La UART expresó su preocupación ante el fallo del TSJ que establece la aplicación del índice Ripte para actualizar las indemnizaciones por accidentes laborales. Según Mara Bettiol, presidenta de la entidad, sin la puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense en la Ciudad de Buenos Aires, el fallo “resultaría impagable con las alícuotas vigentes”. Bettiol remarcó que la indexación mediante el Ripte, considerando el volumen de juicios en trámite, implicaría un impacto equivalente a casi dos patrimonios netos del sistema.

El fallo, dictado en el expediente "Boulanger Roberto Eduardo c/ Provincia ART", revierte la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había anulado la aplicación del Ripte. No obstante, la UART señaló que la reducción en los montos fijados por la CNAT es apenas del 10 por ciento, lo que no representa un alivio significativo para las aseguradoras.

La controversia se amplía con el antecedente de la Corte Suprema bonaerense, que en el caso Muzichuk declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19, el cual modificó la Ley de Riesgos del Trabajo y estableció el Ripte como mecanismo de ajuste. Aunque el Congreso no rechazó dicho decreto, su aplicación sigue generando tensiones judiciales.

La UART viene advirtiendo sobre el crecimiento exponencial de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. Para este año, se proyecta un récord de más de 130.000 nuevas demandas, a pesar de la reducción sostenida de accidentes laborales y fallecimientos, que descendieron un 55% y un 81% respectivamente. La entidad atribuye este fenómeno al descontrol en los peritajes y a montos indemnizatorios que considera abusivos.

La implementación de Cuerpos Médicos Forenses en las 18 jurisdicciones adheridas, tal como lo prevé la ley, es vista por la UART como una solución urgente para aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales. Sin este mecanismo, advierten, el sistema corre el riesgo de volverse financieramente inviable.

Volvió a convocarse en el Senado un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para continuar con el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La reunión está prevista para este miércoles a las 11 en el Salón Illia.

En una nueva ronda con especialistas, fueron invitados: María Eugenia Chapero, jueza de Cámara de la provincia de Santa Fe y presidenta de Red Mujeres para la Justicia; Eleonora Peliza, jueza del Tribunal de Trabajo N° 6 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús; Antonio María Hernández, abogado constitucionalista; Alberto Spota, abogado constitucionalista; y Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de la provincia de Corrientes.

Luego que -en un hecho histórico- la Cámara alta rechazara este año los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir las actuales vacantes en el máximo tribunal, el debate de los proyectos al respecto se inició a finales de mayo.

Más adelante, hubo otros dos plenarios, el 25 de junio y el 5 de agosto. En en el último encuentro se sumó al conjunto de iniciativas una presentada por la kirchnerista Juliana Di Tullio, que promueve que el máximo tribunal pase de 5 a 9 miembros.

Los proyectos sobre la mesa son de autoría de Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Precisamente, el proyecto de Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, se presentó posteriormente a la condena de la Corte contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Antes de esto, el kirchnerismo había deslizado que aceptaría el número de 7, propuesto por el salteño Romero, ubicado en las antípodas del kirchnerismo. Ahora, finalmente pujan por 9.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza no se manifestó ninguna postura y, hasta el momento, tampoco asistió ningún funcionario o voz oficial.

Por otra parte, a las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales en soledad tratará un conjunto de proyectos que buscan modificar la Ley 26.122, que es la que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial del Poder Ejecutivo.

El temario incluye proyectos presentados por Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (LPU), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate y Mariano Recalde (UP), y Fernando Salino (UP).

El año pasado, la oposición en la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen para modificar esta norma y limitar el uso de esta herramienta por parte del presidente. Sin embargo, nunca pudo ser llevado al recinto.

A 45 días de la última reunión, las comisiones de Asuntos Constitucionales junto a la de Justicia y Asuntos Penales del Senado mantuvieron un encuentro informativo para continuar con el debate por la ampliación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los tres expositores plantearon las modificaciones al máximo tribunal desde el funcionamiento, el número de integrantes y la paridad de género.

En el final de la reunión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, en su rol de titular de Asuntos Constitucionales -comisión cabecera-, anunció la continuación del debate para la próxima semana y propuso invitar a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional para aportar su visión respecto a la ampliación del máximo tribunal de justicia.

Según trascendió en las últimas horas, la propuesta del proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado del oficialismo, relacionada a ampliar la Corte Suprema a siete integrantes con la obligatoriedad de que dos sean mujeres, tendría el apoyo de la mayoría de bancadas de la Cámara alta.

Las exposiciones 

El primer invitado de la jornada fue Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista, quien recordó el origen de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Bartolomé Mitre en 1863, y parafraseó a Cristina Kirchner al mencionar que “estos debates se han caracterizado en el marco de importantes negociaciones, pero era un simple ‘toma y daca’”.

Luego de la presentación, el letrado afirmó que el espíritu de esta propuesta “es una asignatura pendiente del sistema democrático republicano en la Argentina”. Sin embargo, se desmarcó de la idea de que incorporar jueces en la Corte Suprema de Justicia le da celeridad a la resolución de fallos judiciales: “cuánto más miembros, más largo será el proceso”.

En el último tramo de su exposición, Armesto remarcó que “su función no es revisora, sino guardiana última de la Constitución Nacional”. Finalmente, opinó respecto a algunos proyectos que planteaban representación de todas las ramas del derecho y de las provincias, y cargó: “Para cumplir con la representación de las ramas del derecho tendríamos una Corte con 31 miembros o de 24 para representar a provincias y la Ciudad”.

Por último, Armesto reiteró que “tenemos que terminar con el ‘toma y daca’, necesitamos una justicia independiente”, y concluyó con una frase polémica: “Cuando la política entra a Tribunales, la Justicia sale por la ventana”.

El segundo expositor del plenario de comisiones fue Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires e invitado por Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. En primera instancia, señaló que “el legalismo hace crisis y los jueces de hoy no son los del Siglo XIX porque el de ahora debe resolver por el método de la interpretación”.

Lejos de oponerse a la ampliación de ministros del máximo tribunal de justicia, López Mesa consideró que “siete miembros es un número razonable”, pero aclaró que “cuando la causa tenga 4 firmas si es que se llega a 7 se deje de girar” porque “la funcionalidad de la Corte debe ser resguardada”. “Uno de los retos de la justicia argentina es acelerar el trámite de las causas”, remarcó.

En otro tramo del debate, López Mesa afirmó que “la Corte Suprema de Justicia debe ser un faro”, y añadió que “no puede funcionar en salas porque eso es gravosamente inconstitucional”. “Para ampliar debemos resignarnos a que la demora (en el tiempo de resolución) sea mayor”, reiteró en dos oportunidades.

Después de una intensa intervención, sintetizó su propuesta respecto a “pensar en (la creación) una Cámara de Casación Civil”, y cerró con una opinión sobre la Presidencia de la Corte: “Las presidencias de un año no sirven porque cada año vuelven a cambiar los criterios y, el hecho de cambiarla todos los años hace cambiar los criterios”.

Finalmente, Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, destacó que casi todos los proyectos puestos a consideración fueron presentados por mujeres y planteó una interesante observación respecto de la integración de jueces: “En 163 años hemos tenido vigente una regla que no pertenece al orden jurídico que es el proponer solamente a varones para la Corte”.

Después, añadió que “eso estaba justificado en 1862 porque las mujeres no accedían a las universidades”, y sumó: “En 163 años hemos tenido solo tres mujeres, una, paradójicamente, en un gobierno de facto y dos en gobiernos democráticos, las cuales dejaron un legado que hay que expandir”.

Por último, hizo una alusión vinculada al rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla en marzo pasado: “El Senado al no darle al acuerdo a las dos ultimas personas propuestas, habilitó esta discusión”, y concluyó: “Eso ha sido el comienzo de un camino que hay que derrumbar”.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará, tras el receso invernal, el debate en torno a los proyectos que proponen una ampliación de la Corte Suprema de Justicia, integrada hoy por 3 de sus 5 miembros.

La reunión fue convocada para el próximo martes 5 de agosto, a las 14.30, en el Salón Illia. Allí fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.

El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró en la primera reunión que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.

Días después de ese primer plenario, la Corte ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Dos semanas después, a finales de junio, en el segundo encuentro por este tema, el senador kirchnerista Oscar Parrilli cuestionó la "imparcialidad" de los magistrados que juzgaron a CFK.

En ese plenario asistieron especialistas, entre ellos el jurista Ricardo Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.

Sobre la mesa hay una decena de proyectos que buscan aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15. Además, se plantea establecer el cupo/la paridad de género y la representación federal.

Las iniciativas corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Precisamente, el proyecto de Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, fue el último en sumarse, posteriormente a la condena de la expresidenta.

El día que se conoció el fallo del máximo tribunal, desde la sede del PJ Nacional, Di Tullio y José Mayans -jefe del interbloque Unión por la Patria- revelaron que por mandato de la expresidenta avanzarían desde el Senado con la agenda social y también por la ampliación de la Corte a 7 miembros. Llamó la atención el número, misma cantidad propuesta por el senador salteño Juan Carlos Romero, férreo antikirchnerista.

Sin embargo, el 23 de junio pasado, Di Tullio ingresó un proyecto que plantea llevar a 9 miembros la composición de la Corte, la cual "deberá reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".

Además, "a efectos de asegurar la diversidad de género", el máximo tribunal no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género.

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria.

Invitado a exponer en la primera ronda de oradores para el debate sobre ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo este martes en el Senado: “Veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de los integrantes de la Corte Suprema”.

En el arranque, el exministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó estar de acuerdo con los proyectos que plantean el cupo de género y la representación federal, pero argumentó su posición contraria a incrementar el número de cortesanos porque “Argentina padece de una muy baja institucionalidad” y por la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.

“En todas las mediciones internacionales que miden la confianza en las instituciones, la de los argentinos es menor que en otros países de la región”, graficó y habló de encuestas que arrojan que un 80% de las personas “no tiene confianza en la Justicia”, mientras que un 75% “piensa que los jueces no son independientes; esto es gravísimo, porque la legitimación de los jueces se parte de su credibilidad”.

El exmagistrado que juzgó a la Juntas Militares aseguró que “si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente”.

En su exposición, Gil Lavedra expresó que “lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución”. “Ninguno de los proyectos trae la propuesta de la división en salas de la Corte. Y yo me enrolo en quienes piensan que la Corte no se puede dividir. El número de miembros de la Corte tiene que ser escaso”, continuó.

Más adelante, detalló que “a la Corte ingresan miles y miles de expedientes por año, más del 50% son previsionales porque el Estado no quiere cumplir las sentencias”. “La Corte en los últimos años ha resuelto alrededor de 7.008 expedientes por año, que se aplican a 24.000 casos. En 2023 y 2024 ha dictado 10 mil y 12 mil, récord histórico, pero el 85% son rechazos, son queja por recurso extraordinario denegado”, apuntó.

El jurista señaló que “es inadmisible que tengamos un tribunal compuesto exclusivamente por hombres”. “Me parecen bien todos los proyectos que contienen esto (por la paridad de género) y la representación federal”, asintió.

Sobre la designación de los jueces, Gil Lavedra reflexionó: “Yo sé que no es fácil conseguir dos tercios de votos. Los invito a reflexionar que se piense el consenso como un consenso de repartos, de loteo. Hay que tratar de bregar por un consenso por la no objeción, cuanto más intachables, incuestionables, puedan ser los candidatos, más fácil es conseguir los acuerdos”.

“Lo más beneficioso para todos, para el país, para los ciudadanos, los abogados y la política es que podamos tener una Corte Suprema independiente, imparcial, alejada de cualquier presión”, finalizó.

Al participar en un plenario de comisiones del Senado sobre el debate de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que “si se trata de forma aislada será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de funcionamiento de la Corte”.

“La integración de la Corte Suprema en cuanto a número y en cuanto a cualidades o calidades que deben representar sus miembros es un aspecto muy importante, pero debe englobarse en un debate más amplio, que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a reestructurar el funcionamiento integral de la Corte”, planteó.

En ese sentido, resaltó que “hoy, el máximo tribunal argentino está funcionando gracias a un conjunto de normas que vienen del siglo XIX, decretos-leyes de dictaduras militares del siglo XX y acordadas de la Corte que invaden la potestad del Poder Legislativo”.

Para Gil Domínguez, es necesario “una ley que se encargue de delinear aspectos jurisdiccionales de la Corte”, al tiempo de “establecer claramente que la Corte tiene que tener plazos, agenda, orden cronológico”.

“Tomando en cuenta el proceso histórico, el número de la Corte tendría que ser entre 9, 11 o 13 integrantes”, opinó y señaló que con un número mayor “tendría más relevancia la diversidad de géneros, que es una obligación que emerge de nuestra Constitución” y también de convenciones internacionales.

También tomaría relevancia la perspectiva federal y “la diversidad ideológica entendida desde lo político o doctrinaria”. “En esta aritmética estas variables tienen una posibilidad mayor de tener sustento, repercusión y garantía”, completó.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este martes el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un tema que marcha a fuego muy lento y sin impulso por parte del oficialismo, sino de un sector de la oposición dialoguista.

Por su parte, luego del fallo del máximo tribunal contra la expresidenta Cristina Kirchner, desde Unión por la Patria afirmaron estar de acuerdo en llevar la integración de cinco a siete miembros, con paridad de género y representación federal. El número no es un dato menor: esa cantidad propone el salteño Juan Carlos Romero, acérrimo anti-K y aliado del Gobierno.

Al encuentro de este martes asistieron reconocidos especialistas, pero, al momento de las preguntas, la reunión se cortó abruptamente y el kirchnerismo -que había estado presente, a diferencia de otras reuniones- quedó sin explayarse en críticas a la Corte.

El que llegó a preguntar antes que el encuentro se diera por finalizado, porque el Salón Illia debía usarse para otra comisión, fue Oscar Parrilli. El senador cercano a CFK le preguntó a Ricardo Gil Lavedra, actualmente presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sobre la “imparcialidad” y “apariencia de imparcialidad” que deben tener los jueces y si consideraba que la tuvieron los magistrados que condenaron a la exmandataria.

“Todos coincidimos en que necesitamos jueces independientes, imparciales y que tengan apariencia de imparciales”, expresó Parrilli para preguntarle al invitado si creía que hubo “imparcialidad razonable o apariencia de imparcialidad razonable, por ejemplo, en el juez Julián Ercolini”, el primero en juzgar la causa Vialidad, cuya esposa, María Julia Kenny, “trabajaba como asesora de prensa del ministro (Germán) Garavano” durante el gobierno de Cambiemos, cuando fue realizada la denuncia por Javier Iguacel.

Además, el legislador mencionó a “Rodrigo Giménez Uriburu, que fue juez y presidente del tribunal oral, y jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri”. También citó a “Diego Luciani, el fiscal estrella” y Jorge Gorini, juez del tribunal oral en primera instancia, que “tuvo 16 partidos de pádel con el presidente Macri en Olivos”.

“Gustavo Hornos tuvo siete reuniones con Macri antes de dictar los fallos contra Cristina Kirchner”, denunció y nombró al fiscal Sergio Mola, que “también jugaba al pádel en Olivos”.

Finalmente, Parrilli cuestionó el “fallo inédito en una semana” que mandó a prisión a CFK, firmado por los jueces de la Corte, de los cuales dos “fueron designados a dedo por Macri y aceptaron”, en alusión a cuando se los nombró por decreto a Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz, más allá que después tuvieron acuerdo del Senado.

Antes que Gil Lavedra pudiera responder, el senador Juan Carlos Romero manifestó: “Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Corte o la Justicia”. Y consideró que los invitados tenían que estar “liberados de tener que hacer un juzgamiento de cuestiones cotidianas”.

“La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare”, se quejó y admitió que “la culpa lo tenemos los políticos, de haber politizado las decisiones judiciales y haber judicializado cuestiones políticas”.

Para el legislador, hay que “salir de esta encerrona que tenemos de que no hay diálogo político hace 20 años”. “La traba que tenemos es política, incrementar o no el número de la Corte es también una cuestión política que no resuelve los temas jurídicos, resuelve la integración”, agregó.

Al contestarle a Parrilli, el exministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo: “No voy a opinar de un caso concreto, yo respeto las decisiones judiciales, este es nuestro Estado de Derecho, sin perjuicio que cualquiera pueda criticar las decisiones judiciales, pero hay que respetarlas”.

Por su parte, consideró que “no es posible que no se haya sancionado hasta el presente un código de ética” que “recoja los Principios de Bangalore”. “El proceso de relegitimación de la justicia pasa también por parte de los comportamientos de los jueces; los jueces tienen que tener un comportamiento intachable, ser juez no es un privilegio, es una restricción”, afirmó y señaló que “muchas veces los jueces actúan corporativamente”, algo que observó desde el Consejo de la Magistratura.

Las exposiciones

Antes de las exposiciones de los invitados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, manifestó que “el Senado no está haciendo otra cosa que retomar un tema que hace varios años comenzó a trabajar. Estos últimos 10 años se convocó cuatro veces a las comisiones”.

La cordobesa abogó por “poder definir por consenso la integración de la Corte Suprema para los próximos 20 años”. “Estoy de acuerdo que pueda ampliarse la Corte, es una decisión política que debemos definir aquí”, ratificó y volvió a pedir que se garantice “la presencia de las mujeres en la integración”.

En su alocución, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que más allá de la integración, se necesita una “ley orgánica” para la Corte. “Si se trata de forma aislada será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de funcionamiento de la Corte”, sostuvo.

Por su parte, el jurista Ricardo Gil Lavedra afirmó: “Veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de los integrantes de la Corte Suprema”. “Argentina padece de una muy baja institucionalidad”, señaló y resaltó la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, expresó: “No es el número de miembros de la Corte lo que interesa, sino es cómo se llenan las vacantes existentes. En los proyectos se trata el problema del género, o sea, lo tienen presente como condición para ocupar las vacantes acordando a las mujeres un cupo para llenarlas. Este es el punto relevante”.

“Con la Ley de Cupo se estableció para los partidos políticos la selección de mujeres para ingresar a cargos legislativos. Era del 30%, no había fundamentación. Así llegamos en 2012 a la Ley de Paridad que fue un progreso, es la que tiene el Congreso. Es el aporte que la lucha de miles de mujeres nos ha traído como resultado; es una lucha lerda, estamos en 2025 y aún se discute la presencia femenina en un órgano de decisión importante como la Corte Suprema”, enfatizó.

La abogada planteó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo una serie de recomendaciones como el número 33 en 2015 del acceso y la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión de la justicia. También la recomendación 40, que específicamente se refiere a la incorporación de la mujer en forma igualitaria en los órganos de decisión. “Estas recomendaciones son importantes para Argentina”, indicó y cerró: “¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la justicia? ¿En la Corte Suprema? Si en todos los tribunales del interior hay mujeres. Hablar de cupo para la integración en el Poder Judicial es volver atrás, es en contra del espíritu de la Constitución”.

A su turno, Alberto García Lema, convencional constituyente, apoyó la sanción de una ley y recordó la reforma constitucional de 1994. "Estoy de acuerdo en que es un tema constitucional la participación de las señoras juezas en la Corte Suprema", expresó y coincidió en la importancia de incorporar una mirada federal porque “una Corte de 7 o 9 miembros puede tener una representación regional de las provincias que equilibre las diferentes necesidades el territorio”.

“Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, el Senado haga todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio. Para que sea una pauta que quede resuelta y fundamental. Se necesita una reforma más integral de la Corte, es necesario, pero lo más necesario es poder complementar un número de miembros de la Corte”, cerró.

Por último, Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, manifestó la necesidad de garantizar una verdadera equidad de género en la composición de los máximos órganos judiciales del país. "La paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática", aseveró. Además, llamó a fortalecer una agenda de justicia con enfoque de género, tanto en la designación de jueces como en las políticas internas de los tribunales.

“Alguien dijo que la Corte de los nueve fue un desastre. Pero estamos hablando del número, no de la calidad. El número nos tendrá que ofrecer la posibilidad no solamente de la representatividad de los géneros de manera equitativa, sino la representación federal”, sumó la magistrada, quien cuestionó los tiempos que llevan algunas causas en el máximo tribunal del país y que no haya plazos para las resoluciones.

A casi un mes de la primera reunión informativa, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta volverán a reunirse este miércoles 25 de junio a las 11 para retomar el tratamiento de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con paridad de género en sus jueces. Actualmente, el máximo tribunal de justicia funciona con 3 de sus 5 integrantes.

Si bien el 28 de mayo se dio un debate tranquilo, esta reunión se realiza después de la ratificación de la Corte Suprema a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Horas antes de que el máximo tribunal falle en contra de la exmandataria, ella misma les pidió a los referentes del interbloque Unión por la Patria “trabajar por una Corte de siete miembros y con paridad de género”.

En medio de un Congreso aletargado, el Senado pondrá a consideración del plenario ocho iniciativas impulsadas por Silvia Sapag, Alejandra Vigo, Nora del Valle Giménez, Mónica Silva, Lucila Crexell, Flavio Fama y Juan Carlos Romero. Esta última, que propone siete miembros y que al menos dos sean mujeres, tiene el aval del oficialismo y, a priori, el visto bueno del interbloque que conduce José Mayans.

Así las cosas, el debate no es nuevo: cuando la Cámara alta tenía a Cristina Kirchner como titular, el interbloque del Frente de Todos se alzó con una media sanción -que después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados- por la cual se ampliaba la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros, impulsada entonces por el kirchnerismo.

