El senador nacional Martín Lousteau arrancó su discurso en el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema refiriéndose al reciente aniversario de la entrega del informe de la Conadep, pasándole de paso una factura al peronismo al recordar que el Senado de entonces no mandó representantes a ese organismo “porque el partido hegemónico en este Senado” nunca quiso participar del mismo.

“A días de este aniversario tan importante, nos encontramos con este antihomenaje: una reforma de la justicia y la discusión de si hay que eliminar o no las PASO”, reprochó, alertando contra “la cobardía de intentar modificar instituciones en beneficio propio”.

“Y hoy estamos debatiendo esto, lo que ustedes quieren, como quieren, y no lo que hay que debatir”, cuestionó. Enumeró entonces los temas que priorizó el oficialismo del Senado: “una reforma judicial que iba a costar miles de millones de pesos, después hablamos de si las PASO son caras o no…”.

“Después estuvimos discutiendo una reforma al Ministerio Público Fiscal, pero todavía ni siquiera se ha puesto a consideración el pliego que envió el presidente, de su propio candidato”, agregó, sumando que “hoy mientras la inflación corre al 7% mensual -135 anual, récord desde la hiperinflación de fines de los 90-, nuestro debate consiste en ampliar la Corte Suprema”.

También reprochó que desde el oficialismo hay convocatorias al diálogo, “mientras vamos a tratar una ley sin ningún tipo de consenso y también debatiendo soto voce esta reforma a las PASO”.

Con todo, aclaró que el problema del proyecto es, además, su contenido. “No es ni ahora ni nunca el momento para debatir esto”, concluyó.

Lousteau tomó aquello de que “los ciudadanos necesitan una mejor justicia”, y coincidió: “Sí, claro, ¿pero la Corte es la que usan los ciudadanos? Salvo contadísimas excepciones, no”.

Admitió que la justicia funciona mal en la justicia, pero aclaró que no era lo que estaban abordando ahora. “¿La tardanza en el fuero civil la resuelve esto? No”, dijo, rechazando también que solucionara temas como la violencia de género o las cuestiones del fuero comercial. “¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les mejora la vida? La verdad que a ninguno”, remarcó.

Ante el planteo de que otros países tienen tribunales superiores con más miembros, Lousteau aclaró que no se trata de cortes supremas. “Son equivalentes a lo que son las cámaras de Casación, cumplen otro rol. No hacen control de constitucionalidad, que es lo que hace la nuestra”, señaló enumerando luego las que sí pueden compararse con la Corte argentina, y el promedio dijo que da 10, mientras que el oficialismo está planteando elevarla a 15 o 25.

En cuanto a la diversidad de género, el senador Lousteau le planteó al oficialismo que si eso quieren “empiecen por reemplazar a (Elena) Highton, y revisen los nombramientos de Cristina (Kirchner)… No hubo mujeres, este es un pobre argumento”.

Sobre la cuestión del federalismo, recordó que la composición actual es de dos santafesinos, un cordobés, un porteño, y antes había una bonaerense. “¿Qué es el federalismo?”, se preguntó, aclarando que la Constitución no plantea que la Corte deba ser federal, sino que las provincias están representadas en el Senado. La Constitución “no prevé la regionalidad de la Corte”, enfatizó.

“Se argumenta que la Corte Suprema tiene 25 mil causas y no las trata”, comentó luego, aclarando que “gran parte de esos recursos implican confirmar las sentencias provinciales”. Así las cosas, sostuvo que con eso la Corte “está reafirmando el federalismo. Si uno quiere una Corte de 25, que va a revisar todo, eso es revisar las sentencias provinciales y es unitario, no federal. Afiancemos las justicias provinciales, mejoremos los juzgados”, sugirió.

Rechazó de paso que con 25 vocalías las sentencias vayan a circular más rápido. “Sería raro, probablemente tardemos más”, especuló, aclarando que el problema está en que hay demasiadas apelaciones. En Estados Unidos, en cambio, solo el 1% de lo que le llega es tomado por la Corte. “¿Necesitamos 25 miembros o bajar el nivel de litigiosidad?”, se preguntó.

Enfatizó que le llegan 25 mil causas por año y la mayoría son previsionales, a propósito de que la ANSeS apela hasta última instancia. “La mitad de las 25 mil causas las genera el propio Poder Ejecutivo Nacional –remarcó-. El 13% de las causas son de la justicia ordinaria de la Ciudad. ¿Quieren acelerar? Traspasen la justicia a la CABA, que es lo que dice la Corte: que el sistema político está en mora”.

Lousteau detalló que 3.250 casos de los 25 mil corresponden a la justicia ordinaria de CABA, y se preguntó: “¿Saben por qué se apela tanto? Porque es tan imprevisible la justicia, porque depende de quién te toca, entonces me la juego”.

“¿El objetivo de esto es tener mejor justicia? No, es tener una Corte de más representantes provinciales, y como hay muchas más provincias del PJ, quieren que la justicia funcione partidizándose”, dedujo, recordando los dichos del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, que reprochó que “esta Corte saca fallos como los del Consejo de la Magistratura, o nos genera temor de que a la Ciudad le restituya la plata que le sacamos”.

“¿Conquistar políticamente la Corte qué resuelve de nuestros problemas? ¿Da la tranquilidad de que se va a recibir justicia?”, se preguntó en otro pasaje, y concluyó asegurando que “nada de esto va a contribuir a mejorar la justicia, sino a echar más dudas sobre cómo funciona la justicia”.

Miembro informante del oficialismo fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Guillermo Snopek, quien resaltó el “debate serio” que tuvo el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido resaltó que fueron seis meses los que se tomaron para analizar el tema, y en ese marco tuvieron en cuenta incluso proyectos del año 2016 que traían a colación el debate sobre una eventual ampliación del Tribunal Supremo.

Fueron cuatro plenarios y pasaron por los mismos más de 19 especialistas, destacando sobre todo Snopek la participación de los gobernadores que suscribieron un documento con la necesidad de reformar la Corte.

“Seis meses”, remarcó el legislador jujeño para rebatir la crítica respecto de que “no queremos debatir”. Y respecto de la actitud de Juntos por el Cambio -al que no nombró-. Respecto de no participar del debate, expresó: “Muchas veces las ausencias hablan, son una expresión y hay que respetarlas”, y remarcó que “es aquí en el Congreso donde hay que debatir los temas”.

“Escuchaba que solo le interesan a la política estos temas, y no, esto es confundir: hacemos lo que tenemos que hacer. La responsabilidad de legislar, y es tema de este Congreso el tema de la Corte”, aclaró, recordando que la Constitución de 1853 dejó abierta la posibilidad de que sea el Congreso el que hable sobre el número de integrantes de la Corte.

“Hoy la sociedad tiene un fuerte planteo hacia la justicia y eso es grave. Tenemos que confiar, ya que hay que ir un paso para adelante; no nos tenemos que ceñir a discusiones que no nos lleven hacia ningún lado, sino buscar algún factor común con quienes nos demandan”, planteó.

Luego se refirió a la Corte Suprema actual, que integran “solo 4 miembros, 4 hombres”, remarcó, interpelando la cuestión de paridad de género, ausente en la composición actual. “Fue uno de los puntos álgidos del debate”, aclaró.

Para Snopek, “una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades”, y pidió buscar “una Corte federal. Creo que esa ampliación que busca este debate es la pluralidad que tenemos que buscar”.

Recordó que durante las exposiciones, el tema recurrente giró en torno al número de integrantes de la Corte y todas fueron de 10 para arriba. Recordó que el número de miembros propuestos finalmente fue de 25, a partir del documento elevado por 17 gobernadores. Pero también deslizó que conforme lo acordado, ese número se reduciría a 15.

“El debate y la institucionalidad se da en el último momento. El debate final se da acá, pero siempre hay oportunidad para generar este ámbito, despojarse de las mezquindades y lo que sí queremos es garantizar un futuro para nuestras provincias, que tienen que estar representadas en la Corte Suprema”, remarcó sobre el final, abogando porque “no se vuelvan a escuchar frases que nos avergüencen: ‘Ese expediente está cajoneado’, o ‘ese fallo fue en tiempo récord’”.

Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se las arregló con aliados para obtener el quórum a las 14.45 y comenzar la sesión en la que se proponen dar media sanción a un proyecto que amplíe sustancialmente el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez obtenido el quórum, ingresaron al recinto los miembros de la principal oposición; no todos, pues por ejemplo el cordobés Luis Juez había adelantado que no se prestaría a participar de una sesión convocada “de un día para otro” para tratar “un tema que no le interesa a la gente”.

Esta es una sesión que el oficialismo hubiera querido hacer antes, mas no pudo por no contar con el número suficiente para aprobar una iniciativa que algunos aliados permanentes resistían: los 25 miembros para la Corte Suprema propuestos por el proyecto suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti eran resistidos por Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Weretilneck y Clara Vega, impulsores de sendas iniciativas que contemplaban un número menor.

Por eso el oficialismo accedió a cambiar la redacción del texto, de modo de contar con esos votos clave.

Si bien no se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación, el Frente de Todos tiene la baja del senador Maurice Closs -afectado por un problema de salud-; fue necesario así para el oficialismo hacer concesiones que reducirían los 25 cortesanos iniciales a 15, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género.

El rechazo no se limita a Juntos por el Cambio: tampoco está de acuerdo con la iniciativa oficial la cordobesa Alejandra Vigo.

La iniciativa motorizada con el apoyo de 16 gobernadores proponía elevar de 5 a 25 los miembros del máximo tribunal. Fue la última en incorporarse al debate que se estaba dando en comisiones, donde estaba encaminado un consenso entre las iniciativas de Rodríguez Saá, Weretilneck y Vega, lo que finalmente se encamina a suceder.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio impulsó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.

La medida es impulsada por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, haciendo operativa su responsabilidad ante las graves expresiones vertidas en ejercicio de su función”.

El disparador de este procedimiento son las expresiones del funcionario durante una entrevista expresó: “Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.

Ante ello, la diputada nacional radical Soledad Carrizo planteó que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones, se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen”.

Así las cosas, Carrizo advirtió que “el ministro de Justicia de la Nación ha puesto de resalto su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”.

“En resumidas cuentas, atacar y derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional derecho”, plantea el pedido de juicio político.

En los fundamentos se añade que estas expresiones “no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro código penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.

El pedido de juicio político es acompañado por los diputados radicales Karina Banfi, Marcos Carasso, Juan Martín, Martín Arjol, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Ximena García, Jorge Vara, Miguel Nanni, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid y Fernando Carbajal, y Gerardo Milman por el Pro.

Juntos por el Cambio salió al cruce este miércoles de la decisión oficial de convocar a sesionar este jueves en el Senado para sancionar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Allí reprochan que no solucionan la crisis económica y sin embargo a lo que se dedican es a “buscar su impunidad”.

“En los 32 meses de gestión de Frente de Todos, los precios de la economía real acumularon un aumento del 220 por ciento”, expresó Juntos por el Cambio a través de un comunicado, que recuerda que “en ese mismo período y gracias al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner crecieron la pobreza, la marginalidad y la inseguridad”.

“Pero a lo único que se dedica el Frente de Todos es a buscar su impunidad”, concluyó JxC, que agrega que “ante la convocatoria intempestiva efectuada por la Presidenta  provisional del Senado para que mañana (por este jueves) se trate la designación de jueces afines y la ampliación de la Corte Suprema de la Nación, Juntos por el Cambio rechaza una vez más los intentos de ataques a la Justicia, que generan un distanciamiento de las instituciones de los verdaderos problemas que padecemos los argentinos”.

Para la principal oposición, “no hay manera de construir consensos en la dirigencia política que hoy reclama y exige la sociedad, si desde el propio Gobierno se alienta una agenda que nada tiene que ver con resolver la inflación, disminuir la pobreza, terminar con la inseguridad, incorporar a vastos sectores de nuestra sociedad al mundo del trabajo, generar los acuerdos para aumentar las inversiones en los sectores estratégicos de nuestra economía estableciendo reglas claras y permanentes”.

