Continuó desarrollándose en la Comisión de Juicio Político el proceso contra los miembros de la Corte Suprema. Fue la 18° audiencia.
Por Walter Alberto Ceballos, exsecretario de Defensa del Gobierno Nacional de Cambiemos. El autor advierte la necesidad de establecer un nuevo régimen de Coparticipación, que otorgue estabilidad y previsibilidad a la relación financiera Nación - provincias.
La AMBArización de la Argentina en sus múltiples dimensiones -políticas, económicas, sociales, comunicacionales, de servicios públicos e institucionales-, nos ha conducido a una decadencia permanente y a una inestabilidad creciente. Lamentablemente lo instituido sobre la defensa del federalismo en la constitución nacional de 1853, reafirmado y ampliado en la reforma de 1994, no ha sido instrumentado a la fecha.
Por el accionar prebendario de muchas provincias que prefieren ser serviles a la dádiva y no actores del Federalismo de Integración hoy se encuentra inconclusa la enorme contribución de Raúl Alfonsín al afianzamiento del “Federalismo de Concurrencia”. Aportes plasmados a través de la Ley de Coparticipación Federal (23.548) cuando fue presidente y, como convencional constituyente, del fortalecimiento de las autonomías provinciales y la resistencia al embate del neoconservadurismo, representado por el gobierno peronista de entonces, que pretendió imponer un unitarismo fiscal en el núcleo de coincidencias básicas, vía la pseudo regionalización, modificada en el congreso con la cláusula de defensa de las autonomías.
La mora parlamentaria del Senado y los gobiernos provinciales, la incompleta federalización autonómica de CABA, la instrumentación de los “pactos fiscales menemistas”, abrieron la puerta para las peligrosas alteraciones del Pacto Federal vigente desde 1988 y en nombre de “supuestas reparaciones” hubo Ejecutivos Nacionales que se arrogaron el derecho de “dar o quitar” recursos nacionales, de forma unilateral, a las jurisdicciones subnacionales, quebrando el equilibrado compromiso asumido por Nación y Provincias mediante el mecanismo de Ley Convenio Nº 23.548, en la cual la sanción del Congreso Nacional fue convalidada a través de las sanciones de adhesión expresa de las Legislaturas Provinciales. Sin duda las sentencias de la CSJN deben cumplirse, también asiste el derecho de cuestionamiento y solicitud de revocatoria de los afectados por sus fallos.
Extraña que en una sentencia cautelar el máximo tribunal se arrogue la facultad, que le está expresamente vedada, de legislar, modificando el índice de coparticipación secundaria de CABA, que había sido impuesto por voluntad unilateral del PEN en dos oportunidades, 2016 aumentándolo y 2020 disminuyéndolo. Estas tres “modificaciones unilaterales” incumplen, interpreto yo, los principios legales y constitucionales vigentes en materia de distribución, primaria y secundaria, de recursos de origen nacional con las jurisdicciones provinciales. Sin duda los impactos fiscales de la Federalización de CABA y la reforma constitucional de 1994 exigen un debate serio, profundo y propositivo que genere los consensos para la instrumentación de un renovado Pacto Federal que permita establecer un nuevo régimen de Coparticipación sancionado por Ley Nacional y con adhesión expresa de todas las jurisdicciones provinciales, y otorgue estabilidad y previsibilidad a la relación financiera Nación-Provincias.
En esta tarea la Cámara de Origen es el Senado de la Nación, hoy en mora e incumplimiento político junto a los gobiernos provinciales que tienen la responsabilidad constitucional de la iniciativa parlamentaria. La Constitucionalidad Nacional establece en su ARTÍCULO 1.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Esta fue posible en base al cumplimiento de los pactos preexistentes entre provincias y entre éstas y la Nación. Hoy, por acción, omisión o supina conveniencia transitoria, se está poniendo peligrosamente en riesgo el principio Federal y Republicano de nuestro pacto de convivencia, retrotrayéndonos a las convulsiones fratricidas que sufrimos antes de su sanción primigenia. Estamos a tiempo de reparar los daños causados. Es tarea de todos y debemos hacerlo urgente. ¡La Nación Federal nos lo demanda!