Fue el 22 de septiembre de 2022, cuando con 36 votos positivos y 33 en contra, el proyecto, que originalmente proponía una integración de 25, obtuvo la media sanción del Senado, pero nunca fue tratado en la Cámara baja y perdió estado parlamentario.

Cabe recordar que durante el 2023, por impulso del entonces presidente Alberto Fernández, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados llevó a cabo el tratamiento de un pedio de juicio político en la comisión homónima contra los actuales miembros de la Corte Suprema por el que está vigente un dictamen acusatorio que nunca ha sido llevado al recinto.

Luego de la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García - Mansilla, el máximo tribunal de justicia tiene como ministros a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió dar lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La misma se hará efectiva en el departamento ubicado en San José 1111 en Constitución.

Al quedar sin efecto la citación de CFK en Comodoro Py, la mesa chica del Partido Justicialista, en reunión con los gobernadores -entre ellos Axel Kicillof-, ratificó la idea de movilizarse: Será a las 14 de este miércoles en Plaza de Mayo. De esta manera, el Partido Justicialista reorganizó este martes la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, bajo la consigna de rechazar la “proscripción” de la ex presidenta.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó la convocatoria y anticipó que se realizará un acto político frente a la Casa Rosada. “Cristina es inocente y el país atraviesa un momento muy difícil. Nos manifestaremos pacíficamente”, expresó.

La decisión de centralizar la protesta en Plaza de Mayo fue tomada luego de que el Tribunal Oral Federal 2 suspendiera la citación a Comodoro Py y autorizara el cumplimiento de la pena en el domicilio de la ex mandataria, en el barrio de Constitución.

En la sede del PJ se reunieron gobernadores como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, junto a dirigentes como José Mayans, Germán Martínez, Eduardo Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti. También participaron referentes del Movimiento Derecho al Futuro, que movilizarán con una columna propia encabezada por Kicillof.

A través de X, diferentes legisladores de Unión por la Patria convocaron a la militancia para estar presentes en Plaza de Mayo. La totalidad de los miembros de las bancadas en las dos cámaras, organizaciones de derechos humanos y dirigentes confirmaron presencia.

Mañana más que nunca nos vemos en Plaza de Mayo! https://t.co/DTuHY5zO2i

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 17, 2025

La resolución de la prisión domiciliaria

Pasado el mediodía de este martes, Cristina Kirchner fue notificada de la resolución del Tribunal en relación al pedido de "prisión domiciliaria". No obstante, la prisión efectiva ya se encuentra en curso ya que la expresidenta se encuentra en su departamento de la calle San José desde antes de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, la resolución judicial advirtió que la exmandataria "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Desde que se conoció el fallo, cientos de militantes han acaparado la intersección de las calles donde reside la presidenta del PJ.

La Justicia, también dispuso, de un plazo de 48 horas para que Cristina Kirchner presente la nómina de personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representen, quienes podrán acceder a la vivienda sin autorización judicial. Cualquier persona que no integre esta lista deberá tramitar la autorización judicial.

En otro punto, encomienda a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico, conocido como "tobillera".

Finalmente, quedó sin efecto la citación para este miércoles 18 de junio respecto a presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

A dos días del fallo del máximo tribunal de justicia por la Causa Vialidad, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto para repudiar la “proscripción política de Cristina Kirchner” y ratificaron “la inocencia” de la exmandataria. El texto tiene las firmas de todos los integrantes de la bancada.

Asimismo, se refirieron al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK de ser un “atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”.

📄 • EXPRESAMOS NUESTRO MÁS PROFUNDO REPUDIO A LA PROSCRIPCIÓN POLÍTICA DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y RATIFICAMOS SU INOCENCIA.

⬇️ pic.twitter.com/t2MJ4Qk8RS

— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 12, 2025

“La sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado como pocas veces se ha visto en la Argentina, que manifiestan la clara intención persecutoria contra la líder más importante de la oposición al actual Gobierno nacional”, señalaron en los fundamentos del proyecto presentado.

Luego enumeraron una serie de aspectos que consideraron de ser irregulares en el marco de la causa: “Se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces imparciales e independientes; se vulneró el principio acusatorio porque los jueces incorporaron prueba que no había planteado la fiscalía; y se condenó a la expresidenta por una conducta por la cual no fue indagada ni procesada en el supuesto plan ‘limpiar todo’ en la que se incluyó material proveniente de otra causa”.

También, agregaron que “se vulneró el derecho a la defensa a negarse a realizar pericias exhaustivas solicitadas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena; no se pudo probar la cartelización ni el sobreprecio; y se le imputan a Cristina delitos que no pudo haber cometido como presidenta de la Nación”.

En el final, recordaron el nombramiento en comisión de dos de los ministros de la Corte por Mauricio Macri y cerraron que “todas las fuerzas democráticas deben manifestarse en repudio y exigir la plena vigencia del sistema representativo, republicano y federal”.

Ni fusilamiento, ni proscripción. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alimenta su relato todos los días con palabras y expresiones de victimización para la tribuna. Esperar un sinceramiento de su parte, una admisión de culpa frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es una pérdida de tiempo.

No se siente ni se sentirá culpable, jamás. Y así lo creen quienes todavía la siguen ciegamente, los mismos que repiten convencidos que se ha cometido una injusticia porque ella nunca robó. No importa que se trate de los 85 mil millones de dólares que deberá devolver el grupo que organizó su marido, Néstor Kirchner, desde el primer día que asumió en 2003, y que ella mantuvo vigente hasta fines del 2015.

Es la misma Cristina de siempre, la que sostiene el mismo temperamento, la que da los discursos con el mismo tono de campaña en toda oportunidad. Quiere ser Perón, pero no le da el cuero. Perón fue un exiliado, su partido fue proscripto en el país desde 1955 hasta 1973, durante años se prohibieron sus libros, sus mensajes, sus candidatos por cuestiones políticas. Pese a todo, Perón condujo a su movimiento justicialista desde 18.000 kilómetros de distancia condenando la violencia militar recurrente y sus ilegítimas tomas del poder. A Perón nunca lo condenó la justicia por corrupción, no hubo motivos.

El fallo histórico de la Corte Suprema del martes 10 de junio apareció en el momento justo, para darle un alivio a la sociedad y demostrarle que la justicia puede funcionar, incluso hasta en un año electoral. Fue un golpe severo para la líder del sector kirchnerista desmembrado del justicialismo. A CFK no se le movió un pelo, habló como si nada pasara, como si el fallo no hubiera existido. Siguió arengando como siempre lo hace. Patético.

“Fusilada en vida”. ¿Qué significa esa frase? Ni las metáforas tienen el efecto de otros tiempos. “Proscripta, es la segunda dirigente política proscripta junto con Perón”, atinó a declarar el exgobernador bonaerense Felipe Solá para defenderla, y a la vez condenar el fallo judicial por presuntas irregularidades.

Que un seguidor kirchnerista del tercer cordón bonaerense repita el verso de que la justicia falló mal y “Cristina es inocente” es creíble, pero que un dirigente nacional apunte contra los argumentos y la infinidad de pruebas acumuladas en 17 años, no se sostiene.

Sí, es cierto que en la línea argumentativa falta un dato importante: Cristina va presa por culpa de su marido muerto. Quien organizó el sistema de corrupción más espeluznante de la historia argentina fue Néstor Kirchner, desde el primer día de su gobierno. El entramado perdía flecos por todos lados, incluyendo la vía de la ex amante de Néstor Kirchner que oficiaba de secretaria y veía pasar los bolsos con dinero frente a sus narices: Miriam Quiroga. Ella fue una de las primeras en contar los chistes dentro de la presidencia acerca de cuánto pesaba cada bolso y a cuantos dólares o euros equivalían. Leonardo Fariña también lo hizo y reveló cómo funcionaba el sistema, cuyas piezas principales fueron el presidente de la nación, Lázaro Báez y Daniel Muñoz, secretario del mandatario.

Fariña se convirtió en un arrepentido que habló mucho. Miriam Quiroga no ligó ni un miserable departamento por su lealtad a Néstor. Mal pagador. Ella también habló mucho.

Muy probablemente, en la primera etapa, Cristina Fernández no haya estado al tanto de lo que hacía su marido, pero los cuadernos en los que llevaba las anotaciones, cual almacenero de barrio, se los entregó su propio hijo Máximo Kirchner, al asumir la segunda presidencia. Pudo ser, tal vez en una historia de novela, que Cristina fuera sorprendida por estas sofisticadas maniobras. Sin embargo, en vez de desarticular el entramado, dejó que siguiera su curso hasta octubre de 2015, cuando tras perder las elecciones presidenciales frente a Mauricio Macri, “bajó el plan Limpiar todo”.

Tarde piaste, decían mis abuelos, ya no era una bella criatura ignorante de los enjuagues de su marido de los cuales vivió opulentamente sin hacer una sola pregunta, corta y precisa: ¿de dónde sale esta plata? A Lázaro Báez lo detestaba, siempre lo despreció, pero ante las circunstancias tuvo que aceptar la sociedad que los hermanó hasta el final. Lázaro es el único que sabe qué se compró, qué se lavó, que se llevó al extranjero, cuanto fue en total el monto de tamaña operación de defraudación al Estado. Si ahora tienen que devolver 85 mil millones de dólares, cabe preguntar: ¿de dónde van a sacar la plata?

Las tierras compradas en el sur es probable que puedan recuperarse sí, como se dice, equivalen a 20 capitales porteñas y figuran en los catastros. El plan de reinvertir el dinero obtenido para las obras públicas en terrenos australes lleva, inevitablemente, a otra ambición más desmedida aún: independizar la Patagonia y erigirse como presidente, o cacique, de su propia tierra. Suena delirante, Néstor era así de delirante, apasionado por las posesiones. Y si de paso podía ejercer el máximo poder político del país, qué más se puede pedir. Apostaba a todo, jugaba fuerte.

Ahora, su viuda tiene que pagar. Ya no importa si sabía o no, luego lo supo y mantuvo el esquema de corrupción, no limpió nada. Por el momento debe cumplir una condena de seis años, hasta que aparezcan los fallos de otros juicios: el de Hotesur y Los Sauces, el de los cuadernos de la corrupción, el del Memorándum que firmó con Irán, el de la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros.

No parece un buen final de vida el de Cristina Fernández. Con o sin liderazgo.

Después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para repudiar la decisión del máximo tribunal. Además, hace un llamado para que los organismos internacionales se expidan sobre el caso.

Al igual que los demás integrantes del bloque de Unión por la Patria, la legisladora catalogó al fallo como proscripción, y reiteró que “la condena merece un enérgico repudio legislativo, fundamentado en las graves inconsistencias e irregularidades procesales que han caracterizado este expediente desde sus inicios”.

“Los antecedentes, pruebas documentales, informes técnicos y peritajes que demuestran esta vulneración del debido proceso, el uso del Poder Judicial como herramienta política y la parcialidad manifiesta de sectores del poder mediático y económico contra Cristina Fernández de Kirchner”, explicó en los fundamentos, donde solicita que los tribunales internacionales tomen el caso.

Del mismo modo, cuestionó: “Es una decisión carente de pruebas concluyentes y rodeada de vicios procesales, que no solo afecta los derechos individuales de una dirigente política -quien fuera electa dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora y diputada nacional, entre otros cargos-, sino que también vulnera principios fundamentales del sistema democrático al condicionar la voluntad popular mediante la eliminación arbitraria de figuras representativas del movimiento nacional y popular”.

PROYECTO DE DECLARACION REPUDIO CONDENA CFK Y PEDIDO MULTILATERALES (11-6-2025)

Rápidamente las redes sociales se llenaron de repercusiones este martes por la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien irá presa por la causa de corrupción "Vialidad". Desde el lado de Unión por la Patria hubo un contundente rechazo, con críticas a la justicia y denuncias de "persecución" y "proscripción".

"La Corte más degradada de la historia ratifica el fallo en una causa armada por los jueces, fiscales y camaristas que viajaban a Lago Escondido con Clarín y jugaban al fútbol, al paddle o almorzaban a escondidas con Macri", enfatizó el diputado Martín Soria. "NO ES JUSTICIA, ES PERSECUCIÓN Y PROSCRIPCIÓN", aseguró el exministro de Justicia.

Por su parte, la diputada Julia Strada compartió una foto de los jueces Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti junto al texto: "Brazo ejecutor del poder económico. Como los milicos. Adonde vayan los iremos a buscar".

"El Partido Judicial acaba de cargarse la democracia argentina. Todos a las calles, vamos a defender a Cristina donde sea porque Cristina es Pueblo. Salí a la calle, la Patria te necesita", exclamó la diputada Mónica Macha.

En tanto, el senador Sergio "Oso" Leavy consideró que "el fallo de la Corte Suprema es una declaración de guerra a la Democracia. Es un fallo absolutamente proscriptivo contra @CFKArgentina y que le pone un cerco a la voluntad popular".

"Desde el comienzo, el transcurso de esta causa vulneró principios y garantías procesales básicas. Por eso nos queda claro que el Estado de Derecho ha muerto. La Justicia debe ser un poder independiente y no un poder atento a los cronogramas electorales y a las presiones del poder económico concentrado", señaló.

El salteño completó: "Será el pueblo quien, indefectiblemente, ponga en el lugar de la historia que merecen a los tres jueces de Corte que eligieron intereses corporativos por sobre la república".

"El rechazo de la Corte Suprema al recurso de queja presentado por la defensa de @CFKArgentina, en la Causa Vialidad, no sólo consolida una condena injusta, sino que representa un ataque directo a la democracia y al pueblo argentino", sostuvo la diputada Victoria Tolosa Paz, quien opinó que "estamos ante una situación de extrema gravedad institucional: una causa armada, sin sustento jurídico, con resoluciones anticipadas en los medios, plagada de irregularidades y con jueces y fiscales que jamás ocultaron su alineamiento político y su odio visceral al peronismo".

La exministra de Desarrollo Social afirmó que "no hay democracia plena cuando hay proscripción, y no hay justicia cuando se usa el poder judicial para perseguir a una mujer que transformó la Argentina".

"Hoy es Cristina, mañana puede ser cualquier dirigente que se anime a defender los intereses del pueblo trabajador", advirtió y reclamó: "Basta de persecución. Basta de odio a la justicia social. Basta de judicializar la política para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los poderes concentrados". "Los y las peronistas estamos acá. Firmes, organizados, movilizados. Porque no nos han vencido. Y no nos van a vencer", concluyó.

Por su parte, el diputado Santiago Cafiero expresó que "la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que operan en y fuera de Argentina. Tenemos que velar por nuestra democracia, ante el avance de las derechas antidemocráticas que buscan dividir al pueblo y estafar a la sociedad".

"La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia. No puede haber ningún tipo de proscripción. Las diferencias políticas siempre deben definirse en las urnas", reflexionó el diputado Daniel Arroyo.

La diputada Liliana Paponet manifestó que "el rechazo del recurso de queja no es justicia: es persecución. Una vez más, el partido judicial actúa como brazo ejecutor de los poderes fácticos. No buscan verdad ni justicia, buscan disciplinar. Es un ataque a la democracia y a la voluntad popular. Duele!".

También hubo repudio al fallo desde el Frente de Izquierda. "Todo nuestro repudio a la proscripción de CFK dictada por la Corte", dijo Nicolás del Caño, mientras que su par Christian Castillo publicó: "Todo el repudio a la resolución proscriptiva de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner".

En un fallo histórico y trascendental, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien irá a prisión por seis años y además queda inhabilitada de manera "perpetua" para ejercer cargos públicos.

Luego de horas en las que la tensión fue en aumento, el máximo tribunal resolvió dar a conocer su decisión en la tarde de este martes: fue por unanimidad, con la firma de los tres integrantes de la Corte, Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Al rechazar el recurso de queja presentado por CFK, los jueces avalaron la sentencia que el Tribunal Oral Federal N°2 resolvió el 6 de diciembre de 2022, cuando condenó a la entonces vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública, en el marco de la causa por corrupción en la obra pública denominada "Vialidad".

En agosto de ese año, el fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión para CFK y también la había acusado por el delito de asociación ilícita, por el cual finalmente fue absuelta en el veredicto.

En tanto, el 13 de noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos) confirmaron la sentencia. En su voto, Hornos consideró que el delito de asociación ilícita también debía aplicarse.

En sus últimas apariciones antes de conocerse el fallo, la actual presidenta del Partido Justicialista Nacional adjudicó el aceleramiento de la resolución de la Corte al anuncio que había hecho el pasado 2 de junio sobre presentarse como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral.

Bajo el concepto de la proscripción y "lawfare", que desde el kirchnerismo denunciaron constantemente al referirse a las causas contra la expresidenta, CFK manifestó: "Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo". En tanto, este lunes, durante el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, las dos veces presidenta de la Nación afirmó que "estar presa es un certificado de dignidad".

Con 72 años de edad, se espera que la defensa de la exmandataria pida el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el rechazo al recurso extraordinario, los jueces señalaron: "Analizadas las actuaciones, esta Corte considera que no se ha acreditado la existencia de arbitrariedad en el razonamiento del tribunal de mérito, ni se ha configurado lesión constitucional manifiesta que amerite la intervención correctiva de esta instancia excepcional".

"La sentencia condenatoria se encuentra fundada en elementos probatorios suficientes, ponderados conforme las reglas de la sana crítica racional, y que los jueces del Tribunal Oral respetaron los principios del proceso penal acusatorio, sin incurrir en exceso jurisdiccional ni apartamiento palmario de la ley", agregaron.

Y sostuvieron que "el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial no se ha visto conculcado por la participación de jueces cuya intervención fue oportunamente consentida y no objetada en tiempo y forma".

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía -sostenido por el procurador General, Eduardo Casal- para duplicar la condena de CFK, al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Rossatti y Rosenkrantz firmaron un voto conjunto, donde rechazaron los argumentos de la defensa de la expresidenta a través del recurso de queja. Luego, Lorenzetti se sumó a ese voto.

En los argumentos del fallo de 27 páginas, los cortesanos afirmaron que "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida -valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación)- y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley".

"Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación (art. 174, último párrafo, del Código Penal, texto según ley 25.602)", sumaron.

Cristina Kirchner se convirtió este martes en la segunda presidenta desde el retorno de la democracia en ser condenada por la Justicia, aunque la primera con sentencia confirmada de la Corte Suprema. El otro fue Carlos Saúl Menem, sobre quien el máximo tribunal nunca resolvió y falleció con fueros siendo senador nacional.

Tras el fallo, CFK habló desde la sede del PJ, donde esperó la decisión rodeada de dirigentes y militantes. Más temprano había estado reunida con los senadores nacionales de Unión por la Patria.

Acompañada por su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y su cuñada, la senadora Alicia Kirchner, la expresidenta cuestionó al Gobierno nacional y la Justicia. "El Partido Judicial le aplicó un cepo al voto popular", denunció y habló de "un triunvirato que ejecuta órdenes superiores". También llamó a los jueces "monigotes" e "impresentables".

La denuncia original de la causa Vialidad se inició en 2008 con las presentaciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuando CFK era presidenta.

La investigación se basó en demostrar si el empresario santacruceño Lázaro Báez había sido beneficiado -durante los gobiernos K, de 2003 a 2015- con contratos millonarios, a través de la adjudicación de obras viales que no se concluyeron en su totalidad.

Por eso, además de la exmandataria, el TOF 2 también condenó a Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años); entre otros.

Tras la reunión que el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner, la legisladora Juliana Di Tullio advirtió: "Si el fallo se confirma, este va a dejar de ser el país que conocimos".

En relación a la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa Vialidad, la bonaerense acusó a los medios de ser "los autores de este fallo" que "ya está escrito hace muchos años". "Es una vergüenza, un escándalo, han terminado con el Estado de Derecho", denunció.

Para la senadora, "lo que están por hacer es una herida muy grande para la Argentina, nuestro país va a sufrir muchísimo, van a meter presa a una expresidenta que durante ocho años le cambió la vida a este país. Hay millones de argentinos y argentinas que la aman".

Di Tullio expresó que "el poder político ha entregado al Poder Judicial, pero en realidad al poder económico, el destino de esta Patria. Todo el pueblo argentino va a estar a merced del poder económico".

"Hoy debería ser un día de luto", agregó en declaraciones a la prensa en las afueras de la sede del PJ. Y rechazó: "En pleno proceso electoral van a proscribir a la candidata más importante que tiene el país".

Sobre el encuentro con la titular del PJ Nacional, la legisladora contó que les pidió que estén "al lado de la gente, al lado de los problemas de la gente, que le pongamos el cuerpo, que sigamos teniendo responsabilidad institucional y estemos a la altura de las circunstancias".

Además, sobre la reacción que podría haber, manifestó: "El PJ a nivel nacional es el que organiza las acciones a seguir y lo hace con los partidos provinciales, con los PJ provinciales, con el resto de los partidos que forman parte de nuestro frente, que es un frente muy amplio. También con los gobernadores e intendentes. En este momento hay una reunión con los presidentes de los partidos locales. En estos momentos estamos viendo cuáles son las acciones que las provincias están planteando para hacer en cada uno de los territorios".

Por su parte, el jefe del interbloque UP, José Mayans, reveló que a la expresidenta "no le asusta esto" y "está muy tranquila".

