Republicanos Unidos denunció a Alberto Fernández por incumplir el fallo de la Corte Suprema

El diputado Roberto García Moritán junto a otros referentes del espacio advirtió que “la decisión del presidente pretende dar una apariencia de legitimidad al grave delito de sedición”.

Después de que el Gobierno Nacional anunciara que no acataría el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de los recursos coparticipables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Yamil Santoro, otro de los referentes de ese espacio, denunciaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por esa decisión.

De esta manera, los dirigentes denunciaron penalmente al presidente por el delito de “sedición”, tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que establece que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: […] 2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.

La denuncia se originó después de que el jueves último Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca) y el propio presidente emitieron un comunicado en el que tildaron al fallo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”.

En ese sentido, García Moritán y Santoro expresaron que Fernández “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.

“Tanto el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia, como la recusación de todos los integrantes del máximo tribunal que ha anunciado el Ejecutivo, resultan remedios procesales manifiestamente improcedentes que solo pretenden dar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detallaron los denunciantes.

Para Selva, “la oposición busca que haya un desgobierno”

Así lo expresó del diputado del FdT tras la sesión especial fallida. Además, criticó a la Justicia como “un suprapoder que desequilibra la democracia”.

El diputado nacional Carlos Selva (FdT) criticó este viernes a la oposición tras la sesión que no logró quórum en la Cámara baja. “Ellos buscan que haya un desgobierno”, acusó.

Sobre el temario, el bonaerense recordó que de la creación de ocho universidades nacionales que se proponían, “dos fueron planteadas por la oposición”. “Queda evidenciado que ellos pretenden que no haya igualdad de oportunidades”, agregó.

En conversación por AM 530, el legislador massista remarcó: “El desgobierno que ellos tienen con la sociedad quedó en evidencia cuando minimizaron el intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner”.

Por otro lado, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia busca “una licuación del equilibrio de los poderes del Estado”. En esa línea, añadió: “JxC siempre dijo que nosotros buscábamos impunidad y los que lograron impunidad, en complicidad con la Justicia, fueron ellos”.

“Si queremos defender la democracia debemos entrar en un conflicto de poderes. Gobernar es tomar decisiones”, apuntó Selva, quien consideró que el Poder Judicial hoy es “un suprapoder que desequilibra el funcionamiento de la democracia”.

En el cierre, el oficialista manifestó que las decisiones de la Justicia “son una constante provocación contra el federalismo” -en alusión al fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires-, e insistió en que “hay una progresividad que no son hechos aislados”, por eso “la solución es entrar en un conflicto de poderes”.

“Topo” Rodríguez sobre el fallo de coparticipación: “Debe ser respetado, pero hay que trabajar en nueva ley de coparticipación”

Tras la sentencia que devolvió los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Identidad Bonaerense pidió que no se instale “la política de los manotazos a los fondos coparticipables”.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), opinó este jueves sobre el fallo de la Corte Suprema que le devolvió fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires afirmando que “la sentencia debe ser respetada, pero se debe trabajar en una nueva ley de coparticipación”.

Además, sostuvo que no corresponde instalar “la política de los manotazos a los fondos coparticipables”, en alusión a la quita de fondos entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, según quien gobierne. “El expresidente Mauricio Macri, en su momento, benefició de más al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y cuando asumió Alberto Fernández, lo hizo con la provincia de Axel Kicillof”.

Entrevistado en CNN Radio, eEl “Topo” agregó: “Axel Kicillof no debe exigir fondos a Nación, sino trabajar en una nueva ley de coparticipación”. Del mismo modo, afirmó que, tanto Ciudad y provincia, “deben tener más fondos, a través de una ley, de la renta federal”.

“Hay que respetar la sentencia, pero de aquí para adelante, hay que trabajar en una nueva ley de coparticipación”, consideró Rodríguez. A su vez, planteó que “Nación podría, por un tiempo, coparticipar impuestos que no coparticipa”.

Magario: “el fallo de la Corte perjudica a la enorme mayoría del país”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario cuestionó este miércoles que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia se dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, respondiendo favorablemente al pedido de la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta en detrimento a la mayoría de los gobiernos provinciales que advertían sobre el trato desigual que la Ciudad de Buenos Aires pretendía con su reclamo.

“El fallo de la Corte afecta a las provincias y favorece a la ciudad más rica del país. La decisión de los jueces vuelve a generar privilegios para pocos y a perjudicar a la enorme mayoría del país”, escribió Magario en Twitter.

En la primera manifestación pública de una autoridad provincial respecto al tema, la vicegobernadora aseguró que el fallo significa “una vuelta a los privilegios indebidos que el gobierno de Macri le entregó a la Ciudad y avanza sobre el desarrollo de las provincias y de sus habitantes, a los que le quita decenas de miles de millones de pesos”.

“La Corte, con este fallo, le quita posibilidades a la gente. No es una discusión en abstracto por cuestiones políticas, sino la decisión de quitarle a la enorme mayoría sus oportunidades para favorecer a los privilegiados de siempre”, afirmó la vicegobernadora.

Horas antes, la jefa del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos Teresa García había afirmado que el fallo de la Corte, no sólo interviene a los poderes, “sino atacar el Federalismo Argentino”.

“19 provincias se opusieron, y 14 presentaron Amicus Curiae. La Corte no atendió a 14 gobernadores. Los cortesanos terminaron con la República”, aseguró García.

Siley y Tailhade juraron “bajo reserva” en el Consejo de la Magistratura

Antes de la ceremonia de juramento, los diputados oficialistas presentaron un escrito contra la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -abmosd el FdT- juraron este miércoles como representantes del Consejo de la Magistratura, pero con reserva de las atribuciones que le son propias a la Cámara de Diputados en base al principio constitucional de división de poderes.

Previo al juramento, los legisladores presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que cuestionaron “la intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Legislativo”.

Los legisladores remarcaron que, la Acordada 34/2022 que dispuso el juramento de los diputados, “vulneró atribuciones privativas de la Cámara baja y desoyó lo resuelto por un juez en una causa objeto de su competencia”. Asimismo, agregaron: “Con esto se anuló un acto de gobierno exclusivo de otro poder del Estado por vía de acordada, es decir un acto no jurisdiccional, propio de funciones de superintendencia judicial”.

En tla sentido, sumaron que la Corte “pretende erigirse de manera inconstitucional como primus inter pares respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

En la acordada Siley y Tailhade recordaron que la Constitución consagra la división de poderes y le otorga atribuciones exclusivas al Poder Legislativo, las cuales “han sido avasalladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron.

Por último, postularon que “este conflicto de gravedad institucional deberá resolverse bajo los mismos parámetros para ambas Cámaras del Congreso de la Nación”, en referencia a la situación que tiene frenada la jura de los consejeros por el Senado.

Roxana Reyes juró en el Consejo de la Magistratura

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales, en presencia del jefe de bancada radical Mario Negri.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) juró ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia este miércoles y oficialmente pertenece al Consejo de La Magistratura, órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales, federales y de la administración del Poder Judicial.

También juraron los otros tres legisladores que representan a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -por el FdT-, y el macrista Álvaro González.

En dicha ceremonia, expresó: “El kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño”, y agregó: “Mi compromiso es trabajar por un poder judicial independiente y que sea integrado por los mejores jueces”. Además, indicó que “esta jura representa un hecho importante para fortalecer las instituciones y así garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales”.

Con respecto a las decisiones judiciales que retrasaron la jura, Roxana Reyes sostuvo que “el kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño” y afirmó que “los argentinos podemos ganarles a esas trampas”.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Tribunales y contó con la presencia del presidente del bloque radical, Mario Negri, y los diputados nacionales Miguel Bazze y Karina Banfi -ambos de la UCR-.

Consejo de la Magistratura: La Corte le tomará juramento a los diputados designados

Será el próximo miércoles en el Salón Bermejo, donde jurarán Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -por el oficialismo- y Álvaro González y Roxana Reyes -por la oposición-. Aún no hay resoluciones sobre los representantes del Senado.

La Corte Suprema de Justicia tomará juramento este miércoles a los cuatro diputados nombrados para integrar el Consejo de la Magistratura: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el oficialismo, y Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR), por la oposición. La incorporación oficial al organismo será a las 11 de la mañana.

La toma de juramento de los cuatro legisladores de la Cámara baja será encabezada por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y será en el Salón Bermejo.

En noviembre pasado, el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick había resuelto que la designación de la diputada radical Roxana Reyes debía invalidarse. Tras ello, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló ese fallo, pero al mismo tiempo anuló la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, la Corte Suprema resolvió el jueves pasado firmar una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Del mismo, la resolución comunicó que “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes” y “la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

Por otro lado, afirmó que la resolución inicial de Cecilia Moreau había cumplido el procedimiento, mientras que la que lo había anulado no. Tras el fallo, seguirá su curso el trámite de la causa que impugnó a Reyes, ya apelado por la Cámara de Diputados y analizado ahora por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

De no mediar ningún inconveniente, este miércoles 21 de diciembre el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso al Consejo de los cuatro integrantes de parte del Senado, quienes no han jurado aún.

Aún no se resuelven los miembros del Senado

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara Alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 17 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

En sus últimas apariciones, el senador Juez remarcó que, el senador Doñate, “no puede ocupar nuevamente esa silla porque entiende que esa maniobra que cuestionó la Corte se sigue cometiendo”.

Juntos por el Cambio celebró la condena firme contra Milagro Sala

Desde la oposición se refirieron al fallo de la Corte Suprema, mientras que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, publicó una “carta abierta al kirchnerismo”.

Legisladores de Juntos por el Cambio celebraron este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a 13 años de prisión de Milagro Sala, en el marco de la causa denominada “Pibes Villeros”, en la cual la dirigente social fue acusada por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado.

“Siempre dije que un preso por corrupción no es un preso político. Hoy la Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala, jefa de una organización ilícita que saqueó y sembró el miedo en Jujuy. Este es fin de la corrupción kirchnerista”, fue el mensaje del jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

Por su parte, la diputada del Pro María Eugenia Vidal escribió: “La Corte Suprema confirmó la condena de 13 años de prisión para Milagro Sala. Llegó el día que sus víctimas esperaron durante años: Hoy la justicia le ganó la pulseada a la corrupción”.

“HOY SE FESTEJA: la Corte Suprema confirmó la pena de 13 años de prisión para Milagro Sala, por asociación ilícita. Las familias que estafó, las personas que hirió y las madres que destrozó, al fin lograron justicia. Con los corruptos presos, hay futuro”, enfatizó el diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos.

En tanto, el legislador macrista Alejandro Finocchiaro destacó que “la Corte rechazó el recurso que presentó la defensa y dejó firme la condena a Milagro Sala. Las distintas instancias de la Justicia derrumbaron versiones que trataron de tapar con un supuesto manto persecutorio delitos de extorsión y fraudes en el manejo de fondos para viviendas”.

“SE TERMINÓ EL RELATO. 13 años de cárcel para La criminal Milagro Sala como JEFA DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. ¡JUSTICIA!”, exclamó la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

Otro de los tuits fue del gobernador jujeño, Gerardo Morales, acérrimo enemigo de Sala, quien expresó: “¡JUSTICIA Y VERDAD! A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la condena de Milagro Sala”.

Y compartió una “carta abierta al kirchnerismo”, en la que habla del “fin de la corrupción y la violencia” y sostiene que “durante más de 15 años, Milagro Sala fue la fiel expresión de la matriz de corrupción que instaló el kirchnerismo en la Argentina”.

En el fallo conocido este jueves, la Corte rechazó los planteos de la defensa y manifestó que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, resulta inadmisible”. Fue firmado por los cuatro magistrados del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.

Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.

Para Di Tullio, “esta Corte es peor que la Corte menemista” 

La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado cargó duro contra el Poder Judicial, al reiterar que se trata de “una mafia” en la que “son empleados del poder económico”.

La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvió a apuntar contra la Justicia y sostuvo que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los ‘90. 

En su opinión, lo es “porque durante seis meses (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkranzt aceptaron ser jueces por decreto, por el dedito de (Mauricio) Macri y por idea de (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, fugado hace ya dos años en una playa muy linda de nuestros vecinos uruguayos”. 

Al recordar que luego ambas designaciones tuvieron aval en la Cámara alta, la kirchnerista señaló que quien era presidente del bloque peronista era Miguel Ángel Pichetto, quien luego fue candidato a vicepresidente con Macri: “Mirá si no se lo iba a convalidar”. 

Para la bonaerense, “no hay destino posible para la Argentina sin un Poder Judicial que piense en los argentinos y en sus intereses”, pero actualmente “son empleados del poder económico”, lanzó. “Se llevan puesta la voluntad popular porque no aceptan las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, a quienes “los vota la gente”, agregó. 

En diálogo con FM La Patriada, Di Tullio opinó que “es muy importante que la sociedad tome conciencia” de “esta mafia judicial”. “Es un poder del Estado que trabaja para empresas privadas y no trabaja para el pueblo argentino. Lesionan seriamente la democracia argentina y todas sus instituciones”, cuestionó. 

“La gente tiene que reaccionar porque los cambios sustanciales y permanentes siempre vienen de la sociedad, no los fabrican los dirigentes”, expresó y dijo que no se va a “cansar” de “decirle a la gente: están tomando decisiones que afectan tu bolsillo, te suben las tarifas por decisiones judiciales, te quejás de la inflación pero los que las deja subir los precios a los monopolios o grandísimas empresas de alimentos son los jueces”. 

Sobre el rechazo de Rosatti al pedido de audiencia solicitado por legisladores del Frente de Todos, la legisladora explicó que tenía origen en que “Rosatti paralizó el Consejo, no lo hace funcionar”; pero además “está lo del viaje a Lago Escondido de la mitad de Comodoro Py, junto a los CEO’s de Clarín y funcionarios de (Horacio Rodríguez) Larreta. Nos parecía que era muy pertinente que nos pudieran recibir y escucharnos”. 

En otro tramo, la senadora afirmó que hay sectores que “están contentos porque condenaron a la jefa del peronismo” -en alusión a Cristina Kirchner-, pero advirtió que el espacio del Frente de Todos “no puede ser mascota del poder”. “Este tiene que ser un espacio revolucionario y no perder su esencia. Tiene que ser una máquina transformadora que mejore la vida del pueblo”, concluyó. 

Tailhade contra la Corte Suprema: “Son el peor servicio público del país”

Así lo expresó el diputado del FdT, quien además, brindó detalles sobre los allanamientos en Lago Escondido tras el avance de la fiscal federal en la causa que involucra a magistrados y funcionarios porteños.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) criticó este martes a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que el Poder Judicial es “el peor servicio público de la Argentina”.

Además, adjetivó como “perverso” al juez Horacio Rosatti -miembro de la CSJ- por las declaraciones realizadas el lunes pasado. “Tiene un nivel de desprecio hacia la ciudadanía y a la sociedad. Encima cobra millones y no le resuelve los problemas a la gente”, disparó.

En declaraciones por AM 530, el diputado kirchnerista agregó: “Rosatti le echa la culpa a la gente por no tener mecanismos de resolución de conflictos o por depositar muchas expectativas en ellos. Es un caradura”.

“Ante un conflicto entre los canillitas y Clarín dejan que los problemas se resuelvan entren ellos”, explicó Tailhade quien, a su vez, expresó: “Habla de que no intervendrá en el Congreso si hay consenso, y es él quien ‘mete la cola’ para que no haya consenso”.

Los detalles sobre los allanamientos en Lago Escondido

Luego de la filtración de conversaciones entre jueces federales, funcionarios porteños, un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios de comunicación, el oficialismo salió a denunciar -con el presidente Alberto Fernández a la cabeza- el viaje a Lago Escondido como “un claro caso de dádivas”.  

“Lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo”, afirmó Tailhade. Asimismo, relató que la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials,- “avanzó de manera decidida sin utilizar los chats”.

En esa línea, explicó que, en la causa, “solamente se está trabajando con la información de los vuelos y hospedajes”, y relató: “La fiscal encabezó desde el lunes pasado un allanamiento en las instalaciones de la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido y terminó a las ocho de la mañana de este martes”.

Asimismo, el diputado contó: “Secuestraron libros sociales y contables, teléfonos de empleados y se tomó declaración testimonial a muchas personas que trabajan allí”. En tal sentido, afirmó que “fue muy significativo lo que se encontró en Lago Escondido”.

Del mismo modo, advirtió que el procurador Eduardo Casal se reunió con la fiscal Etchepare para que “dé explicaciones” sobre porqué avanzó con el tema. “Ellos quieren que la causa llegue hasta Comodoro Py para que quede en la nada”, señaló.

Sin embargo, el diputado contó que la fiscal “no acató los pedidos”, y agregó: “Está decidida a avanzar e incluso, sin los chats encontró mucha evidencia de gravedad”.

En el final, Tailhade fue consultado por una intervención del Congreso en el tema: “Hay argumentos suficientes para que intervenga el Poder Legislativo. En cualquier momento deberíamos arrancar”, concluyó.

Para Valdés, “el partido judicial ha venido a ocupar el lugar” que dejó “el partido militar”

En contra del máximo tribunal por todo lo acontecido en torno al Consejo de la Magistratura, el diputado oficialista advirtió a la oposición: “Hoy es el Frente de Todos, mañana serán ustedes”.

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés cargó con dureza contra la Corte Suprema de Justicia en relación al Consejo de la Magistratura y lanzó que “el partido judicial ha venido a ocupar el lugar” que dejó “el partido militar”, al cual “nos costó mucho tiempo derrotar. “Les digo a los políticos de la oposición que hoy es el Frente de Todos, mañana serán ustedes”, advirtió.

Consultado en AM 990 sobre la jura de los nuevos consejeros, aunque no todavía de los representantes del Congreso, el legislador señaló que en la oposición “hasta que no pongan uno de ellos no van a parar”.

El porteño cuestionó al máximo tribunal, que el próximo jueves analizará las designaciones de los legisladores ante el amparo presentado por el senador Luis Juez, quien reclama el lugar que el kirchnerismo le otorgó a Martín Doñate en virtud de considerar a Unidad Ciudadana la segunda minoría de la Cámara alta.

“Es una vergüenza lo que hacen, inclinan la cancha de tal manera que ya rompe toda la imaginación de uno”, sostuvo el oficialista, quien además dijo que Juntos por el Cambio se beneficia “transitoriamente” con las decisiones de la Corte.

Para Valdés, desde la asunción del juez Horacio Rosatti, “la Corte se dedica a cumplir los caprichos de la ‘corona’ a la enésima potencia”. “No solo aceptaron ser nombrados por decreto, sino que asaltaron el Consejo de la Magistratura”, cargó contra Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

“Durante 15 años el Consejo funcionó bien, y de repente quieren cambiar el reglamento”, remarcó sobre la inconstitucionalidad que declararon de la ley de 2006. Y agregó: “Ante estos hechos aberrantes, la política y el Frente de Todos debemos reaccionar”.

Valdés: “El Estado se priva de 238 mil millones con la eximición de las ganancias en la Justicia”

Así lo expuso el diputado del Frente de Todos, quien además recordó que tres miembros de la Corte Suprema de Justicia “se expresaron a favor de pagar ganancias”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió al debate sobre el presupuesto en el Congreso de la Nación y sostuvo que “el Estado se priva de recaudar 238 mil millones de pesos con la eximición del impuesto a las ganancias a la Justicia”.

En diálogo con Radio del Plata, el legislador oficialista mencionó que “todos los argentinos tienen derechos adquiridos, pero igual pagan impuestos”. Además, expresó que “las becas Progresar y la seguridad en Rosario se podrían financiar con la derogación en la excepción de ganancias de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial”.

Respecto a quienes apoyan la iniciativa impulsada por el diputado Marcelo Casaretto (FdT) , Valdés enfatizó que “fue aplaudido por diputados radicales, como (Ricardo) Buryaile y (Fernando) Carabajal, de Formosa, que contó que siendo juez federal en Formosa pagó impuesto a las Ganancias”.

En tal sentido, recordó la postura de los distintos jueces de la Corte a favor del de impuesto a las ganancias en el Poder Judicial en años anteriores: “Horacio Rosatti, en marzo del 2016 en el Congreso, y después Carlos Rozenkrantz dijeron que iban a militar para que todos los jueces paguen impuesto a las ganancias. Juan Carlos Maqueda en el año 96, como diputado nacional, cuando se votó la ley 24.641 de eliminación de la excepción de ganancias a los jueces, fue miembro informante y habló sobre la necesidad que los jueces paguen ganancias. Mientras un trabajador camionero o un metalúrgico pagan ganancias en este momento de la Argentina, ir hacia una mayor equidad tributaria es un acto de estricta Justicia”, analizó el diputado.

Sobre el cierre, el legislador oficialista hizo referencia del tema en el contexto internacional: “En el mundo no hay jueces que no paguen impuesto a las ganancias. En Estados Unidos, en el año 1932, empezaron a pagarlo. En esa década también se planteó en Argentina, la misma Corte Suprema que convalidó el golpe a Yrigoyen fue la que determinó que los jueces no tienen que pagar ese impuesto”. En esa línea, concluyó: “¿Por qué El 98%% de la sociedad paga impuestos y los jueces por tener la lapicera de un fallo no? por lo menos que se pongan de cara a la sociedad y expliquen esa situación”.

“No es una ofensiva contra nadie”, dijo Casaretto sobre el artículo para que los jueces paguen Ganancias

El legislador del Frente de Todos sostuvo que “los jueces no quieren perder el privilegio”, y remarcó que “algunos miembros del Poder Judicial ganan más de dos millones de pesos mensuales”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, defendió este lunes el artículo que él pidió incluir en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias. Y aclaró que “no es una ofensiva contra nadie”.

En diálogo por AM 750, el legislador oficialista explicó que “el artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley”. Asimismo, sostuvo que “hay jueces que superan los dos millones de pesos mensuales, pero no quieren perder este privilegio de no pagar el impuesto”.

“Acá hay una fuerte defensa corporativa de los jueces y de algunos medios. Emitimos dictamen el jueves pasado y este martes lo trataremos en el recinto. Algunos diputados de la oposición como los legisladores formoseños Fernando Carbajal (quien fue juez federal) y Ricardo Buryaile, apoyaron expresamente la idea”, señaló Casareto, quien además afirmó que “la Corte Suprema está dividida respecto a la cuestión, porque algunos miembros están siendo presionados por la presión mediática de ir en contra de una iniciativa del oficialismo”.

En tal sentido, el diputado entrerriano sostuvo que “hay muchos jueces provinciales que tampoco pagan el impuesto a las Ganancias”. Por otro lado, hizo referencia a la criticas que recibió desde medios televisivos y expresó: “Que me peguen desde los medios de comunicación hegemónicos me pone contento”.

Respecto al tema, el legislador manifestó: “Este es un tema que lleva 80 o 90 años en la Argentina, desde la década del 30. Hubo otras discusiones similares en los 90, entonces lo que hay que decir es que las leyes van evolucionando: antes no pagaban impuestos los presidentes y ahora pagan; antes no pagaban los legisladores y ahora pagamos; antes no pagaba ningún juez, ahora paga una parte de los jueces del país”.

En el final, el diputado Casareto manifestó que “los jueces tienen un privilegio que a esta altura de la historia argentina es inaceptable”, y concluyó: “Hay 237.000 millones de costo fiscal por el privilegio del Poder Judicial”.

