Para la diputada, el presidente “cree que castiga al jefe de Gobierno y en realidad castiga a los más de tres millones habitantes de la Capital Federal y a los que vienen a la Ciudad desde el Conurbano y utilizan sus servicios”.
La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña cuestionó este sábado la “rapidez” con la que el oficialismo emitió dictamen este viernes para el proyecto que recorta la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires: “Nos sorprendió, ya que no pudimos tener informes técnicos”, remarcó.
Alertó sobre la “reducción drástica” que implicará sobre la ciudad esta medida, cuantificando la pérdida de la Ciudad para el próximo año en 53 mil millones de pesos. “En su momento, el costo del traspaso del servicio de seguridad de la Nación a la Ciudad fue neutro. No se le quitó a ninguna provincia”, enfatizó por CNN Radio.
La legisladora calificó de “intempestiva e inconsulta la medida” y destacó que a raíz de ello la Ciudad debió presentar este viernes “un presupuesto de emergencia, aumentando los impuestos”.
“Esto lo termina pagando el contribuyente. Alberto Fernández cree que castiga al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) y en realidad castiga a los más de tres millones de habitantes de la Capital Federal y a los que vienen a la Ciudad desde el Conurbano y utilizan sus servicios”, aclaró.
Por tal motivo, Ocaña señaló que “Larreta ya comenzó a ajustar el presupuesto en los ministerios”, y ejemplificó: “La Ciudad perdió fondos en el marco de una tremenda pandemia. Lo que no va a percibir equivale al sueldo de 10 meses de todo el personal de salud”.
“El Gobierno de la Ciudad ha hecho un recorte, pero no puede sostenerse sobre eso. Hay voluntad de Rodríguez Larreta de mantener la excelencia de los servicios”, evaluó. Y aclaró que espera que “la Corte falle a favor” de la Ciudad, pero mientras tanto la conducción porteña “debe prever recursos para brindar servicios esenciales”.
Por tal motivo contó que “se suspenden todas las grandes obras”, al tiempo que aludió a una “cifra antojadiza” puesta por el Gobierno nacional en un distrito en el que, enfatizó, “nunca hubo exceso de fondos”. Así, indicó, “se debilita la autonomía”.
“Muchos creen que es una forma de poner de rodillas a la Ciudad y están equivocados”, sostuvo Ocaña, que en otro orden señaló que “no se puede seguir manteniendo fronteras interiores que no existen, como tampoco existe la pelea entre porteños e interior a la que quieren reducir” algunos temas. “Hay gobiernos que atrasan. Son autoritarios y feudales. No hubo una acción lógica de las autoridades nacionales en fijar un protocolo único para todo el país. Ha habido situaciones de violencia institucional durante la cuarentena más larga del mundo”, respondió al ser consultada sobre el calvario de Abigail, la chica de 12 años con un tumor en una pierna que debió ser cargada en brazos por su padre para cruzar de Tucumán a Santiago del Estero, y la espera de los formoseños varados durante meses sin poder ingresar en la provincia. “Y no son los únicos casos”, cerró.
En la primera y única reunión de comisión para debatir el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe CABA en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para ese distrito, se lo dejó listo para llegar al recinto.
En un extenso plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el santacruceño Pablo González, y de Presupuesto y Hacienda, que maneja el porteño Carlos Heller, se analizó el proyecto que cuenta con media sanción del Senado por el cual se aprueba el convenio de transferencia de las fuerzas de seguridad. Al cabo de más de cinco horas de discusión, se aprobó un dictamen de mayoría por 43 firmas, mientras que el dictamen de rechazo emitido por la oposición cosechó 34 rúbricas.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aprueba el convenio firmado en enero de 2016 que transfiere progresivamente a la Ciudad las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito.
En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero destinado a atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.
En el inicio del debate, el diputado kirchnerista Pablo González aseguró que “en manera alguna se busca perjudicar a la Ciudad, sino que se trata de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos del servicio de seguridad”. Usó como prueba los datos del Presupuesto y aseguró que “la ciudad fue la que más aumentó sus ingresos por encima de la media”.
González cargó contra el decreto original del presidente Mauricio Macri que a su juicio “modificó de manera ilegal los índices de coparticipación y estableció e incrementó esa masa coparticipable en 165%. Algunos legisladores que han sido gobernadores pueden recordar los debates que han tenido lugar en el CFI”.
“No corresponde aumentar de esta forma la coparticipación; no existían estudios, ni se determinó el porqué de estos montos. Recién después se aclaró que este aumento iba a ir a la policía, en un decreto que se dicta a posterioridad”, señaló Pablo González, que recordó luego que “había un compromiso del Gobierno nacional de readecuar esto y eso no pasó nunca. Después se readecuó ese porcentaje en un 50%”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales aseguró que la Ciudad de Buenos Aires percibió 206.758 millones; si la transferencia teórica hubiera sido 1,40% , hubiera representado 80.960 millones, con lo cual hay una diferencia de 125 mil millones. Pero además, el Estado nacional continuó ejerciendo funciones de seguridad federal en todo el país; se pactó que recién en mayo de 2017 empezó la ciudad a pagar el salario de los miembros de la Policía Federal. Los ingresos de la federal además fueron reduciéndose”.
El primero en hablar de Juntos por el Cambio fue el chubutense Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien pidió postergar la firma del dictamen. “Dada la complejidad y trascendencia que tiene este tema, la detracción trascendente muy grande de recursos a la Ciudad, estamos hablando de una cuestión que tiene anclaje constitucional”, afirmó el legislador patagónico. A su juicio, el decreto 735 por el cual el presidente Alberto Fernández redujo la coparticipación de la Ciudad, y esta ley en discusión, dijo Menna, “terminan de completar un despojo de dimensiones inéditas a una de las partes componentes del Estado argentino y este tema no ha tenido ningún tratamiento en comisión. Fuimos anoticiados ayer de esta reunión de comisión”.
Para Menna, había que analizar los informes sobre el tema, y “de mínima” escuchar a los ministros que refrendaron el decreto 735, el jefe de Gabinete, Martín Guzmán y Eduardo “Wado” De Pedro. Por eso insistió en que “para darle seriedad a un tratamiento que de ninguna manera puede ser apresurado, no puede ser exprés, le pido se considere la moción para que previo avanzar en la consideración de esta cuestión, dispongamos una ronda de reuniones informativas”.
Pablo González le aclaró que reglamentariamente el oficialismo tenía la facultad para establecer el temario. “Lo vamos a someter a consideración y queremos hoy emitir un dictamen”, aclaró, admitiendo que la posición de Menna había sido “muy bien fundada, pero con argumentos que no son atendibles, teniendo en cuenta que esa modificación de coparticipación trae un vicio de origen: el decreto 193/16”.
“Nuestra posición es avanzar hoy en la emisión del dictamen”, dejó claro el diputado santacruceño.
A continuación, el diputado porteño de JxC Alejandro García sostuvo en el mismo sentido que “no puede avanzar esta comisión a las apuradas y empujones sin contar con los elementos informativos. Estamos discutiendo sobre datos absolutamente falsos. Le pido por favor que no nos haga cargo de los números que hace, no podemos avanzar sobre este tema con argumentos falsos”.
“Usted está simulando una reunión, esta situación no se merece una simulación”, advirtió García.
Intervino entonces Carlos Heller, que aclaró que contrariamente a la aseveración de la oposición de que habían accedido a la información con 24 horas de antelación, en realidad el 5 de octubre la información había sido subida y estuvo a disposición de todos los diputados. “Por lo tanto, aducir que no hubo tiempo para informarse suena a argumento no sustentable con la realidad”, remarcó. Y agregó: “Yo no creo que tuvieran que esperar a que los convoquen a la reunión para abocarse al estudio de todo lo que estamos hablando”.
Y concluyó señalando que en el Senado estuvieron especialistas y ministros, y toda información está disponible, por lo que consideró que los argumentos de la oposición “son argumentos que buscan dilatar el debate”.
Desde el plano institucional, el diputado Pablo Tonelli rechazó el proyecto oficialista por razones institucionales, constitucionales y jurídicas “que determinan la inconstitucionalidad de este proyecto”.
“El problema mayor se presenta en el artículo 5°, a partir de la entrada en vigencia de esta ley”, aseguró el legislador del Pro, para quien el Poder Ejecutivo “modificará de manera unilateral, inconsulta, como ya lo ha hecho por dereto el porcentaje de coparticipación de la ciudad, y esto es inconstitucional, porque nuestra Constitución en materia de coparticipación tiene establecidos principios que son muy claros y fáciles de entender, que no se respetan en este caso”.
Tonelli explicó que “el único modo de modificar los acuerdos es mediante acuerdos. Y en este punto, hasta el dictado del decreto 735, que claramente es inconstitucional, hasta el momento ese en cada una de las oportunidades en que se estableció el porcentaje de coparticipación que le corresponde al a Ciudad se lo hizo mediante acuerdo entre Nación y Ciudad. Hasta entonces nunca había habido decisiones unilaterales de esas que la Corte Suprema tacha de inconstitucional”.
“Cuando se estableció el primer porcentaje, de 1,4, después del acta complementaria del convenio de financiamiento, ratificada luego por ley y por decreto. Posteriormente, cuando en 2016 se incrementa al 3,75% ese incremento luego de celebrarse el convenio de traspaso de competencias en materia de seguridad no federal; poco tiempo después se redujo al 3,5% como consecuencia de un acuerdo para un nuevo federalismo, el 18 de mayo de 2016. Es decir, hasta el decreto 875, que es claramente inconstitucional, todos los decretos que habían establecido los porcentajes eran sobre la base de un previo acuerdo. Es lo que establece la Constitución. Ni hablemos del 875, que ni siquiera cumplió con el acuerdo. El 194 no es inconstitucional, porque es el reflejo de un previo acuerdo”, concluyó en tono doctoral.
Desde el oficialismo, la catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó los argumentos de la oposición, y como exgobernadora se refirió al Consenso Fiscal, señalando que una de las cláusulas para que los gobernadores lo firmaran era que si no lo hacían les quitaban el Fondo Sojero. Sin embargo un día el gobierno de Macri se los quitó y se enteraron por los diarios. “De la misma manera que nos enterams que entraba el Fondo”, deslizó.
La catamarqueña sostuvo que ese dinero que recibió CABA era parte de la coparticipación de la Nación. “Ese porcentaje es muy superior a lo que necesita la Ciudad de Buenos Aires. Y el distrito más poderoso del país solidariamente tiene que ceder algo que le está sobrando y que además viene de fondos nacionales, para otro distrito que la está pasando mal y que además tuvo una dificultad con las fuerzas policiales”.
Y concluyó: “Cuando a nosotros nos retiraron el Fondo Sojero no escuché a otros diputados que dijeran nada. Esta fondo le está quitando lo que sobra, no se dio para las fuerzas de seguridad, sino para otras cosas, yo la verdad considero que esto es justo”.
Habiéndose rechazado la moción de postergar el debate, Gustavo Menna volvió a intervenir para señalar que “acá lo único que motiva a esto es la revancha y favorecer discrecionalmente a un solo distrito, mientras se abandona a otro. Que alguien me explique cuál es la razón para salir corriendo a ayudar a un distrito para que pueda aumentarle los sueldos a la policía, y no a otro cuando piden no un aumento sino que les paguen el sueldo”.
Por su parte, el diputado Jorge Enríquez anticipó el rechazo de la media sanción proveniente del Senado al considerla “inconstitucional, improvisada y unilateral, que atenta contra el federalismo”. Y agregó: “Los gobiernos kirchneristas borran con el codo lo que está escrito en la Constitución, se inclinan siempre por los gobiernos amigos y no los contrarios”.
El oficialista Martín Soria sostuvo en cambio que “este proyecto viene a poner equidad a una situación generada por Macri sin análisis alguno, sin ningún consenso, sin debate… Por eso hoy nos llama la atención que algunos vengan a plantear que este tema no haya tenido debate, cuando viene debatiéndose desde 2016. Por eso llama la atención que algunos al principio hayan querido entorpecer el tratamiento con argumentos infantiles”.
Más adelante, Luciano Laspina habló de una “evidente persecución política, n ataque al federalismo, porque la Ciudad de Buenos Aires forma parte de ese federalismo”, y advirtió que esta decisión opera como “un antecedente nefasto para otras provincias”.
Sobre el final, recordó “la persecución que sufrió Mauricio Macri, y a pesar de todo ganó las elecciones… Como decía Perón, con los medios en contra ganamos, con los medios a favor perdimos; con los recursos en contra ganamos, con los recursos a favor perdimos… Así que por ahí nos están haciendo un favor”.
“Si Matías Lammens hubiese ganado las elecciones, esta discusión no se hubiese llevado a cabo”, señaló a su turno Paula Oliveto, para quien “es muy triste que te discriminen por votar distinto”.
A su turno, Graciela Ocaña subrayó que “esta decisión de Alberto Fernández es sumamente errónea y significa un retroceso en los servicios de la Ciudad” y añadió que “el Gobierno castiga a los porteños porque le han dado la espalda electoralmente”. La legisladora nacional señaló ejemplificó además que “la Ciudad ya ha dejado de percibir 13 mil millones de pesos y el año que viene serán 53 mil millones, lo que significan 10 meses de sueldo del personal de la salud u 8 meses de los costos de la salud y más de la mitad de las inversiones en seguridad para los porteños”.
“La realidad indica que hoy se está corrigiendo una enorme inequidad”, afirmó sobre el final Leopoldo Moreau, porque “cuando Macri cedió estos recursos supuestamente para favorecer el traspaso de la policía para que se transformara en Policía Metropolitana, nadie pidió planillas para saber si se estaban dando los recursos necesarios o se estaba utilizando este pretexto para darle a la Ciudad más recursos de los que realmente se necesitaban”.
Previamente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó un dictamen de consenso que incrementa progresivamente el presupuesto destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia. La norma tiene por objetivo la federalización, la generación de empleos de calidad, el desarrollo integral de la ciencia y tecnología, la igualdad de género, la integración institucional y la promoción de la participación privada. Además, se dictaminó con disidencias el proyecto de presupuestos mínimos para implementación de la educación ambiental en la Argentina, entre otras iniciativas.
Un plenario de comisiones tratará este viernes el proyecto aprobado en el Senado que aprueba el convenio de transferencia de las fuerzas de seguridad.
Comienza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, será tratada este viernes a las 15 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Pablo González y Carlos Heller.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aprueba el convenio firmado en enero de 2016 que transfiere progresivamente a la Ciudad las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito.
En el Senado la votación resultó unánime, ya que la oposición se retiró del recinto virtual y dejó al Frente de Todos y aliados votando en soledad.
En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero destinado a atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.
Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año precedente.
De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. La suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
La Legislatura porteña aprobó una declaración a través del cual le solicitan a los senadores a votar por la negativa la iniciativa que modifica el régimen de coparticipación federal.
Gracias a una iniciativa impulsada por los diputados del oficialismo, la Legislatura de la Ciudad sancionó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un texto a través de la cual busca instar a los senadores por el distrito capitalino “a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
La iniciativa había sido promovida algunos días atrás por Hernán Reyes (VJ) y otros legisladores de la Casa, quienes en los fundamentos del mismo aseguraron que “es menester que este cuerpo se exprese respecto del avasallamiento de las instituciones republicanas y federales a la que estamos asistiendo en las últimas semanas” y consideraron que “la decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Asimismo afirmaron que los senadores de la Ciudad “tienen el deber político de defender la autonomía de nuestra Ciudad. Este deber, deviene de su obligación de defender las bases de nuestro sistema federal de Gobierno establecido por el Artículo 1 de la Constitución de la Nación por la que juraron ejercer su mandato. Fueron electos con este mandato por parte de la ciudadanía y por parte de la Constitución Nacional”.
Al mismo tiempo indicaron que el proyecto remitido por el presidente de la Nación al Honorable Senado, implica una retracción de la coparticipación de la Ciudad y una asignación de un recurso no correspondiente a la masa coparticipable en función de los gastos asumidos por la Ciudad en el marco de la transferencia de los servicios de seguridad no federal” y concluyeron señalanado que “estas acciones son francamente inconstitucionales y contrarían los principios de nuestro régimen de coparticipación federal y nuestro estatus jurídico de Ciudad Autónoma consagrado a partir de la reforma constitucional de 1994”.
La medida también lleva la firma de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea (UCR-Ev), Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, María Luisa González Estevarena, Guillermo Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ) y Roy Cortina (PS).
El titular de la Legislatura porteña dio detalles de los efectos del decreto que redujo la coparticipación porteña. CABA ya dejó de percibir 3.444 millones de p esos.
El vicejefe de Gobierno porteño, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, advirtió este sábado que la Ciudad “tiene 150 millones de pesos menos por día” y el recorte ya lleva “3.444 millones de pesos en un mes luego del decreto del presidente Alberto Fernández que redujo la Coparticipación.
“Tenemos un decreto de Coparticipación desde el 9 de septiembre, que representa una pérdida de 150 millones de pesos por día, es decir 3.444 millones menos de recursos para la Ciudad en un mes. Esto es insostenible para nuestras finanzas”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.
En este sentido, recordó que el Gobierno porteño ya presentó el reclamo ante la Corte Suprema. “Esperamos con respeto la decisión. Nosotros vamos a defender a todos los argentinos que viven y vienen a la Ciudad a trabajar”, agregó el funcionario porteño.
Por otra parte, consultado sobre las nuevas aperturas, Santilli destacó el comienzo de clases para los alumnos que transitan el último año de secundario. “Este martes comienzan las clases para el quinto año secundario y en dos semanas comenzamos con los chicos que terminan la primaria, que comienzan una nueva etapa de su vida. Son unos 30.000 alumnos en el sector público y unos 35.000 en el sector privado”, especificó.
Y, en relación al retorno de los alumnos de otros niveles educativos, añadió: “Queremos ir gradualmente reconectando. Si los números de contagios continúan descendiendo se puede pensar en otra cosa. La Ciudad venía con 1100 casos diarios hace tres semanas y hoy estamos en 900, con un R en 0,96, es decir un descenso sostenido desde hace 5 semanas”.
También destacó que “avanzamos con la rehabilitación de obras, grabación de cine y publicidad, postas aeróbicas, espacios comunes para los convivientes de un edificio, y las visita a los geriátricos”.
En otra línea, consultado sobre la apertura de shoppings, Santilli sostuvo que todo lo referido a los “ambientes cerrados serán para otra etapa” ya que “ahora estamos consolidando todo lo referido al aire libre”.
“Los deportes que se practican siguen siendo individuales y el tema del fútbol cinco podremos verlo en la próxima etapa”, dijo, al tiempo que se refirió a la habilitación de piletas: “Las que son al aire libre puede que comiencen a funcionar para la temporada de verano”.
Por último, aclaró que la actividad de empleadas domésticas ya está habilitada, residan dónde residan, pero siempre y cuando el traslado sea en transporte privado, ya que “el transporte público sigue siendo para personal esencial”.
La iniciativa impulsada por el Gobierno establece un nuevo mecanismo a través del cual el distrito porteño recibirá los fondos para los gastos en seguridad. La votación fue por unanimidad, ya que la oposición se retiró del recinto virtual. Ahora la discusión pasa a la Cámara de Diputados.
Por Melisa Jofré
Tras más de cinco horas de debate, el oficialismo en el Senado aprobó este viernes el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso hace dos semanas, fue avalada por unanimidad, ya que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se desconectaron del recinto virtual. El Frente de Todos reunió 42 votos afirmativos con el apoyo de los monobloquistas Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.
A través del proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero que representó atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.
Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.
De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. En tanto, la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad tendrán que informar “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores” establecidos en la fórmula, “de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”.
“El INDEC, a solicitud de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Economía, verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes”, agrega la iniciativa.
Además, el proyecto habilita al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias de este año y prevé que el Poder Ejecutivo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, podrá readecuar los recursos de coparticipación que le corresponden a la Ciudad, con lo cual, antes de fin de año el territorio porteño podría ver la merma en los fondos.
Esta iniciativa se suma a una medida anterior en la que, en el marco del conflicto policial bonaerense, el Gobierno nacional llevó al 2,32% el coeficiente de coparticipación para la CABA mediante un decreto. Por esa medida, la administración porteña recurrió a la Corte Suprema.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lamentó que las discusiones terminen en la Justicia. “Es la misma lógica que conocimos en los últimos años. Cuando se quitan recursos de manera discrecional, cuando no se acuerda con la jurisdicción, cuando se deja de lado la concertación para confrontar, ¿cuál es el camino final? Una vez más, ante el fracaso de la política, será la Justicia. Y en este caso, la Corte”, señaló.
El radical insistió en que “no ha habido consenso; ha existido la quita de un punto de una jurisdicción para solucionar el problema de otra jurisdicción, que -dicho sea de paso- recibió el 51% del total de las transferencias a jurisdicciones subnacionales” previo al conflicto con la Policía bonaerense, lo que equivale a “más de 71.000 millones de pesos”.
Ante lo que llamó como “el problema de la sábana corta”, el formoseño se preguntó “cuál será la próxima provincia” en perder recursos “cuando no alcance por la impericia de la gestión”.
En tanto, el titular del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que se trata de “una distribución justa y equitativa de los recursos, dando más al que más lo necesita”, y apuntó al “relato salvaje de la oposición contra el Gobierno nacional”. “Aprovechan la pandemia para ver cómo hacen para dañar la imagen del Gobierno”, lanzó.
“Si analizamos el Presupuesto Nacional, ni se imaginan lo que recibe la Ciudad, ‘la gran ciudad que está siendo perjudicada’ según la oposición”, planteó Mayans, y sentenció: “Lo que es triste es ver a senadores que representan a provincias que tienen dificultades defender al centralismo”.
Además, el senador criticó la “incoherencia” de la oposición por haber participado de una sesión que “consideran inválida”.
Caluroso debate entre oficialistas y opositores
Abrió el debate -que se extendió por más de cinco horas- la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), quien aseguró que el proyecto “no se trata ni de odio, ni de revanchismo, sino de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas”.
“Este proyecto de ley no es en contra de los porteños”, remarcó la santafesina, que además criticó que durante la gestión anterior “(el expresidente Mauricio) Macri le dio el 3,75% discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta”. Y agregó que el convenio de transferencia de la Policía Federal y los decretos posteriores carecieron de “fundamentos” e “informes técnicos”.
A continuación, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), afirmó que el coeficiente de coparticipación para la Ciudad “se modificó de un modo totalmente arbitrario” en “una cuestión de amiguismo”.
El cordobés precisó que los gastos netos por el traspaso en 2016 fueron de “6.826 millones de pesos, pero el incremento de coparticipación que recibió la Ciudad significó 16.386 millones de pesos”, con lo cual “solo en el primer año hay 10.560 millones de pesos que la Ciudad recibió de más en función de los servicios transferidos”.
Y si se suman los montos hasta 2019, los gastos representaron “39.525 millones de pesos y el incremento de la coparticipación fue de 125.794 millones. La Ciudad se quedó con 86.269 millones que no correspondían”, indicó y resaltó que “fue un abuso impresionante”. “Sería muy importante que la Ciudad de Buenos Aires devuelva ese excedente, porque son recursos de todos los argentinos”, lanzó.
Desde la oposición, el porteño Martín Lousteau (UCR) expresó que la primera rebaja de coparticipación, con el objetivo de asistir a la provincia de Buenos Aires en el conflicto policial, tuvo “intencionalidad política” y fue “inoportuna, súbita, improvisada y burda la manera en cómo se hizo”.
El opositor aseveró que “el presidente decidió sacarle la plata a la Ciudad” mientras que a la provincia de Buenos Aires “ya le dieron mucho más que a otras”. “Le dieron casi lo mismo que al resto de las 23 provincias en lo que va del año, pero si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados”, disparó.
También advirtió que al estar contemplados los recursos en el Presupuesto, “con el Presupuesto le pueden bajar más todavía el dinero a la Ciudad”. “¿Cuántas jurisdicciones van a buscar lo que tienen en el Presupuesto tantos años y no está? Por todos estos motivos y otros es que la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial, entonces esta materia se va a tener que definir en otro lugar, porque es claramente inconstitucional lo que estamos tratando”, añadió.
Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) se quejó que “con Mauricio Macri en el Gobierno nacional se le dio casi el triple, miles de millones de pesos más de lo que la Capital Federal necesitaba para los servicios transferidos”. “Qué caro que nos salió a todos los argentinos y argentinas la administración de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri como presidente de la Nación”, exclamó.
Otra de las voces en contra fue la de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), quien alertó que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”. “Mal hace una autoridad nacional cuando cree que graciosamente distribuye los recursos que le pertenecen a las provincias en perjuicio de otra”, opinó.
La macrista recordó: “No es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central y no entienden que los recursos son de las provincias. A los cordobeses nos sacaron el 15% de la coparticipación de un plumazo, quien preside hoy el Senado (en referencia a Cristina Kirchner)”.