“Respetar los fallos de la justicia”, reclamaron desde diversos sectores al Gobierno nacional ante la decisión anticipada de desconocer la acordada del Tribunal Superior, y advirtieron sobre “una grave crisis institucional”.
Numerosas entidades empresariales se manifestaron este viernes contrarios a la decisión del Poder Ejecutivo de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la coparticipación federal.
Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), solicitaron "respetar los fallos de la justicia".
Recordaron que recientemente hicieron referencia a una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA y donde se destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo.
“El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”, señalaron desde IDEA.
Advirtieron además que “en democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.
Desde el FCE (Foro de Convergencia Empresarial) solicitaron "respetar los fallos de la justicia", a través de un comunicado titulado: “Argentina ante una grave crisis institucional”.
“La anunciada decisión del Presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia configura una situación de extrema gravedad institucional -señalaron-. El lugar central que le asigna la Constitución Nacional a la Corte Suprema es el de último intérprete de su contenido. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social.
Es por tal motivo que instaron al Poder Ejecutivo a “reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.
En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, alertando que ello implica “un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.
Argumentar que el fallo es “de imposible cumplimiento”, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, señala el comunicado de AmCham, “no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano. Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario”.
En línea con esto y en relación con la disputa por el reciente fallo de la Corte Suprema en virtud de la coparticipación de CABA, consideran que “en la República Argentina cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias, y no dar lugar a avasallamientos entre sí.
Finalmente, el desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables), no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.
“Por lo tanto, consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país. Hoy nuestro principal desafío debería ser fortalecer esa calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, promover la inversión privada y la creación de empleos de calidad”, cierra el comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó a su vez “muchísima preocupación” por lo que considera los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República. “Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”, expresó la entidad.
En su comunicado, ACDE señala que “la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”.
Por último, instaron al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, “como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus instituciones”.
De acuerdo a la iniciativa, la bicameral estaría compuesta por 48 miembros y tendría un plazo de dos años para la redacción de un proyecto de ley.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el macrista Gerardo Milman, presentaron un proyecto de ley que propone la creación de una "Comisión Bicameral de Reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".
La iniciativa indica que ese cuerpo deberá estar integrado por 48 miembros en total: 24 diputados y 24 senadores, "respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las cámaras y la representación de cada jurisdicción del país".
De acuerdo al texto, la comisión tendrá como función "el estudio y elaboración de propuestas sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos; la recepción y análisis de las propuestas realizadas por las diferentes jurisdicciones del país y por las organizaciones o especialistas en la materia; coordinar las actividades necesarias para la participación de cada jurisdicción del país y especialistas en la materia; y la elaboración un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos".
El articulado agrega que "para el cumplimiento de sus fines" la bicameral deberá constituirse "en cada jurisdicción del país, realizando las acciones de participación que resulten pertinentes con cada Legislatura provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo remitir en forma semestral, la documentación elaborada a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además, estima que "en un plazo no mayor a dos años desde su constitución", la comisión deberá presentar el proyecto elaborado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
En los argumentos del proyecto se señaló que la reforma del régimen de coparticipación debería contemplar "cumplir con una eficiente asignación de los recursos en todo el territorio nacional; garantizar la prestación homogénea, equitativa y eficiente de la totalidad de los servicios básicos y esenciales; propiciar la distribución del ingreso en forma equitativa en toda la geografía nacional; promover un modelo de desarrollo sustentable, competitivo y dinámico, que permita la disponibilidad incremental de otros factores de producción, entre otras características a considerar".