Yasky insistirá en el Congreso con el Salario Básico Universal

El legislador del Frente de Todos sostuvo que “espera que la gestión de Massa como ministro Economía ayude a los sectores populares”.

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) sostuvo este martes que “la salida del trabajo informal es el Salario Básico Universal para asegurar que la gente acceda mínimamente al plato de comida de todos los días, por lo cual se debe insistir y buscar la manera de hacerlo en el Congreso”.

Entrevistado en FutuRock FM, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) afirmó que “este proyecto es un alivio para los sectores populares porque la inflación sigue siendo muy alta”, y agregó: “La gran mayoría de los trabajadores asalariados no llegan a cubrir la canasta básica”.

“No hay otra salida más que el Salario Básico Universal. El sector de la informalidad queda, muchas veces, a la intemperie y eso quedó demostrado en pandemia”, argumentó Yasky, quien consideró que “el avance de este proyecto debe ser un tema instalado en Congreso hasta que se logre su creación”.

En otro sentido, el legislador sostuvo que “(Sergio) Massa vino para estabilizar la economía porque Argentina estuvo a días de estallar por los aires”, y definió: “Lo de Massa era necesario para salir de la zona de peligro a la que la derecha nos llevó. Esperemos que sus medidas puedan hacer que los sectores populares recuperen poder adquisitivo”.

Por otro lado, Yasky criticó a la Corte Suprema de Justicia por “hostigar a Cristina Fernández de Kirchner y no investigar a fondo, a la ‘banda de los copitos’ tras el intento de magnicidio”. También sostuvo que “los discursos del odio llevaron a naturalizar estos hechos que han sido muy graves”.

En el final, el diputado pidió “movilizarse el 17 de octubre en Plaza de Mayo (por el Día de la Lealtad Peronista), para fortalecer el apoyo a la vicepresidenta de la Nación tras el intento de magnicidio y el lawfare”.

Espert anunció que “votará en contra de la eliminación de las PASO”

El diputado de Avanza Libertad brindó su mirada sobre el futuro de la economía argentina y criticó el proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia.

En el marco del debate sobre la continuidad o no de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y con las aguas divididas entre oficialismo y oposición, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que “no puede ser que estemos pensando en suspenderlas o eliminarlas por una cuestión electoral”, y añadió: “Voy a votar de manera negativa para la suspensión de las PASO”.

En diálogo por Radio Mitre el legislador argumentó que “las elecciones primarias fueron creadas por el kirchnerismo en el 2009 y solo han transcurrido en seis ocasiones desde el 2011 hacia acá”. Asimismo manifestó que “la oposición ha aprendido a utilizarlas y se fortaleció en cada uno de las batallas electorales que protagonizó”.

Consultado por el proyecto de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que obtuvo media sanción en la Cámara alta, Espert dijo que “es una movida del kirchnerismo para tener una Corte adicta”, donde además anunció que “votará en contra del proyecto” cuando sea tratado en la Cámara de Diputados.

En el final, el legislador habló acerca de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía: “Aplacó la fiebre, o alargó la mecha de la bomba que está dando vueltas de LELIQ, de deuda pública, de inflación, de pobreza, de empresas que se van, brechas y atrasos cambiarios. No sé si le va a alcanzar a fines del año que viene cuando vengan las elecciones”, expresó.

“Es muy difícil que este gobierno no vaya a pagar algún costo por todo el desastre económico que está haciendo. El presupuesto tiene que ser realista, el año que viene Argentina no va a crecer, la inflación va a estar arriba de 100. El gasto público es una obscenidad que crezca 70%”, concluyó Espert.

Para Carla Carrizo, “es antidemocrático y anticonstitucional reformar la Corte Suprema de Justicia”

Así lo declaró la legisladora de Juntos por el Cambio, quien advirtió que “el contexto del país es complicado respecto a las estrategias que el oficialismo está llevando adelante”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) habló sobre la media sanción de la Cámara alta al proyecto para modificar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y señaló que “es una reforma regresiva, antidemocrática y anticonstitucional. La única razón por la que se entiende es porque es una estrategia de Cristina Fernández de Kirchner“.

En conversación con FM Delta, la porteña expresó que “hay consternación y preocupación porque el proyecto no tiene un atributo positivo. No hay ninguna razón para hacer esta reforma y tampoco es oportuno debatirlo en este momento”.

“Tenemos un siete por ciento de inflación mensual y una escalada de los precios, no es momento de hablar de una reforma de uno de los tres poderes del Estado. Lo que debería estar ocurriendo ahora es que hagan una convocatoria creíble al diálogo. La devaluación de la palabra del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta es increíble”, consideró la opositora

En el final, Carrizo manifestó que “es un absurdo que los gobernadores quieran mandar delegados a la Corte Suprema de Justicia. Es como crear un Senado adicional y anular el Poder Judicial. El oficialismo necesita cuidar las palabras y las estrategias que están llevando adelante en este complicado contexto que tiene el país”.

Juez: “El kirchnerismo buscar armar una Justicia de punteros políticos”

Además el senador opositor consideró que “hay un plan del oficialismo para desarmar la República”, y apuntó contra la vicepresidenta porque “tiene absoluta falta de empatía con los problemas de la gente por estar preocupada en resolver sus quilombos”.

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Este jueves obtuvo media sanción en Cámara alta el proyecto presentado por el Frente de Todos para la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia a 15 jueces. En ese sentido el senador Luis Juez (Pro – JxC), quien se ausentó a la sesión, afirmó: “El kirchnerismo busca armar una Justicia conformada por punteros políticos”.

Entrevistado por Radio Rivadavia, el cordobés aseguró que “hace seis meses que Cristina Fernández de Kirchner está armando un plan para ‘meter mano’ en la Corte y defenderse de la Causa Vialidad”. Del mismo modo, Juez dijo que “esta mujer tiene absoluta falta de empatía con los problemas de la gente por estar preocupada en resolver sus quilombos”.

“Yo no soy funcional al kirchnerismo, por eso creo que no tenía ningún sentido presentarme a esa discusión. Avisé a la gente de mi bloque que no me esperaran porque no iba a asistir”, contó el opositor.

Por otro lado, el senador consideró que “este es un hecho más para seguir desarmando a la República de parte del oficialismo porque estos combos son funcionales al kirchnerismo. Esta vez es la Justicia, en la próxima serán las elecciones PASO de 2023, y así según como les convenga para intentar perpetuarse en el poder”.

Por último, Juez mencionó que “los integrantes del oficialismo hablan de reconstruir el diálogo y no son capaces de saludarte en un ascensor”, y concluyó: “No está en la naturaleza del kirchnerismo actuar con racionalidad”.

Rodríguez Saá apoya el dictamen que establece una Corte de 15 miembros

El senador puntano adelantó su voto positivo y dejó abierta la posibilidad de pensar “si no sería bueno cambiar la sede de la Corte Suprema a una provincia argentina”.

Una de las voces esperadas en la sesión de este jueves en la Cámara alta era la del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (FdT – San Luis) para conocer su postura, teniendo en cuenta que era quien abogaba por una Corte Suprema de 15 miembros, resistiendo la composición de 25 que promovía el dictamen original. En definitiva, y tal cual anticipó en el inicio de la sesión Guillermo Snopek, el oficialismo accedió a reducir la cantidad de integrantes de la CSNJ propuesta para conseguir así los votos que le faltaban.

El legislador leyó los resultados de informes realizados el 23 de noviembre de 2017 por la Universidad Austral, de Belgrano, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales que reflejaron que “al pedir a los entrevistados que evaluaran a la justicia argentina se observan apreciaciones principalmente negativas. 44% de los entrevistados evaluó mal o muy mal, y un 40% la ve como regular”.

“Esto fue en el 2017, no importa quién gobernaba. En 2022 otro estudio de opinión refleja que el 71,2% dice que la Corte Suprema de Justicia tiene una opinión mala o muy mala. Tengo un informe del 3 de agosto de 2022 de una consultora que reflejó altos niveles de desaprobación respecto al funcionamiento de la Justicia y de la Corte Suprema”, sumó el oficialista.

Y resumió al respecto: “Al final del estudio dijeron que con relación a otras encuestas que realizamos, a la Justicia es el acto que es más valorado en la forma negativa por la sociedad siempre por debajo del FMI y de la policía bonaerense”.

En consecuencia, consideró que “tratar el tema y tratar de encontrarle una solución se puede discutir, si es o no la oportunidad se puede discutir. Pero que tenemos que abordar el tema, lo tenemos que hacer”.

El puntano recordó que “desde el origen de nuestra organización nacional, el tema del número de la Corte fue un tema conflictivo. La Constitución Nacional de 1853, que se dictó sin Buenos Aires, en el artículo 91 establecía el Poder Judicial de la confederación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia compuesta por 9 jueces y dos fiscales que residirán en la capital y por demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Confederación”.

En esa línea, indicó que “con la Reforma Constitucional, Buenos Aires impuso las condiciones para reintegrarse y formar parte de la Argentina. En la Reforma de 1860 se derogó el número de 9 y se dejó librado al Congreso establecer el número”, y opinó: “Buenos Aires querían menos, porque con menos tenían más posibilidad de poner una Corte más cercana”.

“El número de los integrantes de la Corte se discutió en 1960 con la Ley 15.271 que estableció 7. En el 90’ que aumentó de 5 a 9. En el 2006 que se bajaron a 5, o sea que el número ha ido variando”, reflexionó Rodríguez Saá.

Y criticó: “No sé por qué hacen del número una cosa tan trascendente. La Corte Suprema de Argentina tiene 5 miembros igual que la de Uruguay son las más chicas del mundo”, en tanto comparó: “Estados Unidos tiene 9, Brasil tiene 11, Colombia tiene 23, Chile 21, Francia tiene 120, España 80, Italia 15, Suecia 16”.

Los números son variados y se ajustan a las necesidades de un momento histórico de cada país, no es que haya un número que esta bien y otro mal. Cada país ha resuelto su institucionalidad como mejor ha podido para el momento o etapa histórica que estaba viviendo”, consideró el senador oficialista.

Por otro lado, señaló “dos fallas importantes en la Corte Suprema: la paridad de género y la representación más federal”.

Respecto a la paridad de género alertó que “es gravísima” porque “en toda la historia argentina ha habido 3 mujeres, ahora no hay ninguna y el decreto del 2003 no fue suficiente para lograr el objetivo, porque transitoriamente se obedeció al decreto designando mujeres, pero el gobierno siguiente designó dos hombres y se terminó la paridad de género y la voluntad de designar mujeres”.

“Hoy es 4 a 0 y para tratar de solucionar estos problemas una forma es encontrar los números que nos permita establecer una Corte moderna, ajustadas a las necesidades y que se adecue a todo el derecho internacional que nos exige que tenga paridad de género”, reclamó el puntano.

Sobre los argumentos de que “esto no es oportuno” que manifestaron desde la oposición, contradijo que “no es así”, y les recordó: “Nosotros hemos presentados proyectos desde el 2016 y no era para beneficiar a un partido político, a una mujer, a un hombre. No tenía nada que ver, es por las mismas razones que la defiendo ahora”.

“Tratar de desacreditar el tratamiento de este proyecto diciendo que son por cuestiones circunstanciales, es una opinión que no ayuda al diálogo ni a la unidad nacional, no ayuda a terminar con la grieta”, expresó Rodríguez Saá.

En esa línea, hizo hincapié en que el diálogo “se debe desarrollar en el Parlamento y el principal diálogo es en la Comisión donde se trata el tema. Y si a la Comisión donde se tata el tema no asisten, no hay posibilidad de tratar el diálogo de buscar soluciones. No nos culpen. Hay que hacerse la autocrítica de por qué llegamos a este punto”.

“Va a ser saludable para la vida nacional que se incorporen 4 o 5 mujeres o 15 como propone el dictamen por lo menos tiene que ser 7 y 8”, opinó y lo calificó como “un avance enorme”.

En el último tramo de su discurso, se refirió a la representación federal y señaló que “le haría muy bien a la Argentina ver en la Corte Suprema integrantes de la Patagonia, del NOA, del NEA, y no todos del centro del país muy cercano a los grupos de estudios jurídicos que manejan las grandes corporaciones económicas”.

En ese sentido, planteó la idea de “pensar si no es bueno cambiar la sede de la Corte Suprema a una provincia argentina que lo aleje del microcentro porteño donde la influencia nefasta de corporaciones y de estudios jurídicos tuercen la voluntad”, y cerró: “Esto es el paso de una búsqueda de una Corte más independiente, esto no es un atropello”.

El oficialismo convocó a debatir este jueves la ampliación de la Corte Suprema

Se oficializó la convocatoria a sesión especial para las 14.30. El Frente de Todos modificará el dictamen de modo de asegurarse los votos: pasará de 25 a 15 miembros.

Tras más de dos meses de postergación, el kirchnerismo en el Senado intentará este jueves tratar en el recinto el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto con dictamen habla de 25 miembros, pero el oficialismo cambiará la redacción y serán 15 los integrantes, de modo de obtener votos clave. La sesión especial fue convocada para las 14.30. Asimismo, y según la convocatoria, serán abordados también al principio de la sesión tres dictámenes provenientes de la Comisión de Acuerdos.

Si bien no se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación, el Frente de Todos tiene la baja del senador Maurice Closs -afectado por una cuestión de salud-; además de que, más allá de dar quórum, el puntano Adolfo Rodríguez Saá estaba en contra de la iniciativa de 25 ya que tenía una propia por la que está reclamando hace tiempo.

Sumado a ello, el habitual aliado Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, también se oponía al proyecto con dictamen.

Otra aliada es la riojana Clara Vega, quien tenía una propuesta para garantizar la paridad en la Corte. Este miércoles, fuentes cercanas a la senadora aseguraron a parlamentario.com, que ella solo tenía postura a favor de una Corte con 16 miembros.

Así las cosas, el oficialismo accedió a modificar la cantidad de miembros y conseguir el cambio de posición de estos dos aliados. Por descontado se da que tenga el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana.

Además de pasar de 25 a 15 miembros, se contemplará una composición federal y que respete la paridad de género.

En absoluto rechazo al tema, el interbloque Juntos por el Cambio no dará número para habilitar la sesión, aunque bajará si el oficialismo consigue el quórum. Tampoco está de acuerdo la cordobesa Alejandra Vigo.

La iniciativa motorizada con el apoyo de 16 gobernadores proponía elevar de 5 a 25 los miembros del máximo tribunal. Fue la última en incorporarse al debate que se estaba dando en comisiones, donde estaba encaminado un consenso entre las iniciativas de Rodríguez Saá, Weretilneck y Vega, lo que finalmente se encamina a suceder.

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Causa Hotesur-Los Sauces: La justicia rechazó el pedido de CFK para apartar a la jueza Paliotti

La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal ante el recurso extraordinario presentado por la defensa de la vicepresidenta. Solo le queda la posibilidad de presentar una queja a la Corte Suprema de Justicia.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves un recurso extraordinario que fue presentado por la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para apartar a la jueza Adriana Paliotti del caso Hotesur – Los Sauces.

La decisión fue tomada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, que tiene bajo estudio, los sobreseimientos que dictó en ese caso el Tribunal Oral Federal 5, que integra Paliotti junto a los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado.

La defensa de la titular del Senado había recusado a Paliotti, pero el planteo había sido rechazado y por eso presentó un recurso extraordinario ante la Casación, en el cual sostenía que la jueza ya intervino en el juicio contra Lázaro Báez por la causa conocida como “La ruta del dinero”, y que al dictar las condenas en ese expediente manifestó que “uno de los delitos precedentes al lavado de dinero cometido por Báez tenía que ver con la corrupción en la obra pública”, que actualmente se juzgan en la causa “Vialidad”,  donde Paliotti forma parte el tribunal como jueza sustituta. Ahora que la Casación rechazó este recurso, a la vicepresidenta le queda la posibilidad de ir en queja a la Corte Suprema de Justicia.

La causa Hotesur-Los Sauces

Según los fallos judiciales, en la causa Hotesur se demostró la existencia un entramado diseñado para blanquear las ganancias que obtuvo Lázaro Báez a través de la adjudicación irregular de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Las circunstancias bajo las cuales el Estado le otorgó esas obras a Báez durante los doce años de kirchnerismo son actualmente investigadas en el juicio oral y público de la causa conocida como Vialidad, que también tiene a Cristina Kirchner entre los acusados y que se encuentra en la etapa de alegatos.

En soledad, el kirchnerismo avanzó con un pedido de informes a Rosatti sobre la obra social del Poder Judicial

En la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se pasó a la firma un proyecto de comunicación que solicita información al presidente de la Corte sobre la causa que tramita el juez Ariel Lijo.

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Sin la presencia de senadores de Juntos por el Cambio, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli, pasó a la firma un proyecto de comunicación en el que solicitan información al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la causa que se tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Un pequeño puñado de senadores de JxC asistieron a la primera parte de la reunión, pero se retiraron luego en el mismo momento que los funcionarios se fueron y, para la segunda parte del encuentro, el oficialismo quedó en soledad para el tratamiento de la iniciativa que presentaron los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag.

En primer lugar, la fueguina María Eugenia Duré tomó el micrófono para leer textual todo el requerimiento que plantea el proyecto, donde se solicita un informe de auditorías; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas; los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana; y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo “ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando” y “que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda”, de quien depende funcional y administrativamente la obra social.

Sapag resaltó “lo vergonzoso del tema” porque “no puede ser que un ministro de la Corte, que es la última instancia que tenemos la civilidad” esté “en tela de juicio y protegido por el resto de los miembros de la Corte”.

“Es el único poder que una vez elegido queda, es vitalicio, no tiene controles, y nosotros tenemos que llegar a esto para poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte Suprema”, cuestionó.

En tanto, Parrilli cargó contra la oposición: “No me llama la atención de la ausencia de los senadores de Cambiemos. Hay coherencia en su actitud de no debatir sobre este tema; con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de la Corte de cuatro miembros, dos de ellos que aceptaron ser designados por decreto”.

“No estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes”, dijo sobre la iniciativa, y aseguró que “nos parece gravísimo que (miembros de la Corte) estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes”.

Con numerosas críticas al Máximo Tribunal -cuya composición el oficialismo pretende modificar-, el senador fustigó que “no cumplen las leyes, avasallan los poderes, dictan leyes arrogándose facultades que no tienen, y además impiden que se cumplan las acordadas que ellos mismos determinan para que los funcionarios de la justicia sean nombrados como corresponde”. Pero si además se encuentran sospechados, “lo menos que podemos hacer nosotros es preguntar”, defendió.

“Esperemos que la Corte nos responda una vez que esto sea llevado al recinto y aprobado como corresponde”, concluyó.

Recalde: “La justicia busca proscribir a CFK”

El senador oficialista dijo que “hay una justicia para CFK y otra para Macri”. También consideró que habría que “llevar a juicio político a los miembros de la Corte”.

El senador nacional Mariano Recalde (FdT) apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con las críticas que realizó la vicepresidenta, y aseguró que “uno de los objetivos de la Corte es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner“, en caso eventual que fuera candidata en las elecciones del año que viene.

“Es evidente que, en el Poder Judicial, sobre todo en Comodoro Py, hay doble vara: hay una jurisprudencia para los funcionarios de un color y una jurisprudencia para los de otro”, cuestionó y agregó que “lo vemos en la ‘doctrina Irurzun’, que solo aplicaba a exfuncionarios kirchneristas, pero no con los exfuncionarios macristas”.

En diálogo con Futurock FM, el camporista amplió su idea sobre “la doble vara” en la Justicia al criticar que “la Corte Suprema avaló el espionaje de Mauricio Macri, porque en primera instancia lo reconoce, pero lo justifica y lo sobresee”. “El Poder Judicial ha ido perdiendo independencia, ahora está para hacer política, persiguiendo a unos y dando impunidad a otros”, insistió.

Además, el legislador oficialista señaló que “el Poder Judicial tiene otra misión que la que realmente debe cumplir” mientras que “la Corte Suprema es supremacista, cree que tiene el poder supremo”.

“La Corte Suprema de Justicia se mete en decisiones políticas y económicas del país, esto es grave porque afecta al sistema republicano y a la democracia”, expresó Recalde quien, además, dijo que “este Poder Judicial impide construir un país más justo, bloqueando al desarrollo social”.

Para finalizar, el porteño afirmó que “habría que hacerles juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero se necesita consenso y mayoría”. “A los cuatro tipos que manejan Poder Judicial no los votó nadie”, lanzó.

Tailhade criticó al Poder Judicial y defendió a CFK

El diputado nacional del FdT apuntó contra la Corte Suprema de Justicia al decir que “responde a intereses económicos y emplea una persecución contra la vicepresidenta”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante las críticas por no haber homenajeado a las víctimas de la AMIA en el cumplimiento del 28º aniversario del atentado, y durante un día en el que estuvo activa en redes por otros temas. “Cristina Fernández de Kirchner fue una de las impulsoras de la investigación contra el terrorismo; que ayer no lo haya mencionado, no desmerece toda una historia de reconocimiento”, consideró.

En conversación por Radio Con Vos, el legislador manifestó que “el Poder Judicial está funcionando mal desde hace años”, y cuestionó: “La justicia no funciona para nadie, no porque no sobresee a CFK en tal o cual causa, no funciona para el que pide indemnización por despido, ni para el que se divorcia. Son años de gente que está sentada ahí, sin transparencia, cobrando fortunas, sin hacer bien su trabajo y acompañando reclamos de sectores del poder económico”.

Además, el bonaerense observó que “el Poder Judicial está partido, porque algunos quieren un perfil y otros quieren otro”, sin embargo, dijo que “como clase política no se puede seguir mirando para el costado”.

Al ser consultado sobre las causas de CFK, el camporista argumentó que “se la acusa por desvío de fondos: de 55 obras, 50 están sin acreditar, por que la Corte Suprema de Justicia se dedicó a buscar el pelo al huevo en solo cinco durante los peritajes”. “CFK está siendo sometida a un escarnio judicial de hace mucho tiempo”, continuó.

Además, el diputado explicó que “si una causa se resuelve en una instancia previa al juicio oral porque la Corte dijo que no hay pruebas, quiere decir que tampoco las hubo durante la investigación”, en alusión a los sobreseimientos de la vicepresidenta.

Para finalizar, el oficialista sentenció que “CFK dice que la justicia hace política y bloquea políticas públicas porque hace dos años que tiene frenado un decreto que dice que internet y los servicios de celulares son servicios públicos”. “¿Por qué la justicia se mete en una cuestión exclusiva de la política?”, se preguntó.

Fuertes críticas de la oposición al presidente por respaldar el ataque de CFK hacia la Corte

El presidente de la Nación sostuvo, a través de Twitter, que “la Justicia necesita una reforma profunda”, avalando el posteo que hizo la vicepresidenta contra el Máximo Tribunal.

El jefe de Estado, Alberto Fernández, utilizó su cuenta de Twitter para respaldar la embestida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hacia la Corte Suprema señalando que “la Justicia necesita una reforma profunda”, y desde la oposición salieron a cuestionar el mensaje del mandatario.

“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, así encabezó el hilo de Twitter el presidente.

La titular del Senado había publicado este lunes una extensa carta titulada “Breve crónica de la decadencia”, repasando el accionar del Máximo Tribunal desde que asumió Mauricio Macri, y apuntó contra los medios de comunicación hegemónicos.

En ese contexto, el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, expresó: “Sr presidente: su gobierno está impulsando un proyecto para llevar a 25 la Corte Suprema. Sean serios, nadie puede creer que semejante grotesco es para mejorar las instituciones. Sólo buscan que cada gobernador nomine a un amigo y que la Corte sea un organismo dominado por el PJ”.

