El último testigo citado a la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, a cargo de Carolina Gaillard, fue el contador público Nicolás Jacinto Serafini quien expuso en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Serafini, quien fue auditor de los balances de la obra social, comentó que “el primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005 por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban”.

“El último periodo trabajado fue 2021, pero ahora no tengo ningún contrato vigente con la obra social”, aclaró ante la consulta del oficialista Rodolfo Tailhade. Serafini volvió a explicar que “solo estaba hecho el balance del 2005 que no tenía una auditoría realizada. Había información que se me presentó como balance, pero a mi entender no cumplía con los requerimientos. No estaba auditado y era la última información contable que había en la obra social”.

Además, afirmó que “los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos la obra social”.

“Mi primer contacto fue con el directorio de la obra social. En ese momento había tres directores en 2008. Siempre fui auditor externo y brindaba una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de los estados contables que formula el directorio de la obra social. Mi primer trabajo igual no fue ese porque, al encontrar una situación donde no estaba el ejercicio anterior cerrado, no había una auditoría realizada del ultimo ejercicio y propuse realizar un informe de hallazgos y recomendaciones”, explayó en su respuesta.

Al respecto del informe de hallazgos y recomendaciones, precisó que tiene fecha de 31 de enero de 2009. En esa línea, Tailhade le solicitó información sobre esos hallazgos realizados: “El objeto era un diagnóstico de la información que contenía el sistema informático contable. La información que estaba registrada fue suministrada por el directorio de la obra social y la tarea consistió en la aplicación de procedimientos de auditoría sobre la información que emitía el sistema contable como, por ejemplo, cotejar las informaciones de los balances de distintos años con el sistema, verificar saldos de inicio, entre otros”.

Ante la consulta de Gaillard si era él quien firmaba los balances y auditaba: “Yo solo firmé la auditoría de los estados contables, firme los balances a modo de identificación, pero no los confeccioné”, aclaró.

“Los hallazgos fueron que la información procesada en el sistema contable es en apariencia incompleta, que era vulnerable ya que podía ser modificado luego de ser cerrado un ejercicio pudiendo ser alteradas las registraciones en cualquier momento, se encontró un control interno débil, un sistema informático que no aparentaba poseer una razonable confiablidad y asegurar el normal flujo de información contable porque se podían modificar balances que ya estaban cerrados, no había seguridad que todas las operaciones están registradas, existían diferencias entre planes de cuentas entre el 2005 y 2006”, explicó.

También, el contador sostuvo que en el informe de auditoría externa sumó esta información para que “el usuario de los estados contables este al tanto de eso porque es importante porque el esquema interno era débil”.

Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse este martes desde las 13 para interrogar a nuevos testigos sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

Además, ha sido citado Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Tras celebrarse la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político que ha puesto en el banquillo a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, surgieron fuertes interrogantes en torno a cuánto es lo que falta para que comience a redactarse el dictamen que deberían llevar al recinto de Diputados.

Iniciado allá por enero, más precisamente el jueves 26 de ese mes -con fuertes contrapuntos entre oficialismo y oposición-, una de las preguntas que entonces se planteó fue qué extensión tendría ese proceso. Difícil de calcular por entonces, se habló de un mínimo de dos meses y se llegó a especular -como extenso- que podría llegar a durar hasta cuatro.

Pero eran tiempos en los que no podían hacerse tantas elucubraciones, si ni siquiera tenían muy claro en Juntos por el Cambio de qué manera afrontar el desafío que proponía el Frente de Todos. Tampoco estaba clara la modalidad que se le daría a este trámite excepcional, y todo el desarrollo del proceso que se dio a lo largo de estos meses fue una experiencia nueva que se fue resolviendo sobre la marcha. Y que sigue desarrollándose de ese modo, con muchos interrogantes que persisten, salvo uno en el que propios y extraños coinciden (en el caso del oficialismo, en privado), que es en lo que sucederá cuando el dictamen llegue al recinto: allí terminará todo, pues no están los dos tercios necesarios para continuar con el proceso en el Senado. Ni estarán.

Figuras clave de este debate como el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaraban esta última semana que todavía no tenían datos sobre el tiempo de desarrollo de este proceso, pues sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración. Es lo que ha sucedido con el tramo del proceso que están atravesando por estos días: el debate sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Allí, a diferencia de otros ítems del juicio, hay más elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación.

Los datos recabados hasta el presente en las hasta ahora tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.

Recordemos que tras un inicio en el que el oficialismo buscó avanzar con el controvertido tema de los chats obtenidos de manera irregular y enfrascarse en ese marco en una polémica en torno a la citación del fiscal Carlos Stornelli, transcurridos dos meses de debate se resolvió “ordenar” el desarrollo del proceso con audiencias temáticas.

Las mismas arrancaron el martes 21 de mayo y el primero de los temas fue el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2017. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que buscó relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

Esa parte del juicio no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso del represor Luis Muiña.

A esa primera sesión habían sido citados y faltaron el exministro de Justicia Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón y el senador José María Torello. Ninguno de los tres asistió a esa reunión. El primero pidió reprogramar; “Pepín” y el senador Torello no concurrieron nunca. El primero era obvio, pues está prófugo en Uruguay; el legislador nacional se amparó en sus fueros.

Sí estuvo en esa primera audiencia temática Gladys Cuervo, sobreviviente de los secuestrados en el Hospital Posadas, quien dio su interpretación sobre la decisión de tres integrantes de la Corte de avalar el 2×1 para causas de lesa humanidad. También asistió Zulema Chester, cuyo padre fue víctima de Luis Muiña. “Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”, contó.

Cerró el desfile de testigos de esa jornada Federico Morgenstern -de la vocalía de Carlos Rosenkrantz-, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después, con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones”, detalló.

Tras dos semanas sin reuniones (el único parate hasta ahora, debido a las sesiones del 28 y 29 de marzo y luego Semana Santa), la segunda audiencia temática fue el 11 de abril. A esa reunión asistieron Estela de Carlotto, Germán Garavano y los periodistas Silvana Boschi, exeditora de Clarín, que fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad; Irina Hauser, que afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017; el periodista de Clarín Ignacio Miri y Martín Granovsky, de Página 12, quien afirmó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

El 18 de abril arrancó el debate sobre la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, y en esa jornada atestiguaron la médica legista y perito de la Corte Suprema María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, que formó parte de la auditoría ordenada por la CSJN; la contadora Melisa Solana; la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes lo hicieron en su calidad de damnificadas de la obra social.

La segunda audiencia sobre ese tema fue el 25 de abril, y en esa oportunidad se produjo el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Una semana antes de la citación, Marchi había sido desplazado de su cargo hacia el área de Seguridad Social, con los votos de los cortesanos Rosatti, Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el voto a favor de Ricardo Lorenzetti.

Ese funcionario dejó expuesta la grieta existente en el Tribunal Supremo. Hizo fuertes cargos y denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano había sido “víctima de seguimientos y amenazas”.

También declararon el docente universitario Gustavo Montanini y Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte.

El pasado miércoles 3 de mayo declararon Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte, quien firmaba balances de la obra social; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Maqueda y Valeria Díaz, damnificada de la obra social.

Para este martes 9 de mayo han sido citados Héctor Daniel Marchi, que expondrá esta vez sobre el informe de 20.000 fojas elaborado bajo su tutela sobre los supuestos desmanejos; Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; el contador publico Nicolás Jacinto Serafini y Martina Forns, jueza federal de San Martín, cuyo esposo falleció en plena pandemia “abandonado por la obra social”, según su denuncia.

Los temas pendientes

Transcurridos entonces poco más de tres meses desde el inicio del juicio político a los miembros de la Corte, recién van por el segundo de los temas a debatir. ¿Qué temas faltan para abordar antes de que los diputados se aboquen a la redacción de los dictámenes (será uno para cada integrante del Tribunal Superior)?

Según confiaron a parlamentario.com miembros del oficialismo, el próximo tema a abordar será el de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; luego quedan Consejo de la Magistratura; abuso de poder y una denuncia contra el juez Rosencrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación.

Cuatro temas que demandarán, como mínimo, siete semanas más. Y para los cálculos temporarios habrá que tener en cuenta que el debate sobre las irregularidades en la obra social llevaría entre dos y tres semanas más. Sobre todo luego de que se votara el levantamiento del secreto fiscal de MoRo Media, una cuestión que según anticiparon a este medio dará “mucho para hablar”. Recordemos que MoRo Media es una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez.

Así las cosas, quedarían al menos diez audiencias temáticas, con lo que se llegaría a mediados de julio. Luego de ello comenzaría la redacción de los dictámenes, con lo cual una eventual resolución de este juicio coincidiría con las elecciones primarias de agosto.

Amén de eso, es vox populi que esos dictámenes no serán llevados al recinto con la actual composición del Cuerpo, por cuanto el Frente de Todos sabe que, como dijimos, no están los dos tercios para que el juicio pueda proseguir, ante lo cual optarán por reservarlo para “mejores tiempos”, o al menos conservarlo como una espada de Damócles sobre el Tribunal Superior de la Nación.

Presente en todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político que se desarrolla contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el titular de la bancada oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, valoró la “acumulación de pruebas” que resaltó que se está logrando hacer en esas audiencias y que a su juicio están demostrando “el claro mal desempeño” de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El santafesino dijo no haberse sorprendido de los informes del funcionamiento de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, tema en el que están hoy por hoy enfocados los legisladores, por cuanto dichas irregularidades “estuvieron siempre y están contenidos en los proyectos presentados por los diputados”.

Entrevistado en el programa Congreso abierto, de Radio Zónica, Martínez sostuvo que se está viendo en torno a la OSPJN algo “lamentable”,  por cuanto se ha establecido que “no tiene presupuesto, no tiene sistema informático, régimen de contrataciones, ni personal y todo ese pasó mientras Maqueda estaba a cargo en nombre de la Corte Suprema de hacer un seguimiento de la obra social”.

Tal situación, agregó Martínez, “no exceptúa al resto de los miembros de la Corte, porque el estatuto aprobado en una acordada dice que las cuestiones de superintendencia son de todos los miembros de la Corte Suprema”.

Así las cosas, Germán Martínez sostuvo que “cuando se abrió el juicio político no teníamos idea de que se iba a desplazar a (Héctor) Marchi y sus declaraciones abrieron un escenario distinto”. Recordemos que Marchi fue secretario de administración de la Corte durante 15 años y fue justamente desplazado por un informe suyo sobre el andar de la OSPJN una semana antes de que concurriera a declarar ante la comisión. En esa declaración fue precisamente sumamente crítico de la administración de ese organismo.

El presidente del bloque del Frente de Todos recordó que cuando se declaró admisible los 14 expedientes desde la oposición “nos decían que no había ninguna causal para iniciar este proceso que el tema nacía muerto y era una excursión de pesca”. Por el contrario, él dijo que “siempre sostuve que cuando se inicie la etapa probatoria el consenso político y social iba a aparecer porque se dejan de hablar de generalidades y se habla de hechos concretos y son muy contundentes y si a eso le agregas el ruido que está generando adentro de la Corte Suprema de Justicia, eso va quedando claro que tenemos los elementos para seguir avanzando”.

Asimismo sostuvo que corresponde que “investiguemos a fondo como lo estamos haciendo como método, con orden, con estrategia clara”. En ese marco, reivindicó “el rol de la presidenta de la comisión Carolina Gaillard, siempre apegada al reglamento, a lo que indica la Constitución Nacional, y el rol de cada uno de los miembros del bloque y esto está dando sus frutos”.

¿Cuándo concluirá la etapa probatoria de este juicio, para iniciar la redacción del dictamen? “Me lo están preguntando desde enero pero no puedo decir si faltan quince días, un mes o dos meses; sería irresponsable de mi parte”, respondió Martínez, que aseguró que “le dedicaremos todo el tiempo para probar el mal desempeño de los miembros de la Corte”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) destacó la labor que se viene llevando a cabo en la Comisión de Juicio Político en el marco del pedido de jury contra los miembros del máximo tribunal porque “de a poco estamos logrando que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona”.

En diálogo por la AM750, Tailhade señaló el “balance” del juicio hasta el momento y aseguró que la investigación se enfoca en “las irregularidades por el fallo del 2×1 que benefició a genocidas y por los desmanejos en la obra social del Poder Judicial”.

Al respecto, Tailhade confirmó que “hay suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios” en el juicio político a la Corte. “Por un lado, el denominado 2×1. Nuestra hipótesis es que es un fallo negociado entre la Corte y el gobierno de Macri, cuyos negociadores -según la prensa más cercana al kirchnerismo- fueron Silvio Robles por la Corte y Pepín Rodríguez Simón y José María Toledo por el gobierno de Macri”, explicó.

“El otro tema es el manejo de la obra social que está quedando cada día más claro que, durante más de una década, fue un abandono y un descontrol de la organización”, denunció.

Al respecto, reiteró que “con estos dos cargos tenemos suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios”. Asimismo, consideró que a los jueces les “preocupa el desenlace” del proceso judicial.

“Lo que más les preocupa a ellos es que se está poniendo en evidencia un manejo absolutamente turbio de la Corte en general. Como acostumbra a decir Leopoldo Moreau: la Corte juega al truco con las instituciones, con la Constitución”, expresó y cerró: “De a poco estamos logrando el objetivo de que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona el máximo tribunal”, concluyó.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes a las 13 a la cual fueron convocados cuatro testigos, tres de ellos son reprogramados, con el fin de seguir indagando sobre el manejo de la obra social.

Con picos de alta tensión por momentos, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este miércoles la décimo segunda reunión en el marco de la investigación de irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

La jornada comenzó pasadas las 15 con el fin de escuchar a tres de los cinco testigos que habían sido convocados: Andrés Sacchi, quien firmaba balances de la obra social el director de Informática de la Corte Suprema; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

En tanto, el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard: “Justifica su no comparecencia con una nota y pide reprogramar su audiencia”. Mientras que el contador público Nicolás Serafini “de igual modo pide reprogramar su declaración para a la audiencia de la próxima semana”.

Otro de los testigos ausentes que pidió que su testimonio se reprogramara fue el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Dicha ausencia, provocó un picante cruce entre el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade. López denunció que “Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político”, y acusó que “el juez Lijo es gran amigo del FdT”. Al respecto, el diputado kirchnerista lo acusó de ir “al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi”.

También hubo una fuerte discusión previo a que el oficialismo aprobara pedir a la AFIP más información sobre una sociedad de Silvio Robles. Además, se incorporó como testigo a la jueza federal Martina Forns.

Por otro lado, el oficialismo votó traer a declarar por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, tal como había anticipado parlamentario.com, ya que por tercera vez consecutiva no compareció.

Los testigos

Primer testigo de la jornada, Andrés Alberto Sacchi, director de Sistemas de la Corte Suprema, aclaró que “la obra social tiene su propia área de sistemas”, pero en abril de 2021 se lo incluyó a él en una comisión -mediante una acordada-, integrada también por Héctor Marchi y Aldo Tonón. Esa comisión tuvo como objetivo “hacer una colaboración para lo que era la informatización de la obra social”, dijo.

A su vez, “se creó un grupo de trabajo que estaba conformado por personal técnico-administrativo de la Corte y de la obra social”, detalló y contó que “el objetivo de corto plazo, como estábamos en pandemia, fue mejorar la web” ya que “estaba desactualizada, con falta de información, era bastante antigua y no se adaptaba a dispositivos móviles”, ni tampoco se podían sacar turnos online.

El funcionario a cargo del sistema informático del máximo tribunal desde 2016 apuntó que desde esa comisión “no se hizo una investigación del software existente. Lo que se planteó desde un momento inicial fue informatizar, porque lo que existía era un software antiguo o que por lo menos no cubría las necesidades”.

“Los softwares antiguos son más vulnerables que los actuales”, afirmó y al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (FdT) expresó: “No sé en qué tecnología estaba hecho, lo que sí me informaron es que era anterior a Windows”. “Nosotros dejamos a disposición de la obra social un proyecto para llamado a licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó”, señaló.

En otro tramo del extenso interrogatorio, Sacchi confirmó la existencia del mail que el juez Juan Carlos Maqueda le envió a sus pares avisándoles que abandonaba la supervisión de la obra social. “De manera directa en el ejercicio de mi función lo vi”, aseguró ante la consulta de la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) y reveló que Maqueda le reenvió el mail a él y a Marchi “por el trabajo que habíamos hecho” desde esa comisión.

Por otro lado, el director de Sistemas de la Corte confirmó que en la inundación que afectó el despacho de Silvio Robles -durante la feria judicial- una computadora resultó “afectada”. “La llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma”, relató y mencionó que “partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”. Sacchi insistió en aclarar que más allá del reemplazo de algunas piezas, “se devolvió la computadora tal cual como nos la habíamos llevado”.

Luego fue el turno de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda, María Bettina Bonucelli, quien ingresó a trabajar a la Corte en septiembre del 2002, pero en diciembre de 2005 la convocó Maqueda a “ser parte de su vocalía”. “Desde el 2013 hasta la actualidad soy subsecretaria administrativa producto de una corrida en la Corte por Marta Herrera Alem que pasó a desempeñarse como directora en la Obra Social del Poder Judicial”, contó ante la pregunta de la diputada Vanesa Siley (FdT).

“La mayor parte del trabajo se lo dedicamos al movimiento de expedientes judiciales y administrativos. En lo que va del año se recibieron 3.500 causas judiciales y se les dio salida a 2.500”, comentó y sumó: “Si recibíamos algún llamo o recibíamos a algún afiliado con algún problema o alguna queja”.

Al respecto, la funcionaria remarcó que “detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado. Todos quedábamos movilizados ante esas situaciones, era difícil”.

“Nosotros los escuchábamos y los orientábamos… los magistrados tenían recursos para estas situaciones. Eran más que nada empleados”, resaltó Bonucelli y agregó que “eventualmente se llamaba a la Obra Social porque había casos donde la urgencia era tal que había que llamar”.

La testigo afirmó que los reclamos “no se dejaban en ningún acta, ni informe”, pero remarcó que sí mantenían al tanto de la situación a Maqueda. “No se le contaba en el momento justo, pero si se lo mantenía al tanto de todo”, subrayó.

Al respecto, Siley consultó si Maqueda les daba “algunas instrucciones” ante dichos reclamos, a lo que la secretaria contó: “A veces sí, a veces no. Otras veces se lo comentaba a Tonón”.

“Yo llamaba a la dirección de Tonón y ellos resolvían los problemas, yo les pedía que se comuniquen con el afiliado para que sepan en qué situación estaban sus trámites”, relató y lanzó ante la pregunta de Ocaña que “desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año, eso de todas las semanas no es así”.

Última testigo la afiliada a la OSPJN Valeria Díaz quien relató que tuvo problemas con la prestadora al rechazarle el pedido para la fertilización asistida: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.

“Empecé con muchas notas presentadas a la obra social, las cuales fueron rechazadas con el mismo argumento de que la donación no estaba regulada por el Ministerio de Salud. Envié una carta documento y también fue rechazada. Con un compañero que es abogado y con el sindicato al presentar un recurso jerárquico ante la Corte, pero lo único que hizo fue pedir informes al Ministerio para saber cuáles eran los centros dentro de la ley”, precisó.

“Al no tener respuesta empapelamos todas las paredes del Palacio de Justicia diciendo que la obra social no cumplía. Hicimos notas periodísticas para visibilizar todo. Después de eso me habilitaron, pero tardaron ocho meses”, agregó a su relato.

Además, sostuvo que “el Dr. Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”.

Picante fue el arranque en la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de este miércoles, luego de que el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade se cruzaran por la ausencia del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Marchi pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no).

Al respecto, López pidió el uso de la palabra y, antes de fundamentar su postura, comentó: “Nos tendríamos que estar dedicando a otra cosa”.

“Usted dice que el contador Marchi no va a venir hoy. Más allá de que lamentamos que no venga porque es un testigo clave que, para trabajar de una manera más correcta, la reunión pasada dijimos ‘cortamos a tal hora y el testigo viene a la reunión siguiente’, cosa que no está ocurriendo”, arrancó su interrupción el lilito y sumó: “Nosotros pospusimos nuestras preguntas y tendríamos más preguntas para hacerle después de la particular declaración del testigo”.

Con tono elevado, disparó: “Esta particular declaración que hizo acá, ahora entiendo que la está llevando justo que se reúne la Comisión como si esta semana no tuviera cuatro días, la que viene no tuviera cinco días hábiles y parece que existiera sólo el miércoles a la tarde por fuera del horario de Tribunales, justo Marchi no puede venir hoy. Le tocó la suerte de que el juez Lijo, que lo tendría que estar investigando a Marchi, le toma declaración testimonial”.

“La conducta de Marchi que vino acá, yo creo que a decir alguna cosa que lo incriminan o incriminan al expresidente de la Corte al doctor Lorenzetti. En algún punto a cometer falso testimonio y tiene la suerte de que un juez federal le toma una declaración a medida el día que se reúne la comisión”, lanzó López.

En esa línea, denunció: “Yo sé que ustedes no se van a escandalizar por esto… yo entiendo que estemos todos mal, que el país la esté pasando mal, pero déjenme lo decir lo que pasa acá. Yo vi a muchos diputados muy entusiasmados la reunión pasada con la declaración de Marchi…. Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político y ahora tiene la suerte que el juez Lijo, gran amigo del FdT le hace estas declaraciones…espero que el doctor Marchi no tenga todos los días una declaración testimonial para no venir acá”.

“Yo sé que este Juicio Político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi”, manifestó y sugirió: “Veremos qué se merece la actitud del juez Lijo, un pedido de Jury o un apercibimiento porque cierra la causa, reabre la causa. Tiene con Lorenzetti un vínculo bastante raro y le viene bien a Lorenzetti y a los amigos de ustedes”.

Por otro lado, planteó: “Son 8 los magistrados a los que se les está haciendo tareas de inteligencia ilegal. Sigamos en este proceso que es bastante patético que ni ustedes lo sostienen. Agradezcan que venimos a defender la legalidad porque si no esto estaría muerto”.

“Quiero hacer algunas apreciaciones respecto de la presentación en altavoz que hizo el diputado López”, arrancó su respuesta el kirchnerista Rodolfo Tailhade. “Ninguno de estos diputados tiene absolutamente nada que ver con la citación dispuesta por el juez Lijo respecto del contador Marchi. Nos hubiese encantando tenerlo hoy no solo para preguntar de la obra social sino de varias cosas”, expresó el oficialista.

Además, aseguró no conocer personalmente a Lijo: “Nunca lo vi. Creo que el 90% de los diputados que integran el bloque oficialista en la comisión no lo conocen y nunca lo vieron. No sé de dónde saca el diputado López que es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé de dónde saca que es amigo del FdT un juez que metió preso a nuestro vicepresidente sacándolo en pantuflas”, volvió a preguntar y lanzó: “Si sé que, así como nosotros no conocemos a Lijo, el diputado López fue al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi porque lo dijo el otro día el contador. No sé a título de qué y yo creo que también fue a pedir otra cosa más”.

Lejos de quedarse callado, el diputado de la CC-ARI le contestó: “Lamento que su inteligencia legal o ilegal le de mal los resultados. Habló de un matrimonio que, hasta donde sé, no existe, además de meterse en la vida privada de dos personas”.

“Tailhade cree que nos intimida ventilando cosas”, retrucó y afirmó: “Desde que soy diputado fui a la Corte dos veces y se lo relaté a una periodista que vino a declarar acá. No tengo ningún problema en decir que fui a la Corte, no oculto nada”.

En tanto, le dijo a Tailhade: “Usted está haciendo suyas las palabras del contador Marchi que me inicio dos mediaciones porque dije que para mí la Corte tenía que tener otro administrador general porque para mí era un mal administrador”.

Y le enrostró: “Usted ensucia a todo el mundo. Se cree demasiado vivo, pero es demasiado tonto para entender el derecho y para ejercer esa tarea de inteligencia que no le da miedo a nadie. Nos carpetea todos los días. ¿Cómo hay que contestarte?”.

La tercera ausencia consecutiva de Aldo Tonón a la reunión de la Comisión de Juicio Político será seguramente este miércoles motivo de un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición. Porque la oposición pedirá, como ya adelantó, que sea llevado a la misma por la fuerza pública y para eso votarán pedir ese trámite a un juez federal.

Si bien en el listado difundido este martes por las autoridades de la comisión que preside Carolina Gaillard no figuraba el nombre del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, éste había sido citado ya el jueves de la semana pasada y en eso se basaría el oficialismo para reclamar la asistencia del juez de turno.

La no comparecencia del testigo citado fue confirmada a parlamentario.com por su abogado, Mauricio D’Alessandro, quien señaló su extrañeza porque su defendido no figurara en la lista, pues en efecto había sido citado. Pero “no va a concurrir”, admitió el letrado.

La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”. El abogado destacó que así lo señaló el ex juez federal y actual diputado radical Fernando Carbajal, quien en la última audiencia observó que el artículo pertinente del reglamento interno dice textualmente que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud…”. Es decir, “nada de fuerza pública”, remarcó D’Alessandro, que agregó que Carbajal sostuvo que “de hecho, no podemos hacer nada desde ningún punto de vista más que, eventualmente, correr una vista al fiscal si suponemos que hay algún incumplimiento de deberes legales, aunque en realidad no hay ninguna figura que claramente prevea nuestro Código (debió decir Reglamento)”.

Ante la insistencia del abogado en remarcar que el reglamento no habla de la utilización de la fuerza pública, cabe consignar que el mismo establece textualmente que “cuando la comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.

Cabe recordar como antecedente que el abogado Marcelo Mazzeo es uno de los testigos que se resistió a declarar ante la Comisión de Juicio Político. Había sido citado para declarar por haber figurado en los chats de Marcelo D’Alessandro, y no solo no asistió, sino que también publicó en Twitter que no lo haría, por lo que la comisión resolvió hacer una presentación en los tribunales federales para que un juez disponga “las medidas necesarias” para hacerlo comparecer “con auxilio de la fuerza pública”.

Con todo, Mauricio D’Alessandro aclaró ante este medio que “no es nuestra intención molestar a la comisión ni a sus miembros”, pero aclaró que su defendido no asistirá porque “creemos que nos perjudica”.

Finalmente se conoció la lista de los testigos convocados para este miércoles, que es bien distinta de la prevista originalmente. Es que el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación: en lugar del jueves, sería el miércoles 3.

En la última reunión se había anunciado que la siguiente no sería este martes, por el feriado del 1° de mayo, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarían este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos citados entonces son el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Llamó la atención el jueves pasado cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, en la que figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación por el miércoles 3.

Es que el martes pasado se anunció que la reunión venidera no se haría esta vez este martes, por el feriado del lunes, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, extitular de la obra social, es la tercera vez que lo convocan. ¿Será la vencida? Tonón hasta ahora se ha resistido a asistir argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político rechazó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. No está confirmado que venga ahora, y si no lo hace, se le cursará oficio a un juez para que ordene llevarlo por la fuerza pública.

Además de Tonón, ahora han sido citados otros testigos que fueron postergados. El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Habrá que ver si, en virtud de la cantidad de citados, se resuelve adelantar el inicio de la reunión. En principio, no está previsto.

En el marco de la undécima jornada -la séptima con testigos- de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, se presentaron a testificar el docente universitario Gustavo Montanini, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia, y el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Al final de la reunión, que duró más de cinco horas, se resolvió volver a citar bajo apercibimiento de informar de la ilicitud al juez al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, justificó su incomparecencia.

Desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón compadezca ante la comisión acompañado de su abogado, pero el oficialismo rechazó esa idea.

En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente, a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para el jueves a partir de las 11.

Es que se resolvió que la próxima reunión no sea el martes, por el feriado del lunes. Al final, se puso en discusión hacerla el miércoles o el jueves y se eligió el segundo día.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

Los testigos

Primer testigo en declarar este martes, Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, se refirió a la auditoría interna que realizó junto a otro abogado y dos contadores sobre la obra social del Poder Judicial, en cuanto a cuestiones “económicas, financieras, de legalidad y de gestión”. Afirmó que el plan de trabajo fue determinado por esa comisión interdisciplinaria que integró y no por la Corte. Para la misma, que abarcó un análisis desde abril de 2008 a septiembre de 2021, se tuvieron en cuenta auditorías realizadas anteriormente por la AGN, contó.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario del máximo tribunal dijo no tener conocimiento sobre una “acordada o resolución” que haya designado como encargado de la obra social a uno de los ministros. “El control depende de la Corte Suprema en su conjunto”, dijo e insistió en desconocer si el juez Juan Carlos Maqueda había sido designado o había estado a cargo de hecho, como interrogó la oficialista.

De Vedia confirmó que, de acuerdo con la información recibida por la obra social, en el período auditado no se cubrieron los cargos de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna. “No se cubrieron esos cargos, estaban vacantes”, afirmó y detalló que en el caso de los subdirectores, “según el estatuto es una designación compleja”, porque “los designa la Corte, pero a propuesta del directorio”.