Avanzado el debate, el bonaerense Jorge Taiana (Frente de Todos) manifestó que enviar el Convenio para su aprobación es “un acto de reparación ante una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri”.
Al momento de su intervención, el neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) realizó un repaso histórico del nacimiento de la Ciudad de Buenos Aires como capital y señaló: “Todos los argentinos invertimos plata en la Ciudad. Es la que más recauda porque es en la que más gastan todos los argentinos”.
El oficialista observó que, según el Presupuesto porteño de 2019, hubo gastos en “publicidad, consultorías, catering”, entre otros aspectos, por un total de “6 mil millones de pesos”, lo cual representa “el doble del presupuesto total de Concordia (Entre Ríos)”. También lo comparó con el del partido de La Matanza, que es de “12 mil millones de pesos”, es decir, “los gastos superfluos de la Ciudad son la mitad del total de La Matanza”, dijo.
Luego fue el turno de dos bonaerenses. La opositora Gladys González (Pro) cuestionó: “Me da tristeza y me parece increíble que mis compañeros senadores oficialistas se lamenten por lo bueno que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se lamentan? ¿Se lamentan del Metrobus, que lo que significó fue que los trabajadores viajen mejor y más rápido? ¿Se lamentan del SAME, de la excelencia del SAME? ¿Se lamentan de un sistema de salud que recibe 50% de pacientes que no son porteños?”.
En tanto, su par Esteban Bullrich (Pro) sostuvo que la gestión anterior dejó “a mi provincia con 4,5% más de coparticipación, eso es federalismo, hablemos claro, hablemos con números. El discurso barato no sirve”. “Esto es un parche y un parche no resuelve el problema”, subrayó.
En el último tramo, la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri vinculó la iniciativa con “un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político”. “La Ciudad les esquiva electoralmente, esa es la razón para quitarle el presupuesto”, le reprochó al oficialismo.
Cerca del final del debate, Mariano Recalde (Frente de Todos) calificó de “ilegal” el decreto de Macri que le otorgó más fondos a la Ciudad, y consideró que “lo que necesita la ciudad más rica de la Argentina no es de tantos recursos, sino una gestión que piense en los que más necesitan”.
El porteño le reprochó al Gobierno de Cambiemos no haber seguido “los pasos constitucionales correspondientes” al momento del traspaso de la Policía, por lo que habló de “una transferencia de recursos que estuvo mal hecha”, no solo por considerar que fue inconstitucional, sino también con “una intencionalidad política”.
Recalde insistió en que la medida fue “inconstitucional porque no pasó por el Congreso; infundada y excesiva, porque ni siquiera exhibieron los números que fundamenten esa enorme transferencia de recursos a la Ciudad, e incluso cuando empezaron a discutir los números en este Congreso, se demostró que era excesiva, cosa que no solo reconoció el propio ministro Rogelio Frigerio en 2016 ante gobernadores, sino que se comprometió a corregirlo y no lo hizo”.
El senador porteño oficialista negó que la medida afecte a los porteños, ya que esos recursos que logró Larreta “no llegaron al pueblo de la Ciudad”.
Siendo este debate sobre la reducción de la coparticipación porteña, era muy esperado el discurso del representante oficialista de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde. Y a la hora de expresarse, el senador camporista no dudó en justificar su voto positivo, hablando de la necesidad de “recuperar lo que se dio de manera excesiva e inequitativa”.
El legislador calificó de “ilegal” el decreto de Mauricio Macri que le otorgó más fondos a la Ciudad de Buenos Aires y concluyó su discurso afirmando que “lo que necesita la ciudad más rica de la Argentina no es de tantos recursos, sino una gestión que piense en los que más necesitan. Y necesita de una reparación histórica para esos habitantes del sur de la ciudad, tan postergados y olvidados por el Gobierno de la Ciudad”.
El extitular de Aerolíneas Argentinas aclaró que “acá no estamos discutiendo sobre coparticipación”, algo que reconoció como “complejo, con muchos requisitos”. Lo que estaba en discusión, dijo, es lo que establece el artículo 75 de la Constitución, sobre la transferencia de competencias, servicios o funciones. “Lo que dice la Constitución es que debe hacerse con recursos y aprobarse con una ley del Congreso”, señaló Recalde, que agregó que “se hizo con recursos, pero no con ley. Por decreto, como acostumbraba a hacerlo el expresidente Mauricio Macri”.
Recalde le reprochó al Gobierno de Cambiemos no haber seguido “los pasos constitucionales correspondientes”, por lo que habló de “una transferencia de recursos que estuvo mal hecha”, no solo por considerar que fue inconstitucional, sino también con “una intencionalidad política y una fundamentación subjetiva”.
El legislador señaló que la medida fue “inconstitucional porque no pasó por el Congreso; infundada y excesiva, porque ni siquiera exhibieron los números que fundamenten esa enorme transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, e incluso cuando empezaron a discutir los números en este Congreso, se demostró que era excesiva, cosa que no solo reconoció el propio ministro Rogelio Frigerio en 2016 ante gobernadores, sino que se comprometió a corregirlo y no lo hizo”.
El senador kirchnerista admitió que puede haber “un margen de discusión en torno a cuántos son los recursos necesarios para sostener la política y cómo se actualiza y cuánto se paga”.
“Pero en esa discusión política hay una decisión mayoritaria que voy a acompañar”, anunció, apuntando que la medida adoptada en 2016 fue “inequitativa”, y le disparó al expresidente al adjudicarle “coherencia”, porque “siempre destinó recursos a los más ricos. En la reasignación de recursos y partidas, también benefició no a un pueblito como Anillaco, sino a la ciudad más rica del país”.
“Voy a votar en contra del decreto porque estamos haciendo un acto de justicia”, remarcó, asegurando que con esa quita de recursos “no se afecta al pueblo, es otro error en el discurso. Estos recursos que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta no llegaron al pueblo de la ciudad, como tampoco llegaron al pueblo de la Nación argentina esos millones de dólares que se tomaron de deuda externa”.
Sobre el final, Recalde refutó que le estuvieran quitando fondos a la ciudad en plena pandemia, sosteniendo en cambio que el jefe de Gobierno porteño es el que le quita recursos a la ciudad en medio de la pandemia. Y citó el caso de los cinco millones de barbijos comprados a 3 mil pesos cada uno, habló de “contratos de hoteles a gente cercana a funcionarios con sobreprecios” y hasta veredas en la Costanera por 90 millones de pesos, entre otras cosas. “Le saca a los porteños para darle a sus amigos”, aseguró, y agregó que de “ese mayor presupuesto que le dio Macri a Larreta se fue 1.041 millones para el mantenimiento de los edificios de la Policía de la Ciudad, todas adjudicaciones hechas a aportantes de la campaña de Macri.
Y aseguró además que “estas partidas improcedentes que recibió, el Gobierno de la Ciudad ya sabía que no le correspondía y la las tenía previsionadas en el presupuesto”.
La senadora porteña del Pro criticó duramente al Gobierno nacional en la sesión de este viernes y dijo que se trata de “un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político”.
Muy crítica contra el Gobierno nacional, la senadora porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires les esquiva electoralmente, esa es la razón para quitarle el presupuesto”, y aseguró que el proyecto para bajar la coparticipación al distrito porteño se trata de “un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político”.
La legisladora cuestionó que “se ha escuchado a lo largo de toda la tarde una larga cantidad de mentiras” y apuntó contra “mentiras” del Gobierno nacional en campaña, como “cuando nos dijeron que iban a construir una Argentina sin revanchismo político”.
La macrista se quejó de que la Ciudad se enteró “por televisión” de la quita de un punto de coparticipación para resolver el conflicto policial bonaerense, y que esa rebaja se da “en el medio de una pandemia y de una crisis económica y social como hace años Argentina no vive”.
También expresó que la medida fue “sin diálogo, unilateralmente, sin consenso, lastimando y agrediendo a aquellas gestiones que son eficientes”. Al tiempo que con este proyecto de ley “se sigue intentando socavar la autonomía de Buenos Aires”.
“Digan lo que digan este proyecto de ley es inconstitucional”, aseguró Tagliaferri, al indicar que “viola el artículo 75”. Además, acusó al oficialismo de que “tenían en claro qué número querían quitarle a la Ciudad y en función de eso armaron el cuadro”.
La senadora de Juntos por el Cambio subrayó que “cuando el Gobierno nacional transfiere una competencia debe hacerlo con los recursos” y recordó que entre 2007 y 2015 -durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner- la Nación “le pasó cero peso a la Ciudad” por el traspaso de la competencia de la justicia.
En su discurso, la porteña se quejó del “ataque” a “un gobernador, un jefe de Gobierno, que se sentó desde el día uno cuando empezó la pandemia, que buscó el diálogo, el consenso, que acató y defendió medidas que se han tomado y no necesariamente eran las que estábamos de acuerdo”. “Eso no merecía ningún tipo de revancha”, consideró y enrostró que la Ciudad hizo una “reserva de camas de terapia intensiva para los bonaerenses, pero no les importó”.
Sobre la rebaja de fondos, la legisladora del Pro detalló que “significa no pagarle el sueldo a 20 mil de los policías de la Ciudad de Buenos Aires”.
Cerca del final de la discusión del proyecto de ley, el porteño Mariano Recalde trajo a colación una escena de Mafalda y Libertad.
Quino no solo estuvo presente en el homenaje que el Senado le rindió al inicio de la sesión de este viernes. El dibujante, fallecido este miércoles a los 88 años, apareció en el discurso de Mariano Recalde (Frente de Todos), quien citó una escena de Mafalda y Libertad para hablar del tema de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
“Quería traer el recuerdo de un humorista argentino con mucho contenido social, con un humor muy inteligente, como fue Quino”, arrancó Recalde, y describió el intrincado planteo que Libertad le hace a una aturdida Mafalda en una de las historietas.
“En el debate incurrimos en este problema que vio Libertad, de explicar muy complejamente algo que es bastante simple”, comentó Recalde, y amplió: “Acá no estamos discutiendo sobre coparticipación, no hay que meterse en esta discusión, que es compleja, que no ha logrado los acuerdos para una distribución. Acá se trata simplemente de lo que dice el artículo 75 (de la Constitución Nacional), cuando habla de la transferencia de competencias, servicios o funciones, que es lo que ocurrió en 2016 (con la Policía Federal)”.
Para el senador nacional bonaerense, el proyecto viene a solucionar “una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que hizo Macri”.
El senador nacional oficialista Jorge Taiana se refirió al Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y destacó que “hace años que la Provincia de Buenos Aires viene perdiendo recursos en relación a la coparticipación pero fue con la pandemia que se agudizaron la desigualdad y los problemas estructurales que arrastra la Provincia por la falta de recursos”.
Taiana expresó: “La pandemia nos reafirmó algunas lecciones que ya sabíamos: si queremos mejorar la seguridad en el AMBA, debemos pensar al área metropolitana como un conglomerado urbano indivisible. Pensar que nos podemos salvar individualmente es una fantasía”.
Asimismo, el senador por la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “resulta obvio y manifiesto que a la Ciudad de Buenos Aires se le ha dado casi el triple de los recursos necesarios para pagar esa seguridad que se estaba transfiriendo. Fue un premio para la ciudad y un arrebato hecho por Macri, quien le otorgó miles de millones por debajo de la mesa a Rodríguez Larreta sin dar explicaciones y sin enviarlo al Congreso. Lo hizo a escondidas porque sabía que esa maniobra no iba a prosperar”. Y continuó “esa plata no se la dio a los porteños. Se la dio a Horacio Rodríguez Larreta, su socio político, retribuyendo los favores de la campaña presidencial”.
Por último, el excanciller manifestó que el Convenio de Transferencia “no es una contradicción entre unitarios y federales”, y por el contrario lo consideró “un acto de reparación ante una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri”.
Fue lo que deslizó el senador Oscar Castillo al hablar de la intencionalidad política de perjudicar a Horacio Rodríguez Larreta.
Promediando el debate sobre los fondos para la policía porteña, el diputado del Frente Cívico catamarqueño Oscar Castillo negó que lo que estaba discutiéndose fuera una disputa entre porteños y bonaerenses. “Esto se circunscribe a una disputa político entre el oficialismo y la oposición; va a ser un antecedente gravísimo si se convalida este proyecto de ley”, señaló sobre el final de un discurso en el que al principio había señalado que “en los primeros meses ya veíamos la intencionalidad del Gobierno de recortar los fondos de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y se preguntó: “¿Alguien cree honestamente en el recinto que si el jefe de Gobierno que asumió en diciembre, en vez de llamarse Horacio Rodríguez Larreta, sería Matías Lammens, o para agregarle más, Filmus, o si se apellidara Recalde, estaríamos tratando este proyecto acá, hoy? La respuesta es no. Es no. Porque la raíz política de esta decisión tiene un origen exclusivamente en la búsqueda de fastidiar, entorpecer, vulnerar, descomponer… Estoy diciendo sinónimos de la palabra más dura, que sería jod…”.
Ahí se interrumpió el audio del senador, que siguió en pantalla, hablando medio minuto sin que se lo pudiera escuchar. Pero ya había quedado claro para qué lado rumbeaba.
La senadora cordobesa del Pro subrayó que “no es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central” y calificó a la iniciativa como “un atropello al federalismo”.
Durante el debate del proyecto de ley que prevé la baja al 1,40% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado consideró que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”.
“Los recursos de la Nación son en primera instancia de las provincias”, señaló y criticó que “mal hace una autoridad nacional cuando cree que graciosamente distribuye los recursos que le pertenecen a las provincias en perjuicio de otra”.
La cordobesa señaló que “las leyes convenio son producto de acuerdos” y “jamás de manera unilateral como hizo Alberto Fernández” podría ser “una muestra de federalismo”. “Es una cachetada al federalismo que después se lo van a hacer a otras provincias”, enfatizó.
La legisladora dijo que “creer que los recursos le corresponden a la Nación y que pueden hacer lo que quieran sin respetar primero las autonomías provinciales” es algo que “ya lo han hecho otras veces”.
“No es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central y no entienden que los recursos son de las provincias. A los cordobeses nos sacaron el 15% de la coparticipación de un plumazo, quien preside hoy el Senado (en referencia a Cristina Kirchner)”, apuntó.
La opositora recordó que la provincia recurrió a la Justicia y ésta “falló a nuestro favor”, pero pasaron dos años y “fue el presidente Macri quien nos devolvió los recursos; por eso se ve que los cordobeses lo seguimos votando -lanzó-“.
Al recordar el autoacuartelamiento de la policía cordobesa en diciembre de 2013, Rodríguez Machado reclamó que en ese momento “las autoridades nacionales se negaron a mandar a la Gendarmería pese a los reiterados pedidos del gobernador” y “permitieron que pasáramos días de zozobra”. Mientras que ahora, ante el conflicto policial bonaerense, el presidente “está salvando a la provincia de Buenos Aires porque es de su signo político”.
“Este proyecto es un atropello contra el federalismo”, agregó.
El senador porteño refutó el concepto de “opulencia” atribuido a la Ciudad, aclarando que gran parte de su riqueza corresponde al sector privado. Y aclaró que CABA recauda 3 de cada 4 pesos de su propio gasto.
Previsiblemente, Martín Lousteau expresó el discurso más fundamentado de la oposición, durante la discusión en torno a la reducción de la coparticipación porteña. Arrancó recordando que todo comenzó con las protestas de la policía, y dos días después del inicio de los incidentes el presidente cuestionó “los modos de la protesta”. “Este no es el modo y espero que reflexionen”, sostuvo entonces el mandatario. “Pero sí fue el modo, porque poco después el dinero (para pagarles a los agentes) salió de la Ciudad de Buenos Aires”, reprochó el senador radical.
Lousteau recordó que el Gobierno nacional gastó durante esta pandemia 1.6 billones de pesos. “Si se hubiera emitido un peso más, en 133, hubiera resuelto el problema de la Policía bonaerense” sin necesidad de afectar los recursos de CABA. Por el contrario, dijo el senador porteño, lo que el Gobierno decidió “fue sacarle la plata a la Ciudad. A la Provincia no es que le cambie mucho, porque ya le dieron mucho más que a otras: le dieron más que a las otras 23; lo que pasa es que si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados”.
Martín Lousteau recordó la manera como se registró la quita anunciada originalmente, avisada por whatsapp un minuto antes de la conferencia de prensa. “A mí me tocó ser el primero en responder, porque había pedido salir en los canales para apoyar la institucionalidad, y me pidió el canal en el que estaba por salir que esperara a escuchar el mensaje presidencial… Pero lo que dijo el presidente era distinto a lo que yo esperaba”, enfatizó el senador.
Habló de “intencionalidad política” en la medida, que calificó como “inoportuna, súbita, improvisada y burda la manera como se hizo”.
“Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es la gran discriminada de la Argentina, por escándalo. Y que cuando uno está discriminado de esta manera, tiene debilidad política”, remarcó el senador, que recordó que durante la gestión del kirchnerismo se le congeló a la Provincia el Fondo del Conurbano, que a partir de la iniciativa de María Eugenia Vidal se elevó. “Hoy es de 52 mil millones de pesos; durante todo el kirchnerismo fue de 650 millones de pesos -detalló-. ¿Cuánta plata se perdió la provincia en esos doce años? 1,3 billones de pesos. Un presupuesto y dos meses más enteros; esa es la plata que no le dieron en todos esos años a la Provincia. Tuvo un 12% de caída en lo que debería haber recibido por ese importe durante el kirchnerismo”.
Luego aclaró que “la discusión no es las provincias versus la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma federada. La discusión histórica es el poder central contra las provincias. Es la pérdida de autonomía de todas y cada una de aquellas partes que componen nuestra federación. Esa es la discusión histórica”.
Tras cuestionar los números que la ley en discusión establece que se le darán a la Ciudad, Lousteau señaló que ese monto “no cumple con la automaticidad: transfiero funciones, pero no transfiero la plata. Queda en el Presupuesto nacional, entonces no hubo transferencia de dinero; quedó en el Presupuesto, y si esto lo sancionamos por ley, el Presupuesto también es una ley, quiere decir que mañana, con el Presupuesto le pueden bajar más todavía el dinero a la Ciudad”.
Cuando ustedes van por ahí, ven casas, edificios, ven empresas, comercios, autos… Esa riqueza es del sector privado”.
“La verdad que eso es arbitrariedad de todo tipo, y todos saben que el Presupuesto no garantiza nada. ¿Cuántas jurisdicciones van a buscar lo que tienen en el Presupuesto tantos años y no está? Por todos estos motivos y otros es que la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial, entonces esta materia se va a tener que definir en otro lugar, porque es claramente inconstitucional lo que estamos tratando hoy”, agregó.
El senador Lousteau se refirió a continuación a las referencias a “la solidaridad, la opulencia en la Ciudad”. Y precisó: “Miren, es cierto, en términos relativos en la Argentina la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. En términos relativos, por historia, porque fue la Capital Federal, que lo es todavía. Y por ende, ha acumulado obras. Pero lo que no les gusta ver es que gran parte de esa riqueza es del sector privado. Cuando ustedes van por ahí, ven casas, edificios, ven empresas, comercios, autos… Esa riqueza es del sector privado. Entonces la pregunta es si el sector público de la Ciudad de Buenos Aires es más rico que otras jurisdicciones”.
Ahí el senador de Juntos por el Cambio detalló que en materia de gasto público por habitante “Tierra del Fuego gasta más por habitante que la Ciudad de Buenos Aires; Neuquén gasta el doble por habitante que la Ciudad de Buenos Aires; Santa Cruz, Chubut, que no están en muy buena situación fiscal, gastan más que CABA; Formosa, Catamarca, de hecho la Ciudad gasta el promedio exacto entre Catamarca y La Rioja”.
“¿Cómo solventamos ese gasto? -se preguntó-. 3 de cada 4 pesos los recauda, sola. ¿Y el resto? Viene del Gobierno nacional, pero la Ciudad contribuye a la coparticipación 7 pesos por cada uno que recibe”.
Con todo, reconoció que así como hay sectores ricos, también hay pobres: “Uno de cada 12 vive en un barrio popular, hay 600 mil porteños pobres”.
Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es la gran discriminada de la Argentina, por escándalo. Y que cuando uno está discriminado de esta manera, tiene debilidad política”.
Luego detalló a qué equivale el dinero que dejará de percibir CABA: “A que todos aquellos que viven en la Ciudad tengan que pagar el doble del impuesto inmobiliario, ABL y patentes. Equivale a todo el costo de la recolección de residuos por año; equivale a un año de salarios de todas las fuerzas de seguridad; a 11 meses de los salarios docentes; un año del personal de salud en salarios; un año de las transferencias sociales que hace la Ciudad”.
Sobre el final, Lousteau les preguntó a los que votarían esa ley, por obediencia o disciplina partidaria, si se imaginaban lo que pasaría en sus provincias si les hicieran eso. Si algo así se adoptara “de la noche a la mañana, en un contexto de pandemia, cuando cae la recaudación y aumentan los gastos. El impacto de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires es el 20% del Presupuesto. Y ahora ustedes le agregan otro tanto, 50%. La mitad de lo que se perdió se la van a agregar sacándoselo a un distrito que un montón de argentinos utilizan. ¿Esto es federalismo en serio?”.
La senadora oficialista aseguró que el proyecto apunta a “recomponer lo que dice la Constitución Nacional”. “Macri le dio el 3,75% discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta”, dijo y criticó que el traspaso de la Policía Federal no contaba con informes técnicos.
La senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun afirmó que el proyecto de ley que prevé la baja al 1,40% del coeficiente de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires “no se trata ni de odio, ni de revanchismo, sino de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas”.
“Este proyecto de ley no es en contra de los porteños”, remarcó la santafesina, que criticó que durante la gestión anterior “(el expresidente Mauricio) Macri le dio el 3,75% discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta”.
Miembro informante del oficialismo, la legisladora recordó que el porcentaje acordado en el convenio de transferencia de las facultades y funciones de seguridad al distrito porteño, firmado en enero de 2016, “se triplicó” con el tiempo, de una manera que “carece de todo tipo de informe técnico, financiero, y violenta lo que establece la Constitución”.
“El Gobierno ha respetado y respetará el 1,40% que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al tiempo que mencionó que el traspaso de la Policía Federal pasó por la Legislatura de la Ciudad y no por el Congreso Nacional.
Y apuntó: “Sí se dictó un decreto triplicando ese porcentaje de coparticipación del 1,40% a 3,75%, sin ningún tipo de fundamentación. Cuando se advierte que eso había ocurrido, se dicta un segundo decreto, el complementario de ese 194 de 2016, donde se pretende imputar esa triplicación en el coeficiente de coparticipación a la transferencia de la seguridad en materia no federales a la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se explicita de dónde salen esos fondos”.
Sacnun señaló entonces que desde numerosos legisladores advirtieron que esa ley no había pasado por el Parlamento.
Al recordar que en el Consenso Fiscal de 2017 el coeficiente se redujo a 3,50%, la senadora argumentó que igualmente esa porcentaje “no estaba en ningún lado consensuado ni con el resto de las provincias, ni había pasado por el Parlamento”.
La oficialista remarcó, además, que la Ciudad de Buenos Aires “tiene un status jurídico distinto” y “de ninguna manera puede asimilarse con una provincia”. “De hecho, quien la preside es jefe de Gobierno y no es llamado gobernador”, agregó.
“El monto coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires es del 1,40% y, en todo caso, los recursos que debemos estimar para transferirle son recursos que se deben estimar conforme a un fundamento, un estudio desde el punto de vista técnico, económico y contable”, completó.
El Frente de Todos cuenta con los números para avanzar con el proyecto que lleva el coeficiente a 1,4% y establece una fórmula para calcular los gastos en seguridad. Además, la iniciativa de economía del conocimiento recibirá modificaciones y volverá a Diputados.
En un día inhabitual, el Senado comenzó este viernes su sesión especial a las 14.22, durante la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que establece una baja al 1,4% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, al reducir los recursos que son girados al distrito porteño por los gastos de la Policía Federal traspasada durante la gestión anterior.
Además, se tratará la iniciativa de economía del conocimiento, que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En el comienzo, el pleno tratará el decreto 16/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se habilitó que cuatro senadores más puedan estar presentes en el recinto durante las sesiones remotas -dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio-.
Dicho decreto modifica el 14/20, ratificado hace dos semanas atrás por el voto de la mayoría, pero con el rechazo de la oposición -salvo Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana-, que planteó que la prórroga del funcionamiento remoto se trata de un cambio de reglamento y, por ende, requiere de los dos tercios de los votos -es decir, mayoría especial-. Por este tema, Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia.
El temario continuará con el ingreso de un paquete de pliegos enviados por Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el de Raúl Daniel Bejas, juez federal de Tucumán, candidato a ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral.