Tras la reanudación del juicio sobre la causa Vialidad y el alegato de Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Oscar Parrilli consideró que “la defensa es contundente porque plantea la intencionalidad política que tuvo la denuncia”.

Para el oficialista, lo planteado por el letrado “no es nada más que la verdad, un racconto de los hechos tal cual fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, demostrando la intencionalidad política que tuvo la denuncia tanto por parte, en su momento, de Elisa Carrió, como después de (Mariana) Zuvic y la participación del grupo mediático Clarín en esta acción”.

Y resaltó que la expresidenta “ya había sido juzgada” por la justicia de Santa Cruz, donde “se investigó y se determinó que no hubo existencia de ningún hecho ilícito”.

En declaraciones por AM 750, el legislador cristinista también reavivó críticas contra la Corte Suprema, al apuntar que “es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido en la Argentina del 2016 al 2019, con el manejo del macrismo, la mesa judicial, las persecuciones, la pinchadura de teléfonos, las extorsiones a jueces, el Consejo la Magistratura”.

“La Corte fue parte de todo esto, miró para otro lado, se calló la boca y convalidó el accionar de estos jueces cuasi mafiosos”, agregó.

Consultado sobre el tratamiento de la defensa de CFK en algunos medios, el neuquino dijo: “Me sorprendería si los medios de comunicación hegemónicos tomaran una actitud plural y democrática, pero no lo hacen porque, justamente, son todo lo contrario”.

En respuesta al expresidente Mauricio Macri, quien opinó que el atentado contra la vicepresidenta “no estuvo orquestado” y fue realizado por “un grupo de loquitos”, Parrilli expresó que le parece “raro” que “haya dirigentes políticos que no quieran que este tema se investigue. La Justicia tiene la obligación de saber si hay autores intelectuales y, de haberlos, saber quiénes son”.

Por José Angel Di Mauro

Nadie podía esperar que quien muy suelto de cuerpo le dijo a uno de los diarios más influyentes del planeta que no cree en los planes, fuera a tener un Plan B. Por eso tiene lógica que cuando Martín Guzmán dio las hurras y se fue, el presidente haya demorado casi 30 horas en anunciar el nombre de su sucesor. Y que ni siquiera pudiera elegir a una figura encumbrada, capaz de apaciguar los ánimos de los mercados, hipersensibles en semejantes circunstancias.

Así y todo, lejos ha estado el Gobierno de ceñirse al manual de emergencias recomendado para situaciones de este tipo. En lugar de rodearla de respaldos para darle musculatura, la primera semana de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda transcurrió con ella en un segundo plano tratando de armar su equipo, tarea que concluyó recién el viernes. Tuvo solo una foto individual con el presidente, al jurar, y otra grupal, en un acto en el que se incorporaron medicamentos al programa Precios Cuidados. El lenguaje gestual de esa actitud solo puede sugerir una cosa: que Alberto Fernández prefiere despegarse de su ministra… Increíble.

Batakis arrancó su segunda semana rodeándose el lunes de ministros para dar una conferencia de prensa antes que abrieran los mercados. Pero sus anuncios se dieron de bruces con una constante de esta administración, siempre propensa a mostrar menos ejecutividad que la necesaria. La ministra habló de congelar el ingreso de trabajadores al Estado, pero el Boletín Oficial la contradijo durante los diez días siguientes, hasta que cuando ya todo el mundo advertía sobre esa contradicción, recién entonces se publicó el decreto confirmando lo anunciado el 11 de julio.

Si la segunda semana de Batakis no consiguió buena receptividad de parte de los mercados, peor fue la siguiente. El domingo pasado trascendió una convocatoria a los gobernadores para reunirse el lunes con la ministra de Economía, impulsada por el desdibujado jefe de Gabinete. Pero el lunes la ministra apareció rodeada de solo cinco mandatarios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca). Una foto demasiado modesta para el respaldo político buscado. El fracaso de la convocatoria generó pases de facturas y desgaste para la ministra a la que se pretendía empoderar.

La crisis financiera devino en crisis cambiaria, pero sobre todo es política. El desconcierto predomina en lo más alto del poder y un botón de muestra es que en los días más álgidos la respuesta oficial fuera que en unos días “habría anuncios”. Esto es, se anunció que habría anuncios en fecha a determinar… Para garantizar su eficacia, las medidas se comunican cuando están listas; lo contrario solo alienta versiones y reacciones adversas.

En este contexto, a nadie debe sorprender la disparada del dólar, la suba imparable del riesgo país y el hundimiento de los bonos argentinos. Sobre todo si se le agrega que el kirchnerismo en general y la vicepresidenta de la Nación en particular han omitido respaldo alguno hacia la nueva gestión económica. Las únicas referencias de la exmandataria al tema fueron sus fuertes críticas al “revoleado” Martín Guzmán. Incluso se hizo trascender desde el Instituto Patria que contrariamente a lo que se pensaba originalmente, el aval de Cristina se había limitado a no objetarla. A este paso, ya hay quienes comparan a Silvina Batakis con Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía que sucedió a Juan Sourrouille cuando a Alfonsín se le incendiaba la economía.

Peor será que la admiradora de Gelbard se convierta en Celestino Rodrigo.

Las urgencias de la presidenta del Senado parecieran correr por otro andarivel, según quedó claro esta semana con la andanada audiovisual que desató en las redes sociales contra los integrantes de la Corte Suprema. Coordinada con el resto del kirchnerismo, en cuyo marco Martín Soria -quien quedará en la historia como el ministro de Justicia con peor relación con la Corte- la calificó como “la cabeza de un Poder Judicial corrompido”. Miembro del Consejo de la Magistratura, el senador camporista Mariano Recalde decía al mismo tiempo no tener “la menor duda que deberían estar sometidos a juicio político estos cuatro jueces”; mientras el exmiembro de la CSJN Raúl Zaffaroni daba un paso más allá al alertar sobre “un mecanismo en marcha para proscribir a Cristina Kirchner en 2023”.

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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

La campaña en ciernes pareciera anticiparse a las complicaciones judiciales de la vicepresidenta. A partir del 1 de agosto se iniciará el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa en la que ella está acusada de ser jefa de una supuesta asociación ilícita mediante la cual Lázaro Báez fue beneficiado por la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz. Serán varias jornadas a lo largo de las cuales Luciani derramará lluvia ácida sobre Cristina. En el corto que difundió esta semana, la vicepresidenta aseguró que el Tribunal Oral Federal N° 2 donde se desarrolla el juicio “ya tiene la condena escrita y firmada”. El fallo saldrá antes de fin de año y se ve que la propia imputada no es nada optimista.

Ese es el tribunal ante el cual Cristina Kirchner se plantó en diciembre de 2019 advirtiendo que a ella la historia ya la absolvió.  Esa es precisamente su obsesión: cómo quedará en la historia. No le alcanza con la certeza de que no irá presa si eventualmente es condenada: quiere ser declarada inocente, y ese objetivo aparece ahora complicado, con posibilidades incluso de que Casación revierta sobreseimientos dictados en causas cuyos juicios no llegaron a iniciarse. Responsabiliza de eso a quien ella eligió para encabezar la fórmula del Frente de Todos, a propósito de sus aceitados contactos con el Poder Judicial. Está claro que ese es el peor de los incumplimientos que ella le adjudica a su delegado.

Recordemos que la primera baja significativa que Alberto Fernández sufrió entre “los suyos” fue la de su amiga Marcela Losardo, eyectada del Ministerio de Justicia a instancias de la vice. Claro está que su reemplazante Martín Soria, embanderado en la causa cristinista, tampoco logró objetivo alguno, salvo haber empeorado definitivamente la relación con la Corte Suprema.

Los ataques a la Justicia en general y la Corte en particular, hicieron su contribución al mal clima. La crisis económica es sobre todo política y todos los analistas coinciden en que una eventual solución recién llegará con el cambio de gobierno. La pregunta es si la olla a presión aguanta 17 meses más.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio le dedicó el martes un comunicado muy duro al presidente y la vice, adjudicándoles la responsabilidad del “descalabro”. Sobre ella dijeron asistir a “la persecución de un interés meramente personal que pone ante el abismo a toda la Nación”.

Desde la principal oposición, Hernán Lacunza, el exministro de Economía del final de la gestión Cambiemos que hoy es uno de los que trabaja en el armado de programas a implementar a partir de diciembre de 2023, si es que Juntos por el Cambio vuelve al poder, es drástico al trazar un oscuro panorama frente a la crisis económica. Sostiene que en los diez días que sucedieron al discurso en el que Batakis buscó mostrarse dispuesta a impulsar un fuerte plan de racionalización de gastos del Estado, se aumentó el gasto: el Gobierno le dio $60.000 millones para las obras sociales de la CGT, se insiste desde el oficialismo con el Salario Básico Universal y hasta se siguen impulsando viajes de egresados. Y le agrega “empleados públicos que siguen ingresando al Estado”, remarcando que “lo más básico no lo pudo cumplir”.

El viernes fue otra jornada de versiones diversas. Mientras los voceros oficiales insisten en hablar de un panorama positivo en el que solo les falta reducir la inflación, fuera del aire -algunos- se sinceran confesando sus temores. Admiten que semanas como las últimas dos no pueden extenderse en el tiempo y reconocen que la ministra de Economía puede transformarse en fusible. Ahí crecen las chances de la opción que ofreció Sergio Massa, que no incluye a Batakis, cuyo cargo en Interior aún no ha sido cubierto.

En Juntos por el Cambio reina la cautela. Sus principales referentes han mantenido más reuniones que las que se han promocionado y en todas analizan las peores alternativas. No harán nada por empujar a nadie; prefieren asistir a una situación inédita: que la bomba engendrada en una gestión peronista no le estalle al sucesor.

Tuitera sin filtro, la diputada del Pro Sabrina Ajmechet transparentó sus expectativas con demasiada crudeza: “El peronismo la estrelló en 1973-1976, pero quedó en el olvido porque dictadura militar. Estamos ante la oportunidad de que el peronismo la estrelle y que después venga algo mejor. Estamos ante la mayor oportunidad histórica de la historia argentina”, escribió. Desde su mismo espacio no todos ven el futuro con tal grado de esperanza.

El peronismo la estrelló en 1973-1976 pero quedó en el olvido porque dictadura militar.

Estamos ante la oportunidad de que el peronismo la estrelle y que después venga algo mejor. Estamos ante la mayor oportunidad histórica de la historia argentina.

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) July 22, 2022

En 24 horas la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, embistió fuertemente en dos ocasiones contra la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Poder Judicial a través de las redes, motivo por el cual un grupo de diputados de JxC, encabezados por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), presentaron un proyecto de declaración solicitando que la Cámara de Diputados repudie las declaraciones de la titular del Senado contra el Máximo Tribunal y exigen una “inmediata retractación, en razón de constituir un agravio al orden institucional”.

Según el proyecto las expresiones de la vicepresidenta “vulneran las garantías republicanas resguardadas por la Constitución Nacional, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial de la Nación”.

De acuerdo a los fundamentos de la iniciativa: “El video publicado en redes sociales ataca la naturaleza de designación de los jueces de la Corte Suprema y acusa a magistrados y funcionarios judiciales de innumerables delitos sin sustentación alguna”.

“En un momento de graves dificultades económicas, de alta inflación, de clara crisis económica del país y del gobierno, resulta absolutamente irresponsable y francamente dañino este tipo de acciones y expresiones por parte de quien tiene una responsabilidad institucional de garantizar condiciones de estabilidad y previsibilidad que tanto necesita Argentina”, señala el texto.