Sobre la falta de presupuestos, el letrado ratificó que en el período que abarca la auditoría “no se confeccionaban”. Según el estatuto, que él mismo leyó, el directorio lo debía elevar ante la Corte, pero señaló que no tenía conocimiento de si la Corte exigía el presupuesto al directorio: “Nosotros auditamos la obligación y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte lo solicitó”.

Al responderle al diputado Juan Manuel López (CC-ARI), el testigo explicó que en el caso de las licitaciones y contrataciones “interviene la propia asesoría jurídica de la obra social, no la de la Corte”, aunque “según la relevancia de la licitación en algunos casos se elevó a la Corte la decisión respecto de la licitación o adjudicación” y, más precisamente, a la presidencia del máximo tribunal.

En una de sus intervenciones, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) dejó en claro que “no hay una norma que establezca o exija la obligatoriedad de que (esta obra social) se maneje a través de presupuestos”. Y resaltó que “la pelota está en nuestra cancha”, porque habría que lograr que este organismo como otros adapten “sus sistemas a la Ley de Administración Financiera”. Sin embargo, los oficialistas Germán Martínez y Rodolfo Tailhade (FdT) consideraron que sí le cabe a la obra social la obligatoriedad de presentar los presupuestos, al estar bajo la dependencia del Poder Judicial, el cual está contemplado en la Ley de Administración Financiera.

Al momento de las preguntas, Tailhade interrogó a De Vedia sobre las delegaciones de firma que hizo el exdirector Aldo Tonón y concluyó en que “por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había subdirector médico ni subdirector administrativo, con lo cual cualquier delegación de firma era totalmente antiestatutaria porque solo a esas personas podía delegarse”, subrayó el legislador

Luego fue el turno del docente universitario y contador Gustavo Montanini quien conformó la Comisión de Auditoría de la Obra Social al ser contratado “externamente”. Al ser consultado por la diputada Siley sobre las dificultades que tuvieron al iniciar el trabajo y el plazo para la realización de la auditoría, comentó que tenían un plazo de 120 días que “no” pudieron cumplimentar por lo que solicitaron una prórroga para poder terminarlo.

“Al principio tuvimos más dificultades por el espacio físico y decidimos hacer un intercambio de información para poder analizarla por separado”, agregó y manifestó que los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo “pueden ser varios” porque para poder iniciar el trabajo de revisión de la documentación “tuvimos que esperar un plazo significativo y la dinámica que tuvimos en la revisión hizo que no pudiéramos constatar inmediatamente las dudas que pudiéramos tener”.

Al respecto, informó que “el pedido de información exigía por parte de la obra social, un análisis de lo que estábamos pidiendo, la devolución y un análisis de nuestra parte y si teníamos preguntas para hacer teníamos que repetir el pedido o recurrir a la obra social para sacarnos las dudas o a veces la información nos llegaba en forma parcial y no pudimos hacer el análisis en los tiempos en los que hubiésemos querido”.

Y sumó: “El no contar con un espacio físico, fue el detonante por el cual empezamos a pedir la información y recibir respuestas que solicitábamos”.

Por otro lado, se refirió a las dificultades al no contar con una Auditoría Interna: “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y utiliza como disparador esos informes. Al no existir la auditoría interna no existían los informes por lo tanto tuvimos que arrancar de cero con 13 años de proceso de revisión”. “El informe por el que comenzamos es el número uno, elaborado por Héctor Marchi”, afirmó Montanini.

Siley también le preguntó por los movimientos al Banco Nación, puntualmente por el ingreso de mas de 7 millones de pesos que “dicen que no pueden identificar su procedencia. ¿Qué significa esto?”. El contador explicó que “cuando se realizan conciliaciones bancarias recurrentes explican cuáles son los movimientos que aparecen como partidas conciliatorias. En este caso podemos ver que hay elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.

“Nosotros intentamos revisar esas conciliaciones bancarias, pero no existieron, por lo que esa diferencia de 7 millones de pesos es una diferencia que no pudimos comprender cuál era el ingreso que refería a ese monto”, informó y contó que pidieron “explicaciones” sobre “todos los movimientos bancarios y no recibimos explicación sobre esos 7 millones de pesos”.

En ese sentido, precisó que las consecuencias de no contar con conciliaciones bancarias es que “no existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”.

El último en declarar fue el exadministrador Héctor Marchi quien se despachó con dureza hacia los miembros de la Corte y dejó al descubierto la “informalidad” con la que se manejan. También apuntó contra Silvio Robles y denunció que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” y que es “víctima de seguimientos y amenazas”.

El reciente desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, afirmó en la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, que lleva a cabo las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que “siempre fue Juan Carlos Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social”, y denunció que “todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso”.

Previo a la ronda de preguntas, el contador pidió autorización para dar contexto a la situación de la Obra Social en la última década: “El período donde estaba Nicolás Reyes como administrador, estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración, esa es la razón de la acordada 31 del 2005 que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia de Petracchi”.

“Luego se separó la Corte del Consejo. Cambió la presidencia y Reyes se retiró”, sumó y contó que al asumir “hubo que reorganizar todo. La nueva composición bajo la presidencia de Lorenzetti llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como en el periodo anterior”.

Y precisó que eso dice la acordada 9/2008 “desconcentrar actividades ajenas a la administración”, y remarcó que por ese motivo se distribuyeron las áreas. “La doctora Highton de Nolasco con oficina de violencia doméstica, el doctor Maqueda con la Obra Social, Zaffaroni y Lorenzetti con el centro de información judicial. Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba, pero cada área era independiente”.

 Al respecto, subrayó que cuando se asignaron las tareas por acordada “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”.

“Pero en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1. Maqueda designó al directorio con Tonón. Me pidió que designara a un representante de la administración, luego me pidió que lo sacara. Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera con la responsabilidad de un directorio. Algo contradictorio”, explayó.

Y continuó leyendo: “El directorio unipersonal decía todo. Con consulta permanente con el doctor Maqueda y luego a través de un mail dice que fue un error sacar a la administración de la obra, refiriéndose a la del doctor Reyes y dice que la única manera que funcione es bajo la supervisión de la administración. Por eso volví y comencé con los dictámenes de supervisión recién con la acordada 19/2021 que me coloca en la órbita de la obra social y con informes mensuales de supervisión”.

“Esos dictámenes fueron muy críticos. Si yo hubiese estado a cargo de la obra, no me hubiese autocriticado. Tampoco me hubiese sancionado con el traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra”, se defendió el funcionario y cuestionó que “en el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti. Los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso porque la apariencia bajo la transparencia hay un control de hecho. Eso le hace mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

Con gran expectativa, la Comisión de Juicio Político de Diputados recibió en la reunión de este martes a Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, ante la cual denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano están siendo “víctimas de seguimientos y amenazas”.

Además, se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, dejando expuesta la fuerte grieta que existe en el seno de la Corte entre Lorenzetti y los restantes tres miembros del máximo tribunal. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Antes de pasar a la ronda de preguntas, Gaillard le aclaró: “Lo hemos citado para el día de hoy porque a raíz de la acordada 11/23 esta comisión se notificó a partir de la disidencia del doctor Lorenzetti que usted había elevado un información que la comisión había requerido a la Corte y pedimos que sea enviada con 24 horas y fue recibida anoche a última hora”, por lo que le solicitó a Marchi su presencia la próxima semana porque “mucha de esa información no la hemos podido verla en detalle y con precisión y profundidad que queremos”.

El funcionario confirmó su presencia manifestando: “No tengo ningún problema, me parece totalmente lógico porque son 20 mil fojas, cuatro informes, un acta final, 30 recomendaciones y me parece muy prudente y beneficioso que todos ustedes lo puedan leer en profundidad y se puedan discutir adecuadamente”.

Previo a las preguntas, pidió hacer algunas salvedades: “Quiero dejar en claro que la situación en la que vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con la diputada (Elisa) Carrió. La causa se encuentra en trámite. Públicamente ustedes saben que yo he pedido dos recusaciones por el tiempo transcurrido porque me parecía un tiempo totalmente prolongado cuatro años y medio paradas las causas cuando, en realidad, en instancias anteriores se demoró menor tiempo, una de ellas fue rechazada en menos de 24 horas y la otra fue rechaza cambiando la jurisprudencia”.

“Si bien son cuestiones que acepto como los fallos como debe ser, como este juicio lo voy a seguir en tribunales internacionales y con el mayor respeto a la exdiputada Carrió, me voy a tomar reserva de algunas cuestiones porque tiene que ver también con el Juicio Político hacia el juez Lorenzetti que me incluye en donde las denuncias formuladas tienen que ver, en su mayor parte, con esta demanda que está en trámite con el agregado del tema de la obra social en donde estoy señalado puntualmente y en donde me gustaría dar las respuestas que correspondan”, planteó.

Marchi denunció que “en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver mi persona. No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero si en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante”, afirmó.

El testimonio

Fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau el encargado de abrir el interrogatorio preguntándole respecto a su llegada a la Corte, a lo que Marchi contestó que fue por su trayectoria y aclaró: “No soy kirchnerista ni de cambiemos porque en las distintas etapas de los gobiernos he sufrido pintadas de que era de uno o de otro y tuve bravas discusiones con todos judicialmente, pero siempre defendiendo los intereses del Poder Judicial”.

“Recibí un llamado de Lorenzetti cuando yo estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda de mi provincia. A partir de mi gestión en Santa Fe me propuso la idea de charlar con todos los ministros de la Corte de venir a trabajar en temas presupuestarios y económicos que estaban totalmente olvidados en la Corte Suprema”, contó e indicó que fue director en el 2007, en el 2008 estuvo como subadministrador acompañando un mes a Nicolás Reyes.

En esa línea, recordó que al llegar la Corte Suprema tenía un estado muy “difícil. No estaban ni los foquitos de la entrada. Lo primero que hice fue poner iluminación para que haya transparencia. Había fondos de presupuestarios, no había un circuito administrativo armado y no había una estrategia financiera armada”.

“Todos los ministros me pidieron algo, pero especialmente el doctor Carlos Fayt me dijo si tenía la suficiente fuerza para defender al Poder Judicial fuera del Poder, pero por sobre todo dentro para arriba y para abajo. Yo me comprometí con el doctor en hacerlo y me dijo que si no lo hacía no podía seguir estando en el Poder Judicial y menos en la Corte. Esa fue mi llegada”, relató Marchi y aclaró que durante 16 años trabajó los miembros de Reyes y lo acompañaron con el manejo del dinero “todas mujeres, no tengo hombres dentro de la administración que manejen el presupuesto. Estoy honrado de que mujeres hayan hecho tan hermoso solamente con la estrategia que fijé, me duele cuando se duda del trabajo realizado”.

Y volvió a denunciar que “la administración que realizamos ha sido desguazada y he sido trasladado, en lo cual los funcionarios están siendo amenazados”.

El funcionario precisó que en 2015 se suprimió la Secretaría General de Gestión y las áreas se unieron a las de la Secretaría General de Administración. “Se hizo para buscar mayor eficiencia y evitar menores costos”, explicó y criticó que “tenemos menos personal a pesar de las áreas creadas. La planta de personal habilitada es de 4.700 empleados, y la ocupada es de 2.500 o sea que está prácticamente en la mitad, la mitad de los cargos están vacantes y parte de la política de responsabilidad fiscal obedece a eso”.

Por otro lado, informó que las acordadas antes de su resolución tenían que pasar por todas las áreas competentes dependiendo del tema que se trataba. “Esa era la costumbre por solemnidad se tenía que hacer”, remarcó y alertó que “esa formalidad hoy en día no se respeta totalmente”.

“Hay muchos cambios que a mi me generan dudas como por ejemplo que la mesa de entrada de la Secretaría General de Administración pase a la Secretaría General de Asuntos Jurídicos. Se destruyeron todas las auditorías vigentes”, planteó el santafecino comentó que “nadie” habló con él respecto a su desplazamiento.

Al ser consultado por Moreau sobre la Supervisión en la Obra Social explicó que el sistema “venía de un deterioro que hizo explosión en pandemia. En ese momento Maqueda, que estaba a cargo, me llamó y me preguntó cuáles eran los principales problemas que podría haber ahí. Para mi el problema era con los prestadores que tenían aranceles muy bajos y por otro lado que había un grave problema al no tener un sistema informático. Ahí se creó la Comisión de Informatización Judicial de la Nación de la cual fui presidente. A los cuatro meses entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general para que la Obra Social le agregue sus especificaciones, pero no pasó nada y los problemas aumentaron. Ahí me designaron y se hizo un diagnóstico de donde salió la acordada y di las recomendaciones de lo que se podía hacer. Ese fue el primer informe”.

Al respecto, indicó que en dicho informe destacó los tres problemas que detectó: de tipo orgánico donde había un directorio unipersonal que tomaba las decisiones y delegaciones a personas para tomar actos importantes; había cargos vacantes de mucha importancia y las locaciones de servicio. “Aconsejé que se incorporara a un contador y a un abogado del Poder Judicial porque son los que más conocimientos tienen de lo que es la Obra Social”, contó.

“La Obra Social cuando yo ingresé estaba fundida, no tenían ni para pagar los sueldos”, lanzó Marchi y destacó que la Secretaría General de Administración logró salvar la Obra Social.

Además, sostuvo que hubo tres meses de 2021 donde “se produjeron los tres primeros informes. El primero era un diagnóstico, el segundo avanzaba con el primero y el torcer informe marca una serie de deficiencias en la obra social. El informe cuarto fue entregado a la presidencia y recibido por Silvio Robles”.

“Robles era el vocero de Rosatti dentro de la Corte, él hablaba con los directores y era una cuestión con la que yo no estaba muy conforme. La manera de manejarse de esta persona llevaba indicaciones a los directores de parte de Rosatti o de parte de los tres ministros, cosa que no me consta y por lo que algún ministro me ha reclamado no le entregó el informe cuatro”, describió.

Por otro lado, explicó que el Fondo Anticíclico de la Obra Social firmada por los siete ministros de la Corte se creó a partir de los excedentes que se generaron a partir de la política de salarios altos. “Los ministros determinaron que parte de ese dinero pase a la Corte Suprema y fue el directorio de la Obra Social el que fijó el montó para transferir. Eso no implica manejar la Obra Social porque queda con su dinero para manejarse”, precisó y opinó que la Obra Social en materia de gestión financiera “es un desastre” porque “hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque no hacen los plazos fijos y eso remunerado en 8 meses implica perder 3 mil millones de pesos para la obra social”.

“Esta Auditoría que estuvo unos años, lo que hicimos fue detectar todas las falencias de una Obra Social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, planteó el administrativo.

En suma, el funcionario subrayó que Maqueda supervisaba y estaba la tanto de todos los actos que se realizaban. “El doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que se autoricen porque nada se hacía sin la autorización de Maqueda. Cualquier movimiento en la Obra Social tenía que ser autorizado por él. Hay un cúmulo de erogaciones que tiene que ver con la compra de medicamentos de compra directa sin expedientes, sin dictámenes, solamente con una orden de arriba”.

“Tonón, a propuesta de Maqueda, fue presidente de la Obra Social. Él empezó como auditor de la obra social”, aseguró el contador y afirmó que Maqueda estuvo “casi 10 años como responsable de la Obra Social”.

En una breve interrupción, la oficialista Mara Brawer le solicitó al testigo que expliqué qué informe no entregó Robles y a quiénes.

“Primero hubo reticencia a aceptármelo. Nadie quería recibirlo al informe cuatro, lo mandé de prepo a presidencia y lo recibió el señor Robles. Al doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás, pero obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte porque si todo fuese por los carriles normales, no ocurrirían este tipo de cosas. El traslado que han hecho de mí, luego de mostrarles cómo está la administración, obedece al informe cuatro que está la punta del ovillo porque involucra al doctor Altave que fue propuesto por Rosatti y Robles lo escondió, por más amenazas que tengo, pero lo voy a decir”, denunció.

“La informalidad llegó para quedarse en la Corte. El informe cuatro es el ovillo y generó mi trasladó. También hubo otro tipo de informalidades a las que me opuso porque se usaron aparatos por fuera de mí y de mi administración. Es muy grave. En diciembre el señor Robles eliminó el mail del presidente de la Corte y dio la orden al director de sistema que manden todo al mail de él”, planteó.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14, en lo que fue la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comenzó este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello habían citados a declarar Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; más los funcionarios del Poder Judicial Oscar Fernández y María Guadalupe Burgos. También fueron convocadas Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN y que lo harían en su calidad de “damnificadas”.

Como suele suceder cada semana, hubo ausencias. Según se anunció al inicio de la reunión, Gustavo Montanini, perito de la Corte, anticipó que no podía concurrir esta semana, pero sí lo haría en una próxima oportunidad, por lo que será reprogramado.

Caso especial era el de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, cuyo caso mereció una votación para que volviera a ser citado. Sucede que había enviado la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran. La respuesta fue que debía asistir igual y, en todo caso, no responder las preguntas que pensaba podrían llegar a comprometerlo.

Previo a la ronda de preguntas, la diputada Vanesa Siley (FdT) remarcó la importancia de abordar el tema, porque “es una de las causales que es transversa,l porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”, y planteó que “hay que hacer un abordaje lo más completo, pausado y detenido posible”.

“Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, indicó.

Al respecto, planteó la solicitud de expedientes de contrataciones y licitaciones para tener la información concreta, a lo que la diputada Oliveto sugirió pedir cómo se hizo el muestreo: si fue por forma aleatoria o por incidencia económica.

La reflexión de los diputados

Al pedir la palabra, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto remarcó la importancia del control de la Auditoría General de la Nación en relación al “manejo de fondos del Poder Judicial, porque hay un tema que nos interpela y una deuda que tenemos desde el ’92, que es la Ley de Administración Financiera que obliga a los poderes y a las empresas estatales a seguir ese sistema. Es una deuda que tiene la democracia”.

“No hemos modificado la Ley de Administración Financiera y tampoco este Congreso ha exigido que la Auditoría General se adapte a auditar a otros poderes del Estado y empresas públicas mediante convenio y tampoco que las empresas no se manejaran como sociedades anónimas sino con la Ley de Administración Financiera”, planteó.

En consonancia con lo expuesto previamente, Siley agregó que el informe arrojó “la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está la obra social. No se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia”

“En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias”, describió Siley y propuso: “Deberíamos poder hacer como Congreso de la Nación y regular una ley que determine en la Obra Social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud”.

Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, remató la oficialista. Acompañaron sus palabras sus compañeros de banca Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade. También adhirió la diputada Graciela Ocaña (Pro) para que el Congreso “establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general. Tenemos que trabajar por la transparencia”.

La palabra de los testigos

La primera interrogada fue la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema, quien ratificó el informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social. “El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años”, respondió ante la consulta de Siley y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.

Además, contó que fue el equipo en su conjunto quien determinó el modo en que iban a llevar adelante la auditoría y fue consultada sobre los aspectos de la obra social que fueron auditados: “La resolución disponía que efectuáramos una auditoria que fuera financiera, económica y de gestión. Esa fue la disposición de la resolución”.

“La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo”, explayó en sus respuestas.

Al respecto, Siley consultó sobre la importancia del cargo de subdirector médico que “durante 13 años estuvo vacante”, ante lo que Interlandi explicó: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución. Es un cargo que siempre debe estar cubierto. Es importante que haya un director y subdirector médico”.

“No tengo presente quién tenía la facultad de designar esos cargos. Se podría consultar”, aclaró la testigo, a lo que la diputada oficialista retrucó: “El informe cita al estatuto que dice que es facultad de la Corte Suprema”. Además, aseguró que “la función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo”.

“La creación de la Comisión fue para hacer un relevamiento de los procedimientos que llevaba a cabo la obra social y a eso nos abocamos a evaluar esos procedimientos. En cada caso pusimos de manifiesto lo que encontrábamos con la documentación que nos brindaban”, explayó.

Por otro lado, Siley interrogó sobre la farmacia de la obra social a lo que Interlandi contó: “Mi impresión respecto de la entrevista fue de colaboración. Respecto de la situación de la misma está volcada en el informe”.

“Las modalidades de la dispensa de medicamentos se dividen los de alto costo por un lado que son los oncológicos y, por otro lado, los relacionados a enfermedades permanentes o tratamientos crónicos que se entregan en la farmacia de la obra social. Los pedidos se hacían dos veces por semana, incluían los de alto costo y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual en la farmacia y pusimos una limitación del sistema que no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora”, comentó la médica legista.

A su vez, aseguró que hicieron una evaluación de la farmacia de la obra social, pero no de Farmandat S.A y mencionó que “hay una causa judicial con este tema”. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, ratificó Interlandi y aclaró: “El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio”.

En esa línea, Siley insistió en que “todo tiene incidencia sobre la salud porque una persona que va a la farmacia y necesita un medicamento y no lo consigue… todo deviene cuando se trata de una obra social”.

Por otro lado, le consultó por los medicamentos vencidos, a lo que la médica indicó que en el informe hicieron notar que “no se prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos”.

“Lo primero que se sufrió durante la pandemia fue la restricción de los tratamientos odontológicos en general por lo que imponía a los pacientes a hacer ese tipo de tratamientos. No sabemos los motivos y los actos administrativos de esa fundamentación”, explicó y sumó: “Desconozco si se comunicaban las falencias de los sistemas a la Corte”.

En tanto, remarcó la importancia de contar con una auditoría interna y con un auditor. Siguiendo con las consultas, Siley detalló que el índice de litigiosidad aumentó 300% entre 2008 y 2021 y preguntó por los motivos de las demandas. “Medicamentos, cirugías, prótesis, coberturas problemáticas, prestaciones geriátricas, falta de representación, etc.”, detalló la testigo y negó haberse reunido, previo a su designación, con Rosatti o Robles.

A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade le consultó por la modalidad en la compra de medicamentos y prótesis. “Si mal no recuerdo, es por compra directa”, respondió la funcionaria judicial.  También la interrogó por las autorizaciones de cada área.

“Tuve entrevistas con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración por parte de todo el sistema”, contestó la doctora.

A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada.

“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría una auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.

Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.

“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque “no hay. Hay un problema serio de espacio”.

Al ser consultado por Siley por la delegación de firmas ante los cargos vacantes, explicó: “Lo analizaron los abogados, puedo asegurar que todos los lugares que no se cubren oficialmente se cubren funcionalmente porque alguien hace el trabajo, no está el cargo designado con una persona con responsabilidad”.

“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino a transitar y permite y conocer los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó no contaba con presupuesto que hacia la obra social y desconozco si se elevaba a la Corte algo, pero nos dijeron explícitamente no tener presupuesto. Esto sucedió durante los 13 años, los pedimos al directorio y nunca nos dieron nada”, informó y sumó que la obra social “no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”.

En esa línea, contó que se reunieron con los profesionales que hicieron el estado contable quienes hicieron a lo largo de 13 años “varias observaciones mencionando las dificultades que tenías, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos”.

“No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades”, aclaró el testigo.

En su declaración, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con Horacio Rosatti para tratar las deficiencias en el sistema administrativo. La testigo aseguró que renunció a la administración de la obra social por “motivos personales” y no por diferencias con sus superiores.

Además, la contadora explicó que “todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio”, aunque aclaró que, entre otros puntos, confirmó que “no había registros contables” en la obra social.

“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección que luego asumí”, contó y expresó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé”.

También testificaron la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN, Laura Coulin y Liliana de Brito.

Finalmente la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes acudir al juez federal de turno para que arbitre las medidas necesarias para hacer comparecer al doctor Marcelo Jorge Mazzeo, quien se ha negado hasta ahora a comparecer ante la misma.

El citado profesional fue citado en dos oportunidades para responder sobre su aparición en los chats filtrados del celular de Marcelo D’Alessandro. Mazzeo no respondió formalmente justificando su ausencia, sino que lo hizo a través de las redes sociales, donde sostuvo que se pretende “utilizar como prueba de cargo lo que (la comisión) recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido”.

Quiero dejar bien en claro que en ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del telefono de @MarceDaless fueran reales, dije que mantenía conversaciones con el por trabajar hace años juntos.
Del hackeo de su teléfono surge, agregados, edición y manipulación

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

Tras su primera ausencia, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard había señalado que se lo volvería a notificar de la citación, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”. Y ante un segundo faltazo, se resolvió finalmente este martes apelar al juez de turno, por cuanto el testigo convocado “no compareció, ni justificó” su ausencia, por lo que la comisión solicitó “se arbitren las medidas necesarias para que comparezca, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.

Aclarando que los integrantes de la comisión ya habían recibido el texto que votarían, se aprobó a continuación -solo con los votos del oficialismo- disponer las medidas que permitan hacer comparecer a Mazzeo así sea por la fuerza pública”.

También voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14. Es la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comienza este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

El único convocado que anticipó que no podía estar es Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo la décima audiencia con testigos este martes 18 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, para iniciar el tema referido a la obra social del Poder Judicial.

Los convocados a declarar son Aldo Tonon, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN); la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA, y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.

En el encuentro anterior testificaron el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano quien aseguró “nunca” haber hablado con la doctora Highton de Nolasco del caso Muiña. También se presentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri, en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

Al respecto, Torello en la sesión del Senado de este jueves ratificó su decisión de no declarar porque “no me voy a prestar a este circo”.

Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2×1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.

La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.

El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.

El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara “con quién hablaban”.

A la sesión de la Comisión de Juicio Político convocada para este martes, asistió Gladys Cuervo, única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet. Jefa de enfermeras del servicio de traumatología del Hospital Posadas, Cuervo fue secuestrada por el grupo de tareas que se conoció como Swat y que integraba Luis Muiña, durante los años del Proceso, y su testimonio fue el primero en escucharse en la reunión de este martes. Un testimonio en el que a instancias de las preguntas que le formularon, llegó a detallar el tipo de torturas que sufrió durante su cautiverio.

Quien requirió esos detalles fue el diputado Rodolfo Tailhade, y cuando la testigo se retiró, la radical Karina Banfi reaccionó cuestionando que se le hubiese preguntado y repreguntado a Gladys Cuervo sobre lo que vivió durante su tiempo de detención. “Es una vergüenza que utilicen el dolor para sacar provecho político”, exclamó la diputada radical, a lo que la presidenta de la misma, Carolina Gaillard aclaró que “vamos a respetar la Constitución y el reglamento y nos vamos a apegar a las formas”, pero advirtió que no iba a permitir “más comportamientos indebidos”.

El testimonio de Gladys Cuervo

La enfermera del Posadas que expuso en primer lugar contó que Luis Muiña “integraba la patota paramilitar denominada Swat… Pero no se llamaba así, la habíamos denominado de esa manera los trabajadores del hospital en referencia a la serie”. Contó además que pudo reconocerlo años después porque Muiña, junto a otros, “se paseaban impunemente por todo el hospital, con armas largas, uniformes de fajina, a cara descubierta. Aunque en el centro clandestino se tapaban las caras, les conocía las voces. Soy enfermera y estoy muy acostumbrada a conocer las posturas de las personas”.

En su testimonio, hizo un reconocimiento al presidente Raúl Alfonsín por haber juzgado a las juntas militares, cosa que a su juicio no hubiera hecho otro presidente. Y respecto de Luis Muiña, contó que había sido juzgado en principio y le dieron solo 13 años de cárcel, en lo que definió como un fallo “muy benévolo”.

Al cuestionar el 2×1 por el que fue beneficiado, dijo que al enterarse sintió como si le rompieran el esternón y las costillas a golpes, y atribuyó esa decisión a “un sistema corporativo”. Contó que se había enterado de que el juez Carlos Rosenkrantz había instruido a dos miembros de su vocalía para que eligieran un caso. Federico “Morgenstern eligió a Muiña porque nadie lo conocía, no era mediático. Pero nosotros, los afectados por sus acciones, sí lo conocíamos”.

Al preguntarle el diputado Hugo Yasky si interpretaba eso como una amnistía, la testigo dijo que “después se tuvo que retrotraer todo eso. Si hubiese pasado eso, hubiese sido una amnistía encubierta. Nadie duda qué partido es el sucesor del partido militar”.

No fue la primera vez que habló de un partido como el sucesor del partido militar. Más tarde atribuyó el fallo de la Corte que posibilitó la postura de la jueza Elena Highton de Nolasco a su intención de “prolongar su estadía” en el tribunal.

¿Cómo se enteró, a raíz de qué tomó conocimiento de esta versión?, le preguntó el diputado Tailhade. “El partido judicial es un partido corporativo, filtran datos, ahí me enteré, no voy a decir por quién”, respondió Gladys Cuervo, ante lo cual el mendocino del Pro Omar De Marchi le insistió para que dijera quién le había contado.

“No voy a decir quién me lo dijo, me guardó la fuente, como los periodistas”, replicó la mujer de 83 años.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, le agradeció la presencia y lamentó su padecimiento, pero le preguntó a la presidenta de la comisión en calidad de qué la habían convocado. Si había sido citada por el fallo en sí mismo. “Empezamos a trabajar en la comisión por causas. Las denuncias han propuesto testigos”, dijo Gaillard, que vinculó el tema al caso Schiffrin en el que se discutió la validez de una cláusula de la Constitución Nacional sobre la edad en la que los jueces deben jubilarse, en referencia a Highton de Nolasco, que siguió en el cargo más allá de haber cumplido 75 años.

