El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.

Tras el paso de juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri.

García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal.

Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como “un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional” y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

“Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.

Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que “omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé”.

“Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”, indicó en su descargo.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, disertó este martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remarcó su oposición a la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “No cuenta con los pergaminos necesarios”.

Si bien la titular de la Cámara alta ya había rechazado la idea que Lijo ocupase un lugar en el máximo tribunal de justicia cuando reveló que no le gustaba, esta vez agregó que “está reemplazando la banca de una mujer y me hubiera gustado que ese lugar lo ocupara una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino desde un lugar de justicia”.

“Mi opinión sobre él es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura”, remarcó Villarruel consultada por la postulación que propuso el Poder Ejecutivo Nacional desde hace unos meses. Este miércoles a las 10, el juez Lijo defenderá su postulación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para terminar, Villarruel reiteró que Lijo “es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cabe recordar que en caso de que avance el pliego de Lijo, pasaría a ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton en 2021.

El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato– y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezará una especie de audiencia paralela bajo el nombre de “Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, donde se esperan críticas a Lijo.

El evento, que se llevará a cabo este lunes a las 17 en el Salón Azul, estará moderado por la socia fundadora de Será Justicia, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos. En la jornada expondrán Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Edgardo Buscaglia, académico senior en la Universidad de Columbia; María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza; Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y presidente de Fores; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la CABA.

La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario “no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad”. El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.

Pedimos al Senado el rechazo del acuerdo del abogado Lijo como candidato a la CSJN, fruto podrido del acuerdo de impunidad entre MILEI, los K y los operadores de siempre. La @UCRNacional no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad. #NOALIJO pic.twitter.com/aUsP1zQLE1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) July 29, 2024

En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que “se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional”.

De ese modo, acusaron al juez como “presunto integrante de una asociación ilícita” y explicaron: “En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano— y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió”.

Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es “quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo”.

En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.

“Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF”, agregaron.

También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa “siemens”, donde “se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach”.

Según lo presentado por la UCR, “el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens”.

En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo “desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, que están cargo del mencionado magistrado.

En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por “acercar” el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y “la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí”.

 

Lijo observación a acuerdo

 

Se confirmaron las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el Gobierno nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia, se presenten a defender sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro). Serán el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como paso previo, este 19 y 22 de julio deberán publicarse los edictos correspondientes en el Boletín Oficial, y también en dos diarios de circulación nacional. A partir de allí se abrirá un plazo de siete días para la presentación de impugnaciones y/o adhesiones; seguido por tres días de análisis por parte de la comisión sobre qué impugnaciones considera válidas y tres días más para que los postulantes respondan al respecto.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

La diputada de Confianza Pública (CP) y vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que reabra la causa por “la fiesta de Olivos”, en la que el entonces presidente Alberto Fernández, su mujer Fabiola Yañez y un grupo de amigos rompieron la cuarentena por Covid 19.

En ese sentido, la legisladora explicó que “mientras todos los argentinos estábamos atravesando la pandemia por Covid 19, encerrados en nuestras casas con incertidumbre, angustia y en muchos casos sin poder acompañar o despedir a nuestros seres queridos, algunos sí se daban el lujo de celebrar encuentros y ‘fiestitas’” y aseveró que “la foto que todos conocemos del cumpleaños de la ‘querida’ Fabiola es una escena más de la impotencia que genera la impunidad del poder. La falta de Justicia solo deja la posibilidad de la repetición de estos hechos, que ya no queremos que formen parte de nuestra historia como país”.

Sobre esa misma línea, Ocaña manifestó: “a cuatro años de la fiesta de Olivos, los argentinos estábamos con miedo ante el desconocimiento de una nueva enfermedad que era una pandemia mundial, sin información y en el marco de una cuarentena que se tornó eterna. Sin embargo, esta situación no era la que vivían todos los argentinos: el presidente, su esposa y un grupo de amigos decidieron violar las normas que ellos mismos habían establecido” e indicó que “aquel presidente que levantaba el dedito, juntó a sus amigos para agasajar a su mujer, la querida Fabiola”.

“A cuatro años de esta barbaridad que muestra la impunidad del poder. Por eso es necesario que la justicia reabra esta causa, porque no puede ser que el presidente quiera comprar su culpabilidad con dinero”, continuó y concluyó precisando que “necesitamos que la Corte reabra este expediente y haga justicia para los miles de argentinos que murieron sin vacunas, solos, sin poder ser acompañados en esa locura que significó la cuarentena eterna de Fernández”.

A CUATRO AÑOS DE LA FIESTA DE OLIVOS

Mientras todos los argentinos estábamos atravesando la pandemia por COVID-19, encerrados en nuestras casas con incertidumbre, angustia y en muchos casos sin poder acompañar o despedir a nuestros seres queridos, algunos sí se daban el lujo de… pic.twitter.com/8CJpMuVfCd

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 14, 2024

 

 

Como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad aprobó durante la sesión de este jueves una iniciativa mediante la cual le exigieron al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.

Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.

“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.

Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.

Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.

Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.

La senadora nacional Alejandra Vigo (UF – Córdoba) presentará este martes a las 12 en el Salón Azul del Congreso un proyecto de ley sobre paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del ciclo de diálogos interinstitucionales que organiza la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA).

La iniciativa propone modificar el artículo 21 del decreto-Ley 1285/58 (de organización del Poder Judicial) y que establezca que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará conformada por cinco miembros con representación federal de distintas jurisdicciones e integración en un mínimo de 30% de mujeres”.

El texto propone también que la “composición de cada tribunal federal colegiado contará con un mínimo de 30% de mujeres”. La senadora rionegrina Mónica Silva, la ministra de la Corte mendocina, Teresa Day, y Sofía Sagüés (Amja) estarán en la presentación.

Hace dias, la cordobesa se había reunido con la vicepresidenta Victoria Villarruel donde remarcó la importancia de la cuestión de género para integrar la Corte. Allí, la titular de la Cámara alta recibió la redacción del proyecto que semanas atrás presentó en el Senado, con el objetivo de garantizar a las mujeres lugares en el máximo tribunal, y también en los tribunales federales colegiados.

 

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria le solicitaron, a través de una nota, al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que informe sobre los cuestionamientos que esgrimió Ricardo Lorenzetti en su disidencia sobre la creación de una nueva secretaría penal en el tribunal.

El pedido de acceso a información pública fue firmado por Germán Martínez (jefe del bloque), Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Juan Manuel Pedrini.

Los diputados pidieron “detalles sobre hechos y situaciones denunciados por Lorenzetti, de los que no se encuentran registros de acceso público”.

Además, el pedido de informes reclama a Rosatti que precise “si existen en el ámbito de la Corte unas 60 mil causas sin resolver, y en ese caso explique cuáles son las razones que dieron lugar a ese atraso en la resolución”.

Los legisladores pretenden saber “si se discutió entre los ministros la elaboración de un código de ética, algo que jamás existió en la Justicia argentina a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo”.

Lorenzetti denunció que la creación de una nueva secretaría penal demandará un aumento en el presupuesto de la Corte y la creación de nuevos cargos. El funcionario designado en esa secretaría es Diego Seitún, por lo que preguntaron “si es abogado defensor de Rodrigo Arboleda Halaby en la causa que investiga la cesión fraudulenta de la Sociedad Rural Argentina por parte del Estado Nacional; de Carlos Alberto Castellani, funcionario del Banco Nación investigado por los préstamos fraudulentos otorgados a Vicentín SAIC, y de Joaquín Enrique Marque, en una causa en la que se investiga el libramiento de cheques sin fondos”.

Ante las graves acusaciones vertidas por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, diputados de @Diputados_UxP presentamos un pedido de acceso a la información preocupados por la falta de transparencia en el máximo tribunal de administración de justicia de la Argentina. pic.twitter.com/u0thV8JYNH

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) May 29, 2024

El documento también pide la copia de las actuaciones administrativas sobre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, a quien Lorenzetti cuestionó en un capítulo de su voto titulado “Ocultamiento de las irregularidades de un funcionario”.

Durante todo el 2023 los titulares del máximo Tribunal fueron eje de investigación del entonces oficialismo que  llevó adelante un total de 26 reuniones de la Comisión de Juicio Político y emitió dictamen acusatorio contra los cuatro miembros que integran la Corte Suprema de Justicia que tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

La organización Marianne manifestó su preocupación por la postulación únicamente de candidatos varones para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin la presencia de mujeres para cubrir las vacantes en el actual procedimiento impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

“La falta de representación equitativa en el superior tribunal de justicia de la República desatiende el deber de consagrar la paridad de género, piso mínimo para asegurar el derecho de las mujeres a la participación en los puestos de toma de decisiones y el logro de la igualdad real, conforme lo prevé la constitución nacional, los tratados internacionales y, en particular, el Decreto 222/03”, señalaron.

Además, cuestionaron que “no se trata sólo de una cuestión de mera equidad”. “Se trata de brindar a una sociedad compleja un servicio de Justicia acorde a esa diversidad. La mirada de la mujer aporta puntos de vista diferentes respecto de cuestiones que deben resolverse en los tribunales, en particular en la CSJN, instancia a la que llegan asuntos de índole patrimonial, de familia, penales, comerciales, entre otros”, agregaron.

Por último, expresaron que “quedó demostrado con el prestigioso paso por ese organismo de las doctoras Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, quienes dejaron una huella trascendente, que una mirada sesgada de la vida sociedad pretende hoy borrar”.

 

Lógica, la asociación sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, se presentó en el proceso abierto ante el Ministerio de Justicia de la Nación para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, para lo cual el Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de Senadores a José García Mansilla (constitucionalista) y Ariel Lijo (penalista).

La ONG no objetó la postulación del candidato constitucionalista, pero sí objetó la del candidato penalista, y exhortó a que, en su lugar, sea propuesto “un, o mejor aún, una candidata con especialidad tributaria”, según lo expresado por la ONG.

Esto surge de interpretar el decreto 222/03 y sus considerandos, referido a la “diversidad de especialidad” de la Corte, previo al análisis de otros aspectos (aptitud moral, idoneidad, trayectoria, etc). Ella debería apuntar a las áreas del derecho más relevantes para el país, en la respectiva época. Según Lógica, la fiscal es actualmente y por lejos la más relevante. La rama que más se le relaciona es la del derecho tributario y, en menor medida, la del derecho constitucional, por los principios constitucionales tributarios estudiados desde ambas áreas.

Según Lógica, los excesos fiscales provocaron la actual “tragedia económica”. Los impuestos más gravosos del mundo, la segunda inflación más alta, el descontrol del gasto público, etc. tuvo por efectos una pobreza mayor al 40%, un país estancado desde 2011, con una informalidad que ronda el 45%.

A continuación detallamos otros argumentos de Lógica:

El contexto futuro. Lo fiscal fue lo más relevante durante la última campaña y lo es en el propuesto Pacto de Mayo (el 50% de los 10 puntos son fiscales), a partir del cual, en su caso, se dictará la responsabilidad de jueces demasiado tolerantes con los impuestos más gravosos. En general, los jueces no han puesto un freno a la voracidad fiscal. En la presentación se realizó un análisis de la jurisprudencia de la Corte en los últimos tiempos, concluyendo que muchos de sus fallos han sido funcionales al sistema tributario más gravoso del mundo y la consecuente “tragedia fiscal”.

Las consecuencias. Dicha actitud funcional de los jueces tuvo efectos negativos en todos los argentinos: máxima presión fiscal formal (50,7%), empleados registrados que deben trabajar más de medio año para pagar todos sus impuestos, y ciudadanos que, al final de la cadena, terminan afrontando impuestos por más del 40% y hasta más del 50% del precio final de los bienes que consumen.

La invisibilidad fiscal en la Corte. El país más gravoso se manifiesta en múltiples aspectos con el patrón común de la invisibilidad fiscal. Así como los impuestos no se visibilizan en los tickets, en la Corte se manifiesta en que ninguno de sus 23 ministros desde la vuelta de la democracia ha sido tributarista.

No cualquier tributarista. El elegido debería ser conducente a resolver los problemas fiscales en los casos concretos. Aquel que, además de excelente trayectoria y reputación, sea garantía de impecable aplicación de los principios constitucionales, demostrado en fallos, dictámenes y/o doctrina. No uno de los muchos tributaristas pro-fisco, funcionales al país más gravoso. No es cuestión de agravar el problema.

La cantidad de causas fiscales novedosas. Durante la próxima década confluirán en la Corte las iniciadas como resultado del cúmulo de excesos fiscales de los últimos años en los tres niveles de gobierno y también las que resultarán de las nuevas normas fiscales en el marco del actual proceso de cambio.

La influencia desde lo más alto. La relevancia de lo fiscal es tal que no basta con apoyarse en secretarios tributaristas o en el Procurador General. Quien lidere esos fallos deber ser ministro, marcando el camino dentro de ella, a los tribunales inferiores y al resto de la sociedad, con clara señal de cambio.

Cuestión de género. El Decreto 222/03 exige “diversidad de género”. No hay ministros mujeres desde 2021. Hace 10 años había dos. Cuatro ministros más dos candidatos, todos hombres, es lindante o califica de discriminación. Hay mujeres con la especialidad tributaria y reputación exigida para la Corte.

Por todo lo anterior, desde Lógica no objetaron la postulación del candidato constitucionalista (García Mansilla), entre otras razones, por tener para aportar el conocimiento de los principios constitucionales tributarios.  Pero sí objetaron la del candidato penalista (Lijo) porque (i) desde su especialidad tiene muy poco para aportar a lo fiscal, apenas en los pocos casos penales tributarios atendibles por la Corte, (ii) no se anticipan cuestiones novedosas en lo penal, (iii) la seguridad es prioritaria pero depende de la policía y tribunales inferiores, no del voto de un ministro de Corte a una década de los hechos, y (iv) la existencia de la Cámara de Casación Penal lo vuelve aún menos relevante. En su lugar, Lógica exhortó a que se designe un, o mejor aún, una tributarista con el perfil mencionado para cubrir la restante vacante. Las designaciones de tal tributarista más la del constitucionalista, le infundirán a la Corte el conocimiento en la materia tributaria que resulta tan urgente como imperioso que tenga el más alto tribunal del país.

Los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por la líder de su partido, Elisa Carrió, presentaron su impugnación contra el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la Corte Suprema de Justicia. 

En el escrito dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los legisladores señalaron que Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”. “Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguraron. 

El texto -que lleva las firmas de Carrió y los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade– plantea que Lijo “no reúne las condiciones vinculadas con el requisito de independencia que debe cumplir todo juez y su cuestionamiento público ante graves sospechas de observar conductas reñidas con la transparencia y la ética inciden negativamente en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en la administración de justicia, lo que facilita que se asocie a los magistrados con la protección de actividades relacionadas con el delito”. 

“La nominación de un abogado/a para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema reviste suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial”, expresaron y, en ese sentido, insistieron que el magistrado “ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta Magistratura de la Nación”. 

En la impugnación, agregaron que a ello “se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sobre esto último, los cívicos calificaron como “magra y endeble” la “formación profesional y académica del juez Ariel Oscar Lijo, que no trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra, cursada por el candidato hace casi 25 años”. 

Al enumerar los argumentos, Carrió y compañía recordaron una denuncia en contra de Lijo, realizada en 2018 por la líder de la CC, en la que se lo investigó como posible integrante de una asociación ilícita. “En dicha denuncia se señaló que Alfredo Lijo, junto a su hermano, el juez federal Ariel Lijo, formarían parte de un entramado destinado a garantizar la impunidad de distintos funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción y que, como consecuencia de eso, ambos se habrían enriquecido ilícitamente. Cabe destacar que la denunciante acompañó prueba documental y solicitó que se produjeran varias medidas de prueba”, recordaron. 

Y subrayaron que “pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, ninguno de los imputados fue indagado y, en silencio, la causa fue archivada por el juez Ercolini, con el aval del fiscal Picardi, quien tenía delegada la investigación. Luego de ello, se presentó como abogado defensor el Dr. Mariano Cúneo Libarona, a instar el sobreseimiento del Sr. Alfredo Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado. Este ‘detalle’ no es menor ya que, quien ha ejercido la defensa de los hermanos Lijo, hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y en ese carácter, en representación del Poder Ejecutivo, promueve la candidatura de su ahijado procesal a juez de la Corte Suprema”. 

Carrió y su tropa de legisladores explicaron que “pese a que públicamente ha trascendido que el juez Ariel Oscar Lijo habría sido sobreseído, cabe señalar que resulta al menos llamativo que pese a que fueron varias las personas denunciadas -entre ellas el candidato Lijo-, solamente se conozca públicamente la resolución del año 2021 que dispusiera el sobreseimiento del hermano del magistrado y no del resto de los consortes de causa”. 

En el escrito se cuestiona además la actuación de Lijo en las causas YPF, Siemens, la que investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y en una causa iniciada por una denuncia de la tabacalera Sarandí. 

También objetan su “vinculación con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti”, magistrado contra el que la Coalición Cívica sí impulsó el juicio político; y mencionan la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra Lijo por mal desempeño de su cargo.

 

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein, socialistas de Santa Fe que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, presentaron un rechazo a la postulación de los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El escrito fue dirigido hacia el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la explicación de su oposición a las candidaturas fue que “necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética, transparencia y estén comprometidos con los Derechos Humanos”.

