Una de las iniciativas de la diputada radical propone incorporar al Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el otro granizar la transparencia para un “buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado”.
En medio de la crisis de una nueva denuncia de corrupción en el país y en el marco de una serie de acciones que viene acompañando como Ficha Limpia, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción: un proyecto de ley para incorporar al Código Penal de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otro sobre transparencia para un buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado.
Entre los fundamentos, la radical informó que, según el índice de Transparencia Internacional de 2023, Argentina obtuvo solo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, retrocediendo 4 lugares en el ranking global que mide la corrupción en el último año. Entre sus vecinos de la región, Argentina aparece muy atrás de Uruguay que obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 16; de Chile, que con 66 puntos quedó en el lugar 29 del ranking; e incluso de Colombia (40 puntos, puesto 87).
“Los efectos de la corrupción recaen principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de la acción social del estado en materia de sanidad, educación y asistencia”, denunció la cordobesa.
Así, sostuvo que “la corrupción implica escuelas que no se abren, hospitales sin insumos, caminos que no se construyen, alimentos que no llegan a destino o trenes a los cuales no le funcionan los frenos”.
“Estamos completamente de acuerdo con el presidente que hay que combatir la corrupción, con estos proyectos pretendemos dar un mensaje claro a la ciudadanía y al mundo: En Argentina, quienes cometan delitos de corrupción van a ser perseguidos y sancionados penalmente sin que el transcurso del tiempo o las demoras en el sometimiento de aquéllos a juicio garantice su impunidad”, afirmó la diputada nacional.
Proyecto de ley Imprescriptibilidad
Brouwer de Koning recordó que en 1994 la reforma constitucional estableció una cláusula específica para combatir de raíz este flagelo. Según explicó, su proyecto propone incorporar al artículo 62 bis del Código Penal, el siguiente artículo: “La acción penal será imprescriptible para toda persona que de cualquier modo hubiere participado de los siguientes delitos:
El presente proyecto también contempla la imposibilidad de aplicación de beneficios procesales, esto es que, la acción penal y la pena impuesta a funcionario público y a toda persona que de cualquier modo hubiere participado en el mismo hecho, no se puedan extinguirse por amnistía, indulto, ni tampoco podrán ser conmutadas.
La iniciativa lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Mariela Coletta, Julio Cobos, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Atilio Benedetti, Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti, Roberto Antonio Sánchez, Mario Barletta y Juan Carlos Pollini.
Según Transparencia Internacional Argentina se encuentra en el puesto 98 en materia de lucha contra la corrupción, muy por debajo del promedio mundial y regional. La corrupción desvía los recursos de todos hacia los bolsillos de unos pocos, deteriora nuestra democracia, promueve… pic.twitter.com/M0Pf9mxDQm
— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) March 13, 2024
Transparencia en la gestión de Empresas Públicas
Al referirse a dicha iniciativa, la legisladora radical explicó que algunos de los aspectos que refleja el proyecto en sus deferentes artículos son: “Directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas, composición de los directores, conflicto de intereses, mecanismos de prevención y forma de abordar determinadas situaciones conflictivas, ficha limpia, articulación con la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la implementación de políticas de transparencia, informe anual de desempeño”.
“El buen gobierno corporativo en las empresas públicas se ha convertido en una propuesta transformadora en la agenda internacional”, planteó y sostuvo: “Tanto en el caso de que la intención sea mantener bajo la esfera estatal o privatizar este tipo de empresas, la implementación de prácticas de transparencia en materia de gobierno corporativo mejora la eficiencia en la gestión, la optimización en el uso de recursos, fortalece la confianza de los socios y de la sociedad en general, revaloriza la empresa y crea un entorno neutral para la competencia entre empresas públicas y privadas, impulsando un sector empresarial sólido y competitivo”.
Entre los fundamentos, la cordobesa explicó que “el proyecto se alinea a las intenciones de nuestro país de incorporarse a la OCDE y por eso adopta como referencia las buenas prácticas que este organismo internacional de referencia en la temática recomienda para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país”.
“Tomamos en cuenta la necesidad de responder ante dos de las más importantes problemáticas que impactan en las empresas del estado: por un lado, el intervencionismo e interferencias debido a motivaciones políticas y la dilución de la responsabilidad en la gestión”, sostuvo la diputada.
El proyecto incluye herramientas concretas para trabajar en 5 ejes principales, teniendo en cuenta los lineamientos de la OCDE:
“Buscamos con estos proyectos de ley contribuir al debate y la definición de medidas concretas que se cumplan y promuevan la transparencia en la gestión de las empresas y sociedades del Estado”, explicó.
En tanto, concluyó: “Entendemos que nuestra propuesta no es una medida mágica, ya que la lucha contra la impunidad requiere de variadas medidas preventivas y, además, la disuasión no se logra solamente con la falta de limitación temporal para imponer sanciones, sino con la efectiva aplicación de las leyes de transparencia y ética pública correspondientes, pero estamos convencidos que es una importante herramienta para continuar luchando contra la corrupción”.
Cuenta con el acompañamiento de diputados nacionales de Carla Carrizo, Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Melina Giorgi, Julio Cobos, Mario Barletta, Luis Picat, Gerardo Cipolini y Mariano Campero.
La diputada radical contó que el objetivo del encuentro con el funcionario fue a fin de planificar un trabajo para garantizar una justicia “ágil, eficaz e independiente”. También abordaron el tema de Ficha Limpia y el Consejo de la Magistratura.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) se reunió con el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, para establecer una agenda “contra la corrupción y justicia independiente”.
A través de sus redes, Reyes contó: “Nos reunimos con el ministro de Justicia de la Nación para planificar nuestro trabajo por una justicia ágil, eficaz e independiente”, y sumó: “Le transmití mi mirada sobre la lucha inclaudicable que debemos dar contra la corrupción dado que nadie invierte ni quiere vivir en un país con altos niveles de corrupción y bajos estándares de institucionalidad”.
“Si la justicia argentina es un poder que vele por los derechos de todos los argentinos seremos un país más amigable y atractivo para las inversiones y consecuentemente el desarrollo que buscamos”, manifestó.
Reyes contó que también dialogaron sobre el proyecto presentado en Cámara de Diputados de Ficha Limpia porque “no podemos seguir teniendo corruptos que usan la función pública o los fueros como guarida”.
“Fue tema de la reunión también la anunciada Fiscalía contra la corrupción quedando a la espera del anuncio oficial y los lineamientos de la misma, pero en el convencimiento que convertirá a nuestro país en un lugar de avanzada para dar esta lucha al flagelo de la corrupción”, informó.
Por último, comentó que abordaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la necesidad de avanzar en cubrir las vacantes de la justicia nacional y federal.