“Mi opinión personal es que hay un partido que vino a continuar la obra del partido militar”, volvió a repetir Gladys Cuervo, a quien el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro pidió que diera el nombre de quienes le habían contado la vinculación entre el fallo del 2×1 y la jubilación de la jueza Highton. “No puede negarse a decir la verdad en cuanto a los nombres de quienes le han dicho esto, que Rosenkrantz instruyó así a sus colaboradores”.

“Fueron personas que yo conocía un poco de paso”, respondió la testigo, aclarando que no recordaba los nombres.

El diputado Fernando Iglesias le preguntó sobre las reiteradas afirmaciones que había hecho a un partido sucesor del partido militar, señalándole si se refería “al que estuvo a favor de la autoamnistía, al que firmó el pacto militar-sindical, al que se opuso a la Conadep y al Juicio a las Juntas”. Fue una clara e irónica referencial al peronismo, que la enfermera contestó diciendo: “En principio sí, después digo que tuvo más sucesores, pero son especulaciones mías”.

Tal como había anticipado, el senador nacional José Torello no concurrió este martes a la reunión de la Comisión de Juicio Político que lleva a cabo el proceso de jury contra los miembros de la Corte Suprema. Al respecto, la titular de la comisión Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) anunció que lo citarán nuevamente y que, en caso de que no vuelva a compadecer, “elevarán las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan”.

El legislador nacional había sido convocado como testigo a la reunión que se dedicará al tema del 2×1 que en 2017 habilitó la Corte Suprema para casos de lesa humanidad, tiempo en el cual Torello oficiaba como asesor del Gobierno de Mauricio Macri.

Tal como había anticipado parlamentario.com, Torello le envió una nota a Gaillard y justificó su ausencia amparándose en los fueros que tiene como senador nacional y consideró que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación“. También argumentó que “al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Tras leer la misiva, la entrerriana planteó: “El doctor Torello tiene la obligación de comparecer porque ha sido citado como testigo, no como imputado en ninguna causa. Los fueros le dan inmunidad al senador de arresto, de proceso y de opinión. Nosotros aquí no lo estamos convocando a un proceso donde es imputado, sino que es en calidad de testigo y todos los ciudadanos de la Argentina por el Código Civil 240 estamos obligados a concurrir cada vez que somos citados en carácter de testigo”.

“No corresponde el tema de los fueros, porque el fuero le da inmunidad de arresto y no es el caso, inmunidad de opinión y esto no tiene nada que ver con su opinión como legislador, sino que tiene que ver con hechos anteriores a que el ejerza o asuma su rol como legislador y tampoco está en el marco de un proceso en el que se lo está llamando a indagatoria sino como testigo, por lo cual tiene la obligación de compadecer”, manifestó.

En ese sentido, Gaillard anunció que se le volverá a reiterar la citación y advirtió que “si volviera a incompadecer se le va a elevar las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente, en este caso a la presidencia del Senado para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan por esta incomparecencia”.

Además, la presidenta de la comisión aclaró que “el Dr. Torello no ha manifestado ni voluntad de declarar por escrito. El tema que él sea llamado como testigo para aportar a la causa, no inhabilita que después pueda ser parte de, si se constituye en tribunal y el juicio político avanzara y fuera al Senado, no obstaculiza que él participe por la representación que él invoca y porque su testimonio está siendo útil para los hechos para los cuales se están tratando de deslindar responsabilidad”.

Tomó la palabra el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, y respaldó la decisión del senador porque “él va a ser juez eventualmente si este proceso prosperara”. “Siempre me pareció descabellado de que el gobierno de Macri haya estado detrás del caso 2×1”, expresó López y denunció que se está involucrando en el caso a Torello para que “haya un senador menos y para que puedan recusar a un senador a la hora de decidir sobre la suerte de los jueces de la Corte. El senador no debería declarar y que, en caso de que lo haga, que sea por escrito”.

De la vereda de enfrente recogió el guante el presidente del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, y apuntó contra el senador Torello: “Lo que expresa respecto de la cuestión específica de la situación que se puede dar de qué pasa si viene a testimoniar acá y después le toca desempeñarse como juez, es un disparate”.

“No fundamenta, está totalmente equivocado. Nosotros los que somos diputados y vale para los senadores también, no nos podemos desentender del deber que tenemos de ejercer el cargo, la responsabilidad y la función por la cual recibimos el voto popular. Las instituciones de la recusación no tienen nada que ver con el juicio político, no es un juicio penal. Es un disparate”, remarcó Martínez.

El diputado insistió en que “viene en calidad de testigo y va a jurar decir la verdad. Es un senador de la Nación que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros y hablar de la cuestión de qué puede pasar si le toca desempeñar la función en el Senado me parece que va en absolutamente en contra de lo que tiene que ser”.

“Lo que plantea el senador Torello es un absurdo total”, lanzó el diputado Rodolfo Tailhade y sumó: “No entiende lo que significa la inmunidad funcional. Él no se puede negar ni siquiera ante un juez penal que lo está llamando como imputado, mucho menos una declaración testimonial como la que estamos buscando”.

Al respecto, Tailhade adelantó que pedirá la “dispensa de la inmunidad”, que será una suspensión momentánea de la inmunidad funcional.

En la que representa su octava reunión en este proceso que siguen de enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Comisión de Juicio Político realiza su debate de este martes estrenando una nueva modalidad: avanzar con el debate “por temas”.

Así, inaugura esta modalidad poniendo eje este martes en el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo de 2017, en beneficio del represor Luis Muiña. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que busca relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

En rigor, esta parte del enjuiciamiento no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso de Luis Muiña.

En el transcurso de esta jornada el oficialismo busca involucrar a los funcionarios de Mauricio Macri de entonces con el voto de Highton de Nolasco, para concederle a cambio la posibilidad de permanecer en el Tribunal Supremo a pesar de haber cumplido 75 años. Recordemos que la última mujer que tuvo esta Corte Suprema permaneció en el cargo hasta los 79.

Atento a esta situación, los exfuncionarios convocados para este martes no asistieron a la reunión. El exministro de Justicia Germán Garavano argumentó estar de vacaciones y dispuesto a concurrir en otra oportunidad. Fabián Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y se sabía de antemano entonces que no concurriría, y tampoco asistió el senador José María Torello, quien se amparó en sus fueros para tomar tal determinación y así se lo  hizo saber a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a través de una nota enviada en vísperas de esta reunión.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves que se desestime la denuncia presentada por el oficialismo contra el juez federal Sebastián Ramos por falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero cuando se presentó ante la Comisión de Juicio Político -en el marco del proceso contra los miembros del máximo tribunal de justicia- y negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia.

El fundamento de la denuncia presentada fue porque Ramos dijo que no estaba alcanzado por “las generales de la ley” (vínculos tales como parentesco o interés con las partes) y negó, ante una pregunta directa, tener un “vínculo sistemático” con el funcionario porteño.

Según los diputados oficialistas, mintió y eso quedó a la vista después de que se conocieron supuestos chats -que los legisladores dieron por ciertos- entre el magistrado y D’Alessandro en los que hablaban con familiaridad.

“Vengo a postular la desestimación de la denuncia que origina estos actuados”, comienza el dictamen de Marijuan presentado ante el juez Sebastián Casanello que también está a cargo actualmente del juzgado federal 9.

Para el fiscal, no surgen respuestas falsas a las preguntas de la Comisión y sostuvo que la presentación del oficialismo alude a “supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia”, por lo que “no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.

“La denuncia refiere -relató Marijuan- que el testigo Sebastián Roberto Ramos en su declaración fue interrogado respecto de si mantenía algún vínculo sistemático con Marcelo D´Alessandro, a lo cual contestó negativamente. Que de los chats que se hicieran públicos después de la reunión de comisión, surge que habrían mantenido un intercambio por WhatsApp donde se vería demostrada una relación de confianza entre ambos”, plantea.

Al respecto, para Marijuan los hechos denunciados “no constituyen delito”, y explicó que “el falso testimonio debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial, y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición”. Además, el fiscal destacó que la supuesta relación es con D’Alessandro, que no es a quien se está investigando en el Congreso.

“No obstante, tampoco surge de la denuncia de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”, afirmó Marijuan y que subrayó que la consulta a Ramos no fue si conocía a D’Alessandro sino si tenía con él un “vínculo sistemático”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) se refirió al proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y denunció que “hay gobernadores que tienen cuestiones en la Corte por las que reciben presiones”.

En declaraciones a Radio Nacional, el kirchnerista explicó: “En la Comisión el bloque del Frente de Todos no tiene integrantes que respondan a gobernadores que se hayan negado a firmar en su momento el documento con el presidente instando el juicio político. Somos 16 los miembros del bloque oficialista en la Comisión de Juicio Político y estamos trabajando de manera armónica. Desde esa perspectiva, si nosotros consideramos que tiene que haber un dictamen acusatorio no vamos a tener problemas en la Comisión”.

“El recinto el problema que tenemos y, ni siquiera me pongo a pensar si hay gente de nuestro espacio que no va a acompañar eso en función de que los gobernadores están en contra o también de que los gobernadores están siendo apretados por miembros de la Corte, que también está pasando”, lanzó.

Y reiteró: “Hay gobernadores de provincias argentinas que tienen cuestiones muy importantes en la Corte sin resolver y están siendo objeto de presiones, entonces más allá de si tenemos la totalidad de los 118 diputados del frente alineados con esto, lo cierto es que nosotros no nos estamos planteando llegar al recinto en lo inmediato porque sabemos que no contamos con los dos tercios que son necesarios para aprobar el dictamen”.

A su vez, remarcó: “Lo que tenemos que hacer es una investigación profunda y seria, que termine eventualmente en dictámenes acusatorios”, y planteó que “desde la política, manejar los tiempos en los que vamos a llevar eso al recinto”.

En ese sentido, explicó: “Cuando Néstor asumió en 2003 él se encontró en Diputados con varios dictámenes acusatorios firmados contra los miembros de la mayoría automática. Decidió mandar al recinto el de Nazareno y el de Adolfo Vázquez los dos cobardes renunciaron y por lo tanto no hubo juicio político en el Senado”.

“En el 2004 mandó el de Eduardo Moliné O’Connor titular de la mayoría automática que si se animó al juicio y terminó siendo destituido”, sumó y planteó: “Entonces nosotros tenemos tres años para manejar desde la política el momento que nosotros vamos a llevar eventualmente los dictámenes al recinto y seguramente en el momento que decidamos llevarlos es que no vamos a tener dudas de que todo nuestro bloque va a estar alineado y seguramente vamos a conseguir algún sector más que nos acompañe, esa es la situación”.  

En su intervención durante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el diputado oficialista Leopoldo Moreau volvió a lanzar munición gruesa contra el Poder Judicial al plantear que “en su más alta jerarquía, tiene enquistada una mafia”, y le pidió a la oposición que “no sean cómplices de esta camarilla corrupta”.

“Para el sistema político argentino ignorar la existencia de un Poder Judicial que, en su más alta jerarquía, no solamente en la Corte, sino en Cámaras Federales y juzgados, tiene enquistada una mafia”, comenzó su alocución.

En ese sentido, planteó que “esto afecta severamente el sistema institucional del país. Desconocer el significado que tiene la banda de lago escondido, donde muchos de los que participaron de esas conversaciones confirmaron la existencia de esas conversaciones. No impulsar en el ámbito del Consejo de la Magistratura que se esclarezca este tipo de situaciones es de una gravedad inusitada porque es dejar a la honra de las personas librada a un grupo de delincuentes que habían aceptado de parte de una empresa a viajar en aviones de lujo, que por supuesto habían incurrido en el delito de dadivas que luego escuchamos cómo iban a tapar esos delitos con delitos aún más graves”.

“Sobre todo, me parece de una gravedad inusitada que el Consejo de la Magistratura que hace mucho tiempo no esté funcionando porque efectivamente fue asaltado precisamente para dejado paralizado. Fue asaltado para no reemplazar camaristas que fueron puestos a dedo, otra aberración”, denunció Moreau.

El kirchnerista, recordó que “la propia Corte en algún momento dijo que sus propios camaristas deberían ser reemplazados que, no solo llevan adelante persecución política, sino que además están allí para limpiar todas las causas que involucran al expresidente Macri”.

“El show alcanza a una oposición que no sabe cómo hacer para tapar la podredumbre de un Poder Judicial que se está cayendo a pedazos. Se está terminando un ciclo de la complicidad de este Poder Judicial con grupos de poder económicos. El ciclo de quienes dictan medidas cautelares para determinadas empresas que son las que practican las invitaciones que terminan en delitos de dádivas, sigan cobrando tarifas por encima de la inflación del país”, disparó.

Y cerró con un pedido a JxC: “No sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial, en la Corte donde se han traficado fallos y sentencias que el presidente tiene como principal colaborador que no sabemos si es el quinto cortesano. Rosatti le podría dar mucho a la Argentina si se deshace de Robles y demuestra que él no tiene nada que ver con este personaje”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de la oficialista Carolina Gaillard, recibió en la reunión de este martes- en el marco del pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema- a cuatro nuevos testigos. Tal como lo había anticipado, el fiscal federal Carlos Stornelli se ausentó por segunda vez consecutiva.

El primer testigo interrogado fue el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y que él mismo ratificó días atrás en un intercambio que tuvo a través de Twitter con la periodista Cynthia García.

Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios CSJN, fue el segundo testigo en ser interrogado. Fue la diputada oficialista Vanesa Siley la que abrió la ronda de preguntas quien consultó si participó por las causas que son objeto del juicio político, el testigo respondió negativamente.

Respecto a si tiene vinculación laboral con los secretarios privados letrados de la vocalía de Rosatti, en concreto Robles, Garay contó que “no tiene vinculación”, y agregó: “El señor Robles lo he visto en la secretaría, pero no más que un buen día”. Asimismo, Siley preguntó por la participación de un chat laboral y quiénes participan a lo que el testigo aclaró: “Es con los miembros de la secretaría”.

A su turno, de la vereda de enfrente Álvaro González (Pro) le consultó quién lo había designado y quién era presidente de la Corte, a lo que Garay recordó que fue Enrique Petracchi, pero no recordaba quien era el titular del máximo tribunal. También le consultó respecto de quién le firmó el pase a la Secretaría de Juicio Originarios y le retrucó: “El presidente de la Corte en ambos casos era el doctor Lorenzetti y el que firmó también fue él”.

Luego fue el turno del kirchnerista Rodolfo Tailhade apuntó directamente su consulta por el expediente, que se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios, de Santa Fe contra Estado Nacional sobre la acción declarativa de constitucionalidad tramita un incidente de regulación de honorarios promovidos por el doctor Rosenkrantz que pidió más de 400 mil millones de pesos por haber representado a la provincia de Santa Fe. “La hipótesis tiene que ver con que el doctor Rosenkrantz intervino en temas de exclientes así que mas tarde voy a pedir unas medidas de prueba sobre este expediente”, adelantó Tailhade.

De forma breve, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, consultó: “¿Tiene una noción aproximada de la cantidad de casusas que tramitan por año?”, a lo que Garay respondió de forma negativa.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque radical, Mario Negri, que le preguntó al testigo si sabía el motivo de la citación. “Nada, solo escuché el apellido de mi padre, nada más que eso”, sostuvo Garay, a lo que Negri ironizó: “Vio luz y entró”.

La titular de la Comisión puntualizó su consulta por la causa de Coparticipación. “No recuerdo haber tenido participación ni haber despachado ninguna providencia en las causas de referencia”, afirmó Garay. Gaillard volvió a insistir sobre lo mismo, pero la respuesta que encontró fue negativa.

Al ser interrogado Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía Dr. Rosatti CSJN, Siley pidió saber cuándo ingresó al máximo tribunal a lo que el testigo afirmó que fue en el 2004 como secretario letrado y en el 2016 fue convocado a integrar la vocalía de Rosatti.  Además, aseguró que los expedientes se los asigna el presidente de la Corte.

“A partir de la cuarentena empecé a remitir informes a las casillas de correo a Robles y Monayer dirigidos a Rosatti para que se le acerquen los mismos. Antes se dejaban en papel en la mesa de entrada”, explicó Garay y contó que tiene un chat “directo” con ellos dos y uno colectivo con los otros integrantes de la vocalía donde ellos también están. “El chat colectivo en el 2016 sigue vigente, el chat de tres sigue vigente, pero en algún momento lo que hubo fue una limpieza de mensajes, la última fue en febrero, pero ha habido anteriores”, contó.

En el mismo sentido, Siley le preguntó si la relación que tiene con Rosatti es de forma directa a lo que el vocal relató: “Con él habitualmente me comunico por medio de la gente de mesa de entrada o a través de Silvio Robles o Monayer que me dicen cuándo me va a recibir”.

También hizo referencia a los daños que sufrió el despacho de Robles y Monayer producto de una inundación. “¿Conocía el desperfecto que sufrieron las computadoras?”, lanzó tajante Siley, ante lo que Garay manifestó: “No me consta que las computadoras de Robles y Monayer hayan quedado fuera de servicio”. Por otro lado, negó haber participado en las causas de Consejo de la Magistratura y Coparticipación.

En una breve interrupción, Juan Manuel López denunció que “estamos exponiendo a los funcionarios de la Corte a responder sobre causas en trámite y siendo que el presidente dijo el primero de marzo que él promovió el Juicio Político está muy claro que lo que hacer el bloque FdT es ser el brazo armado del presidente para inmiscuirse en causas judiciales”.

Más tarde, se hizo presente Natalia Monayer de la vocalía de Rosatti CSJN quien, ante la consulta del oficialista Leopoldo Moreau, contó que ingresó a la Corte en 2016 propuesta por Rosatti y que integra grupos de chats laborales con los miembros de la vocalía.

Moreau también consultó si recibe en su correo electrónico informes, proyectos de sentencias o información sobre el estado de las causas elaborados por secretarios de la Corte y secretarios letrados. “Secretarios de Corte no me envían por mail ningún informe, secretarios letrados de la vocalía si, son informes para el doctor Rosatti”, aclaró.

“¿Accede al sistema interno?”, preguntó el oficialista, a lo que la testigo informó que tiene clave del sistema por “el trabajo que realizo”. Sobre esto, Moreau volvió a preguntar: “¿Usted tiene clave?”, a lo que Monayer volvió a responder de forma afirmativa, pero el diputado insistió: “¿En función de qué jerarquía judicial si usted no es funcionaria letrada de la justicia? ¿cómo tiene la clave? ¿quién se la proveyó? Es un hecho irregular, pidamos informes al área de sistemas para saber a quién provee y por qué razón”.

Además, la testigo afirmó que comparte despacho con Silvio Robles y que el mismo sufrió daños este año. “Ninguna de las computadoras que está adentro del despacho sufrió daños”, aseguró Monayer.

“¿Estuvo presente en alguna audiencia de la Corte Suprema referida a coparticipación?”, interrogó Moreau, ante lo que la funcionaria contó: “Estuve en una audiencia, no estuve en toda la audiencia, sino que ingresé en un momento que se hizo entre las partes de ese caso ante los ministros de la Corte”.

Por el lado de la oposición, el diputado del Pro González inició: “Usted trabaja con Robles en el mismo espacio físico. Hay en esta Comisión todo un tema vinculado a una inundación que hubo a la que se le pretende atribuir daños que hasta ahora por lo menos en los testigos que escuchamos no han sido validados. Producto de esa inundación ¿hubo pérdida material tanto de computados y expedientes en el despacho donde ocurrió el siniestro?”.

“La inundación sucedió en varios pisos del edificio en lo que respecta al despacho donde estoy computadoras no se dañaron, expedientes judiciales tampoco, lo que se daño es el aire acondicionado, instalación eléctrica y esas cuestiones. Hay un área que realizó un relevamiento piso por piso y hay un informe hecho que a mí me llegó por mail”, explicó Monayer.

Tras finalizar la ronda de testigos, los diputados de la Comisión de Juicio Político protagonizaron durante la reunión de este martes un debate caliente con fuertes acusaciones cruzadas. En ese contexto, el oficialismo votó afirmativamente la citación del exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, propuesta de ampliación de prueba ofrecida por el diputado Rodolfo Tailhade.

También se sometió a votación la autorización judicial de la producción de prueba ya que, tal como explicó la presidenta de la Comisión Ana Carolina Gaillard, el reglamento dispone que debe ser por resolución fundada y explicó que “la prueba tiene que ver con las intercepciones llamadas en la causa Muiña y el 2×1”.

A su vez, comunicó que el próximo martes recibirán el testimonio de la audiencia 2×1: el exministro de Justicia Germán Garavano, el senador Pablo Torello, el doctor Fabián Rodríguez Simón, el doctor Santiago Otamendi funcionario del Ministerio de Justicia, el doctor Horacio Diez; Gladys Cuervo y Zulema Chester víctimas del Hospital Posadas; el doctor Morgenstern y el doctor Elías de la vocalía de Rosenkrantz.

“En cuanto al día 28 vamos a tener la audiencia de coparticipación para lo cual van a ser citados el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich”, informó Gaillard y aclaró que esa fecha puede modificarse ante el comentario del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, de que la Cámara “podría llegar a sesionar” ese día.

Gaillard también comunicó que la fiscal Laura Roteta pidió que se le reprograme su declaración para poder asistir ante la Comisión y que está a disposición a partir del 21 que “termina su licencia”.

Por otro lado, el diputado Pablo Tonelli (Pro) solicitó que se voté de forma nominal denunciar al juez Ramos Padilla por falso testimonio, pero la votación resultó rechazada con 16 votos en contra.

Al fundamentar su pedido, Tonelli planteó: “Usted nos comunicó que iba a ser una denuncia penal respecto del testigo Ramos porque suponía que podría haber incurrido en falso testimonio en la oportunidad de declarar ante la Comisión. Denuncia que se ha concretado y está en el juzgado 9”.

“La semana pasada le presenté un escrito y oralmente expliqué que el testigo Ramos Padilla había incurrido en notorias falsedades y mentiras y acompañé pruebas de esas mentiras porque él mintió cuando se refirió a un expediente que tramitó ante el Consejo de la Magistratura. Entiendo que siguiendo el mismo criterio que se aplicó en el caso del juez Ramos corresponde que usted haga una denuncia por falso testimonio respecto del juez Ramos Padilla. ¿La va a hacer? Propongo que votemos como una moción hacer esa denuncia”, explayó el diputado.

Fue el oficialista Leopoldo Moreau quien le salió a retrucar: “Reunimos información propia del expediente que el propio Ramos Padilla dejó acá respecto lo que se denomina en el Consejo una actuación de carácter preliminar. Dejó constancia de que fue el propio juez que dejó información sobre ese expediente”.

“Cuando el Dr. Ramos Padilla se refirió a esta cuestión, en primer lugar, no lo hizo en el tramo de las preguntas sino en el tramo de las generales de la ley, fue una expresión de carácter coloquial, fue una larga exposición en el que hizo referencia a esta investigación”, explicó.

Y siguió: “Investigación que, por otra parte, no salió de la nada. Esta investigación, es pertinente recordarlo, surge y vale la pena recordarlo ya que estamos hablando de la intromisión de los presidentes en causas judiciales, surge concretamente de una declaración que el 18 de marzo de 2019 en el programa de Luis Majul efectuó el presidente Mauricio Macri ‘pero esta no es la primera vez, Ramos Padilla ya hecho varias. Espero que el Consejo de la Magistratura con todas las pruebas que hay evalué seriamente si lo destituye’, ni siquiera le da la chance de tomar otra opción, ordena el presidente de la Nación que lo destituya”.

“En virtud de esa orden el ministro de justicia Garavano envía al Consejo instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez Ramos Padilla”, recordó Moreau y sumó: “Ramos Padilla dijo que fue acosado y perseguido en el ámbito del Consejo de la Magistratura por una denuncia del presidente Macri”.

Al respecto, defendió: “Ahí no hubo ninguna falsedad, fue una apreciación de carácter general, no distorsionó la realidad y hay sobrados antecedentes para demostrar que se llevó adelante durante 15 meses en el Consejo un expediente que tenía como objetivo satisfacer la demanda de venganza de Macri que quería expresamente vengarse del juez”.

“No me parece marco para pedir ningún tipo de sanción. Hubo persecución política de causas armadas en este sistema perverso que funcionó entre 2015 y 2019 en materia de espionaje ilegal y persecución política que no tiene precedente en la historia democracita de la argentina. No hay razón para decir que Ramos Padilla incurrió al falso testimonio”, remató el oficialista.

Fue Tonelli quien recogió el guante y le respondió al diputado preopinante: “Durante las preguntas reiteró varias veces la misma mentira que consiste en atribuirme a mí la intención o el propósito de unas escuchas que es dudoso si son legales o ilegales. De modo que mintió claramente. El testigo dijo cosas que no son ciertas. Pareciera que el oficialismo tiene una vara distinta para denunciar a quienes mienten”.

Moreau volvió a respaldar al juez: “Tonelli insiste en la legalidad de las escuchas, yo insisto en la ilegalidad de las transcripciones”.

En el uso de la palabra, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, aclaró: “Nosotros no hemos denunciado a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es hacer saber al juzgado penal en turno lo que paso en el caso de Sebastián ramos, nosotros no estamos denunciando. En segundo lugar, creo que, en este intento de meter a todos en la misma bolsa, me parece que lo que no queda claro, es cuáles fueron los elementos que tiene que ver por el cual Ramos Padilla dijo una cosa y en qué contexto lo dijo Sebastián Ramos, no es una cuestión de doble vara, sino que son dos situaciones distintas”.

En su breve intervención, el kirchnerista Rodolfo Tailhade retrucó de forma más picante: “Si el diputado Tonelli y la diputada Lospennato, que hoy estaba sosteniendo la misma posición, creen que hubo falso testimonio que pongan la carita y vayan a Comodoro Py a hacer la denuncia como hago yo o como hace Paula Oliveto sin necesidad de hacer poner a consideración de nadie y encubriéndose. Hagan la denuncia, vayan a hacer la denuncia”.

Por otro lado, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, pidió que pongan a disposición las denuncias penales que realiza la Comisión porque “el resto de los diputados no tenemos conocimiento de cómo se procede”.

En un fuerte discurso, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó contra el oficialismo y lo denunció de “demoler” el instituto de juicio político. “Hoy, prácticamente se ha demostrado, que los cuatro puntos que usted remarcó que son el pedido de este juicio político, están en la banquina, ni los trae”, cuestionó y remató: “Se dan cuenta que están perdidos que están online todos los días para ver si alguien les pasa una nueva información o le arrima un nombre. Lo único que falta es con la próxima reunión es que hagan un casting en la calle. Esto es una vergüenza. Saquen el dictamen mañana así los aplauden todos y se ocupan de los problemas del país”.

En su alocución Graciela Ocaña (Pro) criticó: “La reunión pasada yo dije que estábamos a punto de desbarrancar. Esta Comisión se fue a la banquina. Estamos acá mientras se acaba de conocer el índice de inflación de 6.6% que es la preocupación de todos los argentinos que no llegan con su dinero a fin de mes y hay 200 mil argentinos que en este momento no tienen luz en el área metropolitana”.

“Y este Congreso, esta Comisión está hoy interrogando a testigos que son, como en algunos casos hemos escuchado, simples despachadores de expedientes viendo qué podemos pescar para ver cómo hacemos pasar sostener estas acusaciones que el FdT ha formalizado”, cuestionó Ocaña.

“El escrache que hemos visto a una familia como la de Garay simplemente por ser hijo o sobrino, nunca este Congreso ha caído tan bajo. Le pido que no se puede seguir conduciendo por este camino esta Comisión”, pidió la opositora.

Con munición gruesa, Moreau volvió a apuntar contra el Poder Judicial al denunciar que “en su más alta jerarquía tiene enquistada una mafia”. Además, le hizo un particular pedido a la oposición: “No sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial”.

La secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, disparó: “Tengo absoluto convencimiento que quienes se van a arrepentir de lo que están haciendo son los diputados del FdT porque lo que estamos viviendo y lo que va a quedar registrado de este juicio político es una vergüenza que, a 40 años de democracia, no nos deberíamos permitir que sucediera, pero la historia juzgará”.

“Ustedes no dejan de vulnerar absolutamente las garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la intimidad. Hoy les fue muy mal al FdT en la excursión de pesca porque llamaron a personas que nada tienen que ver con los hechos investigados. Los hostigaron, vulneraron su derecho a la intimidad, intentaron amedrentando, aludiendo a situaciones personales que no pudieron justificar qué tiene que ver con el juicio político”, denunció la macrista.

A su vez, cuestionó que “convocan a los testigos para meter pruebas ilegales como sucedió con el juez Ramos para poder denunciarlos por falso testimonio. Pero cuando los testigos que vienen a apoyar la teoría del Lawfare como Ramos Padilla y, efectivamente mienten, los protegen”.