*RECHAZAMOS LA POSTULACION DE LIJO Y MANSILLA*

Presentamos la impugnación a la postulacion de A. Lijo y M. Mansilla para ocupar las vacantes en la CSJN.
Necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética,
transparencia y estén comprometidos con los DD.HH pic.twitter.com/KUWTwZv8YD

— DiputadosPS (@BloqueDipPS) May 6, 2024

Del mismo modo, plantean que “nuestro país quedó muy lejos de cumplir con los compromisos asumidos en los Tratados de DDHH incorporados en la Constitución Nacional”. También, señalan que “la ausencia de mujeres importa un grave retroceso en orden de efectivizar el principio de igualdad que informa la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

“La postulación de dos varones para cubrir las vacantes en la Corte implica, además de un proceder anticonvencional, un grave retroceso en orden a cumplir el mandato constitucional que nuestro país ha adoptado”, cierra el texto dirigido al Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo había oficializado ambos pliegos a mediados de abril y desde la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica rápidamente pidieron la impugnación. Incluso desde el oficialismo en el Senado no se mostraron convencidos de la postulación de Lijo.

El senador nacional Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja) se refirió este martes a la presentación de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia Nacional y sostuvo que “tienen que convencerme, porque creo que hay gente que está muy por encima de él”.

En esa línea, el titular de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo amplió que “me gustaría una mujer, pero una cosa es lo que uno desea y otra lo que la calidad dicta”. Del mismo modo, ratificó que “no hay definiciones”, y aclaró que “no tuvo pedidos concretos del Poder Ejecutivo”.

Consultado en Radio Sí por el nuevo debate de la ley Bases, el senador riojano se mostró a favor de la reforma laboral y explicó que “en el Senado hay dos proyectos, uno del radicalismo y otro de Juan Carlos Romero, que para mí es más completo y ambicioso”.

También, cuestionó a la conducción de la CGT: “tiene que aggionarse como todas las instituciones porque los trabajadores necesitan servicios por encima de la lucha”. Asimismo, señaló que “algunos sindicatos no están de acuerdo con esta conducción”.

Por último, Pagotto se refirió a las medidas llevadas a cabo por el presidente Javier Milei e indicó que “estamos sufriendo el reacomodamiento de la economía. Habrá que terminar de frenar la inflación y prever un horizonte de crecimiento”. “La inflación es alta, el núcleo duro sigue siendo de un dígito, va en descenso”, concluyó.

Un grupo de diputados de la UCR, identificados como los más opositores al Gobierno, envió una nota al presidente del partido, Martín Lousteau, para que se convoque al Comité Nacional y se rechacen las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. 

La misiva, que lleva las firmas de Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Marcela Coli y Manuel Aguirre, solicita a Lousteau que “convoque al Comité Nacional a los fines que el partido impugne y se oponga a las nominaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional”. 

En ese sentido, recordaron que el decreto 222/03 fija un plazo de 15 días, a partir de la oficialización de las nominaciones en el Boletín Oficial, para observar las candidaturas ante el Ministerio de Justicia. “Corresponde que el partido UCR, como institución fundamental de la democracia, se exprese sobre esta situación”, sostuvieron. 

Los legisladores señalaron que en la nominación de ambos “se han vulnerado criterios esenciales de representación de género y de la diversidad geográfica y cultural de nuestro país”. 

“En el año 2024 la conformación de una Corte integrada exclusivamente por hombres constituye una anomalía institucional que no puede ser convalidada”, cuestionaron, al tiempo que remarcaron que tanto Lijo como García Mansilla son de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante la publicacion de las nominaciones de los candidatos a la CSJN los diputados nacionales de la UCR @pjgalimberti @aguirremanuelok @Marcelacoli63 le pedimos a @UCRNacional se oponga a esas propuestas. Motivos sobran. Aquí algunos pic.twitter.com/mJmElEcRIa

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) April 15, 2024

Puntualmente sobre Lijo, criticaron su “falta de idoneidad técnica, como ética y de antecedentes para el cargo al cual ha sido postulado”, además de “falta de formación académica” ya que no tiene “maestrías o doctorados”. 

“En el ejercicio del cargo de juez federal ha sido un fiel representante del conglomerado judicial de Comodoro Py que ha hecho de la negociación política con el poder de turno un modo de acción que debe ser desterrado de la Justicia”, enfatizaron. 

Y consideraron que “esta postulación para juez de la CSJN implica la pretensión del Poder Ejecutivo de llevar ese acuerdo espurio a niveles superiores de la administración de Justicia, y como tal debe ser rechazado por nuestro partido”. 

“Destacamos negativamente las acciones cumplidas por el juez Lijo para asegurar impunidad del gobernador formoseño Gildo Insfrán, remitiendo las actuaciones vinculadas a la ‘causa OLD FUND’”, sumaron y recordaron que “también fue denunciado por enriquecimiento ilícito y fue desvinculado de la causa por un juez de Comodoro Py”. 

 

Un día después de conocerse los candidatos que el Poder Ejecutivo impulsará para ocupar la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el Gobierno oficializó el decreto que modifica la normativa sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces supremos.

Tal como se había adelantado en el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se introdujo una reforma al decreto 222/2003, dictado entonces por Néstor Kirchner, incorporando un nuevo artículo que tiene por objetivo acelerar los reemplazos, en caso de saber que en determinada fecha se producirá una vacante.

Mediante el decreto 267/2024, se introduce el artículo 9 bis al decreto de 2003, estableciendo que “las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada. Cumplidos los procedimientos correspondientes, y habiendo el H. Senado de la Nación prestado el acuerdo previsto por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación será formalizada una vez que se produzca efectivamente la vacante”.

En los considerandos, el Ejecutivo apuntó que “los jueces y los magistrados del Ministerio Público que pretendan un nuevo nombramiento” deben “requerirlo ante el Ministerio de Justicia, con una antelación no menor a un año a la fecha en que alcancen los referidos 75 años de edad”.

En el caso de Juan Carlos Maqueda, “no ha ejercido la opción de peticionar el nuevo nombramiento para su mantenimiento en el cargo un año antes del 29 de diciembre de 2024”, fecha en la que cumplirá años, se señaló en el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En ese sentido, se sostuvo que “existe certeza de que se producirá una nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debería ser cubierta con premura a los efectos de garantizar la correcta administración de justicia”.

“La experiencia ha demostrado que llevar adelante el procedimiento adoptado por el Decreto N°222/03 y obtener el acuerdo del Senado importa una demora mayor a los plazos previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más Alto Tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación”, agregó el Gobierno.

Y, puntualmente sobre el reemplazo que proponen para Maqueda, del abogado constitucionalista Manuel García Santillán, el Ejecutivo resaltó que esperar a la vacante de Maqueda “se agrava dado que el trámite en el H. Senado de la Nación recién comenzaría luego del inicio de las sesiones ordinarias del año 2025”.

El decreto publicado este jueves lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 

La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.

Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial”.

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que “a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.

VAMOS A IMPUGNAR EL PLIEGO DE ARIEL LIJO PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA

La propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema, es el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial.

No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien…

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 20, 2024

En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei”.

“No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!”, escribió la legisladora Marcela Campagnoli.

En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que “si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más”.

Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: “En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años”.

En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 20, 2024

Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas

El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la “diversidad de género”. Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.

Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. “El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: “Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”.

“Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que “de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”.

De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese… https://t.co/SlFkolmVSp pic.twitter.com/oZ1R5MalJd

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 20, 2024

“Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país”, fue el mensaje de la radical Karina Banfi.

Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. pic.twitter.com/JeIvzAq77A

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 20, 2024

“Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: “Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose”.

 

 

El Gobierno nacional confirmó este miércoles los nombres de dos candidatos que propondrá para la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos deberán ser enviados al Senado de la Nación, y allí, tras audiencia pública de los postulados en comisión, las designaciones deben aprobarse por el pleno por dos tercios de los votos de los presentes. Cabe recordar que, en la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aún reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable. 

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsará al juez federal Ariel Lijo. En tanto, este año Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postulará al académico Manuel García-Mansilla. El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores en contra del aborto legal. 

Manuel García Mansilla

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se informó: “El presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del decreto 222/2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”. 

El mencionado decreto de 2003 fue firmado por Néstor Kirchner y determina el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte. Entre sus artículos, uno de ellos indica que la composición deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. Con estas candidaturas no se respetaría, por ejemplo, la representación femenina, algo que también está ausente hace más de dos años con la salida de Highton de Nolasco. 

En el comunicado, desde Casa Rosada expresaron su “gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda” y resaltaron “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”. 

“A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, continúa el texto. 

Sobre Lijo, señala que “actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”. 

“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, finaliza el comunicado. 

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido consultado en conferencia de prensa a raíz de la información publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, quien afirmó que Lijo sería el elegido para completar el puesto que está pendiente desde el 1ro. de noviembre de 2021.

“En las próximas horas se va a emitir un comunicado”, respondió Adorni y agregó: “Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”. Finalmente, la confirmación llegó muy prontamente a través de la Oficina de Prensa presidencial. 

Lijo asumió en 2004 como titular del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py. Tuvo a su cargo la causa Ciccone, por la cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou; fue el primer magistrado en atender la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner; e intervino también en la causa por irregularidades en la causa del atentado a la AMIA, entre otros casos. Actualmente tiene a cargo la causa del hombre que atentó contra el presidente Javier Milei el día de su asunción, cuando le arrojó una botella. 

Ariel Lijo

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

El bloque de diputados naciones del Pro, encabezados por su presidente Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y garantizar la devolución de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que había quitado Alberto Fernández.

“Como es de notorio y de público conocimiento el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”, explicaron en el texto presentado.

Del mismo modo, cuestionaron al presidente saliente por “apresurarse a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del jefe de Gabinete de ministros por la misma razón”.

También, remarcaron que “un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Diego Santilli, Germana Figueroa Casas, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman y Martín Yeza, entre otros.

Proyecto de Resolución CABA (1)

Tras 26 reuniones realizadas a lo largo de este año, finalmente la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard (FdT), avanzó este martes con el dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y Juan Carlos Maqueda.

El juicio político, ahora, debería continuar en el recinto de la Cámara de Diputados, donde debería obtener una mayoría calificada (2/3 de los votos) para pasar al Senado, que es quien tiene la atribución de juzgamiento. Obviamente el oficialismo saliente no tiene el número en la Cámara baja, por lo que especulará votarlo más adelante ya que el dictamen tiene vigencia por tres períodos parlamentarios.

El dictamen de mayoría tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Los 16 votos a favor del dictamen correspondieron a los legisladores del oficialismo, a saber: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yotrovic.

En la antesala de esta última reunión, el oficialismo realizó varios cambios para asegurarse de lograr las 16 firmas del dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Quedaron fuera: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán (diputados que responden a Sergio Massa); y Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo.

La oposición presentó un dictamen de minoría en el que se opone a prolongar este proceso. También, hay un tercer dictamen presentado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en oposición al proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia.

El proceso iniciado el 26 de enero pasado llegó al final de su tratamiento en comisiones, el cual debió haber culminado el 20 de noviembre pasado (un día después del balotaje), pero el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, mencionó a todos los testigos que pasaron por la comisión y hubo un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Antes de las exposiciones de los diputados presentes en la reunión, se sometió a votación -y resultó afirmativo- que los dictámenes vayan acompañados por los anexos conjuntos de investigación (la parte general, resumen del proceso y las causas del proceso).

Asimismo, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que las presentaciones de los jefes de bloques, Juan Manuel López y Mario Negri, “tenían que haberse resuelto en un plazo razonable” y fueron rechazadas por “ser improcedentes a los informes depuestos”.

En primera instancia, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) planteó una reseña de las cuatro causales por las que el oficialismo lleva adelante este proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia. “El resumen fue lo suficientemente detallado para que la opinión publica tome conocimiento de la seriedad que privó en el ámbito parlamentario”, arengó.

“Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, agregó.

Del mismo modo, señaló que “la división de poderes es el pilar de nuestro sistema republicano”. “El juicio político es un procedimiento exclusivo del Congreso porque está en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados”.

Al respecto de las causales, Moreau explicó que “esas sentencias se transformaron en objeto de desviación de poder y no tenemos ninguna duda porque se vio reflejado en la causa 2×1, en la del Consejo de la Magistratura y en la coparticipación”, pero aclaró que “se juzga a las personas que integran la Corte Suprema, no a la institución”.

Finalmente, el diputado oficialista se solidarizó con Karina Banfi por las amenazas que recibió en su mail personal, y se manifestó preocupado por “el regreso” de discursos negacionistas que “alimentan la violencia política”.

En contraposición, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) expresó: “Llegamos a la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”. “Moreau acertó la verdadera causa de esta investigación, y la causa por la que debe ser desestimada, porque esto se hizo para justificar la desobediencia ante la Corte Suprema”.

“La Corte emitió sentencia para que Nación le devuelva la coparticipación a la Ciudad, pero el presidente Alberto Fernández dijo que no iba a cumplir la sentencia porque no estaba de acuerdo”, remarcó el jurista del Pro. “A quien se le debería hacer juicio político es al presidente de la Nación”, aseveró.

Con un breve repaso por los causales, Tonelli afirmó que esto tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces de la Corte”, y cerró: “Si le agregamos la sinrazón de los argumentos, no queda otra posibilidad más que rechazar esto”.

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez remarcó su postura -cercana a la de JxC- respecto a este proceso y presentó un dictamen propio donde rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Luego, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló: “Las causales son carentes de todo fundamento”, y agregó que “este Gobierno aun teniendo mayorías en Diputados y el Senado, siempre tuvo una relación conflictiva con la justicia”.

“Una vez tuvieron sentado 12 horas a un empleado y no lo dejaban ir al baño y esto fue parte de una táctica y estrategia cuando querían usar a la comisión con los testigos que usaban”, añadió Negri y afirmó que “esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que yo recuerde”.

Por su parte, el oficialismo planteó las cuatro causales del proceso de juicio político a la Corte Suprema a través de Vanesa Siley (irregularidades de la obra social del Poder Judicial), Eduardo Valdés (la sentencia por la composición del Consejo de la Magistratura), Hugo Yasky (el fallo del dos por uno), y Juan Manuel Pedrini (por el amparo que le devolvió la coparticipación a CABA).

A su turno, el diputado nacional Álvaro González (Pro) expuso: “Quiero simplemente hacer referencia que allá por enero cuando empezó esta comisión hice referencia a que íbamos a tratar este pedido porque hemos trabajado un año entero y repito que este juicio político se lleva a cabo por un fallo que al presidente de la Nación no le gustó”.

“Con innumerables fallas técnicas no hay razones objetivas ni subjetivas que ameriten llevar adelante este juicio político”, enfatizó. Además, añadió que “no lograron acompañamiento de ningún bloque y cambiaron diputados porque no se animaban a firmar el dictamen. Repensemos porque esto le hace mal a la República Argentina”.

También, la diputada saliente Graciela Ocaña (Pro) afirmó que “es un circo político que ha durado demasiado”. “Nació de una sentencia que no gustó, que en realidad fue un amparo y el presidente decidió no cumplir y a los argentinos les importó muy poco lo que estaba pasando acá y eso se vio reflejado en las elecciones”.

Llegado el turno del presidente de bancada de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, expresó: “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”. “Todos por motivaciones distintas, todas malas”, añadió.

“La vicepresidenta sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. También quería ser presidente y así tener a la Corte sometida”, explicó López.

En tal sentido, afirmó que “las tres cabezas del Frente de Todos se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, resumió lo mismo que Gaillard al principio y manifestó que “venimos de dos diciembres donde la Corte tomó decisiones que fueron motivo para llevar a cabo este juicio político”. Asimismo, valoró el “enorme trabajo” realizado en el juicio político”, y sacó pecho al expresar que “cuando las mafias nos apuntan no nos amedrentamos”.

Tras 26 reuniones, y una decena de testigos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político anunció los tres dictámenes (uno de mayoría, uno de minoría y uno del “Topo” Rodríguez) y celebró que “este proceso ha respetado la garantía del debido proceso con transparencia”.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión. Será el próximo martes 28, a partir de las 13, con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del anexo A.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

Los senadores y diputados nacionales que integran Juntos por el Cambio le solicitaron a Leopoldo Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, una reunión urgente de la misma para abordar la causa que investiga a Ariel Zanchetta, expolicía sospechado de ser artífice del espionaje ilegal contra los miembros de la Corte Suprema.

Además, solicitaron que “en función de la gravedad y magnitud de los hechos expuestos”, se crease una subcomisión investigadora para resolver la inhibición del diputado nacional Rodolfo Tailhade y que no participe en la reunión por haber sido mencionado en la causa.

La causa que vincula a Zanchetta está siendo investigada por la Fiscalía Federal Nº 11, donde por el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, se le solicitaron pedidos de indagatoria y allanamientos al doctor Martínez Di Giorgi, en el marco de “una posible comisión de delitos correspondientes con actividades ilegales de inteligencia”.

Desde JxC, señalaron que la investigación “está centrada en la existencia de una organización criminal que de forma coordinada y sostenida en el tiempo, se constituyó como una verdadera red de espionaje vulnerando comunicaciones telefónicas, electrónicas, hackeando equipos y sistemas con tareas de inteligencia sobre diferentes ‘objetivos’”.