El diputado de JxC remarcó la iniciativa por las causas contra la vicepresidenta de la Nación y los exfuncionarios López y Jaime.
El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley para que sean imprescriptibles los delitos por corrupción. “Nuestro pueblo exige el fin de la impunidad y el resarcimiento frente al literal saqueo de su patrimonio común desde hace décadas”, expresó.
El presente proyecto de ley “se limita a establecer la imprescriptibilidad de los delitos – en sus diversas figuras penales – cometidos desde la función pública, entendida ésta del modo más amplio en virtud de que la comúnmente denominada corrupción se ha extendido a todas las capas y jerarquías de las diversas administraciones y jurisdicciones, sobrepasando, inclusive, la distinción entre funcionarios políticos y plantas permanentes”.
En los fundamentos, Asseff explicó que “las reiteradas y numerosas denuncias públicas de actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, parientes y allegados, nos obligan a reaccionar en la forma más enérgica y eficaz para castigar con todo el rigor de la ley a estos actos ilícitos que
avergüenzan a la República, y deprecian su imagen y prestigio mundial”.
Además, el diputado mencionó como los casos más destacados a: La tragedia de la estación Once (con 51 fallecidos; el incendio del local “República Cromañón”, con 200 fallecidos; El ex secretario de Obras Publicas Julio López, atrapado en un convento con más de 9 millones de dólares, que atribuyo a negocios políticos; Las causas, Los Sauces y Hotesur por los negocios inmobiliarios y hoteleros de la expresidenta Cristina Kirchner; el exsecretario de transporte Ricardo Jaime, confeso al aceptar sobornos; El conocido como caso de los cuadernos de los sobornos; y el caso skanska, facturas apócrifas en perjuicio del estado Nacional.
La causa se inició en 2016 por “administración fraudulenta” en la frustrada edición de libros sobre “La década ganada” y otra por la contratación de un servicio de seguridad personal para la entonces titular de la entidad monetaria.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 7 absolvió a todos los imputados, entre ellos el senador nacional Oscar Parrilli (FNyP) y a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura, en dos juicios que tramitaron en simultáneo por supuestos hechos de corrupción durante el gobierno 2003 – 2015.
Se trata de una causa en la que se investigó la frustrada edición de libros sobre “La década ganada” y otra por la contratación de un servicio de seguridad personal para Daura cuando era titular de la Casa de la Moneda.
La fiscal Dafne Palópoli no acusó a los imputados por la elaboración del libro que no llegó a concretarse y por la que estaban acusados por “administración fraudulenta”, además de Parrilli y Daura, Javier Grosman, ex titular de la Unidad Bicentenario; y Matías Njirjak, gerente de esa entidad. La causa se había iniciado en 2016 por denuncia del titular de Casa de la Moneda del entonces nuevo gobierno de Cambiemos, Marcelo Pose.
Parrilli -defendido por el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra-, Daura y el resto de los imputados estaban acusados por la frustrada impresión de un libro titulado “La década ganada”, por el que se pagó un adelanto de 800 mil pesos desde la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.
En el otro proceso, el mismo tribunal absolvió a los acusados por “peculado de servicios”: Katya Daura, como titular de la Casa de la Moneda; el asesor de seguridad Mario Enrici y el gerente general Raúl Desmarás.
Daura estaba acusada por la contratación de un servicio de seguridad privada que pagó la Casa de la Moneda, pero que estaba destinado a su protección personal. La fiscalía, a cargo de Gabriel González Da Silva, había pedido para ella cinco años de prisión y el decomiso de casi cien millones de pesos.
Según la acusación fiscal, entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015 la Casa de la Moneda contrató un “plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes custodios para traslado de ella y su familia”.
Para Enrici y Desmarás el fiscal había pedido penas de prisión en suspenso más el decomiso de dinero. Todos fueron absueltos en ambos procesos por el mismo tribunal que tiene asignada la realización del juicio oral por la Causa Cuadernos.
Así calificó la Mesa Nacional de JxC la sentencia que el Tribunal Oral N°2 dictó contra la vicepresidenta de la Nación. “Este proceso ha sido ejemplar”, destacaron y consideraron que “es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.
Ni bien se conoció la condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por la causa “Vialidad”, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que calificó el fallo judicial como “histórico”.
“Estamos ante un fallo judicial histórico”, comenzaron el documento y explicaron que “todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado”. En ese sentido, destacaron que “este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capitulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.
En otra línea, remarcaron que “en el contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre” en la que “viven los argentinos”, es “doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes”, y denunciaron que “solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego”.
“La libertad de expresión y la igualdad ante la ley son pilares básicos en el funcionamiento de nuestra república”, remarcaron desde la principal bancada opositora y agregaron: “No hay riesgos para la democracia. Por el contrario, así funciona el Estado de derecho cuando se controla y aplica la ley con imparcialidad”.
Y finalizaron: “Son tiempos de mantener la paz social y tener tranquilidad. Siempre más democracia, más libertad, más justicia y más República”.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de celebración por parte de la oposición luego de que el Tribunal Oral condenara a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La oposición celebró en redes sociales la condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública, y lo calificaron como un acto de justicia.
“Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta”, encabezó su mensaje el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.
A su vez, explicó: “Es importante que la sociedad entienda que esta sentencia no está firme. Queda mucho camino por recorrer, por eso es falso el relato K que habla de una proscripción de la vicepresidenta”, y remató: “Argentina será más justa cuando los corruptos teman a la Ley”.
Por su parte, Karina Banfi, vicepresidenta del bloque, dijo: “Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por robar dinero público”.
El presidente del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, sostuvo: “Después de muchos años hay un hilo de esperanza frente a la contundencia de la corrupción estatal. La sentencia llega el mismo día que vemos nuevos datos sociales alarmantes. Corrupción es pobreza”, y bregó para que “podamos cambiar”.
“El problema no es la condena a ella. El problema son los millones de argentinos condenados a la pobreza, el desempleo y la desesperanza. Los próximos días veremos por quién pelea cada uno”, lamentó.
El santafecino Juan Martín destacó: “En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. Y el que las hace, las paga. La Argentina construirá futuro sólo sobre la base de la justicia, condenando la corrupción que degrada la democracia”. Su coterránea Ximena García opinó: “Pese a los reiterados intentos por presionar y manipular a la justicia los implicados en la causa vialidad fueron juzgados y finalmente condenados por sus delitos”.
En tanto, el diputado entrerriano Pedro Galimberti sostuvo que “la condena es un hito sin precedentes en la historia del país”, y planteó: “La bóveda de la corrupción K se abrió y la justicia actuó con independencia y libertad, como debe ser en todos los casos”.
“Aún sin condena por asociación ilícita, está probado y condenado: Que son el Kirchnerismo; Que son corruptos; Que no pueden administrar NUNCA MÁS los bienes, ni los destinos de los argentinos. INHABILITADOS PARA SIEMPRE”, subrayó la mendocina Jimena Latorre.