“Ya quedó registrada la doble vara con la cual van a seguir manejándose en la Comisión. Es un día donde necesitamos volver a llamarnos a la reflexión. 102% de inflación anual, millones de argentinos en la pobreza y lo único que le importa es sostener este juicio político porque buscan la impunidad de Cristina Kirchner. Reflexionen y dediquémonos a los problemas del país y no a este circo”, propuso Lospennato.

De la vereda de enfrente, el oficialista Rodolfo Tailhade disparó: “Stornelli sigue reiterando sus conductas absolutamente antidemocráticas, ya ni siquiera en contra de su cargo, durante 8 meses le escapó a Ramos Padilla. No va a venir nunca Stornelli acá”.

“Lo que le queríamos preguntar a Stornelli es por qué en la causa cuadernos desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal y en esta del juez Ramos dijo todo lo contrario. Por eso era tan importante que viniera personalmente, cosa que no vamos a conseguir”, explicó el kirchnerista.

Además, Tailhade planteó: “Pidamos nuestra propia producción de prueba. Solo nos falta pasar por un juez que nos autorice a recabar esa información”. También contó que hizo una presentación en la mesa de entrada para solicitar prueba adicional.

Y procedió a detallar: “Pruebas informativas de oficios a la Corte Suprema para que remitan copias certificadas de la carpeta de circulación interna del fallo Consejo de la Magistratura. Oficio a la Corte que remita la misma carpeta de circulación interna, pero en los autos Schiffrin Leopoldo Héctor contra el poder Ejecutivo sobre acción declarativa. Oficio para que la Corte remita la carpeta de circulación interna en la causa Muiña y oficio al Juzgado Federal N°4 a efectos que remita el expediente 3384 del 2021 y sus incidentes, denunciado Rosenkrantz y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes y funcionario público. Copia certificada de los exclientes de Rosenkrantz”.

“También que libre oficio al Gobierno de la Ciudad en el marco del fallo de coparticipación para que nos informen el presupuesto devengado de partidas presupuestarias y sus modificatorias asignadas a los rubros política, bomberos, desde 1016 a 2022. También los bienes transferidos”, mencionó y sumó otros expedientes.

En su intervención durante la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de este martes, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó contra el oficialismo y lo denunció de “demoler” el instituto de juicio político.

“Hoy, prácticamente se ha demostrado, que los cuatro puntos que usted remarcó que son el pedido de este juicio político, están en la banquina, ni los trae”, criticó el cordobés y planteó: “Hoy lo que ha quedado demostrado es que hay una desesperación por conseguir alguien que quiera decir algo de alguien. Si es posible y mejor en contra de la Justicia o de la Corte Suprema”.

En ese sentido, manifestó: “Hoy languidece esta Comisión de Juicio Político, se está convirtiendo en un estado líquido. Lo que se ha hecho con funcionarios, una de las personas que se trajo como testigo encargada de mandar los expedientes se lo sometió a interrogatorio como si fuesen miembros de la Corte, como si fallara. Es una necesidad extrema de rebuscarse por cualquier lado”.

“Los cuatro pilares sobre los que fueron, que fue el asalto al Consejo de la Magistratura, se les está desmoronando, se va demoliendo. Las causas principales con las que vinieron en el discurso que hizo el colega (Eduardo) Valdés el día que presentó en nombre de los gobernadores, que nunca firmaron y del presidente que nunca firmó el pedido que invoca que hizo el juicio político sobre el asalto al Consejo de la Magistratura que basaba la mitad de su información en la intromisión de decisiones de otro poder incluido lo que se había hecho en esta Cámara de Diputados, terminaron derrumbadas con el fallo de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa. No tienen más causa, no sé cómo van a hacer para sostenerla”, explayó Negri.

Y siguió: “En segundo lugar, se ha oficiado a los expedientes a Santa Fe, esperemos que hayan llegado, en la famosa causa sobre el presidente de la Corte que sabían de antemano que era un mamarracho lo que estaban haciendo, pero había que pedirlo igual porque había que cumplir con el vestigio del uso del dolor en ese momento sin importar el daño que le causaba a cualquiera”.

“En tercer lugar casi es insostenible las contradicciones entre los testigos que, hasta ahora, han desfilado sobre las responsabilidades directas y objetivas que se las quieren hacer caer solamente sobre dos o tres miembros de la Corte Suprema, sobre la Obra Social y, sin embargo, tenían citado como testigo a uno que fue miembro de la Corte y tuvo la misma responsabilidad del cual se inspiran todos pero hacen ausencia absoluta de su nombre que es el exmiembro de la corte y actual militante del Frente de Todos Zaffaroni”, denunció el radical.

Y chicaneó: “Ya abuso de poder es lo único que les queda para colgarse de una soga. Lo único que faltó preguntarle a algún testigo es si cuando van al baño se encuentran con algún miembro de la Cote y lo escuchan hablando en murmullo que está en el mingitorio de al lado”.

“Eso hicieron con el testigo que vino acá y le preguntaron qué hacía en la cena. ¿Quiénes se sentaban alrededor de la mesa y qué conversaban en la mesa? Es una causa que ya no tiene ninguna base ni ninguna justificación”, lanzó entre gritos.

En tono eufórico, Negri preguntó: “¿Se dan cuenta de la dimensión de la caída estrepitosa y de la poca colaboración que están haciendo? A la credibilidad y a la confianza de lo que está pasando en este país. ¿No se dan cuenta? Esto parece un observatorio de mudo y de sordo donde imputan de falso testimonio faltando una pregunta con claridad y capciosa como se le hizo a uno de los miembros acá”.

“Y acá viene un colega que pide lo mismo y dan vuelta de carnero en el aire para justificarlo porque les hizo una gauchada a ustedes. Están demoliendo el instituto de juicio político. No hay antecedente de cuánto va a durar, cuándo van a decidir, cuándo quieren dictaminar, cuándo quieren dar por finalizados”, criticó.

Por último, Negri planteó: “Si nosotros hubiésemos pedido por el 109 los pedidos de juicio político contra el presidente, que se acumulan por atropello en contra de la Constitución un montón de veces lo que le prohibía y lo hizo adentro del recinto, y sin embargo está terminando el mandato”.

“Esto lo hacen porque piensan como dijo uno de los colegas que está acá que total con que saquemos dictamen de mayoría van tener estado parlamentario por 3 años y con eso vamos a joder y a chicanear”, disparó.

Y remató: “Se dan cuenta que están perdidos que están online todos los días para ver si alguien les pasa una nueva información o le arrima un nombre. Lo único que falta es con la próxima reunión es que hagan un casting en la calle. Esto es una vergüenza. Saquen el dictamen mañana así los aplauden todos y se ocupan de los problemas del país”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), retomó este martes la segunda jornada de audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anunció que la próxima reunión será el martes a las 13 y luego los testigos serán citados por temas de “manera de dar un orden a las audiencias”.

La reunión se extendió por 7 horas y los diputados escucharon e interrogaron al exmiembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla; a Gustavo Naveira, de la secretaría Judicial N°7 de la Corte y a Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4.

La principal figura invitada para la jornada era el fiscal federal Carlos Stornelli, pero no asistió. El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos –quien ya se presentó ante los diputados– para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.

Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, su decisión fue rechazada y cuestionada por el Frente de Todos, quien aprobó citar nuevamente al fiscal federal y anticipó que si se niega a presentarse pedirán que se le quiten los fueros. También impuso su mayoría para denunciar al juez federal Sebastián Ramos por posible falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero, cuando negó tener vínculos con Silvio Robles.

Por otra parte, la fiscal María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, quien también había sido citada para este martes, se excusó por encontrarse de viaje esta semana, pero se puso a disposición para hacerlo en una próxima fecha.

El primero en testificar fue Cimadevilla, quien estuvo ausente en la reunión del jueves 23 de febrero y es propuesto por la Coalición Cívica por sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti. Durante su exposición, denunció que entre 2008 y 2009 “había una preeminencia de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”.

Además, sostuvo que “se eliminaron todo tipo de controles efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, y criticó que “los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios”.

Luego fue el turno de Gustavo Naveira, de la Secretaría Judicial N°7 de la Corte Suprema, quien aseguró que recibe directivas de los ministros de la Corte de forma directa o por medio de otras personas. Respecto del interpósito de la vocalía de Rosatti se comunica con “algunos de sus letrados o con el señor Silvio Robles y otras veces el propio Rosatti”.

Sobre la utilización de una aplicación de mensajería instantánea o si se ha creado un grupo de chat, Naveira aclaró: “Tenemos un chat de la secretaría por WhatsApp para cuestiones vinculadas con el quehacer de la secretaría”.

Al ser consultado si conoce a Silvio Robles, el secretario respondió de afirmativamente y explicó que la relación es “funcionarial”. “Lo conozco desde que yo ingresé a la Corte, pero no tengo relación de confianza”, sumó y aseguró desconocer que Robles sea periodista.

A su vez, negó haber estado involucrado en los fallos sobre el Consejo de la Magistratura y en el de la Coparticipación. También fue consultado sobre la vocalía de Rosenkrantz y el listado de empresas particulares u organismos estatales que hubieren sido clientes suyos: “Recuerdo que había empresas que en algún momento el ministro no intervenía porque habían sido clientes de su estudio”.

Mientras Gaillard continuaba con el interrogatorio con la causa ESSO-Quilmes y Compañía Mega con AFIP, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, la interrumpió con una crítica: “Las preguntas de esas causas no corresponden. La mayoría de esas causas están terminadas creo que las desconocemos la mayoría de los que estamos acá. Me parece que no corresponde. Si son causas que están terminadas me gustaría que circunscriba”, y lanzó: “Me gustaría que haga las preguntas algún otro miembro de su bloque, porque la verdad que es muy incómodo que usted, que debería ser una especie directora del proceso, esté preguntándole al testigo que está al lado, me resulta chocante la situación”.

La titular de la Comisión explicó que Naviera fue citado porque integra la secretaría que tiene que ver con temas tributarios y que “la Asociación Americana de Juristas ha denunciado que Rosenkrantz no se excusó en causas que oportunamente eran parte de los pleitos de empresas que él había asesorado anteriormente”.

A su turno, los diputados oficialistas Vanesa Siley y Leopoldo Moreau hicieron hincapié en la nota que se difundió en los medios sobre el escrito que presentó Rosenkrantz en una causa donde es parte AMX Argentina anunciando a sus partes que dejaría de excusarse incluso en las causas de sus exclientes en virtud de haber cumplido 5 años como juez de la Corte, que “fue una teoría que adoptó”. Naveira afirmó que esa decisión “fue comunicada por escrito”, y que las empresas “estaban mencionadas en esa nota”.

Tras la crítica de Rodolfo Tailhade (FdT) hacia la Corte Suprema y no una pregunta puntual, le salió al cruce el catamarqueño Francisco Monti (UCR): “Ha hecho el diputado una valoración sobre el funcionamiento de los tribunales. No entiendo cuál es la pregunta. Si sobre esa valoración pretenden montar cualquier tipo de operación, juicio político, juzgar a los jueces por sus sentencias, que procedan entonces, pero no tengan la cobardía de venir acá a sacudir a un funcionario por decisiones que han tomado eventualmente magistrados”.

Y siguió: “Me parece una indolencia, una vergüenza y una absoluta cobardía. Las valoraciones que hizo que las haga suya y proceda con lo que tengan que hacer, pero ¿qué tienen que venir a preguntarle a los funcionarios del Poder Judicial sobre criterios que han adoptado los jueces? hablan de procedimiento y la pregunta fue sobre criterios”. En medio de gritos, le lanzó: “Queres saber los criterios anda a ver el fallo”.

El último en ser interrogado fue Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N° 4 quien también fue consultado por la comunicación vía chats con miembros de otras vocalías y afirmó hablar, entre ellos, con Robles. También fue interrogado por la falta de legitimación y de equilibrio en la Corte en ciertos expedientes.

Se hizo presente ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, citación que fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti, y denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, al tiempo que denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.

En abogado fue el primero en declarar este jueves en lo que respecta la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lleva a cabo la Comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

En su declaración, Cimadevilla afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti.

Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”..

Y continuó: “Durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial”, y detalló: “Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Por este Decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3. Este habría sido el origen del fondo anticíclico”.

“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.

En ese sentido, relató que denunció e hizo presentaciones al respecto durante la vigencia del mandato en el Consejo de la Magistratura las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó la preocupación de la doctora Elisa Carrió y reconoció su “vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública”.

“El Consejo a instancias de los representantes del estamento judicial se designan a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software del Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la ley de procedimiento administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones y transfirió a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general y se designó al cuerpo de auditores y el secretario de asuntos del Consejo”, explayó en su presentación.

Y resumió: “Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”.

“Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control y las compras que se realicen a través de licitación pública es estas personas, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, sumó.

Cimadevilla apuntó: “Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, apuntó Cimadevilla.

A su vez, explicó que los representantes del estamento judicial tienen un “rol importante en el manejo de las decisiones del Consejo. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros la nueva ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas y se consolidó en las manos del presidente de esa Comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. Una sola Comisión o quien presidía la Comisión tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario de todo el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento judicial en muchos casos me resulta inentendible. No nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del 94’, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura. El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo de los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene cuatro estamentos y que la ley buscó, en estos cuatro estamentos, que haya un equilibrio”, planteó.

Al respecto, opinó que debería ser “objeto de revisión cuál es el equilibrio dentro del Consejo”, y preguntó: “¿Es numérico?”. “La ley que debe reglamentar el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica del funcionamiento. Es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces donde las conductas de los jueces, en la práctica, tienen un rol preponderante”, expresó.

“A mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento”, lamentó.

A su vez, cuestionó que “durante mi permanencia en el Consejo he observado una actitud corporativa que no termino de entender. Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”.

“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.

Al ser consultado si el Administrador General del Consejo, Germán Krieger, tenía vinculación con Lorenzetti, sostuvo: “Eso no lo sé, probablemente por las funciones que desempeñaban haya tenido contacto con los miembros de la Corte”.

“El Comité Ejecutivo de Inversión se creó en abril de 2011 que operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por dos miembros de la Corte y del Consejo, presidido por Héctor Marchi. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, principalmente en materia de infraestructura y tecnología”, detalló el radical.

Sobre cómo se auditaban esos fondos, el exsenador explicó y denunció: “La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo y estaba sometida a una serie de exigencias como la aprobación anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Nunca esto se llevó adelante, nunca se pudo lograr. Cuando pedíamos información no nos daban y después empezaron a aparecer reclamos de empleados que no cobraban”.

“La aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces. He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, criticó.

El exlegislador reiteró que ante las consultas sobre el manejo de los recursos “nunca nos contestaron, cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario nunca nos respondían. Cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas”.

En otro tramo de su testificación, brindó detalles sobre denuncias respecto de distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial que “tenían irregularidades”.

“Para mantenimientos de equipos de aires acondicionados del fuero Penal se habían contratado 1.650.854 pesos traducido a dólares eran 139.000. Otro expediente era sobre remodelación de seis juzgados era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000. Por otro expediente sobre trabajas de higiene y seguridad 2.779.000 pesos es decir 348.000 dólares, entre otros”, detalló y lamentó: “Pedimos información de esto también y nunca tuvimos respuesta. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido”.

Por otro lado, desconoció que a Héctor Marchi lo haya designado Lorenzetti al frente de la Administración General del Corte.

En un día infrecuente para sus reuniones, la Comisión de Juicio Político sesionará esta vez un día martes para continuar con el proceso de juicio político abierto contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta ahora, la comisión que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard se había reunido las cinco veces que ya lo hizo en días jueves. La última semana, por la sesión especial de extraordinarias del martes y la Asamblea Legislativa del día siguiente, se decidió postergar para el martes 7 la reunión para continuar interrogando a testigos.

Es el turno esta vez del fiscal Carlos Stornelli, cuya presencia o no despierta el principal interés de este martes. El fiscal fue convocado en la reunión del 23 de febrero pasado, luego de que el juez federal Sergio Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se habiá basado en el dictamen del fiscal Stornelli. 

En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.

En la última reunión de la comisión se resolvió que los testigos citados no fueran más de cuatro, para que no se extendieran tanto las comparencias, y esa cantidad fue la que se citó para este martes: además de Stornelli, fueron citados la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves 23 de febrero.

La fiscal Roteta ya anticipó que no podrá estar esta semana, por estar de viaje, por lo que concurrirá en otra fecha. Napoli y Cimadevilla dijeron que asistirán.

En el discurso inaugural de un nuevo período de sesiones ordinarias el presidente de la Nación dedicó el tramo final para criticar a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Al respecto, diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto repudiando dichas expresiones y denunciando que su disertación fue “un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno. Un ataque desesperado del FdT”.

El texto plantea: “Expresar su más enérgico repudio ante el discurso emitido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con motivo de la apertura de las Sesiones ordinarias. Las expresiones vertidas configuran una intromisión inadmisible en asuntos judiciales en trámite expresamente vedada por el artículo 109 de nuestra Constitución”.

“La Constitución, en su art. 99 inc. 8 manda al presidente a dar cuenta del estado de la Nación, y ese acto de importancia institucional no puede ser mal utilizado para atacar una vez más al Poder Judicial en la búsqueda desenfrenada de impunidad para con su vicepresidenta condenada por corrupción”, denunciaron.

A su vez, Ocaña agregó a través de un hilo de tuits que el presidente “atacó a la Corte e interfirió en causas en trámite”, y “puso en peligro al sistema democrático”. En ese sentido, bregó para que “este proyecto lo voten todos los Diputados, en señal de un acuerdo básico: la defensa de las instituciones y garantías de los Ciudadanos”.

“Lo que escuchamos en la sesión inaugural fue lisa y llanamente un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno. Un ataque desesperado del FdT, que busca despegarse de estas causas a costa de degradar la Justicia”, planteó.

A su vez, manifestó: “Creemos en la necesidad de reforma para mejorar el sistema y la seguridad de todos los argentinos, no para proteger funcionarios flojos de papeles”.

“La gravedad de sus dichos no pueden pasar de largo. Es el presidente y tiene que rendir cuentas por lo que dijo: pedimos que lo haga donde lo tiene que hacer. Reclamamos que se investigue para saber por qué busca interferir y horadar investigaciones judiciales”, sostuvo Ocaña.

Integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez presentará en las próximas horas una solicitud de nulidad de lo actuado en el expediente 6905D2022, en lo referente a la causa de Coparticipación.

Así pudo saberlo este viernes parlamentario.com, al tomar conocimiento de la presentación en la cual intervino también otra integrante del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, junto a su equipo jurídico que asiste al interbloque Federal que preside Rodríguez.

La presentación se basa en el artículo 109 de la Constitución, que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Para Topo Rodríguez, lo expresado el miércoles pasado por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa constituyó una “intromisión indebida del presidente de la Nación en el proceso en curso”.

El legislador se refiere puntualmente a la causa sobre la Coparticipación Federal, donde la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentencia que el mandatario cuestionó con dureza.

Fue un largo pasaje del mensaje presidencial el que le dedicó a ese fallo. Entre otras cosas, el presidente expresó: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró, mediante cautelar, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. La ley lo dice, no lo digo yo… Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo con las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional… ¡Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional, como lo dice la Constitución Nacional! ¡La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio!¡No tiene derechos sobre esos recursos! ¡Debe recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba! ¡Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República!”.

Y agregó: “¡La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible! ¡Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado nacional!”.

Para Topo Rodríguez, el presidente “se inmiscuye en el trámite y pretende condicionar el resultado” del proceso de juicio político. Sostiene que el primer mandatario no puede usar las atribuciones que le da el cargo y, con su accionar, “pretende influir en el resultado del proceso”.

Cabe recordar que el 16 de febrero pasado, este diputado solicitó ante la Comisión de Juicio Político la comparencia del presidente de la Nación como testigo, cosa que el Frente de Todos rechazó. Rodríguez insiste desde entonces en que la participación presidencial en este proceso es total, pues fue quien lo anunció en su mensaje del 1° de enero, luego convocó a gobernadores para apoyarlo y eso se plasmó en un documento, y luego recibió a Carolina Gaillard y Germán Martínez en Olivos en vísperas del inicio del juicio.

Frente a eso, sostiene, “ahora no puede venir a interferir desde el Estado” en este proceso.

Con la presencia en el recinto del presidente del Tribunal Supremo, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, Alberto Fernández dejó para el final el plato fuerte de su discurso, que duró dos horas en la apertura de la Asamblea Legislativa: el Poder Judicial. El jefe de Estado defendió el pedido de juicio político argumentando que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema” fue el motivo para hacer la presentación, pero aclaró que “no hay ningún ataque ni embestida”, sino que había prometido “poner fin a los sótanos de la democracia”.

Esta parte de su discurso despertó aplausos por parte de la bancada oficialista y reclamos de la vereda de enfrente. Incluso, algunos diputados optaron por retirarse del recinto, tal es el caso del interbloque Federal.

En un tono moderado, el presidente recordó que al asumir “prometió poner fin a los sótanos de la democracia”, y ponderó que “lo hizo” porque “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.

“Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, expresó en con euforia y denunció: “De nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.

En esa línea, hizo referencia a los chats filtrados que “dejaron en evidencia la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”. Al respecto, lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

A continuación, ejemplificó: “Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.

“Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, planteó y recordó que en 2020 convocó a “un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles”. Asimismo, criticó que dicha propuesta se aprobó en el Senado, pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados.

También denunció que el Poder Ejecutivo “padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias”, y que el Congreso “debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, planteó que “si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

“¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, preguntó entre gritos el presidente.

Por otro lado, hizo mención al pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y aclaró que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados”.

“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, le planteó a la oposición el abogado.

Y remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sin embargo, hizo una salvedad: “No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”.

“No podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.

El jefe de Estado argumentó que reclama “en defensa del Estado de Derecho”, y volvió a elevar su tono de voz para decir: “No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”.

“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”, disparó.

Así siguió con fuertes acusaciones: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.

“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, reiteró.

Y remató: “Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.

“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, cerró ese tramo de su alocución en medio de un aplauso oficialista.

El pasaje más caliente del discurso de este miércoles fue el que el presidente dedicó al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. En ese tramo se escuchó a un presidente desencajado, a los gritos, con oficialistas aplaudiendo de pie y opositores a voz en cuello.

“Un enorme orgullo que me insulte”, le dijo varias veces Alberto Fernández al diputado Fernando Iglesias.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, arrancó el mandatario, que trazó una grieta al señalar que “mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”.

“Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, afirmó el primer mandatario ante los aplausos estruendosos del oficialismo.

Luego aseguró ser “orgullosamente porteño” y amar a la ciudad, pero dijo no poder “ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido.  Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia”.

Alberto Fernández dijo que “éticamente” están “obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”.

Y luego avanzó contra CABA al señalar que “los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”.

“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, sostuvo el presidente que advirtió que se pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas.

“Esperemos que el presidente, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, esté a la altura de las circunstancias. Que no use la Asamblea para declarar la guerra a la oposición o a la Justicia, como lo ha venido haciendo”, planteó este miércoles el diputado nacional Mario Negri al ingresar al Congreso para tomar parte de la sesión.

Agregó que “independientemente de que le va costar un esfuerzo enorme encontrar números que indiquen una Argentina hacia arriba, porque la verdad es que arrastramos una crisis profunda desde hace mucho, pero lo que hemos tenido con este gobierno es una empresa de demolición”.

Respecto de la postura que adoptará la oposición, Negri manifestó ser de la idea de que “hay que mantenerse firme en las bancas, yo he soportado discursos de Cristina Kirchner de cuatro horas, en las que nos nombraba con nombre y apellido cuando se enojaba. Creo que lo que no debe hacerse es abandonar los espacios de institucionalidad”. En ese sentido dijo que le parece “bien” que la Corte Suprema esté presente, porque “las instituciones no son de los hombres, los hombres pasan. Espero que no cometan la grosería, después del antecedente del pedido de juicio político, de venir a insultar al Poder Judicial”.

“La verdad es que deben levantar la vara. Me quedo sentado hasta el final porque el recinto no es de ellos, ni el hecho de hacer el informe sobre el Estado de la Nación es un algo de lo que el presidente pueda desligarse, es una obligación constitucional. Si soy oposición y fui votado para controlar, me banco lo que venga. En todo caso, la grosería habla de quien la provoca y no de quién la recibe”, dejó claro el legislador.

Tal como había adelantado el fin de semana pasado parlamentario.com, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez no participó este jueves de la quinta reunión organizada por la Comisión de Juicio Político que ha sentado en el banquillo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Las arbitrariedades impuestas por el Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, constituyen una señal de alerta que no vamos a ignorar”, explicó el diputado de Identidad Bonaerense al argumentar su actitud.

Aclaró de todos modos que “seguiremos en detalle todo el proceso en tiempo real y desde el Congreso. Estaremos presentes en la sala de la comisión cuando resulte necesario adoptar decisiones y nos vamos a seguir plantando en contra de esta embestida política que sólo busca paralizar la Justicia”, señaló el legislador opositor, en línea con lo también expresado por Juntos por el Cambio, que este jueves se retiró a poco de iniciarse la reunión, pero dejó en la sala de reunión a varios diputados para controlar que se cuidaran las garantías.

Cabe recordar que el presidente del interbloque Federal es uno de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político y votó en contra de la admisibilidad de todos los expedientes presentados en la comisión para remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y participó de las cuatro primeras reuniones de la comisión.

Sin embargo, la semana pasada el “Topo” lanzó una advertencia pública: “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de la Comisión”.

Sucede que al comenzar el tercer encuentro de la comisión, el jueves 9 de febrero, para tratar el informe de admisibilidad en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno y la resolución asociada a dicho informe, Topo Rodríguez solicitó una reprogramación de fecha o, en su defecto, un cuarto intermedio de algunas horas con el propósito de leer y analizar en detalle la documentación que el oficialismo puso a disposición apenas 48 minutos antes del inicio de la reunión.

La propuesta fue rechazada de plano por los representantes del Frente de Todos, a juicio de Rodríguez “sin fundamentos”, quitando así para él toda posibilidad de tomar conocimiento detallado de la información a considerar.

Posteriormente, en la reunión del jueves 16 de febrero, Rodríguez propuso citar al presidente de la Nación como testigo, dado que se trata del impulsor público del intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Sin fundamento alguno, la propuesta fue rechazada por el kirchnerismo, que ni siquiera accedió a la posibilidad -contemplada en el reglamento de la Comisión- de que el primer mandatario nacional declare por escrito sin concurrir personalmente al Congreso”, planteó Topo Rodríguez, que terminó de resolver ahí regular su participación en estas reuniones.

En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves, el vicepresidente de la misma, Juan Manuel López (CC-ARI) leyó un extenso texto en rechazo a lo que estaba realizándose a instancias del oficialismo, tras lo cual, los miembros de Juntos por el Cambio se retiraron.

En dicho texto, expusieron hechos que consideraron “de extrema gravedad institucional”, que a juicio de ese espacio vienen ocurriendo en la tramitación del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El escrito ya tramita bajo el número de expediente 7221D-2022 por lo que solicito se incorpore al expediente principal y conste en las versiones taquigráficas”, precisó López.

7221-D-2022

Mientras el oficialismo en la Cámara baja lleva a cabo el pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal, este miércoles se supo que la Corte Suprema de Justicia tomará juramento a los tres senadores nombrados para integrar el Consejo de la Magistratura.

La ceremonia, sin público, será encabezada por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y será en el Salón Bermejo, del cuarto piso del Palacio de Tribunales, el próximo martes 28 de febrero a las 10. Además, estarán presentes los restantes miembros del alto tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los tres senadores que van a integrar el Consejo de la Magistratura serán, por el lado del oficialismo, María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, mientras que por la oposición lo hará el radical Eduardo Vischi.

Sin embargo, aún resta saber quién será designado como cuarto consejero, lugar disputado entre el kirchnerista Martín Doñate (Río Negro) y el cordobés del Pro Luis Juez, luedo de que el pasado jueves 16 la Corte resolviera no admitir al rionegrino como miembro al considerar que “la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”.

Cabe recordar que el Frente de Todos en la Cámara de Senadores incurrió en la maniobra de dividir el bloque en dos bancadas para tener un lugar más en la institución que se encarga de proponer y remover magistrados. De esta forma, el espacio oficialista quedó compuesto por el Frente Nacional y Popular compuesto por 21 legisladores presidido por el formoseño José Mayans, y el otro Unidad Ciudadana integrado por 14 senadores cuya presidenta es la bonaerense Juliana Di Tullio.

De esta manera, el Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas Pilatti Vergara, Recalde y Doñate y al radical Vischi. La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

A raíz de esa maniobra, el senador del Pro recurrió a la justicia para reclamar esa silla que le corresponde en el Consejo de la Magistratura en su condición de segunda minoría.  Así, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó para impugnar el nombramiento de Doñate para ocupar ese lugar, por lo que el nombre del cuarto consejero aún es una incógnita.

En vísperas de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en la que están citados a declarar los testigos, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) aseguró que con la llegada de “la etapa probatoria han entrado en pánico los que son dueños” del máximo tribunal.