Asimismo, consideran que esos “objetivos” eran “políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales”. “Son victimas del operar clandestino de realización de tareas ilegales de inteligencia”.

Finalmente, acusan a Zanchetta de realizar estas actividades por estar a disposición del subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Fabián “Conu” Rodríguez,  contra quien se han librado varios allanamientos.

El pedido fue firmado por los diputados nacionales Cristian Ritondo (Pro) y Miguel Bazze (UCR), y por los senadores nacionales Ignacio Torres (Cambio Federal) y Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC en la Cámara alta.

A cargo de Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.

Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.

Hasta el momento hubo 24 reuniones de la Comisión de Juicio Político -se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.

El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después se inició la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder.

Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión, está previsto que el dictamen sea en noviembre.

Los cargos contra los jueces

La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno”, que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.

Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2×1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.

Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.

Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.

También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.

Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nota ante la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que piden que se declaren nulas las audiencias con testigos que hasta la fecha ha realizado la Comisión de Juicio Político.

Luego del encuentro de la semana pasada, en la cual se votó el traslado de los cargos a los jueces de la Corte Suprema por las causales de los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura, y que incluso la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), agradeciera a la oposición haber estado presente en las reuniones para que se “trabaje de manera transparente, con objetividad”, la bancada opositora denunció una serie de irregularidades.

En el escrito de 20 carillas, los legisladores de JxC solicitan que “se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados”. “Todo ello, a fin de salvaguardar expresas garantías de rango constitucional”, afirmaron.

Para los diputados, “la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio”.

“Las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical”, señalaron.

Y continuaron: “El oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo. No obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales. Porque como es obvio, en todo Estado de Derecho, las normas procesales se erigen como un presupuesto lógico de la vigencia de las garantías, cuya observancia evita trasgresiones o indebidas restricciones a los derechos individuales comprometidos”.

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Al enumerar las irregularidades que, a su criterio, se cometieron, cuestionaron que los testigos no hayan podido asistir acompañados por un abogado defensor. “Toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza, que cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos”, apuntaron.

También advirtieron que a los jueces de la Corte “no se los notificó” de “su derecho a nombrar un abogado para controlar las audiencias de testigos que han desfilado por esta comisión”, donde “decenas de personas declararon bajo juramento sin que hubiera un abogado que pudiera objetar la admisibilidad de los interrogatorios, o repreguntar”.

Además, los diputados opositores se quejaron del modo de preguntar por parte de sus pares del oficialismo. “El modo de realizar las preguntas ha sido de una gran desprolijidad, sin el más mínimo profesionalismo o sentido de la responsabilidad institucional, violando los principios elementales de todo proceso que obligan a que las preguntas dirigidas a un testigo no sean capciosas, no sean sugestivas, y no contengan más de un hecho”, expresaron.

“Con la mera excusa de que los señores diputados ‘no son letrados’, se ha creído posible que las preguntas a los testigos se vean precedidas por discursos de tono político, diatribas contra miembros de la oposición o los medios de comunicación independientes, o chicanas o comentarios inapropiados dirigidas a los propios testigos u otros miembros de la comisión”, lanzaron.

En esa línea, cuestionaron que “han preguntado sin la menor precisión, han intentado forzar respuestas con emboscadas, reiteraciones o amenazas, demostrando que no se busca desentrañar la verdad de los hechos sino confirmar la condena que cierto sector político tiene decidida de antemano”.

En otro tramo de la nota, los legisladores de JxC sostuvieron que no se cumplió “con la obligación de tratar de modo digno y respetuoso a los testigos”. “Esta regla mínima de conducta ética ayudaría a mantener la confianza en el sistema institucional y aseguraría a la ciudadanía que este juicio político se está llevando a cabo de manera ordenada y justa”, dijeron.

También alertaron que “las versiones taquigráficas abundan y son elocuentes al reflejar que los señores diputados, en el marco de las audiencias, afirman de viva voz insultos, chicanas y amenazas de violencia física”. Sobre esto, uno de los ejemplos que ponen es el cruce que Rodolfo Tailhade tuvo con Francisco Monti en la audiencia del 1ro. de agosto durante el interrogatorio a Silvio Robles.

“Hasta la fecha, la totalidad de los testimonios han sido obtenidos en condiciones en las que no se respetó la dignidad de los testigos, o se violaron las reglas elementales para los interrogatorios legales, de conformidad con las garantías esenciales que ofrece nuestra Constitución. De tal modo, el único remedio posible, a esta altura, es la declaración de nulidad de tales pruebas testificales, de oficio por esta comisión, aun sin petición de parte”, afirmaron.

Y pidieron que de aquí en adelante, “se modifique sustancialmente el modo en el que se ha conducido hasta ahora, de modo de evitar continuar celebrando audiencias tan extensas como nulas”.

“En tal sentido, además de reiterar que existe una obligación constitucional y legal de que en cada audiencia esté presente un abogado defensor de cada uno de los sujetos investigados, entendemos que resulta imprescindible que de aquí en adelante los señores diputados presenten por escrito las preguntas que desean formular, con una antelación mínima de una hora, u otro plazo prudencial que la comisión juzgue razonable, y que las preguntas sean leídas por la presidencia o por la secretaría de la Comisión”, recomendaron.

El escrito fue firmado por Álvaro González, Alejandro Finocchiaro, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, Manuel Aguirre, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena García y Carla Carrizo. Los únicos miembros de JxC que integran la comisión y no firmaron el escrito fueron Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, espacio que impulsa el juicio político contra Ricardo Lorenzetti.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Cayssials, declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, respecto a la norma que establece las cargas impositivas a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.

La demanda fue presentada por el fiscal general adjunto, José Luis Agüero Iturbe, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad en la que explicó que “fue nombrado en el 2018 y manifestó que durante todo el proceso de designación como fiscal, en ningún momento se le hizo firmar documento alguno referido al impuesto a las ganancias”.

El magistrado rechazó la modificación a la Ley 27.346 respecto al artículo 1, punto 5 respecto dirigido a aquellas que desde el 1ero. de enero de 2017 ingresaron al Poder Judicial tributaban el impuesto.

Del mismo modo, planteó que la Acordada 20 /96 de la Corte Suprema de Justicia y la Resolución de la PGN 13/96 -de intangibilidad de las remuneraciones-, se encuentran vigentes y se aplican a todos los magistrados.

En tal sentido, Cayssials citó jurisprudencia de la Corte Suprema y explicó que el Máximo Tribunal tiene dicho que “el principio de igualdad no sólo exige la creación de categorías tributarias razonables, sino que también veda, en términos generales, la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas“.

Así las cosas, Cayssials explicó: “En efecto, desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que en ciertas circunstancias, puede ser tan injusto imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación, como también gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios”.

“El Tribunal Cimero ha establecido que aquella garantía no constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración”, añadió el magistrado.

También, sostuvo que “lo que estatuye ese principio es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por un impuesto dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas”.

Para Cayssials, “tal hostilidad se presenta a todas luces en el presente caso, en la medida que se advierte que por identidad de tareas y responsabilidades, se descuenta el impuesto a las ganancias a ciertos sujetos por una mera cuestión temporal, como lo es haber sido designado en un cargo con posterioridad al año 2017”.

Además, remarcó que “la norma citada permite distinguir -en los hechos- tres categorías de jueces y fiscales, integradas por aquéllos amparados por la Acordada N° 20/96, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, beneficiados con la intangibilidad de sus remuneraciones; jueces no sujetos al pago del tributo por el legislador (magistrados que ascendieron a magistrados de otra instancia) y jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, por haber sido designados luego del 1/1/17”.

Para finalizar, el juez Cayssials consideró que los jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría designados posteriormente al 1ero. de enero del 2017 “ven reducidos sus ingresos por el sólo hecho de haber sido designados con posterioridad a la fecha mencionada, pese a que detentan el mismo cargo y poseen idénticas responsabilidades que los otros que forman parte de los restantes, y que no ven reducidos sus haberes por aplicación del impuesto a las ganancias”.

Tras una sesión maratónica, que culminó esta mañana, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin está citada a las 15, en la Sala 1 del edificio Anexo. Por decisión del oficialismo, se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura -que componen los senadores nacionales Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, y los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade– cuestionaron este jueves, a través de un comunicado, a la Corte Suprema por la situación de la jueza Ana María Figueroa.

Luego de la aprobación del pliego de la jueza el jueves pasado en el Senado (tras desempatar con el voto de la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala) y la firma del decreto del presidente Alberto Fernández, los legisladores oficialistas señalaron que “se completó el procedimiento constitucional requerido” para un nuevo nombramiento como vocal de la Cámara Federal de Casación Federal por el término de cinco años de la jueza Figueroa.

“En virtud de ello, la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionados”, agregaron Recalde, Pilatti Vergara, Siley y Tailhade.

Por otro lado, el comunicado presentado por los miembros del Consejo de la Magistratura por el oficialismo cargó contra el máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces”.

Y agregaron: “Razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 de fecha 6 de septiembre pasado, resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia del máximo Tribunal y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación”.

En ese tema, aseveraron que “resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional”.

Del mismo modo, el comunicado apuntó contra “algunos” medios de comunicación: “Las declaraciones públicas y notas periodísticas aparecidas en el día de hoy, respecto a que el Consejo de la Magistratura ‘dejó de considerar jueza’ a Figueroa, configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo in infame ataque que vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses”.

Además, explicaron que “solo se trató de una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de 5 años”.

Por último, el comunicado de los miembros del Consejo de la Magistratura del oficialismo anticipó: “La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto”.

Con mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo avanzó este martes hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas. 

El diputado Rodolfo Tailhade pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. 

“Corresponde agotada la investigación que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efecto de que ellos si quieren hacer un descargo lo puedan hacer. Esperemos que no ocurra lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo ningún comentario a la comisión”, señaló en referencia a la resolución aprobada en junio pasado por la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. 

Para el kirchnerista, “estaríamos en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo, o en la próxima reunión de comisión, presente los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces”. 

Tras aclarar que su bancada no iba a acompañar esa votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados” y “hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis”. 

También “hay medida de prueba que votamos recientemente”, apuntó, al mencionar que a propuesta de Juntos por el Cambio se pidió “que se oficie a la Corte para saber la situación por la cual el doctor Lorenzetti y la doctora (Elena) Highton de Nolasco no participaron de la elección de autoridades de la Corte”. 

“Queremos tener un poco más de certeza sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca”, agregó. 

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, argumentó: “Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo”. “Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, afirmó. 

La oficialista defendió que la decisión se trata de “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darle la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, que puedan presentar el oportuno descargo”. 

Ante una nueva pregunta de López y un pedido de aclaración del propio oficialista Ramiro Gutiérrez, Gaillard aclaró: “No estamos votando el traslado, sino que la presidencia va a elaborar los cargos y van a ser tratados en la próxima reunión, y allí se va a votar el traslado”. “Quedense tranquilos que va a ser debatido”, cerró y el oficialismo votó a favor de la propuesta de Tailhade. 

En un discurso que fue subiendo de tono, y durante el que tuvo discusiones con el cordobés Luis Juez, el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, emprendió duro una vez más contra la Corte Suprema de Justicia. 

Al defender la votación del pliego de Ana María Figueroa, el formoseño dijo que el oficialismo venía a “ratificar que tenemos atribuciones constitucionales (para la designación de jueces) y el Poder Judicial no las tiene”. 

Al reconocer que, tras la aprobación, faltará la firma del presidente Alberto Fernández al decreto, y él no sabe “qué va a pasar”, aclaró que en caso que el mandatario avance con el trámite, “van a ser dos poderes” contra uno. 

Seguidamente, lanzó: “A la Corte lo único que le falta es la venta de pañales y bombachitas porque ya actúan en cualquier cosa. Que tengan cuidado los del certamen del ‘Bailando por un sueño’ porque en cualquier momento le sacan a (Marcelo) Polino y se ponen ellos a opinar sobre el tema. Porque hacen cualquier cosa, ellos creen que pueden actuar en cualquier cosa”. 

El único ausente en la audiencia de este jueves en la Comisión de Juicio Político fue el doctor Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual no había informado la presidenta Carolina Gaillard hasta que el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó puntualmente.

Ahí informó la titular de la Comisión de Juicio Político que Saggese había sido notificado en la Corte, pero “tuvo reticencia a recibir la citación, no quisieron recibirla, por lo que fue colocada en la puerta de su oficina”.

Gaillard remarcó que es la primera vez que se da una situación así y a continuación el secretario de la comisión leyó la explicación dada por el notificador, a quien en las dependencias a las que se presentó le dijeron que no podían recibir la notificación.

Así las cosas, Carolina Gaillard expresó que “habiendo sido notificado en su lugar de trabajo, se le va a reiterar la notificación para que comparezca”, más allá de que ya haya pasado el análisis de la causa Consejo de la Magistratura. “Estaría siendo irregular y fuera de derecho que no comparezca”, concluyó.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo. 

Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”. 

La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. 

La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó. 

También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-. 

Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas. 

A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos. 

La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”. 

“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”. 

Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.

Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo. 

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo. 

Los argumentos de Peñafort

La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. 

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”. 

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió. 

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort. 

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó. 

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado. 

En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”. 

“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió. 

Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”. 

Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo. 

Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”. 

“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. “Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba”, aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él”.

El testimonio de Rizzo

El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?… Se los digo”.

Su mirada sobre las diferentes Cortes

Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.

Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.

“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.

Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves su trabajo con el comienzo del análisis de una nueva causal sobre el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema.

A la audiencia fueron citados como testigos Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

En el encuentro se comenzará a abordar la causal por mal desempeño relacionada al Consejo de la Magistratura, más puntualmente al fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal restituyó una ley derogada y modificó la composición del órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Luego de ello se abrió un conflicto de poderes con el Legislativo por la representatividad de los bloques en el Consejo.

Desde el oficialismo hablaron de un “asalto al Consejo de la Magistratura”, dado que se declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 y se le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

En la última reunión, el pasado 29 de agosto, se cerró el análisis de la causal coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

 La Cámara Nacional Electoral le exigió al Congreso de la Nación que debe modificar el mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de las boletas de las listas de precandidatos que participaron en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

Según la última interpretación elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el régimen vigente impone que el Estado Nacional cubra el monto de impresión de las boletas de todas las listas de precandidatos, sin ponderación alguna sobre su representatividad, como sí ocurre en otras pautas de distribución de fondos públicos, en las que se tiene en cuenta la cantidad de votos obtenidos por las agrupaciones en elecciones anteriores.

Según la CNE, la investigación arrojó resultados “irrazonables”, como que el partido que reclamó aportes en el caso, “recibió fondos públicos para imprimir 15.325.440 boletas para la categoría de diputados nacionales, mientras que fueron efectivamente necesarias menos de 10.000 (diez mil) de esas boletas, para votar a sus listas internas. Esto es un 0,47% del total de votos emitidos”.

Pasado casi un mes desde las PASO, la sentencia firmada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas sostuvo que “no pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos”.

En ese sentido, recordó una serie de medidas adoptadas por la Cámara para verificar la actividad de las imprentas que aparecen contratadas por las agrupaciones políticas y menciona la existencia de actuaciones penales por la posible comisión de delitos de acción pública.

Con base en esas consideraciones, la Cámara resolvió dirigirse al Congreso de la Nación “a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad posible”. Del mismo modo, hizo saber lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La noticia sobre la acordada de la Corte Suprema de Justicia para ordenar a la jueza Ana María Figueroa el cese de su cargo en la Cámara de Casación a partir del momento en que cumplió 75 años -el pasado 9 de agosto- llegó al plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda del Senado donde Julio Martínez (UCR) habló del tema y fue cruzado por María Eugenia Duré (UC).

La aprobación del pliego de la jueza Figueroa fue el “gran objetivo” del oficialismo durante las últimas sesiones de la Cámara alta, que quedaron truncas por falta de quórum, porque la magistrada era quien debía resolver los expedientes “Los Sauces – Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

En el plenario sobre la modificación de Ley de Alquileres, el senador nacional Julio Martínez afirmó: “Tuvimos una buena noticia”, y amplió: “La Corte Suprema nos sacó una piedra del zapato y cesó a Ana María Figueroa de su cargo”.

Rápidamente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, pidió “por favor, estamos tratando la Ley de Alquileres”. “Con todo respeto les pido que nos enfoquemos en esto”, con relación al tratamiento de la modificación de la Ley de Alquileres.

En contraposición, la senadora nacional María Eugenia Duré cuestionó a Martínez por retirarse de la reunión y manifestó: “¿Ya se fue? Se llama ser cobarde eso”.

Muy esperada era la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados, en el marco del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y, más particularmente, por la causal del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su controversia con el Gobierno nacional por la coparticipación. 

Interrogado constantemente desde el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”. 

Al declarar ante la comisión, el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura. 

Al igual que lo hizo Robles cuando asistió el pasado 1ro. de agosto, D’Alessandro evitó responder si lo conoce o no, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: “Sí, es Silvio Robles”.

Al ser interrogado por la diputada oficialista Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia  Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”. 

Continuó diciendo que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”. 

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”. 

D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”. 

Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. 

En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.

Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es.  Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio. 

Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”. 

Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”. 

De la vereda de enfrente, el diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Además, aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía. 