Al recordar que es una manda constitucional la elaboración de una ley convenio al respecto, Milman indicó que "en los hechos nunca ha ido más allá de una intención de su cumplimiento futuro y postergado, plasmada en diversos Pactos concertados en los años 1999, 2000, 2002, 2017, 2018, 2019 y 2020, hasta la actualidad".
"Se debe agregar que desde la reforma constitucional en el Congreso de la Nación se presentaron diferentes proyectos de ley y se ha producido un significativo trabajo sobre la materia", agregó.
El proyecto fue firmado por Gerardo Milman -autor-, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Omar de Marchi, Silvia Lospennato, Federico Angelini, Karina Bachey, Gustavo Santos, Danya Tavela, Sabrina Ajmechet, María Lujan Rey, Mercedes Joury, Pedro Galimberti, Alejandro Finocchiaro y Paula Omodeo.
Los cinco diputados de esa provincia se manifestaron este martes durante el comienzo de la sesión en la Cámara baja. Todo arrancó con el planteo de un macrista para debatir un proyecto de una oficialista.
En el arranque de la sesión de este martes en la Cámara baja, durante el tramo de los apartamientos de reglamento, la caliente campaña electoral de la provincia de Chubut se trasladó al recinto, donde todos los legisladores de esa provincia se cruzaron con reproches y chicanas.
Todo arrancó cuando el macrista Ignacio Torres pidió incorporar al temario un proyecto presentado por la oficialista Rosa Muñoz, que propone recomponer el índice de coparticipación para la provincia. Sin embargo, la votación de la moción fracasó, con 77 votos afirmativos y 86 negativos.
"Nos urge el tratamiento de este proyecto", comenzó el diputado, candidato a senador en las próximas elecciones. "Tenemos una deuda pendiente con todos los argentinos, que es el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal", sostuvo y señaló que "hay provincias que han ido muy perjudicadas por la última Ley de Coparticipación Federal, y claramente Chubut está entre esas provincias".
El opositor apuntó que esta ley contempla "la reparación económica" y "el recupero de todos estos años en lo que la provincia ha sido perjudicada". "Hoy Chubut es la provincia que peor está en materia económica, financiera e institucional", resaltó y aseguró que ello "es producto de la demagogia, de la corrupción, de la toma de malas decisiones" y de "especular sistemáticamente en la gestión con el oportunismo político del momento".
"Toda la dirigencia de mi provincia, estamos todos hermanados en un pedido legítimo para la provincia", completó.
Respondió entonces la autora de la iniciativa, la oficialista Rosa Muñoz, que aclaró: "Por supuesto que voy a acompañar el apartado del reglamento porque es un proyecto que yo presenté y que realmente interesa a mi provincia y a los chubutenses".
"Pero también quiero dejar en claro de que me alegra que los diputados de mi provincia le hayan encontrado el costado positivo a este proyecto, porque realmente con sus declaraciones lo denostaron impresionantemente, porque decían que era un proyecto de campaña", enfatizó.
La diputada expresó que el proyecto es para que "sea tratado en el seno de la comisión, para que todos los diputados de esta Cámara puedan opinar" y no para que "se utilice como elemento de campaña".
"Cada gobierno de mi provincia se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó, y las decisiones de ceder el 20% la tomó el gobierno que en ese momento era del signo del diputado Torres y (Gustavo) Menna", cargó.
Luego, levantó la temperatura del debate Estela Hernández. "Defiendo los intereses de mi provincia, de los y las chubutenses, por supuesto estoy de acuerdo con este proyecto. Los habitantes de nuestra provincia necesitamos de esta reparación, pero las cosas hay que hacerlas donde y como corresponde", arrancó.
Y coincidió con su par en que la propuesta de Torres "es un tema meramente electoralista". Entonces, reprochó: "Con menos del 1% de la deuda que contrajeron con el Fondo, ¡la pucha si no hubiera venido bien a la provincia de Chubut! ¡La pucha si no hubiera venido bien a todos los chubutenses y chubutensas!".