Convenio de transferencia de la competencia de seguridad a la Ciudad
La primera iniciativa del temario propone la aprobación del convenio de traspaso de la Policía Federal desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, firmado en enero de 2016 por el gobierno anterior.
El proyecto trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos -de acuerdo a los recursos que significó este año-, y establece que ese monto se actualizará anualmente por una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.
También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.
“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.
Economía del conocimiento
Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva.
La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.
Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las PyMEs, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.
La Cámara alta sesionará a partir de las 14, con los números asegurados para la aprobación del proyecto. También tratarán economía del conocimiento. Habrá debate en torno a las sesiones remotas.
En un día inhabitual para sesionar, la Cámara alta se reunirá este viernes a partir de las 14 con un temario que incluye solo dos proyectos de ley que prometen un intenso debate. Por un lado, la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión anterior; y por el otro, el régimen de promoción de la economía del conocimiento.
Pero para el inicio se espera un renovado debate en torno al protocolo para sesionar de manera remota. Es que se someterá a consideración un decreto firmado el miércoles pasado por la vicepresidenta Cristina Kirchner (el 16/20) que modifica la prórroga de las sesiones remotas, habilitando la presencia de cuatro senadores más en el recinto, dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio. Estos senadores se sumarán a la presidenta provisional y los tres vicepresidentes, que ya estaban habilitados desde el inicio de esta modalidad.
Como sea, la discusión promete ser dura, ya que Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia y, por ende, no avala el sistema en tanto no se apruebe con una mayoría especial.
En el arranque de la sesión se dará cuenta de los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo solicitando pedidos de acuerdos. Luego avanzarán con la aprobación del convenio de transferencia progresiva de facultades y funcionamiento de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre CABA y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.
El dictamen del proyecto fue suscripto el jueves pasado y establece la aprobación del proyecto que fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad, en el marco del Convenio aprobado, en 24.500 millones de pesos. Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente.
El Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos mencionados.
La suma establecida se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad, y su actualización se realizará en forma trimestral.
El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la CABA informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2° (salario promedio de la Policía Federal Argentina e índice de precios al consumidor), de acuerdo con sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración.
El INDEC, a solicitud de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Economía, verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley.
El jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto 2020 conforme a la prórroga de la ley 27.467 establecida por el decreto N° 4 del 2 de enero de 2020 y las modificaciones introducidas por la ley 27.561, a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la CABA por aplicación del artículo 8° de la ley 23.548 (Coparticipación federal) y sus modificaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del decreto N° 735/20.
Se faculta al Ministerio de Economía a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a esta ley.
Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.
Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.
La Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con un proyecto impulsado por Vamos Juntos en el que les solicitan a los senadores votar en contra del recorte de los recursos coparticipables y abrió un nuevo debate entre el oficialismo y la oposición.
Anticipándose al debate que se dará en la Cámara alta del Congreso nacional, la Comisión de Asuntos Constitucionales –a cargo del diputado Hernán Reyes (VJ)- firmó el dictamen favorable de un proyecto que exhorta a los senadores nacionales de la Ciudad a oponerse al recorte de recursos coparticipables que decretó el Gobierno de la Nación, lo que generó un debate entre oficialismo y oposición.
Dicho pronunciamiento “insta a los representante de la CABA en el Senado de la Nación a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento del sistema de seguridad y a defender la autonomía de la Ciudad”.
Durante el debate que se generó en la Comisión, Reyes leyó el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad, que reza: “ñas autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Por su parte Gastón Blanchetiere (VJ) reclamó a sus pares “cumplir ese mandato constitucional al margen del color político de cada banca, ya que todos juramos cumplir con la Constitución”. Mientras que la opositora Cecilia Segura (FdT) consideró que “el proyecto es anti reglamentario e inconstitucional” y que no procede a la Legislatura “instar a otro a hacer o dejar de hacer algo y menos obligar a otro cuerpo legislativo de otra jurisdicción y a senadores de la Nación a votar de determinada manera”.
No obstante Blanchetiere replicó que “confunden el Estado con el partido y creen que tenemos que estar agradeciendo cada dádiva del Presidente a cada jurisdicción”.
Apoyando los dichos de Segura, Lucía Cámpora (FdT) dio su postura a favor el decreto presidencial con cifras, porcentuales comparativos y circunstancias del traspaso a la Ciudad de los servicios de seguridad no federales y sus correspondientes recursos; y tildó de “chicana” a la iniciativa del bloque VJ.
En tanto Sergio Abrevaya (GEN) recordó que “esta Legislatura ya ha votado varias declaraciones muchos más duras que esta, con recomendaciones de lo que hay que hacer o no” y aseveró: “El Congreso Nacional no puede violentar el equilibrio federal de los acuerdos entre la Nación y las provincias”. Tras recordar que un fallo de la Corte confirmó el rango de provincia que tiene la Ciudad, dijo que “al parecer, en la Argentina cuando se habla de federalismo no incluyen ni a la Ciudad ni a la Provincia de Buenos Aires”.
Además consideró que “es la violencia de la Nación, que de forma inconsulta se lleva puesto lo que le corresponde a una provincia, en este caso la Ciudad, lo que justifica esta declaración y que se haya recurrido a la Corte Suprema de Justicia” y advirtió que “el sistema de te mandaré o no te mandaré la plata, yo te voy a decir en qué podés gastar y cuánto, no respeta el estatus jurídico de una provincia”.
A su vez Cecilia Ferrero (VJ), coincidió al respecto e indicó que “también debemos referirnos a las formas, porque de un día para el otro y por decreto nos sacan fondos a la Ciudad que estaban presupuestados y que hacían a la previsibilidad y ni siquiera esos recursos van a la masa coparticipable, sino que se los pasan al gobernador de la Provincia”.
Mientras que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) solicitó que, además del proyecto de declaración, “discutamos el fondo de la cuestión, porque la Ciudad no puede ser autónoma sin los recursos que le corresponden y que ahora se le otorgan en base a una discrecionalidad pura” del Ejecutivo nacional.
Sobre el final del debate en comisión, Esteban Garrido (VJ) recordó que entre la firma del dictamen al proyecto y su tratamiento en sesión ordinaria hay un tiempo en el que “existe la posibilidad de seguir dialogado para un texto acordado, porque lo importante es si estamos de acuerdo o no en defender los intereses de la Ciudad a la que representamos”.
Finalmente Reyes concluyó señalando que “no creo que sea bueno subestimarse como legisladores de la Ciudad. Tienen el derecho político de decirles a sus senadores y diputados nacionales que se nieguen a votar una ley que es en contra de los vecinos”.
Participaron de la reunión Hernán Arce (PS), Santiago Roberto (FdT), Manuela Thourte (UCR-Ev); Natalia Fidel, Gimena Villafruela y Victoria Roldán Méndez (VJ).
El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, presentó en la Legislatura un comunicado en el que informó que de demorará la presentación de esa ley pero que se garantizará su debate en la Comisión de Presupuesto.
A raíz de la decisión presidencial de reducir la coparticipación y debido a la crisis económica que atraviesa la Ciudad por la pandemia del Covid 19, el ministro de Hacienda y Finanzas del distrito capitalino, Martín Mura, presentó en la Legislatura porteña un comunicado en el que informó que se retrasará la presentación del proyecto que busca modificar el Código Fiscal vigente, la Ley Tarifaria 2021 y Proyecto de Presupuesto General para el 2021.
En la misiva el ministro explicó que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social”.
Asimismo remarcó que “recientemente el Gobierno nacional mediante el dictado del Decreto 735 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico – tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones” y destacó que “ante la gravedad del escenario se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado Nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución”.
Sobre esa misma línea, el funcionario indicó que aún no se tiene la certeza sobre cuanta será la reducción de la coparticipación ya que el Gobierno nacional envió al Congreso “un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de 24.500 millones de pesos, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”.
“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad, fueron impulsadas por el Gobierno Nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la pandemia del Covid 19”, aseguró Mura y destacó que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.
No obstante, desde el Gobierno porteño aseguraron que se garantizará el debate sobre estas importantes leyes en la Comisión de Presupuesto, la cual está a cargo del legislador de Vamos Juntos Claudio Romero.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este miércoles para debatir un proyecto de declaración a través del cual buscarán a los senadores a votar por la negativa la iniciativa que modifica el régimen de coparticipación federal.
A raíz de la intención del Gobierno nacional de reducir la coparticipación que percibe la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Asuntos Constitucionales -a cargo del oficialista Hernán Reyes (VJ)- buscará avanzar este miércoles con el debate de un proyecto de declaración a través de la cual busca instar a los senadores por el distrito capitalino “a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
La iniciativa había sido promovida algunos días atrás por el propio Reyes y otros legisladores de la Casa, quienes en los fundamentos del mismo aseguraron que “esmenester que este cuerpo se exprese respecto del avasallamiento de las instituciones republicanas y federales a la que estamos asistiendo en las últimas semanas” y consideraron que “la decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Asimismo afirmaron que los senadores de la Ciudad “tienen el deber político de defender la autonomía de nuestra Ciudad. Este deber, deviene de su obligación de defender las bases de nuestro sistema federal de Gobierno establecido por el Artículo 1 de la Constitución de la Nación por la que juraron ejercer su mandato. Fueron electos con este mandato por parte de la ciudadanía y por parte de la Constitución Nacional”.
Al mismo tiempo indicaron que el proyecto remitido por el presidente de la Nación al Honorable Senado, implica una retracción de la coparticipación de la Ciudad y una asignación de un recurso no correspondiente a la masa coparticipable en función de los gastos asumidos por la Ciudad en el marco de la transferencia de los servicios de seguridad no federal” y concluyeron señalanado que “estas acciones son francamente inconstitucionales y contrarían los principios de nuestro régimen de coparticipación federal y nuestro estatus jurídico de Ciudad Autónoma consagrado a partir de la reforma constitucional de 1994”.
La medida también lleva la firma de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea (UCR-Ev), Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, María Luisa González Estevarena, Guillermo Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ) y Roy Cortina (PS).
La senadora del Pro reclamó la quita de recursos “en medio de un Presupuesto funcionando, de una pandemia y de una crisis económica mundial”.
La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) enfatizó que el proyecto de ley que estima bajar a 1,4% la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires “vulnera un montón de derechos básicos y del federalismo“, porque “se está revirtiendo algo que ya está otorgado a una jurisdicción; se está tratando a la Ciudad como si no fuera una jurisdicción más; y se está perdiendo autonomía”.
Además, la porteña reclamó que la iniciativa se plantea “en la mitad de un Presupuesto funcionando, en la mitad de una pandemia, en la mitad de una crisis económica mundial”. “Si la plata la tiene el Estado Nacional, la competencia de la seguridad no fue traspasada con su presupuesto”, señaló, en referencia a que las transferencias de competencias deben ser con los recursos correspondientes.
La macrista se preguntó si los fondos para la seguridad “¿es plata para el gobierno de turno? No, es plata para el funcionamiento de una jurisdicción”. “Es plata para prestarle atención y servicios a más de seis millones de argentinos que viven, transitan, se educan y vienen a la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.
Además, la legisladora expresó que el dinero que se pierde “se paga con los impuestos de la gente o en imposibilidad de seguir mejorando el sistema de seguridad”. “No estamos hablando solo de policías y de patrulleros, es la competencia de la seguridad”, agregó.
Asimismo, en declaraciones a radio Milenium, criticó que en esta decisión “no hay un acuerdo, no hay un convenio firmado”, sino que “es algo unilateral, un solo lugar decidió”, en referencia al Gobierno nacional.
El oficialista Hernán Reyes (VJ) impulsó en la Legislatura un proyecto de declaración a través del cual buscarán a los senadores a votar por la negativa la iniciativa que modifica el régimen de coparticipación federal.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentara un proyecto a través del cual buscará modificar la coparticipación que percibe la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes impulsó una iniciativa de declaración en la Legislatura porteña a través de la cual busca instar a los senadores por el distrito capitalino “a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador consideró que “esmenester que este cuerpo se exprese respecto del avasallamiento de las instituciones republicanas y federales a la que estamos asistiendo en las últimas semanas” y advirtió que “la decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Sobre esa misma línea remarcó que los senadores de la Ciudad “tienen el deber político de defender la autonomía de nuestra Ciudad. Este deber, deviene de su obligación de defender las bases de nuestro sistema federal de Gobierno establecido por el Artículo 1 de la Constitución de la Nación por la que juraron ejercer su mandato. Fueron electos con este mandato por parte de la ciudadanía y por parte de la Constitución Nacional”.
“Los medios elegidos por el señor Presidente de la Nación, suponen un desconocimiento de nuestro estatus jurídico autónomo y las bases que fundan nuestro sistema federal de distribución del poder y de distribución de los recursos. Siendo, este tipo de iniciativas, un peligro para el natural desarrollo institucional de nuestro sistema federal, para la Ciudad de Buenos Aires o para cualquier otra provincia”, aseveró.
Asimismo Reyes señaló que “el proyecto remitido por el presidente de la Nación al Honorable Senado, implica una retracción de la coparticipación de la Ciudad y una asignación de un recurso no correspondiente a la masa coparticipable en función de los gastos asumidos por la Ciudad en el marco de la transferencia de los servicios de seguridad no federal”, señaló y concluyó afirmando que “estas acciones son francamente inconstitucionales y contrarían los principios de nuestro régimen de coparticipación federal y nuestro estatus jurídico de Ciudad Autónoma consagrado a partir de la reforma constitucional de 1994”.
La medida también lleva la firma de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea (UCR-Ev), Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, María Luisa González Estevarena, Guillermo Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ) y Roy Cortina (PS).
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia […]
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el Estado nacional y el gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016.
Concluida esta tercera audiencia con invitados, el dictamen pasó a la firma para quedar listo para su tratamiento en el recinto.
Los primeros en exponer fueron representantes de la Comisión Federal de Impuestos. La presentación fue iniciada por su presidente, y ministro de Economía de la provincia de Catamarca, Sebastián Veliz, quien sostuvo que “no hay una modificación del índice de distribución de coparticipación para las provincias”, sino que “únicamente se modifica el índice de participación del Poder Ejecutivo nacional haciendo uso del Art. 8 de la Ley 23.548 y el Art. 4” y detalló tanto que “el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos establecida por la ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria” como que “lo que está afectando este Decreto, y que dio lugar a este proyecto de ley, es la distribución primaria”.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión y ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, Ignacio Perincioli resaltó que “nosotros como representantes de las 25 jurisdicciones nos atenemos a opinar lo mismo que se ha opinado en el año 2016”, que “no es una cuestión que nos correspondía a nosotros emitir una opinión, porque no hay una modificación de la coparticipación”.
A continuación, el director ejecutivo Juan Chirino se refirió a la “función jurisdiccional que efectuó la Comisión Federal de Impuestos”, señalando que “la Comisión administrativamente lo que realizaba era recepcionar los informes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran presentados por la Secretaría de Hacienda todos los años y ponerlo a disposición de las jurisdicciones sin intervención porque la intervención no corresponde por competencia que así se determinara”, afirmó.
A continuación, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Mura, recordó que “estamos hablando de una transferencia de competencias y funciones”, y realizó un resumen del análisis realizado en el año 2016 para determinar el valor porcentual transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en base al valor de esa prestación en el año 2015”.
Además, consideró que el Decreto 735 es “unilateral” y que tiene un “impacto enorme para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lo que queda del año y para el próximo”, luego de lo cual hizo mención de “lo que está mal de ese presupuesto o ese informe que hizo el Ministerio del Interior para establecer ese número”.
Luego, el director de Relaciones Institucionales AFIP, Alejandro Otero, resumió que el proyecto “transparenta el valor el costo que tiene esta prestación”, “endereza situaciones que requerían ser enderezadas” y “establece un régimen de transición para asegurar los recursos transitoriamente y readecuándolos a la situación prevista en el proyecto para no dejar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires frente a la prestación de este servicio en tanto no se apruebe y no tenga vigencia la ley”.
Asimismo, destacó que “no hay duda de que la Ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancemos hacia una nueva ley de coparticipación. En tanto en el régimen actual queda claro que las transferencias de competencias deben estar acompañadas de los correspondientes recursos vía transferencia presupuestaria”.
A su turno, el director del Departamento de Economía de FCRE-UBA, Javier Curcio, afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad Autónoma, al igual que las 23 provincias, tiene derecho a contar con transferencias automáticas”, y que “seguramente la mayor riqueza relativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires implicará que esta jurisdicción va a recibir proporcional recursos participables sensiblemente menores a los que aporta a través de sus bases imponibles al igual que otras jurisdicciones que también cuentan con mayores recursos propios, recursos naturales o con otros factores que hacen que dentro de ese esquema tengan que recibir menos de lo que aportan y hagan primar el criterio redistributivo por sobre el criterio devolutivo”.
“En este contexto la transferencia que propone el proyecto de ley rompe esa característica de automaticidad que tienen estas asignaciones y puede generar por el acceso de esos recursos para la Ciudad dificultades respecto de la continuidad y la sostenibilidad de estos recursos además de ponerla en un pie de desigualdad frente a otras jurisdicciones que reciben fondos equivalentes de forma automática”.
Por su parte, el diputado mandato cumplido y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Ricardo Gil Lavedra subrayó que “la Ciudad tiene la misma jerarquía en este punto que las provincias y es un actor dentro del federalismo fiscal argentino”.
“Yo creo que el Convenio tiene una vigencia absolutamente legitima” y que “esta perfectamente convalidado”, afirmó a continuación, para luego considerar que “esto no puede ser dejado sin efecto unilateralmente y por varias razones”. Al respecto, reflexionó que “dicen que se le dio mucho, que se le dio en exceso o que no hay una ley. Dos caminos: o un nuevo acuerdo o un nuevo Convenio, que es posible para renegociar, o del contrario el otro camino es judicial no hay otra salida”.
“El proyecto que ustedes tienen en tratamiento es exactamente lo que la constitución no quiere, que es una transferencia con asignación unilateral de recursos. Eso es inadmisible en términos constitucionales por eso digo que esto es pre constitucional”.
Por último, el director del Banco de la Nación Argentina Raúl Garré observó que en el Decreto 194 “no existe claramente una estimación específica de los fondos que estamos poniendo en juego y que permiten sostener cual es efectivamente la asignación de recursos que va a llevar implícito y el cuantum” y que el mismo “no discrimina con claridad entre la diferencia provenientes de la coparticipación y la transferencia de los recursos necesarios para sostenerlo”.
También consideró que “nosotros seriamente debiéramos concebir que el AMBA excede el pleno análisis de suponer que la Avenida General Paz divide literalmente la distribución y la asignación de recursos”. “Que no solamente prime el principio devolutivo sino el que también prime el principio distributivo en la asignación y los recursos de la coparticipación”, concluyó.
Fue en el marco del debate sobre la ley de transferencia de fondos para la Policía Federal. Gil Domínguez y Antonio María Hernández discreparon en torno a lo dispuesto por los constitucionalistas sobre la Ley de Coparticipación.
Uno de los expositores invitados a participar del plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado fue este miércoles el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien valoró como uno de los aportes de la reforma constitucional haber dotado de autonomía a la Ciudad, y consideró la Carta Magna de la misma como “una de las mejores constituciones que hoy tenemos”. Asimismo consideró una necesidad la de “consolidar esta autonomía a través de mecanismos de colaboración racional entre el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, para que esté en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes de las provincias”.
El constitucionalista resaltó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparte el mismo escalón con las provincias, de modo que pueda ser considerada como tal. “Una ciudad federada”, así la definió. Coincidió además con los dichos de Daniel Sabsay en cuanto a que desde la década del 30 se empezaron a dictar leyes que implicaron “la apropiación de recursos de las provincias en manos del Estado”. Y agregó que “esta apropiación de los recursos está muy bien descripta en un libro del senador Martín Lousteau”.
Luego abrió espacio a una polémica con el también constitucionalista Antonio María Hernández al cuestionar los mecanismos de aprobación que dispusieron los constitucionalistas que señalaron en 1994 que la Ley de Coparticipación definitiva debía estar sancionada antes del 96. “Es de imposible cumplimiento”, señaló en referencia a las dificultades y mayorías necesarias para su ratificación. “Esta imposibilidad de sincerar una ley convenio hace que sigamos discutiendo dentro de este campo”, señaló Gil Domínguez.
“Ese convenio viene a concretar una política de Estado en aras de consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó en otro pasaje.
A continuación, el constitucionalista Antonio María Hernández consideró que en la cuestión de la coparticipación “sabemos que se han centralizado los ingresos y nosotros sabemos que por los pactos fiscales y leyes inconstitucionales aquel avance de 1988 lo hemos transformado en que más del 80% de los ingresos están en manos del Gobierno federal”.
Luego habló como ex convencional constituyente que fue en 1994, y recordó que “en esta materia tan importante la reforma dice que solo por vía de concertación se puede avanzar: acuerdo entre el presidente y los gobernadores sobre la coparticipación; participación del Congreso, empezando por el Senado por una mayoría absoluta, y luego viene la aprobación de las legislaturas” provinciales. Un procedimiento que fue definido por Héctor Masnatta, recordó, como “una norma contractual de derecho intrafederal que se distingue de la generalidad de las leyes porque tiene alma de contrato y forma de ley”.
“Cuando uno avanza en el análisis, ve que toda transferencia de funciones requiere del acuerdo de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, y este federalismo de concertación está presente en el momento que se prohíbe que la ley de Coparticipación sea reglamentada o sea reconocida”.
Ahí fue que disintió públicamente de los dichos de Andrés Gil Domínguez respecto de la imposibilidad de cumplir con la manda constitucional de hacer una nueva ley de coparticipación, por la suma de complejidades que se le puso a su aprobación. “No comparto sus términos”, dijo, recordando que de esa convención constituyente participó una decena de gobernadores. “Rechazo la idea de que sería absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esa materia”, apuntó.
Más adelante consideró que “el decreto 735 es abiertamente inconstitucional, porque el presidente no tiene competencia alguna en la materia de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional; es violatorio del artículo 75 inciso 2, porque solo por medio de ley convenio se puede resolver esto. Viola la autonomía municipal, artículo 129, con lo cual me parece incomprensible lo que acaba de decir Gil Domínguez, que esta solución de este proyecto inconstitucional puede estar a favor de la autonomía municipal. Es todo lo contrario, lo que hace es ratificar ese decreto inconstitucional proudnizar su ilegalidad y avanzar cada vez más en un golpe muy grave a la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y concluyó advirtiendo que “para conocer bien esta cuestión hay que seguir el debate en la Convención Constituyente, así se interpreta la Constitución”.
Como Gil Domínguez había tenido problemas de conectividad sobre el final de su exposición, volvió a conectarse para terminar de contestar preguntas, pero aprovechó para contestarle a Hernández. Señaló en ese sentido que “el sistema de coparticipación estaba muy discutido, en términos de su afianzamiento en lo que es un modelo federal, porque lo que hacía era patentizar lo que había sido la apropiación del Estado de los recursos propios de las provincias. Y lo que hizo fue eso, un sistema que no fue muy exitoso en términos de ingeniería constitucional, porque estamos al día de la fecha sin ley convenio”.
Más adelante, ya para responder a una pregunta del senador Lousteau, reiteró que “no tenemos ley convenio, ni la vamos a tener, por cómo vamos, y se aplica en la Ciudad de Buenos Aires una ley que tampoco se ha discutido en todos estos años. Parece que no ha sido importante que la Ciudad deba salir de la esfera de esa ley y estar a la par de las provincias en la distribución de las provincias y los recursos coparticipables”.
“No solo se va desfigurando el federalismo, sino también la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”, estimó el abogado al participar del debate en el Senado sobre la reducción de la coparticipación porteña.
El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó “la detracción de fondos” aplicada a la Ciudad de Buenos Aires a través de un DNU del Gobierno y su posterior reenvío a otra provincia, con lo cual consideró que el presidente “se transforma en una suerte de emperador en materia fiscal”.
Al tomar parte este martes del debate en el Senado sobre el convenio de transferencia de fondos para la Policía Federal, arrancó observando que el federalismo en la Argentina tuvo “un derrotero sumamente decadente”, en cuyo transcurso “su devaluación no ha cesado a lo largo de los años, por el modo en que a las provincias se les sustrajo sus competencias en materia de recursos”.
Señaló que “la coparticipación implicó a partir de los años 40, 50, una suerte de compensación de lo sustraído por la Nación desde el año 30 en materia de impuestos”.
“Coincide la usurpación de recursos de manera unilateral con el golpe del 30, cuando la Nación usurpa las facultades tributarias de las provincias”, señaló Sabsay, que apuntó luego que el régimen que se incorporó a partir de la reforma constitucional del 94, que dio un mandato para hacer una ley marco en 1996. “Llevamos un cuarto de siglo de incumplimiento del congreso con esta manda constitucional”, recordó.