Más tarde, el exministro fue consultado sobre por qué renunció a su cargo y contestó que fue “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió “bajo ningún punto de vista” cuando Siley le preguntó si había recibido presiones para hacerlo. 

El interrogatorio concluyó luego de que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidiera autorización para mostrarle unas fotos al testigo. Se las alcanzó a Gaillard, quien mostró que se trataba de Silvio Robles en la oportunidad que se presentó ante la comisión. 

“Es para que diga si lo conoce”, acotó Martínez, y ante la respuesta afirmativa de D’Alessandro, exclamó que “¡Entonces lo conoce!”, desatando la reacción risueña de la bancada opositora. Entre las voces que se alzaron, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, comparó con “el Mago sin dientes”. “¿Lo conoce? ¡Pero nunca lo saludé!”, ironizó.

El exministro porteño aclaró que volvía a mantener la respuesta que había dado, respecto de que mantenía la reserva. Al cierre, Siley pidió votar un pedido a la Justicia Federal para que informara sobre todas las causas en las que estaría involucrado D’Alessandro, como denunciante o imputado. Se votó afirmativamente con la mayoría que cuenta el oficialismo.

En ese mismo sentido, antes de que D’Alessandro ingresara a la sala, el Frente de Todos volvió a requerir información a la Corte Suprema sobre existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles, por haberse ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario.

El diputado Rodolfo Tailhade reclamó que “se reitere a la Corte el requerimiento que hicimos en su momento porque no está respondido. Hay una suerte de burla a la comisión en la respuesta, porque responden cosas que no le preguntamos, y las que le preguntamos no son respondidas. Corresponde que insistamos”. 

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de la connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D’Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D’Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Fracasó la intención del oficialismo de lograr nuevos testimonios en la Comisión de Juicio Político de Diputados a tan solo cinco días de las elecciones PASO, dado que no concurrió ninguno de los testigos que habían sido citados para este martes.

En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, tampoco se hicieron presentes los legisladores de Juntos por el Cambio, que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que cuestionaron “prácticas irregulares” y calificaron de “maniobra burda” las “citaciones sobre la hora” a los testigos. 

Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, comparezca ante los diputados. 

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comentó que D’Alessandro “ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir”. Y, acto seguido, propuso a sus pares oficialistas que “adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente como lo hicimos con el doctor (Aldo) Tonón”.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión. 

Pero este martes tampoco se presentaron Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Contravencional de la Ciudad; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció recién este lunes, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición -en su nota dirigida a Moreau- criticó que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

 

3155-D-2023

En tanto, sobre Mahiques, el diputado Rodolfo Tailahde pidió “no dejar sin efecto la citación”, pero llamar a la comisión a otro, al que es fiscal federal de la Ciudad. “La persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”, dijo.

Por otra parte, en relación a la presentación de Robles la semana pasada, Gaillard sometió a votación el envío de una nota a la Corte pidiéndole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti. 

En el escrito, puntualmente se le pide al máximo tribunal que “evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso b, del reglamento para la Justicia”. 

Mientras que “en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas”, reclamaron que se “informe en el plazo de 10 días improrrogables” a la comisión, si la Corte “conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó en su caso acciones disciplinarias en relación al funcionario”. Tailhade pidió que la nota no solo sea girada a Rosatti, como presidente de la Corte, sino al resto de los jueces –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-.

Quien no dejó pasar la ausencia de la oposición fue el diputado Leopoldo Moreau, que resaltó que “el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a correr el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional. Estamos frente a la cabeza de un Poder Judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos, dictados en particular a favor de una fuerza política”. 

Para el oficialista, el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque “en la reunión anterior se tocó un nervio sensible” con “la convocatoria a Silvio Robles”. “Esta es la reacción”, lanzó, y se quejó que aunque Robles “ocultó la verdad” ha habido “un claro intento mediático de victimizar al testigo” cuando “en todo caso la que fue maltratada fue la comisión”. 

Pero también denunció que “la nueva mayoría de la Corte” está realizando “un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial”. “Está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos”, advirtió sobre los acuerdos que se encuentran trabados en la Cámara alta y señaló que éstos nombramientos “perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad”. 

“Hay una tarea de grupos económicos y medios hegemónicos de intimidación, los están intimidando a los senadores de la Nación”, agregó. 

Finalmente, el radical K consideró que “lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino, en el buen camino de garantizarles a todos los argentinos una Corte imparcial, transparente y que sea capaz de representar lo que debe representar”. 

Por último, se sometió a votación que la comisión remita a la justicia federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las tres causas judiciales que se tramitan sobre este tema. 

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la decimonovena, desde que el 26 de enero se inició el proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

Según pudo saber parlamentario.com, está confirmada la presencia de Silvio Robles en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”de la Cámara de Diputados. No está confirmado en cambio que Marcelo D’Alessandro asista a la reunión.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este martes desde las 13.12 una segunda audiencia con testigos para abordar la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto.

La lista original incluía a siete testigos, pero dos de ellos no asistirán en la fecha: Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. El primero justificó su inasistencia y pidió reprogramación. A Astarloa se lo había convocado para “tener la postura de ambas partes”, dijo Carolina Gaillard, presidenta de la comisión.

Entre los citados, por el voto del Frente de Todos, se convocó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó su actividad con la participación de dos testigos, convocados en el marco de la causal “coparticipación”, que investiga sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, pero no asistió ni envió un informe por escrito. 

Al cortesano se lo notificó de 14 cargos que se le formularon “provisionalmente”, por medio de una resolución votada por el oficialismo días atrás, a raíz de las conclusiones de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. A Maqueda se le adjudica haber sido el “administrador” de la misma durante los años 2008 a 2021, período tomado incluso para una auditoría ordenada por la Corte. 

En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que Maqueda “no ha asistido de forma presencial a la comisión a dar el descargo, ni tampoco lo ha hecho por escrito, habiéndose vencido los diez días hábiles que se le habían otorgado”. No obstante, “la no presentación de este informe no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente”, afirmó. 

También, para continuar en paralelo con la investigación de las irregularidades en la obra social durante otros períodos de tiempo, el Frente de Todos votó formalmente la conformación de una subcomisión, que estará a cargo de la diputada Vanesa Siley (FdT) y será integrada por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición. 

La comisión tiene previsto reunirse nuevamente el martes que viene (11 de julio), pero tras ello recién reanudará las audiencias el próximo 1ro. de agosto, luego del receso invernal, informó Gaillard y precisó que los testigos citados a la próxima reunión serán la exsecretaria de provincia la licenciada Silvina Batakis; el Procurador del Tesoro de la Ciudad, Gabriel Astarloa; nuevamente será citado al secretario de juicios originarios, Daniel Rodríguez y los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, de Santiago del Estado, La Rioja y Santa Cruz.

Antes de recibir a los testigos, se sometió a votación una ampliación de prueba solicitada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT). Entre los pedidos, se aprobó realizar una “huella de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

También se incorporó como testigo a Rogelio Frigerio, diputado nacional hasta días atrás y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos. Candidato a gobernador de Entre Ríos, se definió convocarlo tras las elecciones.

Los testigos

El primero en hablar fue el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA y cuestionó los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad al sostener que tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen.

“No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad”, planteó. Además, Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial.

Luego fue el turno de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco” para analizar el informe de la causa de Coparticipación.

También fue consultado por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y aclaró que “la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad”.

El oficialismo impuso una vez más su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de prueba en el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, a partir del fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. 

Entre varios testigos que propuso citar, y prueba documental para incorporar, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

En los chats filtrados no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, afirmó el legislador y resaltó: “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”. Por eso, subrayó la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”. 

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz de D’Alessandro se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje” de cotejo. En ese sentido, agregó que “cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”.

En el pedido de ampliación de prueba que se circuló este jueves a los miembros de la comisión, Tailhade argumentó que “dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”.

Además, se votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”. 

También se agregó al listado a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentaron en el expediente.

Antes de votar, el diputado Álvaro González (Pro) cuestionó “esa tira interminable de ministros de Economía que, ¿qué van a venir a decir a la comisión? Lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial”. 

“Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, le devolvió Tailahde y, acto seguido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “se apruebe la prueba no significa que tengamos que diligenciar toda esa prueba. Nosotros no estamos interesados en dilatar, sino en conocer la verdad”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), chicaneó con la citación de los ministros de Economía al recordar que iban a venir los gobernadores, pero “han bajado la jerarquía, ahora los preservan”. Sobre la huella de voz, remarcó que “todos sabemos que la prueba de los chats es ilegal”. “Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, insistió y mencionó que Tailhade pidió lo mismo en el Consejo de la Magistratura con los jueces que viajaron a Lago Escondido, pero “no va a tener suerte en ningún lado”. 

En tanto, el diputado Francisco Monti (UCR) fustigó a los gobernadores que han apoyado el juicio político como “verdaderos mentirosos e hipócritas” porque “en septiembre de 2020 cuando se crea este Fondo para la provincia de Buenos Aires por los despelotes que tenía (Axel) Kicillof en el conurbano por revueltas de la policía, ningún gobernador dijo absolutamente nada, ni impugnó nada”, y eso fue porque “eran recursos que le pertenecían a la Ciudad”. 

“Que vengan los fiscales de Estado acá a explicar que han hecho una presentación en la Corte para chuparle las medias al presidente y no para defender recursos de las provincias, yo creo que va a ser por lo menos un episodio interesante”, agregó. 

Antes de votar la ampliación, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), consideró que “es clave analizar lo que propone el diputado Tailhade, porque hay cosas que pasan en el mientras tanto y a mí me preocupan”. “Si nosotros estamos buscando la verdad de lo que pasó alrededor de una decisión de la Corte sobre recursos, todas las hipótesis y situaciones tienen que ser investigadas”, aseveró. 

Citarán a Rogelio Frigerio después de las elecciones

En la solicitud planteada por Tailhade, se incorporó como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, que salió durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN). 

Posteriormente, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió entonces que se lo convoque como testigo. Muy molesto, López estalló: “No somos ni amigos ni defensores de Frigerio, pero citar a una persona que tuvo una actitud no muy común, que es renunciar a una banca para poder hacer una campaña electoral con libertad, con tiempo y con disposición, que además está compitiendo para el 13 de agosto en una provincia que es la misma de donde es el diputado. Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran”.

En defensa del pedido, Germán Martínez defendió que “estamos proponiendo agregarlo como testigo, me parece que es una prueba pertinente”. Pero inmediatamente, Gaillard propuso “que no sea citado antes de la elección”. Entre Ríos es una de las provincias que no desdobló y votará en PASO también el 13 de agosto, mismo día de las elecciones nacionales. 

En sintonía con lo dicho por la presidenta,  el legislador Leopoldo Moreau (FdT) dijo estar “parcialmente de acuerdo con lo que plantean los diputados de la oposición, creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”. “Esa citación hay que materializarla después de la elección”, asintió. 

Luego de tres semanas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su actividad este jueves, en una reunión que se realiza desde las 11.31 y en la que se comenzará con el tratamiento en particular de la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. El encuentro comenzó pasada la media hora de la convocatoria con un tercio de los presentes.

Los testigos citados para la jornada son Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico del máximo tribunal.

Para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda podía optar por venir o enviar un informe por escrito. Pero no solo no asistió, sino que tampoco envió un documento con un descargo, informó al comienzo de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse bajo ese cronograma.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

En una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que este jueves no recibe a testigos, el oficialismo someterá a votación una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por los cargos que se le atribuyen respecto del manejo de la obra social del Poder Judicial.

De acuerdo al borrador de resolución al que accedió parlamentario.com, el Frente de Todos propone citar al magistrado para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, señala el texto.

Pero además, se lo cita para que brinde el informe en una reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

Por otra parte, se buscará determinar un cronograma de trabajo para comenzar a profundizar en la causal del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal.

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves, a las 11, con la intención de buscar establecer un cronograma de trabajo sobre una nueva causal del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

El oficialismo tiene la intención de comenzar a citar testigos en lo referente al fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal. 

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. 

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño. 

La semana pasada, tras seis audiencias, se cerró la ronda de testigos sobre la causal por irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, tema por el cual apuntan específicamente al juez Juan Carlos Maqueda. 

Al final de la última reunión, el oficialismo propuso que se convoque al magistrado, pero este jueves formalmente se someterá a votación la citación “con los fundamentos, los cargos que se le atribuyen y la prueba reunida”, afirmó a parlamentario.com un miembro de la comisión. De esta manera, se establecerá una fecha y el juez podrá venir o no, o presentar un escrito. 

La resolución a la que se someterá a votación este jueves propone citar al juez Maqueda para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, aclara el texto que se votará este jueves, conforme el reglamento.

A tal fin, se lo cita para que brinde el informe en la reunión de Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio de 2023. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital a: cjpolitico@hcdn.gob.ar , y en papel a la Comisión ubicada en Riobamba 25, piso 4, Oficina 454, Anexo “A”, teléfono: 1160757100 int. 2427

También se votará la creación de una subcomisión en uso de las potestades conferidas por el art. 16 inc b del Reglamento Interno para continuar con la investigación respecto de Irregularidades en la Causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros.

Tras dos semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), retomó este martes las audiencias con testigos, en el marco de la investigación sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que este será el último encuentro sobre el tema, pero se verá en el transcurso dependiendo la extensión de los interrogatorios a los citados. Una vez concluido este tramo, se espera que la comisión de aboque al tema del fallo de la coparticipación de la Ciudad. Pero la próxima reunión no será el martes que viene, ya que para ese día está prevista la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al recinto de la Cámara baja.

Para este martes fueron convocados la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

En la última reunión de la comisión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron sin votar.

El exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, desplazado por una resolución de tres de los cuatro ministros a fines de abril, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “resguardar” lo que considera su derecho a “un tribunal imparcial” y a una “tutela judicial efectiva”.

Marchi apeló al tribunal supranacional después de una serie de denuncias que realizó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados -en dos oportunidades- y ante el juez federal Ariel Lijo, por presuntos manejos irregulares en la Obra Social del Poder Judicial.

Así lo explicó en una entrevista que mantuvo con la agencia Télam, en la que reitera la explicación sobre los desmanejos dentro del funcionamiento de la Corte y la obra social, que ya brindó en el Congreso y la Justicia.

“Hay varios hechos. El primero es la recusación que yo presenté de los ministros por la demanda civil contra la (ex)diputada (Elisa) Carrió, que está en la Corte hace más de cuatro años y medio y no se ha resuelto. Todos los ministros se han declarado irrecusables más allá de la vigencia de un juicio político, creando una nueva doctrina. Me parece entonces que no hay imparcialidad y no me parece un hecho que deba ser validado. Se han declarado irrecusables también en los aspectos administrativos que yo he planteado, con lo cual veo que la Justicia, en este aspecto y en este lugar, no me da ningún tipo de garantías, con lo cual debo acudir a un organismo externo”, precisó Marchi.

El exadministrador del máximo tribunal recordó que asistió “como testigo en dos ocasiones a la Comisión de Juicio Político” y “luego, de manera voluntaria, me presenté como testigo en el juzgado del doctor Lijo para aportar documentación, solicitar que se agregue otra documentación que debía requerirse a instituciones y pedir que me citen nuevamente para poder seguir aportando pruebas. En realidad, más que ‘denuncias’, fue contar un poco el estado de situación respecto a lo que yo llamo dos grandes ejes: la obra social y las informalidades en el funcionamiento de la Corte Suprema que venía advirtiendo en la presidencia del doctor (Horacio) Rosatti”.

“Lo que hice es contar mi trabajo. Objetivo, profesional, que vengo realizando hace 16 años. Respecto a la obra social, fue un trabajo que me encargaron los ministros de la Corte, en donde debía hacer una evaluación del estado de situación y proporcionar recomendaciones. Eso fue a partir de septiembre del año 2021. Presenté cuatro informes y ofrecí treinta recomendaciones para que la obra social funcione como una de primer nivel. Esos informes, que ya estaban hechos cuando comenzó a reunirse la Comisión de Juicio Político, llevaron a que se hagan distintos tipos de interpretaciones. Yo lo que planteé es que había un problema estructural y funcional en la obra social. Eso derivó en una persecución personal hacia mí dentro del tribunal que terminó con un traslado el 20 de abril injustificadamente”, explicó.

En referencia a ese informe, reveló que cuando se lo encargaron “fue cuando explotó la obra social después de la pandemia. Ellos (los ministros de la Corte) me dijeron que era el único que tenía espaldas para solucionar el tema y poner orden. No solamente hice ese trabajo, sino que me ocupé de que se formara un nuevo directorio para que la obra social no explote. Yo advertí esas irregularidades a partir del informe número uno, que es el único que está publicado, y reclamé en reiteradas ocasiones que se publicaran todos los informes y recomendaciones porque quedaría claro cuál fue el trabajo realizado. No sé por qué se siguió un camino distinto”.

Para Marchi, su traslado tuvo que ver “con que el día anterior la Comisión de Juicio Político había solicitado que se envíen todos los informes que había realizado la Secretaría General de Administración. Yo los suministré y al día siguiente se tomó esta decisión”. “Primero, desguazaron toda la Secretaría General a través de una acordada. La Secretaría venía desarrollando un trabajo muy bueno, en el sentido financiero, que todos conocen. Muy buenas reservas, sin deudas, con transparencia total y todo publicado. La Secretaría General de Administración, además, fue pionera en la incorporación de tecnología a la Corte Suprema”, destacó.