“La actitud de Alberto Fernández es patética”, describió el jefe del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo (UCR), y sumó: “Todo el país sumergido en la crisis económica que no quieren ni pueden solucionar y él sólo pretende taparla con los problemas judiciales de su jefa. Nada le importan los argentinos”.

El presidente del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó: “He decidido reaccionar al hilo que escribió el presidente y me pregunto si tenemos que creerle al que está buscando desesperado la aprobación de la vicepresidenta o al del vídeo que defiende una corte de 5 miembros”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado del Pro Pablo Torello: “Capituló Alberto Fernández luego del embate de CFK. Vienen días muy complicados. Y lo único que faltaba es que ataquen al poder judicial”.

“La Justicia necesita independencia, que es lo que tu vicepresidenta no entiende porque faltó a la clase de Republicanismo. Y si queres reformar, Alberto Fernández, arranca por la tributaria, estatal, laboral y previsional para dejar de ahogar a los privados. Ahí estaremos de acuerdo”, escribió el diputado santafecino Federico Angelini (Pro).

El diputado Fernando Iglesias (Pro) disparó: “El país está incendiado y sus dos principales autoridades solo están preocupadas por el plan de impunidad de Cristina Kirchner. Qué vergüenza es ser kirchnerista! Qué vergüenza es ser Alberto Fernández”.

“Reflexione por los argentinos que la están pasando mal, 35% de pobreza, +60% de inflación, dólar a $300, canasta básica a $100 mil, variables económicas y sociales descontroladas. Gobiernen, están totalmente alejados de la realidad. CFK quiere ampliar la corte para no ir presa”, exigió la radical Ximena García.

En suma, la sanjuanina Susana Laciar (Producción y Trabajo) señaló: “Los problemas que enfrentamos los argentinos son inflación, pobreza, falta de reservas, desocupación, hambre; y de ellos no se ocupa. Señor Presidente: no reflexione más y póngase a trabajar, los argentinos lo necesitamos. La Justicia es parte de la REPÚBLICA, no de su gobierno”.

También se manifestó la liberal Carolina Píparo quien le advirtió: “No, no van a reformar la justicia presidente”, y les ordenó: “¡Arreglen algo de todo este desastre! Pónganse a laburar ustedes dos y dejen de burlarse de los argentinos”.

El presidente avaló las críticas de CFK a la Corte e insistió en una reforma de la Justicia

En un hilo de tuits, Alberto Fernández sostuvo que “reflexionó” sobre el vídeo publicado por la vice, cuestionó a la gestión anterior y pidió no dejar de “debatir el problema y buscar una solución”.

Mientras el dólar blue alcanzaba el récord histórico de los 300 pesos, el presidente Alberto Fernández publicó en la tarde de este martes un extenso hilo de tuits en los que avaló las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia e insistió con la necesidad de una reforma de la Justicia.

“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, comenzó el mandatario.

Luego, recordó que durante la gestión de Cambiemos, “la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la CSJN fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”.

Y, más recientemente en los hechos, “que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, criticó a Rosatti.

Fernández remarcó que “durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”.

“Cuando todo eso ocurría, el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible. De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”, continuó.

Sobre la afirmación de CFK de que “en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita”, el presidente aseveró que “esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.

“He repetido una y mil veces que debemos reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos”, consideró.

En ese sentido, lamentó: “Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”.

Finalmente, expresó que “pueden hablar de las formas y del vídeo de @CFKArgentina, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución”. “Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”, cerró.

Con un video propio, Stolbizer dio una “respuesta al falso relato de CFK”

A lo largo de 8 minutos, con su voz en off, la diputada de Juntos por el Cambio le recordó a la vicepresidenta sus críticas a la Corte que ahora llama “ejemplar” y negó que sea víctima de lawfare.

La diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer salió a refutar los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la Corte Suprema y el Poder Judicial. “Respuesta al falso relato de CFK”, tuiteó la legisladora en sus redes, junto a un vídeo de 8 minutos con su voz en off.

La jefa del bloque Encuentro Federal arranca recordando que la Corte a la que ahora la expresidenta llama “ejemplar” llegó “para reemplazar a la que había acompañado al presidente Carlos Menem con su mayoría automática”.

Y, tras mencionar que ese Máximo Tribunal convalidó las políticas de los ’90, la opositora dijo que el de Menem fue un gobierno que “Cristina y Néstor (Kirchner) no solo acompañaron, sino que además aplaudieron”.

“Durante sus presidencias se permitió cuestionar a esa misma Corte a la que hoy llama ejemplar”, le enrostró la líder del GEN a la vice, y agregó que “lo hizo cada vez que ese Máximo Tribunal no convalidó sus caprichos”, como por ejemplo en el caso de “la mal llamada ley de democratización de la justicia”.

Además, la bonaerense cuestionó que “Cristina Kirchner habla de la decadencia de la justicia” cuando “podríamos hablar de la degradación moral de la República a partir de su gobierno”.

Stolbizer, quien ha sido la principal denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces, defendió que en Comodoro Py “se abrieron procesos judiciales en los que se han probado los delitos de corrupción cometidos por ella misma y varios de sus funcionarios”. “No hay persecución ni lawfare. Justicia a los corruptos del kirchnerismo”, enfatizó.

También apuntó que “la Corte de los cuatro” está presidida por Horacio Rosatti, quien “fue ministro de Justicia de la Nación designado por Néstor Kirchner y renunciante de ese mismo gobierno cuando empezó a advertir los negocios particulares que se hacían desde el poder”.

Para la diputada, a la vicepresidenta “lo que le molesta” de los jueces “es que obstruyan su estrategia de impunidad”. Al tiempo que lamentó que “en Argentina, la Justicia es demasiado lenta en la investigación de los delitos de corrupción y las penas tampoco son lo suficientemente ejemplificadoras”.

“La Corte ha rechazado los recursos porque son legal y jurídicamente improcedentes”, afirmó y continuó: “Cristina Fernández de Kirchner tiene múltiples procesamientos que fueron dictados y convalidados en varias instancias por muchos jueces, fiscales y camaristas, porque los delitos se cometieron y las pruebas están”.

En otro tramo del vídeo, sobre cómo afecta el funcionamiento de la Corte a la vida cotidiana, la legisladora consideró que “no es precisamente la actividad de los jueces lo que afecta la vida social, es un Gobierno sin rumbo, la insensibilidad frente a los que sufren, parados mirando desde sus palacios y fortunas, o desde el recibo de la jubilación de los 4 millones”.

Tonelli repudió el ataque de CFK a la Corte: “Plagado de inexactitudes, verdades a medias y falsedades”

El diputado del Pro aseguró que el descargo de la vicepresidenta fue “una defensa propia para mejorar su situación en las causas judiciales que enfrenta”. Además, alertó: “No hay que perder de vista que hace 20 días abrieron declaraciones juradas de los jueces”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Ciudad de Buenos Aires) repudió el ataque de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema y aseguró que se trata de “una defensa propia para mejorar su situación en las causas judiciales que enfrenta”, y que está “plagado de inexactitudes, verdades a medias y falsedades”. Además, alertó que “no hay que perder de vista que hace 20 días abrieron declaraciones juradas de los jueces”.

“Lo que hizo Cristina fue un acto de defensa de ella con el que intenta mejorar su situación en las causas judiciales que enfrenta, particularmente que es la de Vialidad”, expresó el legislador en diálogo por la AM550.

En la misma línea, indicó que el video publicado en las redes sociales de la exmandataria contiene “inexactitudes, verdades a medias y falsedades”, e insistió que el mensaje debe tomarse como “un acto de defensa. No es otra cosa. No es una clase acerca de la independencia de la Justicia”.

Asimismo, pidió estar alerta a ese tipo de manifestaciones al tiempo que denunció la apertura de declaraciones juradas a jueces de semanas atrás. “Hay que estar alerta ante este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando se dicen tales inexactitudes. No hay que perder de vista que hace 20 días tuvimos una intrusión en las que manos anónimas abrieron declaraciones juradas de los jueces”, planteó el diputado.

Por otro lado, Tonelli cuestionó el aumento salarial del 60% para empleados legislativos anunciado por la titular del Senado y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al aclarar que “las dietas deben actualizarse al ritmo de las de los empleados del Congreso”.

“No sé cómo va a ser el mecanismo, no hay nada concreto por el momento. Tendremos que pensar qué hacemos. No me parece un procedimiento correcto ni adecuado. Lo normal es que las dietas de los legisladores se vayan actualizando al mismo ritmo que las dietas de los empleados del Congreso”, declaró.

Por último, el legislador habló de la realidad de la principal coalición opositora, a la que calificó de “estar más junta y unida que nunca”, y reflexionó sobre la situación económica y social: “Compartimos la preocupación por la muy grave situación que atraviesa el país en materia económica y social”, concluyó.

Para Yasky, el Estado debe tener “una acción clara y activa” contra los formadores de precios

El diputado oficialista se refirió a la movilización convocada para el 17 de agosto próximo. Además, criticó al poder mediático y la Corte, que “está convalidando delitos” de grandes empresas, consideró.

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) se refirió este martes a la movilización contra la inflación, convocada para el próximo 17 de agosto por la CGT y a la que se suma la CTA de los Trabajadores, central de la cual él es secretario general.

El bonaerense explicó que la marcha “es para reclamar contra los formadores de precios y para que el Estado tenga una acción clara y activa para impedir que esta impunidad de quienes intentan poner al pueblo contra las cuerdas todos los días, termine”.

“Si hacemos una marcha que termina siendo una marchita más, o un acto testimonial, eso se vuelve en contra de todos nosotros”, observó y resaltó la importancia de contar con “una masividad que marque el punto más alto en la movilización popular” y sea “un mensaje fuerte en los oídos de quienes creen que el pueblo argentino está derrotado”.

Para el legislador oficialista, “el Estado tendría que informar cuánto están ganando las empresas y cuáles eran sus ganancias antes de la remarcación de precios” porque “si no la gente piensa que los precios los define alguien adentro de la Casa Rosada, o que las cosas aumentan simplemente porque se emite mucho”.

“Todo ese es el verso de los dueños del poder mediático, que tratan de ocultar esto que es una manera permanente de meterle la mano en el bolsillo a los argentinos, para además llevarse la plata fuera del país. Todo eso yo creo que el Gobierno lo debería mostrar”, agregó.

En diálogo con FM La Patriada, el dirigente sindical denunció que hay “grandes monopolios de exportación de granos que contrabandean materias primas todos los meses por 400 millones de dólares”.

Además, en referencia a uno de los recientes tuits de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado apuntó que “vemos jugadas de películas para importar sin control” por parte de “grupos empresarios alquilándose firmas para hacer maniobras ilegales con la adquisición de dólares a precio oficial, que encubren maniobras contra el pueblo argentino”. “Y la Corte convalidando todo este tipo de delitos”, se quejó.

Entonces, criticó que el Máximo Tribunal “convalidó” un fallo “muchísimo más grave, que es el que le dio la impunidad al señor (Mauricio) Macri cuando todos pensábamos que de esa no podía zafar, la de haber cometido espionaje contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan”. “Mandar a espiarlos pone a Mauricio Macri en la línea de una página que los argentinos habíamos dejado atrás, que es el Nunca Más”, sentenció.

Doñate dijo que el kirchnerismo “no descarta” pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte

No obstante, el senador aclaró que esos procesos arrancan por la Cámara baja. También insistió con que “es imprescindible y necesaria” una reforma del Máximo Tribunal.

Tras el vídeo que la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió cuestionando a la Corte Suprema de Justicia, el senador nacional Martín Doñate (UC-FdT) dijo que “no descartamos” pedidos de juicio político contra los cortesanos, porque “de hecho hay argumentos suficientes”.

No obstante, el legislador aclaró que “hay algunos pedidos en la Cámara de Diputados, que es donde empieza el proceso”. “Hasta Elisa Carrió presentó pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti“, recordó.

Para el rionegrino, “es imprescindible y necesaria la reforma de la Corte” y, en ese sentido, se refirió a las iniciativas en el Senado que proponen la ampliación del Máximo Tribunal. “Tenemos que construir mucha conciencia social y política para tratar de avanzar con los proyectos”, sostuvo en declaraciones a radio Futurock.

Además, en diálogo con Radio 10, Doñate reveló que el oficialismo buscará tratar en la primera semana de agosto la propuesta que quiere llevar a 25 los miembros de la Corte, un texto que tuvo respaldo de gobernadores del Frente de Todos y aliados, y que recibió dictamen antes del receso invernal.

Sin embargo, el senador mencionó particularmente las iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, quien dentro del bloque oficialista avisó que no votaría a favor de ese texto, y de Alberto Weretilneck, un habitual aliado del FdT también en desacuerdo con ese proyecto, que fue el último en agregarse al debate y en un trámite veloz se le dio despacho.

“Entre los tres hay que armar una buena propuesta para generar los acuerdos. Es en lo que estamos empeñados en estas horas”, afirmó el kirchnerista, abriendo así las puertas a una eventual modificación del dictamen que sume el apoyo necesario para llevarlo a una sesión, que fracasó en convocarse para el 7 de julio, como algunos pretendían.

En cuanto al vídeo de CFK, el camporista consideró “lo que deja claro la expresión de Cristina es que no habrá elección democrática que valga, o ley que tenga garantía de continuidad, o proyecto electoral que pueda ser cumplido, ni política de Estado posible, ni seguridad jurídica, con una Corte Suprema de Justicia de estas características”.

“Todo lo que llegue a estos cuatro señores cae en saco roto”, cuestionó y analizó que las causas “si son conveniente a los intereses que representa esta Corte podrán pasar y ser política de Estado, o sino caerán en la imposibilidad de su ejecución”.

Ampliación de la Corte: el FdT buscará la media sanción del proyecto la próxima semana

Se convocará a sesión en el Senado el jueves 7, según anunció José Mayans. El proyecto, que no requiere de una mayoría absoluta, será el principal tema.

Tras una sesión con temas variados, la agenda judicial volverá al recinto del Senado. Según anticipó en la noche de este jueves el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, se buscará sesionar el próximo jueves 7 y, aunque todavía no se oficializó el temario, el principal proyecto será el que busca ampliar los miembros de la Corte Suprema.

La iniciativa tuvo dictamen de comisiones esta semana, luego de la visita de un puñado de gobernadores -de los 16 en total- que firmaron un documento a favor de un Máximo Tribunal compuesto por 25 jueces, propuesta que luego convirtieron en proyecto Mayans y la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

Cabe recordar que el debate sobre reforma de la Corte arrancó a fines de abril con otros cuatro proyectos sobre la mesa, que hablaban de un número inferior: el de Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) que proponía pasar de 5 a 9; el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que buscaba llevar a 16 los miembros; y el de Silvia Sapag (UC-FdT), que estimaba 15 integrantes. También estaba el de la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que proponía contemplar el cupo femenino.

Sin embargo, mientras avanzaba la discusión en comisión con especialistas invitados solo por el Frente de Todos -pues desde la oposición resolvieron no convocar a nadie en contra de este tratamiento-, llegó la propuesta de un grupo de gobernadores oficialistas y aliados de la Casa Rosada, que incluso se reunieron con el presidente Alberto Fernández por la cuestión. Una semana después, Mayans y Fernández Sagasti presentaron el proyecto en el Senado.

Para este proyecto, que no requiere de mayoría absoluta, el oficialismo no contará, por supuesto, con los votos del interbloque Juntos por el Cambio, espacio por el cual muy pocos senadores estuvieron presentes en las primeras reuniones de comisiones, y ya totalmente ausentes en las últimas.

Pero tampoco, según adelantó, acompañará un aliado habitual: el rionegrino Alberto Weretilneck. Lo mismo se estima que suceda con la monobloquista de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.

En cambio, el Frente de Todos, con 35 miembros, podría ser respaldado en el recinto por su incondicional aliada la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega, quien en un principio consideró “excesivo” ese número de miembros, pero luego dijo que estudiaría la propuesta. En los últimos meses, la exCambiemos se mostró casi como una más de la bancada oficial.

Con todo, si el proyecto obtiene media sanción corre chances complicadas en la Cámara de Diputados, donde siempre los números son más ajustados y el texto ya encuentra varias resistencias, como ha sucedido con otros temas judiciales.

De acuerdo al texto, los actuales jueces conservarán sus cargos y “la ampliación se realizaría en forma progresiva”. “Durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas”, establece uno de sus artículos.

Con pocos gobernadores, el kirchnerismo retoma el debate sobre ampliación de la Corte

Se realizará un nuevo plenario de comisiones este martes, desde las 14. Tres mandatarios provinciales apoyarán el último de los proyectos presentados por los jefes del interbloque oficialista.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

“La preocupación que tienen los gobernadores es que tengamos una Justicia verdaderamente federal”

Así lo expresó el jefe del interbloque oficialista en el Senado, José Mayans, en la antesala de la presentación de un grupo de mandatarios provinciales en el marco del debate sobre la ampliación de la Corte Suprema.

En la previa de la presentación de un grupo de mandatarios provinciales ante el Senado, donde asistirán al debate sobre los proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia, el jefe del interbloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans, aseguró que “la preocupación que tienen los gobernadores es que tengamos una Justicia verdaderamente federal”.

“¿El pueblo argentino confía en la Justicia? ¿La Justicia está en condiciones de dar respuestas a las necesidades del pueblo en materia de crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos, el contrabando?”, se preguntó el formoseño al cuestionar el actual funcionamiento del Poder Judicial, y agregó: “La Justicia federal, así como está, no está en condiciones de dar respuestas”.

Con críticas al máximo tribunal, el legislador recordó lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura, y cargó contra los cortesanos porque “tomaron las dos cajas de la Justicia y dicen ‘acá mandamos nosotros, más que el presidente, más que el Parlamento'”.

“La Argentina no confía en la Justicia por toda la manipulación que hemos tenido en todos los esquemas, necesita un replanteo”, sostuvo y fustigó que “la oposición y un grupo económico sienten que el Poder Judicial es de ellos y obviamente quieren mantener esta estructura judicial”.

Por otra parte, el presidente del Frente de Todos ratificó que es casi imposible que salga del Senado la aprobación del proyecto de boleta única de papel, y reivindicó: “El sistema vigente en el país es transparente. No creemos el relato de la oposición”.

En declaraciones a Radio Nacional, Mayans consideró que en 2023 habrá PASO dentro del oficialismo y volvió a elogiar la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es una persona de experiencia y que puede aportar al país de forma contundente”, dijo.

Durante la entrevista, el senador también opinó sobre la suba del dólar y adjudicó que “el problema de la República Argentina es el endeudamiento brutal que ha dejado el gobierno de (Mauricio) Macri, tanto en el aspecto formal de la deuda externa como en el Banco Central”. “Hay un esquema de especulación y un problema internacional muy fuerte”, añadió.

Piedecasas rechazó una ampliación de la Corte y opinó cómo debería ser la nueva ley del Consejo de la Magistratura

El actual titular de la Asociación de Abogados de la República Argentina aseguró que hay que “respetar la autonomía y la independencia del Poder Judicial”.

El expresidente del Consejo de la Magistratura y actual titular de la Asociación de Abogados de la República Argentina (ARA), Miguel Piedecasas, opinó sobre el debate de ampliación de los miembros de la Corte Suprema que el oficialismo impulsa en el Senado.

Para el doctor, el máximo tribunal tiene que en el corto plazo “completarse con una ministra mujer”, cargo que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, y respetarse “su autonomía y la independencia del Poder Judicial”.

“No se debe pretender modificar la cantidad de miembros (de la Corte) a cada momento o cuando sus pronunciamientos son adversos a los intereses de tal o cual”, advirtió.

Sobre lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura, donde fue restituida su composición de acuerdo a la ley de 1997, Piedecasas dijo que “la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial nacional y federal y el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de ese poder, por tanto es absolutamente lógico y constitucionalmente sustentable que al Consejo lo presida el presidente de la Corte Suprema”.

Para el abogado, “se debe trabajar en una ley que recoja la experiencia de los 22 años que llevamos en el Consejo. Necesitamos una ley nueva, completa, incorporando la perspectiva de género, los sistemas de control de gestión del Poder Judicial y tener en cuenta los procesos de selección de magistradas/os para que sean lo más transparentes y eficientes posibles, y teniendo la garantía de que se respeten aquellas ternas y dentro de ellas a los que tuvieron mejor desempeño al momento de llegar a la designación por parte del Poder Ejecutivo”.

“La nueva ley del Consejo de la Magistratura debe consagrar un sistema de capacitación profesional permanente de excelencia, tanto para aspirantes como para magistrados. Desde el Consejo de la Magistratura es fundamental contar con un esquema de formación y capacitación que pueda dotar de contenido de justicia a sus sentencias y no que nos quedemos en concepciones anacrónicas que no corresponden con la época actual”, señaló.

Asimismo, se manifestó a favor de “avanzar promoviendo mejoras en el acceso a la información y la modernización del Poder Judicial nacional y federal con la implementación de entornos virtuales y herramientas como la inteligencia artificial”.

“Transitamos un gran proceso de transformación, hemos avanzado bastante. Pasamos del papel, de la notificación personal a través de oficial de justicia, a la notificación electrónica. Pero hay que invertir más en recursos tecnológicos y en una nueva concepción de lo que es el proceso judicial. Y también en la mejora de la infraestructura edilicia”, sumó.

Para Mayans, “sería bueno” que Cristina Kirchner compita en 2023

El jefe del interbloque FdT en el Senado deslizó estar a favor de una PASO en la coalición oficialista. Por otra parte, le cerró las puertas a la aprobación de la boleta única de papel y reivindicó el actual sistema.

El jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, sostuvo este martes que “sería bueno” que Cristina Kirchner compita en las elecciones presidenciales de 2023, ya que “es una persona de mucha experiencia”.

“¿Cuál sería el problema de definir quién es el que tiene mayor aceptación popular? Es parte de la democracia”, deslizó sobre una posibilidad de PASO en la coalición oficialista.

Además, el formoseño elogió a la vicepresidenta: “Es una persona que gobernó el país y tiene un conocimiento pleno. Es muy atacada porque los intereses que son fuertes a veces no coinciden con la visión que ella tiene del funcionamiento del Estado”.

Y sobre las diferencias entre CFK y el presidente Alberto Fernández, el legislador apuntó que “ella exige un mejor comportamiento respecto al tema de que el pueblo nos votó para solucionar los problemas”.

Nuevamente sobre la idea de las PASO, el oficialista resaltó que “la voluntad popular es indispensable” porque “para poder gobernar este país, con los problemas que tiene, tenés que tener respaldo popular”.

“Al presidente le tocó una situación muy compleja, muy difícil, porque en principio una emergencia general, después una pandemia”, señaló y agregó: “Alberto está haciendo un trabajo que es altamente complejo, tiene sus inconvenientes porque no hay una situación fácil”.

Y aseguró que las diferencias dentro del Frente de Todos tienen que en “cómo resolver el desastre que dejó (Mauricio) Macri“. “Hemos pagado, a mayo, casi 500 mil millones de pesos de la deuda que dejaron, eso supera, por ejemplo, el presupuesto educativo, o el de salud o el gasto social”, apuntó.

Por otro lado, en referencia al proyecto de boleta única de papel, Mayans reivindicó el sistema actual, al recordar que con la boleta partidaria Daniel Scioli perdió el balotaje en 2015 y “en las distintas provincias, en muchas capitales que están gobernadas por el peronismo, también se pierden las elecciones”.

