Los legisladores de Vamos por Más, Confianza Pública, Partido Socialista y UCR-Evolución impulsaron en la Legislatura porteña una iniciativa mediante la cuál instan al Ejecutivo Nacional a acatar el fallo de la Justicia que establece la restitución del 2,95% de los recursos coparticipables.
A casi dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), Partido Socialista (PS) y UCR-Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál le exigen al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
La iniciativa lleva las firmas de Sebastián Nagata, María Sol Méndez, Graciela Ocaña (CP), Jessica Barreto (PS), Aldana Crucitta, Lucio Lapeña, Francisco Loupias, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev), Juan Facundo Del Gaiso, Emmanuel Ferario y Claudio Romero (VxM).
En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.
“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.
Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.
Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.
Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.
Los diputados de la Coalición Cívica impulsaron una denuncia contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por no haber reintegrado a la Ciudad el 2,95% de los recursos coparticipables nacionales.
Tras varias reuniones de Jorge Macri con las autoridades nacionales por este tema, los legisladores de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero denunciaron al presidente de la Nación, Javier Milei, por no haber acatado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que el Gobierno Nacional le reintegre a la Ciudad el 2,95% de los recursos coparticipables nacionales.
La denuncia de los diputados que responden a Elisa Carrió recayó en el Juzgado Federal Nº6, que tiene a su cargo como subrogante Ariel Lijo.
En su denuncia, los legisladores aseveraron que denunciantes afirman que el incumplimiento puede significar “la posible comisión de delitos de acción pública” y también incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.
Respecto de la denuncia, Del Gaiso planteó que “la autonomía de la Ciudad se defiende siempre, sea el Gobierno que sea, seas opositor o aliado. Todos los meses nos roban 70 mil millones de pesos a todos los porteños, al no cumplir el fallo de la Corte y violar la Constitución”.
Cabe recordar que el fallo de la Corte a favor del Gobierno porteño se firmó el 21 de diciembre del 2022 y ordenaba que el Gobierno Nacional -por aquel entonces a cargo de Alberto Fernández- “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclamaba el 3,5%), y disponía que las transferencias ordenadas se hicieran “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
El Tribunal Supremo falló a favor de las personas condenadas porque “el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, pero las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos como el sufragio”.
La Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que requiere al Congreso el tratamiento de una ley para permitir el voto de las personas condenadas, ya que “la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica”.
En el año 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de las normas que suprimen, en forma genérica y absoluta, el derecho al voto de las personas condenadas en proceso penal. En línea con antecedentes propios de ese Tribunal -que reconoció el derecho al sufragio de los detenidos sin condena (caso “Mignone” del año 2000)- y como lo hicieron otros tribunales en el derecho electoral comparado, la Cámara resolvió que si bien el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos que exigen que la privación de un derecho esencial como el de sufragio, esté debidamente justificada y guarde proporcionalidad con el propósito que se persigue.
“Así, la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica. Del mismo modo ha ocurrido con las incapacidades civiles, que ya no prohíben en todos los casos el ejercicio del sufragio, sino que deben graduarse y verificarse para cada persona, cuándo se justifica y cuándo se restringe el derecho al voto”, fundamentaron.
En ese contexto, la Cámara Electoral requirió al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que contemple las diferentes situaciones de las personas con condena penal. Sin embargo, pasados más de cinco años, no se ha dictado una ley en ese sentido.
A raíz de ello, por la acción de la Defensoría Pública en un caso referido a esa mora el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el criterio de la Cámara y estableció en sentencia de fecha 10/02/22 que “el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación … no … ha dado tratamiento a los diversos proyectos presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados”.