El bonaerense Sebastián Salvador afirmó: “La justicia encontró penalmente responsable a CFK del delito de administración fraudulenta. Esta condena por corrupción es un paso adelante para una Argentina que necesita terminar con la impunidad”.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, precisó: “Hoy se hizo justicia. La corrupción mata como mató en Once, la corrupción son obras que no se hacen como en las inundaciones de La Plata. Corrupción es menos educación y seguridad para los argentinos, es menos competencia y menos fuentes de trabajo y riqueza para todos”.
“Cristina condenada. Hoy se terminaron 20 años de impunidad”, expresó la secretaria parlamentaria del interbloque JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato y sumó: “En un juicio con todas las garantías constitucionales del proceso penal CFK fue condenada. Es muy día muy importante para nuestra democracia. Hoy volvemos a creer que en Argentina existe la igualdad ante la ley”.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (Pro), manifestó: “EL QUE LAS HACE LAS PAGA La impunidad llegó a su fin. El respeto a las instituciones es el primer paso para un país sin privilegios, que respete la independencia de poderes y, sobre todo, valore a los ciudadanos honestos y trabajadores, por encima de la picardía y la avivada”.
La diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal remarcó: “6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”.
“Ahora, los argentinos queremos que CFK y sus secuaces devuelvan la plata, que falta en las rutas, escuelas y hospitales. No olvidar, la corrupción mata”, disparó la diputada Graciela Ocaña (Pro).
También se expresó su par de bancada Waldo Wolff: “Quedó probado que un contratista que era monotributista y armó una sociedad 3 días después de la asunción de NK no puede acumular 22 veces la superficie de CABA en 8 años si no es con la complicidad del poder. Resta que con el debido proceso el fallo quede firme”.
“Vamos a defender siempre la división de poderes. Y no son perseguidos: son ladrones”, acotó la diputada Sabrina Ajmechet. “Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad”, consideró Diego Santilli.
Fernando Iglesias chicaneó: “Ya le puedo decir “delincuente” o hay que esperar Casación?”. Asimismo, Laura Rodríguez Machado destacó: “Proceso judicial ejemplar y fallo histórico. Nadie puede estar por encima de la ley. Queremos un país en que la corrupción no quede impune”.
“Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES!”, lanzó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.
La diputada de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, escribió de forma breve: “Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos por lo que creíamos, hoy no ganó la impunidad”.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR) destacó el trabajo del fiscal Diego Luciani el que calificó de “impecable”. “Nada de lawfare: hechos objetivos comprobados. Cristina condenada en primera instancia a 6 años por administración fraudulenta. Hay Justicia, hay separación de poderes, hay democracia, hay esperanza”.
“Que la vicepresidenta sea condenada mientras está en el poder, es una novedad para la Argentina y una buena noticia para nuestra democracia. Es el camino que necesitamos recorrer para recuperar la confianza en la Justicia y terminar con la impunidad”, sostuvo el radical Martín Lousteau.
“¡Triunfó la verdad, la justicia y la división de poderes! Gracias a los valientes que denunciaron, investigaron y no se dejaron amedrentar. Hoy Argentina demostró que perseguir a los corruptos es necesario y posible. Volvieron por todo, se van condenados”, tuiteó la diputada liberal Carolina Píparo.
Diputados y senadores se manifestaron en redes sociales a favor del alegato y el pedido de condena a 12 años e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos para la vicepresidenta por la causa “Vialidad”.
Tras conocerse el pedido del fiscal federal, Diego Luciani, para que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al acusarla ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la oposición inundó las redes sociales con mensajes de apoyo al funcionario judicial y remarcaron: “Corrupción o justicia”.
Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien encabezó su tuit con la frase de Luciani “corrupción o justicia”, y agregó: “Cristina Kirchner, quien se cree por encima de la Ley, acaba de escuchar las palabras más temidas: 12 años de prisión”.
“¡El pedido de condena efectuado por el fiscal Luciani es ejemplar! ¡12 años para Báez y 10 para De Vido y López!”, expresó y celebró que “la Fiscalía haya solicitado el decomiso de los bienes adquiridos gracias a la corrupción y su venta inmediata para que el dinero regrese a los argentinos a través de políticas sociales. #RecuperarLoRobado”.
Por último, Negri calificó el juicio como “histórico” porque “la corrupción atenta contra el orden democrático. Así lo establece el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional”.
En el mismo sentido, la vicepresidenta del bloque radical en la Cámara baja, Karina Banfi, enumeró: “12 años, inhabilitación perpetua a cargos públicos y decomisar todo lo robado”, por lo que resaltó: “Nuestro compromiso legislativo: Ley de #FichaLimpia, Ley de Extinción de Dominio, Reforma a la Ley de Ética Pública y aumento de la calificación de los delitos contra la administración pública”.
La diputada Roxana Reyes, de Santa Cruz, afirmó: “Acompaño el pedido de la pena máxima para todos los imputados en los delitos de la obra pública en la causa vialidad en Santa Cruz y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como así el decomiso de los bienes de la corrupción K”, y agregó: “Al fin una justicia digna que no cede a las mafias organizadas se encargará que no quede impune la mayor defraudación al estado argentino de nuestra historia”.
Sebastián Salvador sostuvo: “Una república en serio necesita una justicia independiente, felicito a los fiscales que actuaron con imparcialidad y profesionalismo. Como dijo el fiscal Luciani “Es corrupción o es justicia”. Señores jueces, es su turno: que sea justicia”.
En tanto, el diputado Manuel Aguirre destacó: “Los pasos de la justicia se van cumpliendo y lentamente vamos llegando a la verdad de una década marcada por la corrupción y el beneficio a empresarios amigos”.
“La corrupción es un flagelo, Cristina Kirchner participó de la reforma constitucional que dio el más alto reproche penal a quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. No debe ejercer más cargos públicos. Ahora a recuperar lo robado”, manifestó el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López.
Y cerró: “Cristina Kirchner no podrá gozar de los beneficios del indulto ni de la conmutación de penas (art. 36 CN). La sociedad argentina merece que no haya más impunidad para los políticos, funcionarios y los empresarios corruptos, no importa quien sea oficialismo u oposición”.
“El kirchnerismo, en una demostración de que no tiene valores, amenaza y miente. Nunca la administración de justicia representa un ataque a la democracia. Pretender como lo hacen que quede impune la corrupción, es un agravio a la República y una burla a todo el pueblo argentino”, manifestó el radical Miguel Bazze.
La entrerriana Gabriela Lena ponderó: “Estamos en un día histórico, el fiscal Luciani solicitó 12 años de prisión para @CFKArgentina, a quien define como la jefa de la corrupción. Es hora de que haya justicia y devuelvan todo lo robado. Nunca más corrupción en Argentina. #CristinaCondenada”.