Para Sabsay, “el país se dirigió hacia un federalismo de imposición. En la materia que nos ocupa, el incumplimiento en el dictado de las normas fue conduciendo a un comportamiento que centralizó más a la Nación en el manejo de los recursos”.
“Esta ley convenio es de concertación, que termina con las leyes de adhesión que eran producto de la extorsión de la Nación sobre las provincias. La ley convenio debe estar guiada por los principios de concertación, automaticidad -para evitar que la Nación decida cuándo, cómo y a quién le va a remitir los fondos-, y funcionalidad, para establecer una organización adecuada para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiónes”.
A continuación, Sabsay la emprendió contra el DNU de Alberto Fernández que redireccionó una parte de la coparticipación porteña, hablando de “clara violación de la legalidad tributaria. Claramente se están tomando disposiciones sustantivas que modifican el estado de las cosas”, advirtió.
“Esto a su vez se hace en una situación en la cual la decisión no solo comprende la detracción de fondos de la Ciudad, sin la decisión unilateral por decreto de reenviar esos fondos a la provincia. El presidente se transforma así en una suerte de emperador en materia fiscal”, disparó. Y agregó que “poco a poco no solo se va desfigurando el federalismo, sino también la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”.
Daniel Sabsay habló de un “despojo arbitrario, irrazonable, incongruente, dado que el segundo artículo del decreto lleva el porcentaje a 1,40, de un valor menor al que se asigna antes de transferirle a la Ciudad el servicio de seguridad”.
En otro pasaje, Sabsay aclaró que la Ciudad no solo asegura la seguridad de sus habitantes, sino también la de millones de habitantes de otros distritos que la transitan diariamente, e incluso “quienes provienen del exterior, porque Buenos Aires es la puerta de entrada a la Argentina. La mayor parte del turismo ingresa por la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto para todos los argentinos debiera ser una prioridad que esas personas estuvieran suficientemente protegidas”.
“Creo que acá en esta situación de tironeos, se está olvidando que la Nación argentina es una sola, no es una situación en la cual se produce una suerte de enfrentamiento entre unos y otros”, agregó Sabsay, que por otra parte advirtió sobre el final que “este convenio que se reflota para ponerlo a través de una ley ya se había consumado, y a fines del año pasado se firmó un nuevo Consenso fiscal, que también tuvo ratificación legislativa, donde no se modifica ni objeta el porcentaje de coparticipación de la Ciudad vigente. Esta manía revisionista destruye la seguridad jurídica”.
A la hora de las preguntas, el senador Maurice Closs le advirtió que si el DNU de Alberto Fernández era inconstitucional, también debían serlo los decretos de Mauricio Macri por los cuales se le incrementó la coparticipación a la Ciudad. Sabsay le contestó que él no había sido convocado para hablar de hechos del Gobierno anterior. “Lo que se hubiera mal hecho en el pasado, no habilita hacerlo mal ahora”, señaló, agregando que “esto está avalando lo que yo expresé, que se está haciendo mal. Además, todas las veces que el expresidente cometió abusos, siempre lo critiqué, así que terminemos con esta suerte de idas y vueltas”.
El exsenador repasó un fallo de la Corte Suprema para remarcar que una quita o transferencia de recursos no puede darse sin el acuerdo de ambas partes. En igual sentido se expresó Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro.
El exsenador Federico Pinedo expuso este miércoles ante comisiones del Senado sobre el proyecto de ley que busca ratificar el convenio del traspaso la Policía Federal al distrito porteño, y afirmó que “la Nación no tiene ninguna facultad para sacarle coparticipación” a la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente del Pro recordó que “las provincias son anteriores a la Nación” y en el artículo 121 de la Constitución Nacional, “las provincias le delegaron pocos poderes a la Nación y mantienen todo los demás”, entre ellos “el poder tributario”.
“La Ciudad de Buenos Aires es equiparable a las provincias en materia de impuestos y coparticipación”, enfatizó y dijo que “no cabe ninguna duda” que el artículo 75, inciso 2, de la Constitución “iguala a la Ciudad con las provincias”.
En cuanto a los convenios sobre coparticipación, el expresidente provisional de la Cámara alta subrayó que “nadie puede modificarla unilateralmente”. “Es plata de las provincias que las provincias agarran en forma automática porque le pertenece”, agregó.
Al leer puntos del “fallo Entre Ríos” de la Corte Suprema, Pinedo mencionó que hace referencia “al Pacto Fiscal de 1992 por el que el Estado Nacional se comprometía a no detraer recursos ni a transferir nuevos servicios sin conformidad de las provincias”. “Este mismo criterio es el que tomó después la Constitución Nacional” en la reforma de 1994, sostuvo.
“La Corte dice que si no hay acuerdo no puede haber transferencia”, enfatizó. Además, defendió: “El decreto del (ex)presidente (Mauricio) Macri transfiriendo la Policía, los recursos y reasignando las partidas, es un convenio que está avalado por ocho leyes”. “Esta teoría de que requiere una novena aprobación me parece improcedente”, añadió.
A continuación, asistió también al plenario Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro, quien aseguró que el decreto firmado por Mauricio Macri para redefinir en 3,5% el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, “es legítimo” y “la disposición de ese porcentaje es propia de un acto complejo, no es una decisión unilateral, ni solo una ley del Congreso”, además de que contó con “la conformidad expresada por la jurisdicción destinataria”.
“Si hay que modificar el porcentaje, hay que construir la decisión con los mismos criterios” que aquella vez, opinó, y reiteró que “es posible modificar ese porcentaje pero para ello no es solo necesario un decreto del presidente, una ley del Congreso, sino además el consentimiento de la jurisdicción” o “eventualmente una decisión judicial”.
Miembros del Ministerio de Seguridad afirmaron que en 2016 no se especificó la inversión que demandaba la transferencia. Según estimaron, fueron casi 27 mil millones de pesos.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación asistieron este miércoles a una reunión virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que busca ratificar el convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, aprobado en 2016, y a su vez volver a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.
En primer lugar, Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, se refirió a los 24.500 millones de pesos estimados en el artículo 2 de la iniciativa: “Ese monto no constituye una estimación teórica de lo que podría valer la transferencia de estos servicios, ni tampoco un índice o una fórmula matemática sobre funciones de un presupuesto determinado”.
“El monto por los gastos que efectivamente correspondieron a las consecuencias del convenio suscripto” fue de “8.046.971 millones” de pesos, precisó, de los cuales los gastos en personal fueron de “7.828 millones” de pesos.
El funcionario remarcó que, de acuerdo a información aportada desde la PFA, “del total del estado de bienes inmuebles transferidos a la Ciudad, la valoración es de casi 36 mil millones de dólares”, el total en vehículos unos “2.237 millones de pesos”, entre otros.
“La inversión que en su momento no fue valorizada y que es importante que se conozca alcanza la suma de 26.714.179,47, casi 27 mil millones de pesos”, detalló Fihman.
En tanto, Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, recordó que el expediente enviado a la Legislatura porteña -aprobado en enero de 2016- no contó “con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el Gobierno nacional para definir cuáles son las estructuras necesarias”.
“Tampoco estaba el cálculo necesario de recursos para financiar ese compromiso que se asumía con la Ciudad de Buenos Aires, sino probablemente no estaríamos en esta discusión”, añadió y defendió que actualmente, para la elaboración de este proyecto, se contó con “información respaldatoria” que se deriva de “las órdenes de pago” de la Policía Federal.
La funcionaria indicó que “es el propio convenio el que establece que durante 2016 la Nación se va a hacer cargo de la liquidación de los haberes, de la concesión de licencias, del trámite del legajo de los agentes y personal transferido, como así también de la gestión de compra y contrataciones de insumos, del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles”. “Por una cuestión de índole práctica, la Ciudad no podía disponer que su servicio de administración resolviera estas cuestiones”, explicó.
La Ruffa apuntó que, si bien se generó el “aumento de coparticipación de manera diaria” para girar recursos, la Nación gestionó el “paquete de recursos humanos, materiales, inmuebles, y la Ciudad le fue transmitiendo estas órdenes de pago”. “Esta es la única documentación respaldatoria en manos del Poder Ejecutivo que sirve para hacer la evaluación del costo concreto”, reiteró.
Además, leyó una de las cláusulas del convenio donde se deja en claro que “a pesar de que la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en materia no federales, el Gobierno siguió prestando servicios”.
Luego fue el turno de Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, quien enfatizó que “existen una cantidad de datos que de ninguna manera tiran para atrás la ratificación del convenio”. Asimismo, destacó el rol de la Policía de la Ciudad en la pandemia: “Tengo el más alto de los respetos por la estructuración y el profesionalismo que se ha construido”.
El exlegislador porteño -que en su momento debatió sobre el convenio en el Parlamento porteño- precisó que “la preexistencia de la Policía Metropolitana era en enero de ese año de aproximadamente 5 mil efectivos” y se traspasaron “19.953 efectivos”, además de 1.800 nuevos cadetes desde ese momento a la actualidad.
“La suma de efectivos no puede estar nunca por debajo de 29 mil y puede estar en 32 mil”, sostuvo y mencionó que las recomendaciones de las Naciones Unidas son de “300 efectivos por 100 mil habitantes”, con lo cual la Ciudad podría “con 9 mil efectivos estar satisfaciendo las necesidades acorde a su territorio de tres millones de habitantes”.
Al igual que La Ruffa, Fuks resaltó que “el Estado Nacional sigue prestando servicios” en barrios populares, “por un total de recursos de 1.811 millones” de pesos. “Estamos ratificando también en este convenio este dato”, dijo.
Volviendo hacia atrás, el funcionario recordó que el expediente del convenio se inició el 4 de enero de 2016 “a las 18 horas, 33 minutos y 41 segundos” y “el 5 de enero se fue a votación” sin “ningún tipo de información contributiva y técnica”.
“Está bien, habían ganado las elecciones hacía muy pocos días, había una capacidad política de imponer agenda. Ahora están reclamando una capacidad de información, que por supuesto estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó en ese momento“, completó.
“No solo que de la noche a la mañana, por un conflicto, se nos anuncia que la Ciudad va a recibir menos plata, sino que no hay una base de cálculo y además el mecanismo va a ser distinto que al resto de las jurisdicciones”, afirmó Martín Lousteau
Muy activo estuvo el senador Martín Lousteau durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, que debatió el recorte en la coparticipación porteña. “Si queremos ver cómo logramos un desarrollo más equivalente, tenemos que ser más rigurosos”, sostuvo, cuestionando que “no vimos ni una sola fundamentación con números” y reclamó “poder discutir en base a números, de dónde sale y por qué y eso tiene que estar en función de cuánto sale el gasto de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”.
Lousteau recordó que “estamos discutiendo esto contrarreloj, porque después de las manifestaciones fuera de forma de la Policía de la Provincia, nos enteramos por una conferencia del presidente que esto iba a ocurrir”, y le planteó a la funcionaria Silvia Batakis: “usted mismo acaba de decir que desde marzo no hablan con la Ciudad”.
“No solamente que de la noche a la mañana, por un conflicto, se nos anuncia que la Ciudad de Buenos Aires va a recibir menos plata, sino que no hay una base de cálculo y además el mecanismo va a ser distinto que al resto de las jurisdicciones de la Argentina”, dijo Lousteau y agregó que “no va a ser automático como el resto, va a ser distinto de lo que hace con todos los recursos para todas las provincias del país”.
“Dicen que el motivo es el desarrollo equivalente para todas las jurisdicciones, para alcanzar el desarrollo está por un lado el stock de lo que se crea que es el sector privado y, por otro, lo que pueda aportar el Estado y ver cómo compensa eso y que el Estado nacional garantice la igualdad”, sostuvo Lousteau y dijo que cuando uno mira eso “Neuquén gasta el doble por habitante que la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz gasta más que la Ciudad, Chubut, Catamarca y Formosa gastan más que la Ciudad por habitante”.
Lousteau recordó “desde 2007 al 2015 el gobierno de CFK no transfirió ni un solo peso relacionado a las competencias transferidas a la Ciudad”.
El senador porteño tuvo una segunda intervención después de las respuestas de la secretaria Batakis, en la que expresó que “lo que se transfiere a la provincia de Tierra del Fuego es extrapresupuestario, lo que se transfiere a las provincias por esa base que se hizo en el 92, también es automático y extra presupuestario y ustedes están diciendo que se le va a transferir a la ciudad la competencia y la responsabilidad por la seguridad, pero que no se le va a transferir los recursos de la misma manera que a las otras provincias”.
El senador porteño sostuvo que “si queremos ver exactamente como logramos un desarrollo equivalente tenemos que ser más rigurosos y eso vale para la fundamentación pública de los actos de gobierno porque ya tuvimos un decreto y un proyecto de Ley y no vimos un solo número”.
La primera pregunta que hizo Lousteau fue: “¿Cuándo a Tierra del Fuego se le da un aumento de la COPA, cuándo se convirtió en provincia y dejó de ser territorio nacional, fue un convenio bilateral o hubo ley?”, preguntó Lousteau y Batakis respondió que fue un decreto simple.
“No entiendo porque hacemos un tratamiento diferente con la Ciudad de Buenos Aires, porque en el 92 se transfirieron la salud y la educación a las provincias y las transferencias son automáticas”, dijo Lousteau y agregó que “este proyecto va a contramano de lo que se hizo con Tierra del Fuego y con la transferencia de salud y de educación a la provincias”.
Lousteau recordó que “la Ciudad recibía 1.8 antes de la Constitución del 94, y recibe 1,4 después de la reforma, es decir cuándo se transforma en una provincia más, baja lo que recibe”.
En su tercera intervención, Lousteau advirtió que “si uno mira el presupuesto que ustedes estipularon, la Ciudad tendría menos presupuesto para seguridad que varias provincias, menos que Santa Fe, Mendoza y Córdoba que tendrían el 50% más que la Ciudad”.
“Si computo que en la ciudad viven 3 millones de personas y la visitan a diario otros 3 millones, la ciudad sería la jurisdicción que menos recibe en materia de seguridad por habitante”, agregó Lousteau, que remarcó que “cuándo se traspasa una competencia, se traspasa con los recursos”.
“Permitir que haya discrecionalidad con las erogaciones y el monto de los recursos que se van a traspasar, es extremadamente grave”, consideró.
En otro pasaje señaló que “si se hacen los calculo que ustedes proponen, lo que están diciendo es que de a acá a fin de año a la Ciudad no tiene que recibir más fondos, en un súbito cambio en cualquier práctica presupuestaria, no le dan un peso más a la Ciudad de acá fin de año”.
“Hablemos de intencionalidad política. Y si quieren hablar de discrecionalidad, miren los recursos discrecionales que repartió el Gobierno del 2005 al 2015, la provincia de Santa Cruz recibió diez veces más que el promedio del resto de las provincias”, recordó el exministro de Economía, para quien “acá deberíamos estar discutiendo en detalle los números, pero lo que definitivamente está mal es que la transferencia no sea automática”.
“La Ciudad de Buenos Aires es muy solidaria, aporta siete veces más a la coparticipación de lo que recibe”, aseguró.
Fue en el marco del inicio del debate en esa Cámara sobre el recorte de fondos coparticipables de CABA. El oficialismo coqueteó con la idea de que la Ciudad restituya a las provincias “lo que percibió de más”.
Con la presencia de la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se inició formalmente este lunes en el Senado el debate en torno al proyecto por el cual se establecerá un monto fijo para ser transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar los gastos que demande la Policía Federal, llevando a su vez al 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito.
El proyecto establece reducir al 1,4% la coparticipación de CABA, más un monto fijo para la policía que se actualizará anualmente. Dicho monto surgirá de una fórmula que establece el 80% del índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20% por el índice de precios al consumidor. Inicialmente ese monto ha sido calculado en 24.500 millones de pesos.
El debate se desarrolló en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda y fue dirigido por la santafesina María de los Angeles Sacnun, quien al inicio del encuentro contó que habían solicitado por nota a Frente de Todos y Cambiemos (SIC) de manera tal que puedan elevar sendos listados de expositores. “Aún no hemos recepcionado la propuesta”, aclaró la titular de Asuntos Constitucionales, aunque sobre el final del encuentro la cordobesa Laura Rodríguez Machado anunció que ya habían enviado una lista de 14 expositores propuestos por Juntos por el Cambio.
El titular del bloque oficialista, José Mayans, dejó claro al cerrar el debate que la discusión en comisión y el posterior debate en el recinto será un mero trámite, pues el oficialismo volverá a imponer su mayoría. “Nosotros ya estaríamos emitiendo hoy despacho… Esta es una pequeña discusión que es más mediática que importante para el país. Hay cosas que son mucho más importantes. Yo le digo a la presidenta de la comisión que nuestro bloque está en condiciones de acompañar sin ningún retaceo. Si hoy tuviéramos que firmar el despacho, ya estábamos firmando el despacho, porque es muy sencillo el tema”. Y luego confesó que le hubiese gustado que el presidente Alberto Fernández lo llamara para consultarlo su opinión y le hubiera dicho lo mismo sin ninguna duda.
La secretaria Silvina Batakis realizó en el inicio de la reunión una presentación sobre los detalles del proyecto, en cuyo transcurso defendió la medida al calificar de “excesivos” los fondos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires a partir del decreto de 2016 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. En ese marco, desde el oficialismo reclamaron un detalle para saber “si se ha pagado de más”.
“Queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos”, apuntó la senadora Anabel Fernández Sagasti.
En su exposición, Batakis contó que se estaba poniendo a consideración el proyecto de ley que propicia la aprobación de un Convenio de transferencia progresiva de facutladees y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho convenio fue celebrado entre el Estado nacional y CABA el 5 de enero de 2016. La funcionaria del Ministerio del Interior recordó que el convenio fue aprobado por la Legislatura porteña el 18 de enero de 2016, “y contrario a lo que se esperaba, la gestión nacional no envió al Congreso el convenio para la aprobación”, precisó Batakis en referencia a un detalle que varias veces se mencionó a lo largo del extenso debate.
Batakis recordó además que el artículo 75 de la Constitución dice que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, que tiene que estar aprobada por el Congreso y la provincia interesada”. Recordó asimismo que “fueron varios los legisladores que intentaron subsanar esa omisión y se presentaron diversos proyectos de ley”.
La Constitución no solamente exigió que haya una ley, sino que también exigía que hubiera un recurso monetario para poder contemplar esas mayores erogaciones, señaló la funcionaria, que agregó que “lo que la Constitución no establece es cuál es la vía para hacer esa transferencia de recursos. Lo deja para que lo regule el Gobierno nacional, o las partes”.
En el marco de su exposición, Batakis señaló que hasta 2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había recibido recursos de coparticipación de los recursos nacionales en el orden del 1,4%, hasta que Macri elevó ese número a 3,75% primero y luego a 3,50%. La diferencia debía ser destinada a la seguridad de la Ciudad, sin que quedara claro “porqué se establecieron esos guarismos. Lo que nosotros quisimos hacer es establecer cuánto es el monto que le corresponde recibir a la Ciudad por aquellos servicios transferidos por la policía”.
Una consulta recurrente que se le hizo a la funcionaria fue la de cómo se haría el traspaso de fondos y cómo sería su actualización. La primera en plantearlo fue la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferro, quien consideró que el presupuesto sobre el cual se había hecho el cálculo para la erogación de fondos para la policía estaba mal, pues era en base al informe preliminar del traspaso de 2016, cuando “hubiera sido mucho más lógico comparar la estructura del gasto y costos de 2015 vs. 2016”.
Martín Lousteau fue el senador opositor más activo durante la reunión, participando en tres rondas de preguntas. Hizo varias veces eje en la comparación con el caso de Tierra del Fuego, a la que casi se le duplicó la coparticipación primaria cuando pasó a ser provincia. “Fue convenio, si no recuerdo mal, nunca hubo ley. En este caso hubo ley, no entiendo porqué se hace un tratamiento distinto”.
Lousteau advirtió que en el proyecto de ley puesto a consideración no se hablaba de ningún automatismo para el traspaso de los fondos. “Este proyecto de ley va a contramano -señaló Lousteau en otro pasaje-. Cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, se le duplica el porcentaje que recibe, mientras que a la Ciudad de Buenos Aires, que percibía el 1,8%, desde 2002 pasó a 1,4%, así que cuando se transforma en una provincia más, baja”.
No vimos ni una sola fundamentación de donde salen los números. Nos gustaría discutir en base a números”, enfatizó el senador Lousteau.
Batakis aclaró que el tema venía siendo conversado entre Nación y CABA desde diciembre pasado, pero las reuniones se terminaron cuando empezó la pandemia. “Veníamos trabajando también en otros temas: un plan de desarrollo que ya habíamos hablado con Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión final es informada por el ministro Wado De Pedro, pero veníamos teniendo diálogo, y seguimos teniéndolo”, aseguró Batakis.
La secretaria de Estado aclaró varias veces que “no estamos tratando acá la Ley de Coparticipación, sino se confunden las partes. Lo que estamos tratando no es un cambio en el régimen de Coparticipación Federal. Nuestra Constitución dice que esa transferencia de recursos se haga a través de u na ley y que se dictamine cuáles son los recursos”.
En cuanto a la fuente de financiamiento, Batakis dijo que la forma de actualizacón será trimestral, en base a la metodología de actualización que propuso el Poder Ejecutivo, “pero se puede proponer otra”. Será una asignación presupuestaria del Gobierno nacional, mensual, agregó.
“No estaban de acuerdo”, aclaró Lousteau en referencia a Nación y Ciudad, recordando que en marzo se cortó el diálogo, pero negó también que hubiera habido un trabajo conjunto, y negó también que existiera “un cálculo riguroso”.
Batakis insistió luego en que la participación de los recursos coparticipables “van a ser automáticos en forma diaria. Estábamos de acuerdo con el ministro Mura en que la coparticipación no era el vehículo para transferir los recursos”.
Esteban Bullrich habló de su provincia, Buenos Aires, que fue el disparador para desviar fondos de CABA hacia ese distrito, y lamentó entonces que “estemos apelando una vez más al parche. Ninguna de esas cosas soluciona el problema de la provincia de Buenos Aires. Se le sacan recursos a un distrito opositor, pero no se soluciona el problema de fondo”.
“No solamente se nos anuncia de la noche a la mañana que se nos va a transferir menos plata,, sino que además el mecanismo va a ser distinto que con las demás jurisdicciones, no va a ser automático. Será distinto al giro de otros recursos con las provincias argentinas”, se quejó en otra intervención Martín Lousteau.
Por el oficialismo habló luego Anabel Fernández Sagasti, que intentó darle al tema un contexto. Recordó la manera como Mauricio Macri le proporcionó a CABA fondos adicionales, razón por la cual “muchos senadores e incluso la mayoría de los gobernadores le hicieron un planteo al expresidente respecto de la injusticia que significaba esto. No que tenga que financiarse la policía, sino lo que significaba para el resto de las provincias ese dinero que yo considero que era excesivo y que ahora este proyecto de ley repara”.
La senadora mendocina recordó que “Alberto Fernández dijo en campaña que esto lo iba a solucionar, y lo estamos haciendo”.
A continuación, Fernández Sagasti le pidió a la Oficina de Presupuesto un informe para determinar “cuánto dinero de más le transfirió la Nación por esos 2,5 puntos que hace ya varios años está financiando la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Si se ha pagado de más, queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos. De cuánta plata de más estamos hablando”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, se mostró dispuesto a pedirle a la Oficina de Presupuesto conocer cuánto le correspondería recibir de la Nación, como pedía la oposición, no sin cierto fastidio. “Estamos hablando de 24.500 millones y le está dando un índice que si bien no es automatico, se le va a dar todos los años. No sale del presupuesto de las provincias, sino de la coparticipación que le toca a la Nación”, dijo.
“No tengo problema en pedir nada. Tengo grandes dudas de si cuando Macri le dio esta masa totalmente desconsiderada de recursos le pidió a la Oficina de Presupuesto que le haga el cálculo”, disparó, para agregar a continuación que “en el último año, 2019, los recursos de origen nacional que percibió la Ciudad de Buenos Aires eran 3,50%. Fueron 84.270 millones; si a eso se le descuenta 1,4%, 33 mil millones, se quedó la Ciudad con 51 mil millones. Me parece un poco excedido para pagar el traspaso”.
“La realidad es que si hiciéramos todos las cuentas, la Ciudad de Buenos Aires tendría que empezar a devolverle al Estado nacional”, sugirió, para concluir: “Le vamos a pedir a la Oficina de Presupuesto, pero también le vamos a pedir cuánto debería devolver el dinero de más que se quedó”.