“Me parece que fue una sanción encubierta al trabajo realizado, pero también debían saber, cuando me encargaron este trabajo, que lo iba a realizar de una manera totalmente objetiva y profesional. Es tan así que la Comisión de Auditoría que se formó luego de mi informe número uno, convalidó todo mi trabajo. Yo creo que los funcionarios públicos deben servir a las instituciones para el bienestar de los ciudadanos, con lo cual las realidades hay que saberlas entender, hay que saberlas diagnosticar, hay que cambiar lo que hay que cambiar y solucionar los problemas”, agregó.

Y cuestionó que “parte de la mala imagen del Poder Judicial está en la cabeza del Poder Judicial. Todo este nuevo mecanismo de funcionamiento de la Corte comenzó hace un año con la nueva presidencia. Yo me inicié con una Corte de siete ministros, con los cuales la formalidad era la forma de trabajo. Cada uno hablaba personalmente, no tenían emisarios. Se tomó una nueva forma de trabajar, en donde un vocero habla por los tres ministros pero la particularidad que tiene este vocero es que se maneja informalmente”. “Yo denuncié esas informalidades, por ejemplo, la eliminación de un mail oficial del presidente de la Corte a través de un WhatsApp. La verdad que es un hecho muy particular. Luego, he visto esconder los informes de supervisión de la obra social que no llegaron a todos los ministros”, apuntó.

Por último, Marchi ratificó que “hubo algún tipo de persecución a funcionarios que estaban a mi cargo. Eso no existió nunca en la Corte Suprema, siempre se manejó todo con un respeto enorme. Todo muy cooperativo en el trabajo. Ahora hace un año que se tomó otro tipo de otra forma de trabajo en donde el vocero habla por los ministros. No me parece adecuado. Creo que le hace muy mal a la institución”. “Acá hay personas que han decidido sostener ese tipo de conductas dentro del Palacio y de los resultados deben hacerse cargo aquellos que están sosteniendo a este tipo de personajes”, aseveró.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) habló en las últimas horas sobre las posibilidades del oficialismo en las próximas elecciones y expresó que “lo mejor es que haya síntesis y un candidato de unidad”.

Además, habló sobre el proceso de enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia, el cual ella preside a la comisión y anunció que el fallo que no permitió la precandidatura de Juan Manzur y Sergio Uñac en Tucumán y San Juan fue agregado al pedido de juicio político.

En diálogo con El Destape, Gaillard expresó que “el fallo contra Uñac es un tema gravísimo porque la Corte Suprema de justicia se robó facultades que no posee se pronuncia sobre asuntos de los derechos políticos, rozando la proscripción”.

En esa idea, remarcó que “hay 14 pedidos de juicio político declarados admisibles”, y agregó: “Estamos investigando las irregularidades de la Obras Social del Poder Judicial, a partir de una auditoria que se hizo en el año 2021 porque los contadores decían que no podían lograr los resultados porque los equipos de trabajo eran obsoletos”.

“La Corte no podía no estar en conocimiento y había falta de stock de medicamentos más otras irregularidades plasmadas en la investigación”, señaló Gaillard quien, además, sostuvo que “el juicio político ha desnudado cuestiones graves en la Corte y queremos avanzar con causas concretas”.

Por último, afirmó que “hemos pasado cosas malas como el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia y la guerra y es el momento de salir a adelante”, y cerró: “Somos un frente con compañeros muy formados y soy optimista y creo que la gente nos va a votar”.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció la suspensión de la reunión prevista para este martes 30 de mayo, y será reprogramada para el 6 de junio de 2023, a las 13 en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados.

La decisión anunciada sorprendió a propios y extraños, pero fuentes legislativas consultadas por este medio explicaron que se debió a que había dos diputados con temas de salud: Eduardo Valdés, quien debía realizarse estudios médicos, y Vanesa Siley, que fue internada de urgencia por una infección en las amígdalas. Según supo parlamentario.com, el pasado viernes la legisladora presentó un cuadro febril a raíz de una laringitis y le recetaron antibióticos que no hicieron efecto. Este lunes volvió a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde el cuerpo médico decidó internarla de urgencia por una infección aguda. “Se le formó un abseso pariamigdiliano que están evaluando cómo intervenir”, revelaron desde su entorno.

Al no estar la presidenta de la Cámara –Cecilia Moreau está en China-, no podía firmar los reemplazos, razón por la cual se decidió la postergación.

Esta iba a ser la décimo quinta reunión del juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con esta postergación, este será el período más largo con el que se interrumpe la periodicidad de este proceso que se lleva a cabo semanalmente, ya que sólo fue interrumpido en Semana Santa (del 3 al 7 de abril) y la semana que hubo dos sesiones en el recinto de la Cámara baja (28 y 29 de marzo).

Los convocados para el martes venidero seguirán siendo los mismos, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y se sumarán la doctora Isabel López Alducin (secretaria letrada) y la doctora Claudia Viviana Madies.

Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre el tema Obra Social, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.

También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.

Luego de una semana de tregua por el feriado largo del 25 de Mayo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja reanudará sus audiencias con testigos este martes, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de Diputados. En el encuentro se continuará con una de las hipótesis que hasta ahora más jornadas ha insumido, y es la que tiene que ver con irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tendrá así su décimo quinta reunión. Y la sexta correspondiente al tema “obra social”, que se extendió más de lo previsto originalmente. Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre ese tema, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

Por lo pronto, para este martes los convocados son cinco: la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y seguramente expondrá en calidad de damnificada por la misma.

El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.

También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró este martes que el próximo presidente tendría que “impulsar claramente el aumento de los miembros de la Corte” Suprema, a la que definió como “parte del partido judicial”, el cual “lo conforman una serie de jueces y fiscales que toman decisiones siempre perjudicando a unos y protegiendo a otros”.

En este sentido, el santafesino planteó que si llegara a la presidencia “preferiría que ninguno de los cuatro” miembros del máximo tribunal –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– permanezca en sus funciones. Actualmente, en la Cámara de Diputados hay un proceso de juicio político contra los magistrados.

En septiembre de año pasado, cuando todavía era primera minoría, el oficialismo con apoyo de aliados dio media sanción en el Senado a un proyecto para ampliar la Corte a 15 miembros, pero quedó -como otras cuestiones judiciales- trabado en la Cámara baja.

Rossi, que el próximo lunes oficializará su precandidatura a la presidencia, definió que en la Argentina “la política no es oficialismo versus oposición, sino es política versus corporaciones” y que “(Javier) Milei, (Patricia) Bullrich y (Horacio) Rodríguez Larreta claramente están alineados en ese poder corporativo”.

Consultado sobre el futuro cercano, el jefe de Gabinete dijo que “2024 va a ser un buen año para la Argentina si gobierna alguien que no está dispuesto a hacer un ajuste”.

“El peronismo es la única fuerza política que tiene garantizado entrar en el balotaje”, afirmó y reconoció que “la problemática de la inflación genera un deterioro en el nivel de ingreso y en el salario de los argentinos” que se puede revertir con políticas activas sobre el tipo de cambio y con una balanza comercial favorable.

Además, en declaraciones a Radio Continental, el funcionario consideró que a la Ley de Medios “hay que reponerla y actualizarla”.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados realiza este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema. 

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. 

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente. 

El caso Tonón

Para esta audiencia estaba convocado nuevamente Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, quien se niega a asistir a la comisión. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez. 

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard. 

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

– ¿Tiene que venir, lo van a traer? -consultó el diputado Juan Manuel López.

– Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Otros dos testigos ausentes

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clerici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración. La siguiente será Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN.

Los otros convocados eran Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, quienes no estarán presentes: en el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía. 

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa de una nueva reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Daniel Gollán (FdT – Buenos Aires) arremetió contra el máximo tribunal de justicia y afirmó que “son una manga de ladrones”.

En esa línea, el diputado oficialista expresó: “Uno no puede creer lo que escucha sobre la corrupción de la Corte Suprema de Justicia en la obra social”. “Durante 15 años la Corte Suprema tenía que supervisar la obra social en la que se robaban miles y miles de millones de pesos a la vista de todo el mundo y sin dar prestaciones como corresponde. Esa gente es la que nos juzga a nosotros”, aseveró.

En diálogo con AM 750, Gollán agregó: “Había informes de todos los años del auditor, y dijo que no hay control y que se estaban robando todo”. Del mismo modo, enfatizó: “El auditor decía pasa esto y no puedo hacer porque la Corte tiene el privilegio de controlarse a sí misma”.

Consultado por el anuncio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Salud de la Nación (2015) sostuvo que “nada se termina, hasta que se termina y me parece que, mas allá de la carta, uno la interpreta que a la dirigencia le está faltando mucho para estar a la altura y le demanda todo a ella”.

“Interpreté que ella dice ¿ustedes qué? ¿dónde están? Animémonos a pelear”, señaló. A su vez, advirtió: “Hace rato que deberíamos tener una estructura capaz de defender a la patria más allá de Cristina, pero ella es la líder”.

En tal sentido, manifestó que “hay que salir de la zona de confort y salir a la calle para movilizarse porque es lo único que puede cambiar la ecuación”.

“En este caso para que no proscriban al peronismo y necesitamos a un pueblo consciente de lo que ocurre con CFK”, siguió.

Con más críticas contra la Corte, enfatizó que “debemos terminar con esto de que avasallan el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y que el sistema federal se meta con las provincias”. Del mismo modo, añadió: “Hay que salir a defender lo que el peronismo hizo siempre, tenemos que salir a la calle a defender a CFK y en la defensa a ella, está la defensa a la patria”.

Por último, habló sobre el acto del peronismo para el 25 de mayo y anunció que “voy a pedir que termine la proscripción de Cristina porque si logramos que se baje, la podemos tener de candidata”. Para terminar, afirmó que “en el 2019 ganamos porque ella tomó una decisión política”.

En la previa de una nueva reunión de comisión, el Frente de Todos presentó una ampliación del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema a partir de los fallo que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán el pasado 9 de mayo.

“Lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema”, expresaron los legisladores oficialistas.

Tal como lo anunciara por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, la decisión de la Corte -que frenó las re-reelecciones de Sergio Uñac y Juan Manzur– se sumó al proceso que el oficialismo mantiene en la Cámara de Diputados contra los magistrados.

“Con fecha 9 de mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia resuelta en forma manifiestamente arbitraria por los Sres. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, resolvió cautelarmente dos causas con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local, además de generar violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, en particular, a sus derechos políticos reconocidos en el artículo 37 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros”, sostuvieron en el nuevo expediente.

Puntualmente, la ampliación contra tres de los cuatros jueces es “por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.

Sobre la “arbitrariedad” del tratamiento de los casos de San Juan y Tucumán, los legisladores del FdT señalaron que “sin perjuicio de que cada una de las causas mencionadas tiene sus propias particularidades, puesto que partimos de la interpretación de dos textos constitucionales diametralmente diferentes y los hechos que llevaron a dichos cuestionamientos también son diversos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación metió todo en el mismo paquete y resolvió de manera análoga ambos expedientes”.

Asimismo, manifestaron que lo hizo “sin discriminar las diferencias entre ambos y con un único objetivo concreto: suspender las elecciones a como dé lugar, sin hacer una ponderación adecuada de los hechos y poniendo en crisis la argumentación jurídica esbozada, y especialmente la jurisprudencia citada”.

La ampliación lleva la firma Germán Martínez, Eduardo Valdés, Nilda Carrizo, José Luis Gioja, Ricardo Herrera, Graciela Caselles, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Juan Manuel Pedrini.

Ampliacion-JP-Proyecto-de-Resolucion

La Corte Suprema de Justicia levantó este martes la medida cautelar de suspensión de las elecciones provinciales en Tucumán, y habilitó así la realización de los comicios, luego que el gobernador Juan Manzur declinara su candidatura a vicegobernador. 

La semana pasada, el máximo tribunal dispuso la suspensión de las elecciones, que debían realizarse el 14 de mayo, al hacer lugar al reclamo presentado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el intendente de San Miguel, Germán Alfaro, quien pidió que se declare la inconstitucionalidad de la postulación del exjefe de Gabinete. 

En la presentación, Alfaro recordó que desde 2007 Manzur ejerce cargos como vicegobernador y gobernador y que una re-reelección hubiera violado el artículo 90 de la Constitución tucumana. 

Pese a no resolver sobre la cuestión de fondo, la Corte hizo lugar a la medida cautelar y pidió informes a la provincia. Sin embargo, tres días después de la decisión de la Corte, Manzur declinó su candidatura a vicegobernador, siendo reemplazado en la fórmula con Osvaldo Jaldo por Miguel Acevedo. 

Al bajarse Manzur, la medida cautelar devino en abstracta y por eso ahora el máximo tribunal habilitó las elecciones, cuya fecha deberá ser determinada por la Junta Electoral de Tucumán. 

La resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda señala que “dada la renuncia a la candidatura impugnada -aceptada por la Junta Electoral Provincial mediante la resolución 317/2023 del 12 de mayo de 2023- corresponde admitir el pedido de levantamiento efectuado por la Provincia de Tucumán”. 

Además, recuerda que “el 9 de mayo de 2023 esta Corte dictó la medida cautelar suspendiendo las elecciones para los cargos de gobernador y vicegobernador con el propósito de asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar (artículo 5° de la Constitución Nacional)”.

“En esa oportunidad, frente a la inminencia de la fecha prevista para las elecciones, el Tribunal consideró que se encontraba acreditado el peligro que hubiera causado la demora en el dictado de la medida solicitada, en tanto resultaba evidente que la realización del acto electoral que incluyera una candidatura de problemática consonancia con la pauta republicana señalada podría producir un trastorno institucional de difícil reparación”, sostuvieron sobre la medida tomada la semana pasada que generó la reacción positiva de la oposición y la queja del oficialismo. 

A casi una semana de que el máximo tribunal suspendiera las elecciones en San Juan y Tucumán, a partir de los reclamos contra las re-reelecciones, el diputado nacional Fernando Carbajal, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Formosa, inició una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se expida respecto de los alcances, constitucionalidad y convencionalidad del artículo 132 de la Constitución de su provincia, con el objetivo de impedir que Gildo Insfrán vaya por un octavo mandato.

“El vacío legal del artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa, cuya ambigüedad permitiría ‘la reelección indefinida’ del actual gobernador Gildo Insfrán -quien iría el día 25 de junio de 2023 por su octavo mandato en el cargo, sumado a dos períodos como vicegobernador- constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que, en sus artículos 1, 5 y 123, recepta para el pueblo de la Nación Argentina, los principios republicanos de gobierno y temporalidad en el poder”, explicó el radical su presentación.

El exjuez, que buscará disputarle el poderío a Insfrán, quien gobierna la provincia norteña desde 1995, solicitó que “se declare la inconstitucionalidad del artículo de mención y se inhabilite e impugne a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo formoseño”.

“Es competencia originaria del Máximo Tribunal en su calidad de intérprete final de la Constitución y por cumplir el rol institucional de resolver de manera definitiva las controversias que se suscitan en torno a la interpretación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales en los que la República Argentina sea parte y las leyes que dicte el Congreso de la Nación”, destacó Carbajal.

En otro tramo del escrito, el legislador señaló que “al encontrarse en curso un cronograma electoral con plazos breves, acotados y perentorios, la intervención de este máximo tribunal federal evita que eventuales decisiones de órganos inferiores frustren o tornen ilusorios los derechos esgrimidos en esta demanda, que fueron avasallados con la lesión al sistema republicano que se busca de alguna manera reparar mediante esta acción declarativa”.

El diputado de JxC recordó que “en el año 2003, las ambiciones del gobernador Insfrán de continuar al frente del Ejecutivo provincial, motivaron una nueva reforma de la Carta Magna formoseña. La amplia mayoría de diputados oficialistas en la Legislatura facilitó la declaración de necesidad de reforma, lo que se llevó a cabo ese mismo año” con la redacción del artículo 132 de esta manera: “El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”. “Articulado que deja abierta la posibilidad que una persona se perpetúe en el poder, como ha sucedido en Formosa”, apuntó.

Hacia el final de la presentación, Carbajal pidió: “Atento la inminente cercanía de las elecciones del día 25 de junio que fundamentan el peligro en la demora, la trascendencia que excede el interés interpartes del asunto, y la verosimilitud en el derecho que sustenta la petición; vengo a solicitar, en carácter de medida cautelar genérica o innovativa, la suspensión de la convocatoria y comicios provinciales, hasta tanto esa Corte despeje la incertidumbre denunciada”.

“Teniendo en cuenta mi carácter de ciudadano de la provincia de Formosa -y futuro candidato a gobernador de esta provincia-, de no suspenderse el acto eleccionario, vería afectado mis derechos a una elección de igual a igual con quien detenta más de veintiocho años de poder acumulado; sin perjuicio de ello, al encontrarse vulneradas garantías constitucionales, surge la necesidad”, completó.

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El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, le recordó a la vicepresidenta Cristina Kirchner el fallo de la Corte Suprema en el 2013 cuando Gerardo Zamora -gobernador de Santiago del Estero en ese entonces, y actual- debió bajarse del intento “re-reeleccionista”.