“Más transparencia y más contundencia que este sistema electoral no existe”, consideró y criticó que desde la oposición “vienen con el cuento de la boleta única, la transparencia… ya sabemos cómo es su cantinela”.

Y sentenció: “Yo no creo que se apruebe. No creo que aprobemos la boleta única. Creemos que el sistema actual es bueno y transparente. Lo otro sería lo contrario”.

Además, en declaraciones a radio Futurock, el senador cargó contra la Corte Suprema, al ser consultado por el proyecto que presentó junto a su par Anabel Fernández Sagasti para ampliar el máximo tribunal en 25 miembros, como piden un grupo de gobernadores oficialistas.

“Argentina tiene un problema institucional que es muy serio, porque tenemos una Corte que legisla”, expresó y cuestionó lo actuado por la Corte en torno al Consejo de la Magistratura, del cual Horacio Rosatti se autoproclamó presidente “convirtiéndose prácticamente en faraón de la República Argentina”, lanzó.

El formoseño añadió que “tenemos una Corte que toma decisiones políticas” y jueces que “actúan defendiendo intereses que nada tienen que ver con los intereses de la gente”.

Guerra, contra la BUP: “Demandaría un tiempo demasiado extenso para el elector”

El senador oficialista rechazó el proyecto con media sanción de Diputados, al tiempo que ratificó su acompañamiento a la ampliación de la Corte desde “una mirada federal”.

El senador nacional Ricardo Guerra (FNyP-FdT) se manifestó en contra del proyecto de boleta única de papel, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, y afirmó: “Al analizarlo, tomé la decisión de no acompañarlo. El tamaño de la boleta sería muy exagerado y demandaría un tiempo demasiado extenso para el elector”.

Además, el riojano señaló que “lo más delicado es que, para evitar el gran tamaño, lo resuelven poniendo los primeros candidatos y los otros no están en la boleta”. “No tendríamos en la lista todos los candidatos y sería poco transparente”, consideró.

Por otra parte, se refirió al debate sobre los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema y subrayó la “importancia de hacerlo con una mirada federal” porque “no se puede definir todo en el centro del país”.

“La conformación actual hace que un juez analice temáticas de distinta naturaleza y ningún ser humano puede saber de tantos temas, y entonces son los colaboradores quienes determinan los fallos”, sumó el legislador en declaraciones a Riojavirtual Radio 90.5.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de renovar su banca como senador, Guerra enfatizó: “Sería de mí agrado una continuidad en el cargo, pero todavía no me puse a pensar en las elecciones del año que viene porque en este momento estoy abocado al trabajo para representar a la provincia. Ya llegará el momento”.

Aguirre acusó a los gobernadores que proponen ampliar la Corte de un “intento de engaño federal”

El diputado lanzó duras críticas a los mandatarios provinciales que están a favor de llevar el máximo tribunal a 25 miembros y advirtió que “se estaría destruyendo el equilibrio republicano”.

manuel aguirre

El diputado nacional Manuel “Colo” Aguirre (UCR) se manifestó en contra de la intención del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores de impulsar un proyecto de ley que amplíe los miembros de la Corte Suprema en 25 miembros.

“El intento de destruir la Suprema Corte de Justicia haciéndola ‘federal’ y que cada gobernador proponga dos candidatos, es una nueva impostura del Gobierno nacional”, apuntó en un comunicado difundido este lunes.

Para el correntino, “esta nueva impostura, que tiene el apoyo de los numerosos gobernadores oficialistas, no consigue el apoyo del interior; tiene un disfraz de ‘federal’ pues así las provincias participarían del máximo tribunal judicial”.

En esa línea, el legislador de Juntos por el Cambio calificó que “las imposturas son engaños con apariencia de verdad. Demuestran generalmente la debilidad del impostor, quien finge una situación real porque no puede mostrar su verdadero rostro. Todos percibimos que ante el fallido intento del poder político de conseguir impunidad de sus delitos inicia un nuevo camino”.

Así, repasó que “primero quisieron imponer la teoría del ‘lawfare’ o persecución judicial injusta. Cuando advirtieron que muchos jueces fueron designados por ellos mismos en otro tiempo, y viendo que la sociedad no compraba ese discurso, abandonaron esta antigua teoría”.

“Después quisieron apoderarse del Consejo de la Magistratura para ‘disciplinar’ a cualquier juez que se atreviera a ejercer su cargo libremente. Cuando asumieron que esa batalla estaba perdida por un fallo de la Corte, se decidieron a arremeter con ella”, continuó en el escrito.

Para Aguirre, en el oficialismo “lo que olvidan es que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Si se diseña que las provincias designen los miembros de la Suprema Corte, además de hacerlo poco funcional por su número, se estaría destruyendo el equilibrio republicano donde cada poder controla a otro. Y se estaría traspasando todo el poder a los partidos políticos en perjuicio de los ciudadanos”.

“Los partidos colocarían al presidente, a los legisladores y a la Corte. Un poder sin control”, advirtió y consideró que “las excusas para esta nueva impostura son múltiples, pero causan gracia o temor cuando se advierte que todos los gobernadores que lo proponen son del mismo partido”.

El radical observó que “los engaños, aún cuando tengan apariencia de verdad, caen cuando son expuestos. Así los impostores quedan desenmascarados”. “Esos gobernadores que proponen este nuevo sistema no son representantes del federalismo, sino de un partido sumido en la autocracia”, apuntó.

Y criticó que “no representan al interior ni luchan por sus provincias. Luchan sobrevivir a un liderazgo tóxico que solo quiere su salvación, aunque la república desaparezca”. “Defendamos la República”, cerró.

Pérez Araujo sostuvo que “hoy la Corte está recostada” sobre el sector de Juntos por el Cambio

El diputado oficialista apuntó además que el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta sobre la coparticipación “está claro que responde a una connivencia”.

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT) opinó este lunes sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y se sumó a las críticas que desde el oficialismo hacen sobre el máximo tribunal. Al ser consultado en AM750 sobre si cree que la Corte responde a “un juego político parcial con Juntos por el Cambio”, el pampeano respondió: “Sí, totalmente, yo estoy absolutamente convencido de eso. Hoy la Corte está recostada sobre ese sector político”.

En ese sentido, señaló que eso ocurre “desde el origen de por lo menos dos de los miembros de la Corte”, en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri, aunque luego sus pliegos pasaron por la aprobación del Senado.

También, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja consideró que en el tema del Consejo de la Magistratura, esa posición “es evidente, clara y no hay discusiones al respecto”.

En relación a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que bajará los impuestos si la Corte falla a favor de la Ciudad en el reclamo por la coparticipación, el legislador opinó: “Implica claramente una presión a la Corte, o un guiño, depende de qué lado lo miramos. Está claro que responde a una connivencia”.

“Si Larreta quiere bajar impuestos que los baje, pero que lo haga con dinero propio no con dinero de todos los argentinos”, agregó.

Por otro lado, celebró la iniciativa de un grupo de gobernadores para “modernizar la Corte, federalizarla y democratizarla”.

“Está claro que la Corte como está funcionando no puede seguir funcionando, pero no porque no nos guste a nosotros en esta coyuntura, sino porque no podemos seguir tolerando que los expedientes que hacen a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos y argentinas sigan dando vueltas 15 años en los despachos de la Corte”, argumentó.

Sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Pérez Araujo expresó que “estamos analizando y conversando con todos”, porque “los votos el Frente de Todos no los tiene”, pero se abrió “un camino de diálogo y búsqueda de consenso que, en principio, cuando vino el proyecto del Ejecutivo, no estaba”, y a partir de las modificaciones que tuvo el texto en el Senado, eso “nos puede acercar a algunos sectores en Diputados”.

“Estamos en un buen camino, nos hemos tomado un tiempo prudencial”, apuntó y aclaró que el dictamen se firmaría “en las próximas semanas”. No obstante, resaltó que en las exposiciones de especialistas que ya han pasado “se ha dejado evidente la inconveniencia de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura; creo que en esto más o menos nos vamos poniendo todos de acuerdo”.

“He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco”, admitió Zaffaroni en el Senado

El exjuez de la Corte Suprema asistió a un plenario de comisiones en el marco del debate para ampliar los miembros del máximo tribunal.

En el marco del debate de los proyectos que proponen ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni expuso en el Senado sobre los defectos en el funcionamiento del máximo tribunal, se mostró a favor de una composición de 24 magistrados y confesó: “He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco”. 

“Hoy nuestra Corte Suprema, en cuanto a la función de control constitucional normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas, que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil  firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97% y 98%”, explicó.

Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, el jurista señaló que “la justicia ordinaria mucha idea de lo que pasa adentro de la Corte no tiene”. “Cuando tuve que incorporarme a la Corte perdí un tiempo en habituarme”, dijo y reveló que, en ocasiones, firmó sentencias “de materias que no conozco”.

Por eso, indicó que “para resolver en última instancia, cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, uno tiene que ser un especialista en la materia; porque sino resulta que tenemos tribunales especializados abajo y un tribunal supremo multifuero”

Zaffaroni explicó que el juez “se rodea de la mejor fuente que puede” y de “secretarios viejos que son expertos en la materia”, pero “no es uno el que está haciendo la sentencia”. “Así trabaja la Corte, este es el problema”, apuntó y se manifestó a favor de una “Corte constitucional y de Casación” que tenga salas especializadas.

“Nuestra Corte es la más chica de todos los tribunales supremos del continente y de Europa, salvo Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes y no sé si tiene los poderes que tiene la nuestra”, continuó.

En su exposición, el exjuez de la Corte observó que “tenemos un problema republicano al concentrar en tres personas tantas potestades” por más “genios que sean u honestos, la concentración de poder es problemática”. 

“Si pensamos en una Corte que tenga Casación y control constitucional debe ser numerosa”, consideró y, por otro lado, recordó que “la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de 150 años han sido de la Ciudad de Buenos o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es momento de que podamos pensar en una Corte federal en serio”. 

Otro de los oradores invitados fue León Arslanián, exministro de Justicia y Derechos Humanos, y uno de los que formó parte del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público” de la Presidencia.

“Soy contrario al número de cinco que tiene la Corte Suprema, estoy a favor de un aumento del número de ministros”, manifestó el exjuez, que argumentó: “Tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos diversidades culturales de todo tipo, tenemos cuestiones vinculadas con la política de género”.

No obstante, advirtió que “meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, la expertiz, la competencia, la mirada política pertinente”. 

Tras precisar que “cada año ingresan a la Corte 28 mil expedientes nuevos” y se “ falla entre 7 y 10 mil”, Arslanián se mostró a favor de una Corte con 9 miembros, porque con un número menor “no es posible administrar justicia como corresponde”. 

Para el exministro, ampliar la Corte no tiene solo que ver con “sacar más rápido las sentencias” y así mejorar “la eficiencia”, sino que aportará al “fortalecimiento del debate”, porque “no se pueden poner a discutir tres personas un tema tremendamente delicado” como podría ser “una cuestión de género o el aborto”. 

También expusieron en la jornada de este miércoles Diego Duquelsky Gómez, profesor de Derecho de la UNPAZ y UNDAV; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; y René Casas, exjuez de Cámara de Jujuy.

Con invitados a exponer, continuará este miércoles el debate sobre la ampliación de la Corte

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales retomará la discusión con la participación de especialistas.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará este miércoles, a partir de las 12, la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo encuentro, que se realizará en el Salón Illia y contará con la participación de especialistas invitados, se dará un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

Según pudo saberse este martes por la tarde, los invitados a exponer serán los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

Luego de la acción de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, el oficialismo reforzó sus críticas al Poder Judicial y la vicepresidenta Cristina Kirchner habilitó que el tema se debata en la Cámara alta.

Igualmente, en la reunión de la semana pasada, los autores de las distintas iniciativas negaron que se trate de una situación coyuntural traer la discusión en este momento, como por ejemplo lo hizo el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien recordó que la primera vez que presentó el proyecto fue en 2016.

El puntano propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. En ese sentido, apunta que la Corte no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género.

Otro de los textos sobre la mesa es el presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Sí con un proyecto presentado recientemente la senadora Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) también plantea una composición por regiones y eleva de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa es la que corresponde a la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Juntos por el Cambio rechazan de lleno la discusión y la atribuyen a un “nueva maniobra del oficialismo en el Senado” que “en esto se muestran juntos”. Para la coalición opositora, la intención de ampliar los miembros de la Corte es “para intentar tomar control de la misma”.

Se debate en el Senado la ampliación de la Corte Suprema de Justicia

Se realiza el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en torno a modificar la composición del máximo tribunal.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.

Cerca de las 13 de este miércoles comenzó el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, donde en primer lugar hablaron los autores de las iniciativas.

A los proyectos presentados por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), se sumó uno de Silvia Sapag (UC).

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo comenzará a debatir en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema

Será este miércoles a partir de las 12.30 en el Salón Arturo Illia, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

En medio del conflicto por el Consejo de la Magistratura, el oficialismo apunta sus cañones otra vez contra la Corte Suprema de Justicia, ya que este miércoles desde las 12.30 en el Salón Arturo Illia del Senado comenzará a debatirse un proyecto que tiene por objeto de modificar la composición del Tribunal Supremo.

El proyecto que fue presentado oportunamente por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se propone elevar a nueve el número de miembros, será tratado en el seno de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.

La iniciativa de Rodríguez Saá data del 1 de junio de 2020, y sustituye el artículo 21 del decreto ley 1285/58 (organización de Justicia) ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 a 9 la cantidad de jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. El 9 de noviembre pasado se incorporó al proyecto la firma de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay solo cuatro, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante.

El texto establece que, a los efectos de asegurar la diversidad de género, el tribunal no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género. Asimismo, “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

A su vez se debe garantizar la procedencia regional, con lo que el tribunal estaría compuesto por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.

Rodríguez Saá argumenta para justificar su proyecto que “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que, a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.

Otra de los proyectos que podría sumarse al debate fue presentado por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega, el cual se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

El rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) también presentó una propuesta al respecto cuya principal característica es que eleva a 16 el número de jueces de la Corte Suprema.

Entre sus objetivos, el proyecto del exgobernador rionegrino propone garantizar y promover la paridad de género y una representación del federalismo en el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación.

El expediente establece que, para garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Para ello se tendrán en cuenta las regiones de CABA y Buenos Aires; por el Norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero; por el Centro, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y por la zona Sur, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El presidente de la Corte, de acuerdo al proyecto de Weretilneck, será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran por el plazo de un año y no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva.

Desde Juntos por el Cambio adelantaron que estas iniciativas, en caso de prosperar en la Cámara alta, no contarán con el aval en la Cámara de Diputados y le reprocharon al oficialismo asumir actitudes con “efectos electoralistas”.

Desde el oficialismo aseguraron que el plenario incluirá la invitación a constitucionalistas y a expertos en Derecho de distintas especialidades para referirse a la eventual modificación del máximo tribunal.

Previo al debate, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá a las 12 para analizar un proyecto del chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) que reconoce conforme lo establecido por los art. 124° y 125° de la Constitución Nacional, el tratado interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA – NEA).

Además, leerán tres notas enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: la primera nota enviada por Carlos Cristian Martínez, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia en la Ciudad de Buenos Aires. 

Otra, remite nota enviada por Alejandro Mario Antonellini, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad de Venado Tuerto (jurisdicción del Consulado General de Italia en Rosario).

Por último, remite nota enviada por Fernando Neldo Lorenzatto, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario por la República Italiana en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

Weretilneck afirmó que su proyecto sobre la Corte no lo habló con Cristina Kirchner

Al ser consultado sobre su iniciativa para ampliar la Corte Suprema a 16 miembros, el senador rionegrino aseguró que “el país necesita esto”.

Tras la representación de su proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 16 miembros, el senador nacional Alberto Weretilneck afirmó que no habló sobre su iniciativa con la vicepresidenta Cristina Kirchner ni con ningún integrante del oficialismo.

El legislador de Juntos Somos Río Negro subrayó que “para designar un juez de la Corte se necesitan las dos terceras partes del Senado”, con lo cual se requiere que las dos grandes coaliciones se pongan de acuerdo, por lo que resaltó que su propuesta “no se acomoda a favor de nadie”.

“No lo hablé con ella ni con ningún integrante del Frente de Todos. Es el país que necesita esto. Yo lo había presentado hace un año y medio (al proyecto)”, sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia.

Para el exgobernador rionegrino, “cuanto menos jueces tenemos” en el máximo tribunal, se corre “más riesgo de que sean funcionales”.

“No importa el sector social al que pertenezcamos, o el sector político, empresarial o gremial, hoy nadie cree en que la Justicia federal y nacional es un lugar respetado, valorado. Tampoco pensamos que los jueces que la integran puedan ser actores fundamentales de un cambio”, observó.

El aliado del oficialismo en la Cámara alta señaló que los fallos de la Corte no deberían ser “motivo de ningún tipo de suspicacia”, sin embargo “muchísimos fallos y actitudes de la Corte precisamente no responden a estos parámetros”.

Para el senador, su proyecto provocaría “un cambio fundamental y profundo en lo que es este poder del Estado, que no lo pueden hacer los jueces que están hoy”, además de aportar “eficacia y rapidez” en el servicio de Justicia.

En ese sentido, precisó que el máximo tribunal emite “unas 7.000 y 7.500 sentencias por año”, cuando “hay 29 mil expedientes que ingresaron en 2018, y 14 mil expedientes en 2017”. “No hay números sobre cuántas causas tiene la Corte sin tratar”, apuntó y defendió que ampliar su composición “nos permitiría quintuplicar las sentencias por año”.

Weretilneck presentó su propio proyecto para ampliar la Corte Suprema

El senador rionegrino propone que el máximo tribunal esté integrado por 16 jueces, y que haya a su vez 3 magistrados por cada región del país. También se dividiría en 5 salas.

En la antesala del debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el kirchnerismo en la Cámara alta, el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó su propio proyecto de ley que prevé llevar de 5 a 16 los miembros del máximo tribunal.

De acuerdo a la iniciativa, se estipula la paridad de género entre los integrantes, al tiempo de un “cupo federal” que indica que, como mínimo, deberá haber tres magistrados por cada una de las 5 regiones del país que se establecen: CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur.

Además, la Corte estaría dividida en cinco salas, de tres miembros cada una, que se armarían por sorteo “en cada caso para evitar concentración de poder”.

El proyecto de Weretilneck, aliado del oficialismo y cuyo voto es clave cada vez que el -ahora interbloque- Frente de Todos está complicado con los números, propone que “el presidente de la Corte será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran”.

Asimismo, “la presidencia será ejercida por un período de un año” y “no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva”.

La iniciativa señala que “la Corte actuará en plenario en los asuntos en que tiene competencia originaria”, mientras que “para el resto de los casos, la Corte funcionará en 5 salas integradas por 3 magistrados, elegidos por sorteo para resolver en cada caso que llegue a conocimiento de la Corte, no pudiendo el presidente integrar ninguna de las mismas”.

“Sus decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integran la sala”, agrega el texto.

El articulado también indica que “los Presidentes de Sala podrán convocar a tribunal pleno cuando consideren conveniente fijar la interpretación de la ley o la doctrina aplicables y deberán convocar al pleno cuando puedan producir una resolución contraria a la adoptada en una o más causas anteriores por otra Sala o por la Corte en pleno”.

“Al dictar el Reglamento pertinente, se podrá contemplar: el sorteo público y transparente de los integrantes de cada sala; el sorteo público y transparente de reemplazos en caso de licencia, remoción, excusación o vacancia; un mecanismo por el que el Presidente de Sala o el Presidente de la Corte puedan convocar al tribunal pleno, previo al dictado de la sentencia, a fin de evitar posibles sentencias contradictorias”, señala el proyecto.

Sobre este punto, también sugiere “un mecanismo ágil y de fácil acceso a la información para la consulta de los precedentes dictados, tanto por los miembros de la Corte como por el público en general; plazos acordes a los principios de celeridad y eficiencia a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva; y cualquier otra actividad acorde a la transparencia y celeridad en el proceso de resolución de causas, conforme las atribuciones propias del artículo 113 de la Constitución Nacional”.

En los argumentos, Weretilneck expresó que el máximo tribunal “tiene una función mucho más elevada que la jurisdiccional de ser la última instancia de resolución de conflictos judiciales. En términos de ser la cabeza de un poder del Estado, y de controlar la validez, esto es, la constitucionalidad, de los actos de gobierno y de las normas, su poder político está a la altura del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

“El problema de una Corte ‘partidizada’, sea a favor o en contra del poder político de turno, esto es, adicta o en riña con dicho poder, es la politización en el mal sentido con la que pretendemos terminar a través del presente proyecto de ley”, enfatizó.

Y justificó que se propone que esa nueva conformación “no sea tan solo cuantitativa sino también cualitativa” ya que “el objetivo es dotarlo de mayor legitimidad y, a su vez, mayor celeridad y eficiencia”.

“Parece necesario entonces, en vistas de que el tercer poder del Estado vuelva a alcanzar una politicidad en un sentido virtuoso, y no vicioso como el actual, alcanzar un nuevo consenso político en el modo de su conformación para poder lograr nuevamente una Corte independiente que garantice una representación pluralista y federal a fin de ser un contrapeso de manera genuina a la actuación de los poderes ejecutivo y legislativo”, resaltó el senador.

Cerruti evitó opinar sobre el debate de ampliación de la Corte que arrancará en el Senado

La portavoz de la Presidencia dijo que el Gobierno analiza el tema desde su comité de expertos, pero el Poder Legislativo puede “fijar su propia agenda”.

gabriela cerruti conferencia de prensa

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evitó este viernes opinar sobre el debate que comenzará en el Senado, con la anuencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque remarcó que el presidente Alberto Fernández tiene “preocupación” por el funcionamiento judicial y ese es uno de los temas que “trabaja” el comité de expertos que lo asesora en la materia.

Consultada por el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, la funcionaria señaló que “el Gobierno no comenta fallos de la Corte y fallos judiciales”, y que “la solución” al conflicto generado es el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que está en tratamiento en el Congreso.

Para la portavoz, la Corte “debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente, a impartir Justicia”. “El estado de la Justicia es una preocupación del presidente, lo dijo cada vez que habló ante el Congreso”, recordó y agregó que por eso “conformó una comisión de juristas para analizar el tema”.

“El Ejecutivo en muchas ocasiones envió proyectos al Poder Legislativo para que sean tratados, entre otros, el de reforma del Consejo de la Magistratura, que se envió antes del fallo de la Corte y que está en tratamiento y tiene media sanción”, expresó.

Sobre la controversia generada, Cerruti afirmó que “el Gobierno entiende que se trata de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la Corte. Sigue atentamente el tema y atentamente las soluciones que se está dando el Poder Legislativo para poder avanzar en la cuestión”.

Y, al ser consultada por el debate para ampliar la composición del máximo tribunal, se desligó: “En cuanto a la agenda del Poder Legislativo, la independencia de poderes indica que es el Legislativo el que fija su propia agenda, salvo cuando el Ejecutivo envía sus proyectos”.

Por otra parte, criticó que “la oposición se ha divido en el Congreso Nacional para tener los representantes en RTA y ENACOM. Cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición, la oposición se divide para que le correspondan a los dos bloques que integran Juntos por el Cambio, ahora hay más bloques todavía”.