“Ahora que se ha llegado a la etapa probatoria han entrado en pánico los que son dueños de la Corte, los grupos mediáticos hegemónicos y los grupos económicos más concentrados”, sostuvo Moreau en declaraciones a El Destape Radio.

Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a recibir testimonios de jueces y funcionarios judiciales. En ese sentido, para el legislador oficialista la etapa probatoria va a exhibirlos a los cuatro miembros del máximo tribunal por “sentencias fraudulentas, arbitrarias y decisiones que buscaron incrementar la persecución al kirchnerismo y garantizar la impunidad al macrismo”.

“Hay cosas que vamos a mostrar en la comisión, pruebas objetivas que son muy contundentes. No somos una sola fuerza política involucrada, sino dos”, dijo Moreau en referencia a el reclamo de la Coalición Cívica al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Además, el funcionario sostuvo que esto “no es improvisado” y que aún no adelantarán las pruebas que se mostrarán en el Congreso para no “poner sobreaviso a los testigos”.

Moreau explicó que se citarán a funcionarios del Poder Judicial como testigos y que “es algo que no pueden prohibir los jueces del máximo tribunal”, y apuntó: “Si ellos prohibieran a los funcionarios venir a prestar testimonio estarían violando la Constitución nuevamente de manera flagrante. No creo que la Corte llegue a ese extremo”.

Por otro lado, el diputado kirchnerista sostuvo que el fallo de la Corte sobre la condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se podría “acelerar ante la posibilidad de una candidatura”.

“Todos son elementos que apuntan a la proscripción de Cristina, hay que romper esa proscripción porque no pesa solo sobre ella, sino sobre millones de compatriotas que se ven excluidos del sistema político argentino”, concluyó.

En la previa del inicio del debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, mucha agua corrió bajo el puente. Y en el seno de la principal oposición se analizó la posibilidad de no participar del mismo, con el argumento de “no convalidar” dicho proceso. Al final, se adoptó la decisión de asistir, sin dar nunca quórum, para no dejarle la centralidad al Frente de Todos.

Más allá de los integrantes del FdT y de JxC, la Comisión de Juicio Político se completa con la presencia del diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, que evalúa por estos días mantener su presencia en esas reuniones.

En efecto, el titular del interbloque Federal manifestó el viernes pasado que evaluará “si tiene sentido seguir participando en la comisión”.

El legislador quedó muy molesto tras la última reunión del jueves pasado, la tercera de este proceso contra la Corte Suprema. En ese encuentro propuso que se citara al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como testigo, teniendo en cuenta que él es precisamente el impulsor de este juicio político que se está tramitando.

En efecto, así lo hizo público el propio mandatario en su mensaje del 1 de enero de este año. Fernández pidió luego el apoyo de algunos gobernadores, aunque no terminó presentando él el texto del pedido de juicio político. Por el contrario, instruyó a diputados del oficialismo para lleva adelante el pedido de enjuiciamiento con los argumentos que él venía dando. Sin embargo, el kirchnerismo rechazó de plano la comparencia del presidente como testigo en la comisión.

A través de sus redes sociales, “Topo” Rodríguez recordó también que “la semana pasada pedí que se reprogramara la reunión de la comisión, o que al menos se abriera un cuarto intermedio de horas, porque nos llevaron a considerar un extenso informe de admisibilidad y a votar una resolución, entregando copias de ambos sólo 48 minutos antes de iniciar la reunión de la comisión”.

Remarcó Rodríguez que “el pedido respetaba abiertamente la letra y el espíritu del reglamento interno de la Comisión; pero el kirchnerismo rechazó la propuesta”.

Así las cosas, el diputado del interbloque Federal dejó picando la siguiente sentencia: “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”.

Luego de que el oficialismo se alzara con el dictamen de admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) emitieron un comunicado cada una para expresar preocupación y rechazo por el avance del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema y reclamaron la independencia de poderes y el respeto a las instituciones”.

En el comunicado de IDEA expresaron: “Vemos con preocupación el avance del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sintonía con diversos representantes de la sociedad civil que ya se han expresado en contra de esta iniciativa, creemos que afecta los principios de funcionamiento de nuestro sistema republicano ya que fundamentalmente se basa en el desacuerdo de parte de un sector político con el contenido de algunas sentencias recientes”.

“Argentina necesita regenerar condiciones de confianza para que aumenten significativamente las inversiones necesarias para la creación de empleo privado de calidad; el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica son los pilares fundamentales de dicha confianza”, enumeraron.

En ese marco, alentaron al Congreso de la Nación a “a proponer y debatir una agenda legislativa amplia que incluya los temas que le preocupan a la sociedad en general y que contribuyan a que nuestro país pueda desarrollar el potencial que todos conocemos y que es nuestra fuente de ilusión”.

En una línea similar fue el texto emitido por ACDE que reclamó “respetar la independencia de poderes de la República imprescindible respeto a la independencia de poderes de la República” y sumó: “Vemos con muchísima preocupación cómo continúa el ataque del Poder Ejecutivo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con algunos de sus fallos”.

“Respetar el ámbito de decisión de cada uno de los poderes del Estado, cumplir los compromisos asumidos por el país con sus acreedores, asegurar la paz interior mejorando la seguridad en todo el territorio, procurar el bienestar de los argentinos atacando seriamente la inflación, mejorar la educación de los jóvenes exigiendo el cumplimiento de estándares de aprobación, entre otras cuestiones urgentes,  debería ser la tarea que ocupe a los gobernantes de nuestro país y en particular al Congreso de la Nación. En lugar de eso, las pocas energías que quedan están siendo malgastadas en un proceso inviable contra la Justicia”, plantearon.

Y cerraron: “Exhortamos a los diputados de la Comisión de Juicio Político a abocarse a cuestiones urgentes que el país necesita”.

El diputado nacional y electo vicepresidente segundo en la Comisión de Juicio Político, el riojano del FdT Ricardo Herrera, se refirió a la frase que lanzó el jefe del bloque UCR Mario Negri en la reunión de este jueves, durante la tercera jornada del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, y sostuvo que “fueron una posición política que no tiene nada que ver con la realidad”.

En declaraciones a la AM 990, el oficialista contó: “Ayer se aprobó una de las etapas más importantes que es la admisibilidad, la posibilidad de averiguar el contenido de esas denuncias que se han presentado. Son 14 denuncias, 60 casos y 128 hechos que se han imputado a los 4 miembros de la Corte Suprema de justicia”.

“Son 77 fojas debidamente fundamentado que se ha presentado en un trabajo impecable que hizo la Comisión de Juicio Político. Ahí están detalladas la relación circunstancial de los hechos. Ahora habrá que comenzar la otra etapa que es la de las pruebas y testigos”, comentó.

Respecto al debate de este jueves, sostuvo que “las intervenciones de ayer se dieron, salvo algunas, con mucha altura de un lado o del otro. Cada uno defendiendo su postura porque en el derecho hay dos bibliotecas y uno presenta estar de un lado o del otro de acuerdo a una posición política”.

Al ser consultado por la frase que dijo el jefe del bloque UCR, Mario Negri, de que el kirchnerismo “está finalizando el ciclo de 16 años de confrontación con la justicia y ahora le declararon la guerra contra la Constitución”, Herrera respondió: “No veo que se le este declarando una guerra a la Constitución”.

En ese sentido, destacó la respuesta que dio el diputado Leopoldo Moreau que “le ha respondido con mucha altura”. “No es que el kirchnerismo ha tenido desde el 2006 una guerra declarada a la Corte Suprema, hubo periodos donde hubo jueces que estuvieron a la altura de las circunstancias inclusive que no adherían a nuestra posición”, remarcó el oficialista.

“No es el kirchnerismo solamente, hay muchos adherentes al FdT que no están de acuerdo con la posición de la Corte Suprema”, hizo hincapié el riojano y sumó: “Mi gobernador -Ricardo Quintela- alzó su voz con respecto a los fallos de la Corre que han perjudicado a las provincias porque todos los fallos favorecen a la Ciudad de Buenos Aires”.

Y remató: “Me parece que los dichos de Negri ayer fue una posición política que no tiene nada que ver con la realidad porque acá analizamos otro tema”.

“Nosotros tenemos que avanzar en la producción de la prueba. Si encontramos motivos y razones suficientes y poder avanzar con un dictamen en la Comisión que tiene 3 años para poder llevarlo al recinto. La cuestión del tiempo no nos desvela quizás sean otros legisladores quienes lo lleven”, aclaró y cerró: “La justicia tiene un descrédito bastante importante y para cambiar esto hay que empezar desde la cabeza”.

El jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, le contestó a los titulares de los bloques CC-ARI y UCR, Juan Manuel López y Mario Negri respectivamente, en la reunión de la Comisión de Juicio Político que “nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie”, y los acusó de “minimizar” el trabajo de la comisión. Por otro lado, remarcó el juicio político es “una herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.

Al inicio de su intervención, Martínez lamentó que algunos diputados de la principal bancada opositora ya no estaban presentes, para luego destacar: “Estamos dando un paso importante hoy posibilitando la apertura de sumarios y la probatoria”.

“Se han dicho cosas que auguran para el resto del trabajo de esta comisión, algunas situaciones que a mi criterio no son convenientes”, agregó el oficialista y le habló al diputado y titular del bloque CC, Juan Manuel López: “Dijo que el juez Lorenzetti a nosotros nos daba letra. Me parece que es una enorme falta de respeto, no solamente a nosotros que estamos acá los integrantes del bloque Frente de Todos, sino también a los integrantes de la comisión”.

Y le retrucó: “No solamente no nos da letra, sino que, yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo”, a lo que chicaneó: “No sé si todos puedan decir lo mismo con Horacio Rosatti”.

“Nosotros no somos como dijo el diputado Negri ‘ventrílocuos’ del presidente de la Nación y de los gobernadores, otra enorme falta de respeto”, cruzó Martínez y planteó: “El presidente de la Nación y un grupo importante de gobernadores tomaron una iniciativa política que, varios de nosotros del interbloque, le dieron canalización parlamentaria por un elemento básico: somos el bloque oficialista en la Cámara de Diputados”.

En esa línea, recordó que en 2002-2005, pero “particularmente la de 2003 y recordamos aquella famosa fundante comunicación del presidente Néstor Kirchner respecto a la Corte de la mayoría automática después miren los expedientes que estaban fundados y firmados por diputados de distintos bloques”.

“Por lo tanto, a nosotros nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie, somos ni más ni menos diputados nacionales que integramos un bloque que le dimos canalización parlamentaria a una iniciativa del presidente de la Nación por un grupo importante de gobernadores y que vinimos a dar los debates necesarios para avanzar en ese sentido”, contestó.

Al respecto, auguró para que “que el resto de los aportes que se hagan estén lejos de este tipo de calificaciones para con nosotros que después tenemos que llevar adelante nuestra tarea cotidiana en la Cámara”.

“Se han escuchado discursos que parece que están fundando un dictamen de la comisión en el final del proceso de trabajo, en realidad lo que estamos haciendo es abrir un sumario, ni más ni menos. Aquí nada más ni nada menos estamos decidiendo si vamos a hacer una investigación que se le hace a cualquier empleado público”, explicó Martínez.

En esa línea, reiteró: “Estamos en el inicio de esa instrucción sumarial que nosotros propiciamos. Esto es lo que venimos a hacer hoy. De aprobarse la resolución que pusimos a consideración, arranca una etapa de prueba, arranca un sumario que lo haremos en virtud de lo que marca el reglamento de la Comisión de Juicio Político y podremos agregar todos los elementos que hagan falta incluso muchos de los que se mencionaron hoy en las intervenciones de los diputados de JxC”.

“Podremos agregar todos los elementos al sumario que permitan dilucidar los distintos hechos que aquí se están comentando”, remarcó el santafecino.

Respecto a la resolución que emitió este jueves JxC, observó que en el análisis que realizan “hay un momento que arrancan expediente por expediente y fijan posición respecto de ellos. En los expedientes que analizan e intenta refutar, no están los expedientes de la CC-ARI supongo que debe ser parte del formato político que han encontrado para fijar posición aquí”.

“Adentro del documento cuando trata de refutar los expedientes no hablan de los de la Coalición Cívica ¿eso quiere decir que esos dos no son refutables? ¿Cómo se encuentra la coherencia?”, preguntó el oficialista y sumó: “Aparece este argumento del rechazo in límine, ustedes no están innovando. Los argumentos para el rechazo in limine vale la pena que nos adentremos ahí, puede haber un rechazo cuando las denuncias no tienen ningún fundamento, son manifiestamente infundadas”.

Por el contrario, remarcó que “en el informe que presentamos, entre la página 5 y 15, está la descripción de los hechos, la relación con las pruebas, la atribución por cada uno de los magistrados, la indicación de la causal y la referencia a los expedientes ingresados que tuvimos en cuenta”.

“Entonces lo que hacen es minimizar el trabajo de los integrantes del bloque, decir ‘acá están juzgando por el contenido de las sentencias’. No, estamos avanzando sobre las causales de mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de las funciones”, defendió Martínez.

Por último, destacó: “Estamos haciendo las cosas bien en la comisión, no estamos adelantando a ninguno de los pasos para poder alcanzar, lo hicimos desde el comienzo, incluso cuando muchos dudaban de la aplicabilidad de la herramienta del juicio político. Dimos le debate sobre el contenido y la importante del juicio político porque es uno de los controles intra-órganos lo dice la Constitución Nacional. Es la herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.

El presidente del bloque de diputados de la UCR y secretario de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Mario Negri, sostuvo este jueves en la reunión que “estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político”, y que los jueces de la Corte Suprema “no han incurrido en delito o mal desempeño. Las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”.

“Este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la vicepresidenta”, explicó Negri.

En esa línea, lanzó: “Nunca vi que se desoye con tanto barbarismo a alguien”, y agregó: “Está finalizando este ciclo de 16 años de confrontación (con la Justicia) y ahora le declararon la guerra contra la Constitución, esa es la verdad de la milanesa”.

“Según el presidente, él y los gobernadores hicieron la denuncia. Pero, en realidad, 14 diputados la hicieron. Ningún taita de los gobernadores ni el presidente firmaron nada. ¡A una denuncia se la firma, no se busca ventrílocuos!”, añadió el diputado radical.

Negri, como todo el interbloque JxC, planteó que “la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias, si fuera válido esto, cada juez estaría en un candelero permanentemente”.

Además, el diputado radical cuestionó, de esta forma, que los diputados kirchneristas avancen contra los jueces supremos por la sentencia que declaró inconstitucional la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura y por el fallo que admitió un amparo pedido por CABA en la pelea por los fondos de la coparticipación.

“La Corte ha declarado cientos de leyes inconstitucionales, porque es garante de que se cumpla la Constitución. Es mentira que se reestableció una ley derogada. La ley de 1997 del Consejo de la Magistratura siempre estuvo vigente y la ley de 2006, que fue declarada inconstitucional, era una modificatoria. Hubo reformas que fueron declaradas inconstitucionales, por eso el texto que queda en vigor es el de 1997. La Corte no está legislando, no está reemplazando al Congreso”, explicó Negri.

El cordobés también se refirió a la acordada de la Corte Suprema que invalidó la jugada de los senadores kirchneristas para quedarse con 3 de los 4 consejeros de la Magistratura y disparó: “El oficialismo pretendió usurpar una banca, llevársela en el bolsillo. Lo que hicieron fue dividir el bloque en dos y quedarse con 3 de los 4 miembros. Era insostenible. Cuando se volvió a designar a los consejeros, reiteraron el mecanismo pese a haber una sentencia de la Corte Suprema”.

Y expresó: “¡Hubo infames motivaciones políticas! No es cierto que la Corte avanzó sobre el Senado, solo impidió un acto de piratería política. No puede ser eso una causal de mal desempeño. Admitan que los descubrieron llevándose algo que no les correspondía”.

Al principio de su alocución, Negri les hizo una advertencia a los legisladores oficialistas: “Quiero recordar que la comisión tiene más de 30 pedidos de proyectos de juicio político, de los cuales 15 son contra el presidente y la vicepresidenta”.

Por último, planteó: “Esperemos que cuando solicitamos que se traten estos proyectos contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se use este sistema que aplican contra la Corte Suprema. Esperemos que no usen el mismo mecanismo que se usó en 2014 cuando se rechazó en nueve minutos el juicio político al vicepresidente Amado Boudou”.

Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve todavía sobre la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de que las designaciones “se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.

En ese marco, tanto Mariano Recalde como María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, realizaron una presentación ante la Corte, puntualmente a su presidente Horacio Rosatti, exigiendo que se les tome juramento para que se concrete la conformación constitucional del Consejo de la Magistratura y aseguraron que evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado.

En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas” y que no es competencia de la Corte Suprema “estudiar” las designaciones. Asimismo, recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Dicen que "están estudiando" nuestras designaciones. La única atribución que tiene el presidente de la Corte es recibir los juramentos. La postergación de este acto desde hace casi tres meses incumple la ley, paraliza un órgano constitucional y daña gravemente la República.

— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 9, 2023

Por otra parte, consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”. Se refieren al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya tomó juramento como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.

Por último, los senadores expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso.

Para los senadores, este accionar representa “una grave amenaza para la salud institucional de la República”.

7090-D-2022

La diputada nacional María Rosa Martínez (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió al proyecto que presentó de pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema por la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y afirmó que “se registran una serie de denuncias y desmanejos” y defendió que se avance en la admisibilidad del juicio político donde se investigue el “mal desempeño y posible delito de malversación”.

“Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, afirmó Martínez en declaraciones a radio AM 750.

Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La legisladora sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y recordó que en el año 2008 se llegó a “una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones” en la obra social del Poder Judicial”.

“Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo”, detalló.

Además, Martínez consignó que se registró en la obra social “una falta de previsión presupuestaria” y los balances “no eran firmados por el colegio profesional” de Ciencias Económicas.

En tanto, la legisladora oficialista aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social “fue muy importante” y agregó: “La denuncia de la CC reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas”.

Si bien el diputado Eduardo Valdés había consumido todo el tiempo asignado para fundamentar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte, su compañera Mara Brawer se extendió este jueves en su exposición, fundamentalmente para fundamentar el pedido de enjuiciamiento contra Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por haber votado a favor del 2×1 para casos de lesa humanidad.

La diputada del Frente de Todos había arrancado justificando el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte en que “sus conductas, avasallamiento y usurpación de funciones propias de otros poderes, incumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados que forman parte de nuestra Constitución, y por ignorar la jurisprudencia que la propia Corte ha construido, poniendo en peligro nuestro sistema republicano y en igual medida nuestra democracia”.

Al avanzar en su exposición, Mara Brawer remarcó que si hay un tema que “une al 90% de los argentinos es el de los derechos humanos. Es un tema de unidad nacional, una política de Estado que nos distingue en el mundo. Somos representantes de un país que hizo una bandera de la memoria, la verdad y la justicia”.

A continuación se refirió a cuando en 2017 Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor del beneficio de los genocidas. En esa oportunidad, “se provocó en la sociedad argentina un quiebre pocas veces visto en nuestra historia. Los delitos de lesa humanidad no se juzgan como cualquier delito común, son imprescriptibles, porque lesionan a la humanidad, y eso Rosatti lo sabe perfectamente, porque lo dijo cuando defendió su pliego en el Senado”.

Por eso, Mara Brawer se preguntó. “¿Hay dos Rosatti? ¿Uno que miente para conseguir el cargo y cuando asume como cortesano hace todo lo contrario?”.

“Acá se pone en juego uno de los causales de juicio político: la idoneidad moral de los supremos”, señaló, para referirse luego al caso Muiña. “¿Quién era (Luis) Muiña? Un particular que entra a hacer servicios de seguridad en el Hospital Posadas y crea un grupo Swat, crean un centro de detención y tortura en el hospital”, comentó.

Para la diputada kirchnerista, “es tan claro el rompimiento del contrato social de estos cortesanos que la sociedad argentina salió a la calle, y ahí estábamos todos. Fue tan fuerte que este Congreso en paralelo a la marcha se juntó y sancionó una ley, la 27.362, para que quede claro que no se podía aplicar el 2×1 en los delitos de lesa humanidad”.

Tras reiterar que ambos jueces de la Corte fueron “en contra del contrato social de esta sociedad”, comentó que en el caso de Rosenkrantz, ese magistrado insistió, pues “casi declara inconstitucional esa ley, no tuvo mayoría y sigue fallando en minoría en muchísimas causas pidiendo que se aplique el 2×1 a los genocidas”, por ejemplo el caso Rufino Batalla. “Es de una gravedad importantísima, que afecta a nuestra democracia y a la idoneidad ética de estos cortesanos”, enfatizó.

Mara Brawer concluyó señalando que “este pedido de juicio político no busca necesariamente que estos supremos sean juzgados, porque la finalidad del juicio político, como dijo Joaquín V. González, no es el castigo del acusado, sino la protección del interés público, contra el peligro de su ofensa por abuso de poder, el descuido del o la conducta incompetente a la dignidad del cargo. Está claro que Rosenkrantz y Rosatti no estuvieron a la altura de la dignidad del cargo”.

En el marco de la presentación de los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, compartió este jueves su espacio con Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien habló en representación de ese organismo, y en una breve intervención de fuerte carácter político embarcó a esa agrupación en la embestida contra los integrantes del Tribunal Superior.

“Estoy de acuerdo en todo lo presentado. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora está participando porque este juicio era imprescindible”, dijo Cortiñas, que agregó: “Estaremos juntos para impulsar los proyectos que más convengan para llegar al juicio. Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”.

Previamente Claudia Rocca, sentada a la derecha de Nora Cortiñas, había leído los detalles del pedido de enjuiciamiento de ese sector. Contí que el pedido de juicio fue presentado el 2 de agosto de 2022, incluyendo una decena de causales de “mal desempeño”, comenzando por uno contra Carlos Rosenkrantz, basado en un artículo del periodista Ari Lijadad publicado en el sitio El Destape el 8 de septiembre del año pasado, donde se denunciaba la intervención de dicho magistrado en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, señaló. Cosa que, enfatizó, “viola la garantía de imparcialidad”.

Entre esos clientes citó a Supercanal, Claro y el Grupo Clarín.

También contra Rosenkrantz citó como causal de enjuiciamiento un comentario suyo realizado el 26 de mayo de 2022 en una conferencia realizada en Chile, según el cual “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. Detrás de cada derecho hay un costo y entonces el Estado no podría solventarla”. A su juicio, esa frase habla de una “concepción elitista que responde a los poderes concentrados a los que ha dedicado su tarea profesional”.

Otro motivo de enjuiciamiento planteado por Claudia Rocca fue contra los jueces Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, por extenderse en sus facultades constitucionales en el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. Una postura que a su juicio es confirmada por el voto disidente de Ricardo Lorenzetti. “Todo lo resuelto no podría tener otro desenlace que la crisis actual”, dijo, afirmando que la medida “sobrepasa el poder que le corresponde” a la Corte.

Contra los cuatro miembros de la Corte era el siguiente motivo, por el fallo que favoreció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional, “pretendiendo equiparar el estatus de la Ciudad con el de las provincias”. Para esta asociación, “solo puede explicarse este fallo como una concepción de evidente parcialidad político partidaria”.

También le imputó a los cuatro magistrados “falta de diligencia por la difusión de escuchas telefónicas conteniendo conversaciones que excedían el objeto de la investigación”. La denuncia tiene que ver con el organismo encargado de las intervenciones, que quedó bajo la órbita de la Corte Suprema a partir de un DNU de Mauricio Macri, y citó como ejemplo el audio difundido de una conversación de la expresidenta Cristina Kirchner con Oscar Parrilli, en el que conversaban sobre una entrevista con Jaime Stiuso.

Otra de las denuncias apunta contra Lorenzetti por la demora en hacer jurar a un senador oficialista en el Consejo de la Magistratura en tiempos de Cambiemos, lo cual permitió destituir al juez Eduardo Freiler.

También contra Lorenzetti hay otra demanda por “manipulación y designación de un tribunal oral para el caso (de la tragedia de) Once.

Por último, citó responsabilidades de los cuatro miembros de la Corte por la “responsabilidad omisiva en la utilizacón de la doctrina Irurzun en el encarcelamiento descabellado criterio para poder encarcelar selectivamente a un grupo de exfuncionarios del Gobierno”. También, por “ejercer facultades que no detentan en un pronunciamiento de contenido misógino contra la jueza Martina Isabel Forns”.

La titular de la Asociación Argentina de Juristas concluyó definiendo a la actual como “una oportunidad histórica para reconciliar con nuestra sociedad al poder más desprestigiado que tiene nuestra república”.

Nora Cortiñas intervino a continuación, manifestando estar de acuerdo con la presentación que acababa de ser escuchada. “Es una buena idea iniciar este juicio político, que es oportuno. No solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya”, afirmó.

Y sumó la acusación a los jueces que avalaron la aplicación del 2×1 favoreciendo a represores y genocidas, como así también habló de “los antecedentes de Rosatti cuando era intendente de Santa Fe”. Se refería al testimonio de Patricia Indiana Isasi en tiempos del Proceso en esa provincia, quien fue violada por el represor Eduado Alberto Ramos. La denunciante contó que el hoy ministro de la Corte le dio trabajo a ese represor y lo mantuvo en el cargo cuando ella le dijo quién era.

Asimismo criticó a Rosatti y Rosenkrantz por haber aceptado ser designados en comisión por un decreto. “Eso los descalifica para ser miembros de la Corte”, dijo, como así también afirmó que “se han convertido de prepo en legisladores que se permiten derogar leyes y reemplazarlas por leyes ya derogadas”.

Este jueves a partir de las 11 tendrá lugar el segundo capítulo del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Será en la Sala 1, 227, y tal como ha quedado claro este verano, será responsabilidad de los miembros oficialistas de la comisión habilitar el quórum, para que después arranque formalmente el debate.

Esta vez, según lo dispuesto en la primera reunión, se escuchará a los diputados autores de proyectos puestos a consideración, como así también a aquellos que han presentado expedientes particulares.

De tal manera, se escuchará a los autores de los proyectos que comprenden este enjuiciamiento, entre los que hay diputados, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cuatro particulares. No está en el listado la senadora nacional Juliana Di Tullio, autora de dos pedidos de enjuiciamiento incluidos en el temario.

Orden de las presentaciones

1.                            SILEY, VANESA: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ, POR MAL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES. (5039-D-2020) 

NOTIFICADA

2.                           OLIVETO LAGO, PAULA MARIANA; LOPEZ, JUAN MANUEL; FERRARO, MAXIMILIANO; ZUVIC, MARIANA; CAMPAGNOLI, MARCELA; FLORES, HECTOR; LEHMANN, MARIA LUCILA Y MANZI, RUBEN: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. RICARDO LUIS LORENZETTI, POR MAL DESEMPEÑO Y EVENTUALES DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0357-D-2021)   

NOTIFICADA

3.                           LOPEZ, JUAN MANUEL; OLIVETO LAGO, PAULA; FERRARO, MAXIMILIANO; BORREGO, VICTORIA; CAMPAGNOLI, MARCELA; CASTETS, LAURA CAROLINA; FRADE, MONICA EDITH; MANZI, RUBEN; MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; STILMAN, MARIANA Y ZUVIC, MARIANA: DE RESOLUCION. AMPLIASE EL PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL JUEZ DE LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. RICARDO LUIS LORENZETTI -EXPTE 0357-D-2021 (2177-D-2022) 

NOTIFICADO

4.                           ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS: SOLICITAN SE PROMUEVA JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (0054-P-2022) JUICIO POLÍTICO

NOTIFICADA

Confirmada la asistencia vía mail y celular. Resta informar quiénes asistirán.

5.                           VALDES, EDUARDO FELIX; UCEDA, MARISA LOURDES; CASARETTO, MARCELO PABLO; FERNANDEZ, AGUSTIN; PEREYRA, JULIO; MARIN, VARINIA LIS; CAPARROS, MABEL LUISA; HERRERA, BERNARDO JOSE; GINOCCHIO, SILVANA MICAELA; GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL; PAROLA, MARIA GRACIELA; HERRERA, RICARDO; LEIVA, ALDO ADOLFO; OSUNA, BLANCA INES Y BRAWER, MARA: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO AL SR. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. HORACIO ROSATTI Y DE LOS JUECES INTEGRANTES DRES. CARLOS ROSENKRANTZ, JUAN CARLOS MAQUEDA Y RICARDO LORENZETTI POR LA CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION NACIONAL. (6905-D-2022) 

NOTIFICADO

6.                           MARTINEZ, MARIA ROSA Y CARRO, PABLO: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DRES. HORACIO ROSATTI, CARLOS ROSENKRANTZ, RICARDO LORENZETTI Y JUAN CARLOS MAQUEDA, POR MAL DESEMPEÑO Y EVENTUALES DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION NACIONAL. (6906-D-2022) 

NOTIFICADO

7.                           ASOCIACION CIVIL POR LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES – ASOCIACION CIVIL EXIGIR  SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA LOS ACTUALES MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CARLOS FENRANDO ROSENKRANTZ Y RICARDO LUIS LORENZETTI POR MAL DESEMPEÑO O -EN SU CASO- Y DE CORRESPONDER POR DELITO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (100-P-2022)

NOTIFICADO

Confirmada la asistencia vía mail y celular. Concurrirán dos expositores: Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

8.                           LA GRECA RICARDO ANTONIO SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA LOS ACTUALES MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (106-P-2022)

NOTIFICADO

Confirmada su asistencia vía mail y celular.