En 2013, por un fallo de la Corte Suprema, Gerardo Zamora debió bajarse del intento re-reeleccionista y puso a su esposa de candidata. Los santiagueños votaron en PAZ a los pocos días. Lo mismo pasará en Tucumán y San Juan. La democracia es más fuerte si se debilita el feudalismo pic.twitter.com/oFAgkBuCvQ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 12, 2023

Aquella vez, la situación del gobernador santiagueño era similar a la del excandidato a vicegobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a la del gobernador de San Juan, Sergio Uñac. “Zamora debió bajarse y puso a su esposa, Claudia Ledesma Abdala (actual presidenta provisional del Senado) de candidata”, remarcó.

“Los santiagueños votaron en paz a los pocos días. Lo mismo pasará en Tucumán y San Juan. La democracia es más fuerte si se debilita el feudalismo”, retrucó Negri ante los tweets de CFK que pedía que la elección se realizara.  

En las últimas horas de este jueves, el candidato a vicegobernador de Tucumán, Juan Manzur, hizo oficial la declinación de su candidatura y será reemplazado por el ministro del Interior tucumano, Miguel Acevedo, quién acompañará al actual jefe provincial Osvaldo Jaldo.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a suspender las elecciones en Tucumán por no aceptar la nueva candidatura de Manzur -y de Sergio Uñac en San Juan-, el exjefe de Gabinete expresó: “Declino mi candidatura a vicegobernador para despejar dudas y generar certezas y previsibilidad”.

Luego, los legisladores opositores tucumanos opinaron sobre la renuncia de Manzur. En primer lugar, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Roberto Sánchez (UCR) publicó -casi a la misma hora de la renuncia de Manzur- una imagen con la leyenda “Ahora al límite, lo ponemos los tucumanos”.

#JuntosGanamos pic.twitter.com/Mbsg9jhmQS

— Roberto Sanchez (@RSanchezOK) May 12, 2023

La diputada nacional Paula Omodeo (CREO) expresó que “se baja porque estaba cometiendo un acto ilegal. Esto es oportunismo político, necesitan adelantar las elecciones porque saben que no llegan”, y agregó: “Renunciamiento histórico es otra cosa”, en respuesta a la declaración de Jaldo.

Se renuncia a algo que se tiene. Manzur se baja porque estaba cometiendo un acto ilegal. Renunciamiento histórico es otra cosa. Esto es oportunismo político, necesitan adelantar las elecciones porque saben que no llegan. La constitución es clara: las elecciones deben ser el 28/8.

— Paula Omodeo (@OmodeoPaula) May 12, 2023

Del mismo modo, el diputado tucumano Domingo Amaya (Encuentro Federal) expresó: “La era Manzur llega a su fin y nos deja una provincia devastada y casi sin futuro. Su paso será recordado con mucha pena y poca gloria. Los tucumanos somos un pueblo con mucho corazón y tenemos la posibilidad de empezar a vivir un nuevo Tucumán. Es ahora, juntos”.

La era Manzur llega a su fin y nos deja una provincia devastada y casi sin futuro. Su paso será recordado con mucha pena y poca gloria. Los tucumanos somos un pueblo con mucho corazón y tenemos la posibilidad de empezar a vivir un nuevo Tucumán.
Es ahora, juntos. pic.twitter.com/NtX0hhdMtM

— Domingo Amaya (@DomingoAmayaOk) May 12, 2023

En su primera reacción a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones locales en dos provincias, la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes a la Corte que “dejen votar” a Tucumán “en paz” y “ya”, luego de la decisión de Juan Manzur de declinar su candidatura a vicegobernador.

A través de Twitter, la presidenta del Senado cargó contra los jueces del máximo tribunal al sostener que “ya se salieron con la suya” e “hicieron la doble”. Por un lado, con las “cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán” y, por otro, consideró que esos fallos fueron para “tapar” las denuncias en el ámbito de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Ya se salieron con la suya, hicieron la doble:

1. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán;

2. Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 12, 2023

CFK habló de una “tapadera del escándalo de (Horacio) Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales”.

Sin mencionar a Manzur, pero en clara alusión a la decisión que tomó el tucumano, que será reemplazado en la fórmula que encabeza Osvaldo Jaldo por Miguel Acevedo, la vicepresidenta exclamó: “Ahora ya no tienen excusas. Dejen votar a Tucumán. Dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz YA”.

Veloz, uno de los que salió a responderle a la expresidenta fue el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien recordó que “en 2013, por un fallo de la Corte Suprema, Gerardo Zamora debió bajarse del intento re-reeleccionista y puso a su esposa de candidata”.

“Los santiagueños votaron en PAZ a los pocos días. Lo mismo pasará en Tucumán y San Juan. La democracia es más fuerte si se debilita el feudalismo”, agregó el cordobés.

En 2013, por un fallo de la Corte Suprema, Gerardo Zamora debió bajarse del intento re-reeleccionista y puso a su esposa de candidata. Los santiagueños votaron en PAZ a los pocos días. Lo mismo pasará en Tucumán y San Juan. La democracia es más fuerte si se debilita el feudalismo pic.twitter.com/oFAgkBuCvQ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 12, 2023

El jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, cerró la ronda de oradores en la sesión informativa de este jueves a la que se presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a brindar su informe de gestión en el que cuestionó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, lo que Mayans consideró como “un golpe político”.

El formoseño aclaró que Rossi había solicitado presentarse en abril, pero por cuestiones de agenda del Parlamento se pospuso. “El informe hay más de mil preguntas que se hicieron y estaba presentado”, ponderó.

Además, valoró “muchísimo” la presencia del jefe de Gabinete porque “hace al contacto directo con los legisladores de la oposición y el oficialismo y cada uno puede hacer lo que se hizo de expresas sus dudas”.

“Lo que estamos discutiendo acá es el gran problema institucional que tenemos en Argentina. La Corte da un golpe político eso es lo que ha hecho porque a confesión de parte relevo de prueba, como se dice, un periodista cercano que sabe de estas cosas, dice que alguien lo llamó a Rosatti y le dijeron ‘che, tenes pisada la causa. Tenes que sacar ya el tema’. Entonces Rosatti, teniendo en cuenta el tema del juicio político, lo que hace es distraer la atención y evitar para el domingo el cinco a cero”, comenzó su disertación.

Y preguntó: “¿Por qué pasó esto? porque se esta viniendo abajo todos los argumentos que están dando acá los senadores de la oposición con todas esas encuestas truchas que tienen porque hasta acá venía todo mal, pero uno de los senadores preopinantes no ha sacado ni el 25% en su provincia sino el 4%. Terrible decisión de las provincias donde castigan esas políticas públicas”.

“Entonces la Corte toma una decisión política que está fuera de su jurisdicción y competencia, alevosamente. No lo digo yo, lo dice la Procuración General de la Nación porque existen jurisdicciones y competencias nacionales y provinciales. Es terrible el tema, actúan como primera instancia”, denunció Mayans y sumó: “Reciben un pedido de amparo, una solicitud de certeza y acá está la acción política de la Corte. Eso es prevaricato puro porque saben que no lo pueden hacer porque actúan como Corte de primera instancia porque estamos hablando de elecciones provinciales”.

En esa línea, criticó: “La Corte está violando la Constitución provincial y nacional. Este es el grave problema institucional que tenemos en el país. Están más sucios que una papa. Es algo absolutamente indecente”.

“¿Cómo empieza esto? Con ‘Pepín’ Rodríguez Simón con Carlos Rosenkrantz. ¿Qué hacen? le sacan los fueros a Milagro Sala para poder entregarle a esa provincia, al feudo de Jujuy, para poder condenarla”, agregó el formoseño.

Además, planteó: “Sabemos que hubo gente que hizo de GESTAPO, que hubo persecución a opositores políticos, a empresarios, a sindicalistas, esta es la crisis que estamos teniendo y obviamente lo del presidente de la Corte no tiene desperdicio porque primero tiró a tierra la ley del Consejo de la Magistratura, nos emplaza a nosotros ¿quién se cree que es? Y nosotros resucitamos una ley muerta. Hoy, ese Consejo es nulo de nulidad absoluta”.

“Es un golpe. Son jueces de la dictadura que juraban por la Constitución y el proceso de Reorganización Nacional.  Es una Corte corrupta totalmente”, afirmó.

Y recordó: “Encima le dice al Senado cómo tiene que elegir al representante. Es una vergüenza lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura. Es violatorio de la Constitución Nacional porque no existe ley del Consejo. Nosotros tenemos que hacer el proceso de selección de jueces, pero se negaron a venir a la comisión y violaron el esquema de subrogancia”.

“Negociaron el 2×1, negociaron el tema de Coparticipación. Es superior a la decisión del presidente, del Congreso y tenemos un emperador en la Corte que nos da lecciones de economía ahora”, fustigó el oficialista.

Y lanzó: “¿Por qué no le dijiste a Macri cuando emitió una base monetaria del 84% que es la herencia que recibimos? No le dijo nada porque ese grupo económico y ese sector algo saben del emperador (Horacio) Rosatti. De (Juan Carlos) Maqueda ni hablar ya sabemos el manejo de la Obra Social del Poder Judicial y Rosenkrantz se autorregula honorarios por 20 mil millones de pesos. Y el sector político con una reacción de mezquindad total”.

“La Corte no tiene ni jurisdicción ni competencia para actuar sobre las elecciones provinciales violaron el esquema de procedimiento y la Constitución Nacional. Invaden la autonomía provincial”, reiteró.

Y cuestionó que “este Cuerpo tiene que defender eso y acá hay mezquindad de pronunciamiento avalando el prevaricato de la Corte por parte de los amigos. Esta conformado por un grupo de personas que violan sistemáticamente la Constitución y mandan mensajes políticos”.

“Espero que haya sensatez en este tiempo político que viene, es una cuestión muy seria a 40 años de la democracia. Ojalá haya división de poderes y se termine con la persecución política, demostrada en la negación del intento de magnicidio a la vicepresidenta”, cerró Mayans.

El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, se refirió a la decisión del máximo tribunal de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán y sostuvo que “tenemos una Corte que está trabajando políticamente y que está tomando resoluciones políticas; prácticamente actúa como un partido político”.

El formoseño consideró que “el domingo que viene era 5 a 0”, en relación a los triunfos del peronismo que se proyectaban según las encuestas y “eso es lo que tenían que parar”.

Además, recordó que hubo anteriormente un pronunciamiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que “les decía que la Corte no se podía inmiscuir en este tema”.

“Alguien llamó a (Horacio) Rosatti y le dio instrucciones”, opinó el legislador oficialista, quien analizó que “hay un mensaje nacional de todo esto: porque esto dice que si Cristina (Kirchner) se postula, faltando cuatro días para las elecciones le pueden decir por cualquier motivo que no sea candidata. Es un mensaje grave, acá no hay nada que tenga que ver con el derecho y con la Constitución”.

En declaraciones a Radio 10, el senador insistió con que “el mensaje es ‘somos la Corte y hacemos lo que queremos’. Quedó demostrado con tema de Lago Escondido de quiénes son los que les dan las instrucciones a los jueces…realmente pornográfico”.

“La Corte está dispuesta a hacer cualquier cosa. Los del Banco Central que se cuiden, porque ya les advirtió Rosatti que están haciendo mal el tema de la emisión”, agregó Mayans en alusión al discurso del presidente de la Corte en Amcham.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, resaltó este jueves el tiempo coincidente entre la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán y el testimonio de Héctor Marchi ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

“En ese mismo momento el exadministrador de la Corte, Marchi, estaba denunciando con nombres, con números, con fechas al actual presidente (Horacio) Rosatti y a otros miembros de la Corte por haber contratado gente para pagar el silencio de quienes habían denunciado enriquecimiento ilícito”.

En esa línea, consideró que la decisión del máximo tribunal, fue para que “se tapara lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político”, donde se han escuchado ya a varios testigos “denunciar maniobras de corrupción que se vivieron allí durante los últimos años”, dijo la funcionaria.

Durante su habitual conferencia de prensa con periodistas acreditados en Casa Rosada, Cerruti sostuvo que el Poder Judicial “se ha convertido en un poder que se gobierna así mismo y que intenta avanzar sobre los otros poderes”.

Además, la portavoz recordó leyes en materia de justicia que se aprobaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero “la mitad de esas leyes después fueron declaradas inconstitucionales o dejadas sin vigencia por la propia Corte”.

También enumeró las distintas iniciativas que no avanzaron durante la gestión de Alberto Fernández y fustigó: “Es muy difícil plantear la reforma de una Corte o de un sistema cuando son ellos mismos los que pueden decidir”.

En el mismo sentido que el presidente durante la cadena nacional, la funcionaria consideró que se necesita que “haya legisladores que estén dispuestos a dar el debate” sobre una reforma judicial. “En octubre pensemos que cuando votamos legisladores tenemos que estar votando a quienes estén dispuestos a dar esos debates”, agregó.

Consultada sobre por qué el Poder Ejecutivo nunca envió el pliego para cubrir la vacante en la Corte que dejó Elena Highton de Nolasco, Cerruti respondió: “La atomización de las fuerzas políticas en el Congreso ha provocado en los últimos años que aquellos temas que por Constitución necesitan las dos terceras partes o mayorías especiales sean muy complicados de llevar adelante”.

La jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, cargó contra la Corte Suprema por la decisión de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán y consideró que “este es un golpe institucional gravísimo y merece toda la reacción de la política y del pueblo argentino, porque los 40 años de democracia los conseguimos todos y todas, y que los tengamos y los sostengamos depende de nosotros y nosotras también”.

“Todos los argentinos y argentinas deberíamos estar muy preocupados, porque a 40 años de la recuperación democrática, a cuatro días de las elecciones en dos provincias muy importantes de nuestro país, las mismas se suspendan por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo a los sanjuaninos y las sanjuaninas y los tucumanos y las tucumanas votar”, enfatizó.

La senadora kirchnerista afirmó que “la Corte no puede hacerlo, se está excediendo en sus funciones, admitiendo un amparo de la oposición”. “Patricia Bullrich sale a celebrar que le torció el brazo a la democracia”, lamentó en declaraciones a El Destape Radio sobre las expresiones que tuvo la precandidata presidencial del Pro. 

“Esta es una Corte Suprema que tiene un pecado de origen, porque aceptaron ser jueces de la Corte por decreto de Mauricio Macri e ideado por el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón. Y lo que ha demostrado el presidente de esta Corte, Horacio Rosatti, es que lo que menos le gusta es la voluntad popular”, cuestionó y recordó que el expresidente “también ninguneó las elecciones de la semana pasada en tres provincias”.

Di Tullio confesó estar “muy preocupada con lo que está pasando con la democracia” y pidió un rol más activo del Poder Ejecutivo: “Todos nos debemos sentir cuidados por el Poder Ejecutivo que fue ungido por el voto popular para conducir los destinos de la Patria, nadie lo eligió a Rosatti”. “Lo venimos diciendo hace varios años: ‘un día nos vamos a levantar a la mañana y Rosatti va a ser presidente’, eso es lo que pasó ayer con este fallo”, advirtió. 

“Tenemos que actuar porque estos son los jueces del poder, de los monopolios que suben los precios, y en lugar de cuidar a los 47 millones de argentinos y argentinas, cuidan los intereses de las 20 empresas con posición dominante en el país”, completó. 

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan, a cinco días de los comicios, y opinó que se trata de “una advertencia a Cristina” Kirchner, ya que “si se presenta van a querer hacer lo mismo”. 

“Por eso hay que multiplicar la militancia, hay que jugar a fondo, la candidata tiene que ser Cristina”, enfatizó sobre la vicepresidenta, quien tiene condena de primera instancia en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

En cuanto a los fallos, expresó: “Lo digo con tristeza, da asco, muestra el pus que hay dentro de ese tribunal que es la Corte Suprema y la omnipotencia de tres miembros, que se meten en las autonomías provinciales. Sacar esto a días de la elección muestra la disociación de esos ministros con lo que pasa en la sociedad”.

Al recordar el antecedente de la suspensión de la candidatura de Alberto Weretilneck en 2019, el oficialista pidió “revisar” en ese fallo la postura de Carlos Rosenkrantz, quien en esa oportunidad “se pronunció a favor de la posibilidad de su reelección”. 

Además, el porteño puso en cuestionamiento el tiempo en que salió el falló: “¿Cuándo hicieron el acuerdo? ¿Lo tenían ya escrito y dejaron pasar los días?”. “Tenemos que ir hacia la elección popular de los jueces”, consideró. 

Respecto a las elecciones en Tucumán y San Juan, el legislador manifestó que espera que “las Legislaturas provinciales ratifiquen el acto electoral, y los legisladores nacionales iniciemos otra acción por mal desempeño por avasallar las elecciones en dos provincias”.

En alusión a la última reunión de la Comisión de Juicio Político, resaltó: “Escuchamos a una jueza (Martina Forns) contar cómo la obra social (del Poder Judicial de la Nación) los abandonó y eso le costó la vida a su marido. También relató cómo dejaban a la gente sin prótesis, cómo manejaban los recursos de manera discrecional. Es lo único que tienen para administrar, y da vergüenza lo que han hecho tanto (Horacio) Rosatti ahora como (Juan Carlos) Maqueda en la administración anterior. Cometen ilícitos en la administración de la obra social en detrimento de todos los trabajadores y funcionarios”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, los legisladores de Vamos Juntos (VJ), el Frente de Todos (FdT) y el Partido Obrero (PO) se cruzaron en las redes sociales, es que desde la oposición advirtieron que la determinación “pone en peligro la democracia”, mientras que desde el oficialismo aseguraron que “el país no es un feudo”.