“No es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que tienen que ver con la primera minoría, y se dividen para quedarse con los que tienen que ver con la segunda minoría”, manifestó.

Sin responder sobre la división del Frente de Todos en el Senado, pero sí recordando movimientos de la oposición en otro momento -o como oficialismo del Pro en la Legislatura porteña-, la funcionaria fustigó que “esta es una práctica habitual de Juntos por el Cambio” que tiene “doble vara”.

“Para nombrar a (Pablo) Tonelli en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa, y juntaron todos los bloques para decir que todos los era un interbloque y así poder tener un representante”, añadió.

Y completó: “Nos tienen totalmente habituados a este tipo de trampas a la política, a la democracia, lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege”.

Renta inesperada

En otro tramo de su habitual conferencia de prensa, Cerruti confirmó que el proyecto de ley para establecer un impuesto a la renta inesperada “está siendo trabajado”, pero no se va a enviar hasta que alcance el respaldo en “conversaciones previas” que se están dando desde el Ministerio de Economía con los sectores que serían alcanzados. “No queremos el hecho de enviarlo (al proyecto) y que después termine sin salir”, aclaró.

La portavoz sostuvo que este “es un tema que está en debate en el mundo” ya que “la guerra tiene consecuencias económicas graves”, pero “también está produciendo que algunos sectores crezcan mucho”, lo que provoca un incremento en “los niveles de desigualdad”.

“En esta situación excepcional del mundo es necesario que esto sea distribuido para no seguir incrementando las brechas”, sumó.

Parrilli dijo que la división del bloque responde a una “realidad política” y acusó a la Corte de ser “macrista”

El senador kirchnerista fustigó a Juntos por el Cambio por su reacción y pidió no “desaviar la atención” sobre el “golpe de Estado” que, a su juicio, se realizó sobre el Consejo de la Magistratura.

Tras la decisión del Frente de Todos de partir el bloque en el Senado, en medio de la controversia por el Consejo de la Magistratura, el senador kirchnerista Oscar Parrilli manifestó que la división responde a una “necesidad de mostrar una realidad política” y señaló que ambas bancadas quedaron entre quienes “vienen de Unidad Ciudadana y quienes responden a los gobernadores”.

“Más allá de que somos un interbloque, estaban estas dos procedencias; por eso la decisión que se tomó”, afirmó Parrilli, que ante la reacción que provocó la noticia, pues se presume es por la polémica en torno al Consejo, el oficialista fustigó que Juntos por el Cambio “intenta ver en los demás las acciones que ellos llevan adelante”.

El neuquino resaltó que “no debemos desviar la atención. Hemos sufrido un golpe de Estado institucional a un órgano como es el Consejo de la Magistratura por parte de dos jueces nombrados a dedo por (Mauricio) Macri“, en alusión a Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal- y Carlos Rosenkranzt.

Asimismo, subrayó que el poder del presidente de la Corte “excede los límites de cualquier democracia”, y acusó que “estamos frente a una Corte macrista para que no avance ninguna de las causas que hay contra él (en referencia a Macri)”.

“Están al servicio de los intereses políticos de Macri, para defender el espionaje que llevaron adelante. Ése es el objetivo del Consejo de la Magistratura, que no avance ninguna de las causas que le imputan”, insistió en diálogo con FM La Patriada.

El bloque del FdT le pide a la Corte 90 días para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura

Luego que el máximo tribunal asumiera el control del órgano judicial, la bancada oficialista en Diputados señaló que “hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema”.

Tras el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conoció este lunes pasado el mediodía, a través del cual asumió el control del Consejo de la Magistratura, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados le reclamó al máximo tribunal que otorgue al Congreso un plazo de 90 días más para la sanción de una nueva ley.

“Desde el bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos exigimos a la Corte Suprema de Justicia que arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación”, arranca el comunicado emitido por la bancada que conduce Germán Martínez.

En línea con declaraciones que viene teniendo el titular del bloque, los legisladores apuntaron que “así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura (prevista por la Ley 26.080) es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación”.

“Asimismo, consideramos de enorme gravedad institucional que -amparados en una legislación derogada en febrero de 2006, por una ley del Congreso- el presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma la Presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial”, subrayaron.

Y completaron: “Hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema. La Corte Suprema tiene la posibilidad de generar las condiciones para hacerla realidad”.

Juntos por el Cambio presentó un per-saltum ante la Corte Suprema

Es para frenar la medida que tomó un juez de Paraná. Igualmente, el recurso quedó extemporáneo ante un nuevo fallo del máximo tribunal, que asumió el control del Consejo.

Juntos por el Cambio presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia un per-saltum para frenar la medida tomada por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien buscaba impedir la designación de dos legisladores como nuevos consejeros, al restituirse la ley de 1997.

Igualmente, al mismo tiempo que se presentaba el recurso extraordinario, el máximo tribunal emitió un nuevo fallo en el que asumió el control del Consejo de la Magistratura, con Horacio Rosatti a la cabeza, y ordenó prestar juramento a los nuevos miembros.

“Es imposible intentar parar, empantanar y embarrar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e ir en contra de una sentencia del máximo tribunal del país”, enfatizó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

Asimismo, el cordobés expresó, tras la presentación de per-saltum: “Estamos muy satisfechos. Desde Juntos por el Cambio coincidimos con lo que se estableció en la acordada que acaban de firmar los jueces supremos para evitar que el juez de Paraná impida que se elijan los dos consejeros del Congreso que faltan designarse”.

“De cualquier manera, esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la presidenta del Senado (Cristina Kirchner) no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuestos por el radicalismo, la diputada Roxana Reyes, y por el Pro, el senador Luis Juez, quienes representan a la segunda minoría en cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley de 1997 a la que se retornó según el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006″, agregó Negri.

Por su parte, la diputada Reyes consideró que “resulta indispensable la independencia de los poderes del Estado, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue en esa dirección, ya que del Consejo de la Magistratura depende la designación de los jueces y el control de sus desempeño”.

“Es grave la demora de la designación de muchos jueces para el buen funcionamiento del Poder Judicial, retrasos solamente justificados en la necesidad del kirchnerismo de obtener impunidad”, manifestó la santacruceña.

Y agregó que “el per-saltum es un recurso extraordinario por el cual decimos al máximo tribunal que el fallo que dictó, que ordenó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y la vigencia de la ley de 1997 está siendo obstaculizada por un juez de Paraná. Requerimos anulación del accionar de ese juez y hacer cumplir el fallo de diciembre”.

Soria cargó contra la oposición: “Celebran que la Corte les arrebate la facultad de sancionar leyes”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos renovó sus críticas contra los jueces del máximo tribunal y los acusó de estar “jugando a hacer política”.

En medio de la controversia por la conformación del Consejo de la Magistratura, y el inminente arribo de Horacio Rosatti como presidente de ese organismo, el ministro de Justicia, Martín Soria, cargó contra la oposición que “celebra que la Corte les arrebate la facultad de sancionar leyes y más aún se excitan Clarín y La Nación”.

“La Corte Suprema pone en funcionamiento una integración del Consejo que fue demostrado que fue pésima, que no funcionó”, cuestionó el funcionario en relación a la restitución de la ley de 1997.

En declaraciones a Radio Nacional, el titular de la cartera de Justicia criticó que los magistrados “tardaron 16 años en darse cuenta que la ley con la que se eligieron los jueces de la Argentina era inconstitucional”.

“Lamentablemente los jueces de la Corte están jugando a hacer política y no justicia”, lanzó y disparó también contra los medios de comunicación: “Los que dicen que entra en vigencia el fallo son Clarín y La Nación”.

En ese sentido, Soria explicó que “el fallo dice que los nuevos miembros van a iniciar su mandato de manera conjunta y en el Congreso todavía no eligieron a sus representantes”. En realidad, Juntos por el Cambio ya propuso a sus consejeros, pero Sergio Massa y Cristina Kirchner no estarían dispuestos, por ahora, a designarlos por resolución, además del fallo de un juez de Paraná que avala esa situación.

En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que “hoy los golpes de Estado se hacen en las poltronas de algún magistrado; esperemos que no llegue a tanto. Lo hemos visto en Brasil, en varios países de la región, esperemos no lleguen a tanto”.

“Esta Corte Suprema con cuatro integrantes, sin una mujer, desató un escándalo cuando se autovotaron. Rosatti y (Carlos) Rosenkratz fueron autoelegidos, antes nunca había sucedido algo así”, agregó.

Valdés, sobre la asunción de Rosatti en el Consejo: “Es un golpe institucional de palacio”

El diputado oficialista consideró que “todas las fuerzas políticas deberían oponerse” porque “esto es un avasallamiento al Congreso”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a la recomposición del Consejo de la Magistratura, tras vencer el plazo fijado por el máximo tribunal al Congreso para sancionar una nueva ley, y advirtió: “Que (Horacio) Rosatti tome por asalto el Consejo es un hecho que suena como un golpe institucional de palacio”.

En diálogo con radio Futurock, el legislador cuestionó que desde la Corte “en 2006 durmieron un recurso que cuestionaba una ley cuya autora era la senadora Cristina Fernández. Ahora lo desempolvaron para decir que esa ley es inconstitucional”.

Con críticas al presidente del máximo tribunal, el oficialista apuntó que “Rosatti intentó ser nombrado juez de la Corte por decreto, y se autovotó como presidente. Hoy pretende asumir en el Consejo de la Magistratura. Lejos de mejorar la calidad de las instituciones, esto genera un conflicto donde no lo había”.

Ante la consulta sobre la posición del Frente de Todos respecto al tema, sostuvo: “Todas las fuerzas políticas deberían oponerse a la asunción de Rosatti. Esto es un avasallamiento al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo en su conjunto”.

“La parte que declara inconstitucional Rosatti es la forma de elección del presidente de la Corte, que tiene que ser por mayoría absoluta, eso sería inconstitucional y él se elige por sí mismo a través de un fallo. Es horrible, es el derecho feudal”, aseguró el porteño.

Casaretto pidió no convalidar el desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura

El diputado oficialista acusó a los jueces de la Corte de querer “actuar más en política, por eso juegan con la oposición”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) pidió a sus pares del Congreso no convalidar el “desembarco” del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el Consejo de la Magistratura, y consideró que hay una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.

“La ley está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley del Congreso que lo respalde”, sostuvo el legislador en declaraciones a Radio 10.

Además, el entrerriano, quien presentó una cautelar para frenar la designación de dos legisladores como consejeros -ante la restitución de la ley de 1997 vencido el plazo dado por la Corte- criticó que no se está respetando la “independencia de poderes” y rechazó que la Corte integre y “mucho menos” presida el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, además de administrar el Poder Judicial.

En esa línea, el oficialista consideró que existe una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.

“Rosatti busca tener el control del Consejo de la Magistratura. Tengamos en cuenta que hay un representante del (Poder) Ejecutivo, del Congreso -oficialismo y oposición-, de abogados, jueces, y de las universidades, pero la Corte Suprema no está ahí y ellos quieren meterse porque entonces pueden intervenir en la designación de jueces, en los aspectos disciplinarios y en la administración de los fondos del Poder Judicial”, advirtió.

Además, Casaretto cuestionó la postura de Juntos por el Cambio al respecto, y manifestó que “no se puede hacer lo que la oposición está haciendo” al “buscar refugio en alguna acordada o fallo de la Corte Suprema”.

“En la Corte Suprema también son dirigentes políticos. No es un poder independiente, al contrario, ellos quieren actuar más en política, por eso juegan con la oposición y pretenden quedarse con el Consejo de la Magistratura”, completó.

Consejo de la Magistratura: Martínez reclama a la Corte “tiempo para legislar”

El jefe del Frente de Todos en Diputados opinó sobre “alternativas existentes” para evitar un hecho de “gravedad institucional”, y solicitó 90 días más para tratar la nueva ley.

En la antesala de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asuma al frente del Consejo de la Magistratura, vencido el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reclamó “tiempo para legislar” al Congreso, y así evitar un hecho de “gravedad institucional”.

En una publicación a través de la red social Facebook, titulada “Tiempo para legislar o conflicto de poderes”, el legislador habló de “alternativas existentes para encauzar el debate sobre el Consejo de la Magistratura”.

“Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia (de ahora en más CSJ) puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones“, alertó el santafesino.

En ese sentido, subrayó: “Al expresar estas palabras no estamos ’embistiendo’ ni realizando una ‘ofensiva’ contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”.

En un repaso sobre cómo se llegó a esta situación, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja mencionó que “el 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la CSJ declaró inconstitucional la Ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura”.

“Dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la CSJ ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros”, continuó.

Martínez observó que “la CSJ dijo otra cosa en ese fallo de diciembre de 2021. Además de declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y de emplazar al Congreso para que en 120 días sancione una nueva ley, dijo que -de no haber una nueva ley- se reponía la vigencia de la Ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997”.

“Esa ley de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al presidente de la CSJ, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática”, recordó.

El diputado analizó que “claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas” cuando “los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar”.

En referencia a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo en el Senado (con modificaciones), el santafesino resaltó que “de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con 4 días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes? -se preguntó-“.

Entonces sostuvo que “si en nombre de la -derogada- Ley 24.937 hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”.

“Mientras tanto, hay una medida pre cautelar interpuesta por el Juzgado Federal Nro. 2 de Paraná ante una solicitud realizada por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El fiscal federal de Paraná apeló, pero el juez no le concedió la apelación. En virtud de ese fallo, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores cuentan con 5 días hábiles para acercar al juzgado toda la información y análisis correspondiente. Mientras tanto, se tienen que abstener de enviar al Consejo las designaciones de los potenciales nuevos miembros, de acuerdo a la ley derogada en 2006″, explicó.

Y defendió que “las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un ‘per saltum’ a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente”.

En el tramo final de su publicación, Martínez expresó: “¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar“.

“Sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: TIEMPO para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos”, agregó.

E insistió que “si la CSJ le concede este plazo al Congreso, es porque tiene la predisposición a encaminar el tema. Si, por el contrario, este lunes el presidente de la CSJ avanza asumiendo la Presidencia del Consejo -en función de la ley derogada en 2006- se configurará un escenario de enorme gravedad institucional”.

“Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, concluyó.

El Consejo de la Magistratura no pudo avanzar con la designación de ternas

En lo que representó su última reunión con esta conformación, el organismo postergó la votación de magistrados.

En el último plenario del Consejo de la Magistratura, que se llevó a cabo este miércoles, se tomó la decisión por unanimidad remitir las ternas para la designación de jueces a la Comisión de Labor hasta que haya una nueva conformación de órgano judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su integración en diciembre del año pasado y emplazara a reformular su conformación antes del 15 de abril.

La propuesta de postergar las votaciones de las ternas, que debe hacer el plenario con una mayoría especial de 9 sobre un total de 13 miembros, partió desde el representante del Poder Ejecutivo en el organismo y hombre de Cristina Kirchner, Gerónimo Ustarroz, quien reconoció: “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al requisito exigido por la ley, pero no hemos arribado a ningún acuerdo por los concursos. Más allá de haber sido generosos con el grupo (por la oposición) que debería haber llegado a dar esos dos votos que faltaban. Nos arrimamos, estuvimos a uno, pero no llegamos”.

En ese contexto el oficialismo volvió a fracasar en la estrategia para nombrar a cinco jueces federales en los tribunales de Comodoro Py donde se investigan los casos de corrupción, ya que buscaba ocupar, en esta última sesión del Consejo, los lugares que dejaron vacantes los jueces federales Claudio Bonadío (fallecido), Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el kirchnerismo buscó desplazar sin éxito. Cabe recordar, que ya habían intentado avanzar con las designaciones dos veces en el último mes, pero no lo lograron.

Tras finalizar el debate de los concursos, arrancó otra dura discusión para votar un reglamento de emergencia que generó cruces entre los consejeros. Los integrantes alineados con la oposición, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y los legisladores Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo se manifestaron en contra de aprobar esa resolución. Sin embargo, el oficialismo lo defendió y se aprobó con siete votos, los seis propios más el de la diputada Graciela Camaño.

El reglamento de “funcionamiento mínimo”, que estaba en discusión desde hace al menos dos semanas, se armó para evitar que el Consejo entre en parálisis en el caso de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no suma la presidencia a partir del 15 de abril.

El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.

Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto. Además, una cautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, le prohibió al Congreso enviar sus representantes a la Magistratura.

Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte.

La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.

Aunque, más allá de una posible sanción de la ley por parte de los diputados que por ahora aparece incierto, el escenario es complejo ya que el Senado -que maneja Cristina- y la Cámara de Diputados -que controla Sergio Massa- no propusieron a sus representantes que deberían sumarse si finalmente no hay una ley y se vuelve al esquema de 20 miembros que rigió hasta 2006 y que cambió a 13 por iniciativa del kirchnerismo.

Negri reiteró que “el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte”

Luego de que la Justicia entrerriana dispuso una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, el jefe del bloque UCR en Diputados le salió al cruce: “Han puesto en marcha una maquinaria para alzarse con un nivel de gravedad institucional que hasta ahora desconocíamos”.

El debate en torno a la situación en el Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo, ya que el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, denunció que “el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema”, luego de que la Justicia entrerriana dispusiera una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, con lo que el organismo no podrá completarse de momento.

“Una vez más el kirchnerismo pretende levantarse en contra de las decisiones del máximo tribunal de la república. Ir en contra y no cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, con toda claridad, ha indicado que si para el día 15 de abril no hay una nueva ley del Consejo de la Magistratura inmediatamente deben completarse los miembros que le faltan a la misma”, advirtió el radical.

En ese mismo sentido, remarcó que el máximo tribunal es el “único en interpretar la ley, no existe otra ventana a dónde ir”, y subrayó: “Definitivamente el kirchnerismo ha puesto en marcha una maquinaria para alzarse con un nivel de gravedad institucional que hasta ahora desconocíamos”.

“El kirchnerismo busca cualquier artilugio para INCUMPLIR un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, reiteró en redes sociales.

En la antesala de que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo o, de lo contrario, se vuelva a la conformación anterior a 2006, según la Ley 24.937 del año 1997, Negri insistió en que a la oposición le correspondería nombrar un senador por el Pro y un diputado radical si se vuelve a la anterior composición.

En la mañana de este martes, Negri ya había advertido la intención del oficialismo de no cumplir con el fallo al referirse a las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quien en diálogo con el diario La Nación sostuvo que “es una locura total volver a la integración de 1997” y, por lo tanto, “hay que esperar a que se sancione la ley” -algo que no pasará antes del 15 de abril-.

“Estamos presenciando un deterioro institucional brutal. Agarraron el país para una disputa de poder salvaje y la gente está de rehén”, expresó el legislador cordobés.

Además, en el programa de Alfredo Leuco por LN+, Negri volvió a insistir en que, tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa, “deberán firmar la designación de los legisladores que faltan nombrar por las segundas minorías” y recalcó que se trata de un senador del Pro y de un diputado de la UCR. Cabe recordar que, de restituirse la composición anterior, deberán asumir siete nuevos consejeros.

Para Negri, “los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”. “Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó.

“Ahora quieren ir por ese camino y para eso cuestionan algo que jamás estuvo en discusión en la Argentina, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual desde que se constituyó la Corte Suprema en 1862 es el tribunal que tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una norma”, resaltó el diputado de Juntos por el Cambio.

También, el referente de la oposición criticó que “el kirchnerismo desprecia la independencia del Poder Judicial, y por eso vive impulsando normas contrarias a esa garantía como lo fueron las reformas judicial y del Ministerio Público, como en su momento pretendió serlo la mal llamada ‘democratización de la Justicia’ y la ruptura del equilibrio de representación entre estamentos en el Consejo de la Magistratura que significó la ley de 2006, que el fallo dictado en diciembre del año pasado invalidó por inconstitucional”.

“No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del procurador Sosa”, advirtió el radical.

Y añadió que “Argentina terminaría de sepultar lo poco que queda de confianza en la seguridad jurídica si el mensaje es que los poderes políticos pueden elegir entre cumplir o no cumplir una sentencia del máximo tribunal de la República”.

“Vamos a activar todos los mecanismos legales disponibles para que se ejecute la sentencia y también los mecanismos constitucionales para quien incumpla esa orden, porque claramente sería constitutivo de mal desempeño”, concluyó.

Camaño afirmó que está a favor que la Corte integre el Consejo de la Magistratura, pero no que lo presida

La diputada de Identidad Bonaerense se desmarcó de la opinión de Roberto Lavagna. Aseguró que el titular del órgano judicial debe decidirse por consenso de sus miembros.

En la previa del debate en el Senado de la reforma del Consejo de la Magistratura, y en una carrera contrarreloj de cara al 15 de abril, día en que vence el plazo ordenado por el máximo tribunal del país para sancionar una nueva ley, la diputada Graciela Camaño afirmó que está a favor de que la Corte Suprema integre el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, pero no así de que lo presida y tenga doble voto.

En medio de una compleja discusión, que no reúne consenso, la legisladora del bloque Identidad Bonaerense sostuvo que “no” está “en ninguna de las dos posiciones”, al respecto de las propuestas que hay por parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

“No creo que tengamos que sacar a la Corte del Consejo. La Constitución establece claramente que todas las instancias de la justicia deben estar en el Consejo”, argumentó la diputada, que además integra el Consejo.

En ese sentido, aseguró que debe existir un “equilibrio” en los estamentos, y criticó “cuando la política quiere leer la Constitución del lado que le conviene”.

Camaño explicó que el Consejo es “un órgano distinto a la Corte” y “en ese ámbito debe convivir de manera equilibrada el estamento de los jueces, el estamento de los legisladores, el estamento de los abogados y, por fuera de esta selección, habla de que deben participar los académicos, sin mencionar qué tipo de profesión”.

“Quiere decir que la Corte tiene que estar”, resaltó e interpretó que debe haber “un juez de primera instancia, un juez de cámara y tiene que estar un juez de la Corte”. Pero aclaró: “No estoy a favor de que nosotros en la ley a una instancia le demos un doble voto y le demos la presidencia para desequilibrar”.

En diálogo con Radio Mitre, la legisladora subrayó que “tampoco” está “a favor del proyecto del kirchnerismo que ya hace 16 años quitó a la Corte”, siendo ésta “quien administra el dinero de la Justicia” y “está mejor dotada”. Sobre este punto, enfatizó que en los últimos años desde el Consejo “se trabajó siempre en divorcio con la Corte” y “rivalizando en materia de administración”.

“Si somos un organismo de equilibrio es mejor dejar que el propio Consejo decida quién va a presidir”, expresó y recordó que “un solo año de los años que yo llevo en el Consejo presidió alguien que no fuera juez”. “En un cuerpo colegiado lo que tiene que haber son acuerdos”, agregó, mientras que consideró que los jueces no deberían “integrar algunas comisiones”, como la de acusación, por ejemplo.

Para la diputada del interbloque Federal, “tenemos una carencia de conciliar la Constitución con los intereses propios de las fuerzas políticas, y eso es lo que nos hace caminar constantemente por la marginalidad”.

“Esta es una ley en la que no podemos hacernos los tontos. No es como la reforma judicial. Tenemos un mandato de la Corte que nos dio 120 días”, enfatizó, y apuntó que a partir del 15 de abril, si no se sanciona una nueva norma, “todos los actos que haga el Consejo de la Magistratura van a ser nulos”.

Por eso, “hay que tener responsabilidad republicana, ya que tanto les gusta ese término, todos”, manifestó e instó a las mayorías parlamentarias a buscar consenso y “ajustarnos lo más que podamos a la Constitución y tener acuerdos políticos”.