A su vez, la autora del proyecto sostuvo: “La publicación tuvo por finalidad ejercer presión a los fines de lograr un Poder Judicial adicto al poder político, subordinado al Poder Ejecutivo y sin la independencia que garantiza la Constitución Nacional, en pos de la búsqueda inclaudicable de impunidad que persigue la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner”.

El proyecto fue acompañado por diferentes diputados de la coalición opositora como Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria y Waldo Wolf entre otros diputados del Interbloque de JxC.

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A tan solo un día de haber embestido fuertemente contra la Corte Suprema con dos videos en redes sociales y tras recibir el respaldo del jefe de Estado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a apuntar contra el Máximo Tribunal.

A través de la misma vía, la titular del Senado sumó un dato a su extenso ataque: “Ayer el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: ‘el 50% de esta Corte fue propuesta por ‘Pepín’ Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay’. Tiene razón, me había olvidado de esto”.

La exsenadora publicó ese posteo junto a un breve segmento de una entrevista que le realizaron al expresidente, Mauricio Macri, en la señal de La Nación + en la cual le preguntaron: “¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar dos miembros de la Corte Suprema? ¿De esa barbaridad jurídica?”, a lo que el funcionario contestó: “Fue Pepín Rodríguez Simón”.

Ayer el periodista @VHMok señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto 👇 pic.twitter.com/Cy4rdNDpBS

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 19, 2022

En el video que la vicepresidenta compartió este lunes, señaló que la “decadencia” comenzó con la gestión de Cambiemos “al designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros del Tribunal Supremo quienes aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar”, lo cual describió como “la Corte de los Cuatro” tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, la única mujer de ese cuerpo.

Tras la publicación en redes sociales que hizo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, embistiendo otra vez contra la Corte Suprema de Justicia y hacia el expresidente Mauricio Macri, dirigentes de la imposición le salieron al cruce.

“La Corte Suprema no es el problema”, comenzó su mensaje el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, y siguió: “Cristina Kirchner la ataca sólo porque falló en su contra. Está acostumbrada a modificar los tribunales a su antojo y a que la Justicia no llegue a ella. Por eso quiere nombrar 25 jueces supremos. Su desesperación es por tener impunidad”.

Y agregó en otro tuit: “A la ofensiva de la vicepresidenta contra la Corte Suprema solo le falta convocar a que la tomen por asalto. Demolió la economía, ahora va por las instituciones aprovechando la fatiga social”, y advirtió: “No vamos a permitir que lleven a la Argentina a un estado de anarquía institucional”.

No, no vas a ampliar la Corte.

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 18, 2022

También se expresó el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López: “Otra amenaza desesperada de la vicepresidenta a la Corte Suprema. Desde la Coalición Cívica ya le pedimos el Juicio Político por los mismos aprietes a los jueces en 2020. Un día tendremos el número para acusarla Sra. de Kirchner”.

“Lo que no explica Ella en su video es cómo hizo su fortuna, millonaria en dólares líquidos. Cómo sus secretarios privados pasaron de mendigos a millonarios. Cómo Lázaro, su socio, pasó de bancario a terrateniente. En la Argentina hay hambre y a Ella solo le importan sus causas”, sostuvo la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).

En el mismo sentido, el diputado del Pro Waldo Wolff cuestionó: “Hubo 140.000 muertos por COVID y no subió ni una foto, ni un comentario. Pero auditan la obra pública y hace un largometraje en HD”, y le sugirió: “Hágase cargo del debido proceso y los inexplicables sobreprecios y deje de atacar instituciones para buscar impunidad”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a embestir contra la Corte Suprema de Justicia a través de las redes sociales: “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, tituló sus videos y afirmó que “el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.

También, criticó severamente a los medios de comunicación hegemónicos porque “comenzaron a anticipar como iba a fallar la Corte en la causa fraguada y conocida mediáticamente como ‘vialidad’ u ‘obra pública’. La Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico”.

La titular del Senado les puso voz a los videos y destacó que “en el año 2003… el presidente Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”.

Acto seguido, disparó: “Sin embargo, a fines del año 2015, poco quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros”.

En ese sentido, para la vicepresidenta la “decadencia” comenzó con la asunción del expresidente Mauricio Macri al designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros del Tribunal Supremo quienes “aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar”.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

“Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador”, apuntó y sumó: “Se inventaba la ‘Doctrina Irurzun’ que consideraba que los funcionarios del gobierno peronista conservaban un ‘poder residual’ y por lo tanto debían ser privados de su libertad. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Macri”.

En esa línea, señaló que “esa ‘nueva’ Corte, no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial…Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino”.

“La Corte de los cuatro” y el Consejo de la Magistratura:

Para contextualizar, la vicepresidenta señaló que “luego de la renuncia de Elena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a la luz otros escándalos”.

“El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos”, remarcó y precisó: “Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo”.

En ese sentido, apuntó: “Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos”, y expresó con dureza: “Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros”.

En ese marco, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el 2006 porque “resucitó” la norma anterior que establecía que el presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo. “Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006”, denunció Cristina Kirchner.

“Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”, agregó entre sus cuestionamientos.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

El Poder Judicial y Mauricio Macri: la deuda con el FMI y la causa de espionaje del ARA San Juan

En otro tramo del video, la vicepresidenta recordó la deuda contraída con el FMI por la gestión anterior: “Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún”.

“Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz”, criticó.

Y agregó: “La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura”.

“De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”, señaló y advirtió: “Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución”.

Y cerró: “Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad”.

Si bien nunca había sido oficializada la convocatoria, se daba por descontado que este jueves se reuniría el Senado para tratar el proyecto para ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo esa reunión no se hará.

Según la versión oficial, la razón de la suspensión de la sesión de este jueves está relacionada con “problemas de salud” de algunos legisladores y dificultades con los vuelos, razón por la cual se resolvió postergar la sesión.

Recordemos que el proyecto que se iba a tratar para ampliar la Corte Suprema era el del Poder Ejecutivo, apoyado por 16 gobernadores, para llevar el número de miembros del Tribunal Supremo a 25. Y esa iniciativa no ha despertado el apoyo interno que se esperaba tuviera. Puntualmente se sabe que la senadora cordobesa Alejandra Vigo no está de acuerdo y -más importante por tratarse de un aliado habitual e indispensable- el rionegrino Alberto Weretilneck tampoco está en sintonía con esa iniciativa.

En ese sentido cabe recordar que entre los 16 gobernadores que firmaron la proclama favorable a una ampliación de la Corte a 25 no estaba la de Río Negro, Arabela Carreras. Sí apareció en la foto tomada en la Casa Rosada luego, que el Gobierno nacional pretendió mostrar como la formalización de la presentación del proyecto “atribuido” a los gobernadores. Sin embargo el proyecto en sí fue presentado días después por las principales autoridades del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Y en rigor de verdad el senador Weretilneck es autor de un proyecto propio para ampliar la Corte, pero sin las características del proyecto del Gobierno. Weretilneck propone un tribunal de 16 jueces, con 3 magistrados por cada región del país y dividido en 5 salas.

El problema más serio del oficialismo radicaría en un senador propio: Adolfo Rodríguez Saá, quien es autor de otro proyecto que propone pasar de 5 a 9 miembros. Según pudo saber parlamentario.com, el puntano no apoya el proyecto que el oficialismo resolvió poner a consideración y esa sería la causa por la cual se resolvió posponer la sesión.

No será para la próxima semana, sino recién para agosto, pues para la semana siguiente no hay vuelos por las vacaciones de invierno, y esa era precisamente la razón -que el propio Mayans anunció en el recinto- de adelantar la sesión para este jueves.

El Gobierno no necesita una mayoría especial para aprobar el proyecto, pero sí garantizarse el quórum.

Luego de que Alberto Fernández suspendió su agenda para visitar a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada en terapia intermedia con un cuadro de trombosis venosa profunda, y desde donde denunció la existencia de “un sistema de clara persecución”, reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia y habló de la necesidad de “que el Estado de derecho esté vigente”, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que repudiaron “enérgicamente” dicha decisión y le recalcaron que la dirigente política esta “presa por actos de corrupción”.

En el texto, le recordaron que “después de violar la ley durante la cuarentena como anfitrión de una fiesta en la Quinta de Olivos y de omitir sanciones al conocer la existencia de un vacunatorio VIP, vuelve a pasar por encima de la Constitución Nacional Argentina. Esta vez, sin que le tiemble el pulso, apuntando directamente contra la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que ‘empiece a enmendar las barrabasadas’, en referencia a las causas que aún tiene pendientes la líder de la agrupación Tupac Amaru”.

A su vez, apelaron al artículo 109 de la Carta Magna que indica: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, por lo que denunciaron que “es inadmisible que la cabeza de uno de los tres poderes que rigen nuestro país, presione a otro, rompiendo toda garantía de igualdad y justicia para el pueblo argentino”.

El Senado retomó este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la que JxC una vez más se ausentó al rechazar la propuesta. Esta vez participaron como invitados a exponer siete gobernadores, que se mostraron a favor de la ampliación de la Corte Suprema, según el proyecto suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y al cabo de la reunión se firmó el dictamen correspondiente.

El proyecto de ampliación a 25 miembros podría ser debatido el jueves 14 de julio, según trascendió.

Desde el Salón Illia los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) se hicieron presentes para respaldar la iniciativa kirchnerista. Recordemos que fueron 16 los que suscribieron en su momento una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes. Los mandatarios provinciales se pronunciaron por llevar a 25 los miembros de la Corte, respetando la paridad de género.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Al comienzo de la reunión, el jujeño y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó los diferentes proyectos que se han presentado en relación al tema que se pusieron en tratamiento en la comisión. Uno de ellos de la senadora riojana Clara Vega que “hablaba de la paridad de género en la integración de la Corte”, otro fue presentado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá donde “elevaba ese número de miembros de la Corte”; un proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck donde establece un número de 14 miembros y la regionalización “a los efectos de la federalización y el involucramiento de todo el territorio nacional”; el último proyecto de la neuquina Silvia Sapag donde “establecía requisitos particulares de los miembros para su integración”.

Acto seguido, contó que se abrió una instancia de debate con expositores que “plantearon la necesidad de reforma, la ampliación, se habló de una Corte de 24 miembros. Distintos expositores del ámbito académico plantearon las dificultades que tiene la Corte en su funcionamiento como el cúmulo de causas y ese reclamo y lejanía que tiene con la sociedad con lo justiciable”.

El primero en hablar fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien apuntó que “hablar de la Corte en Argentina es como un tema que parece que en el país hemos decidido que ‘de esto no se habla’”. En suma, señaló que “en la Facultad de Derecho se estudia su competencia, su jurisdicción, atribuciones, etcétera; dentro de la división de poderes”, y cuestionó que “no se estudia la historia”.

Por ese motivo, recordó que el máximo tribunal en Argentina “fue instituido en la Constitución del 53’ y ahí se hablaba de 9 miembros que el presidente Urquiza designó 3 pero nunca se constituyó la Corte. En la Reforma se eliminó el número y quedó en manos de la ley. Así es el juego constitucional. El número de miembros se establece por ley y así ha sido”.

“La historia de la Corte es de turbulencias en la vida política e institucional de los argentinos”, calificó el puntano y explicó: “Si uno lee lo poco que hay sobre la Corte, va a leer la Corte de Mitre que era de cinco miembros, si bien designó partidarios, lo hizo respetando el federalismo. Después apareció la Corte de Roca que duró mucho tiempo, luego viene la Corte que avala la doctrina de facto”.

En ese contexto, manifestó que “hay que hablar de la Corte y ver los problemas. Los gobernadores abordamos los problemas fuera de la grieta porque es un problema grande, serio, importante y debemos hablar de esto y mirar hacia el futuro para hacer o intentar algo fundacional en un clima de unidad nacional no queremos que sea la Corte de una persona”.