"¿Dónde estuvieron metidos cuatro años cuando le sacaron la plata a los jubilados? ¿Dónde estaban? No tenían este amor que tienen ahora. Porque ser bueno o hacerse el bueno es fácil, lo difícil es ser justo, y no son justos", disparó, lo que provocó los gritos de la bancada opositora.
Y añadió: "¿Qué pasó con el Consenso Fiscal que perjudicó a todos los chubutenses, y el Fondo Sojero, y los puertos patagónicos? Ustedes cuatro años con un gobierno macrista no hicieron nada, nos perjudicaron como provincia".
En alusión a las palabras de Muñoz, el radical Gustavo Menna recordó que la "cesión de coparticipación ocurrió en 1984 y esta es una prédica que se ha venido repitiendo, incluso por parte del gobierno provincial, enrostrándole a un gran gobernador, como fue Atilio Oscar Viglione, que gobernó con escasez de recursos, con austeridad, con decencia, no fue un gobierno como los que vinieron de 2003 para acá, que registran la vergüenza de tener exministros condenados por corrupción".
En ese sentido, aseguró que la adhesión de la provincia a la ley actual de coparticipación "ocurrió en 1988" y "en esa época no gobernaba Viglione, gobernaba el justicialismo, la Legislatura era de mayoría justicialista, el gobernador que promulgó esa ley, que resignó los puntos de coparticipación, era justicialista".
"Hay que hacerse cargo que han gobernado desde 2005 con los precios de barril de crudo más altos de la historia", fustigó, y exclamó: "¡Tenemos los chicos sin clases hace cuatro años! ¡Tenemos los pueblos del interior sin energía eléctrica, y gobiernan ustedes desde 2003!".
Finalmente, habló el oficialista Santiago Igon, quien dijo que "toda la dirigencia de Chubut, de cualquier color político, está de acuerdo con esto", por eso lamentó que "se lo plantee de esta manera".
"Coincidimos en que nos están faltando recursos, en que hay muchos recursos que fueron mal administrados", reconoció, pero manifestó que "en lo que no vamos a coincidir nunca es en la especulación política, en que vengan a hacer este show unos días antes de la elección".
Y también cargó contra la gestión anterior: "No les importa ni les importó nunca ningún vecino y vecina de la provincia de Chubut. Cuatro años gobernaron, una sola política pública en la provincia de Chubut no la pudieron realizar". "Son mentirosos, son falsos y no les importa la gente de Chubut", concluyó.
La madre de todas las batallas vuelve a tener una nueva iniciativa para modificar la forma en la que se distribuyen los recursos y la relación entre Nación y las provincias.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que se basa en dos pilares fundamentales como la separación de los recursos coparticipados entre la Nación y las 24 jurisdicciones a partir de las fuentes tributarias.
Para Blanco, este proyecto "permitirá terminar con las permanentes injerencias de los gobiernos centrales de turno en las cuestiones de distribución entre las provincias, injerencia que se limitará ahora exclusivamente al uso del Fondo de ATN".
También el proyecto "pone fin a la interrelación de los temas federales con el sistema previsional nacional, que había quedado inmiscuido por las precoparticipaciones de impuestos que terminaron en la Justicia: ahora la ANSeS vuelve a estar totalmente del lado de la Nación".
Blanco declaró que “a partir de su sanción, habrá solo 4 'impuestos federales' (IVA, internos, bienes personales y monotributo impositivo) cuyas recaudaciones se distribuirán enteramente entre las 24 jurisdicciones. El resto serán 'impuestos nacionales' cuyo producido se distribuirán entre la Nación y la ANSeS. Dejan de existir las asignaciones específicas de impuestos y las garantías mínimas de recursos para las provincias”.
El segundo principio fundamental del proyecto es el de la correspondencia fiscal, ya que cada jurisdicción provincial recibirá el equivalente al total de los recursos que se generen en su propio territorio y, además, tendrá la facultad de modificar las alícuotas y las exenciones de sus impuestos federales.