“La corrupción es un flagelo, Cristina Kirchner participó de la reforma constitucional que dio el más alto reproche penal a quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. No debe ejercer más cargos públicos. Ahora a recuperar lo robado”, manifestó el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López.
Y cerró: “Cristina Kirchner no podrá gozar de los beneficios del indulto ni de la conmutación de penas (art. 36 CN). La sociedad argentina merece que no haya más impunidad para los políticos, funcionarios y los empresarios corruptos, no importa quien sea oficialismo u oposición”.
“12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y decomiso para @CFKArgentina. #EsCorrupciónOJusticia”, posteó brevemente la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado.
En la misma línea se manifestó la legisladora Gabriela Ocaña: “Es Corrupción o Justicia. Enorme el alegato de los Fiscales Luciani y Mola. Gracias a ellos y a todos los que trabajaron por la Verdad. La Verdad siempre es sanadora en una sociedad. #nuncamascorrupcion”.
Por el lado del bloque La Libertad Avanza, su presidente Javier Milei sostuvo que “estamos frente a un momento bisagra para la historia del País, en el que por fin la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos. Tampoco olvidemos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Espero ver caer a todos los corruptos y sus socios políticos”.
En ese sentido remarcó que “la corrupción deriva de la existencia del Estado y de su monopolio de la violencia y esto es lo que permite a los corruptos hacer negocios ilícitos”.
La diputada liberal Carolina Píparo (Avanza Libertad) manifestó: “Es corrupción o justicia” dijo Luciani y pidió inhabilitación perpetua, decomiso y prisión efectiva para la asociación ilícita que se enriqueció escandalosamente mientras empobreció a todos los argentinos. La codicia tiene nombre y apellido, y la Patria demanda justicia”.
La presidenta del cuerpo, senadora Silvia Giacoppo y la fiscal general de Cuentas de Panamá, Waleska Hormechea firmaron el convenio de cooperación para potenciar proyectos referentes a la prevención de la corrupción.
La presidenta del Parlatino, senadora Silvia Giacoppo y la fiscal general de Cuentas de Panamá, Waleska Hormechea, firmaron un convenio de cooperación para potenciar planes, programas y proyectos referentes a la prevención de la corrupción.
El acuerdo fue suscrito en el acto de presentación del informe de rendición de cuentas por parte de la fiscal Hormechea en la sede permanente de nuestro organismo en la ciudad de Panamá.
La OEA sirvió de testigo de honor de la firma del convenio, donde la ocasión fue propicia para que la fiscal Hormechea presentara a la senadora Giacoppo una propuesta para la elaboración y aprobación de un proyecto de ley modelo por parte del Parlatino y la fiscalía general de Cuentas de Panamá en el tema.
“La firma de este convenio es un paso más en el camino que nos hemos trazado de analizar, estudiar y generar marcos regulatorios que permitan accionar contra la corrupción en nuestra región”, destacó Giacoppo.
Además, en la misma jornada, se suscribió un acuerdo de cooperación entre la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y el director del programa regional ADELA de la Fundación Konrad Adenauer (capítulo Panamá) para consultar e intercambiar información y documentación que incremente el apoyo mutuo y las actividades conjuntas.
Emmanuel Ferrario y Hernán Reyes (VJ) encabezaron un encuentro en el que referentes políticos y vecinos de la Ciudad analizaron el proyecto que busca prohibir que haya candidatos electorales con condenas por causas de corrupción.
Con la mirada puesta sobre los comicios que se llevarán a cabo el año que viene en todo el país, la Legislatura de la Ciudad avanza con el debate al respecto del proyecto “ficha limpia”, que se enfoca en la inhabilitación a presentarse a elecciones a personas que tengan condenas por causas de corrupción.
El debate estuvo encabezado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ). Además condujeron la discusión en cuatro bloques expositores sobre el proyecto, participaron diputados provinciales y nacionales y también agrupaciones de la sociedad civil que impulsan el mismo.
En ese contexto, Ferrario planteó que “las personas no se resisten a los cambios, sino a las pérdidas que éstos generan. En el caso de la Ficha Limpia lo que ataca es a todos los políticos que están anclados en privilegios” e indicó que “eso es lo que busca este proyecto, esa pérdida en beneficio de la democracia, de una mejor representación”.
Mientras que Reyes argumentó que “los argentinos se merecen poner un límite a la posibilidad que personas condenadas por corrupción administren nuestros fondos y administren el destino de nuestra nación. Lo merecemos como ciudadanos y lo necesitamos como democracia”.
Además la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aportó una opinión distinta, criticando la propuesta en base a los problemas que puede generar. Hizo énfasis en los efectos que la ley de ficha limpia puede tener sobre la voluntad popular, mencionando el caso de Lula en Brasil. “La Ficha Limpia no tiene una afectación solamente en el derecho electoral activo de quien pretende presentarse como candidato, si no también sobre la comunidad, que puede verse privada de una opción electoral a partir de una condena que es pasible de ser revertida”, sentenció.
Según lo expuesto durante el encuentro, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia fueron aprobadas a nivel provincial en Salta, Mendoza, Chubut y Jujuy. Cabe recordar que en el 2020, en el Parlamento porteño se alcanzaron 39 votos a favor del proyecto, quedando a un solo sufragio positivo del primer paso del cambio legal en la Ciudad.
Por su parte la diputada provincial de Mendoza María José Sanz (UCR) explicó que, tras la implementación de la Ficha Limpia en su provincia, 12 personas fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, hecho que fue celebrado en el salón como un triunfo republicano.
En el debate también estuvieron presentes los legisladores Diego García Vilas, Natalia Fidel, Cecilia Ferrero (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev); los diputados nacionales Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Silvia Lospennato, entre otros.
La consejera alertó que “con el Jury se está diciendo ‘no investigues al poder’”, mientras que la diputada de la CC-ARI advirtió que, si la Corte falla a favor y la provincia no acata, pedirán la “intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y la diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI – Córdoba) salieron en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia.
“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’”, señaló Camaño y agregó: “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”.
Además, la consejera calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche y precisó: “Se la acusa de no haberse excusado, pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”.
Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.
En el mismo sentido, se pronunció la diputada de la Coalición Cívica a través de las redes sociales quien advirtió: “Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
“No queremos un nuevo fiscal Sosa, no queremos una nueva Santa Cruz. La injusticia y la impunidad no se pueden consolidar en la Argentina. Por lo menos no contarán con nuestra complicidad”, adelantó.
Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta, pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años.
La semana próxima, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y la diputada Fernanda Vallejos se reunirán para definir los ejes principales de la iniciativa, que apunta esencialmente a impedir que funcionarios del Estado tengan cuentas offshore en guaridas fiscales para esconder dinero malhabido o evadir el pago de impuestos.