Sobre los problemas del máximo tribunal, Rodríguez Saá señaló que “la Corte con su número, es una de las más pequeñas en el mundo. Tiene el problema de los casos que por interpretación la Corte ha ido ampliando el recurso extraordinario a casos que taxativamente no enumera el artículo 14”. También criticó que al momento de la decisión en una causa hay “falta de información. Son cuatro personas para resolver casi 20 mil casos, es un problema”.

“La Corte no está cumpliendo con la cuestión de género y debe ser tratado en un clima de unidad nacional, no respetan la paridad de género. Estamos en un momento de la historia donde la mujer está en primer plano, es necesario que las mujeres se empoderen en los poderes del Estado. Busquemos la paridad de género”, reclamó el gobernador de San Luis.

Respecto a los proyectos, reiteró que la propuesta es de un clima de “unidad nacional, la grieta es tremenda y hace daño a la política argentina. No pensamos igual entre todos los gobernadores, pero nos ponemos de acuerdo conversando”.

“La propuesta es de 25 miembros, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Uno por cada provincia, respetando la paridad de género. ¿Cómo aseguramos que sean de las provincias? los gobernadores conversamos con el presidente y está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose y pidiendo a los gobernadores que envíe una cuaterna de dos hombres y dos mujeres con un amplio curriculum. Acá viene el federalismo, la Corte debe ser federal, desde el primer día se empezó a ser centralista. Las provincias chiquitas jamás llegamos a la Corte”, explayó.

Y siguió: “El número no asusta”, a lo que ejemplificó que la Corte en Brasil tiene 11 miembros, en Colombia son 23, Chile 21, España 5 presidentes y 74 magistrados, Italia 15 miembros, la francesa 6 salas y tres civiles de 120 consejeros.

“Tenemos que tener una Corte federal, con paridad de género con 12 o más mujeres. Lo más lógico sería de 25 o de 29 miembros transitoriamente”, cerró y pidió tratar el tema con un clima de unidad nacional.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el federalismo y la justicia “están en crisis”, por lo que remarcó que el nuevo proyecto debe ser un “pacto federal” que cumpla con lo que “las 14 provincias iniciales y los hombres que forjaron la Nación y destaca el Preámbulo de la Constitución del 53’”.

“En el marco de la República generó la justicia que a lo largo de la historia fue teniendo modificaciones. Aquella Corte que actuaba con competencia originaria se fueron modificando por la jurisprudencia de la arbitrariedad que generó que un instituto y una Constitución que tuvo como base la de Estados Unidos en su basamento”, remarcó.

En ese contexto, señaló que “en el esquema ha ido mucho más las funciones de la Corte que tiene cuatro miembros, es incompleta la Corte de 5 miembros con una función que tienen los jueces porque son académicos y tienen cuestiones de capacitación y el ejemplo de llevar el modelo de la Corte estadounidense donde llegan y se resuelven 200 causas máximo, tenemos una Corte a la que llegan hasta 35 mil causas por año”.

“Es imposible que una Corte de 4 miembros pueda resolver todos esos casos y es imposible pensar al Corte con 1 millón de habitantes con 4 miembros. Esto nos lleva a la necesidad de ampliarla para conformar una verdadera Corte federal que solucione los problemas del federalismo en crisis y del país porque es imposible hablar de un país sin federalismo, aunque en la práctica se volvió unitario desde el primer día”, cuestionó Zamora.

En su alocución, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “debemos hacer una evaluación desde el punto de vista de su integración a través de la historia” por lo que retomó las palabras dichas por su predecesor Rodríguez Saá y comentó que “existieron cuatro leyes que determinaron el número de miembros de la Corte que cuando, provincia de Buenos Aires, a través del Pacto de San José de Flores y la inclusión dentro de la Constitución del 53 y del 60, establece que se excluya lo que determinaba la Constitución que eran 9 miembros a través de una ley del Congreso y fueron cuatro”.

Asimismo, explicó que fue primero la Ley 27 con 5 miembros, luego la Ley 15.271 de 1960 que elevó el número a 7; la Ley 23.774 de 1990 que elevó el número a 9 y luego la 26.183 que reduce el número a 5.

“Tenemos que hacer una evaluación de lo que pasó en la historia de la Corte donde solo 3 fueron mujeres miembros de los últimos 141 años. Un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57.3% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5,5% de Santa Fe.  Si uno observa quiénes no han tenido participación en la designación de autoridades son 11 provincias que a lo largo de 159 años nunca tuvieron un juez o jueza en el máximo tribunal”, cuestionó Capitanich.

Por último, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, de forma breve recalcó que “este proyecto no es contra nadie, porque cuando hablamos de justicia queremos hacer un salto de calidad. Con una mirada de poder de ayudar a la justicia porque hay que dar respuesta, para darle agilidad y eso se hace con la cantidad de miembros a tal demanda que hay. Hay que ampliar y eso tiene un sentido federal también”.

Luego de un impasse atribuible a la inclusión en el debate de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando- que supuestamente cuenta con el apoyo de los gobernadores y establece una ampliación drástica del Tribunal Supremo, los senadores retomarán esta semana la discusión de los proyectos relacionados con el tema.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan el jujeño Guillermo Snopek y el neuquino Osar Parrilli, respectivamente, donde se reanudará así la discusión del tema que entró en cuarto intermedio y donde han sido puestos a consideración cinco proyectos.

Uno es el presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El quinto proyecto fue presentado luego de ser impulsado por 16 gobernadores, suscripto luego por el Poder Ejecutivo y presentado finalmente el pasado 9 de junio por nada menos que el presidente y la vice del interbloque Frente de Todos, José Mayans y  Anabel Fernández Sagasti, el cual eleva el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de un proyecto de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

La reunión será este miércoles a partir de las 14 en el Salón Illia, y de momento no ha sido anunciada la presencia de invitados. Ni hablar de los propios integrantes de la Corte, cuya presencia José Mayans descartó puntualmente: “No conviene que vengan a opinar sobre un tema que les compete a ellos”, apuntó oportunamente ante la prensa acreditada en el Congreso.

Así las cosas, podría avanzarse hacia la firma del dictamen, consensuando entre el oficialismo y sus aliados la unificación de puntos establecidos en los proyectos puestos a consideración. Particularmente los del rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, indispensables para lograr la mayoría necesaria en el recinto, teniendo en cuenta que el interbloque Frente de Todos cuenta con 35 miembros. De sumar sus votos Weretilneck y Vega, se descuenta que también estará la misionera Magdalena Solari Quintana.

El proyecto podría pasar así antes de mitad de año a Diputados, ya con media sanción, y allí se descuenta que será trabado por la fuerte paridad de fuerzas existente entre oficialismo y la oposición en su conjunto.

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública, el ministro de Justicia, Martín Soria, estará en la Cámara de Diputados. Y si bien va por un tema puntual como es informar en representación del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, es obvio que en su exposición redoblará sus embates contra el Tribunal Superior.

El máximo tribunal resolvió este martes respecto de una serie de planteos de la vicepresidenta de la Nación y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que se encamina a su finalización.

La Corte rechazó planteos referidos a un supuesto “doble juzgamiento” teniendo en cuenta que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. Sin embargo el tribunal descartó la violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito por “deficiencias de fundamentación”.

Se descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante los tres gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015 en todo el país y no solo las de la provincia de Santa Cruz.

Asimismo los jueces determinaron que “no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones”.

Tampoco admitieron las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz, ni se hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.

Así las cosas y con este antecedente tan cercano no se espera que Soria vaya a ser moderado con relación a la Corte Suprema. Será a partir de las 11, cuando vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.

El ministro ya cuenta con el antecedente de la actitud que mostró cuando le tocó abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.

“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios.

El senador nacional del Pro Luis Juez consideró “un espanto de proyecto de cinco artículos”, la iniciativa del oficialismo, acordado con una quincena de gobernadores, para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema, que lleva la firma del jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, y de la vicejefa, Anabel Fernández Sagasti.

“Es realmente un mamarracho jurídico, no hay ojo para leerlo”, lanzó el legislador en diálogo con TN. Además de señalar que no está de acuerdo con el mismo, consideró al proyecto como una medida para “desviar la atención de la ciudadanía en un momento de altísima complejidad”.

El proyecto para ampliar la Corte Suprema, que deberá ser debatida en comisión, cuenta solamente con cinco artículos. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 25 jueces y juezas”, reza el primer artículo y advierte que será “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” del máximo tribunal.

“Es una boludes terrible”, arremetió el político y luego apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Este Gobierno no entiende lo que es la palabra consenso”, y remarcó que “si no tenes las 2/3 parte del Senado no podes hacer ningunas de estas modificaciones, es una torpeza”.

Sin embargo, el senador consideró que desde el Gobierno “saben que no va a prosperar” y que, de aprobarse el proyecto, “vamos a perder en un país que tiene conflictividad y la gente está angustiada”.

“No es un problema de números, es un problema de calidad, de independencia y de actitud. Necesitamos una Corte Suprema independiente, que la Justicia actúe”. En cuanto al Gobierno, llamó a “dejar de especular” para tener “la calidad de Justicia que los argentinos nos merecemos”.

El senador nacional Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular -La Pampa) participó, como representante por su provincia, de las reuniones que hicieron en CFI los enviados de los gobiernos provinciales sobre el proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justica y sostuvo que “estamos transitando una crisis institucional del federalismo argentino” y cuestionó el rol del Máximo Tribunal porque invaden “a los otros dos poderes de la Democracia”.

El proyecto fue presentado por el interbloque del Frente de Todos e ingresó este jueves al Senado de la Nación.  La iniciativa propone la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, cuyo punto más trascendente es elevar el número de sus miembros a 25.

Además, fue consensuada entre un importante número de gobernadores, que luego de encuentros realizados en la sede del Consejo Federal de Inversiones acordaron el texto del proyecto, que luego se complementó con el que enviara el Poder Ejecutivo Nacional.

“Estamos transitando una crisis institucional del federalismo argentino, y el punto más alto de esta situación lo podemos ver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ha llegado a un extremo donde cuatro personas resuelven, o intentan resolver, el manejo del servicio de Justicia de toda una nación, y eso es imposible”, dijo el legislador.

Y agregó: “Tal como lo dijo el gobernador Sergio Ziliotto, ampliar la Corte hoy significa ampliar derechos para todas y todos los argentinos. Y también que el análisis del tema se inicie con los gobernadores, el Ejecutivo Nacional y el Congreso. Lamentablemente el accionar de la Corte actual llevó incluso a que invadan a los otros dos poderes de la Democracia”.

Bensusán detalló que “tal como dijo Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la CSJ, estamos ante un proyecto revolucionario, que seguramente logrará recomponer la situación de crisis institucional que atraviesa al máximo organismo de la justicia argentina”.

“La propia Constitución de la Nación Argentina indica que nos regimos con un sistema democrático, republicano y federal, y es claro que la actual CSJ no puede sostener a ninguno de esos postulados. La Corte de tener una mirada federal, y hoy no la tiene. En un sistema republicano el poder debe repartirse y ampliarse, cosa que tampoco está pasando, porque hay una concentración en cuatro personas”, continuó.

El senador manifestó más adelante que “toda esta situación afecta al ejercicio de la democracia. En este momento existen entre 17 y 20 mil causas para que las resuelvan cuatro personas. Si promediamos este dato, concluimos en que deben resolver una causa cada media hora para ponerse al día. Eso, sabemos, no va a ocurrir, porque es imposible. Y en una Democracia se debe garantizar que las ciudadanas y ciudadanos tengan garantizado el derecho a acceder a una justicia ágil y eficiente”.

“Las provincias queremos que se nos escuche, que se nos entienda y se contemple la idiosincrasia de cada provincia y región al momento de resolver las causas. La Corte de cinco miembros se constituyó cuando había un poco más de un millón de habitantes en Argentina. Hoy debemos andar rondando los 50 millones, así que creemos que está más que justificado el aumento de sus miembros.