En otro tramo, aclaró: “Yo no tengo una iniciativa, tengo una interpretación acabada de la Constitución y precisamente no coincide con el proyecto que el kirchnerismo pretende sacar del Senado, y tampoco coincide con algunas iniciativas de Cambiemos. A raíz de que no pienso como ninguno de los dos extremos es que no he presentado un proyecto”.

Consultada sobre el tuit del exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna, quien se expresó a favor de que la Corte presida el Consejo, Camaño se desmarcó: “Hace mucho tiempo no lo veo a Lavagna. Él no forma parte de mi bloque, no preside mi bloque, no tiene ningún tipo de injerencia”.

“Lamento el primer error, Argentina tiene un cuarto poder, es el poder constituyente”, cuestionó sobre el mensaje de quien fuera el líder de Consenso Federal, el espacio por el cual en 2019 Camaño resultó reelecta diputada.

Finalmente, la bonaerense añadió: “Es su opinión, que la explique él. No me gustan los tuits de los políticos, yo prefiero dar la cara”.

La posición de Camaño -que integra el interbloque Federal con 8 miembros- refuerza las complicaciones que tendrá el oficialismo en la Cámara de Diputados para alcanzar el número de 129 legisladores que necesita para sancionar la ley, que se tratará primero en el Senado, y que no contempla a la Corte Suprema integrando el Consejo.

A partir del acuerdo alcanzando con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, el Frente de Todos, con 118 miembros, podría contar con el aval de los 5 diputados del interbloque Provincias Unidas, pero aún así le faltarían 6 votos más.

JxC ratificó que el presidente de la Corte debe presidir el Consejo de la Magistratura

La Mesa Nacional de la coalición opositora emitió un comunicado en el que plantea “puntos fundamentales” para la discusión parlamentaria.

Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ratificaron este lunes su posición de que el presidente de la Corte Suprema sea quien presida el Consejo de la Magistratura, de cara al debate que debe darse en el Congreso sobre la nueva ley.

En el arranque del comunicado, los dirigentes enfatizaron que “en toda democracia republicana el procedimiento para la elección de los jueces reviste una gran importancia, pues se vincula directamente con los grados de independencia con que cuentan para poder resolver imparcialmente los asuntos que se le sometan”.

Recordaron que el Consejo de la Magistratura “fue incorporado a nuestro sistema constitucional por la reforma de 1994, con la explícita finalidad de fortalecer la independencia judicial. Para ello, contempló que debía estar integrado de modo plural, procurando el equilibrio entre estamentos políticos y profesionales”. Asimismo, “el texto constitucional le otorga también al Consejo relevantes facultades en materia disciplinaria, en la decisión de apertura del mecanismo de remoción de magistrados, en cuestiones administrativas y reglamentarias”.

En referencia a la reforma que se hiciera, los opositores señalaron: “La administración kirchnerista que gobernó el país durante el período 2003/2015, aprovechando las mayorías parlamentarias que tenía en esa época, intentó en dos oportunidades modificar la Ley 24.937 que regulaba el funcionamiento del Consejo, para intentar romper en su beneficio el equilibrio que reclama la Constitución para su integración”.

“Así, la Ley 26.080 redujo el número de miembros y le otorgó prevalencia al sector político por sobre el técnico profesional. Luego, la Ley 26.855 llamada de “democratización de la justicia”, estableció que los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos debían ser elegidos por el voto popular.

Ambas leyes han sido declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no respetar las pautas que establece la Constitución para la composición del Consejo. La Ley 26.855 lo fue en el caso “Rizzo” (Fallos:336:760), y la Ley 26.080 acaba de ser así declarada en el caso “Colegio de la Ciudad de Buenos Aires”, el 16 de diciembre pasado”, apuntaron.

En relación a este último fallo, los miembros de la Mesa Nacional de JxC remarcaron que el máximo tribunal encomendó al Congreso a “dictar, en un plazo razonable, una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura y que hasta que ello no ocurra recobrará plena vigencia el régimen original previsto en la Ley 24.937”.

“Frente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo, de varios de distintos legisladores y a la inclusión del tema por el Gobierno para ser tratado en las próximas sesiones extraordinarias, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio entiende necesario establecer algunos puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta a la hora de la discusión parlamentaria”, expresaron.

En primer lugar, los dirigentes consideraron que “es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos. En ese sentido, resulta conveniente adoptar la composición de la Ley 24.937 que no ha merecido objeción alguna” y resaltaron que “la presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo”.

Por otra parte, indicaron que “se debe también asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos”, al tiempo que “cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes”. “La prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia”, agregaron.

Respecto del régimen de concursos, opinaron que “hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes. En ese sentido debería analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes”.

Con relación a las facultades disciplinarias, “no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado. Se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia”, propusieron.

En el extenso comunicado, las autoridades de la coalición opositora sostuvieron que “el Consejo tiene que ejercer con firmeza sus facultades de control de la gestión judicial” y “es preciso contar con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección”.

“Los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades. La escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio. Corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo”, añadieron.

En el tramo final, la Mesa Nacional de JxC manifestó que “no hay República ni Estado de Derecho sin una justicia independiente” y criticó que “el Gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción”.

“Juntos por el Cambio defenderá enfáticamente que los jueces estén sólo sujetos a la Constitución y a la ley, por lo que promoverá o acompañará aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios”, finalizaron.

CFK apuntó contra la Corte y pidió la nulidad del fallo en la causa de espionaje ilegal durante el macrismo

En un escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta consideró que el máximo tribunal “carece de jueces hábiles para intervenir” en el expediente.

Con fuertes críticas a los jueces de la Corte Suprema, la vicepresidenta Cristina Kirchner -en ejercicio de la presidencia de la Nación hasta el 9 de febrero próximo- presentó un escrito en el que reclama que se designen a los magistrados que serán los encargados de resolver sobre los recursos pendientes en la causa del presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, pidió por la nulidad del fallo de la Cámara Federal porteña que, con el voto de Mariano Llorens y Pablo BertuzziEduardo Farah votó en disidencia- determinó en diciembre pasado que no existió una asociación ilícita encargada de realizar espionaje a dirigentes, sindicalistas y organizaciones desde la AFI macrista, sino que hubo agentes que lo hicieron por cuenta propia.

En esa resolución, también, se revocaron los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. No obstante, Majdalani sí quedó procesada por “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” por no controlar debidamente las prácticas que realizaron esos agentes de menor rango.

En su escrito presentado en Comodoro Py, la vicepresidenta considera que el máximo tribunal “carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”. “La conducta adoptada por los señores Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento”, apuntó.

La titular del Senado se quejó de que “pese a la extraordinaria trascendencia del caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al día de la fecha, no ha dado respuesta jurisdiccional alguna a las quejas deducidas por las querellas en el marco de estas actuaciones, en las que se denunciaba la violación de las reglas que hacen a la garantía de juez natural y se anticipaba que el cambio de competencia habría de derivar, como ocurrió, en la virtual paralización de la investigación”, en referencia al pase de la causa desde Lomas de Zamora a Capital Federal.

“Toda vez que todos los Sres. Ministros de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se han excusado en el marco de los recursos de queja deducidos en autos por mi parte -uno de ellos presentado ya más de ocho meses-, respetuosamente solicito a V.E. que, con la urgencia que el caso amerita, se defina quiénes serán los Magistrados que habrán de resolver dichas presentaciones directas, brindándose a éstas, también con la mayor celeridad posible, la respuesta jurisdiccional que corresponde”, sostiene el escrito, presentado un día después de la marcha que el kirchnerismo realizó contra la Corte.

“Quieren una Justicia agachada y ciega ante la corrupción”

La senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila manifestó su repudio contra la marcha para ‘Echar a la Corte Suprema’.

“La marcha para ‘Echar a la Corte’ Suprema de Justicia de la Nación, es un hecho de una gravedad institucional inédito en la Argentina desde la vuelta de la democracia”, así se manifestó la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila, quien opinó que “en la Argentina, el Estado de Derecho se funda en la división de los poderes, porque de esa manera ninguno puede incurrir en abusos”. 

En este sentido, señaló que “la Constitución consagra la independencia de la Justicia como uno de sus pilares. Organizar y apoyar cualquier intento de condicionar y someter al Poder Judicial es un delito de lesa democracia y de lesa república en perjuicio de todos los argentinos y desprecia la forma de vida que elegimos después de un siglo XX estragado de golpes de estado y violaciones a los derechos humanos por la suspensión del Estado de Derecho”. 

“Si hay reparos contra los miembros de la Corte Suprema, la Constitución Nacional prevé los mecanismos institucionales, democráticos y republicanos para actuar a través del Congreso. Pero ahora que, tras la derrota electoral de 2021, el Gobierno ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, promueve esté linchamiento antidemocrático, antirepublicano y anticonstitucional contra uno de los poderes del Estado. Es no sólo una actitud despreciable, sino una irresponsabilidad histórica”, agregó. 

Para la legisladora y periodista “la aspiración a contar con un Poder Judicial robusto, eficiente y al servicio de los ciudadanos es genuina y compartida por todos los argentinos. Pero el Gobierno nacional incurre en una falacia peligrosa: pretender que los problemas son una cuestión de “nombres” y no del sistema. Manosearon el Consejo de la Magistratura y en los últimos tiempos intentaron sin suerte designar un Procurador General de la Nación adicto a sus intereses. Nunca quisieron una mejor Justicia, sino una Justicia arrodillada y manejada a control remoto para que fuera ciega a los delitos”. 

“Nuestro Preámbulo de la Constitución Nacional reclama afianzar la Justicia. Cualquier manifestación en contra atenta contra nuestra forma de vida y contra nuestra historia. Por eso manifestamos nuestro más firme repudio contra la marcha del 1 de febrero”, finalizó. 

El Foro de Convergencia Empresarial llamó a respetar la división de poderes

“Nuestro país necesita consolidar un sistema institucional sólido”, señalan ante la situación actual con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Foro de Convergencia Empresarial compartió un comunicado en el que advierte el “imprescindible” respeto a la división de poderes, ante la situación actual con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

“Nuestro país necesita consolidar un sistema institucional sólido, sustentado en los principios básicos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, señalan. 

Y agrega que, desde el punto de vista del empresariado, “tal circunstancia brindará la confianza necesaria que permita generar más inversiones a los efectos de crear nuevas oportunidades de empleo”. 

“En este marco, resulta imprescindible respetar la división de poderes que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz a fin de fortalecer el Estado de Derecho”. 

Por tal motivo, el Foro de Convergencia Empresarial “invita a la prudencia y a respetar la investidura de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garante último de la plena vigencia de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna”. 

Desde la oposición repudiaron la marcha contra la Corte y apuntaron contra Alberto F. y Juan Mena

Legislados opositores expresaron su rechazo a la convocatoria para el 1ro de febrero que hizo el oficialismo para “echar” a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que fue avalada por el viceministro de Justicia y el presidente de la Nación.

Tras las polémicas declaraciones brindadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por el viceministro de Justicia, Juan Mena, en donde avalaban la marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada por el dirigente piquetero Luis D’ Elia para el 1ro de febrero y criticaban el funcionamiento de la misma, la oposición expresó su repudio en redes sociales.

“Se han degradado las instituciones. Un loco puede decir vamos mañana a tomar por asalto la Corte, pero es preocupante si el que lo aplaude es el viceministro de Justicia y el que conduce el Estado no lo reprende, sino que lo alienta. ¿A dónde queremos ir? ¿De qué país hablamos?”, criticó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri (Córdoba) y agregó: “Una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema sólo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente!”.

También, la vicepresidenta del bloque de la Cámara baja de la UCR Karina Banfi expresó: “La división de poderes es la garantía de la base democrática. Cuando el gobierno promueve una marcha para pedir la destitución de los miembros de la Corte Suprema, es un llamado de atención para todos y debemos ser muy responsables. Ojo con esto. ¡Defendamos las instituciones!”.

En tanto, el presidente radical y gobernador de Jujuy Gerardo Morales expresó que “el presidente debe frenar los ataques contra la Corte Suprema. No se puede avalar desde el Poder Ejecutivo a funcionarios que fomentan una marcha para echar Jueces”, y le señaló que “Alberto Fernández debería pedir la renuncia de su viceministro de Justicia de inmediato”.

Por su parte, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal manifestó: “A los argentinos que nos preocupa la inflación, la falta de trabajo, la inseguridad, el kirchnerismo responde con una marcha contra la Corte Suprema y avalando a un dictador y responsable del atentado a la AMIA en Nicaragua. Siempre del lado de la impunidad y lejos de la gente”.

“Es indispensable que la Argentina tenga una Corte Suprema independiente, que pueda hablar a través de sus fallos para garantizar la defensa de las libertades y los derechos de cada ciudad”, precisó y ejemplificó: “Solo por dar un ejemplo: frente al Gobierno nacional que cerraba las escuelas, la Corte avaló la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de mantenerlas abiertas y que los chicos puedan estar en las aulas”.

Y cerró: “Decisiones como esta solo son posibles cuando se respeta una sana división de poderes. Impulsar o avalar una marcha contra el máximo tribunal judicial es una expresión más del Kirchnerismo en su pretensión de tener una Justicia sometida y adicta”.

Además, el senador nacional Luis Juez (Córdoba) fustigó: “Estos tipos no tienen ningún valor democrático. Si fuera al revés, le pregunto a Mena, si mañana la Corte dijera ‘vamos a hacer una marcha al Obelisco contra (el presidente) Alberto Fernández’, ¿Cómo lo tomarían ellos?”. “Lo escuché a Mena y me dio lástima por él”, continuó, y calificó sus dichos como “una locura, sin razón. Es totalmente destituyente”.

“No se puede naturalizar que un viceministro apoye “echar” a la Corte. Es golpista. Imaginemos la situación a la inversa: un juez de la Corte apoyando una marcha para echar a Alberto Fernández. Un golpista no puede ser funcionario público”, repudió el legislador chubutense Gustavo Menna.

A su vez, Paula Oliveto (Coalición Cívica) señaló: “Alberto Fernández dice que la Corte tiene problemas de funcionamiento. No podemos naturalizar que un gobierno haga una marcha para pedir la destitución de los miembros de la Corte Suprema. Estamos en un momento difícil que nos interpela a todos y obliga a ser responsables”.

También manifestaron su rechazo los exdiputados Luis Petri y Jorge Enríquez. “No es un viceministro, es el Gobierno quien apoya la marcha contra la Corte, para su destitución o renuncia. Un Golpe a uno de los poderes del estado, el más independiente y el más acosado por Gobierno. Van por la República. Van por su Impunidad”, denunció Petri, mientras que Enríquez sostuvo: “Es vergonzoso que el presidente y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, hayan apoyado la absurda marcha contra la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo hace visible su patoterismo y afecta la independencia judicial”.

Gustavo Valdés repudió la marcha contra la Corte y lo calificó como una “embestida al sistema republicano”

El gobernador de Corrientes advirtió sobre la peligrosidad de la marcha contra la Corte Suprema y la responsabilidad de Alberto Fernández: “Es un ataque a la República y la seguridad jurídica del país”.

Tras conocerse la marcha que se organiza desde el oficialismo para pedir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés repudió este intento destabilizador a uno de los poderes del Estado, calificándolo como una “embestida” contra el “sistema republicano de división de poderes” y pidió al presidente Alberto Fernández que así lo entienda, ya que el mandatario nacional defendió esta manifestación convocada por reconocidos dirigentes kirchneristas y ante este escenario, el gobernador correntino juzgó que “la inseguridad jurídica la provocan quienes nos gobiernan”.

Hace unos días se comenzó a promover a través de las redes sociales una movilización para el 1° de febrero, bajo la consigna de “echar” a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la convocatoria explícita de reconocidos dirigentes del kirchnerismo, como Luis D’Elía, incluso con el apoyo público del viceministro de Justicia de la Nación, Martín Mena. Lejos de calmar los ánimos, el presidente de la Nación contribuyó a estas intenciones desestabilizadoras, criticando al máximo órgano de justicia argentina, diciendo que el mismo tiene “un problema de funcionamiento”.

“La embestida contra la Corte Suprema de Justicia es un ataque al sistema republicano de división de poderes, y el presidente de la Nación es quien más debe entenderlo”, tuiteó, sin rodeos, Valdés indicando la gravedad y responsabilidad de esta convocatoria nacida del propio oficialismo.

Así fue que el mandatario correntino advirtió que “en un contexto de crisis en lo económico e incertidumbre en lo social, Argentina necesita instituciones independientes y fuertes, y una marcha contra los jueces de la Corte Suprema es exactamente lo contrario: el Gobierno, por tanto, debería repudiarla, no promoverla”.

Y consideró que “resulta inadmisible que haya funcionarios que convoquen a movilizaciones contra uno de los tres poderes del Estado: esto rompe cualquier lógica de país serio, porque la Constitución Nacional consagra el rol de cada uno, así como los contrapesos y controles”.

“Cada vez cuesta más convencer a los inversores que apuesten por Argentina, ayudándonos a generar empleo e impulsar el desarrollo”, consideró luego, y “si ya es difícil explicar los altos niveles de inflación y emisión, más lo es explicar que la inseguridad jurídica la provocan quienes nos gobiernan”, sostuvo.

En ese sentido, el gobernador correntino señaló que “el Gobierno de la Nación debería entender que cada relato que impulsa y declaración que daña, sólo acelera el proceso de decadencia argentina”.

Y concluyó que “ante el mal, tenemos dos alternativas: cambiar y mejorar o ratificar y empeorar. Espero, por el bien común, que se opte por lo primero”.

Diputado radical le salió al cruce a Alberto Fernández por sus críticas hacia la Corte Suprema

Se trata del legislador correntino Manuel Aguirre quien le advirtió al presidente de la Nación que “ya es representante, no se disfrace de representado”.

Las declaraciones de Alberto Fernández sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto de la cual aseguró que “tiene un problema muy serio”, y al criticar uno de los últimos fallos del alto tribunal que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y ordenó reponer su normativa precedente, y a su visión empática sobre la marcha convocada para que los miembros de la justicia renuncien, el diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) le salió a responder y le recordó algunas palabras que expresó en varios reportajes televisivos.

“La convocatoria a una marcha requiriendo la renuncia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, avalada hasta el momento por el viceministro de Justicia (Martín Mena) y vista con simpatía por lo menos por el presidente de la Nación, desnuda una cuestión previa que queremos hacer visible”, señaló el diputado radical.

En ese sentido, explicó: “En una democracia los ciudadanos eligen sus representantes por medio del voto bajo la premisa igualitaria y universal de un ciudadano un voto. Surgen allí representantes que tienen asignados misiones y funciones. Las expusieron en su campaña electoral al hacer sus propuestas que luego son asignadas mediante el voto. Así cada representante tiene cabal conocimiento de porque fue elegido y cuales intereses deben defender. Tienen deberes claros que fueron votados”.

Por consiguiente, Aguirre recordó que “el presidente Fernández en un recordado reportaje de cadena Tres Córdoba insistió que no venía a reformar la Justicia ni tenía interés en remover a sus miembros”.

“Pero aun cuando se pueda argüir como válido el cambio de paradigma, él fue votado con deberes y poderes. Puede remitir al Congreso un pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Y si consigue los 2/3 de votos el juicio comenzara, se dará derecho de defensa a los acusados y luego el Senado dictara sentencia definitiva. Ese es el camino institucional”, le señaló el legislador correntino al jefe de Estado.

Por lo que denunció que “para no asumir su deber constitucional, se busca en cambio convocar al pueblo, a los representados, disfrazándose de ellos. Ante una pregunta directa de una periodista de Página 12 sobre por qué no tomaba el camino del 2003 el juicio político, el presidente Fernández dijo textualmente ‘las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles de debate público”.

“No es que la frase sea incorrecta en el marco del debate ciudadano sobre la marcha del Estado, pero si lo es dicha por una persona elegida para llevar a cabo las propuestas que expuso en campaña. La frase dicha por quien tiene una competencia específica, es un disfraz”, cuestionó el diputado radical”. “El representante se disfraza de representado y se convierte en comentarista de la realidad”, criticó.

Motivo por el cual, ratificó: “Señor presidente usted fue electo para llevar a cabo cierto programa, o al menos intentarlo. Usted ya es representante, no se disfrace de representado. La marcha ciudadana convocada para el 1 de febrero próximo es una nueva impostura donde quienes fueron electos por el pueblo para conducir el país se vestirán de ciudadanos buscando simpatías que creen mayoritarias”, y cerró: “El martes de carnaval parece adelantarse este año”. 

“Me parece gravísimo el ataque del Gobierno a la Corte”, sostuvo Larreta

Al ser consultado por las declaraciones de Alberto Fernández sobre el máximo tribunal, el jefe de Gobierno porteño advirtió por el apoyo del presidente a la marcha del 1ro. de febrero.

horacio rodriguez larreta 11 enero 2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este martes a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien criticó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

“Me parece muy grave el avance y el ataque del Gobierno nacional a la Corte”, expresó el dirigente durante una conferencia de prensa relacionada con la situación epidemiológica en la Ciudad.

También calificó como “gravísimo” que funcionarios nacionales vayan a participar de la marcha del próximo 1ro. de febrero -que convoca el kirchnerismo contra el Poder Judicial- “pidiendo la renuncia de la Corte” y “que el presidente lo avale”.

“El principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto esta situación”, agregó.

En diálogo con AM750, el presidente Alberto Fernández expresó este lunes que “la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio” y “sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos”.

Mario Negri apuntó contra Alberto Fernández y tildó sus declaraciones como “inocuas”

Luego de que el jefe de Estado manifestó que “la Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, el diputado cordobés retrucó que “la división de poderes volvió a ser lapidada hoy por el presidente”.

Tras las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la cual aseguró que “tiene un problema muy serio”, y al criticar uno de los últimos fallos del alto tribunal que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y ordenó reponer su normativa precedente, desde la oposición le salieron al cruce. Uno de ellos fue el diputado nacional Mario Negri (UCR – Córdoba) quien consideró que los dichos del mandatario “no hicieron más que apañar los embates del kirchnerismo contra la Corte”.

“La división de poderes volvió a ser lapidada hoy por el presidente. Sus declaraciones no son inocuas y no hicieron más que apañar los embates del kirchnerismo más rabioso contra la Corte Suprema. No hay que naturalizar estos despropósitos”, expresó en su red social de Twitter el legislador radical.

Previamente, posteó acerca de la marcha que convocó el dirigente piquetero Luis D’ Elía para “echar a todos los de la Corte Suprema” y cuestionó: “Una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema sólo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente!”.

Parrilli apuntó contra la Corte Suprema y consideró que debe ampliarse

El senador K cuestionó que el máximo tribunal le encomiende al Poder Legislativo debatir en un plazo de 120 la reforma del Consejo de la Magistratura.

oscar parrilli sesion 20 octubre 2020

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) apuntó contra los miembros de la Corte Suprema, al tiempo que consideró que el máximo tribunal debería estar compuesto por 10 o más jueces y tener “participación federal y de género”.

Consultado en radio El Destape sobre la entrevista que le hicieron en Clarín al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la que manifiesta que 120 días es “un plazo razonable” para que el Congreso sancione una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, el legislador K expresó: “Es una Corte vergonzosa esta, la verdad que no tiene vergüenza después de 16 años dictar un fallo y pretender darle órdenes al Poder Legislativo de lo que tiene que hacer”.