A su turno, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “estamos tratando de resolver un conflicto, el de la provincia de Buenos Aires, generando una quita discrecional a la Ciudad de Buenos Aires, y esa es la diferencia con los momentos anteriores, porque por ejemplo hoy sí se cuestionan los 3,75, o 2 y pico extras que se coparticiparon a la Ciudad de Buenos Aires, pero los años anteriores no se ha dicho nada, porque en la Argentina avanzó en un federalismo de concertación con los pactos fiscales, y lo que vemos aquí es que se intenta avanzar ahora en un federalismo de confrontación. Y hay una gran diferencia entre concertar y confrontar con la propia Ciudad de Buenos Aires, donde no ha concertación, sino imposición”.
Y a propósito de la Oficina de Presupuesto, sugirió que informe “cuánto fue la ayuda discrecional de la Nación a cada una de las provincias argentinas. Yo recuerdo que en 2015 había provincias que no podían pagar sueldos, por ejemplo Santa Cruz. A partir de 2015 también la Nación se tuvo que hacer cargo de un fallo de la Corte Suprema que otorgó la devolución del 15% en concepto de coparticipación de los fondos de la ANSeS”.
La subsecretaria Laura Manin habló a su turno de la necesidad de “corregir un cálculo que para nosotros fue excesivo y fue infundado. Deben obrar los cálculos que se hacen y que fundamentan esos porcentajes. Esos cálculos no están en los expedientes y tampoco existen en el informe de Auditoría de la Ciudad. La inexistencia de un cálculo previo fue puesto de manifiesto por la Auditoría de la Ciudad y es lo que pretendemos corregir. No se pretende conculcar presupuestariamente a otras provincias, sino corregir una cuestión que para nosotros resultaba incorrecta”.
Tras ella, Batakis remarcó que la Ciudad recibió a partir de la determinación adoptada en 2016 “excesivos recursos. Ojalá todas las provincias pudiesen tener la policía de excelencia, la salud de excelencia y la educación de excelencia”, pero aclaró que eso no es posible por cuestiones presupuestarias.
Al cerrar el debate, José Mayans enfatizó que a la Ciudad “le aumentaron de un saque el 170% la coparticipación”, y lo que está haciendo ahora el Gobierno nacional es “recuperar la plenitud de sus recursos. Acá no se está tocando la coparticipación, la Nación dice lo que corresponde es lo que vamos a pagar”.
Esto sabemos que es un pago político: la Ciudad le hizo la campaña a Macri y le paga con la pobreza y la indigencia en muchas provincias”, aseguró Mayans.
“Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque para eso nos eligió la gente. Nosotros le dijimos a la gente que íbamos a tener una distribución más justa”, concluyó el jefe del bloque oficialista.
El senador oficialista se refirió a lo percibido por la Capital Federal durante la gestión de Mauricio Macri, comparándola con lo percibido por las provincias patagónicas.
En el transcurso del debate planteado en torno a la ley para financiar la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se planteó una nueva grieta, distanciando ahora las provincias del interior con la Capital Federal.
Por lo menos a partir de algunos discursos, como el del senador camporista Martín Doñate. En su intervención durante el plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, el rionegrino remarcó que “no se le está sacando fondos a la Ciudad de Buenos Aires; lo que se está haciendo es recuperando fondos que se dieron de manera ilegítima y arbitraria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Hay que ir al mes de enero de 2016, cuando yo diría que se le regalaron casi 20 mil millones de pesos, en un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, lo que significó una queja de todas las gobernaciones argentinas respecto de esta arbitrariedad”, apuntó, para preguntarse luego: “¿Saben cuánto significaban en aquel momento los 20 mil millones de pesos que se le dieron a la Ciudad? Casi el 80% de la provincia de Río Negro”.
El senador rionegrino agregó que “es una ciudad que nos ha salido cara a los argentinos durante la gestión de Mauricio Macri. Si nosotros tomáramos la referencia de todas las provincias al sur del río Colorado, la suma de todos los presupuestos de las provincias patagónicas no llega al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, de las pocas cuadras de la Capital Federal de la Argentina, y esa es una discusión que nos tenemos que comenzar a dar. Porque además está claro que los recursos naturales, estratégicos energéticos, la riqueza que genera nuestras provincias patagónicas, está muy por encima de la riqueza que genera esa ciudad capital”.
La senadora santafesina apuntó contra el jefe del interbloque opositor al decir que “le cuida el bolsillo a Larreta en desmedro del resto del país”.
En la previa de la reunión en la que se debatirá el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para reducir a 1,4% el coeficiente de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, la senadora María de los Ángeles Sacnun apuntó contra Juntos por el Cambio.
“Los senadores de Juntos por el Cambio quieren parar la Cámara porque no quieren debatir la ley que va a otorgar más fondos a las provincias”, expresó la oficialista y disparó contra el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, al decir que “es inentendible ver” cómo “le cuida el bolsillo a (Horacio Rodríguez) Larreta en desmedro del resto del país”.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales aseguró que base del proyecto es “darle constitucionalidad al pase de coparticipación”. “Lo que se está haciendo en todos los aspectos es retomar la Constitución Nacional en la República Argentina”, expresó.
En declaraciones a AM750, la santafesina recordó que en la gestión anterior “nunca se envió el (convenio de) traspaso de la Policía; se dictó un decreto subiendo a la Ciudad de 1,4%, que era lo que recibía en ese momento, a 3,75%”.
“Como no habían justificado el motivo por el que triplicaban, tuvieron que sacar otro decreto queriendo justificar con el traspaso de la Policía, pero no dando un solo numero”, agregó la santafesina del Frente de Todos.
El diputado del FdT insistió en que la medida del Gobierno nacional no debería afectar la ejecución del Presupuesto y alertó acerca de la venta de inmuebles por parte del Ejecutivo local.
En medio de la polémica por la reducción de la coparticipación que recibe la Ciudad y luego de que el Gobierno porteño se presentara en la Corte Suprema, el legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés se mostró sumamente preocupado acerca de cómo llevará adelante el distrito capitalino la ejecución del Presupuesto 2020 y alertó acerca de la venta de inmuebles.
Es así que el diputado señaló que “la medida del Gobierno nacional no debería afectar los planes del Gobierno de la Ciudad porque era algo que se estaba conversando. Si vos sumás el presupuesto de los 135 municipios bonaerenses te encontras con el presupuesto de la Ciudad” y remarcó que “en la provincia de Buenos Aires viven 11 millones de personas y en la Ciudad, dos millones seiscientos mil, es un poco desequilibrado”.
Asimismo aseveró durante una entrevista por Radio Con Vos que “nosotros siempre vamos a querer que la Ciudad tenga más recursos, a principio de año acompañamos al oficialismo para votar un endeudamiento de 500 millones de dólares porque sabíamos que la pandemia iba a demandar recursos adicionales” y destacó que su rol desde la oposición “trabajo es defender los recursos de la Ciudad de Buenos Aires pero también es hacer que se ejecuten y se gasten bien. No que se gasten de forma suntuosa y sin rendición de cuentas”.
En tanto sobre la venta de inmuebles en la Ciudad, Valdés precisó que “durante el gobierno de Mauricio Macri se transfirieron 138 terrenos que eran propiedad del Estado Nacional a la Ciudad, 36 hectáreas en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, algunos fueron vendidos en el primer mandato de Larreta cuando tenían mayoría en la Legislatura para hacerlo, y nosotros vimos durante la pandemia distintas audiencias públicas que se vienen realizando en la Legislatura donde no tienen problema con sesionar de manera remota”.
“Ahí está bien hacerlo a distancia con tal de vender tierras y nombrar jueces. Estamos esperando el informe que está elaborando el AABE, se quisieron vender terrenos durante la pandemia y fue la propia Agencia del Estado quien con una cautelar impidió que se realizarán”, sentenció.
La legisladora de Vamos Juntos rechazó la decisión presidencial y advirtió que se dio en un contexto de crecimiento en las encuestas de Horacio Rodríguez Larreta y de Juntos por el Cambio.
La diputada de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, criticó duramente la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que se da en el marco del crecimiento de Juntos por el Cambio y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las encuestas a nivel nacional.
En ese sentido, la oficialista afirmó que se trató de “una decisión poco acertada que vulnera todo tipo de legalidad” y consideró que “fue muy atinado lo que manifestó Horacio Rodríguez Larreta de ir hasta las últimas consecuencias para defender los recursos de los porteños”.
“Generó mucho enojo porque el Gobierno de la Ciudad viene trabajando en conjunto con la Nación para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus y del tema de la coparticipación no se hablaba desde marzo. Entonces, avisar media hora antes una decisión así es, por lo menos, de mal gusto”, destacó Roldán Méndez en diálogo con la agencia estatal Télam.
Asimismo señaló que esta reducción “tiene que ver con una decisión política 100%” ya que “en los últimos meses se conocieron encuestas donde Horacio aparece fortalecido como principal dirigente de la oposición y de nuestro partido, que se está extendiendo de los límites de la General Paz y se proyecta a nivel nacional”.
A su vez indicó que “fue un ataque al principal opositor que está teniendo el Gobierno nacional y se decidió sacar los recursos a la Ciudad pensando que eso iba a afectar a la gestión de Horacio sin tener en cuenta que detrás hay tres millones de argentinos que vivimos en la Ciudad”.
Por otro lado, Roldán Méndez se refirió al Presupuesto 2021 que se prevé que ingrese a la Legislatura en las próximas semanas y al funcionamiento de esa Casa tras los últimos encontronazos que tuvieron con el Frente de Todos en el recinto. “De cara a lo que queda del año van a ser sesiones difíciles para encontrar puntos en común, más que nada teniendo en cuenta este tipo de actitudes del Gobierno nacional como la de la quita de la coparticipación que están avaladas por los diputados del Frente de Todos”, detalló y concluyó señalando que “habrá que ver cómo conducen los debates los jefes de bloque, pero creo que vamos a tener una Legislatura más combativa de lo normal y la discusión del proyecto de Presupuesto va a ser álgida”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio se refirió así a la decisión del Senado contra tres jueces y al recorte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña señaló que “ésta ha sido la semana de la venganza del Gobierno; me sorprende el ataque al Poder Judicial con el apartamiento de los tres jueces y que el presidente haya decidido una fuerte quita a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de acuerdo”.
En declaraciones radiales, la legisladora nacional sostuvo además que “es sumamente injusto para la administración porteña, este no es el camino: no es bajando el nivel de calidad de vida de la gente cómo se contribuye al país” y agregó que “Alberto Fernández se empeña en profundizar las diferencias y en imponer una agenda que no refleja las preocupaciones de la sociedad”.
Asimismo, Ocaña recordó que “para cambiar la coparticipación debe haber un acuerdo de todas las provincias y esto no ha sucedido” y ejemplificó que la quita del Gobierno nacional “equivale a diez meses de todo el costo del personal de Salud de la Ciudad o a ocho meses de salario de los docentes porteños”.
En tanto, subrayó que “la Corte Suprema debe actuar con celeridad respecto del apartamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli “ya que fueron corridos por hacer bien su trabajo incluso desconociendo resoluciones de la propia Corte” y aseveró también que “el ataque al procurador Eduardo Casal es otra de las muestras del avasallamiento contra los poderes del Estado”.
Desde el CESBA, advirtieron que con esa decisión del Gobierno nacional “se debilita el diálogo político”.
El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) advirtió que la quita unilateral del Gobierno nacional de puntos de coparticipación para la ciudad se debilita el diálogo político.
En un comunicado emitido por la entidad que preside el dirigente Claudio Presman, se expresa “su preocupación en el marco de los cambios unilaterales a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En su declaración pública subrayan que “el Consejo es un organismo que centralmente tiene por objetivo ser el ámbito de acuerdos trascendentes de las diversas perspectivas y matices en representación de los distintos sectores que componen la vida productiva y social de la Ciudad. Desde ese lugar, es que se exhorta a un diálogo sincero y abierto para encontrar soluciones perdurables y sustentables en el tiempo, limitando decisiones intempestivas y coyunturales”.
Asimismo sostienen que “la República Argentina, desde la reforma constitucional del año 1994, le otorga jerarquía constitucional al régimen de coparticipación federal de impuestos, todo ello basándose en la necesidad de los estados provinciales de contar con recursos suficientes para desarrollar sus funciones propias. Esta facultad, en ningún caso, debe quedar sujeta a discrecionalidades, sino que debe ser resultado del acuerdo entre las provincias y la Nación, aprobada por leyes nacionales”.
Finalmente destacan que “en un contexto atípico, atravesado por una pandemia mundial, creemos que las decisiones no deben ignorar las necesidades urgentes de los distintos sectores esenciales e impostergables de la Ciudad, siempre en el entendimiento del rol que ocupa el Estado y la necesidad de poder contar con los recursos requeridos para ello.
La búsqueda de consenso es imprescindible e irrenunciable para generar certidumbre a la población. Es por eso que debemos dejar de lado las confrontaciones para trabajar en conjunto por los desafíos pendientes que tenemos como sociedad”.
El diputado nacional consideró que el jefe de gobierno porteño “es el dirigente político más preparado de la Argentina para eso”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro González expresó que le “encantaría que Larreta fuera presidente, es el dirigente político más preparado de la Argentina”. Asimismo, se manifestó respecto a la polémica por la quita de recursos coparticipables a la Ciudad, y recordó que CABA “aporta el 25% de la coparticipación y recibe el 3,5, que, para la Ciudad son el 25% de sus ingresos. El 75% de sus ingresos son propios. CABA es la que más pone de sus recursos propios”.
En este sentido, señaló que “durante muchísimos años prestó servicios sanitarios antes de la Constitución del 94 por eso tenés 34 hospitales de la envergadura que tiene la Ciudad. En la época del menemismo la salud y la educación se trasladó a la Ciudad y dejó de ser un gasto nacional”.
En diálogo con el programa radial “El Fin de la Metáfora”, le legislador del Pro advirtió además que “el 70% del sistema sanitario público de la Ciudad es usado por los hermanos bonaerenses, del interior o de países limítrofes. Sólo el 30% lo usan los porteños, la mayor cantidad de empleo formal está en la Ciudad y la mayor cantidad de afiliados de las prepagas está en la Ciudad. El servicio público sanitario de CABA es un servicio solidario, en el Garrahan la tasa de uso de los porteños es del 15%”.
Por esto, sostuvo que el número que dice la Nación “es un mito”, y que la Ciudad tiene 3 millones de habitantes e ingresan 3 millones más que, “no solo hay que darle el servicio de seguridad sino también el de recolección de residuos, mantenimiento de transporte público. También nos hicimos cargo de la transferencia del subte sin recursos, hay que ser más cuidadosos con los términos. La Ciudad es absolutamente generosa con el resto de las jurisdicciones”.
Por otro lado, también mencionó a las entrevistas concedidas por el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, y señaló que “cada uno tiene sus opiniones, pero por un artículo en el diario no se jubila a nadie. No es que por el hecho de ser más jóvenes las ideas son mejores, Monzó habla por una cuestión generacional. Los liderazgos se construyen, no se declaman por los diarios. En Juntos por el Cambio en los próximos meses se va a dar una discusión de quiénes son los nuevos liderazgos que confrontarán con los viejos liderazgos”.
En este sentido, sostuvo que le “encantaría que Larreta fuera presidente, es el dirigente político más preparado de la Argentina para eso. Es un dirigente político que tiene el fuego sagrado que es el querer ser. La sociedad valora la gestión y Horacio es una conjunción de alguien que quiere ser, que es perseverante y trabajador, de un hombre que conoce cómo funciona el Estado desde adentro y que le da a la política una relevancia en lo cotidiano que es lo que más me seduce”.
Finalmente, manifestó que no comparte que “el Gobierno sea antidemocrático. Como principio generar antidemocrático sería si hubiera surgido ilegítimamente. El sablazo que le mete a la coparticipación es inconstitucional, una cosa es esa y otra que es antidemocrático”.
Calificó de “destituyentes” a los policías que rodearon la quinta presidencial y afirmó que Alberto “tomó la decisión de la coparticipación en emergencia, entre varias alternativas”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos – CABA) sostuvo este sábado que “hay políticas de Estado para las que es indispensable el diálogo” entre oficialismo y oposición.
“Debemos llevar adelante ese diálogo”, dijo el legislador en el programa “Digamos todo”, de CNN Radio, en el que afirmó que “la pandemia nos plantea el desafío de compartir decisiones con gobernadores de distinto pensamiento que el presidente”.
Para el legislador oficialista, “el pueblo valoriza” la interacción entre las administraciones nacional, provincial y porteña en el manejo de la pandemia, y destacó que “desde el 10 de diciembre hasta la fecha, la Argentina tiene un ejemplo a mostrar, a pesar de que muchos quieren destruir”.
“Por encima de las diferencias por los recursos que le corresponden a la Ciudad, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se juntan para trabajar en decisiones comunes por la pandemia. Yo miro el vaso lleno. Son más importantes las coincidencias que las diferencias”, afirmó.
Consultado por Nacho Girón en torno a las últimas declaraciones de Eduardo Duhalde, que consideró que “Alberto está groggy”, las consideró “poco felices”. Y sobre lo sucedido con los policías que hicieron una demostración de fuerza en torno a la residencia presidencial, señaló: “¿Es fácil tomar una decisión con 300 personas rodeando Olivos con una pistola en la cintura? Hubo una sublevación policial”. Por tal motivo calificó de “destituyentes” a los agentes que fueron a la Quinta. Por eso, deslizó, Fernández “tomó la decisión de la coparticipación en emergencia, entre varias alternativas”, tomando en cuenta además que “un 80 por ciento de lo que el expresidente Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad en el traspaso de la Policía Federal excede esos gastos, como reconoció Rogelio Frigerio cuando era ministro”.
“Es lógico que el jefe de Gobierno porteño recurra a la Corte Suprema, pero el árbol no tapa el bosque. Valoro el comunicado de la UCR cuando los policías rodearon Olivos. Hasta Fernando Iglesias repudió el hecho”, subrayó.
“La situación fue horrible. No sé si correspondía convocar al cuerpo de Granaderos. Fernández lo resolvió rápido”, desgranó.
“Ojalá Alberto Fernández quede en la historia como el presidente que construyó el diálogo y quiso terminar con la grieta. Dialoga tanto que si comete un error se rectifica”, cerró.
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y legisladores de Vamos Juntos expresaron su rechazo a la iniciativa a través de las redes sociales y pidieron seguir dialogando.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentara en el Congreso un proyecto para profundizar aún más la rebaja en la coparticipación que percibe la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de Vamos Juntos y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaron duramente la iniciativa a través de sus cuentas Twitter.
En ese sentido el alcalde local manifestó que toda su vida eligió “el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo” y remarcó que “por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos”. Mientras que el vicejefe, Diego Santilli, añadió que “¡este es el camino, solo con diálogo y consenso vamos a poder superar este momento y salir adelante!”.
A su turno el oficialista Guillermo González Heredia (VJ) explicó que “lo que están haciendo con los recursos económicos de la Ciudad es una vergüenza. Pasamos del 3.50 de coparticipación a un 2.32 la semana pasada y ahora enviarán un proyecto al Congreso para reducir aún más los fondos con el objetivo de fijar la coparticipación en 1.40” y advirtió que “está claro que la intención del presidente y de la vicepresidenta es vaciarnos de recursos para poner ‘de rodillas’ a la Ciudad de Buenos Aires y someterla”.
“Los gobernadores deben alzar la voz, hoy le tocó a la Ciudad de Buenos Aires, mañana puede ser otra provincia. Estas decisiones revanchistas que solo buscan seguir dividiendo a los argentinos deben ser enérgicamente rechazadas”, aseveró.
Al mismo tiempo que Facundo Del Gaiso (VJ) indicó que “no es causal el día elegido por Fernández para mandar al Senado la quita de la coparticipación y abrir una zanja entre los que viven en un lado de la Genral Paz y el resto del país. El 17 de setiembre de 1861 se libraba la batalla de Pavón, nos van a tratar de ‘salvajes unitarios’” y remarcó que “la Ciudad opulenta no emite, no tiene la maquina fabricar billetes. Cada cama de terapia que la Ciudad incorporó cuesta por mes de gasto corriente tres millones, sumamos 450 camas, al año es un gasto extra de 16000 millones”.
En tanto la diputada Carolina Estebarena (VJ) aseguró que son “malas noticias que no dan respiro… tendría que escribir decenas de tuits para abarcarlas todas, pero por hoy me quedo con la especial desazón por esta” y le pidió al presidente que “reconsidere su actitud para con los porteños”.
“Ya nos venía atacando en declaraciones, luego con hechos concretos como el decreto 735/2020 y ahora esto… ¿no entendió que la Constitución es clara en cuanto a la transferencia de recursos cuando se traspasan competencias, funciones y servicios de la Nación a una jurisdicción?”, completó.
El jefe del bloque CC-ARI en Diputados abogó por una “pronta decisión” de la Corte Suprema sobre la quita de coparticipación al distrito porteño.
El jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, respaldó la presentación del Gobierno de la Ciudad ante la Corte Suprema y dijo que “no hay que entrar en el juego de enfrentamiento de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)”.
“Ya se ha presentado el amparo por la quita de fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de Alberto Fernández es inconstitucional. Ojalá la Corte Suprema salga del letargo que está teniendo y apelamos, en ese sentido, a una pronta decisión”, enfatizó.
El porteño aseveró: “Vamos a ser firmes y contundentes en la defensa de la Constitución”. “Vamos a defender el Estado de Derecho y no vamos a ser funcionales al enfrentamiento que pretende la vicepresidenta de la Nación”, insistió.
“En este momento de tanta debilidad institucional, es importante sostener pisos de gobernabilidad en la Argentina”, subrayó el legislador y agregó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “está llevando adelante un papel importante, y desde la Coalición Cívica avalamos esta posición”.
Para el opositor, “estamos en momentos de una inusitada violencia y atropello institucional que quedó demostrado en el Senado con la vicepresidenta que llevó adelante un atropello contra tres jueces de la Nación. También con el disparate de querer allanar el domicilio del expresidente Mauricio Macri”.
En otro orden, Ferraro diferenció que “en Diputados pudimos lograr un acuerdo distinto que llevó adelante el Frente de Todos; se trata de un acuerdo por consenso de todos los bloques para que haya sesiones presenciales cuando se debata el Presupuesto, o la posible reforma judicial, o el impuesto a las grandes fortunas”.
“Nos garantizamos la presencia de diputados de Juntos por el Cambio. Es una garantía que quedó escrita en el nuevo protocolo. En temas trascendentales para la Argentina, vamos a estar en el Parlamento de manera presencial todos los diputados de JxC”, finalizó.
El proyecto será tratado el próximo lunes a las 17 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
Rápidamente comenzará el tratamiento en el Senado del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para reducir aún más el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
El texto ingresó este jueves y será tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio -respectivamente-, el próximo lunes a las 17.
Según el temario, se tendrá también “a la vista” un proyecto similar, presentado el año pasado por el senador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).
La iniciativa estima llevar a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño, al establecer un monto fijo para ser transferido a la Ciudad por los gastos que demande la Policía Federal -fusionada con la Policía de la Ciudad-, traspasada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto prevé que, cada año, el financiamiento será actualizado por una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otra parte, la semana pasada, a través de un decreto, el Gobierno nacional bajó de 3,5% a 2,32% el porcentaje de coparticipación para la Ciudad, hecho por el cual este viernes la administración porteña presentó un reclamo ante la Corte Suprema.
La presentación solicita que se declare inconstitucional el decreto presidencial que redujo el coeficiente de 3,5% a 2,32%.
Tal como lo anticipó la semana pasada, y como se lo hizo saber cara a cara este jueves Horacio Rodríguez Larreta a Alberto Fernández, este viernes el Gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte Suprema por el “recorte inconstitucional, improvisado e intempestivo de la coparticipación”.
A través de una acción de amparo, la Ciudad solicitó que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 735/20, por el cual el Gobierno nacional redujo el 3,5% al 2,32% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.
Además, reclamó que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el Consenso Fiscal” y “la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
El texto, de casi 100 páginas, está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad.
“En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación”, se sostuvo en los argumentos.
También se indicó que “en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”.
“La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%,. Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe”, se remarcó.
El Poder Ejecutivo giró una iniciativa que busca fijar un monto de 24.500 millones de pesos para financiar los gastos que implica la Policía Federal traspasada al distrito porteño durante la gestión de Mauricio Macri.
A una semana de haberle bajado un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos, con el fin de atender el conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, ahora el Gobierno nacional envió un proyecto de ley al Senado para reducir aun más el porcentaje de coparticipación, llevándola a 1,4%.
La iniciativa girada este jueves trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos de la Policía Federal traspasada al distrito porteño durante la gestión de Mauricio Macri. Esa cifra es equivalente al gasto que representó este año, pero el monto deberá ser actualizado cada año.
¿De qué manera? Según lo estipula el artículo 2°, será mediante una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.
También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.
“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.
Según supo parlamentario.com, el texto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, en manos de los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio, respectivamente.