Fue optimista respecto del acompañamiento de estados provinciales gobernados por la oposición al proyecto, “la situación que vivimos afecta a todas las provincias, sin importar el color político de sus gobiernos. Por ejemplo, el tema que tienen pendiente por resolver sobre coparticipación no es menor. El dinero que debe volver a las provincias es de interés de todas”.

El jefe de bloque UCR en la Cámara de Diputados, el cordobés Mario Negri, rechazó el proyecto presentado por senadores oficialistas para elevar el número de integrantes de la Corte Suprema y lo calificó de “grotesco”. En sentido, apuntó contra el oficialismo: “Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas”.

“El kirchnerismo nos quiere hacer creer que está preocupado por solucionar los problemas urgentes de los argentinos. Pero quedó demostrado que el único plan que tiene es perseguir la impunidad”, lanzó el cordobés y calificó de “grotesco” el proyecto para elevar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema.

El oficialismo quiere convertir a la Corte Suprema en un club de jueces amigos de los gobernadores peronistas.
Desde el FdT cacarean que buscan el bien de los argentinos, pero se les cae la careta: salta a la vista que el único plan del kirchnerismo es perseguir la impunidad.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 9, 2022

En ese sentido, disparó contra el FdT: “Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas. El sólo hecho de pensar que la libertad, la propiedad y los derechos más elementales van a estar en manos de jueces delegados de (Gildo) Insfrán, (Jorge) Capitanich o (Axel) Kicilllof hace poner la piel de gallina”.

Negri agregó que “de todos modos, la sociedad debe saber que, aunque el PJ logre sacar esta iniciativa del Senado, donde tienen mayoría, en Diputados daremos batalla. Y si este mamarracho se convirtiera en ley será una ley abstracta, porque la Constitución exige dos tercios del Senado para designar cada nuevo juez de la Corte Suprema. Esa mayoría está muy lejos del oficialismo”.

También recordó que el Frente de Todos no pudo, por sus discrepancias internas, nombrar al Procurador General propuesto por el presidente (Daniel Rafecas) y que el Ejecutivo ni siquiera ha propuesto el reemplazo de Elena Higthon de Nolasco, la ex jueza de la Corte que renunció en octubre de 2021.

Este jueves ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de modificación de la Corte Suprema que lleva la firma del presidente y la vicepresidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que eleva el número de miembros a 25 que permitirá “fortalecer la inmediatez de los expedientes”.

En línea con la propuesta de un conjunto de gobernadores oficialistas, la iniciativa consta tan solo de cinco artículos. En su artículo primero, establece una composición de 25 miembros (jueces y juezas) ante los cuales “actuará el Procurador o Procuradora General de la Nación y los Procuradores o las Procuradoras Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y los Defensores o las Defensoras Oficiales”.

Respecto a los nombramientos e integración, su artículo segundo propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”.

En tanto, el artículo 3 establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes. Mientras que el cuarto artículo sostiene que “las disposiciones de la ley se implementaran una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande”. El restante es de forma.

Entre los fundamentos, remarcaron que la propuesta de los 25 miembros “permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación del trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” con el fin de “fortalecer la inmediatez de los expedientes y con el justiciable, además de abreviar los extensos plazos que lleva la tramitación”.

En ese sentido, explicaron que la integración se realizará de “forma progresiva” y que, de esta manera, Argentina seguirá la tendencia de la mayoría de los pases europeos y latinoamericanos.

“Resulta importante que el número de jueces de la Corte Suprema guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, llega al Tribunal por las vías procesales correspondientes”, fundamentaron.

Y remarcaron: “Cabe consignar que una Corte Suprema con este número de jueces no solo resuelve cuestiones de funcionamiento, sino que, permite una composición, en principio más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que es la base de la democracia igualitaria y plural a la que aspiramos”.

S.-1353-22

“El fortalecimiento de nuestra calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo”, expresó el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), al pronunciarse este fin de semana sobre la intención del Poder Ejecutivo de ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.

A través de  un comunicado, IDEA expresó que “el proyecto de aumentar de 5 a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.

Sostuvo IDEA que “el funcionamiento de la República se basa en la división de poderes y este proyecto va directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder político”.

“En IDEA creemos que Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada; las oportunidades en Argentina son numerosas pero las inversiones solo van a venir si les aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia independiente”, concluye el comunicado de IDEA.

Miembros de la oposición salieron al cruce de la propuesta oficial de aumentar a 25 el número de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló que “el presidente y un grupo de gobernadores del PJ se quieren armar una Unidad Básica en la Corte Suprema, un Senado Judicial.

Fracasarán. Ni Carlos Menem se atrevió a tanto para dominar el Poder Judicial”.

Su par del radicalismo, Mario Negri, señaló que “con Menem, el PJ elevó a 9 los miembros de la Corte Suprema. Con el kirchnerismo los redujo a 5. Con Alberto quieren llevar a dos docenas la cantidad de jueces supremos. ¿Motivos institucionales? No. Conveniencia política. Ni siquiera se esfuerzan por disimular la desesperación”.

Luego apuntó: “Los gobernadores peronistas tienen el sueño húmedo del caudillo: cada uno quiere poner un juez propio en la Corte Suprema.

Imaginemos qué será de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos en manos de un club manejado por Insfrán, Zamora, Kicillof o Capitanich”.

Uno de los gobernadores que no acudieron a la convocatoria del Poder Ejecutivo fue el correntino Gustavo Valdés, quien rechazó “cualquier intento por ampliar la Corte Suprema de Justicia, proyecto absolutamente innecesario cuando las necesidades de la gente son otras. Siempre defenderemos las instituciones de la República por ser garantes del orden constitucional, la democracia y la libertad”.

A su vez, la diputada Paula Oliveto disparó: “Mamarrachos que se juntan para elevar el número de miembros de la Corte. Ridículos señores feudales que sueñan con hacerla funcional. Peligrosos porque creen que pueden jugar con la institucionalidad de la Argentina. No van a poder. Están tirando de una cuerda deshilachada. #BASTA”.

Por su parte, Rodrigo de Loredo señaló que “es una cortina de humo lamentable la del presidente hablando de ampliar la Corte a 25 miembros en este contexto económico. No sabe qué hacer para congraciarse con CFK. ¡Un tobogán sin freno!”.

Desde Avanza Libertad, Carolina Piparo tuiteó: “Una Corte Suprema de 25 miembros?! El proyecto lo diseña el abogado de la vice o Zaffa? El kirchnerismo no deja pasar un solo día sin buscar impunidad para toda la banda”.

El diputado nacional (MC) Luis Petri señaló que “el Gobierno nacional y los gobernadores del Frente de Todos impulsan la ampliación del número de miembros de la Corte a 25. No les importa el avance del narcotráfico, el incremento de la inseguridad o mejorar la celeridad en los procesos por corrupción. Solo buscan impunidad”.

A su turno, Miguel Bazze expresó: “Los gobernadores peronistas que proponen una corte de 25 miembros quieren someter la justicia al poder político porque pretenden gobernar sin controles y garantizar, cuando sea necesario la impunidad de los poderosos. Un planteo trascendente por lo escandaloso”.

Por su parte, Mariana Zuvic señaló: “Es eliminar la Corte Suprema y convertirla en órgano dependiente del poder político para garantizar impunidad eterna. Delirios de fin de ciclo de los tiranos amantes de las autocracias”.

El presidente Alberto Fernández presentó este jueves a gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo por el cual se buscará elevar a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una nueva muestra de tensión entre el oficialismo y el principal órgano de justicia del país.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, en el encuentro celebrado en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, al que acudieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En representación de sus provincias estuvieron también los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan) y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero). Desde Salta llegó el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.

La propuesta de elevar a 25 miembros consistiría en que los miembros de la Corte Suprema serían, en caso de aprobarse esta iniciativa, serían representantes de cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el restante miembro sería un delegado del Poder Ejecutivo.

La iniciativa contempla paridad de género, con lo cual al menos debería haber 12 mujeres.

Durante una conferencia de prensa posterior, el gobernador chaqueño puso como ejemplo a países de la región que tienen un número elevado de miembros de la Corte: Chile (21), Colombia (23), Costa Rica (21) y Brasil (11), Hoy hay “una Corte con cuatro miembros varones y con eso se quiebra el principio básico de paridad de género”, dijo, además de tener “una concepción centralista y no federal”.

A su turno, Axel Kicillof señaló que el presidente convocó a los gobernadores “para presentarnos el proyecto del Poder Ejecutivo, que coincide en los puntos centrales los que trabajamos los gobernadores”.

Según Alberto Rodríguez Saá, la primera Corte Suprema “tenía miembros de San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires”, mientras que ahora “se ha alejado del sistema federal”. Asimismo el mandatario puntano precisó: “Estamos cerca, con un proyecto en común. Mañana vamos a discutir esto y vamos a dar luz al proyecto definitivo de acuerdo a lo que hemos hablado con el presidente”.

Una semana después de haber difundido a través del gobernador bonaerense Axel Kicillof un comunicado en el que 16 mandatarios se pronunciaban a favor de una ampliación del Tribunal Supremo, este jueves se dará la segunda instancia de esa movida, con la reunión que a partir de las 18 el presidente Alberto Fernández realizará con 18 gobernadores.

“A agenda abierta”, se indica en la comunicación oficial que refiere al encuentro, pero ya se sabe que el argumento convocante es el proyecto de ley que los mandatarios le llevarán al mandatario para impulsar una reforma consistente fundamentalmente en la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. “El federalismo será el eje de este encuentro”, se anticipa y justamente esa es la excusa para ampliar el Tribunal Supremo, por cuanto la citada declaración difundida el 23 de mayo pasado tenía como título “Por una Corte Suprema de Justicia Federal”. Esto es, se indicó, que tenga 25 miembros, uno por provincia, más uno más que presidiría.

Dicha declaración fue suscripta por Kicillof, Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac, (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sanz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). Suman 16, pero oficialmente se anunció que serán 18 los gobernadores que asistirán a la reunión de este jueves, sin detallar cuáles son los dos que se sumarían.

Más allá de que se espera que la “agenda abierta” promovida para este encuentro incluya temas de mayor interés para los mandatarios que la ampliación de la Corte, lo cierto es que un aliado eventual clave del Gobierno ya ha adelantado un diagnóstico concluyente respecto de una eventual modificación del Tribunal Supremo. Para el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck el proyecto resulta “inviable”.

Senador nacional indispensable para un oficialismo que por sí solo no tiene mayoría en la Cámara alta, Weretilneck señaló que hace falta “un gran acuerdo político nacional” para ampliar la integración de la Corte. Y tal como están las cosas, no es lo que pasa con este proyecto. Consultado por el diario Río Negro, el senador de Juntos Somos Río Negro fue contundente respecto de la suerte que tendría el pedido de los gobernadores para ampliar a 25 el número de miembros: “No se va a lograr un acuerdo”.

Si bien aclaró que desconoce los detalles de ese proyecto, adelantó que “se hace inviable la aprobación e implementación”, y agregó: “La ampliación de la Corte y la posterior designación de esos jueces se puede hacer única y exclusivamente si hay un gran acuerdo político nacional; no sólo entre los dos partidos nacionales (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) sino también con los partidos del interior”, por cuanto la designación de ministros para la Corte Suprema necesita de las dos terceras partes del Senado.

Asimismo Weretilneck señaló que “si la consecuencia de ampliación de la Corte va a ser que los gobernadores y gobernadoras de las provincias hagan una propuesta de un representante, está claro que por la pertenencia actual de los gobiernos provinciales no se va a lograr un acuerdo”, por cuanto el Frente de Todos tendría una mayoría en la Corte Suprema, “lo cual hace inviable la aprobación e implementación de este proyecto”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos – La Pampa) disparó contra la Corte Suprema de Justicia porque “está recostado sobre el ala política opositora”, y consideró que “hay que modernizar su funcionamiento y federalizarlo”.