“Es una Corte está absolutamente desacreditada y desprestigiada, que no le hace bien a la democracia”, dijo el neuquino y señaló que “el Senado seguramente lo debatirá” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, aunque aclaró: “En mi opinión personal yo estoy de acuerdo con la ley vigente, equilibra a los distintos sectores”.

En esa línea, alentó un debate sobre la composición de la Corte. “Personalmente estoy absolutamente convencido en que hay que ampliar el número de los miembros de la Corte, no sé el número pero tiene que ser mucho más amplia, con participación federal y de género. Tiene que haber una Corte que represente a los intereses de todos los argentinos y no de grupos empresarios o de medios monopólicos de información”, sostuvo. Sin dar un número de integrantes, Parrilli opinó que “debe ser de dos dígitos, arriba de 10 por lo menos”.

Por otra parte, el senador se refirió al vídeo en el que aparecen exfuncionarios de María Eugenia Vidal hablando de un supuesto armado de causas contra gremialistas. “Fuimos víctimas de la persecución y el espionaje político, del armado de causas. Hoy está apareciendo a la luz con toda crueldad y evidencia lo que fueron”, resaltó.

“Quiero que se investigue a fondo qué es lo que ocurrió. Estas cosas que aparecen dan cuenta de la existencia de un Estado mafioso que existió en Argentina del 2015 al 2019“, continuó y asoció que esas imágenes demuestran el espionaje “ya no solamente por obra de (Mauricio) Macri, (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, sino ahora con ramificaciones muy claras en la provincia de Buenos Aires y que la hacen responsable a la (ex)gobernadora (María Eugenia) Vidal, a (Cristian) Ritondo y a sus ministros”.

Parrilli insistió en la “necesidad” de que se hagan los juicios para que “la investigación avance y que se aclare”, y afirmó que “los servicios de inteligencia no son leales a nadie más que a sus propios intereses”, al tiempo que dijo que “las pruebas aparecieron” porque “se espiaban y grababan entre ellos”.

“Todo lo que está pasando es digno de hacer una serie televisiva”, expresó el senador K, que consideró que ese vídeo muestra “a qué niveles llegó la corrupción y la degradación en el núcleo de poder que conducía (Mauricio) Macri”. “La cúpula de ese poder fue absolutamente corrupto, mafioso y gobernó el país para beneficio propio”, completó.

El Colegio de Abogados insta a cumplir con el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

A través de un comunicado la institución remarcó que “el fallo de la Corte debe cumplirse en plazo y de la mejor manera”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por una ley del Congreso en 2006, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires instan a cumplir en tiempo y forma con el fallo adoptado el pasado 16 de diciembre.

En un comunicado, la institución convocó a “todos los profesionales del Derecho a aunar esfuerzos para designar a los representantes de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

“Como se sabe, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos para seleccionar a los jueces. De allí surgirán luego las ternas para ser juez o jueza federal o nacional. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los/as magistrados/as y los pedidos de juicio político. Su función es clave no sólo para obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas expectativas”, precisa el texto.

En ese sentido, remarca que “la ley 26080, dictada en el año 2006, alteró la integración del Consejo y el equilibrio entre los estamentos que lo componen, con violencia del equilibrio entre estamentos que manda la Constitución Nacional. Dicha ley dio prevalencia al sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los restantes (jueces, abogados y académicos). Esta ley nos devolvía así al lugar que los convencionales constituyentes del ’94 nos quisieron sacar, al crear el Consejo de la Magistratura”.

El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del Senado. El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo”, denuncian.

En tanto, informa que “el pasado 16 de diciembre la Corte Suprema pronunció una sentencia ejemplar ordenando que se respete el equilibrio de estamentos en la conformación del Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Como remedio a la inconstitucionalidad de la ley 26080, la mayoría del Tribunal propuso que se estuviera a la integración, quórum para sesionar y régimen de mayorías que establecía la ley 24937 con las enmiendas de la 24939”.

Como consecuencia, remarca que urge “la actuación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pues con su intervención deben elegirse los profesionales a incorporar al Consejo dentro del plazo de 120 días dispuesto por la Corte. Es evidente que, dada la premura que impone ese plazo, debe actuarse con celeridad y eficiencia. Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria”.

En suma, desde el Colegio de Abogados consideran que “más allá de problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán nuestros representantes. Los abogados debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después de 15 largos años de litigio y postergación. Se puede lograr y nos ponemos a disposición para que ese objetivo sea satisfecho”.

“Que ese fin no sea tronchado por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión”, concluye el texto firmado por el directorio.

EL-FALLO-DE-LA-CORTE-DEBE-CUMPLIRSE-EN-PLAZO-Y-DE-LA-MEJOR-MANERA

Declararon inconstitucional la ley que permitía que la Corte porteña revise sentencias del TSJ

La decisión la tomó la Cámara Civil porteña en el marco de una causa puntual por “usucapión” que habían iniciado dos mujeres. El fallo sienta un precedente al respecto que luego podrían seguir otros fueros.

En medio de la disputa por la ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de esa norma en el marco de un fallo por una causa de “usucapión” que promovieron dos mujeres.

Si bien esta resolución es para un caso concreto, lo cierto es que sienta un precedente que luego podrían seguir otros fueros. “Fluye con nitidez que, pese al status constitucional propio que adquirió la ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, la legislatura local con la reforma del artículo 26 de la ley 402 CABA, se ha extralimitado en sus funciones, por lo que nos encontramos ante un caso en que la inconstitucionalidad de la norma es palmaria y de una gravedad significativa y su declaración no vulnera el principio de congruencia”, sostiene el fallo por la causa de usucapión.

El documento también sostiene que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da sus propias instituciones autónomas, organiza sus poderes, dicta sus leyes de procedimientos, y designa a sus jueces sin intervención alguna del gobierno federal pues, al hacerlo, ejercen poderes no delegados sino originarios o concedidos; a contrario sensu mal podría inmiscuirse en una materia, que a la fecha, no le es propia”.

Cabe recordar que en el Congreso de la Nación el diputado nacional por la CABA en el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, había presentado un proyecto de rechazo a esa medida. “Esta Ley votada por la legislatura avasalla la Constitución Nacional y es un ataque directo a las facultades del Congreso Nacional y al sistema Federal. En el PRO son los republicanos más locos del mundo”, aseguró en su momento.

La medida, que había sido impulsada por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ) en la Legislatura, introdujo una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal. Además autoriza que las audiencias administrativas y judiciales puedan realizarse con una modalidad mixta, presencial y virtual.

Adolfo Rodríguez Saá: “El 17 de octubre es el día más significativo de la historia del peronismo”

El legislador puntano se refirió al acto que se llevará a cabo por el Día de la lealtad peronista y solicitó que haya “unidad”. También profundizó en el proyecto de ley que busca la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

adolfo rodriguez saa

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos – San Luis) habló sobre los actos conmemorativos que tendrán lugar el 17 de octubre, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara este jueves que se llevará la convocatoria, y aseguró que es “el día en que el pueblo mostró su lealtad a un liderazgo” y consideró como un “error” que se hagan dos marchas en diferentes días. Por otro lado, precisó algunas cuestiones sobre el proyecto de ley que tiene como objetivo ampliar la cantidad de miembros en la Corte.

“Yo soy peronista y el 17 de octubre es la fecha más significativa de la historia del peronismo, fue el día en que el pueblo mostro su lealtad al liderazgo político. El día en que ese líder pidió elecciones, pidió la unidad de los trabadores, del pueblo argentino”, afirmó Rodríguez Saá en dialogó en la AM770.

Por consiguiente, manifestó: “Creo que debemos estar unidos, me parece que la gobernabilidad la da el cumplimiento de la palabra empeñada y la unidad de quienes tienen a su cargo el Gobierno y la oposición, creo que el 17 de octubre seria bueno que se festeje unidos, los trabajadores, la CGT, todos los argentinos que respeten y valores esa fecha como símbolo de la lealtad peronista”.

En ese sentido, el legislador del FdT consideró un “error” que el Gobierno Nacional convoque a una marcha el mismo 17 de octubre y la CGT lleve a cabo otra el 18, y les sugirió que “deben hacer un esfuerzo” porque “tenemos los mismos objetivos, el mismo respeto por la fecha que queremos celebrar, tenemos que hacerlo en la misma fecha todos juntos”. Asimismo, recordó: “Perón aquel día cuando salió a arengar al balcón a la multitud les dijo ‘únanse’, esa es la frase que debe marcar al peronismo de la argentina”.

“Unidos y luego buscar la unidad nacional, basta de abrir mas grietas porque solo beneficia a algunos en perjuicio del pueblo argentino”, resaltó el senador puntano y se preguntó: “¿No es suficiente dolor haber llegado a los índices de pobreza, no es suficiente no poder vencer a la inflación que carcome los sueldos y salarios, no es suficiente la inseguridad, la pandemia, el dolor, no es suficiente? Yo creo que debemos estar unidos. Discrepo que haya dos celebraciones, e insto a esas dos facciones a que haya una sola”.

Por otro lado, en relación a su proyecto que busca la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justica afirmó: “Yo creo que más allá de las circunstancias de hoy difíciles porque quedo en evidencia que tenemos una Corte nada más de hombres, y la paridad de género dónde está, desapareció”.

“El problema de la Corte, es justamente esa Corte de hace muchos años, este es el tercer proyecto que presentamos en el mismo sentido. Es encontrar un camino que nos permita tener una Corte que sea de garantía porque es el último recurso que tiene el ciudadano para defender su patrimonio y su libertad”, aseguró el referente oficialista.

Además, comparó que “algunos critican que el número de 9 es mucho, pero si miramos alrededor del mundo todos tienen 9, el número responde a las necesidades de las instituciones de cada país”, y se mostró optimista en que el proyecto avance porque “debemos dar repuestas a tres problemas específicos: uno es la paridad de género, las respuestas federales y otro el de la especialidad”.

A continuación, el senador de San Luis explicó: “Si la Corte tiene 9 miembros no puede haber más de 5 de un mismo género, respecto a la especialidad en un mundo avanzado necesitamos gente especializada en derecho de ambiente, de derecho penal, de civil y comercial, hay que tenerlo en cuenta y las reacciones del país”.

Por último, remarcó la necesidad de “tener representantes de diferentes zonas para que sea plural y que tenga una visión diferente”, ya que “si tenemos visiones diferentes que representen a todo el país la Corte va a ser independiente y va a garantizar a todos los ciudadanos y no al Gobierno de turno, no a las corporaciones poderosas, sino al simple ciudadano donde debe encontrar un refugio a su propiedad y a su libertad”.

R. Saá defendió su propuesta de ampliar la Corte y pidió tener “una visión de futuro” en este sentido

El senador puntano dijo que la discusión debe darse por fuera de la mirada política, y que hay que lograr un máximo tribunal con nueve miembros que respete la paridad de género y el federalismo.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) se refirió este jueves a su proyecto de ley que propone ampliar la Corte Suprema de cinco a nueve miembros, y consideró que avanzar en esa línea hará que exista “una Corte independiente, que no sea la Corte de un gobierno, sino que sea la Corte para todos los argentinos”.

“Tenemos que pensar en un proyecto que tenga una visión no para satisfacer los intereses momentáneos, sino una visión de futuro”, opinó y resaltó que este “es un tema muy profundo y muy serio que siempre se lo trata de ligar a la politiquería del momento”.

El puntano señaló que esta iniciativa, que presentó por tercera vez, “tiende a modernizar, a adaptar a los tiempos nuestra Constitución”. “La mayoría de las Cortes de los primeros países del mundo tienen un número muy importante de miembros”, indicó y detalló que “Estados Unidos tiene 9 miembros, Brasil 11, Colombia 23, Chile tiene 21 integrantes, Francia tiene 120 -dividido en salas-, y España tiene 80”.

En esa línea, el legislador oficialista afirmó que nueve “es un número muy prudente”, además de ser el contemplado originalmente: “La Constitución originaria, la de 1853, contemplaba en el artículo 91 una Corte de nueve miembros. Cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires en la reforma de 1860 se modifica este artículo y se deja en manos de la ley establecer el número, y la ley lo establece en aquella época en cinco”.

En diálogo con Radio 10, el expresidente subrayó que este número también “permite tener en cuenta el federalismo y que haya una distribución regional, para que las diferentes culturas y particularidades tengan cabida en la Corte”.

Asimismo, habló de la cuestión de la paridad de género. “La renuncia de (Elena) Highton de Nolasco nos pone en evidencia que la Corte va a quedar con cuatro miembros del sexo masculino. Entonces, ¿dónde está la paridad, dónde está la presencia de mujer?”, enfatizó y recordó que en toda la historia “solo tres mujeres han sido parte de la Corte”: Carmen Argibay, Margarita Argúas y Highton de Nolasco.

Al mencionar que en la década de los ’90 la Corte poseía nueve integrantes, pero en 2006 volvió a cinco, Rodríguez Saá lamentó que este tema “siempre es mirado desde los vaivenes de la política del momento”, cuando en realidad “tenemos que pensar en un proyecto que tenga una visión no para satisfacer los intereses momentáneos, sino una visión de futuro”.

“Vamos a militar el tema para iniciar el debate” en comisiones, aseguró el senador, y apostó por “escuchar opiniones de las más diversas y tratar de encontrar un consenso”. Además, apuntó que dentro del Consejo Asesor de Presidencia respecto temas judiciales, “existen otros proyectos de modificación” que “proponen 11, 15 y hasta 24 miembros”.

Para el legislador, esta reforma “no tiene nada que ver con los temas que tenga en debate la Corte”, sino que se trata de tener “una Corte que tenga mejor comprensión de la realidad”.

“Además del regionalismo, de la paridad de género, tenemos que contemplar la especialidad de los miembros, tiene que haber civilistas, comercialistas, penalistas, constitucionalistas. Incluso en los tiempos modernos que vivimos, especialistas en medioambiente”, continuó.

Por último, Rodríguez Saá insistió que “la Corte tiene que ser una expresión de la diversidad cultural que tiene Argentina” y tener “una dimensión, un volumen en los integrantes que nos garantice a todos los argentinos el derecho a la libertad y de la propiedad”.

Adolfo Rodríguez Saá pidió debatir en comisiones del Senado la ampliación de miembros de la Corte

El senador del FdT retomó su propuesta de modificar la composición de los miembros de la Corte Suprema elevando de cinco a nueve sus integrantes para que haya “mayor representación federal, equilibrio de género y juristas de distintas especialidades”.

adolfo rodriguez saa

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos – San Luis) solicitó que su propuesta de ampliar a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se debata en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Justicia Asuntos Penales, luego de que la abogada Elena Highton de Nolasco presentara su renuncia de lo cual afirmó que “ha quedado en evidencia la necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia de género”.

Rodríguez Saá, miembro del bloque Frente de Todos, retomó su propuesta de modificar la composición de los miembros de la Corte Suprema elevando de cinco a nueve sus integrantes con el propósito de “una mayor representación federal, equilibrio de género y juristas de distintas especialidades”.

Además, el legislador puntano, tras la reciente renuncia de Highton de Nolasco, quien dejará su cargo vacante a partir de noviembre, aseguró que “ha quedado en evidencia la necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia de género” e “integrantes que representen el federalismo” en el máximo tribunal de Justicia.

El senador oficialista formalizó su petición para el tratamiento al proyecto de ley de su autoría mediante dos notas que envió a sus pares de bancada María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli como presidentes de las Comisiones Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales, respectivamente.

También comunicó que remitió su pedido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que ambas presidencias puedan “analizar la posibilidad de una Reunión Plenaria de ambas Comisiones”, y consideró que para “asegurar la diversidad de género” el tribunal de Justicia “no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género”, ante lo que sostuvo que la “composición” de la Corte Suprema tendrá que “reflejar la especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de la representación de un país federal”.

Acerca de la “diversidad en especialidades”, Rodríguez Saá explicó que se “deberá incluir, por lo menos, representantes del derecho civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y privado”.

En cuanto a la temática federal, precisó que “debería haber al menos un miembro de la Corte Suprema de cada una de las regiones: Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires”, de las cuales manifestó que “tienen poca representación en la Corte”, porque “está limitada a los sectores más poblados, provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires”.

El proyecto de ley presentado el año pasado por Rodríguez Saá, propicia la sustitución del artículo 21 del Decreto Ley 1285/58, del texto según Ley 26.853, donde se establece que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por nueve (9) jueces”.

Gioja pide que se trate su proyecto que propone que en la Corte haya al menos dos integrantes mujeres

El diputado del Frente de Todos presentó el año pasado una iniciativa que busca modificar lo relacionado al cupo en el máximo tribunal, discusión que vuelve a abrirse con la salida de Elena Highton de Nolasco.

Tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco y la vacante que se abre dentro de la Corte Suprema de Justicia, el diputado oficialista José Luis Gioja recordó su proyecto presentado el año pasado para que se establezca que en la conformación del máximo tribunal debe haber al menos dos integrantes mujeres.

Mediante su iniciativa, el vicepresidente segundo de la Cámara baja propuso modificar el decreto ley 1285/58, que hace referencia a la conformación de la Corte Suprema, en lo atinente a su cupo.

En su prestación, el exgobernador sanjuanino plantea una reforma del artículo 21, que quedaría redactado: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces, de los cuales al menos dos (2) deberán ser mujeres”.

El proyecto se completa estableciendo que la totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte, a partir de la vigencia de esa ley, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley 1285/58.

Gioja recordó su iniciativa, que a su vez la toma de otra presentada por el diputado (MC) Alfredo Dato en 2014.

A raíz de la situación actual, el legislador oficialista recordó que “sería una pena que este proyecto venza su estado parlamentario sin ser tratado, sobre todo sabiendo que podría lograr un amplio nivel de consenso de todas las fuerzas políticas”. “Con una ley como la que se propone se terminan las discusiones respecto al cupo femenino en la Corte Suprema”, completó.

López apuntó contra la Corte: “¿Creerá en la libertad de expresión?”

El diputado porteño de la CC cuestionó a Ricardo Lorenzetti hace un tiempo y ahora lo citan a declarar. Redobló la apuesta: “Nos vemos en tribunales”, respondió.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, contestó por redes sociales un telegrama del Poder Judicial que lo cita a declarar por segunda vez. Sin dudarlo, apuntó contra la Corte Suprema y el magistrado Ricardo Lorenzetti.

Al igual que su jefa política Elisa Carrió, López apuntó contra Lorenzetti, pero esta vez fue contra el administrador de la Corte, Héctor Marchi, al denunciar que lo “hostiga” porque el diputado opinó sobre su trabajo.

“Pretende amordazarme y me cita a mediación por segunda vez. Entiendo que porque dije que ojalá la Corte no siga administrada por gente ligada a Ricardo Lorenzetti”, publicó en su cuenta de Twitter.

Luego de ilustrar con una foto de la citación judicial, López disparó: “¿La Corte creerá en la libertad de expresión y los contrapesos interpoderes?”.

“Yo sí creo, no me asusto porque además para eso somos votados los diputados”, dijo López, quien remató: “¡Nos vemos en tribunales Marchi!”.

La Corte falló contra Farmacity y no podrá desembarcar en la provincia de Buenos Aires

Con tres votos a favor y uno en disidencia, el tribunal supremo rechazó el reclamo de la empresa farmacéutica.

Con tres votos a favor y uno en disidencia, la Corte Suprema de la Nación rechazó un reclamo de la empresa Farmacity SA contra la provincia de Buenos Aires, que buscaba obtener una habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar. 

Los jueces Lorenzetti y Highton indicaron que “la cuestión planteada no encuadra en las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación”, razón por la cual “se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente”. 

En este sentido, se consideró que la parte actora no había probado que la aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional fijada en la ley 17.565 y los decretos 2284/91 y 240/99. 

En tanto, el juez Irurzun, en voto concurrente, afirmó que las limitaciones impuestas para la habilitación del ejercicio de la actividad farmacéutica no conculcan los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. 

En su voto en disidencia, la jueza Sotelo de Andreu optó por revocar la sentencia apelada en cuanto declaraba la validez de la norma en cuestión (art. 14 ley 14606 de la Provincia de Buenos Aires). 

Abrevaya: “la Corte ratificó que la CABA es autónoma y libre de tomar decisiones”

El legislador del GEN aseguró que el fallo judicial fue en “favor del federalismo” y destacó que establece “las limitaciones del Poder Ejecutivo nacional respecto de la restricción de los derechos garantizados por la Constitución”.

El diputado porteño del GEN Sergio Abrevaya celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para decidir la modalidad en la que se dictan las clases y aseguró que establece “las limitaciones del Poder Ejecutivo nacional respecto de la restricción de los derechos garantizados por la Constitución”.

En ese sentido, el legislador indicó que “este fallo tiene que ver con el federalismo y el respeto a las autonomías provinciales y no con dar la razón en cuestiones sanitarias, algo de lo que la propia Corte se exime” y remarca que “demanda razonabilidad en la medida del Poder Nacional, que entiende, se ha excedido”.

Asimismo consideró que “es un día histórico en la búsqueda del reconocimiento de la provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras el desastre institucional que dejó la capitalización en 1880. La Corte ratificó que la CABA es autónoma y libre de tomar sus propias decisiones” e insistió en que “el fallo no sólo aporta al tema de la autonomía, sino también a las limitaciones del Poder Ejecutivo nacional respecto de la restricción de los derechos garantizados por la Constitución”.

Además, Abrevaya cuestionó los dichos de la vicepresidenta, quien calificó al fallo como un golpe a las instituciones democráticas: “Cristina Fernández deja en claro que, para ella, gobernar es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Imagino que lo mismo pensarán sus socios, los demás feudales, Insfrán, Aleperovich, Gioja, Zamora y Kicillof”, sentenció.

“Para el peronismo es inconcebible gobernar con controles republicanos”, advirtió Negri

El jefe del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados le respondió a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Martín Soria tras la sentencia de la Corte Suprema.

mario negri sesion ganancias

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del Gobierno porteño y contrario al DNU del presidente Alberto Fernández que restringió las clases presenciales en las escuelas porteñas.

El fallo de la Corte Suprema es ejemplar. El Gobierno nacional debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la excepcionalidad de la pandemia”, sostuvo Negri en Twitter.

Luego, consultado por medios de comunicación, el diputado cordobés abundó: “Se termina la discusión que reinstaló el presidente y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una conclusión definitiva: la CABA está equiparada a una provincia”, dijo Negri. “Es curioso que un presidente porteño instara al procurador para que desconociera la autonomía de la CABA”, agregó en tono irónico.

Negri le respondió también a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Martín Soria, quienes salieron a descalificar el fallo del Máximo Tribunal.

“La vicepresidenta hizo ayer 27 tuits destacando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fíjense si Biden dijera que hay un golpe institucional por un fallo de la Corte de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en la principal democracia del continente? Claramente, un golpe institucional es no respetar un fallo judicial”, sostuvo Negri.

El diputado también fue muy crítico hacia el mensaje de Cristina contra la sentencia de la Corte Suprema: “Desde 2013, cuando intentó la democratización de la Justicia, ella sostiene que los jueces no son legítimos porque el Poder Judicial no es elegido por el voto popular como el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Parece que quieren el poder total para el Ejecutivo con la excusa de la pandemia”.