"Hay un programa económico que se cae a pedazos. El Gobierno está llevando los niveles de endeudamiento a los que Argentina no va a poder cumplir. (Mauricio) Macri nos entregó el gobierno con 100 mil millones de dólares más. Este Gobierno ya está por encima de los 100 mil millones de dólares y ahora están tomando deuda por dólares con 30% de intereses, lo cual es absolutamente ruinoso para el país. Y la respuesta a esto es que la quieren meter presa a Cristina en un juicio que está viciado de nulidad", señaló el formoseño.

En ese sentido, sumó que "tienen miedo que Cristina arrase en la provincia de Buenos Aires", donde había anunciado su candidatura como legisladora por la tercera sección.

Mayans comentó que además conversaron sobre apoyar los proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados sobre jubilaciones y discapacidad y anunció, sobre uno de los debates en comisiones del Senado: "Vamos a trabajar para tener una Corte de siete miembros y con paridad de género".

También desde la puerta del PJ Nacional, el senador Mariano Recalde alertó que si hay un fallo adverso "va a haber quilombo". "Nosotros vamos a defender la libertad y la inocencia de Cristina. La gente está con mucha bronca, está caliente por todo lo que pasa todos los días con la economía, que le peguen a los jubilados. La verdad que la gente está caliente y si encima la meten presa a Cristina, va a haber quilombo", pronosticó.

Ante la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner encabezó un encuentro con el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Matheu 130.

El encuentro comenzó pasado el mediodía de este martes y duró más de una hora. Del mismo se había conocido el día anterior, cuando se informó que se encontrarían para analizar los proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados -sobre jubilaciones y discapacidad- y el endeudamiento tomado por el Gobierno nacional.

En la cabecera de la mesa escoltaron a CFK el jefe del interbloque y presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, y la titular de la bancada Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

Con el correr de las horas, la reunión tomó mayor relevancia, dado que a las 16 de este martes se espera que el máximo tribunal resuelva en torno a la sentencia que le fue dictada a la dos veces expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La militancia se declaró en "estado de alerta y movilización", mientras que desde este lunes, día en que CFK habló en la sede del PJ en el marco del aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, se dieron cita en el edificio de Matheu intendentes, legisladores y dirigentes peronistas.

Además, varios gremios convocaron a una reunión de "urgencia" que iba a llevarse a cabo en la sede de SMATA, pero finalmente se trasladará al PJ, para las 16, misma hora que se espera una reunión clave de la Corte Suprema.

Apoyo de la CGT

Bajo el título "La democracia está en peligro", la Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó a la expresidenta. "Cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas, no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación. Nos referimos a causas en las que se observan serias irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa".

“De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. Es un procedimiento que ya se ha utilizado en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero (Inácio) ‘Lula’ Da Silva en Brasil”, señalaron.

Asimismo, los miembros de la central obrera sostuvieron que “es la voluntad popular” la que debe ser “resguardada”, ya que solo los ciudadanos son quienes deben decidir, “a través de elecciones libres”, quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes” porque es “un acto de soberanía constitucional”.

Por estos motivos, expresaron “profundo repudio a la embestida mediática y política” y le exigieron responsabilidad al Poder Judicial para que actúe “con la integridad que la ley exige y la sociedad le reclama”.

“Sin lugar a dudas, la persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”, concluyeron.

Mientras se aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de la expresidenta en la causa Vialidad, el senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli opinó que “lo que intentan con esta locura que tienen contra Cristina Kirchner, por el odio y el miedo que le tienen, es llevarse puesta la democracia que recuperamos en el ‘83”.

El dirigente cercano a la presidenta del PJ calificó a los jueces del máximo tribunal como “títeres y monigotes” que “son una fiel guardia pretoriana del poder económico de la Argentina, a los que le han dado la orden de meterla presa a Cristina y sacarla de la carrera electoral”.

Además, en declaraciones radiales, denunció una “complicidad del Gobierno” y enfatizó: “No tengo dudas de que (Javier) Milei está atrás de esta maniobra porque le tienen miedo, no quieren que se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires”.

“Estos monigotes van a ser responsables de algo que es como un golpe militar”, insistió el legislador y señaló que a CFK “no es el Poder Judicial” el que la juzgó, sino “un grupo de personajes enquistados, designados por (el expresidente Mauricio) Macri, que manejan la Justicia”.

Sobre esto, Parrilli amplió: “Son quienes viajaban en los vuelos que les pagaba (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto para ir a Lago Escondido; son los que jugaban al pádel en Olivos con Macri, todos iban a jugar al fútbol a la quinta Los Abrojos y visitaban a Macri en la Casa Rosada”.

Finalmente, el senador afirmó que, en caso que la Corte confirme la sentencia, “vamos a salir a la calle” en protesta y pronosticó que habrá “una reacción de la militancia, de una gran parte de la sociedad argentina y también a nivel internacional”.

Ante una inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau opinó que "la Corte todavía está a tiempo de darse cuenta que no puede ser promotora de una tragedia social por este deseo de venganza de los grupos económicos y mediáticos".

En caso que el máximo tribunal confirme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el legislador anticipó que habrá "acciones internacionales". "No vamos a dejar pasar la proscripción así no más. Tenemos experiencias trágicas de lo que significaron las proscripciones en el país".

"La idea es construir una gran multisectorial en defensa de la democracia, porque donde hay proscripción no hay más democracia", dijo consultado en radio Futurock sobre la reunión convocada de "urgencia" en el Instituto Patria.

En ese sentido, Moreau afirmó: "Tenemos que dar una respuesta política a lo que es una decisión política. No se trata de una decisión jurídica. Es una decisión política como lo intentó hacer esta Corte con el fallo 2x1 y recibió un repudio masivo en las calles de la sociedad".

El diputado observó que "todo recurso extraordinario en queja en la Corte no ha durado menos de dos años", mientras que "este sería el más rápido de la historia argentina, porque apenas tiene un mes y medio; eso demuestra que hay una decisión política y además lo demuestra la presión mediática".

Además, el radical K consideró que el juicio por Vialidad tuvo "infinidad de irregularidades" y "fue un mamarracho, donde no se presentó una sola prueba contra Cristina".

"Quieren sacar un fallo rápido, desesperado, para impedir que Cristina sea candidata, porque es la demanda del círculo rojo, de los lobos de Wall Street, de (Mauricio) Macri, de (Héctor) Magnetto y hasta los genocidas que están esperando venganza", continuó.

Ante la posibilidad de que la condena sea confirmada, estimó "respuestas de todo tipo, movilizaciones, actos y marchas, denuncias internacionales que ya se están materializando". "Ya hay comunicación con Lula (da Silva)", reveló sobre el presidente de Brasil, que en 2018 fue encarcelado por una causa de corrupción que luego fue anulada.

"Se va a hacer todo lo que en el marco de la legalidad haya que hacer para repudiar este eventual fallo. Todavía me queda un poquito de esperanza de que la Corte no se deje usar", completó.

En el arranque una semana clave sobre el futuro judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, la diputada nacional Paula Oliveto consideró que "la Corte tiene que fallar tranquila y respetarse lo que diga". Además, afirmó que "por su jurisprudencia, va a confirmar la sentencia" de la titular del PJ en la causa Vialidad.

En ese sentido, la legisladora de la Coalición Cívica recordó que "todos los planteos de nulidad por inconstitucionalidad que planteó Cristina Kirchner a lo largo de estos años fueron rechazados. No es la primera vez que la Corte tiene este expediente".

Además, la porteña rechazó que "los jueces de la Corte se puedan sentir presionados por diputados cuando le han hecho de todo, hasta juicio político". "Es una vergüenza que diputados y senadores usen los cargos de representación para defender a una persona de una condena", agregó sobre el "estado de alerta" en el que se declararon dirigentes peronistas y kirchneristas.

"Es una causa de muchos años y necesitamos justicia; para un lado o el otro, que se decida", expresó Oliveto y señaló que "se especula que la Corte aplicaría el (artículo) 280" del Código Procesal Civil y Comercial, con el cual "no termina de estudiar el fondo y da por firme la sentencia de Casación". "Tiene cierta verosimilitud pensar que va a aplicar el 280, porque ha tenido muchas intervenciones en este expediente", dijo sobre el máximo tribunal.

En declaraciones a radio Continental, la dirigente "lilita" recordó: "Nosotros cuando denunciamos en 2008 hubiéramos querido que este proceso fuera más corto y se pudiera recuperar parte de lo que se robó".

"Si hay sentencia firme puede ir hasta a la Meca a marchar, pero no va a revertir la situación. La Corte en la República tiene la última palabra y punto. Podés ir a la Corte Interamericana y donde quieras, pero no creo que se revierta", resaltó y pronosticó que "lo mismo va a pasar con Hotesur y Los Sauces, donde las pruebas son muy fuertes".

Luego del histórico rechazo a dos pliegos de jueces de la Corte Suprema, un plenario de comisiones del Senado comenzó este miércoles con el debate de una serie de proyectos que plantean una ampliación de los miembros del máximo tribunal, actualmente compuesto por 3 de sus 5 integrantes.

La discusión estuvo motorizada desde el interbloque Provincias Unidas, con la cordobesa Alejandra Vigo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con el salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, sumando una iniciativa en los últimos días.

El tema no es nuevo: durante el gobierno del Frente de Todos se aprobó una media sanción -que después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados- por la cual se ampliaba la Corte a 15 miembros, impulsada entonces por el kirchnerismo.

Tras la derrota en el Senado con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla (que había jurado y luego renunció), el gobierno de Javier Milei decidió no enviar en lo que resta del año otras propuestas para completar el máximo tribunal. Tales nombramientos requieren de los dos tercios de los votos.

Durante la reunión, desde La Libertad Avanza tomó la palabra el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El senador pidió “escuchar todas las voces” y traer expertos. Fue en la misma línea que lo expuesto por Vigo, quien arrancó aclarando que la reunión sería informativa y las próximas también.

La cordobesa sostuvo que se trata de “un tema que es sumamente importante” y, por eso, se tomarán “el tiempo” para analizar los ocho proyectos en carpeta, con invitados -entre ellos del Poder Ejecutivo-, y “debatir todo el tiempo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”.

Con matices, las distintas iniciativas buscan aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15. Además, se plantea establecer el cupo/la paridad de género y la representación federal.

Los proyectos corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN).

Al hacer uso de la palabra, Romero consideró que “el hecho que haya ocho proyectos implica la importancia del tema” sobre el cual “debería surgir un consenso que permita tener un dictamen”. “Este no es un proyecto jurídico, sino político”, aseveró y apuntó que, por lo tanto, “requiere del diálogo y del consenso”.

El salteño lamentó que “tengamos sin cubrir hace más de una década el procurador general” y “cientos de cargos que están pendientes”. “Necesitamos que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la Justicia”, expresó y admitió que “el hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”.

El legislador del interbloque Las Provincias Unidas reivindicó que “la Constitución en el ‘94 agravó muchas designaciones, exigiendo los dos tercios”, pero “en esa década había partidos políticos fuertes y sólidos, que lograron acuerdos para alcanzar esa reforma”. “Hoy, después de dos décadas de grieta y fracaso de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, observó.

En su alocución, Romero se refirió al “riesgo de vivir con conjueces tomando decisiones”, lo que hace que aumente “la dilación de la resolución” y “lo más grave” -opinó- es que “al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”.  “Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, argumentó.

Finalmente, el senador aliado del oficialismo advirtió que “de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, cerró.

Por su parte, el senador radical Pablo Blanco manifestó: “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”.

“Es importante que tengamos Auditoría General de la Nación, que hace 30 días está vacante y es una vergüenza que un Gobierno que se dice defensor de las auditorías no facilite la discusión para el cumplimiento de la ley. Pero es mucho más importante discutir la problemática que está teniendo la gente con discapacidad, con los créditos UVA…”, remarcó.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, coincidió con Romero en que “esta es una discusión del sector político”. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90% no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”, dijo.

El formoseño cargó luego contra los jueces de la Corte, de quien consideró que “no están a la altura de las circunstancias” y cometen “una violación permanente de la Constitución Nacional”. En esa línea, recordó que “el Consejo de la Magistratura está basado en una ley que está derogada. La Corte declaró inconstitucional la ley y puso en vigencia una que estaba derogada”.

“Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, disparó y señaló que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales. Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado”.

Mayans aseguró que desde su bloque están “dispuestos a un diálogo institucional” y “a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, pero subrayó: “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”.

“Me cuesta creer cuando escuchamos que hoy está todo mal y nadie se hace cargo de todo lo que viene pasando”, reclamó el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, quien recordó que en cuanto a la designación de jueces, el peronismo “manejaba las decisiones de este Senado desde el ‘83 hasta hace dos años”. En ese sentido, criticó que “las instituciones sean buenas si están de acuerdo con lo que pienso y si no las empiezo a mancillar con denuncias”. “La sociedad no quiere ver la discusión partidaria”, afirmó el correntino y pidió que “primero hagamos lo que hay que hacer” con el nombramiento de auditores en la AGN.

Muy dura contra el funcionamiento de la justicia, la kirchnerista Silvia Sapag hizo referencia a las marchas de los jubilados de cada miércoles ante el Congreso, donde “no hay ningún juez que los defienda; no hay un solo juez que venga un miércoles acá a ver lo que sucede”. “Esto de no tener justicia en nuestro país pasa hace mucho tiempo. En la dictadura, ¿dónde estuvo el Poder Judicial?”, planteó y aseveró: “Desde allí a ahora el Poder Judicial no existe, o está viciado”.

La neuquina habló de “un poder monárquico, el poder mejor pago, donde esconden lo que ganan” y “eso los transforma en coimeados”. “La degradación es total y esto ha ido in crescendo desde los tribunales más bajos a la Corte Suprema”.

Sobre una de sus iniciativas, que propone la paridad de género, Sapag dijo que “esto sigue siendo importante”, pero “hay otras cosas tan graves…”.

Romero recogió el guante y pidió debatir de cara “al futuro” y “no al pasado”. “El barro que tiramos contra las instituciones nos vuelve como un boomerang a todos”, resaltó y defendió que la justicia que tenemos es “la misma justicia que condenó represores y en las últimas dos décadas a corruptos”.

En idéntico sentido, Pagotto indicó que esta discusión “requiere de una seriedad y objetividad que nos impida tener una mirada tan subjetiva y despojarnos de todo tipo de militancia”. “Tenemos que buscar que la administración de justicia funcione y hace mucho tiempo no funciona”, señaló, pero insistió en “escuchar todas las campanas” y “despojarse de las cuestiones ideológicas”.

La última semana del mes de mayo transitará con una agenda parlamentaria sin demasiadas reuniones de comisiones, ni tampoco sesiones a la vista. Sin embargo, un encuentro que atraerá todas las miradas será el comienzo del debate sobre una reforma a la composición de la Corte Suprema de Justicia y la Auditoría General de la Nación.

Luego que este año se rechazaran los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para completar el máximo tribunal y, por otra parte, en medio de una acefalía en el principal organismo de control -sumado a la sesión en Diputados que no tuvo quórum y en la que se buscaba aprobar la designación de dos auditores-, los senadores arrancarán a discutir una serie de proyectos de la oposición, entre ellos tanto de Unión por la Patria como de aliados al oficialismo.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales será este miércoles a las 13, en el Salón Illia. En primer lugar se abordará el tema Corte y luego, Asuntos Constitucionales quedará en soledad para tratar las iniciativas sobre AGN. Será la principal actividad de la semana y del día en la Cámara alta. No obstante, para las 16 en el mismo salón fue convocada la Comisión de Ciencia y Tecnología para tratar proyectos de declaración.

En lo que respecta a la Cámara baja, este martes a las 14, en la Sala 2 del Anexo, se reunirá la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para recibir a invitados. Estarán la directora de Política del Círculo de Políticas Ambientales para analizar la importancia de un sistema de trazabilidad de la pesca; el vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, quien expondrá sobre la situación actual del sector; y el Coordinador de Gestión ante el Honorable Congreso de la Nación, en representación de la Prefectura Naval Argentina.

En tanto, este miércoles a las 10 se reunirá la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para retomar el debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos y, también, la aprobación del “Convenio de creación del parque interjurisdiccional Marino Monte León” suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023. Previamente completarán los cargos vacantes de la comisión.

En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate sobre los proyectos de ley para reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.

A las 13 se llevará  a cabo un encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes que, primero designación de autoridades pendientes, para luego abordar  la situación institucional de la Defensoría nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A las 15, en la Sala 6, fue citada la Comisión de Mujeres y Diversidad para debatir sobre la creación en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación del Programa Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PENIA). También figura una iniciativa para modificar la Ley de Administración Financiera sobre paridad de género, proyectos de resolución y declaración.

Por su parte, a las 15 en la Sala 1, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recibirá a la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, encabezada por su presidente, David McAllister.

Finalmente, este miércoles a las 18, en la Sala 1, la Comisión de Cultura escuchará a representantes del sector vinculados al alcance de los decretos 345 y 346/2025, y tratará proyectos de resolución.

Para el jueves a las 11, fue convocada en el Salón Illia del Senado la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que considerará los estados financieros de diversos programas financiados y continuará con el tratamiento de la Cuenta de Inversión 2018.

A casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado convocó a una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales par dar comienzo al debate respecto a ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cita está programada para el próximo miércoles 28 a las 13 en el Salón Arturo Illia.

El debate contempla a ocho proyectos presentados por la neuquina Lucila Crexell; de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); del catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Este último fue el texto más reciente impulsado después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

La propuesta reinante es la de llevar el número de ministros de la Corte Suprema de cinco -actualmente funciona con tres miembros- a siete, nueve o quince miembros. Asimismo, integra el temario de esta primera reunión, el proyecto de la senadora neuquina Silvia Sapag que busca garantizar la paridad de género con una proporción del 40% en el máximo tribunal de justicia.

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El debate por la AGN

Una vez que el plenario concluya, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, a cargo de Alejandra Vigo, tendrá una reunión ordinaria para comenzar con el debate de la ampliación de los miembros designados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se pondrán a consideración los proyectos de José Mayans, Carlos “Camau” Espínola y Sergio Leavy.

La iniciativa del senador correntino, aliado de La Libertad Avanza, tiene el aval de Juan Carlos Romero, y ambos proponen una AGN con siete miembros, tres elegidos por Diputados y tres por el Senado. También, establecen una duración en el cargo de cuatro años con posibilidad de ser relegidos.

Además, plantearon que la dieta de los auditores generales no sea mayor a la de los integrantes de la Cámara alta y la disposición de un sorteo para dirimir quienes estarán cuatro años en el cargo y quienes dos.

El tema también se empieza a caldear en la Cámara de Diputados, luego de un año en donde el tema fue nombrado en los pasillos del Congreso, pero nunca puesto en acción. Sin embargo, el miércoles pasado la oposición intentó poner el tema a consideración del Cuerpo, pero la sesión no logró el quórum reglamentario para dar inicio al debate.

Días antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley que establece que el auditor será designado por acuerdo del Senado de la Nación, de una terna de candidatos; y una designación total de 6 auditores auxiliares designados 4 a propuesta del titular de la Cámara baja y 2 del presidente del Senado.

Luego de haber renunciado a su pronunciamiento en la Corte Suprema de Justicia, el juez Manuel García – Mansilla presentó un escrito de 35 páginas por el que criticó la labor del Senado tras el rechazo de su pliego el pasado 3 de abril. Además, buscó aclarar sus dichos en la Audiencia Pública respecto a ser designando por decreto de necesidad y urgencia.

“Tengo la obligación de colaborar con este proceso y su perfeccionamiento a futuro”, planteó el catedrático. En cuatro puntos, amplió lo expresado en la Comisión de Acuerdos el pasado 30 de agosto, lo comparó con el contexto de 2015, cuestionó los dictámenes de rechazo y definió una serie de conclusiones.

Con relación a lo dicho sobre aceptar un nombramiento en comisión, García – Mansilla explicó que “lo que hice en ese momento fue una consideración política e institucional sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión”.

Diferenció el contexto actual con el del gobierno de Mauricio Macri cuando nombró a través del DNU 83/15 a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Se trató de un nombramiento intempestivo, sin consulta previa, y en un marco de escasa previsibilidad institucional”.

Asimismo, sostuvo que, en aquella ocasión, “el nuevo gobierno no había expresado públicamente su voluntad de enviar los pliegos ni de abrir un debate en el Congreso”, y agregó que “tampoco había sido una cuestión discutida en detalle durante la campaña electoral”.

En tercer lugar, el juez nombrado en comisión por el presidente Javier Milei que luego renunció al máximo tribunal de justicia por la caída de su pliego en el Senado, opinó de los dictámenes de rechazo y consideró que “contienen graves inconsistencias, tanto en su fundamentación como en su redacción”.

Respecto al despacho que firmaron Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, señaló que “la interpretación no solo es infundada, sino que ignora que respondí abiertamente cada pregunta, sin ocultar mis posiciones ni mis eventuales dudas”. “Lo paradójico es que el propio dictamen reconoce que se firma ‘para posibilitar su tratamiento en el recinto’”, cargó.

Dirigido al dictamen que rubricó Unión por la Patria, remarcó que hubo dos firmas en disidencia parcial y cinco en disidencia total, y planteó: “Esta ambigüedad vulnera también el Artículo 123 decies del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados aconsejando hacer lugar o rechazar el acuerdo”.