9.                           ISASA PATRICIA INDIANA SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CSJN HORACIO DANIEL ROSATTI POR LA CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO (107-P-2022)

NOTIFICADO

Confirmada su asistencia vía mail y celular.

10.                         LLONTO PABLO PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION HORACIO DANIEL ROSATTI POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (0108-P-2022)

NOTIFICADO

Confirmada su asistencia vía mail y celular.

11.                          SANCHEZ, DIEGO C.: PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0109-P-2022) JUICIO POLÍTICO

NOTIFICADO

Confirmada su asistencia vía mail y celular.

El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar De Marchi (Pro – Mendoza), apuntó contra el Gobierno por el juicio político que propone contra la Corte porque “los objetivos del juicio son: hablar de esto para evitar de hablar de los problemas reales y tratar transmitir la sensación de que Argentina tiene poder judicial peligroso”.

“El gobierno no está ensañado con la Corte Suprema, están ensañados con la gente porque los indicadores principales en el país son todos malos y detrás de esos altísimos índices de la inflación, de pobreza, de chicos que no terminan la escuela hay personas de carne y hueso que la pasan mal”, apuntó el mendocino en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, remarcó: “Cuando dicen 100% de inflación se piensan que es un numerito y no, es gente que no come bien en Argentina, que no llega a fin de mes. El Gobierno se ha ensañado con la gente porque ponen en actividad toda esta cosa de Juicio Político, que a esta altura ya no cabe ninguna duda de que es una farsa, un circo, tiene ese objetivo de hablar de eso y no de los graves problemas que tiene el país”.

“Y por otro lado buscan transmitir esa sensación de que el Poder Judicial en Argentina es peligroso que condenó a esa pobre señora que no llega a fin de mes con su jubilación y el Poder Judicial la condenó por corrupción. Son los dos mensajes que el gobierno trata de instrumentar”, disparó De Marchi en alusión a la condena de la vicepresidenta de la Nación.

En suma, destacó que “Argentina es un gran país con una riqueza natural enorme, con producción de alimentos, con capacidad para industrializarse, para abrirnos al mundo desarrollado, democrático, activo para que inviertan acá. Argentina podría ser uno de los lugares más envidados del mundo”, pero criticó: “Este gobierno lo pudre todos los días un poco más”.

“No sé qué los motiva a hacer todo esto. ¿Qué chance hay de que el país pueda progresar con vínculos con Cuba, Venezuela, Nicaragua? Siguen esos modelos”, cuestionó el dirigente del Pro y arremetió contra Nicolás Maduro: “Son los típicos matoncitos de barrio de ‘agárrame que lo mato’, cuando les toca salir de su fortaleza arrugan entero. El tipo no vino acá porque arrugó, no son líderes mundiales, son cachivaches. Son berretas”.

Por otro lado, respecto a la citación del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y del ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, a la próxima reunión de comisión, el diputado lanzó: “Forma parte del circo, a esta altura ¿alguien puede creer que en serio quieren enjuiciar a la Corte? Están montando un circo para hablar de otra cosa”.

“Están convalidando una supuesta y evidente escucha ilegal, si ellos tienen duda de eso tienen que iniciar una investigación judicial, la Comisión de Juicio Político es una comisión que juzga cuestiones políticas y que para colmo no va a tener el número. El final es algo cantado”, aseguró De Marchi.

Por último, consultado por la postura de JxC de no tratar otros temas mientras siga el juicio a la Corte, planteó: “No se pierde demasiado porque no hay plan de gobierno, no hay plan de país, no hay una hoja de ruta, ya se están yendo estos muchachos y nunca pusieron arriba de la mesa un rumbo general”.

“¿Cuáles son los proyectos? No hay nada que sea en el marco de un plan integral, son todos impulsos, todas gotas en el océano que no resuelve nada”, enfatizó y ejemplificó: “Como crear 8 universidades vos decís ‘che está bien crear universidades’ y dicen ‘que malos que son no quieren tratar el proyecto’, pero 50% de los jóvenes no terminan el secundario, 40% de las escuelas no están conectadas en Argentina, 20% de indigencia. No nos dejemos comer el verso y encima en muchos lugares es para adoctrinar gente porque hay muchas universidades no son en lugares inhóspitos, la mayoría son para eso”.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos) arremetió contra la Corte Suprema tras el inicio de la Comisión de Juicio Político en el Congreso al asegurar que hace falta ponerle “un límite al avance del Poder Judicial” que se desempeña “por sobre el Ejecutivo y el Legislativo”. Además, reveló que la figura impulsada por el Frente de Todos cuenta con tres procesos parlamentarios e indicó que los tiempos será prolongados.

“Cuando uno habla de expresión republicana habla de independencia de poder y en ningún lugar se dice que el Poder Judicial está por encima del resto”, planteó en diálogo con la AM 990, y agregó: “Tenemos que poner un límite al avance del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y el Legislativo y el único remedio es el juicio político”.

En la misma línea, aclaró que los juicios políticos llevan tiempo, “no es algo que se va a resolver mañana o pasado”, y cuestionó los trascendidos que revelaban que autoridades de los Estados Unidos se manifestaron en contra de la figura.

“Hay que tener en cuenta que el juicio político es una figura constitucional en la Argentina y en Estados Unidos, y se aplica. Se aplicó a (Donald) Trump dos veces, a (Bill) Clinton. En todos los países hay una manera de corregir cuando hay un mal desempeño en funciones”, argumentó.

Casaretto explicó que durante la reunión de Comisión que tuvo lugar en el Salón 1 del Congreso, se dio inicio al trabajo formal y se organizaron los pasos a seguir en los próximos días. También contó que el jueves 2 de febrero, los denunciantes harán una presentación verbal además de la escrita.

“Son 14 juicios políticos, y el jueves siguiente, se trataría la admisibilidad de la denuncia para los cuales se necesitan tener 6 votos de 31 integrantes de la comisión. El Frente de Todos estaría en condiciones de aprobarlo, a partir de ahí vendría toda la etapa probatoria”, explicó y agregó: “La comisión va a hacer un dictamen para poner a consideración del recinto, y se requieren dos tercios del pleno de la Cámara para poder aprobar la acusación, luego pasaría al senado que se requiere dos tercios para concretar la destitución de los magistrados”.

El legislador kirchnerista elogió al Gobierno, aunque admitió la necesidad de trabajar en bajar la inflación y en lograr una distribución del ingreso de manera equitativa.

Por último, criticó el rol de Juntos por el Cambio ante la negativa de tratar el temario de 28 puntos planteados por el presidente Alberto Fernández al convocar a sesiones extraordinarias. “La oposición dice que no tratará ningún tema hasta que no se resuelva lo del juicio político, entonces están pendientes un plan de pago previsional para que se puedan jubilar 800 mil argentinos. Sabemos que va a durar meses o años, vamos a tener que seguir trabajando”, concluyó.

“…Sin duda, donde tiene la Constitución, las leyes y los tratados, en cuanto son la ley suprema del país, su más sólido fundamento y  prestigio, y su efectividad más directa, es en las sentencias de la Suprema Corte de la Nación; porque es el intérprete final e irrevocable de todas las reglas, doctrinas y poderes que ella contiene, así relativas a los particulares a quienes obliga y ampara, como a las autoridades y Estado que de ella derivan su mayor fuerza y majestad”

Joaquín V. GONZÁLEZ “Manual de la Constitución Argentina”; 1897

1.                            El embate oficialista que desafía la vigencia de la Constitución. Breves antecedentes de los casos de 1947 y de 2003.

Sin otros históricos precedentes como los de 1947 (durante el Ejecutivo nacional de Juan D. Perón, en su primer mandato), y de 2003 (durante el turno presidencial de Néstor C. Kirchner, con el muy inusual y objetable anuncio a través de una solicitud al Congreso Nacional por medio de la cadena oficial de radio y TV públicas), el gobernante oficialista “Frente de Todos” -con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y otros dirigentes y funcionarios a la cabeza- promueve hoy un juicio político contra nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El primer antecedente, reconoce sus fuentes en el ascenso del Justicialismo al Ejecutivo nacional luego de los comicios generales de 1946, aunque desde junio de 1943 muchos dirigentes de lo que resultaría luego esa fracción ideológicopartidaria ocupaban puestos y funciones de relevancia en esa gestión Ejecutiva nacional ‘de facto’, como resulta sabido. En los siguientes términos, se manifiesta el ya citado presidente de la Nación, al inaugurar su primer mandato: “Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público” (presidente de la Nación, Juan D. Perón; en “Mensaje Presidencial ante la Asamblea Legislativa / Congreso de la Nación, 4 de junio de 1946”). Todo dicho.

El segundo antecedente fue anunciado a la ciudadanía por medio de la red oficial de medios públicos (en un hecho inédito para la historia constitucional y política argentina). Algunas motivaciones objetivas en el funcionamiento y la integración de ese colegiado judicial (entonces, de 9 miembros) -que supo resultar conocida y lamentablemente ‘devaluada’ como ‘la Corte de la mayoría automática’- a lo que debe sumarse la severa crisis institucional que arrastró la trágica e inestable situación de fines del 2001, sirvieron al flamante primer magistrado (que logró eficazmente restablecer la autoridad presidencial) para contar en líneas generales con el beneplácito pasivo del electorado.

¿Para qué sirve un juicio político? ¿Cuál es su finalidad?

Es un mecanismo interpoderes -establecido por nuestra propia Carta Fundamental- con el objeto de controlar constitucionalmente la conducta y el desempeño público de ciertos funcionarios y magistrados. El propósito principal de esta herramienta es la destitución del o de los acusados en su función (aunque puede darse la situación de aplicarse además otra sanción accesoria, cual es la de inhabilitación personal -durante un plazo o perpetua- para ocupar cargos públicos). El protagonista principal del ‘remedio constitucional’ lo es el Poder Legislativo federal; esto es: el Congreso de la Nación. La misión y carga de la acusación (por decisión adoptada con gravosa mayoría en la votación en el recinto) está en cabeza de la Cámara Baja. Por el contrario, compete al Senado de la Nación -constituido en Tribunal de enjuiciamiento en Juicio Político- la tarea de juzgar y dictar sentencia (y donde también se exige una mayoría especial importante para la sanción más dura). (“María Angélica Gelli: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. 5ta. Edición. Tomo II. Edit. La Ley-Thomson Reuters; 2018” / “Eduardo Menem: Derecho Procesal Parlamentario. Edit. La Ley; 2012”).

2.                           Los actores institucionales en el ‘proyecto de acusación’ parlamentario. Su inclusión -junto a otras iniciativas- en el temario ‘de interés y progreso’ para el período extraordinario de sesiones 2022/23.

Si bien, hace ya unos días, el primer magistrado entregó en mano una suerte de ‘borrador acusatorio’ a los Diputados de la Nación oficialistas, la presidente de la comisión de Juicio Político y el titular de la bancada del FdeT, el Boletín Oficial publicó (el viernes 13.01.2023) el decreto del P.E. nacional convocando al Poder Legislativo a sesionar extraordinariamente (desde hoy, 23 de enero hasta el 28 de febrero, del corriente año). En el temario anexo al acto político institucional (Decreto Nro. 017/23, conforme los Arts. 63 e inciso 9 del Art. 99; Constitución de la Nación) -en el punto 24- se lée: “Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”. En dicha enumeración, se supone que el Ejecutivo convocante hace un juicio de valor y meritúa las imprescindibles prioridades pendientes en beneficio de la Nación “… cuando un grave interés de orden o de progreso lo requieren”, tal la pauta del precitado inciso 9, del constitucional Art. 99. Huelgan los comentarios.

No se queda allí la voluntad del oficialismo en avanzar contra la Justicia. Como si fuera poco este intento de agravio a la Corte Federal, también en dicha enumeración se incluye y se habilita el tratamiento de los conocidos y controvertidos proyectos de ley acerca de:

–                             Proyecto de Ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1.285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Expte. Senado 1353-S-2022) y

–                             Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T. O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ E. N. –ley 26.080 –dto 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” (Msje. 128/21 – Expte. Senado 151-PE-2021 – Expte. Diputados 9-S-2022).

En definitiva, dos de los proyectos de ley más controvertidos en la actual gestión presidencial, iniciada a partir de diciembre del año 2019 y con directo y medular impacto en el Poder Judicial.

3.                           El contexto objetivo y la situación político judicial del presente, respecto de ciertas autoridades de máxima jerarquía constitucional.

No debe dejar de expresarse aquí, un dato que no puede resultar soslayado al momento de analizar y juzgar esta suerte de ‘jugada político institucional’ oficialista.

El 6 de diciembre de 2022 (no hace aún 60 días) el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 -sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la causa denominada “Vialidad”- anunció la condena contra la vicepresidente de la Nación en ejercicio de su popular mandato, Cristina E. Fernández de Kirchner, a una pena de “6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Es verdad que constituye el final de apenas una primera instancia, pero la alzada y el último peldaño judicial nacional pueden resultar siendo la Cámara Federal de Casación Penal y -casi con seguridad- la Suprema Corte de Justicia de la Nación (hoy acusada arteramente por el oficialismo que conducen partidariamente la vicepresidente de la Nación, el primer mandatario y el super ministro de Economía) respectivamente.

El dato, público y notorio, nos trae un futuro panorama de la incidencia y el impacto en el escenario político institucional en caso de confirmarse (aunque sea parcialmente) una sentencia condenatoria con el contenido ya explicitado . La situación no merece explicación, pues está todo dicho y los datos posibilitan una inteligible visión del próximo escenario institucional argentino.

4.                           El proyecto acusatorio oficialista. El texto presentado a la Cámara de Diputados: estado parlamentario, extensión, contenido y viabilidad legislativa.

El estado del trámite parlamentario:

Con fecha 13.01.2023, ingresó a la Cámara Baja un proyecto oficialista de resolución promoviendo la acusación contra los integrantes de nuestro máximo colegiado judicial federal. En más de 400 páginas, algunos Legisladores de la Nación intentan sostener un presunto ‘mal desempeño en sus funciones’ contra los ministros, Juan C. Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y su presidente, Horacio Rosatti (Expte. 6905-D-2022 / Cámara de Diputados de la Nación), en los términos del Art. constitucional 53.

A pesar de la tinta derramada en el texto, el mismo no logra convencer acerca de semejante motivación que pueda -idónea y fundadamente- dar curso a una seria acusación (conforme los pasos y pautas previstos en el Reglamento de la Cámara Baja y en el propio procedimiento interno de la comisión).

Este proyecto no cuenta aún con ‘estado parlamentario’, pues el Congreso de la Nación se encuentra en receso (conforme los Arts. 63 y 65, C. N.; 1994). Como ya se escribió arriba, recién a partir de hoy, día lunes 23 del corriente mes y año (de acuerdo a la convocatoria formalizada por el Decr. P. E. nacional N° 017/23. Boletín Oficial, Vier 13.01.2023) podrán actuar válidamente las Cámaras legislativas, a los efectos de tratar parlamentariamente con exclusividad los asuntos comprendidos en el temario anexo al precitado decreto (contiene 27 asuntos). En la primer sesión de la Cámara Baja, se dará ingreso al proyecto y su correspondiente giro a la comisión concerniente, sea dentro del período extraordinario (que concluye el día martes 28 de febrero del corriente) o iniciado ya el período ordinario de sesiones 2023/24 (situación que tendrá lugar recién a partir del día miércoles 1° de marzo de 2023, tal lo dispuesto por nuestra Constitución Federal en los artículos 63 e inciso 8 del 99). En dicha ocasión, el ‘proyecto de resolución’ en análisis, adquirirá entonces ‘estado parlamentario’ (Ver Art. 90 -‘comisión de Juicio Político’- y los detalles en “Jorge H. Gentile: Derecho Parlamentario Argentino; Ediciones Ciudad Argentina, 1997” y Guillermo C. Schinelli: La Cámara de Diputados de la Nación y su Reglamento comentado 1983/2019; Edit. Dunken, 2021”).

Diremos aquí, de paso (pero sustancial para la suerte legislativa del proyecto), que la oposición político parlamentaria en ambas Cámaras ha expresado muy categóricamente a diestra y siniestra que no participará de ninguna actividad legislativa (ni en comisiones de asesoramiento, ni en recinto oficial; Etc.) mientras perdure “este ataque al Poder Judicial por medio de la embestida contra la Corte Suprema mediante la amenaza del juicio político”. La excepción la dará sí la férrea batalla parlamentaria que la oposición otorgará en la muy especial ‘comisión de Juicio Político’ con ocasión de debatirse el presente “proyecto de acusación” y otros.

Tal estado de cosas aleja muchísimo el presupuesto formal mínimo requerido, aunque fuese para presentar la acusación ante el Senado, fijado claramente por el ya citado Art. 53 de nuestro Texto Fundamental (que opera, conjuntamente con la vigencia de los Arts. 59 y 60).

Los fundamentos de la acusación:

•                             Se afirma que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.

•                             “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”.

•                             Señala que en el fallo sobre la coparticipación, los cuatro integrantes del tribunal dictaron “una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

•                             También cita los chats que desataron el escándalo dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa entre miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.  “Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”.

•                             “Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (…) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas”.

•                             Además, se menciona una frase lanzada por Rosatti en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales. Allí el presidente de la Corte expresó que  que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder, algo que los diputados oficialistas interpretan como “una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales”.

•                             Entre los cuestionamientos a los jueces también están el fallo para declarar aplicable el cómputo conocido como “2×1” para un represor y una serie de “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

En cuanto a las medidas probatorias aportadas y acompañadas en el extenso escrito, además de las usuales documental e informativa (copias de fallos, acordadas, oficios y requerimientos a diversas dependencias; Etc.), se destacan

–                             el ofrecimiento de 44 testigos como mínimo (entre quienes figuran funcionarios de la gestión Ejecutiva nacional, funcionarios y agentes públicos de la Suprema Corte federal, gobernadores que suscribieron el acuerdo junto al presidente de la Nación respecto de la controversia por la distribución de fondos coparticipables, funcionarios de la gestión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y -entre otros-  académicos y juristas, y entidades defensoras de los Derechos Humanos, afines al oficialismo partidario del FdeT); y

–                             las citaciones a los propios denunciados: los 4 ministros de la Corte en funciones (para que evacúen consultas y manifiesten su opinión o “informen sobre los cargos formulados”), todo de conformidad con los artículos 12 y 13 del ‘reglamento interno de la comisión de Juicio Político’ de la Cámara de Diputados de la Nación.

Con respecto a la imputación de fondo más importante, diremos -con la mayoría de la doctrina a favor- que “no constituye esa causal ‘fallar’ contra los intereses de una facción partidaria”. Afirma un prestigioso colega y autor: “Las sentencias cuestionadas que fueron dictadas por nuestro máximo tribunal son, jurídicamente hablando, impecables. Luego se podrá o no compartir lo decidido, pero, precisamente para eso está la Justicia, para aplicar la ley, le guste o no al poder de turno …” (“Jorge Grispo: El uso político del juicio a la Corte Suprema marca un quiebre institucional. Artículo en Infobae;  8 de enero de 2023”). Muchos otros juicios de valor se han manifestado ante este preocupante avance del oficialismo partidario (con el FdeT y sus mayores dirigentes a la cabeza) contra la independencia del Poder Judicial de la Nación.

5.                           La investidura y la jerarquía del Cuerpo acusado. Su rol institucional, judicial y político.

Se trata de un embate contra el tribunal judicial que ejerce y se sitúa en la pirámide de la jerarquía normativa e interpretativa constitucional argentina.

Desde 1863 y hasta la fecha, ese colegiado de jueces supremos -designados por el presidente de la Nación de turno, con el acuerdo del Senado Federal por una gravosa mayoría de las dos terceras partes de sus miembros- culmina siempre decidiendo (en aquellos procesos judiciales sometidos a su conocimiento por la vía ordinaria o extraordinaria si procediere y se reúnen los extremos) “qué es lo que resulta o no acorde y conforme al texto y al espíritu de la vigente Constitución de la Nación y de los tratados internacionales con idéntica jerarquía”.

Ello deriva así, conforme a la competencia expresa que nuestro Máximo Texto le confiere, y a la legislación vigente que completó, amplió y reglamentó su jurisdicción. El ejercicio de dichas atribuciones, “ha permitido a nuestra Corte -al igual que su modelo norteamericano- constituirse en el guardián e intérprete de la Constitución, con la facultad de declarar, en última instancia, la inconstitucionalidad de las leyes, decretos o actos realizados por las autoridades cuando atacasen la letra o el espíritu de la Constitución” (Ley 48; en “Víctor Tau Anzóategui / Eduardo Martiré: Manual de Historia de las Instituciones Argentinas -4ta. Edición-; Edic. Macchi, 1980”).

Configura (institucionalmente hablando)  la cabeza visible y reconocida de uno de los tres poderes del Estado Argentino, según como lo distribuye constitucionalmente nuestro ya mencionado Texto Fundacional (Segunda Parte: “Autoridades de la Nación”; Título Primero: “Gobierno Federal”: Sección Tercera: “Del Poder Judicial”, Arts. 108 al 118. Texto Ordenado en 1994). Concurre en dicho rol y función, con ambas Cámaras del Congreso Nacional -cabezas del Poder Legislativo- y con el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, cada uno en la esfera de incumbencia y acción que la misma Carta Magna les delimita y asigna.

Hace más de tres décadas (1989-91), nuestro gran filósofo del derecho, Carlos Santiago Nino, analizaba ‘la dinámica de la práctica constitucional en el régimen democrático’; por supuesto, con diagnósticos y propuestas. Y sin duda alguna -y con absoluto respeto por todos los protagonistas de aquél memorable suceso institucional argentino- expresó prolija y fundadamente las bases filosóficas y jurídicas de la posterior Reforma Constitucional de 1994. Con referencia a nuestra Corte Suprema, escribe Nino que “… lo que se requiere de la Corte es que muestre su activismo respecto del proceso político, … o sea la de promover y ampliar el proceso democrático, abriendo nuevos canales de participación y fortaleciendo la representación, sobre todo de los grupos con menos posibilidades de injerencia real en ese proceso. Ese activismo requiere hacer más laxos los criterios de participación en el proceso judicial, por vía del reconocimiento de intereses difusos, de las acciones de clase, de la intervención de amicus curiae, de ampliación de las acciones declarativas, etcétera.” (“Carlos Santiago Nino: Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional. 5ta. reimpresión. Edit. Astrea; 2017”).  

6.                           La significación, su cometido y la trascendencia de nuestro Supremo Tribunal.

Como ya se ha adelantado, la Corte Suprema de Justicia constituye el más alto tribunal del Poder Judicial de la Nación. Creada por el Texto Histórico de 1853/60, y luego de diversos vaivenes, la manera y la forma de su integración quedaron para el contenido de la legislación ordinaria (hoy, el vigente Decreto Ley N° 1.285/58, con sus actualizaciones).

Cumpliendo sus misiones, la Corte se ha denominado a sí misma como “tribunal de garantías constitucionales”, resaltando la función que -en materia de control constitucional- cumple para tutelar los derechos y garantías personales. También, dentro de ese rol y de otras funciones, ha invocado y ejercido los denominados “poderes implícitos” para poner en funcionamiento sus atribuciones.

Siguiendo a nuestro célebre maestro, Germán J. Bidart Campos, nos permitimos una ejemplificación enunciativa, suficiente para demostrar el perfil de la ‘trascendencia institucional y política’ de la Suprema Corte.

Nuestro Tribunal:

                             “a) da desarrollo a la doctrina constitucional, … a medida que sus sentencias despliegan la interpretación y la aplicación de la Constitución; b) ejerce en instancia última el control judicial de constitucionalidad, incluso cuando el derecho provincial discrepa con la Constitución …; c) actúa como custodio del sistema de derechos; d) vigila que los tratados internacionales no se violen, ni por acción ni por omisión, para resguardar la responsabilidad del Estado que los ha incorporado a nuestro derecho interno; e) tiende a concertar armoniosamente las competencias federales y las provinciales, para evitar la pugna entre unas y otras; f) integra los vacíos normativos de la Constitución y del derecho infraconstitucional, y confiere desarrollo y contenidos a las normas que, por su generalidad y apertura, requieren irse completando; g) controla la correcta aplicación del derecho, especialmente cuando se hace cargo de las sentencias arbitrarias dictadas por tribunales inferiores -sean federales o locales-; h) ejerce … un ‘poder’ del Estado, por lo que comparte el gobierno en orden a las competencias que le son propias; o sea, es ‘tribunal’ y es ‘poder’” (“Germán J. Bidart Campos: Manual de la Constitución Reformada, Tomo III. Edit. Ediar; 2008”).

También el gran jurista Horacio Rosatti (actual titular de la Suprema Corte federal, desde el año 2021) contribuye con estas líneas en la finalidad de desmenuzar el definitivo rol de nuestro Máximo Tribunal. Nos explica que -precisamente- “… es ‘suprema’… porque desde el punto de vista de la función jurisdiccional, constituye la última instancia de decisión en el ámbito nacional. El reconocimiento de la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asumida por nuestro país (bajo condición de reciprocidad) al momento de ratificar dicha Convención (ley 23.054, Art. 2°), luego elevada al rango de documento ‘con jerarquía constitucional’ (Art. 75, inciso 12, segundo párrafo, Const. Nac.) supone reconocer que -en los temas referidos- existe una instancia jurisdiccional por sobre la Corte Suprema de Justicia Nacional. Pero la Corte sigue siendo ‘Suprema’ en el ámbito de las decisiones dictadas en el ámbito nacional”. Continúa Rosatti: “Desde el punto de vista organizacional constituye la ‘cabeza de un poder del Estado’, el Judicial, del mismo modo en que el presidente es, como titular del Poder Ejecutivo, supremo ‘jefe de la Nación’; para finalizar aclarando que “La incorporación del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional, no modifica ni disminuye el carácter supremo de la Corte en el diseño institucional del Poder Judicial ni convierte a este poder en bicéfalo”  (“Horacio Rosatti: Tratado de Derecho Constitucional. Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. 2da. edición ampliada y actualizada. Tomo II. Rubinzal-Culzoni Editores; 2017”).

7.                           La ‘sabia salvaguarda del consenso’ o la barrera infranqueable de ‘las dos terceras partes’ de los Diputados presentes.

Se trata de un inteligente escollo cuantitativo, de una garantía para aquellas fracciones parlamentarias minoritarias (en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación), al mismo tiempo que consagra también una suerte de protección cuasi procesal en favor de la estabilidad de las autoridades constitucionales pasibles de la acusación en juicio político.Ya remitiéndonos al caso que nos ocupa, recordemos la letra del Art. 110 de la Constitución que estableció ciertas y sustanciales garantías para la judicatura federal argentina: “ Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.

Doctrinariamente, se ha interpretado que la letra y el espíritu constitucional han procurado -forzando la consecución de una mayoría tan numéricamente importante- una deseable y seria búsqueda de ciertos consensos interbloques o interpartidarios, alejando posibles y tentadores abusos o manipulaciones de circunstanciales mayorías legislativas.

Para dar curso a la acusación formal ante el Senado Federal (constituido en Tribunal, como bien reza el Art. 59; C. N.; 1994), la resolución debe resultar aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes del Cuerpo, presentes en la respectiva sesión (Art. 53; C. N.; 1994). Por supuesto, ello supone la previa intervención de la ‘comisión de Juicio Político’ -según las pautas del Reglamento de la Cámara Baja, y de los procedimientos ya establecidos en el reglamento interno de la citada comisión- en tanto ella haya agotado eficazmente sus misiones y funciones.

Como ya expresamos -por imperio de la cláusula constitucional que impone la obtención de la gravosa mayoría- el proyecto que se analiza en el presente caso no alcanzará, pareciere, ni de cerca las dos terceras partes de los miembros presentes en un eventual recinto oficial de Diputados. Sí muy probablemente en la comisión (donde el oficialismo cuenta con una leve ventaja en su integración) -la única del Cuerpo que está facultada para dictarse un procedimiento propio interno- tal como lo ha hecho y funciona en consonancia. Consecuentemente entonces, quizá haya sí un dictamen acusatorio de la mayoría de la comisión (un despacho o dos:  uno de mayoría –aprobando la acusación- y otro de minoría, rechazando el proyecto de acusación), pero que no resultará aprobado en la sesión.

8.                           ¿Por qué contra esta Corte Suprema?