En los argumentos del proyecto, el Ejecutivo recordó que en enero de 2016 la Legislatura porteña aprobó el convenio de transferencia firmado por el entonces presidente Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Sin embargo, señaló que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos no se envió el acuerdo para “la consideración y eventual aprobación” del Congreso, “tal y como exige el quinto párrafo del artículo 75, inciso 2, de nuestra Constitución Nacional”. “Esta omisión no pasó inadvertida para legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, quienes presentaron diversos proyectos al respecto”, recordó el Gobierno en los considerandos.
También remarcó que “apenas 13 días después de la suscripción del convenio”, el gobierno anterior llevó a 3,75% la coparticipación de la Ciudad “sin brindar argumentos o justificación que dieran cuenta de cómo se arribó a ese porcentual ni los fines a los que se destinaría”.
Finalmente, la cifra pasó a 3,5% durante la firma del Consenso Fiscal de 2018 y, la semana pasada, Alberto Fernández la redujo a 2,32%, motivo por el cual Rodríguez Larreta anunció que reclamará por el recorte ante la Corte Suprema.
En caso de aprobarse el proyecto enviado por el Ejecutivo, la coparticipación para la Ciudad -que ya no recibirá en forma automática los fondos para afrontar los gastos en seguridad, sino a través de este nuevo mecanismo- se verá reducida al 1,4%.
“Proponemos esta enmienda para corregir y superar la situación de desigualdad carente de fundamentos razonables, generada por los Decretos Nros. 194/16 y 257/18, que impusieron a la Nación el pago de un monto que superaba con creces el costo de los servicios transferidos”, añadió el Ejecutivo en el proyecto.
La auditora general de la Ciudad criticó duramente la decisión de Alberto Fernández y advirtió que desde la gestión nacional hay “bronca y odio” hacia el distrito capitalino.
En medio de la polémica por la reducción de la coparticipación de la Ciudad, la auditora general Raquel Herrero cuestionó la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, e insistió en que se trata de algo que se venía gestando desde hace algunos meses atrás.
Es así que la auditora explicó que “hoy, con la decisión arbitraria e injusta que el Presidente de la Nación tomó, nos damos cuenta y le damos real dimensión a determinadas frases que escuchamos en estos meses” y consideró que “no fue casualidad que a fines de diciembre del año pasado, la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner diga que es una barbaridad la cantidad de presupuesto que tiene la Ciudad en comparación con La Matanza. Tampoco fue casualidad cuando el Gobernador de la Provincia Axel Kiciloff afirmo que de un lado de General Paz hay Plazas con muchas luces y del otro, calles de tierra”.
Además señaló que “nofue casualidad cuando el propio Presidente dijo que le daba culpa ver una Ciudad tan desigual e injusta. Hoy nos damos cuenta de la bronca y del odio a la Ciudad” y advirtió que “esta medida perjudica a los vecinos de la ciudad y a todos aquellos que vienen día a día a estudiar en las escuelas o universidades, a atenderse a los hospitales o a trabajar. Sólo como ejemplo, en los hospitales de la ciudad, aproximadamente el 30% de los pacientes que se atienden no son de la Ciudad”.
“Por eso apoyo la decisión, la templanza y el accionar del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y espero que la justicia tenga la celeridad que amerita la situación para resolver esta cuestión”, aseguró Herrero y remarcó que “no es ese el camino que necesitamos para sacar a la Argentina adelante. La única forma en la que vamos a poder construir una Argentina mejor es a través del diálogo”.
Sobre esa misma línea, indicó que “las palabras, la convicción, la templanza y la forma de trabajar del Jefe de Gobierno son un ejemplo de eso y se puede ver reflejado desde el inicio de la pandemia trabajando codo a codo tanto con la Provincia como la Nación” y concluyó señalando que “lamentablemente no volvieron mejores y esta es una muestra más del castigo a la Ciudad por no haberlos votado”.
Enmarcaron la actitud del Ejecutivo nacional en “una lógica prepotente” que debe ser desterrada, y reclamaron que sea el Congreso el que discuta la asignación de recursos públicos.
Los diputados nacionales radicales de la provincia de Buenos Aires reclamaron que la discusión en torno a la asignación de recursos públicos federales se realice en el Congreso y en acuerdo con los estados subnacionales, tal cual lo que la Constitución establece.
“No se trata de una potestad del Ejecutivo y mucho menos si el ejercicio de la misma es intempestivo y arbitrario”, señalaron a través de un comunicado en el que consideraron que la crisis de seguridad de la provincia de Buenos Aires es “solo un emergente”. En ese sentido señalaron que “una sucesión desgastante de gobiernos justicialistas ha manoseado la administración pública, alimentando una cultura clientelar, desjerarquizado los servicios públicos, etcétera”.
“Todo lo contrario de lo que se necesita en una provincia fragmentada y con enormes deudas sociales”, remarcaron.
Los legisladores nacionales del partido centenario rechazaron el proceder del Poder Ejecutivo Nacional respecto de la asignación de fondos correspondientes a ACBA para atender lo que, aclaran, son “legítimos reclamos de los agentes policiales provinciales”. Y agregan: “la solidaridad interjurisdiccional no se construye a fuerza de maltrato a los opositores”.
Por lo tanto, consideran que se trata de “una medida ilegal, inconsulta, improcedente y a la larga ineficaz, que probablemente abre muchos más conflictos que los que cierra”.
Los legisladores bonaerenses enmarcan la respuesta del Gobierno de Alberto Fernández en “una lógica prepotente que debemos desterrar del país”.
El comunicado radical concluye enfatizando que “una democracia de calidad se construye con diálogo, con responsabilidad en la función pública y con el respeto a la ley”.
Le pidió al jefe de Gobierno porteño reconocer el aporte de 47 mil millones de pesos que CABA recibió de Nación desde marzo.
El presidente del bloque Frente de Todos de la Legislatura porteña, Claudio Ferreño, justificó la decisión oficial de redirigir fondos desde la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires asegurando que no se trata de coparticipación, sino de una decisión tomada por decreto por el expresidente Mauricio Macri con el argumento del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.
El diputado porteño señaló que “el traspaso, según los cálculos, es el 0,92% y no lo que le sumó la Nación con Macri”, advirtiendo que si bien la Legislatura dio oportunamente su visto bueno a la transferencia de fondos, el Congreso de la Nación no lo hizo.
Asimismo reprochó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no reconocer que la Nación aportó más de $ 47 mil millones a los porteños desde marzo para sostener la actividad en el contexto de la pandemia. En declaraciones a Télam Radio, Ferreño señaló que “desde marzo a septiembre, el Gobierno nacional ha transferido a la Ciudad 47.187 millones de pesos. Eso no lo dicen ni Rodríguez Larreta ni (el vicejefe de Gobienro Diego) Santilli, ni el bloque de Juntos por el Cambio”.
Es la manera para “evitar arbitrariedades”, señaló la diputada radical, que alertó sobre la magnitud que representa el punto que le fue quitado a la Ciudad.
La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, analizó por Radio Ciudad AM1110 la decisión del Ejecutivo Nacional de quitarle un punto de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires señalando que “para evitar arbitrariedades necesitamos avanzar con la ley de coparticipación”.
“Fue una decisión que vivimos en forma sorpresiva porque fue intempestiva y bastante confusa. Cuando se habla de que se quitó un punto de la coparticipación, pareciera que es poquito y en realidad es muchísimo. Equivale al 50% del presupuesto de educación de 2019, al 60% del presupuesto en salud, y al 70% del presupuesto en seguridad. Es un montón que afecta a servicios básicos: educación, salud y seguridad”, dijo la diputada radical.
“Acá hay dos arbitrariedades. Primero que es inconsulto. Es un presupuesto que se está ejecutando. Es arbitrario por la situación y por el contexto. En un contexto de pandemia la Ciudad se financia con un tributo que es la recaudación comercial. En este contexto de 6 meses de parálisis, no es solamente arbitrario, sino que realmente afecta el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió la legisladora.
“El discurso del jefe de Gobierno volvió a poner las cosas en el lugar en que las tenemos que mirar. Hablemos de federalismo en serio, equidad, desarrollo y legalidad. Ningún presidente de ningún partido puede quitar y sacar sin consultar y sin pasar por el Congreso Nacional”.
“Hace 167 años que la Ciudad de Buenos Aires aportó siempre al país, pero como no tenía autonomía no tenía coparticipación. ¿Eso es justo? ¿Vamos a litigar por 167 años de coparticipación? No, aprendemos. La Constitución de 1994 es el punto, son las reglas con las que tenemos que mirarnos y convivir todas las provincias y la ciudad Capital, en democracia. No hay razones para anularla. Entonces, me parece que el horizonte es otro y los porteños tenemos que luchar por los derechos y ningún presidente tiene derecho a quitarlos”, finalizó Carrizo.
Aunque Sergio Berni se esmere en apegarse a un relato que lo lleva a insistir en lo contrario, la crisis de la policía bonaerense sorprendió a su gobierno y, más aún, a la Rosada. Fue la excusa que llevó a Nación a acceder al reclamo interno de embestir contra la administración porteña, aun a riesgo de estar edificando al candidato más incómodo.
Por José Angel Di Mauro
Esta semana vuelve finalmente el fútbol. No el local, pero sí retoman los clubes argentinos que disputan la Libertadores. A regañadientes, pues si no fuera porque la Conmebol se puso inflexible, hubieran preferido que siguiera pasando el tiempo. El torneo local, en cambio, tiene fecha de inicio incierta y prevalece la sensación de que se postergará un arranque que ni siquiera había sido confirmado, pero que ya se descuenta se trasladará a octubre. Pareciera que varios clubes de Primera -y más aún los del ascenso- están muy cómodos con el receso ininterrumpido. Muchos han arreglado con sus figuras descuentos de sueldo; no tienen que pagar premios; los socios abonan sus cuotas o ya se pondrán al día; los sponsors siguen cumpliendo y la TV no dejó aún de pagarles… No recaudan por partidos, pero tampoco tienen el oneroso gasto de la seguridad…
Y llegamos adonde queríamos. Damnificados por la suspensión del fútbol son sin dudas los barras, que han hecho de esa actividad un muy rentable medio de vida. Por la suspensión prolongada han debido buscar otros ingresos y ahí es que se anotaron como mano de obra dispuesta en las tomas de tierras que proliferan: se ofrecen a usurpadores y damnificados. También afectadas por la falta de espectáculos públicos están las fuerzas policiales, que cada fin de semana recaudan mucho en concepto de seguridad. Al Estado -nacional o provincial- le viene de maravillas, pues por esa vía privada sus efectivos ven engrosar sus magros salarios. Esa ausencia contribuyó a la rebelión de la policía bonaerense de esta última semana.
También afectadas por la falta de espectáculos públicos están las fuerzas policiales, que cada fin de semana recaudan mucho en concepto de seguridad.
Nadie vio venir el estallido, aunque cuando el verborrágico ministro de Seguridad bonaerense recuperó el habla el jueves pasado repitió una y otra vez que sabían del mal clima imperante y que lo que pasó no los tomó por sorpresa. Cuesta creerlo. No es lo que en esos días de zozobra se escuchaba de las figuras más cercanas al gobierno nacional. Muy por el contrario, un intendente del Conurbano que lleva varios mandatos al frente de su municipio confió a este medio su indignación por el manejo de la crisis por parte del gobierno provincial. Incluso iba más allá de esta coyuntura a la hora de criticar el modo de gestionar.
Tampoco adelantaron la asonada desde la AFI. El organismo, que según el gobierno actual se dedicó durante la gestión anterior a espiar a políticos y periodistas, tampoco alcanzó a dar el alerta correspondiente. Parecieran sus autoridades más interesadas en auscultar el pasado reciente que en anticipar el futuro inmediato.
Atento a que se trataba de un distrito sensible a los intereses de su mentora, el Presidente optó inicialmente por no referirse al conflicto, hasta que sí lo hizo en tono desafiante al tercer día, cuando la protesta llegó a las puertas de la residencia presidencial: “Este tema no se resuelve escondidos en patrulleros y tocando bocina”, disparó. Contribuyó a su enojo no solo que los uniformados hubieran ido hasta allí, sino que insólitamente rechazaran la invitación a que un representante pasara a dialogar con el Presidente. La teoría conspirativa escaló entonces a niveles preocupantes.
Las imágenes de policías armados rodeando la residencia presidencial representaron un inaceptable desafío institucional que generó el inmediato repudio de todos los sectores.
Fue el momento en el que la protesta se les fue de las manos a los agentes. El mayor o menor respaldo que podían haber recogido hasta entonces en la sociedad y, sobre todo, en la dirigencia opositora, se desperfiló. Las imágenes de policías armados rodeando la residencia presidencial representaron un inaceptable desafío institucional que generó el inmediato repudio de todos los sectores. Imprevistamente el gobierno vio así cómo se revertía su estado de desorientación y los rebeldes le regalaban la posibilidad de recuperar la iniciativa.
Mientras recibían muestras de apoyo, desde el gobierno invitaron a intendentes, oficialistas y opositores, a tomar parte de la presentación en la que se esperaba que Alberto Fernández diera una respuesta a lo que se vivía alrededor de la residencia. Aunque ya había trascendido durante el día que lo que finalmente se anunció estaba siendo analizado para proporcionar a la provincia de Buenos Aires los fondos para incrementar los sueldos policiales. El jefe de Gobierno porteño lo confirmó de boca del ministro del Interior. Los intendentes opositores que se sentaron detrás de Fernández para dar marco al discurso presidencial se tragaron el sapo al escuchar el discurso.
Atentos a los detalles, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue ubicado atrás del Presidente, justo a su derecha, cuestión de estar siempre en pantalla. A la izquierda de Alberto estaba Juan Zabaleta (Hurlingham), su intendente más afín.
Ese miércoles ganaron los halcones, de uno y otro lado. Y para el gobierno nacional, deseoso de subir al ring al expresidente Macri, esa siempre es una buena noticia. Porque ya había desechado al inicio de la semana la invitación al “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional” hecha por la Mesa Nacional de JxC. Ahora, con la implementación de la quita de un punto en la coparticipación de CABA, parecía darles la razón a las voces que el oficialismo entiende que más le conviene se escuchen en la oposición.
Sin embargo lejos estuvo de parecer un buen negocio para el gobierno. Cuando el objetivo del oficialismo debiera ser dividir a la oposición, la medida logró amalgamarla en torno a la figura que más crece en las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta anunció que contestaría al día siguiente. Tuvo tiempo para hablar con todos los sectores internos y analizar qué decir y -sobre todo- el tono, mientras desde las redes sociales los halcones de la oposición pedían sangre. Ya ese miércoles habían logrado imponer el hashtag #MurióCambiemos, indignados porque sus dirigentes hubieran salido a condenar el acoso policial a la residencia de Olivos. Hay talibanes a ambos lados de la grieta… A lo largo del jueves sugirieron no atender más en los hospitales de la Ciudad a las personas provenientes de la provincia. Según cifras oficiales, el 40% de los pacientes que se atienden en los hospitales porteños vive en la provincia. Un dato más a tener en cuenta: un 26% de la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad vive en el Conurbano.
No obstante, el jefe de Gobierno porteño no abandonó la moderación al hablar en la noche del jueves, aunque esta vez mostró un cuidado enojo que hizo la diferencia. Conformó a los propios y convenció a muchos ajenos. Sin diatribas, prometió llevar la disputa a la Corte, que era lo que se esperaba.
Rodríguez Larreta, que antes de la pandemia tenía un conocimiento nacional de no más del 25%, consiguió a partir de las presentaciones bimensuales junto al Presidente y el gobernador bonaerense elevar ese nivel a más del 80%, y una imagen positiva que según algunos consultores hoy supera a la de Fernández. El jueves tuvo 36 puntos de raiting, más que un partido de selección. Datos que justifican los fuertes reproches que se hicieron puertas adentro del oficialismo en las últimas horas, convencidos de que en lugar de subir al expresidente al ring, pusieron a Larreta en el centro de atención. Los tiros en el pie incluyen torpezas como la expresión del intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense de comparar a Buenos Aires con Paris y a su distrito… con Merlo.
En esta columna veníamos adelantando que tarde o temprano vendría el hachazo a lo que Macri le había asignado a la Ciudad por decreto. Si no fuera por la pandemia, el recorte hubiera sido antes. La crisis policial fue la excusa justa.
El recorte de un punto representará 45 mil millones para 2021, según estimaciones del Gobierno nacional. Un dato curioso: cuando a los dos días de haber ganado el balotaje, Mauricio Macri se desayunó con la decisión de la Corte de reconocer el reclamo de tres provincias por una reducción de su masa coparticipable, el flamante gobierno de Cambiemos estaba obligado a devolver 45 mil millones de pesos. Podemos hablar de inflación, pero más allá de eso, el dato da una idea de la magnitud del recorte porteño. “Es la primera vez que un conflicto así se resuelve sin negociar. Nadie negoció nada”, insistía Sergio Berni el viernes, sin convencer demasiado. Porque la realidad es que los policías lograron un incremento que obligó a echar mano a fondos de otro distrito, y que el reclamo que nadie frenó con la antelación necesaria será un antecedente para la catarata de reclamos que vendrán ahora de estatales, docentes, médicos y enfermeros. Y no solo en la provincia de Buenos Aires, pues la protesta policial bonaerense repercutió en sus pares del interior, y se replicará en el resto de los estatales. Para preocupación de Martín Guzmán, que este martes debe entregar en Diputados el proyecto de presupuesto 2021 que originalmente preveía incrementos moderados en la administración pública.
Para el exsenador nacional eso le interesa más al Gobierno que confrontar con Rodríguez Larreta.
El expresidente provisional del Senado Federico Pinedo cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de quitarle un punto de la coparticipación porteña para derivarlo a la provincia de Buenos Aires y sugirió que el diferendo debe ser aclarado por la Corte Suprema de Justicia.
Entrevistado por radio Mitre, el exsenador utilizó una curiosa figura para interpretar la intención del Gobierno nacional: “Yo creo que el objetivo de quedarse con 35 mil millones ajenos los erotiza más que confrontar con Horacio Rodríguez Larreta”.
A propósito del apoyo a la medida expresado por 19 gobernadores, Pinedo advirtió que “ningún gobernador debería despreciar a su compatriota”. Y agregó: “La Ciudad le da educación, salud a muchos de ellos. Es absurdo. Esa pelea está en la mente de la gente que mira para atrás, pero no en la realidad”.
Para Pinedo, “una vez que una provincia tiene sus recursos, la Ciudad no puede privarla de esos recursos. Eso se ha establecido en beneficio de todas las provincias”. Y advirtió que “si Alberto Fernández le saca a uno, mañana le puede sacar a otro. Si se está sujeto por decreto, Argentina dejaría de ser una unidad“.
Con todo, consideró que “es mucho más razonable que lo aclare la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, el exsenador recordó que “en la época de María Eugenia Vidal aumentó la coparticipación” bonaerense, y precisó que “los fondos de los recursos del conurbano se iban deteriorando. Cuando se fue Axel Kicillof en 2015 de la Provincia, era para controlarlo a Scioli políticamente. Al fin del día, dijeron que eso era insostenible”.
“A uno le duele que le quiten el esfuerzo de su trabajo”, señaló el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, que sostuvo que “la única manera de sacar al país adelante” es trabajando todos juntos.
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, calificó este sábado la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires para transferírselos a la provincia de Buenos aires como una medida “intempestiva e inconstitucional”.
El funcionario se manifestó “desilusionado” por la actitud del Gobierno nacional, advirtiendo que “la única manera de sacar al país adelante” es trabajando todos juntos -oposición y oficialismo- “entendiendo las diferencias”.
Entrevistado por radio Mitre, Santilli señaló que “dentro del dolor que produce la pandemia” durante los últimos seis meses, el Gobierno de la Ciudad “apostó mucho” para “trabajar codo a codo” con la Nación y aseguró que el decreto presidencial les “dolió”.
En ese sentido agregó que “a uno le duele que le quiten el esfuerzo de su trabajo, la planificación y una sana administración de los recursos de 7 millones de argentinos”.
“La otra cosa que a uno le duele es sacarle a uno para resolver el problema de otro en lugar de sentarse en la mesa. Nos duelen las injusticias”, manifestó el vicejefe de Gobierno, que consideró que “trasladar el problema de un lado hacia otro no es lo correcto”. De cara a cómo sigue la discusión por los fondos redireccionados, apoyó la decisión de recurrir a la Corte Suprema y precisó que “seguiremos la discusión por vías institucionales”.
Wado de Pedro justificó de esa manera el decreto por el cual se le restó un punto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. “El Presidente subsanó una gran injusticia”, remarcó.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo este viernes que el decreto de creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires “subsanó una gran injusticia, que a la vez era una inmoralidad ante la situación que atraviesan millones de argentinos y argentinas”. Además, reiteró que el Gobierno nacional “desde el primer día demuestra voluntad de diálogo” y que recalcó la medida “recuperó fondos que Mauricio Macri transfirió de manera ilegítima”.
“No se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el Presidente garantiza los recursos para la policía de la Ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires”, señaló el titular de la cartera de Interior desde Casa de Gobierno.
En ese sentido, indicó que “la Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes”, pero aseguró que el gobierno del ex presidente Macri “incumplió las dos cosas” al momento de traspasar la Policía Federal a la Ciudad.
“La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales y Macri les transfirió más del doble. Desde principios de año dialogamos con el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) sobre el monto que tenían que devolver, era una decisión tomada”, señaló.
En ese marco, De Pedro negó que la medida para recuperar esos fondos sea “unilateral e inconsulta” y reiteró tanto los equipos del Gobierno nacional como de la Ciudad ya venían trabajando sobre el tema.
“Yo personalmente le transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron de más, y que esos recursos no les correspondían. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del Gobierno de la Ciudad”, remarcó.
Subrayó, además, que el Gobierno seguirá “trabajando y fomentando el diálogo con todos los sectores” y añadió: “Los argentinos y argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias, es importante respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de nuestras instituciones, siempre”.
“Desde el primer día, demostramos voluntad de diálogo y consenso. Trabajamos con todas y todos para levantar al país, y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron. Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y de diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos, ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos”, cerró el ministro de Pedro.
La diputada nacional se manifestó sobre e la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y sostuvo que “si es coparticipación es para todo el país, sino no me hablen de federalismo”.
La discusión sobre la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la protesta de la Policía bonaerense, se coló este jueves en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud de la Cámara de Diputados, donde hubo cruces entre oficialistas y opositores.
En su intervención, la diputada nacional Beatriz Ávila cuestionó el sentido federal de la decisión del presidente, y señaló: “Ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, si es coparticipación es para todo el país”.
“Como diputada del interior, de Tucumán, no puede dejar pasar cuando hablan de federalismo. La coparticipación es para todo el país, no se puede quedar en una solo sociedad. Ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, si es coparticipación es para todo el país”, manifestó en este sentido, al tiempo que consideró que “hay discriminación hacia el interior”, y reiteró: “No puedo dejar pasar por alto que no vean qué está pasando en el interior, y que siempre quedamos afuera”.
“Si es coparticipación es para todo el país, sino no me hablen de federalismo. Vivo en Tucumán, vivo en el norte, la zona más pobre del país, donde tenemos muchísimos problemas, y esto no se está poniendo en agenda pública tampoco”, concluyó sobre el tema la legisladora del Partido por la Justicia Social de Tucumán.
Por otra parte, sobre los proyectos por los que se reunió el plenario, Ávila señaló la necesidad de avanzar con la creación de un programa nacional de tratamiento integral e interdisciplinario de las personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad.
Al respecto, advirtió la importancia de brindar las herramientas necesarias a los padres para que puedan tratar correctamente a sus hijos, ya que, indicó, “muchas veces no saben a dónde recurrir”.
La diputada de la Coalición Cívica criticó al Gobierno nacional por la medida en contra del distrito porteño y el “discurso muy agresivo, dividiéndonos más cuando tenemos que estar más unidos”.
La diputada nacional Paula Oliveto dijo que “volvió el sistema del látigo y la billetera”, al referirse a la quita de un punto de la Coparticipación Federal a la Ciudad, dispuesta por el Gobierno nacional para asistir a la provincia de Buenos Aires.
“Ellos no son quiénes definen el reparto de los recursos, existen las leyes y las instituciones”, remarcó la legisladora de la Coalición Cívica en diálogo con radio La Red.
La porteña cuestionó que la medida se dio “sin avisar” y “cuando los recursos en el presupuesto están planificados”, además de estar “en medio de una crisis terrible, donde estamos asistiendo en nuestros hospitales a muchos bonaerenses”.
La opositora también criticó el “discurso muy agresivo, poniéndonos en el lugar de ricos, egoístas, dividiéndonos más cuando tenemos que estar más unidos”.