“No se emitió ningún dictamen de rechazo. Ambos dictámenes postulan prestar acuerdo, pese a que los considerandos sostienen lo contrario”, sostuvo el catedrático en la presentación de 35 páginas.

Finalmente, Manuel García – Mansilla manifestó que “lo importante es defender las instituciones con seriedad, sin tergiversaciones y prestando atención al contexto en que se toman cada una de las decisiones”, y cerró: “Hacerlo requiere evitar los atajos y chicanas políticas que terminan debilitando los procesos de designación, y que pueden desalentar que los candidatos respondan con franqueza en futuras audiencias”.

Presentacion MJGM ante el Senado 2025-04-10

Tras la tensión y las fuertes críticas hacia su continuidad en el cargo, el catedrático Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde había asumido como juez el pasado 27 de febrero luego de haber sido designado "en comisión" por decreto del presidente Javier Milei.

La decisión del abogado constitucionalista trascendió durante el fin de semana, a pesar de los intentos del Gobierno de que no diera marcha atrás, al sostener que podía permanecer allí hasta el próximo 30 de noviembre.

Pero, desde el contundente rechazo a su pliego en la sesión del pasado jueves en el Senado, donde reunió más de los dos tercios de los votos en contra (51 negativos y 20 positivos), los cuestionamientos fueron en incremento y la advertencia sobre la validez que tendrían sus futuros fallos, también.

De esta manera, con el rechazo que recibió además Ariel Lijo, el máximo tribunal volvió a la composición de 3 de 5 miembros, con Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su carta dirigida al presidente Milei, donde le agradece haberlo elegido, García-Mansilla justificó por qué aceptó la designación por decreto: "Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente".

En ese sentido, repasó que "se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones".

"Existen quienes creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces. Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal", sostuvo y reclamó que "la integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente".

En la misiva, donde expresa que recibió "críticas injustas e interesadas", el ahora exjuez defendió sus declaraciones en la audiencia pública del año pasado, cuando le preguntaron si aceptaría ser nombrado "en comisión" por decreto. "Respondí que, en la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015, no habría aceptado ese nombramiento en comisión. Aclaré inmediatamente después que la valoración que hacía era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto de un hecho concreto en el pasado. Cualquier persona intelectualmente honesta sabe que, por un sinfín de razones, la realidad de 2015 no es la misma que la de hoy en 2025", señaló.

"A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral", se descargó.

Y continuó: "Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera. Basta ver la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de forma fehaciente lo que digo (y no un video recortado y editado, preparado sin dudas para engañar)".

Además, cuestionó que el Senado no haya tratado su pliego antes y lo adjudicó a una "mera especulación política". También habló de "la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho".

"Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo", agregó en otro de los párrafos.

Lijo y García-Mansilla habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo el 20 de marzo de 2024. Al juez federal se lo candidateó para ocupar la vacante que había dejado Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, mientras que al catedrático se lo postuló meses antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el 29 de diciembre pasado y dejó la Corte, que pasó a tres miembros.

Los pliegos se enviaron el 28 de mayo a la Cámara alta, donde se les dio ingreso formal en la sesión del 12 de junio. El 21 y 28 de agosto de 2024, Lijo y García-Mansilla, respectivamente, asistieron a audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. Desde ese momento, ningún pliego reunió las firmas necesarias para habilitar el dictamen y ser llevado al recinto.

El dictamen para Lijo recién se consiguió el 12 de febrero de este año, pero por la falta de votos, el oficialismo no convocó a una sesión en el Senado. Culminado el período extraordinario, Milei avanzó por decreto con los nombramientos. Ante el amplio rechazo de la decisión tomada por esa vía, la Comisión de Acuerdos se reunió y habilitó el dictamen de García-Mansilla. Finalmente, los pliegos se rechazaron el jueves pasado.

Poco antes de que se concretara la renuncia de Manuel García-Mansilla, el senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista, Martín Doñate, presentó este lunes una denuncia penal contra el catedrático por usurpación de autoridad pública, tras "persistir en el ejercicio ilegítimo" como juez de la Corte Suprema desde el jueves pasado, luego que el Senado rechazara su pliego por más de dos tercios de los votos.

“Estamos frente a un verdadero golpe institucional. La permanencia de García-Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, rompe el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en la Argentina”, enfatizó el rionegrino.

En ese sentido, explicó que "el decreto presidencial que lo designó no sólo violó el procedimiento establecido en la Constitución Nacional (artículo 99 inciso 4), sino que el Senado rechazó expresamente su pliego con una mayoría calificada el pasado 3 de abril. A pesar de ello, García-Mansilla continúa firmando resoluciones en nombre de la Corte Suprema, en una de las más graves afrentas al Estado de Derecho desde el retorno de la democracia".

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado aplastada. ¿Qué garantías puede tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión externa, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por quien usurpa un cargo contra la voluntad del Senado y la Constitución?”, cuestionó el legislador de Unión por la Patria.

SOBRE LA RENUNCIA DE GARCÍA MANSILLA

A posteriori de la presentación de la denuncia penal por usurpación de autoridad, tomamos conocimiento de la renuncia del Dr. García Mansilla a su cargo en la Corte Suprema.

Se confirma así lo que señalamos desde el primer momento: su… pic.twitter.com/LWRew9v6Ve

— Martin Doñate (@martindonate) April 7, 2025

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que castiga la usurpación de funciones públicas, como tipificación provisoria. Sin embargo, advirtió que la denuncia penal deja expresamente abierta la posibilidad de que la investigación determine otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, sostuvo y agregó que "cada día que pasa agrava la situación jurídica de García-Mansilla como el máximo responsable de llevar a la Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia y de una oscura mancha que deja en la historia institucional del país”.

Finalmente, Doñate sentenció: “Si esto se permite y no se actúa inmediatamente, mañana cualquier presidente podrá designar a jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”.

En un duro revés para el Gobierno, que no buscó evitar el previsible resultado encarando algún tipo de salida alternativa más allá de apostar por la falta de quórum, el Senado rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso del juez Lijo, quien no había asumido porque el máximo tribunal no le aceptó su pedido de licencia en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, la votación resultó con 27 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Mientras que García-Mansilla, quien sí se incorporó rápidamente a la Corte, su pliego recibió 20 votos positivos y 51 negativos. Al no reunir ninguno los dos tercios de los votos de los presentes necesarios y sí, por el contrario, superar el número que se requería para conformar un tercio que bloqueara las chances, ninguno resultó aprobado.

Con García-Mansilla se abrirá un conflicto de poderes y reclamos judiciales, dado que quienes rechazaron este jueves su pliego aseguran que su nombramiento debe caer de inmediato, ya que es el Senado quien tiene la atribución constitucional de designar a los jueces de la Corte. Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron que ya fue designado por decreto del Poder Ejecutivo y es legal que permanezca hasta el próximo 30 de noviembre, fundamento que bajó desde la Casa Rosada en los últimos días ante la pronosticada derrota en el recinto. Además, el catedrático avisó que considera que solo podrá ser removido por juicio político.

Con la resolución de este jueves, la novela de los jueces para la Corte elegidos por Milei tuvo su cierre en el Senado, aunque lo de García-Mansilla continuará en otros capítulos. La postulación de ambos fue realizada por el Gobierno el 20 de marzo de 2024: a Lijo se lo propuso para ocupar la vacante que había dejado Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, mientras que a García-Mansilla se lo postuló meses antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el 29 de diciembre pasado y dejó la Corte.

Los pliegos finalmente se enviaron dos meses después, el 28 de mayo, a la Cámara alta, donde se les dio ingreso formal en la sesión del 12 de junio. El 21 y 28 de agosto, Lijo y García-Mansilla, respectivamente, asistieron a audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. Desde ese momento, ningún pliego reunió las firmas necesarias para habilitar el dictamen y ser llevado al recinto.

El dictamen para Lijo recién se consiguió el 12 de febrero de este año, durante el período de sesiones extraordinarias en el que el Poder Ejecutivo puso el tema en agenda. Fue con la última firma de la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, lo que significó todo un gesto. Aunque se especuló con una sesión para el 20 de ese mes, finalmente el oficialismo no pudo garantizarse los votos. Culminando el mes sin que avance la cuestión, el presidente los nombró por decreto, en una decisión ampliamente criticada.

Al día siguiente de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, en una ceremonia que contó con la reserva previa, los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla, quien dos días después se sentó en la Asamblea Legislativa del Congreso estrenando cargo.

Unión por la Patria, que tuvo entre sus integrantes a algunos que votaron por Lijo, cargó duramente en su totalidad contra García-Mansilla, a quien ya rechazaban por su perfil "conservador". Además, nunca dejaron de reprochar que el Poder Ejecutivo no haya propuesto al menos para uno de los dos lugares a una mujer.

Pero lo que endureció aún más la postura de los detractores de García-Mansilla, viejos y nuevos, éstos últimos que cambiaron de verlo con buenos ojos a oponerse a su pliego, fueron las palabras que el propio catedrático tuvo durante la audiencia pública cuando fue consultado por la camporista Anabel Fernández Sagasti sobre qué pensaría si su designación saldría por decreto, al recordar el antecedente de Rosatti y Rosenkrantz en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

"Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones, que son discrecionales del presidente", sostuvo García-Mansilla en ese momento, y cuando la legisladora le preguntó si creía que eso podría afectar la independencia de un juez, el ahora cortesano reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

A pesar de los pedidos de algunos aliados al Poder Ejecutivo para que retiren los pliegos y eviten la derrota, con un último intento por parte del correntino radical Eduardo Vischi, que estuvo en Casa Rosada con Santigo Caputo este martes, el Gobierno decidió no hacerlo.

La trascendental sesión de este jueves no estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante la ausencia de Milei, por encontrarse una vez más en Estados Unidos. A las 14.13, cuando se alcanzó el quórum con 38 presentes, la vicepresidenta del cuerpo Silvia Sapag, de UP, se sentó en el estrado y abrió la reunión, ante el retraso sugestivo del presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala, quien luego sí lideró la conducción durante la jornada.

La palabra de los senadores

Con un extenso discurso en su rol de miembro informante, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri explicó por qué no llegó a tiempo para dar quórum en la sesión. La legisladora del Pro confesó que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, pues no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres.

Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos, la cual ella preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, la larretista defenestró al catedrático Manuel García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del Pro les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo.

La bullrichista sentó su posición a favor del pliego de García-Mansilla, “porque representa positivamente todo lo que necesitamos; es bueno, es valioso y defiende los valores que necesitamos volver a poner sobre la mesa, como es la defensa de la vida”. “Con la misma claridad digo no al juez Ariel Lijo, porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, aseveró.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

Cada vez más alejado de Mauricio Macri y de la conducción de su bloque, el senador cordobés Luis Juez cargó contra UP y, fiel a su estilo, ironizó: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció: “El pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García-Mansilla es otra cosa”.

El senador monobloquista Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Lijo, motivos que provocaron su expulsión del bloque de La Libertad Avanza. Sobre eso, el formoseño recordó: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

En un tramo de su breve intervención, se mostró irónico con la oposición más dura y dijo que “estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano”. Comparó las situaciones económicas de la provincia de Formosa con la República del Paraguay y, según su parecer, la diferencia yace en “la falta de institucionalidad” en la Argentina.

Para terminar, se mostró optimista de que el Gobierno nacional reflexione y envíe nuevos pliegos, para lo que aportó sugerencias: “Espero que se premie a (la fiscal) Cecilia Goyeneche que denunció la corrupción en Entre Ríos”. Así las cosas, agregó: “Elijamos, en lo posible, dos mujeres que tengan los pergaminos”.

Representante de Convicción Federal, el nuevo bloque dentro de UP, la senadora jujeña Carolina Moisés deslindó una de las principales diferencias que tuvo con sus pares de interbloque: primero avaló el rechazo de García-Mansilla, pero confirmó que votaría a favor del pliego de Lijo porque cree “en su idoneidad, porque hizo carrera y porque empezó de abajo”.

Sin dar nombres propios, la legisladora fue crítica de la labor del Senado en el último lustro. “Venimos de años y años con 145 vacantes en los juzgados provinciales”, señaló. Esta observación de Moisés se da en el marco de su postura contraria a la conducción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. Respecto a los pliegos, envió un mensaje general para todas las bancadas: “No pongamos pretexto cuando en realidad buscamos bloquear”.

El jefe de bancada del Pro, Alfredo de Ángeli, utilizó las palabras del referente de su partido político Mauricio Macri al repetir que “el presidente de la Nación está mal asesorado”. Asimismo, alertó que este debate se da en una “situación irregular” y que “no es una sesión más porque Lijo o Mansilla podrían estar por más de 20 años en la CSJN”.

“No es un acuerdo más, estamos decidiendo el futuro de la justicia argentina”, advirtió el senador entrerriano, quien también cargó contra Ariel Lijo: “No debería ser ni siquiera juez federal y el presidente de la Nación quiere que sea miembro de la Corte Suprema”. En el cierre, agregó que “García – Mansilla tenía idoneidad y capacidad, pero lo nombraron por decreto en vez de buscar los acuerdos durante el año pasado” y pidió que se llenen los 5 cupos en la Corte Suprema de Justicia.

Por el radicalismo, el presidente del bloque Eduardo Vischi llamó “fracaso” a la intención del Gobierno nacional por avanzar con los pliegos de Lijo y García – Mansilla. Se mostró crítico, aunque mesurado en sus palabras, pero no dejó pasar la intervención en el recinto para dejarle un mensaje al presidente Milei: “Si yo, Poder Ejecutivo, necesito dos tercios, como mínimo, lo primero que debo hacer es dialogar y tener consensos antes de enviar los pliegos”.

“Ni siquiera los de La Libertad Avanza sabían de los pliegos”, señaló el senador correntino, quien fue convocado a Casa Rosada en la antesala de esta sesión por el asesor presidencial Santiago Caputo. Igualmente, Vischi agregó que “el Gobierno creyó ganar la batalla poniendo a los jueces por decreto y termina perdiendo un montón porque afecta directamente a la economía argentina”.

De cara al futuro, el jefe de bloque radical reiteró que en esta ocasión 0“enviaron los pliegos y se supone que iban a abrir el diálogo, pero tampoco lo hicieron”. Pero, aclaró que “si quiere mejorar la justicia, acá vamos a estar para dialogar”. Para cerrar, confirmó la división dentro de su espacio respecto a los pliegos, pero anunció que la mayoría va a ir por el rechazo.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

Mayans reflexionó que si el que puede lo más, puede lo menos, entonces el presidente podría nombrar por la vía del decreto jueces d Cámara, jueces de Instancia… “Un verdadero desastre”, resumió, para cargar a continuación contra la Corte Suprema, a la que adjudicó “servilismo”.

Para Mayans, el Tribunal Supremo “incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público” y les advirtió que serán juzgados. “Tarde o temprano, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos… Los últimos somos nosotros: la política. La antipolítica destrozó el país y la política tiene que arreglarlo”.

Para culminar las intervenciones en el recinto tras más de seis horas de debate, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto remarcó que “los decretos son absolutamente constitucionales”. Asimismo, vaticinó lo que finalizó ocurriendo respecto a ambos pliegos.

En su discurso durante la sesión de este jueves, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti aseguró que si Manuel García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó.

La vicejefa del interbloque Unión por la Patria enfatizó que “hace años que el Congreso de la Nación no está haciendo valer sus derechos para ponerle límites a los Ejecutivos nacionales, sobre todo en materia judicial”.

Además, rechazó lo que consideró una “amenaza” por parte del cortesano Ricardo Lorenzetti de que “si nosotros votamos en contra de (Ariel) Lijo van a sacar rapidito el (artículo) 280 (del Código Procesal Penal) para condenarla” a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese sentido, la mendocina criticó la “amenaza” hacia los senadores de UP de que “van a meter presa a la presidenta del PJ”. “No tenemos miedo porque somos peronistas”, desafió.

Por otra parte, la legisladora resaltó que “hoy salió un decreto (en el Boletín Oficial) para impedir el quórum, igual que en la Ley de Bases para designar a los amigos de (Edgardo) Kueider; fue para que la senadora (Lucila) Crexell no diera quórum y no votara”. Sobre esto, habló de que se dispuso el traslado del representante de la Unesco, “porque le prometieron de nuevo la representación de la Unesco a la senadora Crexell”.

“El Poder Ejecutivo tiene que dejar de tratar de doblegar las voluntades de los senadores que pensamos distinto. El problema es de los senadores que se dejan comprar”, lanzó y sostuvo que ella y sus pares estarán “denunciando a cada senador que se deje comprar por este Ejecutivo”.

Fernández Sagasti expresó que “hoy lo que estamos discutiendo en la constitucionalidad del decreto del presidente (Javier) Milei; hoy ya no estamos discutiendo las cualidades de dos pliegos. Estamos resolviendo un conflicto institucional grave que ha depositado el Poder Ejecutivo en contra del avasallamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial también. Lo que estamos discutiendo es un asalto del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes”.

“Los paladines de la seguridad jurídica nos vienen a decir que va a haber inversiones con una Corte puesta a decreto. ¿Qué más inseguridad jurídica que el 40% de la cabeza del Poder Judicial esté compuesta por jueces a tiro de decreto?”, se preguntó.

Además, la senadora reivindicó que “el Senado es la institución federal por excelencia” y que intervenga en el proceso de selección de jueces “tiene que ver con el federalismo”.

También recordó las palabras de García-Mansilla en la audiencia pública, cuando, ante una pregunta suya, dijo que no habría aceptado ser nombrado por decreto. “Hace pensar que es un mamarracho”, manifestó y enfatizó que “es inadmisible, un antecedente espantoso”.

El senador radical Martín Lousteau, uno de los que más alzó la voz contra la designación de jueces de la Corte por decreto, argumentó este jueves su voto en contra: “Esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que (Manuel) García-Mansilla se vaya a la casa”.

“Es la votación más fácil que he tenido como senador en términos de lo que hay que hacer; lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita a este presidente o a cualquier otro futuro poner jueces a dedo cuando quiera”, resaltó.

El presidente del partido centenario advirtió que “si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”. Y agregó que este mecanismo va “en contra de la independencia de poderes, en contra de la República y en contra de la propia Constitución”.

“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, expresó y reiteró que “acá estamos votando por los mecanismos de designación del presidente, los antecedentes pasan a otro plano”. En ese sentido, afirmó que el nombramiento por decreto “es algo a todas luces inconstitucional”.

Lousteau señaló que los jueces nombrados por decreto -aunque Ariel Lijo no asumió- “están a tiro de decreto hasta fin de noviembre; entonces si al presidente le gusta como fallaron esos jueces, les renueva, y si no le gusta, saca otro decreto y los reemplaza por otros más afines”.

“Tenemos jueces de la Corte Suprema a prueba. ¿Alguien puede pensar que eso da un Poder Judicial independiente?”, remarcó el porteño y consideró que “esto que está haciendo el presidente es exactamente lo contrario a lo que dicta la Constitución del ‘94”.

Además, en su discurso recordó que en la audiencia pública del año pasado, García-Mansilla “como Pedro con Jesús, negó tres veces, no una, que aceptaría ser nombrado en comisión”. “Si mintió está descalificado, le falta a la verdad. Y si no nos mintió, lo puede más su ambición o la presión del Ejecutivo”, lanzó.

El senador rechazó las “excusas” del Poder Ejecutivo sobre haber apelado a un decreto por “la inacción del Senado” -lo que desmintió- o la situación de receso. “Estiran como chicle la Constitución, la editan como (Javier) Milei edita sus entrevistas”, dijo.

En el rol de miembro informante estuvo la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri, quien además de tener un papel importante en el tema por ser la presidenta de la Comisión de Acuerdos, rápidamente debió explicar por qué no asistió a dar quórum en la sesión: Tratando de minimizar la cuestión, pidió disculpas y aceptó que “debía llegar a las 14.01”.

Trascendió que su llegada tarde el recinto (se sentó en su banca cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional) fue por una demora en la redacción de su discurso. En ese punto, cargó contra sus pares y recordó que “muchos senadores hoy presentes hace una semana no decía si darían quórum y recién hoy se decidieron”.

Las críticas a la senadora larretista llegaron desde todos los flancos: En X, el diputado nacional Juan Manuel López (jefe de bancada de la Coalición Cívica) le salió al cruce cuando planteó que "no quiso dar quórum". "Lamento que mienta", fue la respuesta de la senadora.

Lamento que mienta. Desde hace semanas trabajo para obtener el quórum y poder llevar adelante esta sesión. Siempre manifesté, sin especular, que los pliegos para los jueces de la Corte deben debatirse en el Senado y que jamás voy a aceptar que sean nombrados por decreto. https://t.co/5YSIbhL78a

— Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) April 3, 2025

En primera instancia, senadora del Pro hizo un repaso por la labor llevada a cabo en Acuerdos desde que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla arribaron a la Cámara alta y destacó que fue “un honor y orgullo de llevar esas audiencias en clima de respeto y libertad de expresión”. En ese momento, dio paso a las explicaciones por la distancia temporal entre las audiencias y la firma de los despachos: “No se conseguían por falta de consensos y firmas, ni yo ni el Senado escondíamos los dictámenes”.

Dirigida al oficialismo en el Senado y al Gobierno nacional, aclaró que “hubo una cortesía de dar tiempo” para llegar a los consensos porque “a todos nos preocupaba el tema”, pero en ese momento de su intervención, la que duró 27 minutos, Tagliaferri confesó que “no creía en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres”.