En ese sentido el presidente del Pro Capital y legislador de VJ, Claudio Romero, planteó que “los gobernadores Juan Manzur y Sergio Uñac querían ser reelectos violando sus propias constituciones. No respetan las leyes ni la democracia, se creen dueños feudales de sus provincias. La Corte Suprema hizo bien en frenar su ambición desmedida”.

Al mismo tiempo que el oficialista y hombre de confianza de Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza (VJ), pidió: “respeten la constitución y dejen de hacer mierda todo. No van a poder hacer lo que se les ocurra. El país no es un feudo”.

En la vereda opuesta, el diputado Juan Pablo Modarelli (FdT) consideró que “la independencia de poderes en nuestro país… ¡mamadera! ¡Son una runfla mafiosa!”, mientras que Victoria Montenegro (FdT) opinó que “terminamos con la mafia judicial o la mafia termina con nuestra democracia”.

A la vez que Matías Barroetaveña (FdT) afirmó que “hicieron golpes, proscribieron y proscriben, fusilaron y desparecieron en nombre de la democracia y la república. Todo avalado por la justicia de turno (salvo honrosas excepciones). No nos vamos a sorprender por un fallo. Resistiremos. Lo que indigna son los que se hacen los giles”.

Asimismo, Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó que “cuando te hablen de provincias feudales contá que el Pro gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años: 8 años Mauricio Macri, 8 Horacio Rodríguez Larreta y ahora buscan otro mandato del primo Jorge Macri”, para luego analizar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

“Inés Weinberg de Roca: Macri la propuso para reemplazar a Gils Carbó tras destituirla injustamente. La magistrada compartía gimnasio con el entonces Jefe de Gobierno, luego la nombró en el TSJ. Santiago Otamendi: Secretario de Justicia de Germán Garavano. Luego del cargo político fue sin escala al máximo tribunal porteño. También integraba la mesa judicial encargada de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios. Marcela de Langhe: al igual que Otamendi fue propuesta por Larreta. Antes de llegar al Tribunal era la directora del Instituto de Seguridad Pública. Otra que pasó de un cargo político a ser parte del TSJ. ¿Coincidencias? Esa mayoría que construyeron Macri y Larreta es la que avala los actos de gobierno del Pro hace 16 años”, continuó.

En tanto Cecilia Segura (FdT) compartió una publicación en la que planteó que “hace tiempo asistimos a una avanzada del Poder Judicial que pone en peligro la democracia en Argentina. Lo advertimos en cada causa armada contra la vicepresidenta que derivaron en su intento de asesinato. Lo advertimos también, en el fallo que intenta proscribir a Cristina, dictado en el marco de la ‘Causa Vialidad’ luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso”.

“En las conversaciones filtradas entre jueces, funcionarios del Pro y directivos de Clarín en su viaje a Lago Escondido y en los bochornosos fallos que hacen injerencia en asuntos del Poder Ejecutivo como son la política económica, laboral o sanitaria, entre tantas otras”, añadió y consideró que “esta vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suspende las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, privándonos a las y los argentinos de ejercer nuestro derecho constitucional de votar a quién queremos que nos represente. Esta decisión, de altísima gravedad institucional, deja de manifiesto que estamos frente a un Poder Judicial cooptado por injerencias político-partidarias”.

Además aseguró que “tal es así que la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, se atribuye públicamente la decisión de la CSJN: ‘les frenamos’, dice. A 40 años de haber recuperado la democracia en nuestro país, es insostenible la convivencia con un Poder Judicial que cercena los derechos políticos de las y los argentinos y opera como condicionante de los procesos electorales”.

Por otro lado, el trotskista Gabriel Solano (PO) remarcó que “el choque entre la Corte Suprema de Justicia y los gobiernos justicialistas de la provincia de San Juan y Tucumán expone la podredumbre y la hipocresía de todos los responsables de este régimen político” y destacó que “por un lado la Corte saca un fallo suspendiendo las elecciones a solo cuatro días de su realización cuando hacía más de un mes que podría haberse pronunciado. En el fallo de la Corte no se pronuncia sobre el fraude de fondo que ocurre en estas provincias: en San Juan con la ley de Lemas y en Tucumán con los acoples. Ambos hacen que este régimen político sea completamente fraudulento”.

“Del lado de los gobiernos justicialistas dicen que ‘la Corte atenta contra la democracia’, pero ellos han montado un régimen basado en aspectos terriblemente antidemocráticos y violando las propias normas, perpetuándose en reelecciones permanentes. De fondo, todos son tributarios de los mismos intereses sociales, el de las mineras, los empresarios del Citrus y de los ingenios”, señaló y concluyó afirmando que “desde el Partido Obrero repudiamos a unos y a otros y planteamos que una verdadera democracia política es incompatible con un régimen de explotación y opresión. Llamamos a fortalecer y construir una alternativa política de los trabajadores”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan del próximo domingo y expresó: “La Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo”.

En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo.

— Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2023

Del mismo modo, y a través de un comunicado desde Presidencia de la Nación, afirmaron una intromisión del expresidente Mauricio Macri: “Ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia”.

“Esos tristes conceptos de un expresidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos”, comunicaron. Así también, el comunicado agregó: “Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar”

En tal sentido, sostuvieron desde Presidencia que “es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos”.

Por último, se solidarizaron con los candidatos: “Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán) frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos”.

La Corte Suprema de Justicia suspendió este martes las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan, a través de una medida cautelar presentada por la oposición de ambas provincias. Las dos jornadas electorales iban a celebrarse el próximo domingo 14 de mayo.

Desde las oposiciones de ambas provincias, Juntos por el Cambio y libertarios, habían reclamado en la Corte que tanto Juan Manzur, gobernador tucumano y ahora candidato a vicegobernador, como Sergio Uñac, gobernador sanjuanino, no podían volver a presentarse por ejercer cargos en los respectivos Ejecutivos provinciales desde el año 2015.

Los dos fallos llevaron las firmas del presidente Rosatti, de los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, pero no así, la del funcionario del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti.

Fallo-CSJN-Tucuman-

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo referencias al hecho: “En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”.

En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo.

— Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2023

Desde Diputados, el jefe de bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, se manifestó en contra del titular de la Corte: “A la mañana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Argentina. A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político, la Corte suspende (a 5 días de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucumán”.

A la mañana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Argentina.

A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político , la Corte suspende (a 5 días de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucumán.

¿Hasta dónde van a llegar?

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 9, 2023

El tema no tardó en repercutir en el seno de la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde mientras se desarrollaba una nueva audiencia del juicio político que se lleva adelante contra los integrantes del Tribunal Supremo, intervino el diputado Leopoldo Moreau para referirse al tema.

“Pido disculpas de antemano, porque no es un tema que esté en este momento en debate en la comisión, pero me parece que es de una gravedad institucional inusitada, y ha sido protagonizado hace pocas horas por la Corte Suprema, precisamente”, arrancó el legislador kirchnerista, que definió el tema como “un hecho institucional inédito”. Y resumió: “A 5 días de elecciones en la provincia de Tucumán y San Juan, después de haber tenido durante meses en su conocimiento una causa vinculada a impugnaciones, la Corte, o el retazo de la Corte que queda de Magneto y Saguier, acaba de suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan”.

“Esto viene a demostrar que ese retazo de Corte efectivamente tiene vocación proscriptiva”, concluyó.

El primero en pronunciarse sobre el tema, fue el presidente del bloque radical, Mario Negri, quien expresó -vía Twitter-: “Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse. Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán. El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático”.

Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse. Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán. El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 9, 2023

Fallo-CSJN-San-Juan-

Desde el Pro, el jefe de bancada Cristian Ritondo advirtió: “Los señores feudales del kirchnerismo creen que pueden violar las leyes y las normas constitucionales. No lo vamos a permitir”.

Los señores feudales del kirchnerismo creen que pueden violar las leyes y las normas constitucionales. No lo vamos a permitir.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 9, 2023

El diputado nacional y jurista del Pro, Pablo Tonelli, manifestó que “la Corte resolvió bien, en defensa de nuestro sistema republicano, dado que evitó la perpetración en el poder de dos candidatos imposibilitados de serlo”.

La cofundadora de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica – ARI, Elisa Carrió, se expresó al respecto y tuiteó: “Hacer valer el derecho y la República es el deber de la Corte Suprema. No más re-reelecciones”.

Hacer valer el derecho y la República es el deber de la Corte Suprema.
No más re-reelecciones.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 9, 2023

También del Pro, la diputada nacional María Eugenia Vidal advirtió: “Lo dijimos, lo argumentamos, y lo sostuvimos en la justicia: Uñac y Manzur no están en condiciones de ser re-electos. Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia”.

Lo dijimos, lo argumentamos, y lo sostuvimos en la justicia: Uñac y Manzur no están en condiciones de ser re-electos.

Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 9, 2023

Del mismo modo, Sergio Vallejos, candidato a gobernador sanjuanino por Evolución Liberal, expresó: “El fallo de la a Corte hace justicia en la provincia de San Juan, Sergio Uñac (actual jefe provincial) no podía ser reelecto”, y agregó: “Este es un fallo ejemplar”.

Así también, Vallejos aseveró que Uñac puede ser reelegido consecutivamente hasta dos veces, como establece el artículo 175 de la Constitución de la provincia cuyana, y se encuentra al frente de la gobernación desde el 2015 cuando ejerció el cargo de vicegobernador en la gestión de José Luis Gioja.

En esa línea, el diputado Gioja enfatizó: “La Corte sigue haciendo de las suyas. Son unas lacras”. “Esto nos jode a nosotros y a Uñac, beneficia al Pro y a los libertarios que hicieron el reclamo”, manifestó duramente.

En declaraciones a Radio 10, el vicepresidente de la Cámara baja aclaró: “Yo soy adversario de Uñac, queríamos que él juegue porque le íbamos a ganar. Él no podía ser candidato porque la constitución provincial es clarita”, con relación a que se oponía al gobernador y al fallo de la Corte.  

Sin embargo, el exgobernador de San Juan reclamó: “Uñac se tiene que dar cuenta que no puede ser candidato, que se deje de joder. Ahora tenemos que bancar que la Corte fije los plazos”.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich se vanaglorió del fallo y cargó contra los gobernadores de ambas provincias: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”.

Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja.
Con nosotros, esto no pasará.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2023

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación, enfatizó: “Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad”.

Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse…

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 9, 2023

La diputada del bloque Creo, Paula Omodeo (Tucumán), manifestó su postura al respecto: “La Constitución aún está viva en Tucumán. Quisieron ir por todo y hacer trampa, pero los tucumanos no los vamos a dejar. En Argentina todavía prima el estado de derecho, nadie está por arriba de la ley. La CSJN frenó a Manzur y Jaldo. Esta lucha recién empieza”.

La constitución aún está viva en Tucumán. Quisieron ir por todo y hacer trampa, pero los tucumanos no los vamos a dejar. En Argentina todavía prima el estado de derecho, nadie está por arriba de la ley. La CSJN frenó a Manzur y Jaldo. Esta lucha recién empieza #hastaacallegaron

— Paula Omodeo (@OmodeoPaula) May 9, 2023

“Le incomodan las reglas y le molestan los límites de una República democrática. Así es el kirchnerismo en todas sus formas”, así apuntó la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba), a través de su cuenta oficial de Twitter, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema.

Le incomodan las reglas y le molestan los límites de una República democrática. Así es el kirchnerismo en todas sus formas. Por eso atacan incansablemente al Poder judicial, porque es el que marca sus límites. Se acabó el tiempo de los feudos, se acabó el poder perpetuo. pic.twitter.com/bnFuZj49FX

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) May 9, 2023

En línea con toda la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC- ARI – CABA) sostuvo que el fallo de la CSJN “es correcto y ajustado a nuestra constitución. No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular”.

El fallo de la CSJN es correcto y ajustado a nuestra constitución. No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular. Basta de re-reelecciones y señores feudales del PJ que hacen lo que…

— maxi ferraro (@maxiferraro) May 9, 2023

También, el diputado nacional Miguel Bazze (UCR – Buenos Aires) manifestó: “La Corte suspendiendo las elecciones de Tucumán y San Juan, pone límite al atropello de los gobernadores kirchneristas y peronistas, que fieles a su estilo de burlarse de la gente y de las instituciones, pretenden reelegirse contra lo establecido por sus constituciones”.

De la misma manera, la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) le advirtió al oficialismo: “Le dijimos que no era posible. Insistieron, pero cuando la Corte Suprema de Justicia resuelve patalean y dicen que no hay democracia. Cínicos”.

Lloran por la leche derramada los caudillos del PJ que intentan atornillarse en el poder violando las constituciones de sus provincias. Le dijimos que no era posible. Insistieron, pero cuando la Corte Suprema de Justicia resuelve patalean y dicen que no hay democracia. Cínicos.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) May 9, 2023

En tal sentido, el jefe del bloque de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, publicó un vídeo donde afirmó que “las arbitrariedades, los excesos y los desvaríos tiranos, no tienen lugar en la Argentina que viene”.

Las aribitrariedades, los excesos y los desvaríos tiranos, no tienen lugar en la Argentina que viene. Celebro el límite que hoy puso la Corte Suprema.

Con ó sin trampas, en diciembre se van. pic.twitter.com/extzRz1Kyn

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) May 9, 2023

Mientras transcurría la reunión de Comisión de Juicio Político, la diputada Vanesa Siley tuiteó: “La Corte Suprema de la dictadura. Suspenden las elecciones en San Juan y Tucumán a 5 días de realizarse los comicios ¿Cómo no creerlos capaces de todo? TODO es posible en el reino de Magnetto y compañía”.

“Los que entraron a la corte por DNU, estallaron la Obra Social de Judiciales, son parte de la mafia judicial y ahora interfieren contra reglas básicas de la democracia y también quieren definir cuestiones de la economía de competencia de otro poder”, planteó por su parte la diputada oficialista Blanca Osuna.

Los que entraron a la corte por DNU, estallaron la Obra Social de Judiciales, son parte de la mafia judicial y ahora interfieren contra reglas básicas de la democracia y también quieren definir cuestiones de la economía de competencia de otro poder https://t.co/oO1Iv2HYo3

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) May 9, 2023

A su vez, el diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) ironizó sobre el fallo y posteó un tuit que dice: “Que los únicos dos jueces de la historia constitucional argentina que estaban dispuestos a asumir por decreto estén haciendo tantos mamarrachos en la Corte es algo rarísimo, no se veía venir”.

Comenzó a las 13.19 una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde declarará por segunda vez Héctor Marchi.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

En la audiencia también serán interrogados el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió; y la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

Otro de los citados para la reunión era Santiago Clerici, a cargo de la Secretaría Jurídica General de la Corte, quien se ausentó en otras dos oportunidades y esta vez también faltó. En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que su testimonio se reprogramó por el tiempo que se estimaba iba a insumir la reunión.

Antes de pasar a los testigos, se aprobó, con aval del oficialismo y la oposición, incorporar como testigo a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a propuesta de la diputada Graciela Ocaña (Pro). Desde UEJN emitieron un duro comunicado contra Marchi tras su primera declaración.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de SITRAJU República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, expresó la diputada Vanesa Siley (FdT), quien además pidió incorporar como prueba “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor Maqueda, oportunamente, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanuda su actividad este martes, a partir de las 13, con la participación de cuatro testigos, entre ellos Héctor Marchi, quien se presentará por segunda vez.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, el magistrado contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

Otro de los citados es Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Por último, fue citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

Tras la denuncia del contado Héctor Marchi en la última reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) arremetió con el máximo tribunal de justicia y expresó: “Los miembros de la Corte son cuatro barrabravas”.

Además, el legislador ultrakirchnerista denunció que el presidente de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, le gritó -entre risas e ironías- que si solicitaba la inspección ocular para revisar lo que decía Marchi “el dólar se iría a 800 pesos”.

En diálogo por Radio 10, el diputado se refirió a la denuncia de Marchi y anunció que falta aún más porque vuelve a declarar el jueves que viene”. Del mismo modo, remarcó: “No olvidemos que el contador Marchi es el principal testigo del juicio de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti”.

“Lo que declaró el martes fue lapidario sobre lo que pasa en la Corte porque ratificó todas las irregularidades de la obra social y dio precisiones sobre faltante de dinero. Habló de una pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022 por no tener control, y dijo que si hacemos cuentas para atrás nos vamos a encontrar con cifras siderales”, recordó Tailhade.

A su vez, el diputado le atribuyó las irregularidades de la obra social a un miembro de la Corte: “Juan Carlos Maqueda fue responsable desde 2008 a 2018 de la obra social”, y añadió que “Marchi dijo que Silvio Robles lo amenaza a él para que no venga a declarar. Lo de la mafia judicial está cada vez más claro”.

En tal sentido, manifestó: “Uno pretende declarar y como buenos mafiosos lo amenazan, lo extorsionan, lo sancionan y los desplazan”, y agregó: “Cada vez aparecen más argumentos que nos dan la razón”, en alusión sobre el pedido de Juicio Político.