“Me parece que es un error, por las consecuencias que le va a traer a muchos en su calidad de vida; además los desnuda a ellos en su calidad de hacer política, esto de que ‘el que no piensa como yo, el que no se doblega, a ese lo maltrato, le quito los recursos y vuelvo al sistema del látigo y la billetera'”, lanzó.
Oliveto analizó que “la Nación podría haber tomado otro camino; cada vez más la Nación es más rica y las provincias tienen menos recursos de manera directa”.
Asimismo, la diputada indicó que “esta forma de decisiones concentrada en el Poder Ejecutivo tiene consecuencias en el Congreso, donde muchas veces los senadores votan porque los gobernadores le piden que acompañen tal o cual ley, porque si no no le dan los recursos”.
La dirigente cercana a Elisa Carrió rechazó esta “manera discrecional” de “al que necesito, al que piensa como yo, lo asisto y al que no, al que se me revela, al que no es de mi partido, al que no puedo cooptar, lo limito y trato de quitarle las posibilidades electorales”. “Esto es muy complicado y es muy perverso, sobre todo en momentos en los que el presidente debería tender puentes”, advirtió.
Finalmente, Oliveto indicó que “los impuestos y el presupuesto son competencia exclusiva del Congreso” y dijo que el decreto por el cual se dispuso la quita “tiene viso de inconstitucionalidad y entiendo que así la Corte va a resolver”.
El bloque conducido por Claudio Ferreño aseguró que se trata de “la corrección de un mal cálculo que afectó los ingresos que el Estado Nacional” y consideraron que también impactará positivamente en los porteños.
Luego de la conferencia de prensa en la que los jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, rechazaran la reducción en la coparticipación y asegurarán que irán a la Corte, los diputados del Frente de Todos (FdT) emitieron un comunicado en el que acompañaron la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y aseguraron que “no es más que la corrección de un mal cálculo que afectó los ingresos que el Estado Nacional destina a todos los argentinos”.
Asimismo recordaron que “la gestión de Mauricio Macri aumentó esa alícuota por decreto de 1.4 al 3.75% a menos de un mes de haber asumido, aunque en el 2018 la redujo al 3.5%” y respaldaron “la creación de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires porque entendemos la importancia de que el Estado nacional garantice el acceso equitativo a la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual”.
Sobre esa misma línea, el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) explicó que en la actualidad “casi la mitad de la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de Ingresos Brutos proviene de la contribución de los bonaerenses que llegan a diario a trabajar al distrito, dato que muestra lo que la pandemia no ha hecho más que confirmar: la necesidad de construir políticas integrales para toda la región del AMBA” y advirtieron que “no se puede pensar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sin una mirada metropolitana, por lo que esta acción del Gobierno destinada a la Provincia también impactará en beneficio de los porteños, si tenemos en cuenta que hoy los delitos no conocen de límites territoriales o jurisdiccionales”.
También indicaron que “no puede soslayarse el acompañamiento activo del Gobierno Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de toda una batería de medidas para combatir los efectos de la pandemia del Covid 19 en el ámbito del AMBA” y señalaron que “desde marzo el Estado Nacional destinó a la Ciudad un monto aún más elevado que el punto de coparticipación en discusión”.
“Aportó más de 47 mil millones a la Ciudad a través de distintas herramientas como el pago de salarios mediante el ATP; el Ingreso Familiar de Emergencia; los bonos a jubilados, pensionados y AUH; los refuerzos de la tarjeta alimentar; los créditos subsidiados para empresas, monotributistas y autónomos; la implementación del Plan Detectar y la compra de 6.500 computadoras para estudiantes no contenidos por las políticas educativas de la Ciudad”, aseveraron y concluyeron acompañando “el camino marcado por Alberto Fernández para reconstruir juntos la Argentina”.
El vicejefe de Gobierno criticó duramente la decisión del presidente de reducir la coparticipación de la Ciudad y aseguró que tras esta situación se “lesionó el diálogo” entre el oficialismo y la oposición.
Luego de que la Legislatura porteña repudiara la reducción en la coparticipación de la Ciudad, el vicejefe de Gobierno y presidente de esa misma Casa, Diego Santilli, también cuestionó la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y ratificó que “definitivamente el diálogo se lesionó”.
En ese sentido, el funcionario -que además está a cargo del Ministerio de Seguridad- aseguró que “esta decisión es en el medio de la pandemia, en el medio del presupuesto. Es muy difícil este tipo de decisiones en el medio del ejercicio” e insistió en que “la Ciudad es una provincia solidaria; hay que buscar una mesa integral, desde 1996 no hay una reestructuración”.
Asimismo manifestó que “todos queremos que los argentinos crezcan en todo el país, pero no creo que sea sacándole a uno para darle a otro” y consideró que con esta decisión “definitivamente el diálogo se lesionó, uno recompone esa cicatriz con más diálogo. Si ese diálogo es unilateral no es diálogo”.
“Todos tenemos que poner algo arriba de la mesa, este no es el deseo de nadie. El deseo es nivelar hacia arriba, como dijo Horacio Rodríguez Larreta; habíamos encontrado un camino entre oficialismo y oposición. Duele lo intempestivo, el no trabajo en conjunto”, argumentó.
Sobre esa misma línea, Santilli expresó que “definitivamente tenemos que abordar la pandemia en conjunto, no hay posibilidad de que la abordemos cada uno mirando para un lado. Nos decepcionó la actitud de Alberto Fernández” y remarcó que “más allá de eso, entendemos que los argentinos que nos están mirando, los vecinos, con la angustia que llevan, el cansancio, el hartazgo, el miedo a perder el trabajo, requieren de nosotros una actitud de grandeza. Eso es lo que vamos a seguir teniendo”.
Además aseguró que están “convencidos, en nuestra forma de trabajar todos los días: la búsqueda del diálogo, el consenso, la de entender la problemática y ponerse en el lugar del otro” y explicó que la medida presidencial fue “una fuerte decepción porque el diálogo tiene que ser real, el diálogo tiene que llevar a tener distancias, diferencias, pero las consecuencias no son las decisiones intempestivas”.
“No son decisiones que de la noche a la mañana vos te quedas con 35 – 40 mil millones de pesos. No es así, porque hay un presupuesto, un trabajo, una proyección, salarios, gente y porque hay que cuidar a estas 7 millones de personas que viven, están, trabajan en la ciudad. La verdad que sí, estoy decepcionado”, concluyó.
Ante lo dispuesto por el Gobierno nacional en torno a la quita a la Ciudad de Buenos Aires, legisladores hablan de una “visión centralista y unitaria”.
Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para que la Provincia de Buenos Aires resuelva el conflicto policial.
“Es un precedente gravísimo e inconstitucional de un Gobierno nacional con visión centralista y unitaria”, dijo Gustavo Menna, integrante de la Comisión Bicameral de DNU, quien también afirmó que “el decreto nacional 735 modifica la distribución de la coparticipación, que debe ser fruto de un acuerdo entre las provincias y la Nación, aprobada por Ley Nacional y de cada Legislatura”.
“Es una decisión inconstitucional que además expone a las provincias a perder sus recursos por decreto. Evidencia una visión centralista. Si el punto adicional de CABA fuese incorrecto, esos recursos son de todas las provincias. ¿Por qué se le dan solo a PBA?”, dijo.
Por su parte, Facundo Suárez Lastra aseguró que “van por Larreta y se tiran un tiro en los pies que impacta a los más pobres del conurbano. Le sacan $35.000 millones. Los 33 hospitales de CABA cuestan $75.000 millones. El 50% de los pacientes son pobres del conurbano. En mitad de la pandemia le sacan lo que CABA gasta en atenderlos”.
Luis Petri, mientras tanto, se refirió a los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que Buenos Aires “es una provincia rica, con un Gobierno pobre”. Al respecto, Petri resaltó: “A confesión de parte…ya lo creo, pobre en ideas, en planificación, en programas, en diálogo”.
A su turno, Miguel Bazze sostuvo: “El presidente actuó de la peor manera, desfinanciando a CABA. La provincia sufre las consecuencias de las pésimas administraciones peronistas. La coparticipación se resuelve reduciendo la masa de recursos que retiene la Nación en lugar de enfrentar a las provincias entre sí”.
En tanto, Soledad Carrizo afirmó: “Hoy vemos desvanecerse las promesas y los principios de nuestra Constitución, dando la espalda al federalismo como base y fundamento de la unidad nacional. La ausencia de una ley de coparticipación con criterios de distribución para el desarrollo equilibrado de todas las provincias, solo alimenta la concentración de poder. Hay discrecionalidad del Ejecutivo, que con intenciones políticas lo que le quita a CABA se lo da GBA. Una vez más el interior del país queda postergado. 26 años de deuda Constitucional, casi 20 de ellos, dominados por mismo frente político, decantan en la arbitrariedad con que el Presidente reasigna los fondos de las provincias. La deuda a las fuerzas de seguridad no se paga con nuevas deudas para nuestro país”.
“Hablan de diálogo mientras le sacan de manera unilateral 1 punto de coparticipación a una jurisdicción autónoma, para dársela a otra. Esto profundiza el grado de conflicto. Mala decisión que demuestra la falta de capacidad de gestión de quien debería resolver el problema”, dijo por su parte Jorge Vara.
El legislador porteño de UCR-Evolución criticó la decisión quitarle un punto de los recursos coparticipables a la CABA, y sostuvo que “violenta la autonomía de la Ciudad, y fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad”.
En su intervención en la sesión de la Legislatura porteña sobre el anuncio del Ejecutivo Nacional de quitarle un punto de los recursos coparticipables a la CABA, el legislador porteño de UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia consideró que “la decisión del presidente no es federal. Al contrario, es centralista y concentradora”.
“Es mentira que esta decisión del presidente fortalece el federalismo. El principio ordenador del federalismo es la autonomía de las provincias, y esta decisión violenta la autonomía de la Ciudad, fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad con que se administran otros programas de transferencias que dispone el Ejecutivo nacional y que ya vienen beneficiando a la provincia de Buenos Aires por sobre otras”, señaló el diputado.
“Si realmente hubiera una decisión de federalizar recursos y de hacer una distribución más equitativa ¿Por qué no se distribuyen esos recursos en las 22 provincias restantes?”, añadió el dirigente radical.
“La ley de coparticipación es uno de los pilares del federalismo y uno de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Modificarlo en perjuicio de un distrito, de esta manera, es una decisión inconstitucional, inoportuna en contexto de pandemia, insostenible políticamente, injusta en términos tributarios, e insolidaria con la Ciudad, que recibe mucho menos de lo que aporta al producto nacional”, finalizó Nosiglia.
Los diputados de las diversas bancadas, a excepción del FdT que terminó abandonando el recinto, aprobaron una tabla en la que cuestionaron la decisión presidencial y la modalidad del reclamo de los policías bonaerenses.
En medio de una tensa discusión que había comenzado a raíz de un proyecto del Frente de Todos (FdT), el oficialismo porteño aprobó una tabla en la que expresó su rechazo de la reducción de la coparticipación y convalidó los reclamos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque cuestionó los mecanismos que implementaron para llevarlos a cabo.
Así, tras varias horas de debate, expresaron su “categórico rechazo y profunda preocupación por el decreto 735/2020 del señor presidente de la Nación en tanto implica la decisión unilateral e inconstitucional de la reducción presupuestaria histórica de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social, económica, fiscal y de seguridad a partir de la pandemia”.
“En igual sentido expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante la manifestación de la policía bonaerense en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, asimismo convoca a las partes involucradas a la pronta resolución de los legítimos reclamos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron los legisladores y concluyeron afirmando que “este cuerpo reafirma su compromiso inclaudicable en defensa de la democracia y el respeto de las instituciones”.
Sin embargo, al momento de la votación el FdT decidió abandonar el recinto de sesiones. Es que el debate había comenzado a raíz de un proyecto del diputado Juan Manuel Valdés (FdT) en el que se instaba a la Legislatura a expresar su “profunda preocupación por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Quinta de Olivos donde personal de la policía bonaerense se manifestó exhibiendo sus armas”; un texto con el que el oficialismo porteño no estaba de acuerdo.
Es por ello que Martín Ocampo (UCR-Ev) terminó proponiendo el texto que finalmente se votó, aunque en reiteradas oportunidades el FdT insistió en que se debería tratar la tabla que se había presentado en primera instancia e inclusive Valdés solicitó que se retirara su proyecto. No obstante, el oficialismo continúo adelante con el texto que propuso y el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) terminó abandonando el recinto.
Cabe destacar que algunas horas antes de que la Casa aprobara esta tabla, el FdT había logrado bloquear el tratamiento de un proyecto de declaración de Vamos Juntos en el que buscaban rechazar la decisión presidencial sobre la coparticipación. No obstante, al final de la jornada, el oficialismo porteño logró su cometido y pudo llevar adelante el repudio que había buscado en primera instancia.
Al respecto de la iniciativa en cuestión, el trotskista Gabriel Solano (PO) se preguntó: “¿qué sentido tiene venir a pedir un repudio al motín policial de ayer y ahora lo vimos al presidente entregar todos los reclamos?” y advirtió que lo de este miércoles “fue un motín policial y ustedes lo reconocieron, ustedes le entregaron a la policía lo que no le entregan a los docentes… la policía se llevó un 40%, ¿los docentes tienen un aumento de ese tipo? ¿lo tendrán los enfermeros? La respuesta es no”.
“Está claro que cuando otros trabajadores reclaman por sus salarios se los reprime, pero cuando la policía hace un motín los premian con un aumento del 40%”, concluyó Solano mientras que Myriam Bregman (PTS) consideró que se trató de “un chantaje armado por estos policías, rápidamente se les fue concedido”.
En tanto el radical Leandro Halperín (UCR-Ev) advirtió que “es un momento de suma preocupación para toda la sociedad, no es concebible que a tantos años de haber recuperado la democracia no nos hayamos puesto de acuerdo en que formas de seguridad son las que forjamos” y destacó que “a principios de la pandemia advertimos el peligro de empoderar a la Policía bonaerense para controlar a la población, pero en lo que va de la pandemia ya hay 30 personas que no tienen más la vida y es esta misma policía la que no puede garantizar la seguridad de los bonaerenses. Es cierto que son mal pagos y si bien compartimos sus reclamos, esta no era la forma”.
“Estuvimos junto al presidente trabajando en conjunto, lo apoyamos y cuando nos dimos vuelta nos clavaron el puñal. Ganaron los más violentos de la sociedad, los que extorsionan con violencia a la democracia. El presidente de la Nación se equivocó y cedió frente a la presión”, completó.
Por su parte la legisladora de Autodeterminación y Libertad (AyL) Marta Martínez repudió “que los gobiernos sigan destinando los recursos de los ciudadanos para fortalecer las fuerzas de seguridad, fortalecieron el aparato de represión interno” e insistió en que “este es un modelo de país que no da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora”.
En ese sentido la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), manifestó que “es legítimo el reclamo salarial de los y las policías bonaerenses, pero no es la manera ni el lugar. Rodear la residencia presidencial con patrulleros y efectivos armados es intimidatorio” y se refirió a la reducción en la coparticipación de la Ciudad: “ha quedado demostrado que el Gobierno nacional tiene muy presente a la Ciudad, la última medida de inversión fuerte que tomó fue el empoderamiento del Ministerio de Educación y está financiando a 6.500 chicos para que puedan continuar sus estudios. Quiero llevar tranquilidad, el Gobierno nacional se va a seguir ocupando del distrito pero hay una banda presidencial que exige solidaridad con los distritos que no tienen las mismas posibilidades”.
A su vez el oficialista Guillermo González Heredia (VJ) indicó que “el presidente decidió sacarnos 1,20% de la coparticipación, esto no es sorpresa para nadie porque estuvo delicadamente planificado; hace algunos meses la escuchamos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al respecto de esto y al propio Alberto Fernández sobre lo opulento e “injusto” de la Ciudad”.
“Algunos gobernantes administraron mal los recursos y otros, como los nuestros, pudieron hacerlo bien”, manifestó y consideró que “este modus operandi es claramente kirchnerista, todos sabemos que el kirchnerismo ha dividido todo lo que ha tocado y lo hacen para reinar. Hay que tener mucho cuidado porque la grieta, de una manera inédita, pasó a lo territorial”.
Sobre esa misma línea, el socialista Hernán Reyes (PS) señaló que “desde el bloque Partido Socialista manifestamos nuestra preocupación por lo sucedido en la Quinta de Olivos, es una imagen que no queremos ver en nuestra democracia y no debe ser tolerable” y remarcó que “para resolver ese conflicto, el cual no pudo resolver el gobernador Axel Kicillof, el presidente nos redujo la coparticipación; la intención de recortar esos fondos no es nueva, ya en marzo el presidente lo tenía decidido pero la medida se postergó por la pandemia del coronavirus”.
Además Claudia Neira (FdT) consideró que “hay momentos en el que no son válidos los peros, hubo efectivos policiales que fueron a manifestarse armados frente a la Quinta de Olivos… no lo hicieron en la Casa Rosada, fueron a donde vive el presidente junto a su familia” y advirtió que “el presidente tomó esta decisión como todas las que viene tomando desde el principio de la pandemia: pensando en todos los argentinos”.
“No se le está quitando un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, se está corrigiendo algo que en el momento de la transferencia de la PFA al distrito se había calculado mal”, sentenció la peronista.
Asimismo Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) explicó que “es una decisión unilateral y arbitraria la que ha tomado el Presidente, el diálogo tiene que ser sincero, sin medias tintas ni medias verdades, como el ocultamiento al jefe de Gobierno y a los intendentes de la oposición de la reducción en la coparticipación de CABA hasta último momento” y alertó acerca de que “no se puede subsanar las impericias de otras gestiones quitando los recursos a los distritos de distinto color político; una vez más se castiga a los porteños”.
En contraposición el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) destacó que “es mentira que esta decisión del presidente fortalece el federalismo” y recordó que “el principio ordenador del federalismo es la autonomía de las provincias, y esta decisión violenta la autonomía de la Ciudad, fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad con que se administran otros programas de transferencias que dispone el Ejecutivo Nacional y que ya vienen beneficiando a la Provincia de Buenos Aires por sobre otras”.
“Si realmente hubiera una decisión de federalizar recursos y de hacer una distribución más equitativa ¿Por qué no se distribuyen esos recursos en las 22 provincias restantes?”, añadió y concluyó: “la Ley de Coparticipación es uno de los pilares del federalismo y uno de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Modificarlo en perjuicio de un distrito, de esta manera, es una decisión inconstitucional, inoportuna en contexto de pandemia, insostenible políticamente, injusta en términos tributarios, e insolidaria con la Ciudad, que recibe mucho menos de lo que aporta al producto nacional”.
El exsenador nacional señaló que “no se puede avasallar una ley con un decreto para solucionar una cuestión de fondo”.
El exsenador nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris, se refirió al conflicto que debió afrontar el Gobierno nacional por el reclamo salarial de la Policía Bonaerense, y la decisión de redistribuir la coparticipación a través de un decreto.
“Lo sucedido sólo demuestra una cosa: es indispensable discutir una nueva ley de coparticipación. No se puede avasallar una ley con un decreto para solucionar una cuestión de fondo que debió ser resuelta hace años. Basta de mezquindades políticas. Hay que solucionar el sistema financiero intergubernamental de una vez por todas”, dijo el presidente del Partido Autonomista Nacional.
“Está claro que es arbitrario que un decreto modifique una ley. Pero aquí la cuestión es que este conflicto ha confirmado que el actual sistema ha colapsado, que es necesario discutir una nueva ley de coparticipación”, agregó el exgobernador de Corrientes.
“Lo sucedido puede repercutir en cualquier provincia y no podemos permitir más deterioro de las instituciones. Hay que tener madurez política y solucionar de una vez por todas el problema de coparticipación. Hay que establecer reglas claras en el gravamen a la producción de las provincias”, insistió.
“La nueva ley de coparticipación es postergada desde 1994 y está establecida en la Constitución Nacional. Estas son las cosas de las que debemos ocuparnos de manera urgente, de los contrario episodios cómo el de la policía bonaerense podrán repercutir en otros sectores”, concluyó.
Por Daniel Bosque. El director de Mining Press y EnerNews pone en foco las relaciones comerciales, cada vez más presentes, entre Argentina y China.
Cero amistad, el enrojecido líder opositor echaba espuma por la boca. Wado los había invitado, como Alfonsín a Cafiero abuelo cuando Aldo Rico y habían puesto toda la carne en el asador virtual para “defender las democracias”. Y Alberto acabó sustrayéndoles a la vista de todos US$ 700 millones/año.
“No llores por mí CABA”. Tras el anuncio del manotazo, las redes K festejaban el rebalanceo nac&pop y hasta algún tuit progre recordaba aquello de Fidel sobre La Habana: “fue la prostituta del imperio, será la última de nuestras prioridades”. CFK se salió con la suya y se complica su elección como Miss Reina del Plata.
Lejos de picardías, smiles y caripelas, al apagar las luces había dos desaparecidos en acción. Lázaro Báez, el reo notición de anteayer que no encuentra lugar en el mundo, porque la guita no hace la felicidad a pesar de lo que piensan millones de no ricos. Y Sergio Berni, el teniente coronel del pueblo que venía hip-hop. La mano dura mide bien en estos países, pero hay sorpresas que te devalúan de un saque.
Me comenta Juan, un viejo amigo y dirigente sindical del interior, buscando más claves de los baby boomers de Daniel Scioli, los pitufos que hoy describe impecable Carlos Pagni. Qué pena la pandemia, Almodóvar o Cutzarida en Puente 12 o en Olivos se hacían una panzada de tomas kitch, (tomas cinematográficas, se entiende). En el top, los cascajos policiales desvencijados que arrancaban a empujones tras la voz de irse porque llegaban a la quinta presidencial los kas a putear contra el golpe de los neonazis y la puta oligarquía.
Prospera la paz Axel-Chalecos Negros, la nueva agenda de Alberto será una cascada de reclamos. Las otras policías del país, médicos y otros esenciales ya comenzaron a preguntar y nosotros para cuando. Moraleja: es mejor que los uniformados tengan un sindicato, si es peronista mejor.
A Olivos y al Instituto Patria más que putsch le temían al auto encierro en los cuarteles que hubiera disparado saqueos y violencia lumpen y narco, de eso sabe y mucho la Bonaerense, como en Córdoba en diciembre de 2013. Salió el sol, con el dinero de los porteños, el GBA podrá festejar un septiembre peronista. Habrá que ver la cara de pocker zen de Horacio Rodríguez Larreta como queda tras el bolsiqueo, lo que no te mata te fortalece.
Efemérides del redondeo: se cumplen 240 días de gobierno de Alberto y Cristina, de los cuales 174 fueron de más o menos cuarentena. Balance triste que obliga a explicaciones: la pandemia se llevó puestos a miles de pesos, empresas y sueños. Por suerte, Martín Guzmán arregló la deuda. La OMS dice que ni soñar con una vacuna hasta 2022, pero ayer contagios y muertos récord en Argentina pasaron a segundo plano.
A lavarse la cara y cambiar el gesto. El 8 de noviembre, so pretexto de la inauguración de la Expo de Shangai, el doctor Xi Jinping espera al paciente Alberto F. No se sabe si irá, pero en el avión ya no caben más empresarios. La idea es firmar acuerdos que pondrán un marco al imparable avance de China en la Argentina en crisis.
La embajada en Beijing, con Luis María Kreckler como nueva cabeza y el representante comercial Sabino Vaca Narvaja, factotum ká de agendas y contactos, es un torbellino. El negocio porcino, tan prometedor y polémico con su meta de US$ 20.000 millones para stockear aquí 100 millones de cabezas es el árbol que tapa un bosque de negocios agropecuarios, energéticos, mineros, financieros, de obra pública, telecomunicaciones entre otros varios.
La liturgia de cooperación y amistad, como la que propuso el zar de los medios Shen Haixiong, presidente y editor en jefe del CMG (sigla en inglés del grupo de medios chino), en un webinar latinoamericano en el que hablaron entre otros Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, y José Luis Manzano.
“Wuhan no tiene por qué pedirle disculpas al mundo”, dijo Shen en su réplica a los que sostienen que Xi Jinping aprovecha la pandemia para fortalecer su poderío mundial, comenzando por la abolición de la autonomía de Hong Kong.
El plan de la nueva Argenchina, como se llama la cámara bilateral que regentea Sergio Spadone, no es nuevo. Sólo que ahora avanza a todo vapor y está cerca de pasar de la potencia al acto en varios ítems. Si es más novedoso el romance entre el Partido Comunista chino y el Partido Justicialista. Los dos llevan hechos varios webinars en los que los asiáticos proponen compartir su know-how en lucha contra la pobreza, que aquí sobra, y en organización y control social que allá sobra.