Sencillamente porque, nuestro Alto Tribunal en su actual conformación:

–                             Cumple con sus misiones y funciones constitucionales y legales. También con aquellos deberes que emanan de Tratados Internacionales. Se desempeña al frente y es la cabeza visible y última instancia del Poder Judicial de la Nación Argentina;

–                             No conforma ni constituye ninguna ‘mayoría automática’, con sujeción alguna a ningún caudillismo o cesarismo. Un integrante fue designado por el ex presidente de la Nación, Eduardo A. Duhalde; otro por el ex presidente, Néstor Carlos Kirchner, y -los últimos en integrarse- fueron designados por el ex presidente, Mauricio Macri;

–                             Su integración muestra una notable idoneidad, prestigio y aptitud profesional jurídica por parte de cada juez. Conforme al derecho vigente, todos sus miembros fueron designados conforme a las nuevas pautas establecidas por la enmienda constitucional federal de 1994. Todos recibieron el riguroso acuerdo senatorial de la Cámara Alta, según la integración de dicho Cuerpo en cada momento histórico (2002, 2003, y 2016, respectivamente);

–                             Constituye un tribunal independiente. Según el contenido de las diversas y variadas sentencias en las que le cupo juzgar, se advierte fácilmente que no existen encolumnamientos cómodos ni votos en bloque o cadena. Por lo general y según la causa, cada uno -salvo excepciones- deja sus opiniones y motivaciones en cada fallo. Las disidencias conforman muchas veces verdaderas cátedras de opinión doctrinaria;

–                             Cuenta en su composición, con dos (2) ex Convencionales Nacionales Constituyentes de 1994 (los doctores Juan Carlos Maqueda, por la provincia de Córdoba, y Horacio Rosatti, por la provincia de Santa Fe), quienes resultaron activos protagonistas de la actualización del texto de nuestra Carta Magna en dicho año;

–                             Hasta ahora, ejerce sin dudas el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, asegurando en cada caso, la supremacía del derecho federal y la plena vigencia de los Derechos Humanos.

–                             Constituye y configura un freno a la demagogia, discrecionalidad y al autoritarismo de los otros poderes en la gestión público estatal. Y son probados y dignos señores jueces supremos de la Nación; no cortesanos de ninguna gestión Ejecutiva nacional, como bien patente ha quedado demostrado con su trascendente labor jurisdiccional e institucional.

–                             Conforma un Tribunal Supremo de la República democrática; y para la República democrática.

Consultado sobre este particular intento de enjuiciar a nuestro Supremo Tribunal, el siempre oportuno catedrático constitucionalista, Dr. Daniel A. Sabsay, contesta sin medias tintas: “Tenemos una Corte Suprema independiente. Esto se inserta en un proceso que viene de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el ADN del kirchnerismo que es el no respeto a la división de los poderes. Sobre todo la molestia cuando el poder judicial hace su rol y su papel de poder contramayoritario. Precisamente lo que hace es dejar sin efecto aquellas decisiones del poder político que afectan derechos y garantías reconocidos por la Constitución”. Luego informó que “no cuentan con la mayoría necesaria” para llevar a cabo el juicio y que no ve “cómo van a poder lograr definir las causales”. En relación a la composición actual de la corte definió: “salvo en la primera etapa de Alfonsín, no hemos tenido una Corte Suprema tan independiente”.Y lamentó que el gobierno “siga cayendo en semejantes exabruptos en desconocer el ABC de lo que es el fundamento de la democracia. Sinceramente como argentino me da una gran tristeza” (“Daniel A. Sabsay: Tenemos una Corte Suprema independiente. Declaraciones reproducidas por El Marplatense / Marcelo Longobardi por CNN Radio; 2 de enero de 2023”).

La conclusión es la siguiente: ya desembozadamente (considerando las públicas manifestaciones y los hechos de dirigentes, autoridades y funcionarios), diremos que el presente embate procura domesticar a los estamentos judiciales que ejercen y desempeñan su misión con independencia de los demás poderes constituidos y de cualquier otra influencia.

9.                           El irreparable daño que la temeraria iniciativa causa a nuestra imprescindible seguridad jurídica.

La comparación resulta casi obligada entre la situación del juicio político del 2003, con la absurda y grosera pretensión actual de repetir dicho proceso contra nuestra actual Corte Federal.

Hace casi dos décadas -en una preocupante situación institucional similar a la presente, pero que movilizó a muchos sectores ciudadanos, políticopartidarios, empresariales y de la sociedad civil, y culminó con la destitución de dos magistrados de la Suprema Corte federal de entonces- escribíamos acerca de ‘las inseguridades argentinas’.

Decíamos entonces que “…no es menos preocupante la responsabilidad que le cabe al Estado en la cuestión, … porque deberá ser siempre la autoridad de los jueces quien procure -claro está, por medio de su función constitucional, ‘la jurisdiccional’ y ejercida en un caso concreto- el restablecimiento de la seguridad jurídica a través de la realización del valor ‘justicia’” (“Néstor Fabián Migueliz: Con el objeto de afianzar la Justicia. Doctrina constitucional y parlamentaria a la luz del Decr. del P. E. nacional N° 222/2003 y de la reforma reglamentaria del Senado del 2003. Instituto Federal de Estudios Parlamentarios. Secretaría Parlamentaria. Senado de la Nación; 2004”).

También, hace 20 años, el Banco Mundial asociaba los conceptos de seguridad jurídica con el de “riesgo país”, tan mentado. Y expresaba luego -con meridiana claridad-: “Los mercados descansan sobre una base institucional y no pueden alcanzar gran desarrollo sin unos derechos de propiedad eficaces”, los que así lo serán “si se cumplen tres condiciones:

–                             la protección contra el robo, la violencia y otros actos predatorios…

–                             la protección contra la arbitrariedad de las instancias gubernamentales –desde reglamentos e impuestos especiales imprevisibles hasta la corrupción declarada- que perturban la actividad comercial…

–                             un poder judicial razonablemente justo y previsible”

(“Instituciones sólidas, desarrollo sustentable; nota diario ‘Clarín’, 21 de septiembre de 2003” / “Las leyes cambian todos los días; nota diario ‘La Nación’; 16 de noviembre de 2003”).

El prestigioso politólogo y sociólogo, Ralf Dahrendorf -con referencia al procedimiento de designación y remoción de jueces federales argentinos- nos decía por entonces: “… Hamilton demostró con argumentos hasta hoy incuestionables que los jueces debían ser independientes para fortalecer su posición… El poder de la justicia emana precisamente de que se da por sentada su independencia,… de ello dependía su posición. Existe un deseo vivo y, quizá creciente de hallar opiniones ‘independientes’ en las actuales controversias políticas, tan partidistas y, a menudo, demasiado encendidas. La gente común asocia vagamente la independencia con la verdad y el partidismo con las mentiras o, las menos, con la falsía” (Nota diario ‘La Nación’: La era de los jueces; 22 de agosto de 2003).

¿Son tan distintas las situaciones?

En un dato clave si lo son: hoy, una Corte Suprema independiente está en ejercicio constitucional de sus funciones. Y una gestión Ejecutiva muy deslucida y muy republicanamente cuestionada, pretende destituirla por medio del juicio político.

 El ex presidente de la última Convención Nacional Constituyente, y ex Legislador de la Nación, Eduardo Menem, nos brinda alguna explicación que desnuda las intenciones del oficialista FdeT. Escribe Menem: “El gobierno sabe que no tiene la mayoría requerida para impulsar el juicio político en la Cámara de Diputados, pero lo hace para desgastar a los magistrados. Al igual que en el año 2003 se acusa a los jueces por el contenido de sus fallos y no sería de extrañar que se utilicen las mismas acciones que en ese entonces, con descalificaciones a través de los medios afines al gobierno y la promoción de escraches y otros medios de coerción física y moral. Algunos gobernadores, intendentes y funcionarios oficialistas ya comenzaron a hacerlo” (“De aquellos polvos, (vinieron) estos lodos. Art. en Infobae; 16 de enero de 2023”).

Un numeroso grupo de empresarios argentinos -con más de 500 firmas- elevó una carta pública (hace muy pocos días) a los integrantes de la Cámara Baja -y especialmente, a los integrantes de la ‘comisión de Juicio Político- para expresar el sentir de ese importante sector de la comunidad. Escriben los firmantes que “iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional”. Y continúan expresando que “… además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina…”¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?” (“Un grupo de empresarios se opone al juicio a la Corte Suprema: quiénes son y qué plantean”; Nota en ‘El Cronista’; 19 de enero de 2023).

10.                         Para la conclusión:

Ya casi al cierre de estas líneas, digamos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó lo siguiente, en lo que se interpreta como una opinión acerca de la embestida oficialista contra la cabeza de la Justicia federal argentina: “Los Estados recomendaron que la Argentina asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales” (“Twitter; UN Human Rights Council; 23 de enero de 2023”).

Clausura, nuevamente el maestro Germán J.  Bidart Campos hablando de nosotros mismos. Responde el gran catedrático a una consulta, y dice: “Considero que el peor defecto de nuestra tradición política es creer que los jueces -estoy hablando de todo el Poder Judicial- deben dar respuestas propicias y favorables al gobierno de turno; cuando lo que deben hacer en analizar con la lupa de la Constitución cada caso que les toque resolver” (“El camino de la Constitución;  entrevista en ‘Abogados’ -revista del CPACF N° 67-; julio de 2003”).

“…La misión que incumbe a la Corte Suprema de mantener a los diversos poderes, tanto nacionales como provinciales, en la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales. Por grande que sea el interés general, cuando un derecho de libertad se ha puesto en conflicto con atribuciones de una rama del poder público, más grande y más respetable es el de que se rodee ese derecho individual de la formalidad establecida para su defensa… El palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento; el palladium de la libertad es la Constitución, es es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal…”

(Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso ‘Eduardo Sojo’; 1887; Fallos, t. 32, p. 126)

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo en conferencia de prensa que brindó este jueves que relacionar el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema con la suba escalonada del dólar blue es solo porque “quieren generar un clima de incertidumbre”. Por otro lado, apuntó contra la diputada nacional y exgobernadora María Eugenia Vidal y el expresidente Mauricio Macri por los índices de pobreza.

Al ser consultada por la vinculación entre la embestida contra el Poder Judicial y la situación económica, Cerruti planteó: “Relacionar una situación absolutamente constitucional, prevista en la Constitución como es el Juicio Político a la suba del dólar blue, seguramente puede ser que efectivamente tengan en común”, y siguió: “Es que tanto los que no quieren que se realice el Juicio Político como los que quieren que suba el dólar blue, lo que quieren es que se genere un clima de incertidumbre que vaya a favor de ellos”.

“Pueden crecer en el odio, en la incertidumbre, en la sensación de la gente de que hay intranquilidad, una cosa no tiene que ver absolutamente nada que ver con la otra”, remató.

Y agregó: “El juicio político se esta desarrollando de la manera que corresponde en la Cámara de Diputados como tiene que ser, en la Comisión que preside la diputada Carolina Gaillard como tiene que ser, y el Gobierno por supuesto lo sigue atentamente porque es una iniciativa del presidente de la Nación junto con una cantidad de gobernadores llevar a la Corte Suprema a Juicio Político por la situación que todos conocemos de intromisión de la Corte Suprema en el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

Previamente apuntó contra la diputada nacional y exgobernadora María Eugenia Vidal quien en su cuenta de Twitter cuestionó el índice de pobreza tras los dichos del Papa Francisco. Para ello, la portavoz hizo un recorrido histórico comparando los gobiernos populares de los que no.

“Del 55 cuando un gobierno militar derrocó al peronismo e impuso políticas liberales en el país había 2 puntos de pobreza. A través de los años con gobiernos militares o a través de gobiernos liberales, cada vez que gobiernos populares avanzaron para que bajara la pobreza, subiera el empleo, para más industria, al final de esos gobiernos viene gobiernos liberales que hacen retroceder todo esto”, comenzó.

Y sumó: “Cada vez que hay un gobierno popular hay más distribución de la riqueza y pleno empleo. Termina la dictadura militar con una crisis económica y de endeudamiento porque cuando vienen los gobiernos liberales hacen las dos cosas, no solo la riqueza queda en manos de los más ricos y poderosos, sino también endeudan el país de forma que el gobierno que viene tiene que empezar a remontar ese ciclo de nuevo de endeudamiento”.

En ese marco, recordó y criticó: “Cuando era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, me gustaba decir que el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri había llegado a la jefatura de Gobierno después de haber gobernado 3 veces la Ciudad. Durante la dictadura militar siendo el principal socio de Cachiatore con sus empresas, durante el Gobierno de Carlos Grosso y luego democráticamente”.

“Estos son los ciclos que vemos en el país y lo que sucede es que tenemos períodos de crecimiento y de distribución, que son cuando gobiernan las fuerzas populares, y años cortos que logran hacen un colapso enorme que terminó en el 2001”, manifestó Cerruti.

En esa línea, apuntó contra el tuit que posteó Vidal en el que mostró un cuadro con una baja del índice de pobreza en 2017. Al respecto la funcionaria apuntó: “Vidal se olvidó que ellos gobernaron hasta el 2019 y efectivamente hasta el 2017 seguía la curva de descenso que comenzó en el 2003 con los gobiernos Néstor y de Cristina (Kirchner) y en 2017 cuadro hacen la devaluación pega un pico que nos encuentra a nosotros en el 2019 con 50% de pobreza y 50% de inflación y a eso también la pandemia”.

El titular del bloque Córdoba Federal de Diputados, Carlos Gutiérrez, señaló que el debate en la Comisión de Juicio Político de la Cámara que inició este jueves para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores se convirtió en “circo mediático”.

“En sintonía con lo expuesto por el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, nuestro representante en la comisión, quiero señalar que hoy asistimos a la previsible puesta en marcha de un circo mediático, tal como preveían en un extremo y otro de la grieta”, dijo.

En tanto agregó: “El Gobierno nacional trata de ocultar la verdadera y excluyente intencionalidad -ir contra la Corte, modificar por decreto el Consejo de la Magistratura y retomar el ‘viejo’ proyecto para elevar el número de miembros de la CSJN sin tener los consensos necesarios-, con la extorsión que supone haber incluido otros temas en la convocatoria extraordinaria que sí merecen nuestra atención”.

“No nos vamos a prestar a este chantaje de mal gusto. Habían anunciado la puesta en marcha de la comisión contemplando condiciones reglamentarias, y apenas comenzó se volvió lo que preveíamos: un circo que no tiene nada que ver con lo que los argentinos necesitan. Por eso, los argentinos miran para otro lado, cada día nos alejamos más de la agenda de los temas que el país necesita que sean tratados”, criticó.

Por otro lado, se refirió a la respuesta por parte del Gobierno sobre las críticas que hizo el Papa Francisco respecto a los índices de pobreza: “Ayer, Argentina protagonizó, una vez más, un papelón internacional, cuando el Papa Francisco expresó que el país tiene una inflación y una pobreza intolerables por mala administración. No alcanza con qué la vocera responda que es culpa de Macri”.

“El gobierno de Macri fue un mal gobierno y por eso fue castigado electoralmente. El actual gobierno lleva el 75% de ejercicio de su mandato y no logra resolver estas cuestiones. La vicepresidenta no tiene nada que ver con la administración de este gobierno, que pareciera, no es el suyo; el ministro de Economía mira para otro lado, sólo quiere que le saquen un paquete de leyes económicas y no toma posición pública sobre este atropello a la justicia y sobre el no acatamiento del fallo de la Corte sobre la coparticipación”, criticó Gutiérrez.

En ese sentido, alertó que “Argentina no tiene destino si no sale de esta lógica de la grieta”, y remarcó que “los fallos de la Justicia se acatan y, después, en todo caso se discute por la vía recursiva. Pero, introducir esta discusión alejada absolutamente de la realidad de los argentinos, distrayéndonos en este circo, es inconcebible. Los ciudadanos deben mirar atónitos sin comprender qué es lo que estamos abordando en vez de abordar los temas sensibles”.

El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alertó que el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema “genera incertidumbre en la economía” y que es “el peor aliado para la recuperación del país”. Además, volvió a plantear que el presidente de la Nación “el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”.

“Es la primera jornada de la Comisión de Juicio Político. Como era de esperar hubo un debate de carácter introductorio y recién dentro de dos semanas se va a poner en discusión lo que se denomina la admisibilidad de esos 14 proyectos”, explicó en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, opinó: “Tengo la impresión de que este es el intento de un Juicio Político que marcha al fracaso, que daña al país, genera incertidumbre desde el punto de vista económico. no hay peor aliado de la recuperación económica que un embate institucional como el que está poniendo en marcha el Gobierno Nacional”.

“Desde el punto de vista político, no debería generar ningún tipo de trauma. El problema de un país de una Argentina que tiene la amenaza del juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia porque, no es a un integrante sino a todos, y a su vez la amenaza de que el ministro de Justicia de la Nación dice que va a modificar por decreto el Consejo de la Magistratura, sumado a una intención de ampliar a 15 los miembros de la Corte Suprema, eso impacta directamente en la economía y es importante que lo sepa el Ministerio de Economía y la gestión económica”, alertó el bonaerense.

Y sumó: “No hay recuperación posible, no hay forma de controlar la inflación en el país si la política, si el gobierno, juega al embate institucional como lo está haciendo”.

“Hay 14 proyectos, pero cuando el presiente de la Nación el 1ro de enero anunció que iba a hacer un juicio político a la Corte fue muy claro y contundente de que el motivo es el desacuerdo del Gobierno Nacional con fallos de la Corte y eso no es procedente, es evidente que el presidente el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”, lanzó “Topo” Rodríguez.

Por último, explicó el cruce que tuvo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Plantearon que quienes pensamos de una manera distinta al oficialismo éramos empleados de oscuros intereses. Entonces recordé también que un diputado del kirchnerismo dijo en los últimos días que yo tenía una posición respecto al juicio a la Corte por miedo y que hacía político con miedo, sin que esto tenga otra connotación le aclaré a Tailhade que no le tengo miedo a nadie”.

El jefe del bloque oficialista en Diputados, el santafecino Germán Martínez, sostuvo que el debate en el seno de la Comisión de Juicio Político que se llevó a cabo este jueves fue “muy rico” y aclaró que el pedido contra los miembros del máximo tribunal “tiene que ver con la parcialidad y la arbitrariedad de las decisiones de la Corte en temas claves” porque ese “mal desempeño” han “invadido las competencias” del Poder Legislativo y Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Martínez destacó la labor de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, que “hizo una muy buena tarea llevando un debate que sabíamos que iba a tener contenido político”.

“En algún momento pensamos que  iba a ser un debate más procedimental, así varios diputados de JxC lo hacían saber a la prensa en el día de ayer, pero además de hablar de los temas específicos del funcionamiento de la Comisión, del cronograma atrasado por la presidenta de la Comisión, por los expedientes que se tienen en consideración, por los hechos que resultan claves para la acusación que queremos realizar, también hubo mucho debate político y lo logramos dar desde nuestras miradas distintas, pero me parece que fue un debate muy rico y conseguimos lo que necesitábamos”, destacó.

 Y remarcó que “hubo una citación, hubo un quórum reglamentario, se trazó un plan de trabajo se pusieron los expedientes en consideración y hubo el debate político necesario”. En tanto, explicó que “estamos tratando 14 proyectos donde hay cuestiones que tienen que ver con presentaciones realizadas por diputados y diputadas, por particulares y por organizaciones”.

“También hay un proyecto que es encabezado y presentado por el diputado Eduardo Valdés que recoge gran parte de la mirada que tiene nuestro bloque sobre el juicio político”, planteó Martínez y explicó: “Allí hay dos grandes fundamentos que , a diferencia de lo que se está diciendo, no tiene que ver con el contenido de las sentencias, sino que tiene que ver con la parcialidad y la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia a la hora de llevar adelante y de tomar decisiones en temas claves como el Consejo de la Magistratura y la vinculación con los fondos adicionales para Horacio Rodríguez Larreta que, para nosotros, constituye mal desempeño en la medida de que esas actitudes no han hecho otra cosa que invadir competencias que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

En esa línea, el oficialista aclaró que “a eso se le han agregado una cantidad de hechos que están planteado en los distintos proyectos que pusimos en consideración”, y adelantó que la próxima semana “escucharemos a los autores y el día 9 nos abocaremos al análisis de admisibilidad que es algo planeado en el reglamento”.

Al ser consultado por la citación de los magistrados a la Comisión, Martínez comentó: “Al ser los potenciales acusados tienen todo el derecho de poder presentarse cuando se conozcan los hechos, a dar su mirada al respecto pueden hacerlo o no hacerlo y, de hacerlo, puede ser presencial o por escrito”.

Tras la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “este pedido de Juicio Político forma parte de una guerra del Gobierno contra la Constitución” y calificó las pruebas como “inconsistentes” y “lastimosas”. A su vez, aseguró que si el oficialismo consigue los números, ellos bajarán a discutir los temas.

En declaraciones a la prensa, Negri expresó: “Fue la primera reunión dentro de lo previsible. Nosotros resolvimos no venir a ser parte del espectáculo, sino la naturaleza de la seriedad de lo que ha comenzado hoy el Gobierno y el oficialismo que tiene el claro propósito disciplinario de mensaje, no solo a la Corte, sino a la justicia”.

“De 400 páginas que han presentado, lo que vamos viendo para discutir la admisibilidad, solo 85 hacen referencia a algunos hechos que para nosotros son absolutamente inconsistentes, no son viables del pedido de juicio político. A mi criterio debería ser rechazado in limine nada más, no obstante, cuando discutamos la admisibilidad vamos a ir a fondo”, planteó el radical.

Además, sostuvo que “lo que está en marcha acá es absolutamente endeble flojo”, y criticó que la Comisión de Juicio Político “estuvo 3 años cerrada, le faltaba la tela de araña”. “Está lleno de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca”, denunció.

“Fue muy patético en este contexto que, en el medio de eso ocurra en la Argentina 40 años de democracia y que por primera vez en un hecho inédito, un funcionario viaje a Naciones Unidas para hablar de que le han violado los derechos humanos a ellos que están en el gobierno, fueron por lana y salieron esquilado, porque le recomendaron que deben respetar la independencia de los poderes y de la justicia que es el propósito de instalar en un discurso de relato de que se naturalice de que no hay ley. Esto es una guerra contra la Constitución personificada en la Corte Suprema”, manifestó Negri.

Por otro lado, remarcó que el FdT “fundamentan la denuncia en un documento de gobernadores y del presidente de la Nación que dicen ellos que es la denuncia que ellos formularon, pero no aparecen firmando la denuncia yo no sé si es un acto de cobardía”, y subrayó que “es necesario que discutamos a ver si es pasible de mal desempeño lo que ellos refrendaron muchísimas veces en materia de coparticipación, en materia de derecho federal. Es de una inconsistencia manifiesta que tienen propósitos, obviamente, desgraciadamente como vive la Argentina que es deslegitimar, raspar la creencia en el Poder Judicial por parte de la sociedad”.

Negri también remarcó que “el oficialismo sabe que este pedido de juicio político está muy flojo de papeles, que no va avanzar, pero están montando un escenario para esconder las cosas que le preocupan. Hay que recordar que falta que se lean los fundamentos del fallo contra la vicepresidenta en el caso Vialidad en la que fue condenada; y falta que se pronuncie la Cámara de casación en el caso Hotesur”.

“Además, estamos con muchos inconvenientes, teléfono para el ministro de Economía con una inflación de 95 %, con falta de certeza e incertidumbre. Si creen que con esto van a generar un clima de previsibilidad en la Argentina lo que están haciendo es ayudando a que se hunda el barco”, advirtió el cordobés.

En suma, cuestionó: “Tenemos un fenomenal desgobierno con un gran deterioro institucional y encima habla al mundo de derechos humanos y convive con los que lo violan. Entonces el oficialismo busca que se naturalicen las cosas, porque la sociedad tiene mucha fatiga social y ya no espera nada de este Gobierno”.

“Ellos se creen que están en un juego, en una cancha de fútbol. Nosotros vamos a rechazar en las causas que no tienen ningún tipo de fundamento. Para nosotros este proceso debería haber sido rechazado in limine en los hechos que invocan para el mal desempeño que hay que analizar. No hay que contar lo que pasó en el 47 o en el 50, eso es parte del anecdotario es de viejo vizcacha. Echan mano a la Comisión de Juicio Político cuando no han podido echar mano a las soluciones que necesita el país. Las pruebas son bastante lastimosas”, apuntó.

Y finalizó: “Si ellos juntan el número para tratar, nosotros bajaremos a discutir como siempre, pero el dueño del temario es el Gobierno, no lo consensuó con la oposición. A nosotros nos interesan otros temas como Ley de Alquileres, pero son ellos los responsables de poner en marcha el Congreso”.

En un tema que pronostica fuertes enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el tratamiento en comisión de una docena de pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la anuencia del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

Pasadas las 11, los 16 integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, reunieron el quórum propio. Inmediatamente, y antes de que quede abierto el encuentro, arribaron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja los diputados de Juntos por el Cambio.

Una vez que este jueves se defina la agenda de trabajo, la idea del oficialismo es que la semana próxima, el 2 de febrero, expongan los autores de los proyectos y que siete días después, el 9 de febrero, se apruebe el informe de admisibilidad para dar apertura de sumario y comenzar con la investigación.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, comenzará a analizar este jueves desde las 11, catorce expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siete presentados por legisladores y cinco por particulares.

Entre los proyectos que estarán sobre la mesa de los 31 diputados que integran en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” Cámara la de Diputados de la Nación, dos fueron presentados por la Coalición Cívica.

Los catorce expedientes:

• Vanesa Siley (Frente de Todos): Promover juicio político contra el (ex) presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño en sus funciones. (Expediente 5039-D-2020).
• Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; Héctor Flores; María Lehmann y Rubén Manzi (Coalición Cívica): Promover juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. (0357-D-2021).
• Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; María Lehmann y Rubén Manzi; Victoria Borrego; Laura Castet; Mónica Frade; Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman (Coalición Civica): Ampliar el pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti (2177-D-2022).
• Senadora Juliana Di tulio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0025-P-2022).
• Asociación Argentina de Juristas: Solicitan se promueva juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (0054-P-2022).
• Senadora Juliana Di Tulio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0097-P-2022).
• Eduardo Valdés; Marisa Uceda; Marcelo Casaretto; Agustín Fernández; Julio Pereyra; Varinia Marín; Mabel Caparros; Bernardo Herrera; Silvana Ginocchio; Gustavo González; María Parola; Ricardo Herrera; Aldo Leiva; Blanca Osuna y Mara Brawer: Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y los jueces integrantes Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño, en los términos del articulo 53 de la Constitución Nacional. (6905-D-2022)
• María Rosa Martínez y Pablo Carro: Promover juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. (6906-D-2022).
• Asociación Civil por la exigibilidad de los derechos sociales: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño o -en su caso- y de corresponder por delito en el ejercicio de sus funciones. (100-P-2022).
• Antonio De Martino: Solicita juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (103-P-2022).
• Ricardo La Greca: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia (106-P-2022).
• Patricia Isasa: Solicita juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, por la causal de mal desempeño (107-P-2022).
• Llonto, Pablo: Pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Horacio Daniel Rosatti por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (108-P-2022).
• Sánchez, Diego: Pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones (109-P-2022).

En cuanto a las causales mencionadas se enumera el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. También se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores Unidad, Romina Del Plá, se refirió a la reunión prevista de la Comisión de Juicio Político que dará comienzo al proceso impulsado desde la Casa Rosada y lo tildó de “una farsa sin destino”.

“Es el comienzo de una farsa”, lanzó Del Plá y explicó: “Saben de antemano que no tendrán jamás los dos tercios de votos para aprobar en sesión, cualquiera sea la conclusión del proceso”. En ese sentido, planteó que “lo hacen para cubrir el verdadero contenido del gobierno del Frente de Todos, empeñado en cumplir las metas del FMI para descargar la crisis económica y social sobre las espaldas de los trabajadores, más aún de lo que lo han hecho hasta ahora con el 95% de inflación, hundiendo en la pobreza al 43% de los argentinos”.

A su vez, disparó: “El peronismo convoca a sesiones sin quórum, para la tribuna, para la pura agitación política entre los desmoralizados seguidores del kirchnerismo, mientras Cristina avala al súper ministro Massa, el hombre del Departamento de Estado Norteamericano dentro del peronismo. Y el mismo contenido tiene este proceso de juicio político sin destino alguno”.

“El peronismo tiene mayoría en el Senado hace 39 años, es responsable del nombramiento del propio Horacio Rosatti que fue ministro de justicia de Néstor Kirchner, al igual que del nombramiento de infinidad de jueces que hoy llaman la mafia judicial”, criticó la diputada de izquierda.

Además, apuntó: “Esta Corte no solo es responsable del fallo del 2×1 para los genocidas por el cual en su momento exigimos juicio político (proyecto de Néstor Pitrola) que no fue escuchado. Es también responsable de convalidar todas las confiscaciones a los jubilados, de avalar el saqueo de los recursos naturales, la depredación ambiental y los negociados de la deuda externa, un sistema impositivo regresivo y una coparticipación absurda por la cual el Estado Nacional se lleva dos tercios de los recursos con destino al capital financiero”.

“La batalla del kirchnerismo contra la Corte no llega por ningún interés popular. Llega como parte de la lucha de camarillas entre el macrismo y el peronismo por la impunidad de cada uno de ellas. Rechazamos esta Justicia de clase, de cortesanos vitalicios llenos de privilegios y postulamos la elección de todos los jueces por el voto popular y de carácter revocable”, remató.