Blanco señaló que se trata de “una propuesta muy innovadora y altamente viable gracias a dos instrumentos estratégicos. El primero es que la AFIP seguirá a cargo de la recaudación y distribución de todos los impuestos coparticipables: tanto de los federales como de los nacionales, aunque será convertida en un órgano verdaderamente federal, supervisado por todas las partes. El segundo es que se establece un sistema automático de compensaciones para el mantenimiento de la situación inicial, de modo que ninguna de las 25 partes firmantes (Nación, provincias y CABA) quede peor de lo que está en la actualidad”.
“El proyecto –puntualizó Blanco– permitirá además dar certezas sobre el futuro de los regímenes promocionales regionales, como el de Tierra del Fuego que vence en 2023 y aun no se sabe si se prorrogará o no y hasta cuándo, los de San Luis, La Rioja, Catamarca, y otros ya que, al quedar incorporados a la situación inicial, solo dependerán en el futuro de cada jurisdicción beneficaria”.
El senador nacional radical manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno “insista con hechos unilaterales como la quita a CABA”.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco se manifestó preocupado por la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández de transferir recursos coparticipables de una jurisdicción a otra, “en una actitud unilateral que siembra dudas sobre un régimen que tienen estatus constitucional justamente para que sirva como certeza para la Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales acerca de la disponibilidad de sus recursos tributarios”.
El senador radical advirtió que la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación todavía no fue constituida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner e instó “a que su constitución se realice de manera urgente, para tratar en su seno las consecuencias que podría tener esta grave decisión”.
Asimismo, consideró que “el ministro de Interior Eduardo de Pedro debe presentarse ante el Senado, que es la casa de las provincias, para dar explicaciones claras acerca de cómo interpreta este régimen impositivo y cómo justifica en consecuencia la modificación realizada de un plumazo por el gobierno”.
Por último, el legislador manifestó su preocupación por el hecho de que su provincia Tierra del Fuego tampoco forma parte plena de la ley de coparticipación vigente y “podría correr con una suerte similar a la de la CABA, si es que el Gobierno persiste en actitudes de este tipo”.
Por ello, instó “a que se cumpla con el mandato constitucional de la cláusula transitoria sexta, vencido en enero de 1997, que obliga a sancionar un nuevo régimen de coparticipación que incluya a las 24 jurisdicciones que junto con la Nación conforman la Argentina desde la última reforma de 1994, en lugar de seguir manteniendo el régimen acordado en 1988, en el cual ni Tierra del Fuego ni la CABA participaron y por lo cual ven peligrar la integridad y estabilidad de sus recursos”.
El concejal matencero por Partido Federal se refirió a la discusión por los recursos coparticipables, y sostuvo que hay que terminar con el “Estado Unitario”.
El concejal de La Matanza por Partido Federal Miguel Saredi se refirió a la polémica por la quita de recursos coparticipables a la CABA para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, y consideró que “hay que hay que terminar con el ‘Estado Unitario’ que concentra el poder político y económico en el Estado nacional”.
En este sentido, el excandidato a vicegobernador por Consenso Federal utilizó sus redes sociales para expresar su postura en torno a la discusión que se generó por la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández, quién a través de un decreto le quitó el 1% de coparticipación a CABA para que sean trasladados a la provincia de Buenos Aires, distrito que usará los fondos para solventar el aumento a la Policía Bonaerense.
“Si queremos Federalismo no hay que sacarle nada a ninguna provincia, incluida CABA, sino al Poder Ejecutivo Nacional”, señaló Miguel Saredi en su cuenta de Twitter.
“Es la hora del federalismo”, concluyó el presidente de la Mesa de Acción Politica del Partido Federal.
Por Ximena García. Un análisis de la decisión del presidente Alberto Fernández de quitar un punto de participación a la Ciudad de Buenos Aires para asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires.