“La Corte como está, no puede seguir funcionando”, sostuvo el diputado oficialista al tiempo que remarcó que el máximo tribunal “está jugando abiertamente para Juntos por el Cambio”.

En diálogo con FM La Patriada, el pampeano afirmó que la Corte que preside Horacio Rosatti “está recostada sobre el ala política opositora”, al tiempo que consideró que “hay que modernizar su funcionamiento, democratizarla, federalizarla”.

En una entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Pérez Araujo contó que “el proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura se está tratando en el plenario de la Cámara de Diputados en dos comisiones: Asuntos Constitucionales y la de Justicia que preside Tailhade”, respecto lo cual señaló: “Llevamos dos reuniones en las que venimos escuchando expositores”.

Además, indicó que “del lado de la oposición en el Congreso, hay una clara manifestación de que todo lo que venga del oficialismo va a ser difícil que pase”.

Al cierre de la entrevista, Pérez Araujo afirmó: “Estamos dialogando, buscando consensos, revisando los proyectos de diputados de distintos bloques para ver si podemos encontrar una salida que nos saque de esta ilegalidad en la que nos ha metido la Corte”.

Vocero del grupo terminó siendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde anunció este martes que “16 gobernadores firmamos una declaración “Por una Corte Suprema de Justicia Federal”.

“Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, agregó el gobernador bonaerense que posteó un comunicado que lleva las firmas de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac, (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sanz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y el ya citado Axel Kicillof (Buenos Aires).

Allí los gobernadores y gobernadoras anuncian su decisión de “elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”.

Agregan que “el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”. Por eso señalan que convocarán, a los efectos de redactar el proyecto de ley respectivo, a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias.

“Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo”, concluye el comunicado.

En su incursión riojana, los senadores del interbloque Frente de Todos dieron una conferencia de prensa en la que precisamente anunciaron esto que acaba de suceder. Sobre la ampliación de la Corte Suprema, tema al que se refirió el senador Guillermo Snopek -presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, anticipó que “los gobernadores están pidiendo que haya una Corte con 25 miembros, uno por provincia, eso es lo que nos vienen pidiendo los gobernadores a los senadores” y “lo van a pedir explícitamente”, aseguró, en el marco del debate que se está dando en comisiones de la Cámara alta.

Por estos días, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado viene discutiendo la reforma de la composición del Tribunal Superior de Justicia.

Por José Angel Di Mauro

Creado durante la reforma constitucional de 1994 a instancias del radicalismo, el Consejo de la Magistratura no ha encontrado desde entonces una composición que satisfaga plenamente a las partes. En rigor, bastaría con que cumpliera plenamente con los objetivos para los cuales fue ideado y claramente la justicia da cuenta diariamente de que los resultados no han sido los buscados.

Cuentan los memoriosos que Raúl Alfonsín -clave en la reforma acordada con Carlos Menem, recordar el Pacto de Olivos- era reacio a aceptar la presencia de la Corte Suprema en el seno de ese organismo, a sabiendas de las intenciones del entonces presidente detrás de tal objetivo: poner al frente del Consejo a Julio Nazareno, el riojano que presidía por entonces el Tribunal Superior. No hace falta recordar aquello de “la Corte menemista”, pero finalmente el expresidente radical dio el brazo a torcer. Al fin y al cabo, el amigo de Menem no estaría eternamente al frente de la Corte.

De ahí que surgió la composición actual del Consejo, que ahora ha vuelto a los orígenes a partir de que la Corte Suprema de Justicia actual declarara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que impulsó la entonces senadora nacional y primera dama (mejor dicho, primera ciudadana) Cristina Fernández de Kirchner.

Ese detalle viene perfecto para observar que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, como así también el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación ha sido siempre una obsesión de la actual vicepresidenta.

Al punto tal que ese fue el detonante de su expulsión del bloque oficialista, allá por 1997. En efecto, todos recordarán las posturas rebeldes que la entonces joven primera dama de Santa Cruz asumía en el bloque que en esos tiempos conducía el entrerriano Augusto Alasino. Mas no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión oficial.

Pero la gota que colmó la paciencia de Alasino y compañía fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Como dijimos, corría 1997 y eran tiempos en que Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en 1999, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.

Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte.

La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, cuando le llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quiénes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.

El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.

La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz”, según expresó. Y agregó: “Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”. Cuando le preguntaron si creía ver en esa maniobra el intento de forzar su renuncia al bloque, ella dijo que no se iría del justicialismo. “Yo voy a seguir defendiendo a muerte mi derecho a poder discernir democráticamente”, esgrimió.

Según transcribe el libro Cristina K. La dama rebelde (Sudamericana, 2004), la decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.

A partir de ello se abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria: “Muchachos, según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento”, aclaró el entonces vicepresidente de la Nación.

Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de la señora Fernández de Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Bauzá, Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.

“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.

Como puede verse, el Consejo de la Magistratura ha estado desde sus orígenes en el ojo de la tormenta, por lo que amerita recurrir a los archivos para conocer todos los hitos que marcaron a esta institución hasta la actualidad. De ahí que bien podríamos caracterizar esta historia como “25 años sin dar con una buena ley”. Porque de lo contrario no estaríamos recurriendo a la ley original, de 1997, y debatiendo una nueva ley en la que oficialismo y oposición lejos están de ponerse de acuerdo.

Para llegar a los orígenes de la institución Consejo de la Magistratura debemos remontarnos a 1994, cuando la Asamblea Constituyente incluyó en el artículo 114 de la Constitución reformada la creación del organismo que se encargaría de confeccionar listas de candidatos para tribunales inferiores, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces e imponer sanciones.

Tres años después y transcurrido el episodio de la expulsión de Cristina Kirchner del bloque oficialista, el 10 de diciembre de 1997 fue sancionada la Ley 24.937, que el Ejecutivo que encabezaba Carlos Saúl Menem, promulgó el 30 de diciembre.

Ya en 1998 comenzó a funcionar, en el mes de noviembre, el Consejo de la Magistratura, presidido por Julio Nazareno. Además de Nazareno, integraban ese primer Consejo de la Magistratura los jueces Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Margarita Gudiño de Argüelles y Javier Fernández Moores.

Por el Poder Legislativo estaban en esa primera conformación del Consejo los senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga, y los diputados nacionales Melchor Cruchaga, Juan Carlos Maqueda, Oscar Massei y Miguel Angel Pichetto.

En representación de los abogados estaban Juan Gersenobitz, Diego May Zubiría, Ángel Garrote y Eduardo Orio; mientras que por el ámbito científico y académico asumieron Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.

Por el Poder Ejecutivo Nacional estaba Julio Comadira, un reconocido catedrático que en tiempos de Duhalde condujo de manera eficiente la Sindicatura General de la Nación y que durante la presidencia de Menem fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner tuvo media sanción del Senado el 22 de diciembre de 2005. La misma reducía de 20 a 13 miembros ese organismo y fue aprobada por 45 votos a favor y 16 en contra, correspondientes al radicalismo y partidos provinciales.

Criticada por instituciones judiciales y organismos no gubernamentales, la iniciativa fue defendida por la senadora Kirchner, que negó que se intentara producir un bloqueo de las decisiones del  órgano y criticó a “la corporación de jueces y abogados” por ejercer una fuerte presión para mantener el “status quo”.

Uno de los más críticos en ese debate fue el senador radical Rodolfo Terragno, quien expresó en la sesión del 22 de diciembre de 2005: “El oficialismo pasará de tener el 25% a tener el 38%. Nadie puede entrar a la justicia si el Ejecutivo le pone bolilla negra, y nadie saldrá de ella si el Ejecutivo le tira un salvavidas. Esto genera sospecha sobre el objetivo de esta iniciativa”.

La norma se convirtió en ley en la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2006 por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones.

A ese número llegó el Frente para la Victoria con los votos de 113 diputados oficialistas, 20 diputados del Peronismo Federal y 5 radicales.

Fue miembro informante por el oficialismo en ese debate el salteño Juan Manuel Urtubey, quien presidía por entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales, y buscó descalificar los cuestionamientos al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. Tras ello, le endilgó al actual Consejo “ineficiencia” y un “sesgo corporativo”.

Integrante del Consejo de la Magistratura por entonces, la diputada del ARI Marcela Rodríguez retrucaba: “Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción del Consejo”, calificando a la reforma impulsada desde el oficialismo como “el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem”.

Al momento de la votación en general, el Frente para la Victoria no contó con la presencia de Rafael Bielsa y Oscar Massei, este último integrante del Consejo de la Magistratura original, como ya hemos indicado. Ambos diputados se ausentaron del recinto para no dejar sentado su rechazo al proyecto.

Más datos relevantes: esa votación fue la génesis del alejamiento del radicalismo de los diputados de ese origen que respondían al gobernador -por entonces radical- Gerardo Zamora. Eran Daniel Brue –hoy en el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja- y Cristian Oliva, quienes recibieron desde la gobernación santiagueña la orden de votar junto al oficialismo. En la bancada de la UCR aseguraron que inicialmente ambos querían votar en contra de la iniciativa oficial, pero una conversación de Zamora con un funcionario del Gobierno alcanzó para revertir la decisión. Ese funcionario era Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El cambio generó fuertes cruces entre legisladores del partido centenario, al tiempo que las autoridades partidarias advertían sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los “disidentes”. Así las cosas, los santiagueños adelantaron a sus colegas de bancada su determinación de formar un grupo aparte, cosa que terminarían formalizando.

“No puede ser que en aspectos básicos y fundamentales, los diputados que responden a provincias donde gobierna el radicalismo voten a favor del Gobierno (nacional) a efectos de lograr alguna medida que signifique algún beneficio para su provincia”, expresó entonces nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín, mientras que el Comité Nacional que entonces presidía el mendocino Roberto Iglesias difundía un comunicado para anunciar la expulsión de los afiliados diputados que habían votado a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Estos eran los citados Brue y Oliva, más el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, quienes se alinearon con la transversalidad que promovía en esos tiempos Néstor Kirchner.

La ley aprobada recibió el número 26.080, y la composición del Consejo se redujo de la siguiente manera: los jueces pasaron de 4 a 3; los legisladores de 8 a 6; los representantes de abogados de 4 a 2.

La reforma de 2013

En el futuro habría un nuevo intento para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Fue en 2013, en el marco de la reforma judicial que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó como la “Democratización de la Justicia”. El 25 de abril de ese año, tras una sesión de 24 horas cargada de tensión, se aprobó a las 6 de la mañana esa polémica norma por 130 votos a favor y 123 en contra. En rigor, eran seis los proyectos discutidos y entre ellos figuraba la reforma del Consejo de la Magistratura.

Entre los que votaron en contra vale mencionar a 5 diputados del Frente para la Victoria: los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini; el riojano Jorge Yoma; la bonaerense Mabel Müller; y Blanca Blanco de Peralta, esposa del gobernador de Santa Cruz. También votaron en contra un puñado de aliados habituales del oficialismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).

Previsiblemente el tema se judicializó, pero el Gobierno de entonces siguió actuando como si las causas no fueran a prosperar. Así publicó en el Boletín Oficial el decreto 577/13, convocando a los ciudadanos a elegir en las elecciones legislativas integrantes del Consejo de la Magistratura. Conforme lo indicado por la nueva ley, el decreto establecía que el Consejo pasaría a ser de 19 miembros: 3 jueces; 3 representantes de abogados; 6 representantes de los ámbitos académicos o científicos; 6 legisladores y 1 representante del Ejecutivo.

El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria, el nuevo número de integrantes para el Consejo de la Magistratura y el voto popular para elegir consejeros. Una semana más tarde, la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “Caso Rizzo” declarando inconstitucional la reforma, con el único voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni.

La última embestida contra la ley de 2006

El 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía la composición del Consejo de la Magistratura, por no respetar el “equilibro” entre los estamentos que exige la Constitución. Fue la causa sobre la cual, años después, se expediría el Tribunal Superior.