“Decidí callarme la boca para honrar el proceso, pero Argentina es el único país de América Latina sin mujeres en la Corte y fueron solo tres de 114 jueces en 163 años”, explicó la titular de la Comisión de Acuerdos. Además, cuestionó que es “una realidad que dista mucho de los países que miramos para imitar políticas públicas porque Estados Unidos tiene 4 mujeres sobre 9 jueces”.

En ese sentido, afirmó que “mujeres hay, no hay voluntad política” y desenfundó las primeras críticas conta el Poder Ejecutivo Nacional: “Un gobierno que elige varones desconoce el compromiso de millones de mujeres”. “Estaba claro que no iba a acompañar una Corte sin mujeres e invito a la reflexión a los senadores que les encantan celebrar efemérides de las mujeres en redes que acompañen mi postura porque las convicciones se demuestran en estos momentos”, agregó.

La senadora cercana a Horacio Rodríguez Larreta -lo acompaña en la boleta para ser legislador porteño- habló del presidente Javier Milei y aseveró que “El Poder Ejecutivo decidió burlarse de todos los que estamos acá sentados cuando los postulados fueron designados por decreto y encima, aceptaron”. Añadió, además, que “el presidente fue por la banquina”.

No emitió valoración sobre la candidatura de Ariel Lijo, pues reiteró en varias ocasiones que no iba a acompañarlo. Sin embargo, sobre García – Mansilla fue profunda: “Nos mintió en la cara”, enfatizó al recordar que el catedrático expresó en la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos que “no aceptaría ser designado por decreto”. Cabe recordar que Tagliaferri acompañó el dictamen de rechazo del pliego de García - Mansilla.

Tagliaferri avizoró que la exposición de García – Mansilla “va a quedar en los anales de la historia” y planteó: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? en ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”. Para terminar, reiteró que es “inadmisible una Corte sin mujeres y avalar a dos jueces que aceptaron ser designados por decreto”.

En la antesala de una sesión clave, culminada la reunión de Labor Parlamentaria este jueves, se esperaba que el quórum para la reunión convocada a tratar los pliegos de los jueces de la Corte fuera más amplio del que finalmente terminó constituyéndose. Con todo, el tablero marcó a las 14.13 unos 38 senadores presentes, uno más del número requerido.

Algunos integrantes del Pro y la UCR se encontraban parados dentro del recinto, más no cerca de sus bancas. Nunca se sabrá si se hubieran sentado al filo del horario o no.

El primero en llegar a las 13.47 fue el fueguino Pablo Blanco, uno de los radicales críticos del Gobierno, que había anticipado su presencia. "Eso es hacer Patria", lo elogió la kirchnerista Juliana Di Tullio cuando ingresó.

A las 13.59 comenzaron a bajar los senadores de Unión por la Patria. El santafesino Marcelo Lewandowski fue el último en llegar. Fueron 33 de los 34 los que dieron quórum. La jujeña Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, ingresó al recinto cuando ya sonaban las estrofas del Himno Nacional.

Además, aportaron al quórum el radical Martín Lousteau; el exlibertario formoseño Francisco Paoltroni; y por el Pro, el jefe del bloque, Alfredo De Angeli, y la pampeana Victoria Huala. Llamativamente, la porteña Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, quien se esperaba que contribuyera al inicio de la sesión, no lo hizo.

De esta manera, no se sentaron la mencionada Moisés; 11 senadores de la UCR; 6 del Frente Pro; 5 de Provincias Unidas; los bloques provinciales del Frente Renovador de la Concordia Misionero, Por Santa Cruz y Juntos Somos Río Negro. Tampoco, claro está, los 6 senadores de La Libertad Avanza.

El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, anticipó que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla reúnen "más de 30 votos en contra", lo que provocaría su rechazo en la sesión citada para este jueves.

"Vamos a tener sesión pese a todas las maniobras que se están haciendo", aseguró el formoseño, ante la búsqueda por parte del Gobierno nacional de hacer fracasar la reunión por falta de quórum.

El legislador sostuvo que "el Senado tiene que tratar el tema" de una vez y, sobre su bancada, dijo: "En principio, vamos a votar por el rechazo de ambos pliegos". Sin embargo, minutos después admitió que no podía garantizar que "todos" los integrantes de su espacio voten en contra de los dos postulantes, dado que algunos habían adherido al pliego de Lijo.

Con todo, por el rechazo que el juez federal -quien no asumió en la Corte- recoge en sectores de la oposición dialoguista, Mayans consideró que ambos tendrán un tercio de votos negativos que voltee los pliegos.

"Un juez nombrado por decreto puede ser sacado por decreto, no tiene estabilidad ni imparcialidad", señaló el senador, que acusó a García-Mansilla de "jurar por una Constitución que está violando" y estar "usurpando el cargo", al haber jurado como juez de la Corte.

El formoseño expresó que el Gobierno utilizó un esquema propio de "un gobierno de facto". "No se puede nombrar jueces en comisión y tener el país sin presupuesto. Tenemos 101 mil millones dólares más de deuda, que no sabemos quién va a pagar. Por eso, necesitan una Corte adicta, que les diga todo que sí", enfatizó.

"Estamos sin división de poderes. Hay algunos que le están entregando la suma del poder público a (Javier) Milei para que deje el país en bancarrota", agregó.

Finalmente, consultado en radio El Destape sobre la posición de los cuatro senadores que conformaron Convicción Federal dentro del interbloque, Mayans afirmó que éstos "confirmaron su presencia" a la reunión que la bancada mantendrá este miércoles (feriado) en la previa de la sesión. "Estamos todos juntos trabajando en eso", manifestó.

En la antesala de una sesión trascendental, el senador cordobés Luis Juez ratificó este martes su posición en contra del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el caso de Manuel García-Mansilla respaldó la postura del Gobierno sobre que hasta el último día de noviembre el catedrático puede ocupar un lugar en el máximo tribunal.

"El pliego de Lijo no lo voy a votar ni en pedo, porque no creo en los punteros políticos devenidos en magistrados, no creo en los operadores judiciales", enfatizó el legislador en declaraciones a radio La Red.

Y agregó: "Odio los tiempistas. En mi historia de 40 años siempre me peleé con los operadores judiciales. Hay que poner gente que levante la vara".

Por otro lado, el cordobés consideró que en el caso de García-Mansilla hay "una discusión abstracta" porque "te podrá gustar más o menos" pero "es juez de la Corte hasta noviembre, designado en comisión".

Sobre la oposición, el senador aliado del oficialismo les reprochó que "hubiesen negociado, tuvieron todo un año"; y admitió haberle pedido a Casa Rosada que retiren los pliegos, algo que finalmente no sucedió.

En la antesala del tratamiento de su pliego en el Senado, el juez Manuel García-Mansilla presentó un escrito de 50 páginas, donde se opuso a la idea de hacer caer su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que le hayan tomado juramento. También cargó contra el letrado Alejo Ramos Padilla que analiza su designación: “Un juez no puede sacar a otro juez”.

“Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir y lo que se resuelve es ajeno a sus facultades”, refirió García-Mansilla. El juez de La Plata debe resolver la cautelar presentada en contra de la designación por decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal platense retrasó el veredicto para después del tratamiento parlamentario de los pliegos.

Asimismo, García-Mansilla, nombrado en comisión por el presidente Javier Milei, asumió que “por ser miembro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “solamente puedo ser removido mediante el mecanismo de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional”.

A lo largo del medio centenar de páginas presentado en respuesta a Ramos Padilla, García-Mansilla solicitó que se rechace “sin más trámite esta acción de amparo colectivo, asi como los pedidos efectuados para que se suspendan los efectos del decreto y se declare la inconstitucionalidad del decreto 137/2025”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial a la que se refiere el artículo 108 de la Constitución Nacional en el marco del juramento que presté conforme lo previsto en el artículo 112 de la Constitución. Desde esa misma fecha estoy comprendido dentro de las garantías previstas en el artículo 110 de la Constitución Nacional durante todo el plazo que dure mi nombramiento en comisión”, remarcó García Mansilla.

También, señaló que avanzar con esta causa “atentaría contra el orden público constitucional debido a que los propios jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que me tomaron el juramento previsto en el art. 112 de la Constitución Nacional no consideraron que el art. 1º del Decreto 137/25 estuviera viciado por ‘arbitrariedad o ilegalidad manifiesta’ alguna”.

“Ciertamente, ninguno de ellos me hubiera tomado el juramento constitucional si esa arbitrariedad o ilegalidad del Decreto 137/25 en mi caso hubiera sido ‘manifiesta’ al momento de hacer el control de los aspectos formales que efectuaron previamente en ejercicio de sus facultades de superintendencia”, concluyó.

Tanto el pliego de Manuel García-Mansilla como el Ariel Lijo serán puestos a consideración del Senado el próximo 3 de abril. La vicepresidenta  Victoria Villarruel fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para abordar el tema de manera urgente.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el retiro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.

"No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado, donde fue convocada una sesión para su tratamiento el próximo 3 de abril.

Ante la presión de Unión por la Patria de voltear las designaciones, luego que el presidente Javier Milei nombrara a ambos por decreto -aunque el juez federal Lijo todavía no pudo asumir, pues la Corte no le aceptó la licencia en su cargo-, la Comisión de Acuerdos se reunió para habilitar el dictamen de García-Mansilla, quien sí ya está en funciones en el máximo tribunal. Por su parte, el de Lijo había logrado las adhesiones necesarias en febrero pasado, pero no tuvo garantizados los votos para aprobarse en el recinto y, en la última semana de ese mes, Milei avanzó por decreto.

"Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", defendió Francos.

La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Cabe recordar que, para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.

El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, "todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él". "Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente" aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.

Por otro lado, consultado sobre los distintos proyectos vinculados a dar una respuesta al fin de la moratoria previsional, que comenzarán a debatirse el próximo 9 de abril, Francos aseveró que "el Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de estas características, que no tenga claramente establecido cómo se financia".

"Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado", sumó y sobre si habría un veto ante una eventual ley, dijo que eso sería "una decisión del presidente". No obstante, reiteró que "el Gobierno no está de acuerdo con el sistema de moratorias".

En un escenario de fuerte malestar por la decisión del presidente Javier Milei de nombrar "en comisión" por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, la oposición en el Senado buscará habilitar el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien ya se encuentra en funciones en el máximo tribunal.

La reunión de la Comisión de Acuerdos fue convocada para este jueves a las 11 por su presidenta, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, quien junto al radical Martín Lousteau ya presentó un despacho de rechazo a la postulación de García-Mansilla, con la principal crítica por haber aceptado ser designado por decreto, cuando en la audiencia pública a la que asistió el año pasado en la Cámara alta dijo que no lo haría.

Además, desde Unión por la Patria sumarían otro despacho con la firma de todos sus integrantes en esa comisión, un total de 7. De esta manera, con 9 firmas, el dictamen ya estaría en condiciones de ser tratado en el recinto sin la necesidad de reunir dos tercios de los votos para habilitarlo.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, quienes se verá si formalizan la presentación de un dictamen en ese sentido este jueves. Otro rol clave será el de los senadores de la UCR que forman parte de la comisión, en medio de otra de las internas en ese bloque.

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo quedó formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo una semana después en el recinto, pero esto no se logró: además de que los votos no alcanzaban, pues el juez federal reúne un amplio rechazo en la oposición dialoguista y con tan sólo una docena de votos de UP -como habría reunido- no se garantizaba su aprobación, el clima político por el escándalo cripto echó por tierra la posibilidad.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla "en comisión" hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo se definirá en el Senado por sí o por no, con altas chances de ser rechazado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abrirá un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta rechaza su pliego. Un tema que, sin dudas, entraría en un conflicto judicial que podría terminar (paradójicamente) en manos de la Corte.

Por mayoría simple, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo para asumir como miembro del máximo tribunal sin dejar por completo su cargo en Comodoro Py, donde encabeza el Juzgado Federal N°4 desde 2004. Previamente, la Cámara Federal lo había avalado.

La decisión fue tomada por Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, recientemente asumido. En tanto, Ricardo Lorenzetti votó en disidencia, a favor de la solicitud de Lijo.

Al igual que García-Mansilla, Lijo fue designado "en comisión" por el presidente Javier Milei el pasado 26 de febrero. Sin que avancen los pliegos en el Senado durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo, en una cuestionada decisión, recurrió al decreto.

La semana pasada, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla, quien había sido el elegido para cubrir la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Maqueda. Dos días después, hizo su debut junto a los otros tres cortesanos en la Asamblea Legislativa, donde fue saludado por muchos.

A diferencia de García-Mansilla, el pliego de Lijo, resistido con fuerza por varios miembros de la llamada oposición dialoguista, sí había recibido dictamen con las firmas necesarias, pero finalmente el oficialismo no pudo garantizarse tener los dos tercios de los votos para llevarlo al recinto.

Con esta decisión, la Corte dejó en claro que Lijo asumirá solo en caso que renuncie como juez federal, algo a lo que no está dispuesto. Desde su entorno aseguran que esperaría lo que le resuelva el Senado en cuanto a su pliego.

Aunque en la Cámara alta la postulación de Lijo corría con más chances que la de García-Mansilla, el paso dado por el presidente Milei, al designarlo por decreto, despertó el fuerte rechazo de todo el arco opositor, incluido -por supuesto- Unión por la Patria, espacio del que se esperaba que al menos una docena acompañe el pliego de Lijo. Ahora, se abrirá un nuevo capítulo, con final abierto.

El senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, criticó este viernes distintas medidas del Gobierno, al asegurar que "estamos entrando a una degradación institucional de suma gravedad", y sostuvo que no descarta que "en algún momento" se conforme un frente opositor, que pueda sumar incluso al peronismo, que vaya contra una corriente antidemocrática.

"Yo quiero que haya una coalición lo más grande posible que le ponga freno a lo que hace (Javier) Milei. El modelo económico que lleva Milei, en una Ciudad que tiene grandes desigualdades, se está viendo el impacto que tiene", dijo al ser consultado en radio El Destape sobre las elecciones de este año.

Para el porteño, "algo muy grande debe ser algo que de verdad tenga convicción para pelear contra eso y no oportunismo". "El Pro hasta que La Libertad Avanza no lo empezó a desafiar en la Ciudad, el Pro estuvo con LLA", cuestionó.

Luego, el legislador aclaró que "el problema" que tiene con el kirchnerismo es que no ve "que haya una reflexión de lo que se hizo mal para llegar hasta acá. Yo no lo he visto a (Leandro) Santoro criticar cosas del pasado".

"Yo trato de leer la mayor cantidad de cosas, y uno puede encontrar un montón de similitudes con la década del 30 del siglo pasado, con muchas tensiones antidemocráticas. Yo creo que hay tecno-anarquistas que creen que pueden rediseñar las sociedades porque tienen más información y más control sobre las sociedades; yo creo que cuando Milei dice 'no creo en la democracia', lo dice de verdad, y que algo similar está pasando en Estados Unidos", analizó.

En ese sentido, advirtió que "estamos en una senda que es llamativa y preocupante, y a la que hay que darle atención". Consultado entonces por el periodista Ali Lijalad sobre si estaría dispuesto a juntarse con el peronismo "frente al fascismo", Lousteau respondió: "Yo dije recién que no me gusta usar la palabra fascismo inmediatamente, sí creo que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando. Si lo que está pasando y las sospechas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, se terminan manifestando en algo así, sí, sí".

Por otra parte, en cuanto a la designación de jueces de la Corte por decreto, el senador consideró que "el Gobierno hizo un mamarracho jurídico, un zafarrancho institucional". "Lo que estamos viendo es una deriva cada vez más autoritaria", lamentó.

Para el economista, "lo que tenemos ahora son jueces de la Corte Suprema a prueba" porque su designación "en comisión" dura "hasta el 30 de noviembre, y ahí el Congreso entra en receso, con lo cual puede decidir renovarlos el propio Ejecutivo o no. Entonces, ¿qué va a hacer un juez durante ese tiempo, va a ser independiente?".

"(Manuel) García-Mansilla vino a la audiencia, se le preguntó por este tema y dijo que no aceptaría ser designado por decreto", recordó y apuntó que "el que abrió la puerta para esta barbaridad es Mauricio Macri". "¿Qué presidente va a nombrar los jueces como corresponde? Para el futuro es letal", agregó.

Asimismo, resaltó que hay dirigentes opositores que "si fuera otro gobierno estarían diciendo lo contrario". "La propia Patricia Bullrich, cuando Cristina insistía con (Roberto) Carlés, decía que era un capricho para cubrir a (Amado) Boudou", señaló.

Sobre los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, afirmó: "Yo creo que hay que rechazarlos. Hay un enorme debate jurídico acerca de que si eso tiene un efecto o no. Pero la señal que tiene que dar el Senado debe ser contundente, de que esto no es aceptable".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento este jueves a Manuel García-Mansilla, luego de haber sido designado "en comisión" por el decreto 137/25 del presidente Javier Milei, publicado en el Boletín Oficial este miércoles.

El acto tuvo lugar en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti.

En tanto, se resolvió que en el Acuerdo del próximo 6 de marzo, la Corte tratará la solicitud de licencia extraordinaria del juez federal Ariel Lijo, a quien la Cámara Federal porteña ya le avaló el pedido.

Desde la decisión tomada por el Gobierno, la Corte había mantenido en reserva cuáles serían sus movimientos. Este jueves se reunió alrededor de las 10 y luego se anunció que al mediodía se le tomaría juramento a García-Mansilla, acto del que también participó el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

La intención del Poder Ejecutivo siempre fue invitar a la Asamblea Legislativa del próximo sábado a Lijo y García-Mansilla. Ahora, al menos uno de ellos, podrá estar sentado junto a sus pares del máximo tribunal.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin que avancen los pliegos de ambos candidatos en el Senado (incluso el de García-Mansilla, a diferencia de Lijo, no había ni siquiera logrado las adhesiones necesarias para el dictamen), el presidente avanzó por decreto con los nombramientos.

García-Mansilla había sido propuesto para cubrir la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Maqueda, concretada en diciembre pasado. En las últimas horas, el exjuez de la Corte consideró "horrible" la acción del PEN en relación a las designaciones sin acuerdo del Senado, como prevé la Constitución.

El pasado 28 de agosto, al asistir a la audiencia pública en el Salón Azul del Senado, García-Mansilla fue consultado por la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti sobre qué pensaría si su designación saldría por decreto, al recordar el antecedente de Rosatti y Rosenkrantz en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

"Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones, que son discrecionales del presidente", aseguró el catedrático, y cuando la legisladora le preguntó si creía que eso podría afectar la independencia de un juez, García-Mansilla reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

Además del rechazo de algunos legisladores a García-Mansilla por su perfil conservador y de confesa postura contra el aborto legal, desde la oposición también se cuestionó al Gobierno por no haber incluido entre ninguno de los candidatos a una mujer. En el caso de Lijo había sido postulado para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.

Luego del intercambio en redes que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo con la legisladora porteña Graciela Ocaña -una de las tantas voces opositoras que se manifestó en contra de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto-, el senador kirchnerista Martín Doñate lo cruzó: “Ministro, lea la Constitución que no muerde”.

A través de un posteo en X, el legislador de Unión por la Patria afirmó que efectivamente la Constitución Nacional “es clara en artículo 99”. “Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto”, lanzó.

El rionegrino explicó que en el inciso 4 de dicho artículo, “reformado por la constituyente del ‘94, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial”. 

“El inciso 19 del mismo artículo, invocado por (Javier) Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc.”, señaló. 

En ese sentido, Doñate enfatizó que “confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y no entender la Constitución Nacional. De aplicarse el criterio interpretativo forzado del gobierno, que se niega a aceptar la literalidad de la letra constitucional, llegaríamos a la locura de sostener que no sólo los jueces, sino también los legisladores, seríamos empleados del Poder Ejecutivo, porque es el Estado quien paga nuestras dietas”.

“No se puede ni se debe confundir Estado con Gobierno. El Estado es uno sólo con tres poderes diferentes e independientes entre sí. Cada uno de ellos tiene un procedimiento específico para su nombramiento regulado por esa misma Constitución. El Poder Ejecutivo, que es precisamente el Gobierno, se designa por elección directa del pueblo, al igual que los miembros del Poder Legislativo”, remarcó entre mayúsculas. 

Finalmente, el senador indicó que “los integrantes del Poder Judicial y de su órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se designan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional”. 

Este miércoles, a través de un ida y vuelta en X, Cúneo Libarona le había contestado a Ocaña: “Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri, entre muchos otros presidentes”. 

Mediante un escueto comunicado, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical cuestionó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos no se aprobaron a lo largo del año pasado en la Cámara alta y el Poder Ejecutivo avanzó por otra vía. 

“Ante la decisión del presidente de la Nación de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical considera este hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”, expresaron. 

“A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron. 

“El Gobierno de un paso en la dirección incorrecta”

Por su parte, el bloque de diputados de la UCR, presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, resaltó que “en el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial -por los episodios todavía no aclarados en relación a $LIBRA-, el Gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

“Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del Gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”, manifestaron. 

Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo 

Los radicales más dialoguistas con el Gobierno consideraron que el nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. 

“Es una atribución del presidente nominar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, pero es el Senado, donde reside la representación de las provincias, el que debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos”, afirmaron. 

Además, subrayaron su rechazo al juez federal: “En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, ha recogido el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Cabe recordar que en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la audiencia en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos”. 