En estos días, asistimos a una nueva degradación de nuestra calidad institucional, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Alberto Fernández, quien durante sus escasos meses de mandato ha hecho uso y abuso de herramientas constitucionales de excepción, en pos de sus intereses político partidarios, y en detrimento de nuestro Estado de Derecho. El art. 99 de la CN determina que el PE no posee facultades legislativas, a menos que existan circunstancias excepcionales que así lo ameriten por su necesidad y urgencia. Bajo este pretexto, siempre al filo de la legalidad, hasta el momento se han dictado 60 DNU sobre las más diversas materias, demostrando que este gobierno nacional no confía en las instituciones legislativas, fuentes de debates y consensos.
Su última decisión consiste en transferir aprox. $40.000 millones, que hoy integran la coparticipación correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires a fin de atender a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad. Dicha norma avasalla nuestros principios constitucionales ya que, sin consenso alguno, y fortaleciendo al hiperpresidencialismo por sobre los principios republicanos y federales, se ha realizado una modificación arbitraria, aprovechando la desregulación existente sobre la coparticipación de la CABA, dado que el régimen vigente, es anterior a su reconocimiento.
Los problemas de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicilof, obligan al resto de los argentinos a hacer grandes esfuerzos, ya que sus intereses priman por sobre los de las demás provincias que también se encuentran golpeadas por esta crisis sin precedentes. No estamos en contra del reclamo en particular que se busca atender, solo creemos que este privilegio fundado en el “amiguismo”, y en los intereses electoralistas, golpea con fuerza al Estado constitucional, dañando, aún más, a nuestro maltrecho sistema de coparticipación federal vigente desde 1988.
Entonces, si en verdad correspondiera redistribuir esos fondos, ¿por qué solo se beneficia a la provincia de Buenos Aires, en lugar de que lleguen proporcionalmente a todas las provincias? Según los datos del Informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina de 2019, Santa Fe tiene la Tasa de Homicidios más alta de Argentina, siendo de 9.7 cada 100.000 habitantes, frente a los 5.29 de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el Estado Nacional no apoya la seguridad de los santafesinos?
Cabe destacar que resulta malintencionado amparar la modificación en la manda constitucional que establece que debía reemplazarse el actual régimen de coparticipación por una Ley Convenio, ya que la misma se encuentra incumplida desde el año 1996. Si bien sus criterios debían fundarse en la solidaridad, y en la búsqueda del desarrollo equitativo de las regiones, también debían tener un fuerte basamento en datos objetivos, como las competencias y funciones que cada nivel de gobierno asume. Esta premisa, ha sido sistemáticamente incumplida, ya que el Estado Nacional ha transferido funciones primordiales a las provincias, como la coordinación de los sistemas de salud y educación, sin sus correspondientes partidas presupuestarias.
Por su parte, la CSJN en 2015, resolvió la inconstitucionalidad del art. 76 de la Ley 26.078, prohibiendo al Estado Nacional la reducción de fondos coparticipables a las provincias, ya que entendió que “por tratarse de una modificación unilateral del derecho intrafederal”, llevada a cabo sin el correspondiente acuerdo de las provincias, implicaría una falta inaceptable de diálogo institucional. Con estos mismos argumentos, y en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 116 de la CN, el máximo tribunal debería declarar la nulidad de la norma que nos ocupa.
La solución no radica en parches autoritarios y por Decreto que alientan el odio y la separación, sino en el compromiso de fortalecer a nuestro federalismo a través de la tan necesaria Ley Convenio de Coparticipación, la cual redundará en importantes beneficios para todo el territorio nacional, aportando reglas claras, celeridad en la distribución, y terminando con el manoseo institucional que genera el sometimiento de los gobiernos provinciales a cambio de los fondos necesarios para solventar las necesidades básicas de sus provincias.
Por esto reclamamos MENOS atropellos institucionales, y MÁS federalismo.
* Ximena García es diputada nacional de la UCR de la provincia de Santa Fe