La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, trabajarán en un proyecto para combatir la corrupción offshore. Así lo adelantó Vallejos a través de su cuenta de Twitter horas después de mantener una reunión con Crous.
“Esta mañana leí en El Destape Web que el titular de la OA (Oficina Anticorrupción), Félix Crous, tiene intención de trabajar en un proyecto sobre la misma materia de mi proyecto presentado en 2018 y 2020. Esta tarde me comuniqué con él para trabajar juntos”, relató Vallejos a través de la red social.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se conoció como “Pandora Papers”, basada en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, desnudó un amplio entramado de empresas y personas físicas que ocultaban activos de origen dudoso en firmas offshore inscriptas en guaridas fiscales, la mayoría de ellos no declarados, con fines de evasión fiscal.
La Argentina, a pesar de que en el contexto económico mundial ocupa el lugar 70 por ingreso per cápita, es el tercer país del mundo con más sujetos que ocultaron activos en empresas offshore.
En este marco, la Oficina Anticorrupción promueve un cambio en la legislación que busca impedir que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales offshore, bajo la forma de sociedades, cuentas o giros patrimoniales en plazas no colaborativas.
La propuesta de la Oficina Anticorrupción prevé reuniones con expertos con el fin de redactar un proyecto final que será elevado al presidente de la Nación y remitido al Congreso de la Nación.
En la misma línea de trabajo, la diputada Vallejos presentó un paquete de proyectos de ley para desalentar la corrupción offshore en el sector público en guaridas fiscales, que ahora analizará junto a Félix Crous.
A saber:
“Celebro su iniciativa (la de Félix Crous) y que, finalmente, nuestras ideas tengan eco en otros ámbitos. Son muchos años de estudio, trabajo y dedicación a un tema que considero de importancia estratégica. A partir de la semana próxima nos pondremos a trabajar con la expectativa de que sea ley”, puntualizó Vallejos.
Encabezados por el chubutense Gustavo Menna, legisladores de JxC presentaron un proyecto que busca reinstalar una medida que Macri dictó antes de terminar su mandato y luego Fernández derogó.
Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Gustavo Menna (Chubut), presentaron un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, con el fin de garantizar confidencialidad y reserva de identidad; asimismo establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección.
“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, indicó Menna sobre la iniciativa que recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia.
En la propuesta se busca que la autoridad competente para recibir y otorgar medidas de protección sea el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
“Atentará igualmente contra el sistema democrático quien incurriere en delito grave doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, reza el texto.
Menna enfatizó que “la corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto”.
Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, el proyecto crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de seis años en sus funciones.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.
Cabe recordar que, poco después de asumir, el presidente Alberto Fernández derogó por decreto la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de terminar su mandato.
A través de esa medida, el Gobierno actual dispuso que el programa de testigos tendría el diseño institucional original “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, y continuaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
El fiscal de Resistencia acusa a la diputada radical de haber firmado un convenio con sobreprecios cuando era secretaria de Asuntos Municipales de la gestión de Cambiemos.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el envío a juicio oral y público de la diputada nacional Aída Ayala (UCR), quien es acusada de haber firmado un convenio con sobreprecios con un municipio de Chaco para la compra de herramientas y maquinarias.
Según reveló el portal Infobae, Sabadini pidió el envío a juicio de Ayala y otros tres acusados, todos procesados por supuesto fraude a la administración pública, y ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá resolver sobre el planteo.
De acuerdo con la acusación, Ayala firmó en 2016 –cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri- un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos.
En el convenio, informó el portal citado, la compra con sobreprecios fue direccionada a una empresa que ya había sido favorecida, “Service Hogar”, mediante la intervención de dos exfuncionarios de Ayala en Resistencia, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.
El fiscal Sabadini consideró que Ayala “omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, continuando el trámite normal y aprobando posteriormente la rendición de cuentas”.
En el fallo citado por el mencionado portal, Sabadini agregó que se gastaron “casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.
En 2018, la jueza Niremperger pidió el desafuero de Ayala en otra causa, donde la diputada está procesada por presunto lavado de dinero y otros delitos por haber beneficiado a la empresa “PIMP S.A.” con la recolección de residuos en Resistencia durante su gestión como intendenta.
Si bien Ayala hizo su descargo en Diputados, el pedido de desafuero nunca avanzó y finalmente quedó sin efecto en 2019 cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó el pedido de detención.
El proyecto es del diputado Martín Berhongaray y busca “impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, incorporando al Código Penal un artículo 62 bis.
El objetivo es hacer imprescriptible la acción penal cuando se cometan los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función; enriquecimiento ilícito; prevaricato; encubrimiento; y lavado de activos de origen ilícito.
“En todos los delitos cometidos por funcionarios públicos y que perjudican a la Administración Pública es indispensable garantizar que la investigación sea completa y suficiente. El procedimiento debe llegar a su fin con un debate amplio del tema, que permita alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. De allí la necesidad de impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”, señaló Berhongaray.
Y agregó: “Sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones termina beneficiando a los imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”.
El legislador radical sostuvo que “no debe perderse de vista que la complejidad que caracteriza la investigación de esta clase de delitos -por la indebida influencia que muchas veces se pretende ejercer desde las esferas del poder político-, sumada a su dificultad probatoria y a la grave amenaza que representan a la estabilidad y legitimidad de las instituciones, deben llevar a poner en práctica un conjunto de medidas que desalienten la participación en la vida pública de aquellas personas que pretenden servirse de su actividad para aumentar sus patrimonios o fortunas personales”.
Acompañaron con su firma el proyecto los diputados Facundo Suárez Lastra, Lidia Ascárate, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Juan Martín.
Por impulso de Juntos por el Cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a tratar alrededor de 15 iniciativas, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a la función pública.
A pedido de Juntos por el Cambio, comenzaron a debatirse este martes en la Cámara de Diputados alrededor de 15 proyectos de ley de “ficha limpia”, que buscan que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos.
La discusión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo González (Frente de Todos), donde el oficialismo rechazó las iniciativas, luego de que en 2019 fracasara el tratamiento en el recinto por falta de quórum.
Tras ese intento fallido, Juntos por el Cambio recurrió al artículo 109 del reglamento de la Cámara baja, que indica que a pedido de por lo menos tres diputados la comisión debe someter a tratamiento los temas solicitados.
Así, González se vio obligado a incluir los proyectos en el temario, pero decidió retrasar el dictamen y encomendó a los asesores de la comisión trabajar para unificar los distintos textos presentados.
Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”, que lleva más de 366.000 firmas.
Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.
La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.
“Esta es una garantía adicional para la República y para la administración del erario público”, sostuvo Lospennato, y agregó que su proyecto “no es proscriptivo ni discrimina”.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.
Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.
En tanto, el radical Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.
“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.
El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.
Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.
A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.
Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.
Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.
“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.
Desde el Frente de Todos, Gabriela Cerruti alertó que “en Brasil la ficha limpia permitió que un juez persiguiera y encarcelara a un presidente (Lula Da Silvia) que era candidato a presidente para terminar siendo ministro de Justicia del gobierno que dio el golpe. Si hay un lugar donde no funcionó la ficha limpia, donde fue un instrumento del golpe de Estado, fue en Brasil”.
Asimismo, Martín Soria habló de “acting publicitario” de la oposición y recordó que “este proyecto ya tuvo su oportunidad en 2019, cuando cinco días antes de las PASO lo llevaron al recinto y quedaron solos despotricando y bajándole el estándar a un principio constitucional básico, como es el de la inocencia”.
“¿Será que pretenden resolver su propia interna en esta comisión?”, se preguntó el rionegrino, al apuntar que Mauricio Macri “tiene más de 114 causas penales en su contra y fue el único presidente que asumió procesado”.
Leopoldo Moreau coincidió con Cerruti en que “es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente: ese fue un accionar repudiable que impidió que un hombre como Lula Da Silva, que cambió la historia de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo un juez que confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es equivalente al de un departamento en Caballito, y que nunca se comprobó que fuera de Lula”.
Antes del debate sobre ficha limpia, la comisión también aprobó por unanimidad dos proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por Eduardo Solari. El diputado provincial radical sostiene que “el peronismo pretende instalar la impunida a Entre Ríos”.
Como ya lo hemos señalado en innumerables oportunidades, y lo seguiremos haciendo, el peronismo pretende instalar la impunidad en Entre Ríos ante notorios hechos de corrupción ocurridos en la provincia en los últimos años.
El mentor de Bordet, el exgobernador Urribarri, es embajador y todavía sin fecha de inicio de juicio de ninguno de sus procesos abiertos por delitos contra el Estado. Una vergüenza internacional.
La audiencia para decidir si se acepta o no el juicio abreviado pactado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del ladrón confeso José Allende fue suspendida y tampoco tiene fecha de concreción.
La comedia dramática de los contratos truchos -que involucra miles de millones de pesos en la Legislatura en el período 2008-2018- sigue en la nebulosa, y los principales responsables (entre ellos el ex vicegobernador y actual intendente de Paraná, Adán Bahl) ni siquiera han sido convocados una sola vez por el Ministerio Público Fiscal a dar alguna explicación.
Las maniobras para dilatar esta causa entre el Poder Ejecutivo y el Procurador General, Jorge García, son evidentes en los pasillos de Tribunales.
La injusticia e impunidad solo generan el descrédito de nuestra democracia y sus instituciones, y esto no lo vamos a permitir.
Entre Ríos necesita inversiones, empleos genuinos y crecimiento, y para ello es elemental la seguridad jurídica y terminar con la corrupción que solo alientan el atraso y la pobreza.
En este sentido, estoy insistiendo a la mayoría que representa al PJ en la Cámara, para que se traten dos proyectos de leyes de mi autoría: el de Ética Pública, presentado en febrero, para que todos los interesados tengan acceso a la información acerca del patrimonio de los funcionarios públicos cuando llegan al gobierno y durante su desempeño, entre otras cuestiones; y la reforma del Código Procesal Penal, que presenté hace un par de meses, para eliminar la posibilidad que los procesos por corrupción puedan “arreglarse” en juicio abreviado.
Estoy seguro que ambas leyes traerán transparencia y adecuado acceso a la información pública a la provincia, derechos que los entrerrianos se merecen.
Diez senadores de Juntos por el Cambio apoyan esta iniciativa: sostiene que el dinero de la corrupción “podría utilizarse para adquirir respiradores, tomógrafos, construir hospitales y salvar miles de vidas”.
El senador nacional de Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando, mediante el organismo que corresponda intervenir, junto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las cuentas públicas y la disposición completa de todos los activos -bienes muebles e inmuebles, dinero, valores negociables e instrumentos financieros, entre otros- en ejercicio de las facultades emergentes, con el objeto de contribuir a enfrentar los impactos económicos generados por la pandemia Covid 19.
El legislador advirtió que el aislamiento social implica la suspensión de las actividades no esenciales, “lo cual genera un impacto de alta severidad en la economía con consecuencias muy graves e inciertas. La crisis económica previa a la aparición de la pandemia obliga a que el Estado Nacional disponga de todos los recursos posibles para enfrentar las múltiples necesidades de obtención de medios e insumos, asistencia social para las personas y paliativos para las empresas que han visto interrumpida su cadena de valor por la emergencia”.
“Durante el período 2015-2018, las tareas de asistencia técnica y colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados en más de 150 causas, lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes. Consideramos, como ejemplo, que estos activos expropiados a organizaciones criminales puedan usarse y ser de gran utilidad para luchar contra el Covid 19 y en beneficio de la sociedad en general”, concluyó Blanco.
Acompañan la iniciativa los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio: Oscar Castillo, Mario Fiad, Juan Carlos Marino, Silvia del Rosario Giacoppo, Víctor Zimmernann, Alfredo de Angeli, Laura Rodríguez Machado, Stella Maris Olalla, Silvia Elías de Pérez y Pedro Braillard Poccard.
La diputada radical envió notas a la Corte Suprema, la Procuración y la Cámara de Casación solicitando que se reanuden las audiencias sea de forma remota o presencial.
La diputada nacional Claudia Najul (UCR), junto a otros legisladores de su bloque, envió notas a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo que se reactiven los juicios en trámite por causas de corrupción, de manera remota o incluso presencial, en el caso de que los tribunales crean posible implementar las precauciones sanitarias correspondientes.
Al respecto, la mendocina manifestó: “Desde la UCR apoyamos la recomendación de Casación para que se retomen los juicios de lesa humanidad y, en ese sentido, reclamamos lo mismo para aquellos en los que se están juzgando a procesados por corrupción, por quedarse con el dinero que debería estar en escuelas, hospitales y rutas”.
“Estamos transitando una crisis enorme, que va más allá del ámbito sanitario y nos afecta económica, social y humanamente. Es fundamental que la Justicia ponga lo que hay que poner y dé señales inequívocas a la sociedad de que quienes le roban al Estado incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos, no pueden beneficiarse precisamente en estos tiempos de angustia e incertidumbre para millones de argentinos”, agregó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Desde el bloque de diputados que preside Maximiliano Ferraro expresaron su “preocupación” por “los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley en el que propone agravar las penas de los delitos que se cometieran contra la administración pública, “cuando quienes lo cometan se aprovechen de situaciones excepcionales, por ejemplo, una pandemia”.
“Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera en perjuicio de la administración pública y aprovechando las facilidades de un desastre, conmoción, o emergencia pública, la escala penal correspondiente al delito del que se trate, se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda”, establece la iniciativa.
Desde la bancada que preside Maximiliano Ferraro señalaron que “es intolerable que nos roben, pero es aún peor en medio de una pandemia. Por eso proponemos elevar la escala penal de estos delitos”.
“Estamos convencidos de que nuestro país tiene que mejorar los procesos de licitaciones y compras, y no volver atrás con los avances que se lograron durante la gestión anterior. Hay que combatir la corrupción enquistada en muchos lugares de las compras públicas hace años”, agregaron.
Los diputados manifestaron que les “preocupan los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”. “Los controlaremos desde nuestro rol de legisladores en todas las jurisdicciones donde los detectemos, pero si no llegamos a evitarlo, e igual se comenten delitos, queremos que quienes los cometan sepan que deberán enfrentar penas graves y efectivas”, advirtieron.
“Con esta modificación del Código Penal creemos que proponemos una herramienta que va ayudar a los Ejecutivos en la transparencia e integridad de las compras”, sostuvieron.
Finalmente, desde el bloque CC-ARI fundamentaron que “la situación de indefensión en la que se encuentra la administración pública en este tipo de situaciones, y el aprovechamiento de dicha situación para cometer delitos en perjuicio de la misma, merece un mayor reproche penal”.
El bloque presentó un proyecto para que se aplique el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI instó este miércoles al Poder Ejecutivo a que aplique la herramienta creada por el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal, para destinar todos los bienes y el dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico al combate de la pandemia del Covid-19.
“El Estado es quien debe formular las políticas públicas necesarias para controlar esta situación, y para ello es necesario maximizar el uso eficiente de los recursos escasos, por lo que proponemos que se empiece por un tema fundamental: hay que recuperar lo robado”, subraya la Coalición Cívica en los fundamentos del proyecto de resolución presentado.
Los diputados advirtieron que “la corrupción es un delito que rara vez es condenado en nuestro país y la pandemia del coronavirus pone de manifiesto las falencias del sistema sanitario nacional”.
En ese contexto, el bloque propuso que el Ejecutivo aplique el DNU 62/19 y su Anexo, que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal”, y “los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación”.
“Debemos recuperar lo robado porque corresponde que vuelvan al Estado la totalidad de los fondos que fueron sustraídos para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y quienes perpetraron maniobras contra las arcas públicas deben rendir cuentas ante la Justicia por sus acciones”, indica el proyecto.
Los legisladores aportaron datos: “Como resultado de las tareas de asistencia técnica y colaboración en el período 2015-2018, teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido durante ese período, se lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.
Por ejemplo, detallaron que “con el dinero contenido en los bolsos que el exsecretario de Obras Públicas José López intentó esconder en un convento en 2016, y cuyo origen aún no ha podido demostrar, se podrían adquirir 743 respiradores o 16 tomógrafos para equipar los hospitales”.
Y agregaron que “la causa de fraude a la AFIP en la que estuvo involucrado el exempresario Cristóbal López significaría hoy para el Gobierno 258.219.844 dólares con los que podrían construir 55 hospitales o comprar más de 21 mil respiradores; así como también con el desvío de fondos de los ‘Pibes Villeros’ de Milagro Sala, que suma 9.621.212 de dólares, podrían adquirir 794 respiradores o sumar 85 ambulancias de alta complejidad; y con el embargo a la vicepresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita, que sumaría 151.515.152 de dólares, el Gobierno podría adquirir 253 tomógrafos o 12.500 respiradores para afrontar la crisis por el coronavirus además de cubrir jubilaciones mínimas y canastas básicas”.
La opinión del diputado Enríquez sobre el proyecto de control de convencionalidad de las prisiones preventivas.
El diputado nacional Jorge Enríquez sostuvo que el proyecto de algunas senadoras kirchneristas referido a las prisiones preventivas por delitos de corrupción “es un mamarracho de tal envergadura que el solo el hecho de tener que comentarlo pareciera darle algún viso de seriedad”.
“Se trata, por una parte, de una iniciativa sobreabundante ya que el control de constitucionalidad y convencionalidad debe ser ejercido con carácter general, no sólo para casos de corrupción, y también con criterio general existen instancias recursivas y posibilidad de dictar nulidades si hay desvíos respecto del debido proceso”, precisó el legislador macrista, que agregó: “Pero todo ese fárrago de palabras está puesto para esconder lo único que les interesa a estas senadoras, que es lograr la impunidad de los corruptos que sean sus compañeros de ruta políticos. Es decir, se busca otorgarle un manto de protección a los políticos kirchneristas que se quedaron con recursos públicos y están detenidos por esa razón”.
Enríquez agregó que “lo más desfachatado aparece en la pretensión de restringir a la prensa y de otorgarle a la ‘sensación’ mediática supuestamente creada por ella, un efecto jurídico con relación a las prisiones preventivas. Si se aprobara este proyecto, poco quedaría del Estado de Derecho. Es imperioso y urgente que el presidente Fernández se pronuncie de modo categórico acerca de él, porque la mera sospecha de que lo comparta sería una pésima señal para los argentinos y para el mundo en momentos muy delicados como para jugar al chavismo”.
Por Alberto Asseff
El nuevo gobierno tiene tres decisiones claras. Las está ejecutando puntillosamente. La primera es relativizar hasta su desaparición a la corrupción como plaga social. La segunda es reimplantar el relato. La tercera consiste quitarse de encima en su período constitucional el peso de la deuda.
Las tres intenciones ameritan breves comentarios. A la corrupción ni por asomo piensan erradicarla y mucho menos castigarla, incluyendo el resarcimiento -recuperación- del Estado por los bienes que le fueron detraídos, en verdad saqueados. Por el contrario, el objetivo casi confeso es naturalizar a la corrupción hasta el extremo de justificarla con argumentos clasistas. Si los dirigentes provenientes del voto de los sectores empobrecidos roban, eso les permite alcanzar y ejercer la representación política. Si así no fuera, sólo accederían a los cargos los ricos. Esta no es una aseveración caprichosa de quien escribe. Es lo que han dicho algunos actores del oficialismo, pero sobre todo es lo que está construyendo el gobierno con la introducción del llamado “lawfare” y con el inocultable pacto de impunidad, incluyendo la neocolonización de lo que queda de la Justicia republicana independiente.