Por otro lado, sostuvo que “la Corte argentina son cuatro barrabravas que no usan el derecho sino el poder y que están buscando conseguir poder político, y encima le dan la espalada al sistema político y a la ciudadanía”. “Hay una connivencia pornográfica entre los acusados y los sectores políticos que salen en su defensa”, aseveró.

Del mismo modo, recodó cuando Marchi dijo que los desplazaron y que hubo ocupación policial en el cuarto piso: “Pedí la palabra y le digo a la presidenta de pedir la inspección ocular para revisar todo lo que dice Marchi y fue allí que el diputado López me dice si vas al cuarto piso con la inspección ocular de la Corte, el dólar se va a 800”.

Así también, agregó que Marchi señaló que López “había ido a una vocalía de Horacio Rosatti a pedir que lo echaran (a Marchi)”. “La Corte responsabiliza a Marchi, pero la Corte miente y nosotros tenemos los documentos que dicen que Maqueda manejó la obra social”, indicó.

Por último, afirmó que “las amenazas de Robles a Marchi y el espionaje ilegal sobre los trabajadores no pueden ser desconocidas por Horacio Rosatti”. “Es un elemento más para el juicio político y vamos a ir por ese camino”, finalizó.

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, la Comisión de Juicio Político reanudó su trabajo este martes. La reunión se realiza en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.15.

El funcionario judicial, recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal, fue citado para ser interrogado en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado, justificó su incomparecencia. En el final se resolverá si se lo obliga a venir mediante el uso de la fuerza pública.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini y al prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia.

En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para este martes.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

Marchi será convocado también la semana próxima

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, se volverá a reunir este martes la Comisión de Juicio Político de Diputados. El encuentro será en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.

El funcionario recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal confirmó su asistencia, tras haber sido incorporado a la lista de testigos en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social el jueves pasado.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini; al secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici; al prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia; al médico legista Enzo Canónaco; y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

En el arranque de la sesión de este miércoles, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó una cuestión de privilegio contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, a raíz del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. 

“Denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya que era ese juicio político, ya sea en testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa”, expresó. 

El vicepresidente de la comisión advirtió que “vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político”. “Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces” sino que además “van surgiendo, a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas”, señaló. 

López consideró que esto es mucho más “grave” en el contexto de que “casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), más el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados”. 

El legislador de Juntos por el Cambio criticó que cuando se trató el tema del fallo 2×1 surgió una “nueva escuela del derecho constitucional del Frente de Todos: el derecho conjetural”, porque “han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas”.

López recordó que se “ invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno” y a partir de esos testimonios, “la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos”. “Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión”, enfatizó. 

Y concluyó: “Este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país, y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica, uno de ellos lamentablemente es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas”.

La respuesta de Gaillard

En una cuestión de privilegio que planteó contra el senador José Torello (Pro), la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, defendió que “la comisión no está trabajando sobre conjeturas”. “Los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos, cuando conocemos de posibles responsabilidades y mal desempeño”, sumó y dijo que “se han llamado a testigos que han sido ofrecidos por los denunciantes”. 

Sobre Torello, la entrerriana manifestó que le llamaba la atención “que se escude en los fueros”, los cuales “nos dan inmunidad de arresto y en nuestra opinión” a los legisladores, pero “no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública”, afirmó. 

“De ninguna manera voy a dejar pasar que digan que la comisión es un circo”, resaltó e insistió: “Nosotros tenemos que llevar adelante este proceso con total objetividad, con toda la seriedad”. En ese sentido, destacó que en la última reunión de este martes, donde se abordó la causal de las irregularidades en la obra social “nos pudimos poner de acuerdo (con la oposición) en algunas cosas que tienen que ver con la investigación”. 

Finalmente, Gaillard explicó que “respecto al senador Torello, la comisión entendió que como se comprobara la relación de amistad entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el doctor Carlos Rosenkrantz no era necesario volver a citarlo, pero nadie pidió el desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo”. 

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo este martes, desde las 13, la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, se comenzará ahora a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailahde (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

A través de una cuestión de privilegio que planteó en la sesión de este jueves, el senador del Pro José Torello ratificó que no se presentará a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a la que fue citado en calidad de testigo en el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema. “No me voy a prestar este circo”, expresó.

El macrista presentó la cuestión de privilegio contra presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y todos los integrantes de Juicio Político del Frente de Todos.

“Frente a mi negativa de comparecer en dicho tribunal, frente a la eventualidad de ser juez, en el caso de que se los juzgue, en la sesión del 21 de marzo el diputado (Rodolfo) Tailhade profirió una amenaza en la que sostiene que debo renunciar y ser suspendido”, arrancó el legislador.

Además, reclamó: “Se invade mi intimidad y se violan mis derechos políticos exigiendo que se den a la luz todos los llamados que tuve durante toda la duración de la presidencia anterior”.

El oficialismo había citado al senador en el marco de la causal del fallo 2×1, sobre el cual tiene la hipótesis de que existió connivencia entre la gestión de Mauricio Macri -de quien Torello fue asesor- y el juez Carlos Rosenkrantz para que saliera el fallo a favor del represor Luis Muiña.

Torello recordó que tanto cuando la lista resultó electa como cuando él reemplazó en su banca a Esteban Bullrich, quien “lamentablemente tiene una triste enfermedad”, su pliego “no recibió ninguna impugnación de ningún tipo”.

“Me senté en esta banca con la convicción de que es necesario hablar con todos, evité contestar los agravios para evitar la confrontación. También guardé silencio frente a las chicanas, porque creo que la fractura y el desencuentro no van a servir para arreglar a este país, que hoy está en terapia intensiva”, sostuvo el senador al que la vicepresidenta Cristina Kirchner le había dado la palabra, pero cuando comenzó con su discurso se retiró del recinto.

También, afirmó: “No pretendo esconderme en los fueros con carácter personal”. Y argumentó que “si el intento de enjuiciar al tribunal prosperara, nosotros nos tendríamos que convertir en cámara juzgadora, por lo tanto no voy a declarar como testigo de cargo que me impida en la eventualidad ejercer dicha función”.

El dirigente del Pro cuestionó que “algunos diputados del Frente de Todos y testigos me acusaron de pertenecer al partido militar”, y resaltó: “En el golpe militar del ’76 yo tenía 16 años. Mi padre tampoco perteneció a ningún partido militar, falleció a los 29 cuando yo tenía dos años. Mi bisabuelo, que fue ministro de (Hipólito) Yrigoyen, quien fue derrocado en el primer golpe militar. Asimismo, mi bisabuelo fue echado en el año 1930, conjuntamente con el abuelo del senador Adolfo Rodríguez Saá, y tuvo que estar exiliado en Río de Janeiro junto a Marcelo T. de Alvear y otros dirigentes nacionales perseguidos por los militares”.

“Yo no formé parte de ningún partido que votó leyes de autoamnistía, ni indultos, ni de obediencia debida, como sí lo hicieron destacados integrantes del oficialismo y, en particular, de la Comisión de Juicio Político”, lanzó y continuó: “Yo solo fui parte del Pro, fui fundador del Pro, fui el primer apoderado y todavía sigo siéndolo. Fui presidente durante 14 años del Pro. Yo no pertenecí a ningún partido militar”.

En el final, el bonaerense manifestó que “el país observa como la bancada oficialista viola la división de poderes, atacando a Corte Suprema en un juicio que es absurdo. Quieren imponer su voluntad por las buenas y por las malas. No me voy a prestar a este circo, a esta ficción de juicio político que socava las bases de la República y deslegitima a las instituciones”.

Esperada era la participación del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ante la Comisión de Juicio Político, citado a instancias del oficialismo por la causal del fallo 2×1 dictado por la Corte Suprema en 2017 y que el Frente de Todos tiene la hipótesis de que existió una posible connivencia entre la gestión de Cambiemos y el máximo tribunal detrás de esa decisión que benefició al represor Luis Muiña. 

El oficialismo sospecha sobre una influencia en el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco, a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la magistrada y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Justamente por este tema lo consultó al exfuncionario la diputada Mara Brawer (FdT), quien le pidió que responda qué opinaba del “cambio de postura en relación al tratamiento de los delitos de lesa humanidad” de la jueza y Garavano respondió: “Nunca hablé con la doctora Highton del caso Muiña, en general no hablé de ningún caso”. Según él, en las “pocas charlas” que tuvo con la jueza solo abordaron temas acerca de “cómo mejorar el sistema de justicia”. 

Además, el exministro rechazó “ el vapuleo que se le está haciendo a la jueza que no está acá”, cuando él considera que se trata de “una de las mejores juezas, junto con Carmen Argibay, que ha tenido la Corte Suprema de Justicia”. 

En otro tramo de la reunión, el exministro durante la gestión Cambiemos enfatizó que “este juicio político no contribuye en nada”. “Estamos poniendo el ojo para ver cómo atacamos una institución que es una de las instituciones básicas de la democracia. El rol de la Corte es ponerle un freno a los otros dos poderes”, subrayó. 

También ratificó su postura en contra de la Ley 24.390 al sostener que “no correspondía” en el fallo Muiña, “así como no corresponde el 2×1 en delitos donde hubo violaciones o asesinatos”. “Es una norma que yo critiqué siempre. Por eso me duele más esta situación”, añadió.

Y criticó que el juicio impulsado por el oficialismo “no sigue el debido proceso como marca la Constitución y se pregunta sobre cualquier cosa”. “No interesa el juicio político a la Corte sino hacer un circo político y eso genera mucha preocupación. Tenemos jueces serios y tenemos que generar un Poder Judicial independiente”, resaltó. 

“Lamento las circunstancias pero un gusto estar en la casa del pueblo”, arrancó el exfuncionario antes de las preguntas y aclaró: “No tengo con los jueces de la Corte una situación de amistad, que afecte mi testimonio, pero sí se da una circunstancia que tengo que poner en conocimiento de esta comisión”. En ese sentido, señaló que “muchos de los hechos que incluyen los expedientes” contra los magistrados han originado distintas causas en las que él fue “falsamente denunciado en sede penal”. “Esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar testimonio”, dijo. 

Además, resaltó que algunas de esas denuncias en su contra fueron hechas “por miembros de esta Cámara y de esta comisión particularmente”. Luego, expresó: “Me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que me afecta personalmente en términos de preocupación por las instituciones de nuestro país”. Más allá de reafirmar lo “condicionado” que podría estar en su testimonio, procuró “decir la verdad”. 

El primero que arrancó con las preguntas fue el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien recordó un “dictamen del relator de la ONU” Diego García Sayán que “describe la existencia de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales” durante los años del gobierno de Cambiemos. 

Entonces, el kirchnerista enumeró situaciones como “las persecuciones a la procuradora general Alejandra Gils Carbó” y “la decisión de desistir frente a la acción de amparo que beneficiaba a la doctora Elena Highton de Nolasco para que pudiera mantenerse en su cargo en la Corte”, y le consultó: “¿Fueron todas medidas previamente debatidas y decididas en el ámbito de la denominada mesa judicial, que según la información que tenemos el exministro integraba?”. 

Antes de que responda Garavano, el macrista Pablo Tonelli aclaró que “el relator García Sayan le pidió explicaciones al Gobierno argentino, pero nunca jamás existió un dictamen que concluyera en las cosas que ha dicho el diputado Moreau”. 

“Yo soy inocente de todos los cargos, estoy señalando que es una falsa denuncia y que hay una declaración constitucional de no declarar en contra bajo juramento”, manifestó Garavano. 

Moreau también le preguntó al exministro por el traspaso por decreto de la Oficina de Escuchas a la Corte Suprema, ni bien asumió Mauricio Macri; el caso de la “Gestapo antisindical” en la provincia de Buenos Aires; y hasta una reunión que mantuvo con testigos de identidad protegida, como Leonardo Fariña. 

Haciendo referencia al testimonio que dio oportunamente el exsenador Mario Cimadevilla, Moreau apuntó: “Lo imputó severamente respecto a su forma de actuar en el proceso de la causa judicial de encubrimiento del atentado a la AMIA”. Y recordó que el testigo denunció que Garavano “había desarrollado una tarea muy intensa para buscar la absolución de dos fiscales, (Eamon) Müllen y (José) Barbaccia”. 

“Es una denuncia penal que fue desestimada por la Justicia”, aseguró el exministro y agregó: “Las afirmaciones de Cimadevilla son falsas”. “¿Y las de (Mariana) Stilman?”, retrucó el diputado en alusión a la actual legisladora de la Coalición Cívica, pero el testigo dijo que desconocía las declaraciones. 

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade lo consultó sobre el caso Schiffrin, por cual la Corte restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial, y Garavano reveló: “Me enteré cuando salió el fallo”. “Lo que nos ocasionó fue un problema futuro muy fuerte y a lo que nos tratamos de abocar con una resolución que dicté tiempo después”, recordó.

En cuanto a la decisión del Ministerio de no apelar el amparo presentado por Elena Highton de Nolasco para continuar en la Corte, dijo: “Yo tomo la decisión, estando de licencia, básicamente en torno al antecedente Petracchi”. Y, sobre la función que tuvo Horacio Diez -quien ya concurrió a la comisión- Tailhade consultó: “¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio, y usted y su secretario no participaron?”.

“Es un informe, el Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que las del doctor Diez”, argumentó. 

Más adelante, Garavano remarcó que “nosotros (por Cambiemos) éramos una minoría muy débil en el Congreso en aquel momento”, y tras el caso Schiffrin recuerda “haber hablado con el senador (José) Mayans y (Miguel Ángel) Pichetto por la situación de muchas personas mayores de 75 años que venían a solicitar el acuerdo del Senado. El Senado tenía una posición bastante dura, se lo pueden preguntar a Mayans, respecto a los mayores de 75 de años en términos de renovar el mandato”.

“No recuerdo haberlo hablado con (José) Torello el caso Schiffrin y en el caso de (Fabián “Pepín” Rodríguez) Simón tampoco tengo claro si era asesor del presidente”, sostuvo y reconoció haberlo visto en la Casa Rosada “alguna vez”. “No tengo claro si era asesor, lo he visto algunas veces, varias veces, pero yo no le pregunto a la gente qué hace acá”, contestó. 

Pasada Semana Santa, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), reanudó este martes sus audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

A última hora se sumó entre los citados a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el marco de la causal que se aborda: el fallo 2×1. 

La dirigente de derechos humanos encabeza la nómina de los convocados, que sigue con el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garavano, y después los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

Garavano había sido citado para la última reunión, a la que no asistió por estar de viaje, pero aclarando que estaba dispuesto a ir ante una próxima convocatoria. No es el caso de otros citados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri. El primero está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y el segundo no asistió invocando sus fueros.

A pedido del oficialismo, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del FdT es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) opinó este lunes sobre las precandidaturas en el Frente de Todos y se mostró optimista de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda postularse: En ella depositamos la esperanza de recuperar la proyección a futuro”.

Además, la legisladora integrante de la Comisión de Juicio Político se refirió a la movilización del 13 de abril y expresó: “Haremos una movilización para recordar el comienzo de la agudización de esta persecución de la Corte contra CFK en 2016”.

Entrevistada en AM 530, la diputada expresó que “no se puede seguir permitiendo los discursos del odio”, y agregó: “Los discursos del odio siempre son dirigidos hacia Cristina Kirchner como el centro de todos los males de la sociedad”.

Así también, recordó que “hace un año hubo un intento de magnicidio y femicidio”, y que luego -desde algunos medios de comunicación- “cuestionaron su condición de madre”. “Tenemos problemas económicos y para llegar a fin de mes y la pobreza que vienen de la mano de problemas sociales, territoriales, y se incrementa la violencia y la inseguridad”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “lo económico, lo cultural y lo institucional trae aparejado problemas”. Así también, explicó que “el Congreso está en crisis por una oposición que no quiere votar leyes como la de alcohol cero impulsada por familiares de las víctimas”.

“Depositamos en CFK la esperanza de recuperar la proyección a futuro”, pero afirmó que la Justicia con la proscripción “atacan directamente a la esperanza de la gente”. Además, manifestó que “el comando que pretende hacer el Fondo Monetario Internacional es para digitar la gestión económica de nuestro país”.

Respecto a la movilización contra la Corte Suprema, Siley expresó: “Reivindicamos la historia de la lucha de nuestro pueblo porque no vamos a ceder en nuestro reclamo por una justicia democrática”.

En el cierre, habló de las precandidaturas en el Frente de Todos y advirtió que “no le parece bien” que un presidente vaya a PASO con sus ministros, pero aseguró que “el presidente dijo que quiere competir”.

Por último, sostuvo que “la proscripción daña la posibilidad de elegir libremente el pleno ejercicio de la democracia”, y cerró “¿Qué democracia queremos si no podemos elegir libremente?”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), reanudará sus audiencias con testigos el próximo martes 11 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Para ese día fue citado el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien por cuestiones de agenda no había concurrido el pasado 21 de marzo.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

A pedido del Frente de Todos, los exfuncionarios fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.

Además de Garavano fueron citados un conjunto de periodistas, que durante esa época relataron sobre el fallo. Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en la lista que se conoció, integrada por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

En la última reunión expusieron funcionarios de la vocalía de Rosenkrantz; María Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Gladys Cuervo, única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet, donde actúaba Muiña; y Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, quien pasó por ese mismo centro clandestino.