Esa demanda llegó a la Corte Suprema recién en el año 2017. A partir de ello, el Máximo Tribunal debería resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006 impulsado en su momento por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Por entonces gobernaba Mauricio Macri y hacia fines de ese año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el régimen legal de la Magistratura, proponiendo una composición de 16 miembros, incorporándose un juez o jueza y 2 abogados/as. Como se ve, el proyecto que impulsaba en esos días el Gobierno de Cambiemos no sumaba a miembros de la Corte, de ahí que al defender la propuesta del actual Ejecutivo en el Senado se hiciera notar que su proyecto no difería demasiado del presentado por la administración anterior.

Cuando se hace referencia al tiempo que a la Corte Suprema le demandó resolver sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de 2006 se omite que ese Tribunal siempre privilegió que fuera la política la que resolviera el tema y así evitar intervenir. Estaba claro que el Gobierno de Cristina Kirchner no modificaría la norma que precisamente ella había promovido siendo senadora y más no habiendo prosperado la reforma judicial de 2013. La CSJN esperaba que el Gobierno de Cambiemos lo hiciera, pero el proyecto de 2017 no llegó nunca al recinto, y así fue que hacia fines de 2021 el Máximo Tribunal dejó trascender que finalmente resolvería el tema como lo hizo.

Por eso fue que el 6 de diciembre el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la cantidad de miembros de 13 a 17. Once días más tarde, el 17 de diciembre de 2021, la Corte Suprema confirmó el fallo de cámara de 2005 y declaró inconstitucional la composición vigente del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, exhortando al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo del a Magistratura”. En caso de que no lo hiciera en el plazo de 120 días, el Consejo volvería a su vieja composición de 20 miembros.

Si bien el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de reforma del Consejo en extraordinarias, no se trató. Pasarían 106 días hasta que el oficialismo decidiera iniciar su tratamiento en el Senado. Recién el 22 de marzo arrancó en esa Cámara el debate y el proyecto llegó al recinto el 7 de abril, obteniendo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.

El plazo impuesto por la Corte Suprema vencía ocho días después y todavía no habían sido conformadas siquiera las comisiones que deberían tratar el tema en Diputados.

Eso recién sucedió el 11 de mayo pasado. Un mes antes, el 18 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocupó la presidencia del Consejo.

Los nuevos miembros titulares del Consejo juraron el 20 de abril, a excepción de los dos representantes del Congreso de la Nación, que lo harían recién el 19 de mayo, tras una intensa pulseada entre oficialismo y oposición por los dos lugares en disputa. Juntos por el Cambio confiaba que sendas bancas le correspondían, como segunda minoría, pero el oficialismo sacó un impensado as de la manga en el Senado al dividir el bloque FdT y recrear una segunda minoría.

La pelea final

La pregunta del millón es qué sucederá ahora con la nueva ley que tiene media sanción del Senado. Tal cual lo exteriorizó Juntos por el Cambio durante el debate en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo es rechazado por esa bancada, postura que comparte con la mayoría de la oposición. Así las cosas, la iniciativa podría tener en la Cámara baja el mismo destino que todos los proyectos judiciales del oficialismo: el cajoneo.

Sin embargo el debate de la boleta única en papel fue el disparador que usó el oficialismo para activar la discusión del proyecto que tiene media sanción del Senado, logrando al menos que paralelamente al otro proyecto se discuta el tema en comisión. Lo cual tampoco le garantiza al Frente de Todos los votos para la aprobación.

Juntos por el Cambio está conforme con la composición actual, presidida por alguien de la Corte Suprema, cosa que rechaza enfáticamente el oficialismo. Por eso dependerá de “los bloques del medio” la suerte de esta ley. Allí el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos: precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.

Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 miembros, donde Graciela Camaño -quien integra además el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo… mas no presidiéndolo.

Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en la otra Cámara para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.

Fuentes consultadas por Parlamentario aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el Frente de Todos a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por una Cámara alta que a los miembros de JxC no le da mayores garantías.

– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó Parlamentario.

– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.

Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.

“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.

La diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), subrayó que el órgano debe tener “agilidad” en su funcionamiento para poder avanzar en la cobertura de juzgados vacantes, al tiempo que remarcó que es “fundamental” que la Corte Suprema de Justicia esté “vinculada” al organismo encargado de controlar a los jueces.

“Tenemos que tener agilidad en la cobertura de los juzgados, porque hay algunos que están vacantes durante años. Y también tenemos que ser un Consejo de la Magistratura de puertas abiertas a la población, transparente con los procesos. Que el Consejo no sea algo extraño y de espaldas a la gente”, remarcó la santacruceña en declaraciones en la AM 990.

La dirigente opositora remarcó que se debe “afianzar la justicia”, ya que advirtió que de lo contrario “las consecuencias son muy difíciles de reparar, muy estructurales, el daño para la ciudadanía es irreversible”.

Al retomar el tema de los juzgados vacantes, Reyes señaló que “si bien la agenda de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) está vinculada a las causas de corrupción que tiene la Justicia, hay muchas más que están paralizadas por falta de jueces”.

Por otra parte, la patagónica se refirió a la Corte Suprema y los proyectos de modificación que hay en el Congreso, ante lo cual indicó que “hay que dar un debate profundo”.

Y agregó: “No me gusta esto de la manipulación por coyunturas políticas vinculadas al poder por conveniencias. Es un tema que tenemos que debatir”. Además, destacó que “es fundamental tener a la Corte Suprema vinculada al Consejo de la Magistratura”.

En su segundo viaje hacia una de las provincias del país, un grupo de senadores del interbloque Frente de Todos visitó La Rioja, coincidiendo con el 431° aniversario de su fundación. Desde allí fueron consultados por la inflación que aqueja al país y, por otro lado, afirmaron que los gobernadores reclaman que haya una Corte Suprema de 25 miembros.

En un formato similar a la “peña” que realizaron por Tucumán, luego que el bloque se partiera en dos -movimiento relacionado al Consejo de la Magistratura-, y con el objetivo de mostrar que la unidad sigue firme, los legisladores fueron recibidos en una cena oficiada por el gobernador Ricardo Quintela.

La tropa que viajó en esta ocasión arribó este jueves, y se hospedó en el Naindo Park Hotel. Este viernes participaron del acto de celebración por el aniversario de la provincia, luego brindaron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y más tarde visitaron un parque eólico en el departamento Arauco.

Las actividades culminarán este viernes con un almuerzo en Sanagasta y la visita por la tarde al complejo Internet para Todos.

Durante toda la recorrida participó también la senadora Clara Vega, quien tiene su propio monobloque pero se ha convertido en una aliada cada vez más cercana a la bancada oficialista.

En la conferencia de prensa ante medios provinciales, el jefe del interbloque oficialista y del Frente Nacional y Popular, José Mayans, afirmó que las recorridas por las provincias se dan “en busca de construir un país más federal”, porque valorar “la participación de las provincias es fundamental para el desarrollo económico y social de la Argentina”.

El formoseño reveló que en la cena con Quintela, de la que también formó parte el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se conversó sobre el tema presupuestario, las obras públicas programadas y el reparto de los subsidios energéticos y al transporte.

El legislador aseguró que se trabaja para “mejorar la situación social de nuestra patria. Estamos pasando un momento muy difícil, heredamos una situación muy difícil, encontramos un país prácticamente en default, con alto grado de desocupación”.

Al ser consultado por la inflación, Mayans sostuvo que ese debe ser “un esfuerzo de todos”. “La guerra está afectando el tema de los precios”, apuntó y mencionó que “Estados Unidos tiene un 8% de inflación y los países de Europa están teniendo una inflación que no conocían”.

El senador defendió que “el Gobierno está acordando con el sector empresario” la situación de los precios, ya que “es imposible que el trabajador argentino pague precios internacionales”. “El primer paso es abastecer el mercado local, que es la lucha que estamos teniendo”, expresó y confió en “la buena fe por parte de todos los sectores”.

Por su parte, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, admitió que existe “una realidad muy compleja”, pero cargó contra la gestión anterior: “Fueron años extremadamente difíciles, donde hemos perdido mucho tiempo los argentinos. Y La Rioja también perdió, se pararon obras”.

Además, cuestionó “la irresponsabilidad de la oposición en no darnos la hoja de ruta del Presupuesto Nacional, que ha sido gravoso para no tener un mapa para planificar”.

“La suba de todos los commodities, centralmente alimentos y energía, es una realidad que nos excede”, señaló la legisladora kirchnerista, que agregó: “Sabemos el dolor que significa para cada uno de los argentinos y argentinas esta realidad. Y le estamos haciendo frente”.

En la conferencia, la bonaerense ratificó que “el Senado de la Nación acompaña la gestión del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y eso queremos que quede absolutamente claro. Pero además lo que centralmente acompañamos es mejorarle la calidad de vida a cada uno de ustedes”. “Venimos a escuchar, a mirar y a llevarnos cada uno de los problemas que tienen los riojanos”, sumó.

Por otro lado, sobre la ampliación de la Corte Suprema, tema al que se refirió también el senador Guillermo Snopek -presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, Di Tullio anticipó que “los gobernadores están pidiendo que haya una Corte con 25 miembros, uno por provincia, eso es lo que nos vienen pidiendo los gobernadores a los senadores” y “lo van a pedir explícitamente”, aseguró, en el marco del debate que se está dando en comisiones de la Cámara alta.

Tras tantas dilaciones, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para las dos designaciones del Congreso de la Nación, por lo que el Consejo de la Magistratura podrá completarse esta semana. Así las cosas, el senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes podrán asumir este jueves, con lo que el Consejo de la Magistratura estará completo, con sus 20 miembros según la ley que entró en vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.

De tal manera, este jueves se les tomará juramento a ambos legisladores en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales al mediodía y han sido invitados los restantes integrantes del Consejo.

Junto al secretario de Justicia, Juan Martin Mena, recibimos a @martindonate, representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Su aporte ayudará frente a la crítica situación en la que intentan sumergir al órgano encargado de administrar el Poder Judicial. pic.twitter.com/LuQ79j42O0

— Martin Soria (@MartinSoria_) May 17, 2022

La decisión de la Corte Suprema figura en la acordada 11/22, suscripta por los cuatro integrantes del Tribunal, y allí se expresa que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.

Con todo, la resolución de la Corte es ad referéndum de cómo se resuelvan los reclamos judiciales pendientes en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. “La circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados”, precisa el fallo, que tiene en consideración que “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.

Luego de un primer encuentro con la participación de especialistas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, en manos de Guillermo Snopek, y Justicia y Asuntos Penales, preisidida por Oscar Parrilli, del Senado retomará este miércoles desde el Salón Illia, a partir de las 13, la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia.

Esta será la segunda jornada que contará con la participación de especialistas invitados a exponer. La abogada especialista en Derecho Penla y en Administración de Justicia, la doctora María Laura Garrigós de Rébori; el profesor de Derecho, el doctor Diego Duquelsky Gómez; el especialista en Derecho Penal y exjuez de la Cámara de Jujuy, el doctor René Casas; y el exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor León Aslanián, expondrán en el plenario respecto al tema.

En reunión anterior, los invitados coincidieron en sumar más miembros al máximo Tribunal, pero difirieron en la cuestión de género y la división de salas.

Cabe recordar que son cuatro los proyectos presentados para ampliar la Corte Suprema. Uno corresponde al puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. En ese sentido, apunta que la Corte no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género.

Otro de los textos sobre la mesa es el presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

La senadora Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) también plantea una composición por regiones y eleva de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa es la que corresponde a la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia. El debate continuará el próximo miércoles a las 12.

El senador neuquino y presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, solicitó incorporar un proyecto de su autoría y otro de su par Juliana Di Tullio que reforma la Ley de Consulta Popular porque “estamos pensando en mejorar, perfeccionar y darle más participación al pueblo en decisiones estratégicas”.