“Desde nuestro bloque en Diputados manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei. Todavía puede haber un gesto en favor de la institucionalidad. La demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, para que el Senado sea el que acepte o rechace los pliegos de ambos”, finalizaron. 

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria rechazó “de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”. 

A través de un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”, la bancada que conduce José Mayans señaló que “una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes, y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. 

“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, recordaron sobre la nota que le entregaron en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una sesión informativa. 

Los senadores de UP insistieron que “esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”. 

En el final, expresaron que “es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”. 

Los diputados de las diferentes bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionaron con dureza la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia por decreto y advirtieron que es “un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial”.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, afirmó que “el presidente Milei debe asesorarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afectan la institucionalidad del país. A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar Jueces por decreto” e insistió en que “en lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”.

A su vez, el oficialista Hernán Reyes (VxM) opinó que “Milei decidió convertir la Corte Suprema en una cloaca como es Comodoro Py” y resaltó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

Sobre esa misma línea, el legislador de Compromiso Liberal Republicano (CLR) Pablo Donati aseveró que “la designación de Ariel Lijo por decreto como juez de la Corte Suprema es un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial y un enorme retroceso para la República. Su historial de connivencia con el poder político y denuncias de corrupción lo convierten en la peor opción para integrar el máximo tribunal del país”.

“Lijo representa todo lo que la sociedad quiere dejar atrás: la Justicia manejada por la clase política más nefasta y al servicio de la impunidad. Su nombramiento no solo daña la credibilidad de la Corte, sino que también traiciona el mandato de cambio que votaron millones de argentinos”, añadió y concluyó señalando que “defender la República y sus instituciones es rechazar este atropello del Gobierno de Milei”.

Asimismo, el peronista Matías Barroetaveña (UP) recordó que “de los cinco miembros de la Corte, cuatro fueron nombrados por decreto. Dos por Milei y dos por Mauricio Macri (Elisa Carrio, UCR, Clarín)” y destacó que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solo no nombraron por decreto, sino que dictaron el decreto 222/22 donde se restringía el poder presidencial de designación de miembros de la estipulado en inciso 4 del artículo 99 de la Constitución”.

“Ese decreto: garantizaba la diversidad de género, federal y de especialidad de los postulantes; obligaba a la publicación de antecedentes en medios públicos para que la sociedad pudiera impugnarlos; obligaba a la presentación de declaraciones juradas de los postulados y sus conyugues”, precisó el legislador, quien concluyó planteando que “se llenan la boca hablando de la República y acusando al peronismo de no respetar las instituciones. La realidad es exactamente al revés”.

Finalmente, el trotskista Gabriel Solano (FIT) remarcó que “la designación por DNU de Lijo y Manuel García Mansilla, a solo cuatro días del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, constituye un atropello totalitario cuyo único objetivo es tener una mayoría propia en la Corte Suprema para seguir gobernando por decreto y lograr, a la vez, la impunidad para Milei”.

“No es casual, mientras siguen saliendo a la luz escándalos de corrupción, como la estafa $Libra, que involucra a Milei y su círculo más cercano. En momentos en que está en cuestión la constitucionalidad de los decretos que buscan privatizar el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros, los jueces designados por decreto sin duda fallarán a favor del Gobierno”, sentenció.

Después de que se conocieran los nombramientos por decreto, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica en la Legislatura, Hernán Reyes, cuestionó con dureza la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema y apuntó contra el presidente Javier Milei por esta decisión.

A través de sus redes sociales, el lilito compartió un extenso descargo en el que explicó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio” y aseguró que “no es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

“En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera”, siguió y precisó que “nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta”.

Además, afirmó que “los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte”.

Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria” e indicó que “la figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central”.

Asimismo, el diputado señaló que “la Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas”.

“La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo”, remarcó y concluyó aseverando que “este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el presidente debe enviar otros candidatos”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno tendría definido avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Según la información que circuló desde Casa Rosada, luego de la reunión de Gabinete de este martes, el Poder Ejecutivo tendría listos los decretos para que sean firmados por el presidente Javier Milei y se publiquen en el Boletín Oficial en las próximas horas.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

El plazo para el Gobierno sería hasta el 28 de febrero, pues un día después quedará abierto el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

De cara a la sesión extraordinaria que se prevé en el Senado -aún no fue convocada- y en la que se intentaría tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo, cuyo dictamen fue formalizado esta semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que todavía no están garantizados los votos para su aprobación.

Además, respecto del otro postulado por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, el abogado Manuel García-Mansilla, cuyo pliego no reunió las adhesiones necesarias, nuevamente el funcionario habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei recurra a un DNU para designarlo en comisión.

Actualmente el máximo tribunal del país está compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Lijo fue propuesto para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco, quien se fue en 2021, a García-Mansilla se lo postuló en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a fines del año pasado.

"El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios (de los votos). No es un tema que esté resuelto todavía", admitió este viernes Francos en declaraciones a radio Cadena 3.

Aún cuando debe buscar apoyos para el pliego de Lijo dentro de Unión por la Patria, el jefe de Gabinete no dudó de hablar de la posibilidad de un decreto para el nombramiento de García-Mansilla, algo que desde el interbloque peronista/kirchnerista rechazan de plano.

"La estrategia no se modificó. El presidente fue muy claro cuando dijo: ‘Los dos o ninguno’. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene. El presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente", sostuvo el funcionario.

E insistió: "Si el mandatario dijo los dos o ninguno y uno se aprueba, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte".

Sin el llamado a sesiones extraordinarias, pero con el anuncio del Gobierno nacional de ir por la eliminación de las PASO en este 2025, el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) advirtió que “no se deben tocar leyes electorales en el año de una elección, son legislaciones especiales que tienen que discutirse y resolverse un año anterior al año de comicios".

Asimismo, remarcando su postura contraria al Gobierno nacional, cargó: "No me gusta el proyecto para eliminar las PASO. Esta propuesta llegó después de las elecciones de 2009 cuando irrumpió un candidato apodado alicate que después desapareció, las PASO surgieron para remediar este tipo de situaciones y funcionó bien. Quizás hay que adaptarlas y modificar alguna cuestión, pero no eliminarlas".

En diálogo por AM 1030, Valdés sumó: "Sobre el caso del adelantamiento de las elecciones en CABA. la Constitución de la Ciudad establece que no deben ser en conjunto las elecciones de la ciudad con las nacionales", y agregó: "La boleta única se sancionó en el Parlamento, lo que debe hacerse es adaptar la elección nacional a la Boleta Única”.

En relación a la Corte Suprema de Justicia, el diputado porteño refirió: “El Gobierno puede proponer a quien quiera para integrar la Corte y la oposición debería postular sus propios nombres”. Así las cosas, le sugirió una postura a su bloque de la Cámara alta: “Si hay un bloque con 33 votos en el Senado como es el caso de UxP, corresponde que postulen sus nombres para la Corte”.

Por último, Eduardo Valdés expresó que “todos los sistemas políticos establecen que el oficialismo puede nombrar un juez y la oposición una jueza. Lo que correspondería en este momento es que propongamos una jueza”, y cerró: “Las dos vacantes deberían ser para mujeres, ya hay tres hombres. Es una buena oportunidad para remediar esta situación".

Durante la última conferencia de prensa del año, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a alejar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nombre jueces de la Corte Suprema por decreto, algo sobre lo que durante todo el año hubo declaraciones ambiguas desde Casa Rosada, mientras en Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no mostraron avances.

El funcionario negó que esté redactado un decreto y señaló: "El presidente ya dijo que lo iba a hacer sólo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros (de la Corte) y el Senado no haya resuelto".

"Nosotros tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y que se debe resolver en ese ámbito. Nosotros vamos a intervenir solo en el caso que el Senado no lo resuelva y haya que resolverlo por alguna cuestión coyuntural", sostuvo, para luego resaltar que esperan que sea un tema que se resuelva en el comienzo del próximo año.

Al enfatizar sobre los tiempos judiciales, Adorni precisó que "la Justicia Federal, durante 2023, que son los últimos datos completos que tenemos, ha resuelto sólo el 0,4% de los casos graves sobre narcotráfico. Está claro que la Justicia, de manera ágil, y la Justicia en general, no funciona”.

“Hasta ahora la Corte Suprema viene funcionando con tres miembros. Mientras que no haya algún impedimento para que la Justicia avance, será un tema que resolverá el Senado y que nosotros no tenemos mucho para decir”, insistió.

Y añadió: "Me parece que todos estamos de acuerdo en que la Justicia si hay algo que le falta es agilidad. Va a ser un gran trabajo por delante para todos, el poder solucionar la lentitud en algunas cuestiones que tiene la Justicia desde hace mucho tiempo".

Precisamente sobre los tiempos que llevan los fallos había hecho una crítica el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, días atrás. Fue horas después de la acordada del máximo tribunal por la cual se estableció un mecanismo para designar conjueces. Dentro de tres días será formal la salida de Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años, y la Corte pasará a tener 3 de sus 5 miembros.

Por otra parte, el vocero presidencial fue consultado por la intención del Gobierno nacional de eliminar en 2025 las elecciones primarias. "Se calcula que las PASO tienen un costo aproximado de unos 150 millones de dólares. La verdad que nos resulta absolutamente innecesario. Son cuestiones que deben resolver los propios partidos. Nos parece un absoluto delirio", manifestó.

"Veremos si se trata en extraordinarias o no", agregó y opinó que "el tema de fondos es un tema muy importante para tan poco valor que aportan las PASO".

Respecto de una posible candidatura suya el año próximo, Adorni respondió: "Si el presidente me lo pide, por supuesto (que aceptaría). Nosotros estamos acá para empujar la agenda del presidente, y si la agenda del presidente me pone a mí en un lugar, sea el de candidato, sea estar en mi casa o sea donde estoy, así será".

Los senadores nacionales del bloque de la UCR festejaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán.

Los legisladores de la bancada presidida por Eduardo Vischi emitieron un comunicado bajo el título "Por la alternancia y el fortalecimiento de la democracia", en el que consideraron que la decisión del máximo tribunal "es un signo inequívoco de los tiempos de cambio que vivimos y un aliciente para el pueblo formoseño".

"Uno de los valores fundamentales de la democracia es, precisamente, la alternancia. La vigencia de mandatos ilimitados derivan en una acumulación de poder obscena, que derrama en las instituciones y lesiona las posibilidades de expresión de los soberanos", señalaron.

En ese sentido, consideraron que "la definición de la Corte Suprema es un soplo de aire fresco que responde a las exigencias de los argentinos por más y mejor democracia, con la transparencia como eje rector".

Finalmente, manifestaron su "total acuerdo con el fallo y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por las iniciativas que buscan robustecer la calidad democrática de nuestro país".

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución formoseña por lo que el actual gobernador peronista Gildo Insfrán no podrá presentarse a una nueva reelección. Cabe recordar que está a cargo del Poder Ejecutivo de Formosa desde 1995.

El fallo fue unánime ya que contó con el aval de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En redes sociales, varios legisladores, principalmente los opositores a Insfrán en Formosa, celebraron el fallo del máximo tribunal de justicia.

En diálogo con parlamentario.com, la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) celebró el fallo del máximo tribunal de justicia y afirmó que “celebro por el pueblo de Formosa y por los formoseños que vienen luchando por este cepo institucional que les pone el gobernador”. En virtud de ello, agregó: “Efectivamente los jueces se expidieron definiendo que eso contraviene el artículo 5 de la Constitución Nacional”, en relación al 132 de la Constitución provincial.

Consultada por los casi 30 años de gestión de Insfrán, manifestó que afecta el estado de derecho y que conspira con la limitación del poder del espíritu de la Constitución Nacional”, y cargó: “Es de esperar que Gildo Isnfrán, llamando a una constituyente, no burle el fallo de la Corte Suprema tratando de que esto se aplique a partir del 2027 y gozar de dos reelecciones más”. “El espíritu de la Constitución Nacional es clara y los jueces pusieron las cosas en su lugar”, concluyó.

Por su parte, el diputado formoseño Fernando Carbajal (Democracia para siempre), consultado por parlamentario.com, destacó que “hoy es un día de fiesta para los formoseños, para la República y para el Estado de derecho”. Asimismo, dejó en claro que “este fallo es de aplicación inmediata y quiere decir que Gildo Insfrán no podrá ser candidato en las próximas elecciones, y que ha perdido legitimidad en el ejercicio del cargo”.

“Gildo Insfrán debe renunciar y el vicegobernador también. Debe efectuarse un nuevo llamado a elecciones para elegir un nuevo gobernador que tenga legitimidad democrática y republicana”, remarcó, y aseveró: “Si no lo hace la provincia deberá ser intervenida por el gobierno federal para restaurar el orden republicano en la provincia de Formosa”. “Viva la república, viva la democracia y viva el estado de derecho”, concluyó.

También, a través de un video, el senador monobloquista Francisco Paoltroni publicó un video en X, en donde manifestó: “Se terminaron las reelecciones indefinidas, la concentración de poder, los atropellos y este modelo de pobreza de Insfrán que tanto daño le hizo a Formosa”. “Sanar nuestra Constitución es el primer paso para empezar a generar oportunidades a través de inversiones, de los títulos de propiedad, del aumento de la producción, del ferrocarril y las energías renovables”.

¡HISTÓRICO! El fallo de la Corte Suprema es un triunfo de la democracia, el federalismo y de todos los formoseños. Se terminaron las reelecciones indefinidas, la concentración de poder, los atropellos y este modelo de pobreza de Insfrán que tanto daño le hizo a Formosa. pic.twitter.com/VWSkiSdQci

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 19, 2024

 

El senador formoseño Luis Naidenoff (MC), quien supo ser jefe de bancada radical en la Cámara alta hasta diciembre del 2023, expresó: “NO MAS INSFRÁN. Después de años de atropellos el régimen tiene fecha de vencimiento. Un enorme respiro para la democracia argentina”.

Asimismo, la diputada provincial Ana Gabriela Neme señaló: “Hoy ganó la libertad en Formosa, ganaron los derechos humanos y la democracia. Sin la lucha y la visibilización nada de esto sería posible”, y añadió: “Gracias a todos los que se sumaron a decir BASTA a este modelo de atraso y persecución. Se inicia un nuevo camino, no será fácil, pero vamos a lograr la FORMOSA LIBRE que nos merecemos”.

De la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro se refirió al fallo de la Corte y amplió: “El fin de una era de abusos y atropellos. Tras casi 30 años en el poder, Gildo Insfrán, símbolo del autoritarismo feudal, recibe un freno histórico”. “Es un triunfo para quienes creemos en la democracia, la libertad y los derechos humanos”, agregó.

A pocos días de que culmine el 2024, uno de los grandes capítulos pendientes del año parlamentario es la designación de dos jueces de la Corte Suprema, lugar para el cual el Gobierno postuló al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla.

Luego que el máximo tribunal firmara una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces y con el auxilio de conjueces, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó los tiempos de los fallos y volvió a hablar de la posibilidad de que el presidente Javier Milei nombre por decreto a los nuevos miembros.

"Cuando uno mira los tiempos que llevan los fallos de la Corte, la verdad que es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar sentencia sobre un tema, es inusual. Que un proceso de la Argentina lleve 20 años es una cosa increíble, entonces no sé si puede funcionar con tres jueces. Desde el punto del vista del quórum podrá, pero en términos de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos seguir teniendo una Corte con tres miembros", sostuvo.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario afirmó que la opción de designar a los jueces por decreto "es algo que el presidente tiene en la cabeza y lo utilizará en el momento que corresponda; es una decisión de él". "Él sabe que la Constitución lo habilita a realizarlo de esa manera; generará todas las discusiones que siempre generan estas cosas, pero él decidirá si lo utiliza o no", completó.

A partir del próximo 29 de diciembre, cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años, la Corte quedará integrada por 3 de sus 5 miembros. Para cubrir la vacante de Maqueda, el Poder Ejecutivo propuso a García-Mansilla, mientras que Lijo fue el elegido para ocupar la silla que quedó vacía desde la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Sin embargo, los pliegos no avanzaron. El mes pasado, recién el de Lijo consiguió todos los avales para su dictamen, con la firma de la catamarqueña Lucía Corpacci, actual vicepresidenta segunda del PJ Nacional.

En la anteúltima sesión del Senado, cuando Francos concurrió a brindar un informe de gestión, desde Unión por la Patria le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla.

Por otra parte, el jefe de Gabinete dijo este jueves que en las elecciones legislativas del año que viene buscarán engrosar la tropa de legisladores. "Este año hemos obtenido la sanción de la Ley Bases, pero implicó negociaciones muy fuertes; nos costó porque teníamos un bloque de diputados de 38 miembros, con lo cual pasar a un bloque que esté cercano a los 100 miembros para nosotros va a ser un desafío enorme", expresó.

"Para todas las reformas que vienen necesitamos tener un bloque más numeroso y yo creo que la gente va a entender todo eso", agregó y, al ser consultado sobre la relación con sus socios del Pro, consideró que "la actitud responsable sería buscar un acuerdo entre todos los que pensamos parecido".

Luego de días de trascendidos, que se dieron a conocer desde Casa Rosada la semana pasada, pero en el Senado se rehusaban a revelar, el kirchnerismo salió a confirmar este martes la firma de Lucía Corpacci al dictamen del pliego del juez federal Ariel Lijo como candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. 

La propia senadora hizo declaraciones este martes por radio. Integrante de los primeros lugares de la lista encabezada por Cristina Kirchner al PJ, la catamarqueña aseguró que en su momento habló con la expresidenta sobre esa postulación, pero decidió acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo no a sugerencia de CFK, sino a pedido de su gobernador, Raúl Jalil, de quien se ha mostrado independiente en muchos temas. Por eso, el aval de Corpacci, alineada a la titular del PJ Nacional, es todo un gesto.

Lijo pasó por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos a finales de agosto. Recibió impugnaciones de la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. Con rechazo de senadores de la oposición dialoguista, para la aprobación de su pliego en el recinto, el oficialismo depende sí o sí de Unión por la Patria, interbloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. También así, para llegar a los dos tercios, requiere un amplio aval el candidato Manuel García-Mansilla, quien en cambio es más resistido por el kirchnerismo, que insiste con que uno de los dos candidatos debe ser una mujer. 

A diferencia de Lijo, García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, todavía no reúne las firmas necesarias para el dictamen de su pliego. El Gobierno, por su parte, tiene una posición tomada respecto de que "son los dos o ninguno", con lo cual todavía hay incertidumbre en saber qué pasará con las designaciones. En el medio, cada dos por tres, funcionarios de Rosada reflotan la posibilidad de que los nombramientos salgan por DNU, como lo hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno. 

Según confirmaron fuentes del Senado a parlamentario.com, el pliego de Lijo fue avalado por el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche; la tucumana Beatriz Ávila, del Pro; el presidente de Las Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola; el salteño Juan Carlos Romero, también de ese bloque; el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y el misionero Carlos Arce.

En tanto, las tres firmas de UP fueron las del sanjuanino Sergio Uñac; la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador Gerardo Zamora; y la de Corpacci, la última en habilitar el dictamen, que requería una firma más de la mitad de los integrantes de la comisión. 

En declaraciones a radio El Destape, la senadora catamarqueña fue consultada sobre la figura de Lijo y su opinión al respecto: “Yo no tenía cuestionamientos... a ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego” salvo el rechazo a que no hubiera una mujer postulada en su lugar, pues a Lijo se lo propuso en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. 

“Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre (por Manuel García-Mansilla). Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, continuó Corpacci. 

Consultada por las críticas que hay hacia Lijo y que finalmente no se cambió el pliego de una mujer por uno de los dos varones, la legisladora expresó: “Mire, la verdad es que la Justicia está llena de cuestionamientos y gente que llegó que parecía intachable después demostró... la verdad... es tan difícil el tema de la Justicia. Hasta podría decirle que algún otro que manden me podría resultar mucho más preocupante”.

Sobre si había conversado de la candidatura del juez federal con Cristina Kirchner, la senadora dijo que “por supuesto” lo hablaron “en su momento”. “Yo le dije que era entre otras cosas un pedido del gobernador de la provincia, que quería que acompañáramos a los candidatos del Gobierno nacional y el planteo fue ‘tratemos de que sea una mujer’, pero no lo logramos. Y esa fue la actitud del bloque”. Pero negó haber estampado su firma por una decisión de “ahora” conversada con CFK. 

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó en X un mensaje destacando un fallo de la Corte Suprema de Justicia por el que el máximo tribunal de justicia desestima una solicitud de una persona que pedía que en el género de su DNI aparezca "feminidad travesti" (FT), en vez de la letra F, de "femenino".

En el contenido de la publicación, adjunta a un recorte periodístico, añadió: “Gran avance de la CSJN para ponerle un freno al delirio de la ideología de género”, y agregó: “El Estado no tiene por qué meterse en la esfera de intimidad de los individuos, ni tampoco avalar compulsivamente que se obligue a otros ciudadanos a creer autopercepciones fantasiosas. El cambio cultural avanza”.

Gran avance de la CSJN para ponerle un freno al delirio de la ideología de género. El Estado no tiene por qué meterse en la esfera de intimidad de los individuos, ni tampoco avalar compulsivamente que se obligue a otros ciudadanos a creer autopercepciones fantasiosas. El cambio… pic.twitter.com/D034hgx2NI

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 6, 2024

El fallo de la Corte Suprema lleva la rúbrica de los cuatro integrantes. Del mismo modo, la Cámara Civil rechazó también el pedido porque chocaba con lo establecido en la legislación al respecto.