“El kirchnerismo navegó sobre mayorías absolutas. Tuvo más poder que Perón. Gobernaban sobre emergencias, aun creciendo al 8%, porque el tema no era la economía, el tema era llevarse las facultades del Congreso. Porque en su concepción, esta es una democracia ´burguesa´, donde los controles afectan la idea de desarrollo y país que tienen. La idea de control les molesta, porque creen que ´si la gente me votó es porque me da las facultades para hacer lo que yo quiero´. Es inconcebible para el peronismo que alguien lo controle, tener que gobernar con controles republicanos”.

Respecto a las declaraciones del presidente, Negri manifestó: “No toman dimensión de la gravedad institucional, además de la gravedad económica y de la salud. Que el propio presidente hable de la ‘decrepitud del Derecho’ es peligroso. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el horizonte?”.

En cuanto al hilo de tuits del ministro de Justicia, Negri manifestó: “Creo que lo que hay que hacer, cuando salen estos fallos, es estar sereno. Él (Soria) ya dijo que cuando asumió como diputado se dedicaba a perseguir jueces y que ahora su rol era otro. Está haciendo lo contrario, eleva el nivel de confrontación”.

“El Gobierno fracasó en su política de pandemia, fracasó la economía y no hay vacunas. No puede pedir que le den más poderes ni querer gobernar solos cuando ya fracasaron”, concluyó el cordobés.

Diputados oficialistas cuestionaron la injerencia de la Corte en las medidas sanitarias

Desde el Frente de Todos criticaron el fallo del Máximo Tribunal a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales.

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Diputados nacionales del Frente de Todos criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales, ante el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández con medidas sanitarias.

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, indicó que “hoy han dado un paso más contra la democracia, desconociendo la Constitución y la soberanía del mandato popular para que el presidente tome las mejores decisiones políticas, poniendo en riesgo a millones de niñas, niños, adolescentes y docentes”.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de manera virtual y alineado con el frente opositor, argumenta que no existe emergencia, violenta la democracia y  acciona contra la salud de cada argentina y argentino”, lamentó Osuna.

Por su parte, el porteño, Itai Hagman expresó que “en el mayor pico de muertes, la Corte Suprema da vía libre a un distrito para definir políticas sanitarias solo, y se pone a cuidar sus propios intereses corporativos. Es criminal que haya que administrar esta crisis con tanta irresponsabilidad institucional”.

Cristina Álvarez Rodríguez, vicejefa del bloque oficialista, también se refirió al fallo: “Necesitamos una Corte Suprema democrática y no que pretenda suplantar a un presidente que fue elegido por el voto popular. Como dijo el presidente, por más que escriban muchas hojas en sentencias, vamos a seguir cuidando la salud de nuestra gente”.

En tanto, para Paula Penacca, que la Corte desconozca que el Gobierno nacional tiene competencia para tomar medidas sanitarias es “un atropello a la democracia”.

Por su parte, Federico Fagioli manifestó que con esta decisión los supremos fallaron “a favor de los intereses de los sectores de poder que desprecian la vida: los que ya lo difundían antes de que saliera, los que usan el odio de campaña política, los que disputan poder con los hospitales estallados.  No es a favor de la presencialidad, no es a favor de la educación: es un atentado a la democracia y a la institucionalidad”.

El bonaerense agregó: “Tenemos el desafío de estar más alerta que nunca, generar estrategias de cuidados con el poder del pueblo y disputarle el sentido para que no venza el odio”.

Daniela Vilar cuestionó la injerencia del Poder Judicial y manifestó: “Avanzan sobre atribuciones de otros poderes elegidos por el voto popular, toman decisiones que perjudican  los bolsillos de los argentinos, ponen en peligro la salud pública. El mal funcionamiento del Poder Judicial es un problema de todos y todas”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, también cuestionó el fallo: “La política berreta de la derecha se llevó puesta a la Corte Suprema, que hoy dejó un claro mensaje: el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para tomar decisiones en plena pandemia y está sometido a lo que el Poder Judicial determine. Lamentable”.

“Lo de la Corte y el ‘partido judicial’ es un golpe contra las instituciones y la democracia”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, quien preside la Comisión de Justicia de la Cámara baja.

En este mismo sentido se expresó Vanesa Siley, indicando que el Poder Judicial a través de este tipo de fallos demuestra que “es un problema”, y cuestionó la decisión de suspender el DNU que impedía aumentos en el cable, telefonía e internet.

A su vez, Leopoldo Moreau cuestionó duramente la decisión “política” de la Corte Suprema de darle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la herramienta para “bailar un minué con la muerte”.

“Si la Corte hubiera querido fomentar o promover un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no debería haberse apresurado en dictar el fallo”, manifestó el legislador.

“Todos sabemos -continuó- que la Corte maneja tiempos políticos y en este caso el tiempo político que decidió manejar se vincula con darle una señal de apoyo a Larreta, y lo hizo desde un lugar de privilegio”, agregó Moreau en relación a la firma virtual de los supremos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, recordó el reciente dictamen de la Bicameral de Inteligencia acerca del espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. “La reforma judicial es urgente , debemos mejorar la calidad democrática”, sentenció.

Rechazo de la izquierda

Otro diputado que cuestionó la decisión de la Corte Suprema fue Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda: “Los miembros de la Corte, un puñado de personas que nadie votó y que están llenos de privilegios, deciden a la distancia (con firma digital) que miles de docentes y estudiantes estén obligados a ir presencialmente a las escuelas a contagiarse en plena segunda ola de Covid”.

Para Miguel Saredi el fallo de la Corte “respeta el sistema federal”

El dirigente bonaerense se refirió al fallo a favor de las clases presenciales en al CABA, y sostuvo que “la emergencia nunca puede estar por encima de la Constitución nacional y de los tratados internacionales”.

El dirigente bonaerense y candidato a diputado por el Partido Federal Miguel Saredi se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ciudad de Buenos Aires por el cierre de las escuelas, y sostuvo que respeta el sistema federal que rige en el país: “La emergencia nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales”, manifestó al respecto. 

“El mismo día que se inició el conflicto con el DNU que suspendía las clases en AMBA planteamos que la Ciudad tenía razón. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad está atomizado en la Argentina y alcanza con que un juez, un juzgado, o una cámara en cualquier instancia, pueda hacer caer una ley o un DNU”, continuó Saredi, en este sentido. 

Luego de varias semanas de especulaciones en torno a la postura de la Corte Suprema de Justicia finalmente se conoció el fallo a favor de la ciudad por considerar que el DNU presidencial “violó su autonomía”; al respecto el dirigente sostuvo que “la Corte debía avalar a la Ciudad pues más allá de las posiciones políticas y personales se debe entender que no se puede manejar la Argentina de manera contraria a un sistema federal, y que el  Estado Nacional siga decidiendo en soledad, en forma unitaria y central, sin respetar a la dirigencia provincial y local”. 

Estamos en un país federal y nuestra Constitución es muy clara en sus competencias. Desde el punto de vista del Derecho Público, y como nos ha enseñado la crisis de 2001, la emergencia nunca está por encima de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales”, detalló.  

Finalmente, Saredi consideró que “la emergencia exige articular los remedios y mecanismos que precisamente prevén dichos textos, adecuar la conducta a los mismos y conjurar la situación conforme a los mismos medios excepcionales que la ley permite. Todo otro desvío cae fuera del marco de las reglas de juego que nos hemos dado como sociedad”. 

El oficialismo porteño y sus aliados celebraron el fallo de la Corte Suprema

El máximo tribunal decidió que es competencia de la Ciudad determinar bajo que modalidad se dictarán las clases, por lo que los legisladores destacaron que con este fallo la Justicia “ratificó nuestra autonomía por si se le olvida otra vez, señor presidente”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires en la disputa con Nación por la presencialidad de las clases, los diputados del oficialismo porteño y sus aliados celebraron en las redes sociales la determinación judicial y lanzaron duras críticas al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En este sentido el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, señaló que “finalmente la Corte Suprema decidió respetar la autonomía de la Ciudad. Una autonomía que nos corresponde desde 1994, cuando se reformó la Constitución” y consideró que “ante el amedrentamiento del Gobierno Nacional, seguiremos trabajando desde el diálogo y el respeto por las instituciones”.

Al mismo tiempo que el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), expresó su “enorme alegría por el fallo de la CSJN que reafirma la autonomía de la CABA y el derecho a la educación. Que también sirva para volver a clases presenciales en todo el país y reducir el daño realizado sobre nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Sobre esa misma línea, Claudio Cingolani (VJ) manifestó que “la Corte ratificó nuestra autonomía. Por si se le olvida otra vez, señor presidente: somos un estado provincial. La educación en consecuencia es regulada por nuestra Ciudad de Bs. As.  ¡Ahora a seguir trabajando como siempre!”. Mientras que Claudio Romero (VJ) insistió en que es un “fallo a favor del diálogo y de las medidas consensuadas. Fallo a favor del respeto a la Constitución. Garanticemos la institucionalidad para resguardar nuestra democracia”.

Asimismo Hernán Reyes (VJ) aseguró que “se acabó la fantasía kirchnerista de querer someternos. Somos autónomos de su autoritarismo y prepotencia. Somos parte de un país federal y respetuosos de la Constitución” y expresó “todo el reconocimiento para los padres que pelearon y para Larreta que con mucha templanza se plantó y abrió las escuelas. ¡Hoy es un gran día para la Ciudad!”.

A la vez que Natalia Fidel (VJ) remarcó que “el fallo de la Corte Suprema zanjó categóricamente una cuestión que era bastante clara: la Ciudad Autónoma…es autónoma para decidir en materia educativa. En ejercicio de esa autonomía CABA decidió que la educación es y será prioridad. Lo último que cerrarán son las escuelas”.

En tanto el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) celebró “el fallo de la CSJN en contra de la suspensión de las clases en CABA y que garantiza la presencialidad en las escuelas con los protocolos pertinentes. La autonomía de BsAs es un derecho de los vecinos/as que no puede ser vulnerado por la improvisación o la desidia”.

Juntos por el Cambio celebra el fallo de la Corte Suprema

Legisladores de la oposición aplaudieron el fallo a favor de la presencialidad de las clases en CABA y pidieron lo mismo para el resto de las provincias.

Legisladores de Juntos por el Cambio utilizaron sus redes sociales para elogiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo sobre la suspensión de las clases presenciales dispuestas por el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 241/21. También aprovecharon el espacio para reclamar la presencialidad para el resto de las provincias argentinas.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara alta, el senador nacional Luis Naidenoff, remarcó que “el fallo de la Corte es un mensaje contundente a los que gobiernan y creen que en Argentina la emergencia es un cheque en blanco para llevarse puesto al federalismo y los derechos, garantías y principios constitucionales”.

En consonancia, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Raúl Negri (UCR-Córdoba) tildó al fallo de “ejemplar” y opinó que “el Gobierno nacional debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la emergencia de la pandemia”.

La vicepresidente segunda del Senado de la Nación, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba), sostuvo que “la resolución de la Corte Suprema respeta el #federalismo y establece que ‘CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.206 y la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación'”.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) publicó en su perfil de Twitter: “La Corte Suprema falló a favor de CABA, considerándola una Ciudad constitucional federada, y de todas las provincias que, como Mendoza, mantuvieron la presencialidad a pesar del Decreto que la suprimía. Es un fallo a favor de la educación, es un fallo a favor del federalismo“.

El mendocino también agregó que el fallo “destaca los principios de lealtad federal y puntualiza que el desenvolvimiento del sistema depende de la buena fe, la coordinación y la concertación recíproca entre Nación, Provincia, CABA y municipios” y aplaudió el énfasis de la Corte respecto a la autonomía de CABA y las provincias para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes.

También desde el bloque del radicalismo, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR-Tierra del Fuego) destacó: “Insistimos que la #educación debe ser declarada SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL. #ConLosChicosNO”.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) señaló que el fallo finalmente “le pone un límite al Gobierno, que actuaba como si la Constitución Nacional estuviera en cuarentena”. Para ella “es una bocanada de aire fresco para la República. Hay división de poderes, hay control de constitucionalidad y hay límites aun en contextos de emergencia”.

La diputada rescató que los jueces invoquen el “diálogo” y “la concertación” como la base del sistema federal de gobierno, más aún en los casos donde existen competencias concurrentes como en materia de salud y educación.

En el mismo sentido, la senadora nacional Gladys González (Pro-Buenos Aires) argumentó que “la Corte falló respetando la autonomía de la Ciudad y el federalismo. Gobernar con seriedad, en base a datos y buscando el desarrollo integral de las y los argentinos es el camino“.

El senador nacional Alfredo de Angeli (Pro-Entre Ríos) también publicó un posteo de celebración del fallo, que consideró como “a favor de dos valores fundamentales para la Argentina: la educación y el federalismo“.

Desde la Cámara baja, Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) posteó: “La Corte falló a favor de la CABA. A favor de la autonomía. Ahora en vez de socavar la buena gestión y violar el federalismo retomen el diálogo y dejen la necedad de lado. Empiecen a gestionar con datos, las escuelas no contagian“.

En el mismo sentido, la diputada nacional Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) cuestionó sobre el fallo: “¿Servirá para que Alberto Fernández entienda que no se puede dejar a los chicos, chicas y adolescentes sin clases? La escuela no contagia, los datos de CABA lo prueban. No hay relato que se sostenga. En Santa Fe queremos #EscuelasSiempreAbiertas.

“La corte falla a favor de la CABA. La educación sigue siendo un resguardo para los estudiantes porteños. ¿Qué nos espera para la PBA? ¿Otro año sin clases? La evidencia que dejan estas semanas de presencialidad en la Ciudad deberían servir para que Fernández y Kicillof reconsideren“, señaló la diputada nacional Karina Banfi (UCR-Buenos Aires).

La diputada nacional Adriana Cáceres (Pro-Buenos Aires) publicó en su cuenta de Twitter que la decisión de la Corte “no sólo confirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sino que es un freno contundente hacia el autoritarismo que pretende imponer el Gobierno Nacional. La situación de emergencia debe ser atendida con diálogo y pensando en la gente”.

“Mis felicitaciones al Procurador @GAstarloa y a @djivaris por su rigurosidad. A @banabenegas por su trabajo silencioso. A @horaciorlarreta y @diegosantilli muchas gracias por defender nuestra Constitución y derechos. Vienen días duros. A mantenernos muy juntos”, apuntó la diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica-ARI-CABA).

El diputado nacional David Schlereth (Pro-Neuquén) argumentó que el fallo “detiene el avance autoritario del gobierno K de @alferdez contra las autonomías provinciales y el atropello sobre el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes. Hoy más que nunca es fundamental el funcionamiento republicano”.

Alvaro de Lamadrid destacó que “la CSJN dejó a salvo la división de poderes que el Gobierno busca demoler. El DNU que pretende cerrar escuelas violó la autonomía de CABA. El fallo muestra lo que advertí en 2019 se pondría en juego en el país: “si vamos a poner el poder en las personas o en las instituciones”.

Por su parte el diputado Sebastián Salvador dijo: “El fallo de la Corte Suprema es un claro mensaje al Gobierno Nacional. La pandemia y la emergencia sanitaria no son excusas para pasar por arriba de las instituciones avasallando las autonomías provinciales”.

El diputado Juan Martín aseguró que es “un fallo que trae sensatez y racionalidad a la administración de la pandemia. Ninguna emergencia puede socavar la base federal de nuestro sistema ni cercenar derechos de manera ilegítima. Menos aún cuando se trata del derecho a la educación de nuestros niños y niñas”.

Gabriela Burgos afirmó: “el fallo de la Corte Suprema en favor de autonomía de CABA para decidir sobre la situación de las escuelas en su territorio simboliza el respeto a la Constitución Nacional, poniendo freno a gobernar por decreto sin respetar autonomías provinciales”.

La diputada Ximena Garcia señaló que “la CN es aún más importante en estado de emergencia, es nuestro faro ordenador ante el desorden de la emergencia. Debemos ser rigurosos y firmes en la protección de los derechos constitucionales: el federalismo, la República y la educación”.

En tanto, Claudia Najul sostuvo: “el fallo de la Corte ordena el panorama. Da pautas claras sobre la importancia del derecho a la educación y de cómo debe relacionarse el Estado Nacional con las provincias en un contexto como el actual. Provincias autónomas y fuertes son indispensables para sortear la crisis”.

Por su parte Karina Banfi expresó que “estamos pasando momentos muy duros los argentinos y las argentinas. Quiero enviarles un abrazo fuerte a todos los que sufren por la pérdida de un ser querido por estos días. A quienes están al frente de la familia con todo lo que implica que hoy sea un día de esperanza”.

La diputada Josefina Mendoza enfatizó: “Federalismo, división de poderes y autonomía. Palabras que se aprenden con educación y respetan con democracia”.

Diego Mestre aseguró que para “el fallo de la CSJN hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona. Tal cual lo dijimos, el gobierno violentó el federalismo dispuesto en nuestra CN.

La diputada Gabriela Lena remarcó: “Las emergencias no están por encima de la Constitución, la Corte falló a favor de la autonomía de CABA. Es un claro mensaje para los que gobiernan por decreto, quienes creyeron que podían ir contra las autonomías, los principios constitucionales y el Congreso”.

Lidia Ascarate destacó: “El fallo de la Corte Suprema viene a frenar un gobierno que, en nombre de la Pandemia, violó sistemáticamente la Constitución a través de DNU restringiendo nuestra libertad, atentando contra el federalismo, y ahora pretendían ir por encima de nuestro derecho a la educación”.

Por último Roxana Reyes consideró que “sinceramente, la división de poderes, autonomía, estado de derecho, federalismo y libertad de expresión, son principios democráticos que se aprenden en la escuela y lamentablemente algunos no aprendieron creyendo que los votos suponen la suma del poder público”.

La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad sobre las clases presenciales

En un fallo por unanimidad, el máximo tribunal resolvió en la disputa entre el Gobierno nacional y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, reconociendo la autonomía de la Ciudad para decidir sobre la modalidad educativa.

En un fallo por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo sobre la suspensión de las clases presenciales que dispuso el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 241/21.

El reclamo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta surgió luego que el pasado 15 de abril, y ante una decisión “inconsulta”, el Gobierno nacional dispusiera la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, en el marco de las restricciones tomadas para bajar los casos de Covid-19, bajo el argumento de reducir la circulación en las calles.

La medida desató una fuerte pelea entre Nación y Ciudad, y el gobierno porteño resolvió acudir a la Corte para reclamar por la inconstitucionalidad de ese DNU. Sin embargo, el máximo tribunal no declaró la inconstitucionalidad del decreto, dado que caducó el 30 de abril.

A partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, la administración de Rodríguez Larreta mantuvo la apertura de las escuelas desde el lunes 19 de abril, además de rechazar un fallo de la Justicia Federal que iba en línea con lo dispuesto por la Casa Rosada, y anticipó que aguardaría la resolución de la Corte.

Cumplido el plazo, el presidente extendió las medidas hasta el 21 de mayo a través del DNU 287/21, el cual la Ciudad tampoco acató en ese punto, y Rodríguez Larreta aseguró que continuarían las clases presenciales en jardines de infantes, escuelas primarias y educación especial, al tiempo de imponer un sistema bimodal para la secundaria. Ahora, el gobierno porteño cuenta con total aval de la Justicia para sostener su decisión.

Los magistrados Carlos Rosenkrantz -presidente del máximo tribunal-, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, a partir de distintos votos, coincidieron en resolver a favor de la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía en la materia, lo que representa un revés para el gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, Elena Highton de Nolasco se abstuvo de votar, alegando que la Corte no tiene competencia original en las causas que litiga la Ciudad.

En un voto conjunto, Maqueda y Rosatti enfatizaron sobre el fundamento del federalismo y la autonomía de la Ciudad, al sostener que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que lo llevaron “a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor”.

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“El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora”, continuaron.

Asimismo, los magistrados expresaron que “tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa, como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria, deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional”.

Y subrayaron que este fallo “no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”.

Por su parte, Rosenkrantz apuntó que el argumento de Nación de tomar la medida para reducir la circulación, “no satisface las exigencias de justificación referidas”. “En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural. Ha mostrado el carácter geográficamente acotado de la prestación de clases presenciales en función de varios indicadores, tales como la baja incidencia de los contagios dentro de los establecimientos educativos, el criterio de proximidad con el que se asignan las vacantes en el sistema público y la reducción en el uso de transportes públicos por alumnos en relación con la tasa de uso previa a la pandemia”, señaló.

El presidente de la Corte manifestó que el Estado Nacional “hace referencias al transporte de pasajeros dentro del territorio denominado AMBA pero lo hace de modo global, sin discriminar el transporte interno de cada jurisdicción y el transporte que pasa de una a otra y, por lo tanto, ello resulta insuficiente para determinar en qué medida este último -del cual depende, entre otras cosas, la existencia de interjurisdiccionalidad- se habría incrementado como consecuencia del comienzo de las clases presenciales dentro de la Ciudad Autónoma”.

“Sumado a ello, en la demanda se afirma -sin que haya sido puntualmente rebatido por el Estado Nacional- que la mayor parte del alumnado que concurre a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no utiliza el transporte público para concurrir a clases”, añadió.

En tanto, Lorenzetti remarcó que “la CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la Ley 26.206 y la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales”.

“El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias (Ley 26.206), estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente“, agregó.

Moreau aclaró que todavía no existe un proyecto para crear una bicameral que controle a la Justicia

Para el diputado del Frente de Todos hubo una “mala interpretación” del mensaje presidencial, y habló de la facultad del Congreso para dictar leyes que regulen el funcionamiento del Poder Judicial.

leopoldo moreau

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró este miércoles que en el Congreso todavía “no hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, y señaló que se dio un “mal entendido” y se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.

Pese a que el senador oficialista Oscar Parrilli y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, hicieron referencia al tema, Moreau consideró que existió “una interpretación equivocada” de las palabras del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa.

El legislador recordó que el mandatario pidió “acentuar una tarea que está rubricada en la Constitución, que es la tarea del control cruzado con el Poder Judicial”. Por eso, explicó que el Poder Judicial controla “tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo respecto a la constitucionalidad de la normas que se dictan”, mientras que “el Congreso tiene la facultad de dictar leyes vinculadas a la actividad del Poder Judicial”.

“Como un ejemplo extremo, si el Congreso el día de mañana sale diciendo ‘no hay más Código Civil’, no hay más Código Civil”, graficó, y agregó que el Parlamento se encarga de dictar las leyes orgánicas e incluso “la composición de la propia Corte se puede ampliar, se puede achicar, también por mayorías simples en el Congreso. Eso se llama control cruzado”.

En diálogo con radio Futurock, el oficialista indicó que ” ya existen comisiones de control y seguimiento, como la del Ministerio Público”. Entonces, consultado sobre si era un “error” hablar de una nueva comisión, respondió: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.

Lo que sí reiteró Moreau es su opinión de que “es absolutamente imprescindible una reforma amplísima del Poder Judicial, porque salta a la vista que está funcionando muy mal”.

“La Corte Suprema parece una especie de poder monárquico“, criticó y apuntó que los jueces del máximo tribunal “gozan de privilegios extraordinarios respecto al resto de los ciudadanos”.

Para el diputado hace falta “una reforma profunda”, pero “los que se oponen es porque se oponen a todo lo que signifique remover privilegios”. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo, tratar de dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad”, agregó.

Y volvió a disparar contra la Corte, al sostener que “se ha transformado en una especie de gobierno paralelo” y “apunta a veces incluso al corazón de decisiones tomadas por el Parlamento en el ejercicio soberano de su función. Carece absolutamente de prestigio”.