputados alineados con el excandidato presidencial Roberto Lavagna aclararon que “el federalismo argentino es un sistema institucional encarnado en la propia Constitución nNacional, no un dispositivo instrumental para ser manipulado a la medida del Poder Ejecutivo de turno en el marco de disputas coyunturales”.

“Más grave aún, el Gobierno federal no puede ni debe ser desnaturalizado, ni bastardeado, para dirimir disputa política alguna”, señalaron, a propósito de la polémica generada entre Nación y CABA, en cuyo marco este lunes el oficialismo buscará transformar en ley un proyecto que le generará a la Ciudad una merma de fondos. Con todo, los diputados advirtieron que “en contra del federalismo, el expresidente Mauricio Macri hizo uso discrecional de los recursos nacionales para favorecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los diputados lavagnistas señalan que “el Gobierno actual abandona el camino del diálogo iniciado con la Ciudad y elige una vía rápida para quitarle fondos a una jurisdicción federal”, ante lo cual sostienen que “poner al Congreso de la Nación a resolver lo que el Gobierno no quiso arreglar, es un atajo política e institucionalmente inadecuado, propio de quienes no confían en el diálogo, en los acuerdos esenciales sobre los que históricamente se ha construido el federalismo argentino”.