 

El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.

Tras el paso de juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri.

García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal.

Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional" y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

"Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.

Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que "omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé".

"Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”, indicó en su descargo.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, disertó este martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remarcó su oposición a la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “No cuenta con los pergaminos necesarios”.

Si bien la titular de la Cámara alta ya había rechazado la idea que Lijo ocupase un lugar en el máximo tribunal de justicia cuando reveló que no le gustaba, esta vez agregó que “está reemplazando la banca de una mujer y me hubiera gustado que ese lugar lo ocupara una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino desde un lugar de justicia”.

“Mi opinión sobre él es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura”, remarcó Villarruel consultada por la postulación que propuso el Poder Ejecutivo Nacional desde hace unos meses. Este miércoles a las 10, el juez Lijo defenderá su postulación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para terminar, Villarruel reiteró que Lijo “es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cabe recordar que en caso de que avance el pliego de Lijo, pasaría a ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton en 2021.

El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato- y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezará una especie de audiencia paralela bajo el nombre de "Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación", donde se esperan críticas a Lijo.

El evento, que se llevará a cabo este lunes a las 17 en el Salón Azul, estará moderado por la socia fundadora de Será Justicia, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos. En la jornada expondrán Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Edgardo Buscaglia, académico senior en la Universidad de Columbia; María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza; Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y presidente de Fores; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la CABA.

La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario “no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad”. El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.

Pedimos al Senado el rechazo del acuerdo del abogado Lijo como candidato a la CSJN, fruto podrido del acuerdo de impunidad entre MILEI, los K y los operadores de siempre. La @UCRNacional no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad. #NOALIJO pic.twitter.com/aUsP1zQLE1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) July 29, 2024

En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que “se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional”.

De ese modo, acusaron al juez como “presunto integrante de una asociación ilícita” y explicaron: “En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano— y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió”.

Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es “quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo”.

En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.

“Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF”, agregaron.

También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa “siemens”, donde “se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach”.

Según lo presentado por la UCR, “el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens”.

En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo “desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, que están cargo del mencionado magistrado.

En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por “acercar” el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y “la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí”.

 

Lijo observación a acuerdo

 

Se confirmaron las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el Gobierno nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia, se presenten a defender sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro). Serán el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como paso previo, este 19 y 22 de julio deberán publicarse los edictos correspondientes en el Boletín Oficial, y también en dos diarios de circulación nacional. A partir de allí se abrirá un plazo de siete días para la presentación de impugnaciones y/o adhesiones; seguido por tres días de análisis por parte de la comisión sobre qué impugnaciones considera válidas y tres días más para que los postulantes respondan al respecto.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

La diputada de Confianza Pública (CP) y vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que reabra la causa por “la fiesta de Olivos”, en la que el entonces presidente Alberto Fernández, su mujer Fabiola Yañez y un grupo de amigos rompieron la cuarentena por Covid 19.

En ese sentido, la legisladora explicó que “mientras todos los argentinos estábamos atravesando la pandemia por Covid 19, encerrados en nuestras casas con incertidumbre, angustia y en muchos casos sin poder acompañar o despedir a nuestros seres queridos, algunos sí se daban el lujo de celebrar encuentros y ‘fiestitas’” y aseveró que “la foto que todos conocemos del cumpleaños de la ‘querida’ Fabiola es una escena más de la impotencia que genera la impunidad del poder. La falta de Justicia solo deja la posibilidad de la repetición de estos hechos, que ya no queremos que formen parte de nuestra historia como país”.

Sobre esa misma línea, Ocaña manifestó: “a cuatro años de la fiesta de Olivos, los argentinos estábamos con miedo ante el desconocimiento de una nueva enfermedad que era una pandemia mundial, sin información y en el marco de una cuarentena que se tornó eterna. Sin embargo, esta situación no era la que vivían todos los argentinos: el presidente, su esposa y un grupo de amigos decidieron violar las normas que ellos mismos habían establecido” e indicó que “aquel presidente que levantaba el dedito, juntó a sus amigos para agasajar a su mujer, la querida Fabiola”.

“A cuatro años de esta barbaridad que muestra la impunidad del poder. Por eso es necesario que la justicia reabra esta causa, porque no puede ser que el presidente quiera comprar su culpabilidad con dinero”, continuó y concluyó precisando que “necesitamos que la Corte reabra este expediente y haga justicia para los miles de argentinos que murieron sin vacunas, solos, sin poder ser acompañados en esa locura que significó la cuarentena eterna de Fernández”.

A CUATRO AÑOS DE LA FIESTA DE OLIVOS

Mientras todos los argentinos estábamos atravesando la pandemia por COVID-19, encerrados en nuestras casas con incertidumbre, angustia y en muchos casos sin poder acompañar o despedir a nuestros seres queridos, algunos sí se daban el lujo de… pic.twitter.com/8CJpMuVfCd

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 14, 2024

 

 

Como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad aprobó durante la sesión de este jueves una iniciativa mediante la cual le exigieron al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.

Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.

“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.

Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.

Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.

Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.

La senadora nacional Alejandra Vigo (UF – Córdoba) presentará este martes a las 12 en el Salón Azul del Congreso un proyecto de ley sobre paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del ciclo de diálogos interinstitucionales que organiza la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA).

La iniciativa propone modificar el artículo 21 del decreto-Ley 1285/58 (de organización del Poder Judicial) y que establezca que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará conformada por cinco miembros con representación federal de distintas jurisdicciones e integración en un mínimo de 30% de mujeres”.

El texto propone también que la “composición de cada tribunal federal colegiado contará con un mínimo de 30% de mujeres”. La senadora rionegrina Mónica Silva, la ministra de la Corte mendocina, Teresa Day, y Sofía Sagüés (Amja) estarán en la presentación.

Hace dias, la cordobesa se había reunido con la vicepresidenta Victoria Villarruel donde remarcó la importancia de la cuestión de género para integrar la Corte. Allí, la titular de la Cámara alta recibió la redacción del proyecto que semanas atrás presentó en el Senado, con el objetivo de garantizar a las mujeres lugares en el máximo tribunal, y también en los tribunales federales colegiados.

 

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria le solicitaron, a través de una nota, al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que informe sobre los cuestionamientos que esgrimió Ricardo Lorenzetti en su disidencia sobre la creación de una nueva secretaría penal en el tribunal.

El pedido de acceso a información pública fue firmado por Germán Martínez (jefe del bloque), Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Juan Manuel Pedrini.

Los diputados pidieron "detalles sobre hechos y situaciones denunciados por Lorenzetti, de los que no se encuentran registros de acceso público".

Además, el pedido de informes reclama a Rosatti que precise "si existen en el ámbito de la Corte unas 60 mil causas sin resolver, y en ese caso explique cuáles son las razones que dieron lugar a ese atraso en la resolución".

Los legisladores pretenden saber "si se discutió entre los ministros la elaboración de un código de ética, algo que jamás existió en la Justicia argentina a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo".

Lorenzetti denunció que la creación de una nueva secretaría penal demandará un aumento en el presupuesto de la Corte y la creación de nuevos cargos. El funcionario designado en esa secretaría es Diego Seitún, por lo que preguntaron "si es abogado defensor de Rodrigo Arboleda Halaby en la causa que investiga la cesión fraudulenta de la Sociedad Rural Argentina por parte del Estado Nacional; de Carlos Alberto Castellani, funcionario del Banco Nación investigado por los préstamos fraudulentos otorgados a Vicentín SAIC, y de Joaquín Enrique Marque, en una causa en la que se investiga el libramiento de cheques sin fondos".

Ante las graves acusaciones vertidas por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, diputados de @Diputados_UxP presentamos un pedido de acceso a la información preocupados por la falta de transparencia en el máximo tribunal de administración de justicia de la Argentina. pic.twitter.com/u0thV8JYNH

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) May 29, 2024

El documento también pide la copia de las actuaciones administrativas sobre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, a quien Lorenzetti cuestionó en un capítulo de su voto titulado "Ocultamiento de las irregularidades de un funcionario".

Durante todo el 2023 los titulares del máximo Tribunal fueron eje de investigación del entonces oficialismo que  llevó adelante un total de 26 reuniones de la Comisión de Juicio Político y emitió dictamen acusatorio contra los cuatro miembros que integran la Corte Suprema de Justicia que tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

La organización Marianne manifestó su preocupación por la postulación únicamente de candidatos varones para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin la presencia de mujeres para cubrir las vacantes en el actual procedimiento impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

“La falta de representación equitativa en el superior tribunal de justicia de la República desatiende el deber de consagrar la paridad de género, piso mínimo para asegurar el derecho de las mujeres a la participación en los puestos de toma de decisiones y el logro de la igualdad real, conforme lo prevé la constitución nacional, los tratados internacionales y, en particular, el Decreto 222/03”, señalaron.

Además, cuestionaron que “no se trata sólo de una cuestión de mera equidad”. “Se trata de brindar a una sociedad compleja un servicio de Justicia acorde a esa diversidad. La mirada de la mujer aporta puntos de vista diferentes respecto de cuestiones que deben resolverse en los tribunales, en particular en la CSJN, instancia a la que llegan asuntos de índole patrimonial, de familia, penales, comerciales, entre otros”, agregaron.

Por último, expresaron que “quedó demostrado con el prestigioso paso por ese organismo de las doctoras Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, quienes dejaron una huella trascendente, que una mirada sesgada de la vida sociedad pretende hoy borrar”.

 

Lógica, la asociación sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, se presentó en el proceso abierto ante el Ministerio de Justicia de la Nación para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, para lo cual el Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de Senadores a José García Mansilla (constitucionalista) y Ariel Lijo (penalista).

La ONG no objetó la postulación del candidato constitucionalista, pero sí objetó la del candidato penalista, y exhortó a que, en su lugar, sea propuesto "un, o mejor aún, una candidata con especialidad tributaria", según lo expresado por la ONG.

Esto surge de interpretar el decreto 222/03 y sus considerandos, referido a la “diversidad de especialidad” de la Corte, previo al análisis de otros aspectos (aptitud moral, idoneidad, trayectoria, etc). Ella debería apuntar a las áreas del derecho más relevantes para el país, en la respectiva época. Según Lógica, la fiscal es actualmente y por lejos la más relevante. La rama que más se le relaciona es la del derecho tributario y, en menor medida, la del derecho constitucional, por los principios constitucionales tributarios estudiados desde ambas áreas.

Según Lógica, los excesos fiscales provocaron la actual “tragedia económica”. Los impuestos más gravosos del mundo, la segunda inflación más alta, el descontrol del gasto público, etc. tuvo por efectos una pobreza mayor al 40%, un país estancado desde 2011, con una informalidad que ronda el 45%.

A continuación detallamos otros argumentos de Lógica:

El contexto futuro. Lo fiscal fue lo más relevante durante la última campaña y lo es en el propuesto Pacto de Mayo (el 50% de los 10 puntos son fiscales), a partir del cual, en su caso, se dictará la responsabilidad de jueces demasiado tolerantes con los impuestos más gravosos. En general, los jueces no han puesto un freno a la voracidad fiscal. En la presentación se realizó un análisis de la jurisprudencia de la Corte en los últimos tiempos, concluyendo que muchos de sus fallos han sido funcionales al sistema tributario más gravoso del mundo y la consecuente “tragedia fiscal”.

Las consecuencias. Dicha actitud funcional de los jueces tuvo efectos negativos en todos los argentinos: máxima presión fiscal formal (50,7%), empleados registrados que deben trabajar más de medio año para pagar todos sus impuestos, y ciudadanos que, al final de la cadena, terminan afrontando impuestos por más del 40% y hasta más del 50% del precio final de los bienes que consumen.

La invisibilidad fiscal en la Corte. El país más gravoso se manifiesta en múltiples aspectos con el patrón común de la invisibilidad fiscal. Así como los impuestos no se visibilizan en los tickets, en la Corte se manifiesta en que ninguno de sus 23 ministros desde la vuelta de la democracia ha sido tributarista.

No cualquier tributarista. El elegido debería ser conducente a resolver los problemas fiscales en los casos concretos. Aquel que, además de excelente trayectoria y reputación, sea garantía de impecable aplicación de los principios constitucionales, demostrado en fallos, dictámenes y/o doctrina. No uno de los muchos tributaristas pro-fisco, funcionales al país más gravoso. No es cuestión de agravar el problema.

La cantidad de causas fiscales novedosas. Durante la próxima década confluirán en la Corte las iniciadas como resultado del cúmulo de excesos fiscales de los últimos años en los tres niveles de gobierno y también las que resultarán de las nuevas normas fiscales en el marco del actual proceso de cambio.

La influencia desde lo más alto. La relevancia de lo fiscal es tal que no basta con apoyarse en secretarios tributaristas o en el Procurador General. Quien lidere esos fallos deber ser ministro, marcando el camino dentro de ella, a los tribunales inferiores y al resto de la sociedad, con clara señal de cambio.

Cuestión de género. El Decreto 222/03 exige “diversidad de género”. No hay ministros mujeres desde 2021. Hace 10 años había dos. Cuatro ministros más dos candidatos, todos hombres, es lindante o califica de discriminación. Hay mujeres con la especialidad tributaria y reputación exigida para la Corte.

Por todo lo anterior, desde Lógica no objetaron la postulación del candidato constitucionalista (García Mansilla), entre otras razones, por tener para aportar el conocimiento de los principios constitucionales tributarios.  Pero sí objetaron la del candidato penalista (Lijo) porque (i) desde su especialidad tiene muy poco para aportar a lo fiscal, apenas en los pocos casos penales tributarios atendibles por la Corte, (ii) no se anticipan cuestiones novedosas en lo penal, (iii) la seguridad es prioritaria pero depende de la policía y tribunales inferiores, no del voto de un ministro de Corte a una década de los hechos, y (iv) la existencia de la Cámara de Casación Penal lo vuelve aún menos relevante. En su lugar, Lógica exhortó a que se designe un, o mejor aún, una tributarista con el perfil mencionado para cubrir la restante vacante. Las designaciones de tal tributarista más la del constitucionalista, le infundirán a la Corte el conocimiento en la materia tributaria que resulta tan urgente como imperioso que tenga el más alto tribunal del país.

Los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por la líder de su partido, Elisa Carrió, presentaron su impugnación contra el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la Corte Suprema de Justicia. 

En el escrito dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los legisladores señalaron que Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”. “Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguraron. 

El texto -que lleva las firmas de Carrió y los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade- plantea que Lijo “no reúne las condiciones vinculadas con el requisito de independencia que debe cumplir todo juez y su cuestionamiento público ante graves sospechas de observar conductas reñidas con la transparencia y la ética inciden negativamente en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en la administración de justicia, lo que facilita que se asocie a los magistrados con la protección de actividades relacionadas con el delito”. 

“La nominación de un abogado/a para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema reviste suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial”, expresaron y, en ese sentido, insistieron que el magistrado “ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta Magistratura de la Nación”. 

En la impugnación, agregaron que a ello “se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sobre esto último, los cívicos calificaron como “magra y endeble” la “formación profesional y académica del juez Ariel Oscar Lijo, que no trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra, cursada por el candidato hace casi 25 años”. 

Al enumerar los argumentos, Carrió y compañía recordaron una denuncia en contra de Lijo, realizada en 2018 por la líder de la CC, en la que se lo investigó como posible integrante de una asociación ilícita. “En dicha denuncia se señaló que Alfredo Lijo, junto a su hermano, el juez federal Ariel Lijo, formarían parte de un entramado destinado a garantizar la impunidad de distintos funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción y que, como consecuencia de eso, ambos se habrían enriquecido ilícitamente. Cabe destacar que la denunciante acompañó prueba documental y solicitó que se produjeran varias medidas de prueba”, recordaron. 

Y subrayaron que “pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, ninguno de los imputados fue indagado y, en silencio, la causa fue archivada por el juez Ercolini, con el aval del fiscal Picardi, quien tenía delegada la investigación. Luego de ello, se presentó como abogado defensor el Dr. Mariano Cúneo Libarona, a instar el sobreseimiento del Sr. Alfredo Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado. Este ‘detalle’ no es menor ya que, quien ha ejercido la defensa de los hermanos Lijo, hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y en ese carácter, en representación del Poder Ejecutivo, promueve la candidatura de su ahijado procesal a juez de la Corte Suprema”. 

Carrió y su tropa de legisladores explicaron que “pese a que públicamente ha trascendido que el juez Ariel Oscar Lijo habría sido sobreseído, cabe señalar que resulta al menos llamativo que pese a que fueron varias las personas denunciadas -entre ellas el candidato Lijo-, solamente se conozca públicamente la resolución del año 2021 que dispusiera el sobreseimiento del hermano del magistrado y no del resto de los consortes de causa”. 

En el escrito se cuestiona además la actuación de Lijo en las causas YPF, Siemens, la que investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y en una causa iniciada por una denuncia de la tabacalera Sarandí. 

También objetan su “vinculación con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti”, magistrado contra el que la Coalición Cívica sí impulsó el juicio político; y mencionan la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra Lijo por mal desempeño de su cargo.

 

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein, socialistas de Santa Fe que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, presentaron un rechazo a la postulación de los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El escrito fue dirigido hacia el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la explicación de su oposición a las candidaturas fue que “necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética, transparencia y estén comprometidos con los Derechos Humanos”.

*RECHAZAMOS LA POSTULACION DE LIJO Y MANSILLA*

Presentamos la impugnación a la postulacion de A. Lijo y M. Mansilla para ocupar las vacantes en la CSJN.
Necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética,
transparencia y estén comprometidos con los DD.HH pic.twitter.com/KUWTwZv8YD

— DiputadosPS (@BloqueDipPS) May 6, 2024

Del mismo modo, plantean que “nuestro país quedó muy lejos de cumplir con los compromisos asumidos en los Tratados de DDHH incorporados en la Constitución Nacional”. También, señalan que “la ausencia de mujeres importa un grave retroceso en orden de efectivizar el principio de igualdad que informa la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

“La postulación de dos varones para cubrir las vacantes en la Corte implica, además de un proceder anticonvencional, un grave retroceso en orden a cumplir el mandato constitucional que nuestro país ha adoptado”, cierra el texto dirigido al Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo había oficializado ambos pliegos a mediados de abril y desde la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica rápidamente pidieron la impugnación. Incluso desde el oficialismo en el Senado no se mostraron convencidos de la postulación de Lijo.

El senador nacional Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja) se refirió este martes a la presentación de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia Nacional y sostuvo que “tienen que convencerme, porque creo que hay gente que está muy por encima de él”.

En esa línea, el titular de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo amplió que “me gustaría una mujer, pero una cosa es lo que uno desea y otra lo que la calidad dicta”. Del mismo modo, ratificó que “no hay definiciones”, y aclaró que “no tuvo pedidos concretos del Poder Ejecutivo”.

Consultado en Radio Sí por el nuevo debate de la ley Bases, el senador riojano se mostró a favor de la reforma laboral y explicó que “en el Senado hay dos proyectos, uno del radicalismo y otro de Juan Carlos Romero, que para mí es más completo y ambicioso”.

También, cuestionó a la conducción de la CGT: “tiene que aggionarse como todas las instituciones porque los trabajadores necesitan servicios por encima de la lucha”. Asimismo, señaló que “algunos sindicatos no están de acuerdo con esta conducción”.

Por último, Pagotto se refirió a las medidas llevadas a cabo por el presidente Javier Milei e indicó que “estamos sufriendo el reacomodamiento de la economía. Habrá que terminar de frenar la inflación y prever un horizonte de crecimiento”. “La inflación es alta, el núcleo duro sigue siendo de un dígito, va en descenso”, concluyó.

Un grupo de diputados de la UCR, identificados como los más opositores al Gobierno, envió una nota al presidente del partido, Martín Lousteau, para que se convoque al Comité Nacional y se rechacen las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. 

La misiva, que lleva las firmas de Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Marcela Coli y Manuel Aguirre, solicita a Lousteau que “convoque al Comité Nacional a los fines que el partido impugne y se oponga a las nominaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional”. 

En ese sentido, recordaron que el decreto 222/03 fija un plazo de 15 días, a partir de la oficialización de las nominaciones en el Boletín Oficial, para observar las candidaturas ante el Ministerio de Justicia. “Corresponde que el partido UCR, como institución fundamental de la democracia, se exprese sobre esta situación”, sostuvieron. 

Los legisladores señalaron que en la nominación de ambos “se han vulnerado criterios esenciales de representación de género y de la diversidad geográfica y cultural de nuestro país”. 

“En el año 2024 la conformación de una Corte integrada exclusivamente por hombres constituye una anomalía institucional que no puede ser convalidada”, cuestionaron, al tiempo que remarcaron que tanto Lijo como García Mansilla son de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante la publicacion de las nominaciones de los candidatos a la CSJN los diputados nacionales de la UCR @pjgalimberti @aguirremanuelok @Marcelacoli63 le pedimos a @UCRNacional se oponga a esas propuestas. Motivos sobran. Aquí algunos pic.twitter.com/mJmElEcRIa

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) April 15, 2024

Puntualmente sobre Lijo, criticaron su “falta de idoneidad técnica, como ética y de antecedentes para el cargo al cual ha sido postulado”, además de “falta de formación académica” ya que no tiene “maestrías o doctorados”. 