En la previa del arranque del tratamiento del pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, autoridades del interbloque y legisladores de Juntos por el Cambio que son miembros de la Comisión de Juicio Político mantuvieron una reunión para ultimar detalles sobre su postura y participación en el encuentro citado para este jueves.

Dentro de las estrategias que se analizaron, los opositores acordaron proponer testigos, entre los cuales se mencionaron a los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía). Sobre este último, quieren que el líder del Frente Renovador explicite su posición.

En el encuentro, realizado en una de las salas del Anexo de la Cámara baja, los legisladores cuestionaron que la comisión se vaya a reunir por primera vez para analizar este pedido cuando existen muchos proyectos anteriores, incluso con solicitudes de juicio político contra el presidente y la vicepresidenta, que nunca fueron puestos a consideración.

Más allá de esa crítica, según pudo saber parlamentario.com, desde la principal bancada opositora no pedirán incorporar otros expedientes, con el objetivo de “no agrandar el circo que ya propone el Frente de Todos”. Y otro punto clave será que buscarán “cambiar la agenda instalando otros temas”.

Algo de esto último dio a entender el jefe de la UCR, Mario Negri, cuando al finalizar la reunión apuntó que desde el Frente de Todos “pretenden generar un gran circo para que nadie se entere cuando se lean los fundamentos de la condena a la vicepresidenta (Cristina Kirchner) en el caso de la obra pública y esconder también que la Cámara de Casación tiene que resolver en el caso Hotesur. Lo que buscan en primer término es que no se hable de cómo le va al Gobierno y a Massa con la inflación, pero la gente se da cuenta con el bolsillo”.

“Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum. El planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo. Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad. El pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal”, sostuvo el cordobés en diálogo con la prensa acreditada.

Para el legislador, este proceso “se trata del lanzamiento de la campaña política del Frente de Todos para el año electoral”. Sobre el pedido, dijo que “no está flojos de papeles, son todos papeles que no tienen ningún tipo de consistencia”. Y ratificó que asistirán a dar su posición “con mucha seriedad”. “Tenemos mucho para decir”, completó.

Por su parte, la secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, expresó: “Creemos que este intento del kirchnerismo de iniciar el juicio político a la Corte Suprema se inscribe en esta batalla por tratar de instalar el relato del lawfare, buscando la impunidad de la vicepresidenta”. La macrista resaltó que el juicio político “no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque el kirchnerismo no tiene los dos tercios para la destitución”, pero “van a intentar sostenerlo en una especie de circo político”.

“No podemos dejar solo al Congreso cuando la agenda de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner es cargarse la cabeza del Poder Judicial porque no les gusta que la Corte sea independiente, porque no le gustaron dos fallos, pero además porque quieren desprestigiarla a futuro”, enfatizó el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Reunidos con los miembros de la Comisión de Juicio Político de @juntoscambioar.

Argumentando sobre cómo dejaremos expuesto este circo que monta el presidente @alfredez para esconder problemas reales del país, e intentar descalificar al Poder Judicial que condenó a @CFKArgentina pic.twitter.com/QdR9uu6G0m

— Omar De Marchi (@omardemarchi) January 25, 2023

Vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, el porteño observó que “Cristina espera que en algún momento algún tribunal la salve de la condena que ya tiene o de los procesos penales que tiene pendientes y, en ese sentido, como no tiene ninguna seguridad respecto de la Corte Suprema la quiere desprestigiar cuando no someter”.

Consultado por el pedido que la CC-ARI tiene contra uno de los magistrados de la Corte, López afirmó: “Nosotros tenemos un pedido de juicio político contra el doctor (Ricardo) Lorenzetti desde hace cinco años, nosotros no lo vamos a retirar. Pero no confiamos en que el oficialismo quiera ir contra Lorenzetti, con Lorenzetti siempre negocian”.

“Nosotros no vamos a negociar ni con Lorenzetti, ni con el Gobierno y en todo caso si se da la posibilidad vamos a tener nuestra propia acusación”, sumó, en línea con lo que este jueves manifestó la líder de su espacio, Elisa Carrió.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió a la Justicia y a Juntos por el Cambio que dejen “trabajar tranquila a la Comisión de Juicio Político con los chats” filtrados, ya que afirmó que esos mensajes “claramente pueden ser usados” en el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema.

En diálogo por la AM 990, el integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja auguró que Juntos por el Cambio cumplirá un “papel patético” y lanzó: “La oposición va a ser el abogado defensor de la Corte a lo largo de todas las etapas del juicio político”.

“En lugar de darle institucionalidad, la seriedad que tiene un tema de esta naturaleza, van a intentar bloquear el avance, judicializar permanentemente, no van a participar de las reuniones, salvo en alguna cuestión muy puntual”, se quejó.

Además, Tailhade se refirió a los expedientes judiciales que enfrentan el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y su principal colaborador, Silvio Robles, y afirmó que “hay dos causas en donde están imputados, aparte de la que cerró -el juez federal Sebastián- Ramos” por los chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro.

En ese sentido, el dirigente kirchnerista pidió que la Comisión de Juicio Político “trabaje tranquila con esos chats, que claramente pueden ser usadas en el marco de un juicio político”.

“Le vamos a pedir a Robles que ponga a disposición su Telegram con Marcelo D´Alessandro y toda aplicación de mensajería que pudo haber usado en su vinculación con el ministro porteño”, concluyó.

al fiscal federal Carlos Stornelli y lo acusó de ser “el armador principal del espionaje ilegal y de anónimos, para extorsionar personas”, y de salir en “auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la Nación”, tras cerrarse la causa contra Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema.

“El fiscal Carlos Stornelli, miente”, arrancó Valdés su embestida y detalló que el fiscal: “Está doblemente procesado. Por pedirle al espía Marcelo D’Alessio que le ponga ‘algo’, (¿será cocaína?), al ex marido de su actual mujer (¿no es espionaje ilegal?). Está procesado en 1ra y 2da instancia”.

“Está procesado (1ra y 2da instancia) por pedirle al ESPÍA D’ALESSIO, que le haga una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, quien era abogado de un detenido en Causa Cuadernos (Oscar Thomas) que se negaba a declararse como ‘arrepentido’ en esa causa como le exigía el fiscal”, agregó.

En esa línea, continúa: “El fiscal STORNELLI, SIGUE MINTIENDO, cuando dice que me denuncia en el invento que denomina ‘Puf’, lo hace en base a un ‘ANÓNIMO’, que al igual que ELISA CARRIÓ, dicen en sendas denuncias, que le tiraron el papel por debajo de la puerta de su casa y fiscalía, respectivamente”.

Este es el texto del "ANÓNIMO" vergonzante que recibieron Stornelli y Carró. pic.twitter.com/AdsgnyQ11M

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) January 23, 2023

“Estos ANÓNIMOS, los hacía JUAN SEBASTIÁN DE STEFANO, el espía responsable de Asuntos Jurídicos de la AFI, a pedido, de STORNELLI”, disparó Valdés y manifestó que “en esa repartición trabajaba un hijo de Stornelli, y ¿saben dónde trabajaba otro hijo de Stornelli?, en la oficina encargada de pinchar teléfonos, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”.

“Con ANÓNIMOS, se jactaba el espía Marcelo D’Alessio (preso y condenado) de haber hecho las causas que después tomaban STORNELLI y BONADÍO”, planteó el oficialista y propuso que averigüen “cómo se inició la causa de GAS LICUADO, que se la atribuye el espía D’Alessio, o la causa CICCONE que la empiezan con un agente de inteligencia del 601, el suboficial JORGE PACÍFICO”.

Y agregó: “También pueden averiguar cómo se inició la CAUSA CUADERNOS, con otro suboficial del 601, OSCAR CENTENO, así como las causas de Cristina Kirchner inventadas por el tándem STORNELLI, BONADÍO, D’ALESSIO”.

En ese contexto, Valdés disparó con munición pesada y calificó a Stornelli como “la VERGÜENZA más grande de la historia del Poder Judicial. Es el armador principal del ESPIONAJE ILEGAL y de ANÓNIMOS, para extorsionar personas, tal cual lo muestran los chats encontrados en el celular del espía MARCELO D’ALESSIO”.

Y lo desafió -otra vez- a “poner su celular junto al mío en un canal de televisión ante la vista de TODOS, y que se haga un peritaje de los llamados y chats en su celular y en el mío de los últimos 10 años, que es cuando empiezan sus andanzas con D’ALESSIO”, y chicaneó: “Espero que no los haya ‘BORRADO’ como su otro socio, el ‘periodista operador’, que invitaba a D’ALESSIO a festejar su cumpleaños”.

“Todo esto es la CLOACA del Poder Judicial de los últimos años. Por eso no es casual que sea STORNELLI el que salga en auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la nación”, denunció Valdés y planteó: “REPÚBLICA o CLOACA, esas son las alternativas de la Argentina hoy.

Al cierre de su largo mensaje, agregó: “En la causa ‘PUF’ que denunció STORNELLI, el Juez RODRÍGUEZ y el fiscal DI LELLO, la cerraron al auditar mi celular que fue presentado espontáneamente por mí”.

“En la causa que denunció CARRIÓ ante BONADÍO con el mismo ‘ANÓNIMO’, la cerró el juez MARTÍNEZ DE GIORGI, porque NUNCA existió ningún delito. DELINCUENTES son los que armaron los ‘ANÓNIMOS’ y espiaron las comunicaciones de los presos”, remató.

Dejando de lado el horror antirrepublicano que constituye la intención del Gobierno de modificar, por decreto, la cantidad de miembros del Máximo Tribunal Judicial de la Nación, explicaré técnicamente esta cuestión.

Cuando un presidente de la Nación utiliza uno de los conocidos DNU (decretos de necesidad y urgencia), es porque está ejerciendo potestades que la Constitución Nacional le asigna al Congreso. Efectivamente, como la potestad de decidir la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde al Congreso, si el primer mandatario quiere ejercerla, necesita apelar a un DNU.

¿Qué condiciones impone la Constitución Nacional para que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso a través de un DNU?

Que existan “circunstancias excepcionales” que le impidan al presidente esperar al Congreso; que el decreto esté firmado por todos los ministros, y que no sean cuestiones penales, impositivas, electorales o referidas a los partidos políticos. Si se superan estos requisitos, el decreto va a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que evaluará si ello efectivamente es así, emite un dictamen, y luego es necesario que al menos una de las dos Cámaras le dé su aprobación.

Pues veamos: por un lado, la firma de los ministros es fácil de lograr, y la modificación de la Corte no encaja en ninguno de los temas prohibidos para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. El problema es que no existen circunstancias excepcionales que le permitan el presidente aumentar la cantidad de miembros de la Corte. Si bien la expresión “circunstancias excepcionales” es de interpretación subjetiva, aunque los presidentes suelen tener criterios muy laxos para efectuar dicha interpretación, para la Corte, dichas circunstancias solo se producen cuando hay hechos de guerra o naturales que le impidan a los legisladores acceder al Congreso para sesionar.

En este caso, no solo ya está previsto el inicio de sesiones extraordinarias para el próximo jueves, sino que además, el año pasado, el Senado dio media sanción a un proyecto mediante el cual se eleva a quince la cantidad de jueces de la Corte. Por lo tanto, es indudable que, siendo inminente el inicio de sesiones extraordinarias, y habiendo ya un proyecto con media sanción, las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para que el primer mandatario pueda dictar un DNU para ello, no están configuradas, por lo que un decreto de necesidad y urgencia, en este caso, sería absolutamente inconstitucional.

El diputado nacional y precandidato presidencial, Javier Milei (La Libertad Avanza) cuestionó el juicio político hacia la Corte y manifestó que “hay que hacerle juicio político a los que lo piden”. Por otro lado, criticó a los dirigentes de JxC y al ministro de Economía, Sergio Massa.

En diálogo por CCN Radio, Milei apuntó: “Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que se mostraban como halcones terminaron siendo palomitas”. El liberal que se encuentra en campaña en Pinamar, este sábado en Cariló y el domingo en Mar del Plata, cuestionó también la postura de las principales figuras de JxC por respaldar la presidencia de Lula da Silva en Brasil: “La gente tendría que ver con qué énfasis desde Juntos por el Cambio apoyaron a Lula da Silva”.

Por otro lado, al ser consultado por el juicio político a la Corte Suprema, expresó: “Hay que hacerle juicio político a los que piden el juicio político a la Corte. Este gobierno quiere ir sobre los jueces porque no le gustan los fallos”.

Además, Milei aseguró que “las reglas se cumplen y no se puede tener a la Justicia rehén de otros poderes porque lo que hace es violentar la república y hace que el Poder Ejecutivo se convierta en una tiranía y el Congreso en una oligarquía”.

“Ninguno de los dos bandos mayoritarios hoy tienen voluntad de cambiarlo. Es todo jueguito para la tribuna. Hacen mucho ruido, pero saben que eso no llega al final. Hacen cosas sabiendo el resultado final”, apuntó.

Por último, sobre el anuncio de Massa por la recompra de dólares, el economista indicó: “Para pagar la deuda necesitas tener superávit fiscal. Si tenes déficit, hay un problema porque no hay capacidad de pago. Argentina es insolvente”. “No están saliendo las reservas por las orejas como para darse este lujo”, agregó.

El pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y acompañado por diez gobernadores ya tiene fecha y horario en el que comenzarán a ser analizados los 12 expedientes, debido a que la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Ana Carolina Gaillard, oficializó la convocatoria este viernes por la tarde.

“Por expresa indicación de la señora Presidenta de la Comisión, diputada nacional Ana Carolina Gaillard, se lo/a cita a la Reunión de esta Comisión de Juicio Político, a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023, a las 11.00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del anexo ‘A’, de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de considerar los expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la convocatoria formal.

En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la CC-ARI, Paula Oliveto, y Juan Manuel López. Así como a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.

Por otro lado, el oficialismo citará a más de 40 testigos, entre ellos los cuatro jueces del máximo tribunal que están citados en carácter de acusados. En suma, pedirán que se libren 13 oficios a diferentes dependencias.

La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz. En tanto, las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro).

Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), quienes ya adelantaron que no darán quórum, pero si participarán de las reuniones.

Por el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez -vocal de la Comisión- anunció que la massista Vanesa Massetani será reemplazada por el riojano Ricardo Herrera a fin de garantizarse la mayoría. Así los miembros por el FdT son Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.

El camino del Juicio Político y los fundamentos

El 1ro de enero del corriente año, el presidente de la Nación convocó a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

La reunión con los gobernadores se dio el 3 de enero en Casa Rosada, y solo diez acompañaron el pedido con su firma y fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara baja en la noche del 12 de enero, pero fueron diputados nacionales y no el presidente de la Nación los que le pusieron la firma al texto, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.

El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.

Entre los fundamentos del texto que consta de 410 fojas, se plantea que el jury contra Rosatti es “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, el texto solicita “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.

Más adelante, hablan de un “asalto al Consejo de la Magistratura” en relación al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley sancionada en 2016 y le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo de la Magistratura, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

También refieren al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación. Señalan los diputados que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020. El extenso pedido de juicio político incluye una referencia a “incumplimientos y desmanejos relevados por la Comisión de Auditoría de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

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En vísperas del inicio de las extraordinarias, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, adelantó que harán un cambio en la composición de la Comisión de Juicio Político a fin de garantizarse la mayoría. Por otro lado, aseguró que convocará a una reunión a todos los presidentes de las comisiones que intervienen en el temario.

“Vamos a comenzar el trabajo en la Comisión de Juicio Político después de tener habilitada el periodo de sesiones extraordinarias. Estamos ajustando todos los detalles para poder hacer la convocatoria formal de la Comisión”, sostuvo Martínez en diálogo por DTV.

En esa línea, comparó y cuestionó: “En mi espacio hay 100% de disposición, en JxC sobreactúan la distancia, pero también entiendo que no es una agenda fácil para ellos. He leído los últimos comunicados que pasan por Maduro, Díaz Canel y Ortega, cuestionan las decisiones del ministro Massa, es un momento raro de la agenda de ellos”.

Respecto a las críticas que la principal bancada hizo sobre los argumentos en los que se funda el pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte, el santafecino planteó: “Con todo el respeto, pero no leyeron el proyecto, sino lo que los medios dicen de nuestro proyecto. Nosotros en eso tenemos muy bien fundado a partir, efectivamente, del análisis de lo que decidió la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura y de lo dicho y decidido en función de estos 200 mil millones de pesos adicionales que le está dado Rodríguez Larreta este año, nosotros sobre esos dos elementos configuramos una situación de mal desempeño y le agregamos otros elementos que tiene que ver con las funciones propias de los magistrados”.

“Hay otro proyecto de la diputada María Rosa Martínez y Pablo Carro sobre la administración de la Obra Social. Son 12 expedientes de pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, algunos de ellos de la Coalición Cívica. Vamos a poner en consideración todos los expedientes”, manifestó.

También afirmó que trabajan para convocar a la primera reunión el 26/1, pero descartó que ese mismo día se avance con la “admisibilidad” del proceso. En la primera jornada solo pondrán a consideración los expedientes y expondrán los autores y plantear los próximos pasos.

“Luego nos abocaremos a trabajar en el informe que es una resolución interna de la Comisión así se abre la etapa ‘probatoria’ donde se convoca testigos, genera pruebas, etc; que termina con un dictamen que requiere la mayoría simple”, precisó.

En suma, Martínez confirmó que hará un cambio en la Comisión para garantizar la mayoría. Sale la massista Vanesa Massetani -afirman que por un asunto familiar- y entra Ricardo Herrera, hombre del gobernador riojano Ricardo Quintela.

“No voy a resignar la agenda de extraordinarias, si todo va bien probablemente el miércoles vamos convocar a los presidentes de todas las comisiones que intervienen en todos los temas de las extraordinarias y en los casos que no presidamos, vamos a convocar a los vicepresidentes”, adelantó el jefe del FdT.

Y sumó: “Primero para pulir los temas, porque queremos llevar la totalidad del temario propuesto por el presidente a las comisiones, sacar despacho en todos los temas que se puedan y que esta posición inicial de JxC pueda ser modificada en algún momento para poder sesionar”.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó el temario que envió el Gobierno para tratar en extraordinarias: “Es una ambiciosa agenda”, y la decisión del oficialismo de ir contra la Corte Suprema y se preguntó: “¿Lo próximo a discutir es cerrar el Congreso o no hacer elecciones?”.

“El Gobierno presenta una ambiciosa agenda de extraordinarias que no tiene nada que ver con lo que la Constitución dice de cómo tienen que ser las extraordinarias que dice que tiene que ser para circunstancias excepcionales. Aumentar los miembros de la Corte no es una circunstancia excepcional es una cosa que solo corresponde con una intención de manipular la justicia como tiene el Gobierno”, cuestionó Tetaz en diálogo por Radio Rivadavia.

Y siguió: “Por otro lado, cuando el propio Gobierno esta intentando hacer un juicio político a la Corte por que no le gusta un fallo esta poniendo en discusión si vamos o no a respetar los fallos de la justicia. Por lo cual todo lo demás no tiene sentido. El kirchnerismo quiere cambiar las reglas de juego y nosotros no lo vamos a permitir”.

“La convocatoria formal no está, nosotros todavía no fuimos notificados de la sesión del lunes ni de ninguna de la semana que viene. El kirchnerismo el año pasado hizo lo mismo, convocó a extraordinarias, pero no sesionó hasta marzo y tampoco hizo ordinarias porque casi todas las sesiones fueron especiales pedidas con un temario especial porque el Gobierno no hacia funcionar el Congreso como debía”, criticó el diputado de Evolución.

En ese sentido, planteó: “No es una discusión de poderes, están socavando la propia institución republicana de la división de poderes. Está generando el antecedente de que, si discutimos todo, la semana que viene si podemos cerrar el Congreso o podemos no hacer las elecciones presidenciales y continuar -alguien- por golpe de Estado”.

En la misma línea, Tetaz fue crítico del Gobierno por la convocatoria a sesiones extraordinarias y el juicio político contra la Corte: “No creo que haya 129 diputados dispuestos a sentarse a convalidar esta maniobra en contra de la Justicia”.

La polémica por la inclusión del proyecto de Juicio Político a la Corte Suprema en el temario para sesionar fuera del período ordinario por parte del oficialismo generó fuertes cuestionamientos por parte la coalición opositora de JxC.

Tal es así que la semana pasada se reunió la Mesa Nacional de JxC para diagramar la estrategia que utilizará para frenar la embestida de la Casa Rosada contra los magistrados de la Corte. La guerra se desató cuando el tribunal ordenara el retorno del 2,95% de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires.

En principio, el presidente Alberto Fernández se negó a acatar el fallo de la Corte, luego dio marcha atrás y anunció que efectuaría el pago, pero con bonos. La decisión fue rechazada por la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el arco opositor.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) criticó la postura de Juntos por el Cambio de “no asistir a ningún otro debate de leyes” en la medida en que se sostenga el tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte Suprema y lo calificó de “chantaje”.

“Nosotros no hemos hecho nada que no corresponda, nadie nos ha dicho que jurídicamente hayamos hecho algo que no corresponda. Eso es un chantaje, decir ´si hacen eso, nosotros no vamos a la sesión”, consideró en diálogo por Radio Rivadavia.

De todos modos, el legislador peronista afirmó que “no va a ser la primera vez que hacen eso”, y señaló que el oficialismo seguirá adelante con los temas que considera importantes para tratar en el período de sesiones extraordinarias y mencionó como ejemplo la creación de nuevas universidades nacionales.

“Creo más en el diálogo que en la pelea. Tengo expectativa de que se lleve adelante el juicio político y de que sesionemos a la vez”, confió optimista.

Valdés encabeza las firmas del proyecto con el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia por mal desempeño en sus funciones. La iniciativa se basa en cuatro elementos: la actuación de la Corte en la cuestión de la coparticipación federal, en la composición del Consejo de la Magistratura, el manejo de la obra social y el fallo del 2×1 a favor de los genocidas de la última dictadura militar.

“La Constitución dice que los gobernadores son agentes naturales del Estado federal. Primer elemento: los gobernadores le pidieron al tribunal ser amicus curiae, ni siquiera les contento en un tema que afecta a los recursos de todas las provincias”, indicó.

En tanto, recordó el diálogo telefónico entre el vocero de la presidencia de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño, Marcelo D´Alessandro. “Claramente es un diálogo entre (Horacio) Rosatti y (Horacio Rodríguez) Larreta”, expresó.

Sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés señaló que “lo que han hecho -los cuatro altos magistrado-) es decretar inconstitucional a una ley que regía desde el 2007 para reactivar una ley derogada por el Congreso, facultades que no tiene la Corte con el único objetivo de que Rosatti se nombre a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”.

“No encontré jurisprudencia en el mundo de que haya un tribunal superior de justicia que resucite una ley derogada por el Parlamento. Es algo único”, acotó al respecto.

Se confirmó este lunes el ingreso al Parlamento de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, para el período comprendido entre el 23 de enero y el 28 de febrero próximo.

La nota formal incluye, tal cual se adelantaba el jueves pasado, el tratamiento de “una serie de proyectos relevantes para el desarrollo del país”, que incorporan iniciativas que “tienen como objetivo mejorar el sistema de salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”.

Asimismo se destaca que se propicia el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura “en virtud de lo establecido en los puntos II y III) de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”. En dicho fallo “la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.

Los temas a tratar

1) Proyecto de ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022 – Exp. Senado 36-CD2022).

2) Proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022).

3) Proyecto de ley por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2030 (Msje 87/22 – Exp. Senado 121-PE-2022 – Exp. Diputados 57-S-2022).

4) Proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 – Exp. Senado 20-CD-2022).

5) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021).

6) Proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022).

7) Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

8) Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación.

9) Proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) – Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022).

10) Proyecto de ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Exp. Senado 1353-S-2022).

11) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 – Exp. Diputados 9-S-2022).

12) Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 – Exp. Diputados 23-S-2022).

13) Proyecto de ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. (Exp. Diputados 1039-D2022 – Exp. Senado 14-CD-2022).

14) Proyecto de ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp Senado 75-S-2021 – Exp. Diputados 29-S-2022).

15) Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 – Exp. Diputados 21-S-2022)

16) Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales.

17) Proyecto de ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021).

18) Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021 – Exp. Diputados 80-S-2021).

19) Proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a. (Exp. Senado 1466-S-2021 – Exp. Diputados 85-S-2021).

20) Proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019 – Exp. Diputados 144-S-2020).

21) Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.

22) Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.

23) Proyectos de ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético.

24) Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

25) Proyecto de ley solicitando el correspondiente permiso  constitucional para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22 – Exp. Senado 143-PE-2022).

26) Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional.

27) Proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos (Mono- Tech).

2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.

Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.

Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.

Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.

Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.

En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento  a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.

El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.

Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.

El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.

La Asamblea Legislativa

El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.

En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.

“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.

Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.

Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.

El acuerdo con el FMI

El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.

En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.

Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.

Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.

El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.

El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.

Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.

Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.

Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.

La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.

Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.

El ataque al despacho de CFK en el Senado

Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.

El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.

Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.

Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.

El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.

Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.

Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

El Consejo de la Magistratura

Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.

Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.

¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.

Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.

Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.

Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.

La Ley de Alquileres

El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.

“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.

La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.

En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.

Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.

Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.

El fondo para pagarle al Fondo

El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.

Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.

El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto

Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.

En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.

El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.

“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.

Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.

El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.

El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.

Boleta Unica en papel

Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.

Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.

No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.

En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.

Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.

Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.

El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.

El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.

Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.

Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.

El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.

Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.

Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.

En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.

A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.

Cambio al frente de la Cámara baja

En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.

Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.

En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.

El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.

Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.

Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.

A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.

La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.

El intento de magnicidio

El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.

Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.

Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.

Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.

El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.

Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.

El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.

Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.

El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.

El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.

El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile– hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.

La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.

Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.

El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.

En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.

El Presupuesto 2023

El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.

En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.

No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.

A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.

Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.

Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.

En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50  años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.

El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.

En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.

El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.

Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.

Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.

De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.

Ruptura en Diputados

La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.

Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.

Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.

Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.

Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.

Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.

“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.

La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.

El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.

La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.

Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.

A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.

Cristina condenada

El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.

Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.

En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…

El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.

El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.

El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.

Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.

No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.

Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto. 

El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.

En el extenso proyecto -410 páginas- de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que ingresó este viernes a la Cámara de Diputados y fue suscripto por referentes del Frente de Todos, se solicita a la Comisión encargada del tratamiento del tema una serie de informes.

En total son 13 los oficios que se piden a diferentes dependencias, entre ellos, se hace hincapié en las actuaciones de la Corte Suprema en relación al fallo que le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables.

“Se libren oficios a las siguientes dependencias”, reza el texto y detalla a continuación:

• A la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, a los efectos de que se sirva estimar el impacto presupuestario de la resolución recaída en los autos: ‘GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS” (CSJ 1865/2020)’, en relación al presupuesto vigente aprobado por Ley N° 27.701.
• A la Comisión Federal del Impuesto (CFI) para que informe si ha tomado intervención, y en su caso si se ha expedido informe técnico, en los términos de la ley 27.606, sobre determinación de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016, y en su caso remita la documentación respectiva.
• A la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que remita copia íntegra de las actuaciones s “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ ESTADO NACIONAL s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS (EXPEDIENTE DIGITAL)” y (Expte. N° CSJ 1865/2020) y “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO – Decreto 735 / PEN 2020” (CJN 1141/2020)
• A la Procuración del Tesoro de la Nación, a efectos de requerir copia certificada de la recusación del Estado Nacional a Horacio Rosatti.
• Solicitar a las dependencias oficiales que correspondan: Decretos y resoluciones con las designaciones de Laura Latorre, esposa de Silvio Robles, para los siguientes cargos gubernamentales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Presidencia de la Nación: Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vice jefatura de Gabinete de la Nación, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Designación en la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bajo la gestión de Carolina Stanley.
• A la Unidad de Análisis Económico dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de que informe si se le dio intervención en el marco de la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos” (CSJ 1865/2020).
• Se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos.
• A la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de solicitarle que informe si ha ejercido las funciones previstas en el último párrafo del artículo 1° del estatuto aprobado por la Acordada 05/2008 designando a un ministro integrante del Tribunal para las mismas. En caso afirmativo remita copia certificada del acto administrativo y/o acordada y/o resolución que así lo disponga.
• A la Auditoría General de la Nación a fin de que informe la nómina de profesionales intervinientes en la elaboración de los informes aprobados por Resoluciones N°137/2006 (y rectificativas 204/06 y 03/07) y N° 73/2009.
• Al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 a fin de solicitar que remita copia certificada del Expediente N° 5666/2021.
• Al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a fin de solicitar que remita copia certificada del Expediente N° 7686/2021.
• Al Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 8 a fin de solicitar que remita copia certificada del Expediente CCF 3060/2020.
• Se libre oficio a quien corresponda para obtener el registro audiovisual del discurso de Horacio Rosatti, en ocasión de realizarse el XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales en la Ciudad de Catamarca en el mes de septiembre de 2022.