Hay que atravesar esta etapa de sinsabores domésticos y poner proa urgente a China. Clarividencias: en los violentos 70 apenas Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro, y un par más, militaban en Vanguardia Comunista, el minúsculo grupo maoísta de la izquierda argentina. En ese entonces, el exiliado Juan Domingo Perón despreciaba a Mao y su revolución populosa de hambres y bicicletas.
Pero esa es otra historia, que hoy se reescribe como es debido, a fuerza de yuanes y business.
La fiscalía federal encontró acreditada la violación a la veda, por lo que reclamó para el actual diputado nacional la inhabilitación electoral.
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, consideró “muy acertada” la decisión del presidente Alberto Fernández de redistribuir la coparticipación federal y, de este modo, reasignar 1.8 % más a la provincia de Buenos Aires restándole ese porcentaje a lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires en virtud de un decreto que en el 2016 firmó el entonces presidente Mauricio Macri.
En declaraciones a “La Mecha” por Radio Provincia destacó que “con decir que en la Ciudad hay 3.000.000 de habitantes y en la provincia 17.000.00 ya vemos el desequilibrio en los recursos”, y cuestionó la postura de algunos intendentes bonaerenses de Cambiemos que criticaron la medida presidencial y respaldaron la figura de Horacio Rodriguez Larreta.
Watson dijo que “eso marca una actitud donde prima la política ante la gestión. Es extraño quejarse cuando te están dando recursos para mejorar el servicio que le das a tus vecinos, quieren defender a Larreta cuando no se quejaban, no decían nada, mientras que Macri le giraba más dinero a la Ciudad”.
En ese marco, enfatizó que “la decisión del presidente es justa y a derecho, acá hay gestión y una redistribución de recursos equitativa que va en beneficio de todos los argentinos”.
Por otro lado, el jefe comunal consideró que “cuando la Policía inició el reclamo por sus salarios manifestamos que era justo, pero de ahí a tomar patrulleros y armas del Estado para ir manifestar contra el Estado es un exceso que no deberían haber cometido. Hay un gobierno que está escuchando el reclamo y trabajando para la solución, por eso es inexplicable”.
Esa bancada rechazó el tratamiento de una tabla que buscaba expresar la preocupación del oficialismo y sus aliados acerca de la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir un punto la coparticipación de la Ciudad y destinar esos fondos a la Policía bonaerense.
Después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara la reducción de la coparticipación de la Ciudad, el presidente del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, pidió –en la sesión ordinaria de este jueves- someter a consideración del cuerpo una tabla que buscaba rechazar la decisión del mandatario. Sin embargo, el Frente de Todos (FdT) -junto a la diputada Marta Martinez de AyL- votó en contra del proyecto y terminó bloqueando el debate; mientras que la izquierda se abstuvo.
La tabla impulsada por el oficialismo y sus aliados planteaba que la Legislatura porteña expresara “su categórico rechazo y profunda preocupación por el decreto del señor presidente de la Nación en tanto implica la reducción unilateral e inconstitucional de la asignación presupuestaria histórica de la Ciudad, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social, económica, fiscal y de seguridad a partir de la pandemia”.
Pero a pesar de que la iniciativa no fue aprobada para su tratamiento, la diputada Cristina García (VJ) expresó, durante el tratamiento de otra iniciativa, su “total repudio a la decisión del presidente que es en desmedro de los vecinos de la Ciudad, esto va a impactar negativamente en el sistema de salud y educación de los porteños” y afirmó que desde esa bancada van “a seguir velando por nuestros derechos y el respeto a la Constitución”.
Mientras que la peronista María Rosa Muiños (FdT) salió al cruce y le respondió a García: “la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación establece que la misma debe ser equitativa, confiamos en la solidaridad de todos los porteños y porteñas”.
No obstante Sergio Abrevaya (GEN) advirtió que “parece ser que el decreto es peor que lo que dijo el presidente, uno lo lee y asusta. La coparticipación de la Ciudad, ese 1,4%, no está desde siempre” y recordó que “en 1992 el presidente feudal Carlos Menem transfirió la educación y la salud a todas las provincias, a su costo, aunque la Ciudad no tenía coparticipación como sí lo tenían las provincias; la Ciudad se hizo cargo de esto durante muchos años y a eso se le sumó la seguridad”.
“La Ciudad es provincia, está consagrado, y por eso tiene derecho a la coparticipación. La Ciudad aporta de más, la solidaridad de esta ciudad no tiene nombre. El jefe de Gobierno debería ir a la Corte para tratar esta situación”, completó Abrevaya.
Por su parte el oficialista Hernán Reyes (VJ) señaló que “no podemos desconocer que en el mismo momento en el que la Legislatura se presta a prorrogar la emergencia, hemos recibido una decisión hartera del presidente de la Nación que decidió sacarnos de un plumazo 35 mil millones de pesos” y consideró que “han elegido profundizar la grieta, confrontar y la peor de las fracturas que se le puede dar a un pueblo que es la distinción entre los que nacieron de un lado y los del otro”.
Asimismo lanzó con un punzante comentario: “acá lo que hay es una estrategia de poder marcada por una persona que no ostenta la banda presidencial pero que administra el poder en el Congreso y la Casa Rosada”.
A la vez que Juan Manuel Valdés (FdT) concluyó el intercambio de palabras señalando que “nadie celebra un recorte en los recursos de la Ciudad, todos quisiéramos que tuviera más”.
Advierten que con esta postura del Gobierno nacional “es muy difícil llegar a acuerdos” y consideran la medida “una pésima señal política”.
En un duro comunicado, el Pro calificó de “inconstitucional, injusta y prepotente” la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires anunciada el miércoles e implementada este jueves a través de un decreto. Para el partido que conduce Patricia Bullrich, se trata de “una pésima señal para la convivencia política y democrática en la Argentina”.
El partido lamenta esta situación y anticipa que serán “firmes en la defensa de los derechos del Gobierno de la Ciudad y de sus habitantes”, y aclaran que “como siempre, apostaremos a solucionar las diferencias a través del respeto a la ley y las instituciones, que es la única manera de procesar nuestros conflictos en democracia”.
Para el Pro, la decisión “es inconstitucional porque no respeta los mecanismos institucionales que tenemos para repartir los fondos nacionales entre las provincias. El reparto actual de la coparticipación está sancionado por ley y firmado por todas las provincias”.
La medida “es injusta porque aquel aumento de la coparticipación se hizo para que la Ciudad asumiera la transferencia de la Policía Federal, establecida por la Constitución Nacional y demorada durante más de 20 años”.
También consideran injusta la decisión porque “inevitablemente debilitará los sistemas de salud, educación y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que prestan servicios no solo a los porteños sino también a millones de bonaerenses y otros argentinos. El Gobierno nacional no le está quitando esa plata al Gobierno porteño: se lo está quitando a millones de argentinos”.
Finalmente considera “prepotente” la medida porque “fue unilateral e inconsulta. Y es una pésima señal política porque clausura el diálogo que, aun en los momentos difíciles como los que estamos viviendo, en medio de una crisis sanitaria y económica, siempre debe mantener el Gobierno con la oposición. Además, genera un enfrentamiento innecesario entre porteños y bonaerenses”.
El comunicado recuerda que el presidente inició su discurso del miércoles elogiando las virtudes del diálogo, pero advierten que “lamentablemente, sus acciones y sus palabras de las últimas semanas van en la dirección contraria. El presidente volvió a apostar por ampliar la grieta en lugar de ayudar a cerrarla”.
El comunicado concluye expresando la vocación del Pro por el diálogo, recuerdan haberle propuesto esta semana al Gobierno, junto al resto de los partidos que componen Juntos por el Cambio, “iniciar un diálogo profundo y abierto pensando en el desarrollo del país en los próximos 30 años”, pero recuerdan que “el presidente ya lo rechazó”.
Agregan que los intendentes del conurbano bonaerense que forman parte del Pro fueron a Olivos a apoyar la institucionalidad “y se vieron sorprendidos en vivo y en directo por una decisión tomada en soledad por el Gobierno. Así es muy difícil llegar a acuerdos”, concluye el mensaje del Pro.
El radical porteño criticó la medida tomada por el Gobierno nacional respecto a la reasignación de los recursos coparticipables, y recordó que “Macri le devolvió mucha plata a la provincia de Buenos Aires”.
Con un enfático rechazo, el senador radical Martín Lousteau criticó la reasignación de recursos coparticipables desde la Ciudad a la provincia de Buenos Aires, y opinó que “el kirchnerismo trata de debilitar el federalismo a efectos de tener mayor control político sobre el territorio”.
El legislador de Juntos por el Cambio consideró que la medida “es un episodio más de la degradación y el delirio” y cargó contra el presidente Alberto Fernández al sostener que dista entre su “discurso” y “las resoluciones y los hechos”.
Para el vicepresidente del Senado, el Gobierno nacional “aprovechó esto -en referencia al reclamo de la Policía Bonaerense- para una medida en contra del principal distrito opositor”.
Lousteau afirmó que efectivamente la provincia “está desfavorecida” y eso “es histórico”. Y aunque precisó que “le está faltando 52 mil millones”, defendió que “el gobierno de Macri le devolvió mucha plata a la provincia de Buenos Aires”, cuando “durante los gobiernos kirchneristas cayó casi cuatro puntos” en la Coparticipación.
El economista admitió que la Ciudad de Buenos Aires “es una ciudad rica en comparación con el resto de las jurisdicciones”, pero remarcó que provincias como Tierra del Fuego o Neuquén “tienen un gasto más alto por habitante”.
El senador opinó que hay que “resolver las cuestiones de fondo y gastar como corresponde”; en ese sentido, cuestionó que se quiera “gastar 14 mil millones de pesos agregando cargos y cargos” con el proyecto de reforma judicial.
“La Ciudad tiene déficit, y de esta manera la sometes a un estrés adicional o a una fragilidad que antes no existía, o con la pandemia está acotada”, añadió en declaraciones a radio Mitre.
También, el porteño analizó que la gestión del exgobernador Daniel Scioli “dependía permanentemente del Gobierno nacional” y “después lo sometían políticamente o le decían que (a la plata) la tenía que pedir prestada”.
Finalmente, consideró que “la Corte Suprema se tiene que despertar” para atender el eventual reclamo por esta medida, y otros “conflictos que están sucediendo”, entre los que enumeró “la creación de la bicameral de Vicentin; si la sesión de Diputados corresponde o no; la revisión del traslado de jueces”.
El senador del Frente de Todos señaló que el presidente “les quita todo lo que Macri les dio por decreto”, y en ese sentido consideró que “no” cree que “ningún juez les dé la razón” a un posible reclamo.
El senador nacional Mariano Recalde (Frente de Todos) consideró que “el problema de la Ciudad no es que falten recursos, el problema de la Ciudad es el despilfarro de los recursos”, al ser consultado este jueves por la decisión del presidente Alberto Fernández de la quita de 1% de Coparticipación al distrito porteño.
Para el oficialista, “en Argentina todo es judicializable”, pero dijo que “no” cree que “tenga razón” un reclamo judicial por parte de la Ciudad. “No creo que ningún juez les dé la razón”, agregó en diálogo con radio Cooperativa.
“Me hubiera gustado también que dijeran algo cuando (Mauricio) Macri les dio un punto más de Coparticipación de lo que necesitaba la Ciudad para hacerse cargo de la Policía, cuando era y sigue siendo el distrito con más recursos de la Argentina, con más recursos por habitante, y con menos necesidades si se quiere”, sostuvo el porteño.
Además, el legislador fustigó al gobierno del Pro por “usar para cualquier cosa” el presupuesto de la Ciudad, como “desde hacer la campaña nacional para Macri” hasta “cinco veces asfalto en la misma avenida” o “un montón de cosas que no son prioritarias ni necesarias”.
“Me parece una medida razonable. Es un decreto que modifica otro decreto, y no debería tener ningún cuestionamiento desde ese punto de vista”, aseguró sobre el anuncio de Alberto Fernández.
Respecto a las protestas de la Policía Bonaerense, Recalde expresó que “es un reclamo salarial llevado de muy mala manera” con “una actitud que generó un malestar” en la forma de manifestarse en la Quinta de Olivos.
También cuestionó que se genere “en medio de una pandemia, a solo nueve meses que asuma un gobierno, que pasó la mayor parte de su gestión en medio de esta crisis sanitaria tremenda” y apuntó que “cuando uno ve quiénes son los cabecillas, encuentra que hay una motivación política detrás”.
Eso surge del decreto 735/20 que crea el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que en su artículo 2° habla de un coeficiente de coparticipación para CABA equivalente al 1,40%.
Prestamente, al día siguiente del sorpresivo anuncio en la residencia presidencial de Olivos sobre la reasignación de recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, el Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto 735/20 que dispone lo anunciado.
Y que va más allá, sobre todo en su artículo 2, donde establece que “a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la participación de CABA “se fijará en un coeficiente equivalente al UNO COMA CUARENTA POR CIENTO (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.
Se establece que a partir de la entrada en vigencia del decreto y hasta la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.
A partir de la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de la seguridad en CABA, “la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.
El decreto crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que tendrá por objeto “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia de Buenos Aires”.
El decreto señala que el fondo creado “se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1° del presente” decreto.
Por intermedio de este decreto, se derogan otros tres de Mauricio Macri: el 194/16, el 399/16 y el 257/18.
Decreto-735-2020Mientras Vamos Juntos y la UCR-Ev consideraron que la decisión del presidente Alberto Fernández fue “arbitraria” y que evidenciaría “un mal manejo de la situación”, desde el FdT insistieron en que se trata de “corregir los desequilibrios en la coparticipación”.
En medio de un fuerte reclamo por parte de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en pos de una mejora salarial y de elementos de trabajo óptimos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que reducirá la coparticipación de la Ciudad y que destinará esos fondos a dicha fuerza de seguridad. Esta decisión profundizó la grieta en el distrito capitalino y los diputados del oficialismo y la oposición mantuvieron fuertes encontronazos en Twitter.
En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), consideró que “las decisiones unilaterales se alejan del diálogo y la centralidad política y pretenden crear una nueva grieta: Ciudad – Provincia” y consideró que con esta medida “el presidente acaba de renunciar al objetivo de unir a los argentinos”.
En tanto el oficialista Daniel Del Sol (VJ) insistió en que “el presidente dice que es un hombre de diálogo, pero lo único que logra siempre con sus declaraciones es agrandar la grieta” e indicó que “la Ciudad paga los platos rotos producto de un mal manejo de la situación del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires”. Asimismo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), manifestó que “los problemas no se arreglan desnudando el presupuesto de la Ciudad. Se arreglan gestionando y con un plan de gobierno, cómo tenemos desde 2007. Aunque al mono lo vistan de seda, mono queda”.
Sobre esa misma línea, Lucía Romano (VJ) lanzó un contundente mensaje para Fernández: “si tan sólo recordara que es la Capital Federal de la Nación, que brinda servicios no sólo a sus habitantes sino a otros tres millones que ingresan diariamente a ella, que es la que más recursos coparticipables genera y la que menos recibe” y advirtió que “frente a un conflicto con la Policía bonaerense y perdido en el manejo de la pandemia, el presidente explicita la única estrategia que ha vislumbrado en estos nueves meses de Gobierno, elegir como enemigo a la Ciudad y castigar a sus habitantes. ¿Sorpresa? La verdad que no”.
En tanto Facundo Del Gaiso (VJ) consideró que es “una imagen patética la de Alberto Fernández quitándole 35 mil millones en seguridad a la Ciudad, sin avisar, hasta con los intendentes de Cambiemos atrás de él… no sabían a la emboscada que iban. El que depositó Albertos, está cobrando Cristinas” y recordó que “hace 13 años decía que los porteños eran soberbios y votaban como una isla. Hoy se vengó y quiere fundir la ciudad y dejarla sin seguridad sacándole el 40% del costo de la seguridad”.
Además Gimena Villafruela (VJ) destacó que “la Ciudad ha mostrado gran predisposición al diálogo durante estos meses difíciles. El avance unilateral del Gobierno Nacional con esta medida es un atropello contra todos los porteños”; mientras que Gonzalo Straface (VJ) explicó que “un reclamo legítimo es utilizado por el presidente para castigar a los porteños y premiar la incapacidad del Gobierno de la Provincia para solucionar el conflicto”.
La diputada Cecilia Ferrero (VJ) consideró que “castigar a la Ciudad para solucionar la ineptitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires solo puede ser obra de la desesperación y la venganza. La Ciudad opulenta en la que nació y eligió vivir el presidente de la Nación es víctima de su desprecio” y Claudio Cingolani (VJ) aseveró que “el Gobierno nacional le metió la mano en el bolsillo a todos los porteños. Nos sacan 1 punto de coparticipación; en la Ciudad trabajan, transitan y usan sus beneficios como también su espacio público y sistema de salud el doble de habitantes que viven en ella”.
En tanto Hernán Reyes (VJ) señaló que “la decisión de Alberto Fernández es cobarde, artera e inconstitucional. La quita de la coparticipación en medio de la pandemia, pone en jaque muchos de los programas sanitarios, sociales y de reactivación que estamos llevando adelante; puro egoísmo y prepotencia”.
Por otro lado, la radical Manuela Thourthe (UCR-Ev) afirmó: “el Gobierno nacional tiene fondos para financiar una reforma a la Justicia federal pero ¿tiene que quitarle presupuesto a la CABA para aumentar salarios a la policía?” y Martín Ocampo (UCR-Ev) aseveró que tanto “Alberto como Cristina Kirchner apuestan al conflicto político para solucionar los problemas de gestión. Me toco hacer la transferencia de las competencias de seguridad a la Ciudad y la Ciudad no se llevó ni un peso de más de lo que correspondía”.
A su vez Leandro Halperín (UCR-Ev) alertó acerca de que “la decisión de reducir el presupuesto de CABA, iguala para abajo. Se premia las malas administraciones y se castiga las mejores; no es fruto de diagnósticos serios ni de acuerdos responsables, el Gobierno debe dialogar con la Ciudad y ser responsable en estos momentos”; mientras que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) afirmó que “sin previa consulta a la CABA, el presidente tapa un problema de la provincia de Buenos Aires modificando la coparticipación siguiendo con la lógica de nivelar para abajo y no hacia arriba. Una vez más la ciudad de Buenos Aires es víctima de impericias de gestión ajenas”.
En esa misma línea el diputado del GEN Sergio Abrevaya advirtió que “el anuncio de mandar cuatro mil efectivos, costo 10000 millones, fue la gota que rebalso el vaso y terminó en conflicto. Porque esa plata no iba a sueldos, y porque la bonaerense perdía territorio. Los ministros de seguridad peleados… es como nafta al fuego” y afirmó que “el presidente pidió dialogo, y le sacó unilateralmente 1 punto de la coparticipación a CABA. Habrá que ir a la Corte”.
Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) subrayó que “el Gobierno reconoció el 98.5% de una deuda usuraria en beneficio de BlackRock mientras le quita 35 mil millones de pesos a la Ciudad. Si vamos a sacarle a los opulentos vayamos sobre los fondos de inversión o el FMI” e insistió en que “los golpistas policiales se salen con la suya. El Gobierno nacional le quita fondos a CABA para la maldita bonaerense”.
En contraposición la diputada Claudia Neira (FdT) explicó que “los porteños y porteñas debemos saber que el Gobierno de Alberto está cuando lo necesitamos. Basta ver el contraste entre la asistencia durante la pandemia por parte del Estado Nacional frente a la inacción del Gobierno porteño” y se refirió a la coparticipación que percibe la Ciudad: “pese a la baja del 3.75% al 3.5% en el 2018 -también por Decreto- una gran diferencia persistió los cuatros años de la gestión macrista. Si se los suman y actualizan a valores del 2019, nos encontramos con que la Ciudad recibió más de cien millones extras”.
Al mismo tiempo que Laura Velasco (FdT) recordó que “Mauricio Macri aumentó más de dos puntos la coparticipación para la Ciudad, volver atrás un punto para corregir estos desequilibrios es lo que plantea Alberto” y Matías Barroetaveña (FdT) señaló que “todos en la Ciudad sabemos que Macri por decreto le dio a la ciudad el doble de lo que debería haberle dado por el traspaso de la policía; implicó recibir en estos años 100 mil millones de más, por eso ya había acuerdo en que debía retrotraerse parte de esta decisión. No mientan”.
Finalmente María Bielli (FdT) concluyó pidiendo: “digamos las cosas como son, el problema de la Ciudad no son los recursos, sino las prioridades de quien la gobierna. Y que no intenten confundir, el Gobierno nacional está cuidando a los porteños y las porteñas”.
El senador macrista aseguró que con esta decisión hubo “un quiebre de confianza” entre Nación y el gobierno porteño, además de señalar que la medida “no resuelve el problema de fondo”.
El senador nacional Esteban Bullrich (Pro) se refirió este jueves a la quita de un punto de la Coparticipación Federal a la Ciudad de Buenos Aires, anunciada por el presidente Alberto Fernández, y vinculó la decisión con un “sentimiento de venganza” por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“No tengo ninguna duda de que en algunos dirigentes del kirchnerismo hay un sentimiento de venganza. Cristina Kirchner tiene un rencor basado en devolverles a algunos dirigentes sentimientos que tiene ella muy negativos”, expresó.
En declaraciones a radio La Red, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que con la medida hubo “un quiebre de confianza” entre el Gobierno nacional y el porteño, además de señalar que “esto no se puede hacer por decreto”.
“No lo esperábamos”, dijo el bonaerense, que opinó que la decisión “no resuelve el problema de fondo” y enfatizó que “enfrentar a bonaerenses y porteños no es el camino”. “Esta nueva improvisación del Gobierno genera una pérdida de confianza, que se había ido construyendo contra todo, porque había mucha resistencia a la vocación de diálogo de Horacio Rodríguez Larreta” por parte de algunos dirigentes, resaltó.
Sobre el reclamo de la Policía Bonaerense, Bullrich mencionó que “durante los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal no hubo conflicto con la Policía” porque “se los convocaba, había diálogo”.
“No diría que se rompió la relación (entre Fernández y Larreta)”, expresó, pero subrayó que la confianza “hay que recuperarla con vocación cierta”. “Tenemos la convicción de que los problemas se resuelven con diálogo”, agregó.
Además, negó que el tema se venga “hablando” desde enero pasado, y se preguntó entonces “qué va a pasar” con la quita de recursos “cuando entonces reclamen los docentes, los médicos, las enfermeras”.
El titular del bloque CC-ARI cuestionó severamente la quita del 1% de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro señaló que “la quita del 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires es una actitud de venganza y castigo que veíamos venir”. “La seriedad y responsabilidad con la que gobierna Horacio Rodríguez Larreta y su equipo es un espejo donde no se pueden ver. Para tapar la ineptitud e ineficacia del Gobernador (Axel) Kicillof se nos quitan más de 35 mil millones de pesos a los porteños”, agregó.
“Esta decisión unilateral afecta no sólo la calidad de vida de los vecinos en un tema tan sensible como es el servicio de Seguridad, sino además el de todos los ciudadanos que día a día transitan y vienen a trabajar, estudiar y divertirse a nuestra Ciudad”, consideró Ferraro.
El titular del bloque de diputados nacionales de la CC ARI sostuvo que “seguiremos siendo una ciudad solidaria. Le pedimos al presidente que no mienta, si dice dialogar, que dialogue. Nosotros apostamos al diálogo y a los acuerdos, considerando que es el camino necesario para solucionar estas cuestiones y alcanzar distintos acuerdos entre la Nación y las provincias”.
“Aportamos a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, y solo recibe el 3,5%”, añadió.
Ferraro explicó que “la Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que menos recursos per cápita recibe en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos. Para el el 2020, la Ciudad recibiría $ 41.000 por habitante, cuando el promedio del reparto (sumadas todas las provincias) alcanzaría los $ 76.000”.
Y agregó que “en 2016 se nos transfirió la Policía Federal Argentina con los recursos correspondientes, tal como lo establece la Constitución Nacional. La totalidad de estos recursos transferidos son exclusivamente destinados al funcionamiento de la Policía de la Ciudad”.
“De esa manera, el índice de Coparticipación de CABA pasó del histórico 1,4% al 3,75%. Posteriormente, tras los acuerdos alcanzados a través del Consenso Fiscal, se le redujo el coeficiente a la CABA, quedando estipulado en el 3,5% actual”, afirmó.
Recordó además que “la Ciudad presentó ante el CFI todas las rendiciones de cuenta del Gasto en Seguridad, y quedó validado y certificado que el proporcional percibido por coparticipación fue siempre inferior al gasto final que se tuvo para solventar el funcionamiento pleno de la Policía”.
Por último, sostuvo que “el 80% de los recursos totales de la CIudad son propios, sólo el 20% corresponde a los ingresos por Coparticipación y otras transferencias. En la mayoría de las provincias, esta ecuación es completamente al revés”.