“En el ejercicio del cargo de juez federal ha sido un fiel representante del conglomerado judicial de Comodoro Py que ha hecho de la negociación política con el poder de turno un modo de acción que debe ser desterrado de la Justicia”, enfatizaron. 

Y consideraron que “esta postulación para juez de la CSJN implica la pretensión del Poder Ejecutivo de llevar ese acuerdo espurio a niveles superiores de la administración de Justicia, y como tal debe ser rechazado por nuestro partido”. 

“Destacamos negativamente las acciones cumplidas por el juez Lijo para asegurar impunidad del gobernador formoseño Gildo Insfrán, remitiendo las actuaciones vinculadas a la ‘causa OLD FUND’”, sumaron y recordaron que “también fue denunciado por enriquecimiento ilícito y fue desvinculado de la causa por un juez de Comodoro Py”. 

 

Un día después de conocerse los candidatos que el Poder Ejecutivo impulsará para ocupar la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el Gobierno oficializó el decreto que modifica la normativa sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces supremos.

Tal como se había adelantado en el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se introdujo una reforma al decreto 222/2003, dictado entonces por Néstor Kirchner, incorporando un nuevo artículo que tiene por objetivo acelerar los reemplazos, en caso de saber que en determinada fecha se producirá una vacante.

Mediante el decreto 267/2024, se introduce el artículo 9 bis al decreto de 2003, estableciendo que "las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada. Cumplidos los procedimientos correspondientes, y habiendo el H. Senado de la Nación prestado el acuerdo previsto por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación será formalizada una vez que se produzca efectivamente la vacante”.

En los considerandos, el Ejecutivo apuntó que "los jueces y los magistrados del Ministerio Público que pretendan un nuevo nombramiento" deben "requerirlo ante el Ministerio de Justicia, con una antelación no menor a un año a la fecha en que alcancen los referidos 75 años de edad".

En el caso de Juan Carlos Maqueda, "no ha ejercido la opción de peticionar el nuevo nombramiento para su mantenimiento en el cargo un año antes del 29 de diciembre de 2024", fecha en la que cumplirá años, se señaló en el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En ese sentido, se sostuvo que "existe certeza de que se producirá una nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debería ser cubierta con premura a los efectos de garantizar la correcta administración de justicia".

"La experiencia ha demostrado que llevar adelante el procedimiento adoptado por el Decreto N°222/03 y obtener el acuerdo del Senado importa una demora mayor a los plazos previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más Alto Tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación", agregó el Gobierno.

Y, puntualmente sobre el reemplazo que proponen para Maqueda, del abogado constitucionalista Manuel García Santillán, el Ejecutivo resaltó que esperar a la vacante de Maqueda "se agrava dado que el trámite en el H. Senado de la Nación recién comenzaría luego del inicio de las sesiones ordinarias del año 2025".

El decreto publicado este jueves lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 

La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.

Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye "el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial".

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que "a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.

VAMOS A IMPUGNAR EL PLIEGO DE ARIEL LIJO PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA

La propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema, es el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial.

No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien…

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 20, 2024

En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que "Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei".

"No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!", escribió la legisladora Marcela Campagnoli.

En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que "si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más".

Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: "En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años".

En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 20, 2024

Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas

El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la "diversidad de género". Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.

Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. "El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia", manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: "Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres".

"Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia", agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que "de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte".

De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese… https://t.co/SlFkolmVSp pic.twitter.com/oZ1R5MalJd

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 20, 2024

"Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país", fue el mensaje de la radical Karina Banfi.

Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. pic.twitter.com/JeIvzAq77A

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 20, 2024

"Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad", opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: "Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose".

 

 

El Gobierno nacional confirmó este miércoles los nombres de dos candidatos que propondrá para la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos deberán ser enviados al Senado de la Nación, y allí, tras audiencia pública de los postulados en comisión, las designaciones deben aprobarse por el pleno por dos tercios de los votos de los presentes. Cabe recordar que, en la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aún reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable. 

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsará al juez federal Ariel Lijo. En tanto, este año Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postulará al académico Manuel García-Mansilla. El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores en contra del aborto legal. 

Manuel García Mansilla

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se informó: “El presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del decreto 222/2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”. 

El mencionado decreto de 2003 fue firmado por Néstor Kirchner y determina el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte. Entre sus artículos, uno de ellos indica que la composición deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. Con estas candidaturas no se respetaría, por ejemplo, la representación femenina, algo que también está ausente hace más de dos años con la salida de Highton de Nolasco. 

En el comunicado, desde Casa Rosada expresaron su “gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda” y resaltaron “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”. 

“A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, continúa el texto. 

Sobre Lijo, señala que “actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”. 

“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, finaliza el comunicado. 

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido consultado en conferencia de prensa a raíz de la información publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, quien afirmó que Lijo sería el elegido para completar el puesto que está pendiente desde el 1ro. de noviembre de 2021.

“En las próximas horas se va a emitir un comunicado”, respondió Adorni y agregó: “Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”. Finalmente, la confirmación llegó muy prontamente a través de la Oficina de Prensa presidencial. 

Lijo asumió en 2004 como titular del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py. Tuvo a su cargo la causa Ciccone, por la cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou; fue el primer magistrado en atender la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner; e intervino también en la causa por irregularidades en la causa del atentado a la AMIA, entre otros casos. Actualmente tiene a cargo la causa del hombre que atentó contra el presidente Javier Milei el día de su asunción, cuando le arrojó una botella. 

Ariel Lijo

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

El bloque de diputados naciones del Pro, encabezados por su presidente Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y garantizar la devolución de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que había quitado Alberto Fernández.

“Como es de notorio y de público conocimiento el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”, explicaron en el texto presentado.

Del mismo modo, cuestionaron al presidente saliente por “apresurarse a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del jefe de Gabinete de ministros por la misma razón”.

También, remarcaron que “un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Diego Santilli, Germana Figueroa Casas, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman y Martín Yeza, entre otros.

Proyecto de Resolución CABA (1)

Tras 26 reuniones realizadas a lo largo de este año, finalmente la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard (FdT), avanzó este martes con el dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y Juan Carlos Maqueda.

El juicio político, ahora, debería continuar en el recinto de la Cámara de Diputados, donde debería obtener una mayoría calificada (2/3 de los votos) para pasar al Senado, que es quien tiene la atribución de juzgamiento. Obviamente el oficialismo saliente no tiene el número en la Cámara baja, por lo que especulará votarlo más adelante ya que el dictamen tiene vigencia por tres períodos parlamentarios.

El dictamen de mayoría tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Los 16 votos a favor del dictamen correspondieron a los legisladores del oficialismo, a saber: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yotrovic.

En la antesala de esta última reunión, el oficialismo realizó varios cambios para asegurarse de lograr las 16 firmas del dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Quedaron fuera: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán (diputados que responden a Sergio Massa); y Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo.

La oposición presentó un dictamen de minoría en el que se opone a prolongar este proceso. También, hay un tercer dictamen presentado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en oposición al proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia.

El proceso iniciado el 26 de enero pasado llegó al final de su tratamiento en comisiones, el cual debió haber culminado el 20 de noviembre pasado (un día después del balotaje), pero el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, mencionó a todos los testigos que pasaron por la comisión y hubo un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Antes de las exposiciones de los diputados presentes en la reunión, se sometió a votación -y resultó afirmativo- que los dictámenes vayan acompañados por los anexos conjuntos de investigación (la parte general, resumen del proceso y las causas del proceso).

Asimismo, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que las presentaciones de los jefes de bloques, Juan Manuel López y Mario Negri, “tenían que haberse resuelto en un plazo razonable” y fueron rechazadas por “ser improcedentes a los informes depuestos”.

En primera instancia, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) planteó una reseña de las cuatro causales por las que el oficialismo lleva adelante este proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia. “El resumen fue lo suficientemente detallado para que la opinión publica tome conocimiento de la seriedad que privó en el ámbito parlamentario”, arengó.

“Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, agregó.

Del mismo modo, señaló que “la división de poderes es el pilar de nuestro sistema republicano”. “El juicio político es un procedimiento exclusivo del Congreso porque está en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados”.

Al respecto de las causales, Moreau explicó que “esas sentencias se transformaron en objeto de desviación de poder y no tenemos ninguna duda porque se vio reflejado en la causa 2x1, en la del Consejo de la Magistratura y en la coparticipación”, pero aclaró que “se juzga a las personas que integran la Corte Suprema, no a la institución”.

Finalmente, el diputado oficialista se solidarizó con Karina Banfi por las amenazas que recibió en su mail personal, y se manifestó preocupado por “el regreso” de discursos negacionistas que “alimentan la violencia política”.

En contraposición, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) expresó: “Llegamos a la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”. “Moreau acertó la verdadera causa de esta investigación, y la causa por la que debe ser desestimada, porque esto se hizo para justificar la desobediencia ante la Corte Suprema”.

“La Corte emitió sentencia para que Nación le devuelva la coparticipación a la Ciudad, pero el presidente Alberto Fernández dijo que no iba a cumplir la sentencia porque no estaba de acuerdo”, remarcó el jurista del Pro. “A quien se le debería hacer juicio político es al presidente de la Nación”, aseveró.

Con un breve repaso por los causales, Tonelli afirmó que esto tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces de la Corte”, y cerró: “Si le agregamos la sinrazón de los argumentos, no queda otra posibilidad más que rechazar esto”.

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez remarcó su postura -cercana a la de JxC- respecto a este proceso y presentó un dictamen propio donde rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Luego, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló: “Las causales son carentes de todo fundamento”, y agregó que “este Gobierno aun teniendo mayorías en Diputados y el Senado, siempre tuvo una relación conflictiva con la justicia”.

“Una vez tuvieron sentado 12 horas a un empleado y no lo dejaban ir al baño y esto fue parte de una táctica y estrategia cuando querían usar a la comisión con los testigos que usaban”, añadió Negri y afirmó que “esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que yo recuerde”.

Por su parte, el oficialismo planteó las cuatro causales del proceso de juicio político a la Corte Suprema a través de Vanesa Siley (irregularidades de la obra social del Poder Judicial), Eduardo Valdés (la sentencia por la composición del Consejo de la Magistratura), Hugo Yasky (el fallo del dos por uno), y Juan Manuel Pedrini (por el amparo que le devolvió la coparticipación a CABA).

A su turno, el diputado nacional Álvaro González (Pro) expuso: “Quiero simplemente hacer referencia que allá por enero cuando empezó esta comisión hice referencia a que íbamos a tratar este pedido porque hemos trabajado un año entero y repito que este juicio político se lleva a cabo por un fallo que al presidente de la Nación no le gustó”.

“Con innumerables fallas técnicas no hay razones objetivas ni subjetivas que ameriten llevar adelante este juicio político”, enfatizó. Además, añadió que “no lograron acompañamiento de ningún bloque y cambiaron diputados porque no se animaban a firmar el dictamen. Repensemos porque esto le hace mal a la República Argentina”.

También, la diputada saliente Graciela Ocaña (Pro) afirmó que “es un circo político que ha durado demasiado”. “Nació de una sentencia que no gustó, que en realidad fue un amparo y el presidente decidió no cumplir y a los argentinos les importó muy poco lo que estaba pasando acá y eso se vio reflejado en las elecciones”.

Llegado el turno del presidente de bancada de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, expresó: “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”. “Todos por motivaciones distintas, todas malas”, añadió.

“La vicepresidenta sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. También quería ser presidente y así tener a la Corte sometida”, explicó López.

En tal sentido, afirmó que “las tres cabezas del Frente de Todos se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, resumió lo mismo que Gaillard al principio y manifestó que “venimos de dos diciembres donde la Corte tomó decisiones que fueron motivo para llevar a cabo este juicio político”. Asimismo, valoró el “enorme trabajo” realizado en el juicio político”, y sacó pecho al expresar que “cuando las mafias nos apuntan no nos amedrentamos”.

Tras 26 reuniones, y una decena de testigos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político anunció los tres dictámenes (uno de mayoría, uno de minoría y uno del “Topo” Rodríguez) y celebró que “este proceso ha respetado la garantía del debido proceso con transparencia”.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión. Será el próximo martes 28, a partir de las 13, con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del anexo A.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

Los senadores y diputados nacionales que integran Juntos por el Cambio le solicitaron a Leopoldo Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, una reunión urgente de la misma para abordar la causa que investiga a Ariel Zanchetta, expolicía sospechado de ser artífice del espionaje ilegal contra los miembros de la Corte Suprema.

Además, solicitaron que “en función de la gravedad y magnitud de los hechos expuestos”, se crease una subcomisión investigadora para resolver la inhibición del diputado nacional Rodolfo Tailhade y que no participe en la reunión por haber sido mencionado en la causa.

La causa que vincula a Zanchetta está siendo investigada por la Fiscalía Federal Nº 11, donde por el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, se le solicitaron pedidos de indagatoria y allanamientos al doctor Martínez Di Giorgi, en el marco de “una posible comisión de delitos correspondientes con actividades ilegales de inteligencia”.

Desde JxC, señalaron que la investigación “está centrada en la existencia de una organización criminal que de forma coordinada y sostenida en el tiempo, se constituyó como una verdadera red de espionaje vulnerando comunicaciones telefónicas, electrónicas, hackeando equipos y sistemas con tareas de inteligencia sobre diferentes ‘objetivos’”.

Asimismo, consideran que esos “objetivos” eran “políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales”. “Son victimas del operar clandestino de realización de tareas ilegales de inteligencia”.

Finalmente, acusan a Zanchetta de realizar estas actividades por estar a disposición del subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Fabián “Conu” Rodríguez,  contra quien se han librado varios allanamientos.

El pedido fue firmado por los diputados nacionales Cristian Ritondo (Pro) y Miguel Bazze (UCR), y por los senadores nacionales Ignacio Torres (Cambio Federal) y Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC en la Cámara alta.

A cargo de Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.

Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.

Hasta el momento hubo 24 reuniones de la Comisión de Juicio Político -se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.

El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después se inició la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder.

Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión, está previsto que el dictamen sea en noviembre.

Los cargos contra los jueces

La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno”, que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.

Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.

Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.

Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.

También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.

Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nota ante la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que piden que se declaren nulas las audiencias con testigos que hasta la fecha ha realizado la Comisión de Juicio Político.

Luego del encuentro de la semana pasada, en la cual se votó el traslado de los cargos a los jueces de la Corte Suprema por las causales de los fallos 2x1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura, y que incluso la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), agradeciera a la oposición haber estado presente en las reuniones para que se “trabaje de manera transparente, con objetividad”, la bancada opositora denunció una serie de irregularidades.

En el escrito de 20 carillas, los legisladores de JxC solicitan que "se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados". "Todo ello, a fin de salvaguardar expresas garantías de rango constitucional", afirmaron.

Para los diputados, "la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio".

"Las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical", señalaron.

Y continuaron: "El oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo. No obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales. Porque como es obvio, en todo Estado de Derecho, las normas procesales se erigen como un presupuesto lógico de la vigencia de las garantías, cuya observancia evita trasgresiones o indebidas restricciones a los derechos individuales comprometidos".

4268-D-2023

Al enumerar las irregularidades que, a su criterio, se cometieron, cuestionaron que los testigos no hayan podido asistir acompañados por un abogado defensor. "Toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza, que cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos", apuntaron.

También advirtieron que a los jueces de la Corte "no se los notificó" de "su derecho a nombrar un abogado para controlar las audiencias de testigos que han desfilado por esta comisión", donde "decenas de personas declararon bajo juramento sin que hubiera un abogado que pudiera objetar la admisibilidad de los interrogatorios, o repreguntar".

Además, los diputados opositores se quejaron del modo de preguntar por parte de sus pares del oficialismo. "El modo de realizar las preguntas ha sido de una gran desprolijidad, sin el más mínimo profesionalismo o sentido de la responsabilidad institucional, violando los principios elementales de todo proceso que obligan a que las preguntas dirigidas a un testigo no sean capciosas, no sean sugestivas, y no contengan más de un hecho", expresaron.

"Con la mera excusa de que los señores diputados 'no son letrados', se ha creído posible que las preguntas a los testigos se vean precedidas por discursos de tono político, diatribas contra miembros de la oposición o los medios de comunicación independientes, o chicanas o comentarios inapropiados dirigidas a los propios testigos u otros miembros de la comisión", lanzaron.

En esa línea, cuestionaron que "han preguntado sin la menor precisión, han intentado forzar respuestas con emboscadas, reiteraciones o amenazas, demostrando que no se busca desentrañar la verdad de los hechos sino confirmar la condena que cierto sector político tiene decidida de antemano".

En otro tramo de la nota, los legisladores de JxC sostuvieron que no se cumplió "con la obligación de tratar de modo digno y respetuoso a los testigos". "Esta regla mínima de conducta ética ayudaría a mantener la confianza en el sistema institucional y aseguraría a la ciudadanía que este juicio político se está llevando a cabo de manera ordenada y justa", dijeron.

También alertaron que "las versiones taquigráficas abundan y son elocuentes al reflejar que los señores diputados, en el marco de las audiencias, afirman de viva voz insultos, chicanas y amenazas de violencia física". Sobre esto, uno de los ejemplos que ponen es el cruce que Rodolfo Tailhade tuvo con Francisco Monti en la audiencia del 1ro. de agosto durante el interrogatorio a Silvio Robles.

"Hasta la fecha, la totalidad de los testimonios han sido obtenidos en condiciones en las que no se respetó la dignidad de los testigos, o se violaron las reglas elementales para los interrogatorios legales, de conformidad con las garantías esenciales que ofrece nuestra Constitución. De tal modo, el único remedio posible, a esta altura, es la declaración de nulidad de tales pruebas testificales, de oficio por esta comisión, aun sin petición de parte", afirmaron.

Y pidieron que de aquí en adelante, "se modifique sustancialmente el modo en el que se ha conducido hasta ahora, de modo de evitar continuar celebrando audiencias tan extensas como nulas".

"En tal sentido, además de reiterar que existe una obligación constitucional y legal de que en cada audiencia esté presente un abogado defensor de cada uno de los sujetos investigados, entendemos que resulta imprescindible que de aquí en adelante los señores diputados presenten por escrito las preguntas que desean formular, con una antelación mínima de una hora, u otro plazo prudencial que la comisión juzgue razonable, y que las preguntas sean leídas por la presidencia o por la secretaría de la Comisión", recomendaron.

El escrito fue firmado por Álvaro González, Alejandro Finocchiaro, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, Manuel Aguirre, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena García y Carla Carrizo. Los únicos miembros de JxC que integran la comisión y no firmaron el escrito fueron Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, espacio que impulsa el juicio político contra Ricardo Lorenzetti.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Cayssials, declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, respecto a la norma que establece las cargas impositivas a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.

La demanda fue presentada por el fiscal general adjunto, José Luis Agüero Iturbe, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad en la que explicó que “fue nombrado en el 2018 y manifestó que durante todo el proceso de designación como fiscal, en ningún momento se le hizo firmar documento alguno referido al impuesto a las ganancias”.

El magistrado rechazó la modificación a la Ley 27.346 respecto al artículo 1, punto 5 respecto dirigido a aquellas que desde el 1ero. de enero de 2017 ingresaron al Poder Judicial tributaban el impuesto.

Del mismo modo, planteó que la Acordada 20 /96 de la Corte Suprema de Justicia y la Resolución de la PGN 13/96 -de intangibilidad de las remuneraciones-, se encuentran vigentes y se aplican a todos los magistrados.

En tal sentido, Cayssials citó jurisprudencia de la Corte Suprema y explicó que el Máximo Tribunal tiene dicho que "el principio de igualdad no sólo exige la creación de categorías tributarias razonables, sino que también veda, en términos generales, la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas".

Así las cosas, Cayssials explicó: “En efecto, desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que en ciertas circunstancias, puede ser tan injusto imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación, como también gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios”.

“El Tribunal Cimero ha establecido que aquella garantía no constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración”, añadió el magistrado.

También, sostuvo que “lo que estatuye ese principio es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por un impuesto dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas”.

Para Cayssials, “tal hostilidad se presenta a todas luces en el presente caso, en la medida que se advierte que por identidad de tareas y responsabilidades, se descuenta el impuesto a las ganancias a ciertos sujetos por una mera cuestión temporal, como lo es haber sido designado en un cargo con posterioridad al año 2017”.

Además, remarcó que “la norma citada permite distinguir -en los hechos- tres categorías de jueces y fiscales, integradas por aquéllos amparados por la Acordada N° 20/96, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, beneficiados con la intangibilidad de sus remuneraciones; jueces no sujetos al pago del tributo por el legislador (magistrados que ascendieron a magistrados de otra instancia) y jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, por haber sido designados luego del 1/1/17”.

Para finalizar, el juez Cayssials consideró que los jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría designados posteriormente al 1ero. de enero del 2017 “ven reducidos sus ingresos por el sólo hecho de haber sido designados con posterioridad a la fecha mencionada, pese a que detentan el mismo cargo y poseen idénticas responsabilidades que los otros que forman parte de los restantes, y que no ven reducidos sus haberes por aplicación del impuesto a las ganancias”.

Tras una sesión maratónica, que culminó esta mañana, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin está citada a las 15, en la Sala 1 del edificio Anexo. Por decisión del oficialismo, se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración "las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada" en tres hipótesis: los fallos 2x1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, "reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado".

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis "abuso de poder". El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un "asalto al Consejo de la Magistratura" comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D'Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.