El relato reimplantado es el que los actuales gobernantes han demostrado en el pasado ser eximios. Son capaces de sostener sin inmutarse que subiendo impuestos la economía crecerá o que eliminando la exigencia de escolaridad para percibir la AUH, los pobres se dignificarán o que manteniendo el gasto público exorbitado se combate la recesión. Esto último lo expresó sin rodeos el ministro de Economía en su presentación en la Cámara de Diputados el 12 de febrero: “la austeridad fiscal es contraindicada en un escenario de recesión”. Pueden reducir las jubilaciones y aplanar la pirámide – menospreciando el esfuerzo aportante, igualando a quienes nunca lo hicieron con quienes mes a mes de toda su vida laboral tuvieron deducciones para el fondo previsional – y presentarlo con toda bambolla como un logro de la justicia social que promueven.
En lo atinente a la deuda, primeramente relatan una falacia descomunal. Dicen que el gobierno anterior y la avidez de los prestamistas – asimilados a usureros – son los causantes del endeudamiento. La realidad es que al dejar el gobierno el 9 de diciembre de 2015 la a la sazón presidente dejó un debito de us$240 mil millones y una plantilla burocrática incrementada en casi dos millones de agentes (incluidos los provinciales y municipales) con un gasto público extraviado. Para gradualizar el ajuste ineludible el gobierno del presidente Macri apeló al endeudamiento hasta que diversas circunstancias hicieron irrumpir la crisis de mercado en abril-julio de 2018, agravado por la derrota del 11 de agosto de 2019 que ennegreció aún más las perspectivas e hizo crecer la desconfianza. Todo esto, al margen de innegables errores de conducción sobre todo en el área económica y también comunicacional del gobierno que culminó el 9 de diciembre de 2019. Empero, no se dice que gran parte de la deuda tomada en el mandato anterior fue para pagar servicios a los prestamistas externos y para evitar un ajuste drástico. También para mantener los planes sociales, en una estrategia que contuvo algunos desaciertos – como no establecer un término temporal y no exigir la contraprestación laboral, a la par de condicionar su pago a que no sirvan para ‘piquetear’ todos los días con perturbación evidente de la paz social y del clima de trabajo que debe imperar en un país elementalmente organizado. Lo segundo es algo que no encubren desde el gobierno actual: la meta es “empezar a pagar la deuda a partir de 2023”. Falta que digan sin subterfugios que las amortizaciones y cancelaciones de intereses será a partir del 10 de diciembre de ese año 23 para quede claro el objetivo de que “pague el que viene”.
En tanto, se habla hasta el hastío de las tasas o índices; de inflación, de precios, de desempleo, de interés que fija el Banco Central, de recaudación tributaria, de inversión (que si no remonta, jamás creceremos), de cien aspectos. Pero hay una tasa de la que nadie del gobierno –y de muchos sectores influyentes– habla: la tasa de honestidad – se podría agregar la de idoneidad para la función pública.
Mientras no exijamos a ambas, honestidad e idoneidad, difícilmente saldremos adelante. La propia señora Georgieva, en su reciente discurso en el Vaticano, en nombre del FMI, lo expresó redondamente: “Sabemos que la corrupción obstaculiza el crecimiento y carcome las bases de la economía y de la sociedad”. Acá, en el gobierno, nadie parece haber tomado nota ni se hizo eco. Por eso ni el presidente, ni ninguno de sus ministros, ni nadie en representación del oficialismo siquiera hace alusión al vocablo corrupción. Testado del diccionario gubernamental, pero mucho peor, eliminado de las preocupaciones.
Así no se recupera la confianza y sin ella no podrá haber crecimiento. En la simpleza de esta ecuación está implícita la extrema gravedad de las premisas falsas del Gobierno.
*Diputado nacional de Juntos por el Cambio
Salieron al cruce de la iniciativa impulsada por un grupo de senadoras del Frente de Todos referida a causas por corrupción.
Previsiblemente la oposición salió con dureza a cuestionar el proyecto impulsado por un grupo de senadoras del Frente de Todos que pretende limitar las prisiones preventivas para los casos de acusados por corrupción.
“Otra vez los medios de comunicación estorban para ejercer con impunidad el poder y en caso de que se sospeche un delito de corrupción, la culpa siempre será de los medios. Son muy obvios”, afirmó la diputada nacional Karina Banfi (Buenos Aires), en tanto que su par entrerriana Gabriela Lena sostuvo que “no se puede censurar al periodismo por conveniencia o capricho del gobierno de turno. La libertad de prensa es fundamental en un Estado de derecho. No cometamos el error de querer acallar voces desde el parlamento”.
Desde esa bancada, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, consideró “muy peligrosa” la propuesta, que a su juicio “tiene gusto a revancha y un retroceso en la calidad institucional de nuestro país”.
Por su parte, el diputado Luis Petri (Mendoza) adelantó que “va a representar y exigir el tratamiento de la incorporación en el Código Procesal Penal de la garantía constitucional de la reserva de fuentes y la prohibición de allanamientos en las redacciones de los medios de comunicación por violar esta garantía”.
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“Cuando se intenta avanzar sobre la libertad de prensa hay que hacer todos los esfuerzos para redoblar su defensa. Limitar al periodismo en sus investigaciones por causas por corrupción es propio de las dictaduras”, aseguró Petri.
También desde el radicalismo, la tucumana Lidia Ascarate recordó que “hace 4 días el presidente Alberto Fernández nos hablaba de libertades e igualdad. Hoy su vice Cristina Kirchner propone limitar a periodistas. Libertades y derechos para quienes solo piensan como ellos. República sólo para alguno”, mientras que el porteño Alvaro de Lamadrid consideró la medida “un dislate que desnuda la obsesión de la vicepresidente CFK con procurar su impunidad en causas pendientes de corrupción. Esta vez limitando a la prensa y su tarea periodística en represalia por haber visibilizado su corrupción e informado sobre la misma”.
“El proyecto es una vergüenza. Combatir la corrupción es un deber que asumió nuestro Estado ante la ONU y ante la OEA, quienes cumplimos funciones públicas debemos respetar y hacer cumplir esos compromisos. Debemos legislar con seriedad y prudencia, pensando en el bienestar del pueblo argentino y siempre cumpliendo con nuestro juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, afirmó Claudia Najul (Mendoza), al tiempo que el tucumano José Cano deslizó: “¿Se acuerdan cuando escrachaban al periodismo que criticaba al kirchnerismo? Ahora directamente quieren ‘limitarlo’. Volvieron con más deseos de impunidad y con más amenazas a la libertad de prensa. Ningún medio debe ser silenciado por denunciarlos”.
Para la jujeña Gabriela Burgos es algo “descabellado por donde se lo mire. La prisión preventiva es una medida de excepción a la libertad y las causas para solicitarla son muy claras”, mientras que la cordobesa Soledad Acuña sentenció con ironía: “Volveremos y seremos mejores”, dijo, y agregó: “Definitivamente quieren ser mejores. El kirchnerismo actual tiene matices, pero en esencia es lo mismo. Sus deseos de impunidad y las amenazas a la libertad de prensa son moneda corriente en sus acciones”.