De la reunión, que se realizó en el Salón Illia y que se extendió por más de dos horas, participaron especialistas invitados: los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

El plenario se llevó a cabo un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

En su exposición Carlos Rozanski exjuez Cámara Federal reflexionó sobre las dificultades que ha habido a lo largo de la historia para “democratizar la justicia, a diferencia de otras áreas del Estado” y explicó que las razones por las cuales hasta el momento es “imposible” democratizar la justicia son “muy profundas, no se estudian. Hay razones a su vez para que no sean estudiadas y eso se traduce en la dificulta para elaborar un proyecto”.

“Tiene que ver con una justicia clasista que tenemos en el país, con el origen, con aquella infame sentencia del 10 de septiembre de 1930 cuatro días después la Corte convalida el golpe de estado. A partir de ahí empieza lo que se conoce como doctrina de facto porque desde ahí comenzamos a tolerar una serie de violaciones graves a la Constitución que se mantienen hasta el día de hoy”, recordó el especialista y se refirió al proyecto que había presentado la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para democratizar la justicia que lo “conmovió” porque “contenía una propuesta tan revolucionaria en sentido técnico, ese proyecto establecía que aquellos representantes de tres corporaciones que integran el Consejo a partir de esa ley iban a ser designados por voto popular”.

En ese sentido, el exjuez remarcó que ese proyecto fue aprobado y promulgado, pero la Corte Suprema lo declaró inconstitucional de “un plumazo miserable por los jueces de la Nación, cuya lapicera representa una parte muy importante del poder real porque deciden en la vida y libertad del ciudadano”, y criticó que “cada vez que se intenta un avance y reconocimiento de derechos, se genera una reacción negativa. Sostengo que no estamos preparados para dar respuesta a esas agresiones”.

“Estos proyectos plantean dos cuestiones centrales, una tiene que ver con la cantidad de los jueces y otra con la calidad. La cantidad es una cuestión aritmética y la calidad es una cuestión ética”, señaló Rozanski y cerró: “Son un avance los proyectos aún más los que propinen aumentar los miembros de la Corte, apoyo la división en salas es imprescindible, la regionalización también porque tiene que ver con la cosmovisión, no podemos seguir generando tribunales con la mirada de Buenos Aires”.

A su turno, Emanuel Desojo de la Asociación de Abogados por la Justicia Social apuntó al inicio de su exposición: “Hay una Corte Suprema que no funciona y es percibida por la sociedad como tal. No funciona para el campo jurídico para los mismos abogados como para la sociedad. Es una Corte que tiene carencia de legitimidad producto de un desarrollo histórico”.

En tanto, sostuvo que la Corte “menemista tan desprestigiada” tenía una característica similar con la actual “la legitimidad de quienes la integran y de la forma en la que fueron integradas esas personas”. Sin embargo, advirtió: “Con estos proyectos tenemos que pensar cómo van a ser elegidos esos miembros”, porque “no solo es necesario ampliar al Corte, sino que aquellos que asuman lo hagan con calidad democrática, con capacidad profesional para que sean vistos por la sociedad como magistrados que van a dictar sentencias que deben ser respetadas. Al ser elegidos por decretos generan desconfianza y descrédito, incluso para el campo jurídico”.

“La Corte no se dedica solo a dictar sentencia, ha ido asumiendo muchas funciones que no le corresponden”, cuestionó Desojo. En ese punto, se refrió al fallo del máximo tribunal de diciembre y la asunción de Rosatti como presidente del Consejo, respecto lo cual consideró: “Tiene que ver con que la Corte se dedique a dictar fallos con calidad, con tiempos razonables, si tenemos un presidente en la corte que también está en el Consejo estamos cargando a la persona con un montón de cumplimientos, es imposible porque no llegan a leer todos los fallos”.

En tanto el abogado ratificó que hay que repensar la designación de los miembros y la ampliación de la Corte porque “queremos una Corte que se aboque a resolver las cuestiones institucionales, queremos respuestas”, también pidió analizar el número de Cortes que “tienen que ver con la masificación y derogar el artículo 2 para que no haya arbitrariedad a la hora de resolver los fallos”.

Además, Desojo coincidió en la división de las salas “específicas en materia y la selección de magistrados especializados en esas salas porque no está en los proyectos ni en ninguna provincia, debe ser aclarado en los proyectos” con el objetivo de “tener una mayor calidad institucional en la Corte”. Por otro lado, remarcó la importancia de la “federalización de la Corte” y expresó preocupación sobre la perspectiva de género en los proyectos porque “parten de la equidad de género, es decir que haya números similares, pero no implica que haya perspectiva de género. Es algo que se puede mejorar”.

Otro de los invitados que expuso fue Luis Arias exjuez en lo contencioso administrativoquien, en el mismo sentido que sus antecesores, sostuvo la importancia de ampliar los miembros de la Corte y sugirió “debatir el perfil de los postulantes porque debemos superar la cuestión de idoneidad técnica, es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la Magistratura”.

A continuación, remarcó dos puntos: “La dimensión policía del derecho que supera la cuestión técnica, el derecho es una técnica distributiva de poder que beneficia a uno y perjudica a otro, por eso el posicionamiento que asuman los postulantes es muy difícil de evaluar, pero tiene que ser un componente de evaluación que supere los aspectos técnicos”.

La otra cuestión a la que se refirió Arias fue “pensar en lograr diversidad en la integración de la Corte que no solo tiene que ver con la cuestión de género, cuestiones territoriales, sino también con los distintos criterios de los cuales son portadores los operadores jurídicos porque el derecho no admite una sola solución jurídica, porque el derecho puede ser interpretado de diferentes maneras”. Por lo tanto, criticó que en la Corte actualmente “tenemos un discurso único que tiene que ver con la protección de derechos individuales más que los colectivos. Esta diversidad en la valoración tiene que ver con lo ideológico y hay que marcar distinciones, aun cosa es lo ideológico y otra es lo político que tiene que ver en cómo se distribuye el poder y otra es lo partidario, lo que no tiene que prevalecer en el Poder Judicial”.

Contrariamente a quienes lo antecedieron en la palabra, Arias expresó su rechazo a la división en salas ya que consideró: “Podrían admitirse las salas en cuestiones formales, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales creo que la Corte debe funcionar en pleno”.

Por su parte, de la Fundación de Estudio para la Justicia (FUNDEJUS) habló Joaquín Da Rocha insistió en que “el Poder Judicial es un poder político al igual que los otros dos, debe tratar de estar integrado por distintas opiniones políticas para que sea representativo”

“Estamos proponiendo la reforma de una norma que es emanada de una dictadura militar que sufrimos desde 1955 hasta 1958, nunca surgió una ley que tuviera en cuenta todo el funcionamiento del Poder Judicial en remplazo de esta norma que, por su origen, no debería existir 70 años después”, manifestó Da Rocha y sumó: “En el Consejo de la Magistratura propusimos una ley, de escaso uso en la Justicia, quienes quieran integrarse deben tener cierta idoneidad, el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso para tener al mejor y no a los amigos o conocidos, que sean de distintos sectores socioeconómicos, debemos empezar por la base”.

En suma, adhirió a lo que establece la Constitución no debe tener menos de 9 miembros porque “habrá más pensamientos, mayor diversidad y representatividad en el aspecto del país dividido en provincias. Debe tratarse de lograr la representación federal, pero no de cada región”, y cerró: “Soy partidario de una Corte única integrada por distintas especialidades, por sobre todo con constitucionalistas”.

Cerró la jornada de expositores el doctor Eduardo Barcesat quien señaló: “El déficit de la Corte Suprema es una gravedad institucional, hay una falta de credibilidad. No podemos soportar que por decisión judicial se reponga una ley derogada”.

“La Corte rompió las reglas inconstitucionales y ha trascendido sus límites. El Congreso debe emitir una declaración para recuperar sus facultades y poner en caja al Poder Judicial señalándole que las facultades legislativas son de este Parlamento”, cerró Barcesat.

Anunciada los últimos días de abril, luego de que el titular de la Corte Suprema asumiera al frente del Consejo de la Magistratura, este jueves 5 de mayo se realizará una marcha a Tribunales que tiene como destinatarios de la protesta al Tribunal Superior en general y a Horacio Rosatti en particular.

Será la primera marcha de protesta que realizarán sectores kirchneristas luego de que entrara en vigor el fallo de la Corte Suprema que dispuso la vuelta del Consejo de la Magistratura a su conformación original, antes de que fuera modificada por la ley de 2006.

Una protesta que tiene el respaldo de la CGT, las dos CTA y otras organizaciones, y cuyo objetivo fue detallado en el comunicado elaborado por la central obrera al decidir “por unanimidad” participar de la movilización: “En reclamo de la renuncia de Horacio Rosatti al Consejo de la Magistratura, por el juicio político a la Corte Suprema y por la ampliación de su número, con el fin de democratizar el acceso a la justicia”.

La movida tiene como antecedente la marcha contra la Corte Suprema organizada el 1 de febrero pasado, cuando se reclamó “que se vayan todos los jueces”. En esa marcha las consignas fueron en el sentido de lograr una “democratización de la Justicia” y “el fin del lawfare”. En este caso, el título de la marcha es “contra el golpe institucional de la Corte”.

Este martes se darán detalles de la protesta. Será en el marco de una conferencia de prensa prevista para las 12 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expondrán organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social de Argentina, Asociación Buena Memoria, junto a organizaciones sindicales como la CTA Autónoma, CTA de los trabajadores, la Corriente Sindical de la CGT, el Frente Sindical de la CGT, organizaciones sociales, religiosas, feministas y políticas. En ese marco se explicitarán los motivos de la marcha a Tribunales prevista para este jueves 5 de mayo a las 17.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, reavivadas por la controversia en torno al Consejo de la Magistratura, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.
En una reunión que duró un poco menos de dos horas, comenzó la discusión en un primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente.

En primer lugar hablaron los autores de las iniciativas: Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). También se sumó con una nueva propuesta la neuquina Silvia Sapag (UC).

Al finalizar el encuentro Snopek informó que la discusión se retomará el próximo miércoles a las 12 y que en estos días “se coordinará entre los bloques a quienes propondrán para que vengan a exponer”.

Con un proyecto recientemente presentado, la primera oradora fue Silvia Sapag. La senadora, que propone un máximo tribunal compuesto por 15 magistrados, resaltó que la modificación no solo tienen que ver con la cantidad, sino con “las calidades de los miembros de la Corte”, de modo que cuenten con “idoneidad moral, profesional, técnica y en derechos humanos”.

La kirchnerista aseguró que su iniciativa busca que los cortesanos “sean personas en igualdad ante la ley, que deben pagar sus impuestos como lo hacemos todas las personas”; y también, en las audiencias previas a ser designados, deberán “exponer para su elección toda su vida profesional y comercial, como cuáles son sus empresas o qué clientes tienen en sus estudios jurídicos”. En sintonía con otro de los proyectos presentados, establece cinco regiones para garantizar la representación federal.

Por su parte, Clara Vega recordó que su propuesta la presentó cuando renunció a la Corte Elena Highton de Nolasco, a quien destacó por su labor al igual que Carmen Argibay. “Pedimos que en la Corte, sean los integrantes del número que se decida, las mujeres integren en paridad este organismo”, expresó la riojana sobre su proyecto relacionado al cupo femenino.

En tercer lugar tomó la palabra Adolfo Rodríguez Saá, quien resaltó que se trata de “la reiteración de proyectos que he presentado con anterioridad, el mismo texto, los mismos fundamentos”. Al precisar que el primer proyecto lo presentó en 2016 y esta es la cuarta vez, el puntano argumentó que “no es una cuestión temporal, no es un capricho, no es la cosa que dicen que es para favorecer a un Gobierno”.
En su intervención, el senador oficialista recordó que incluso lo propuso “cuando tratamos los pliegos de (Carlos) Rosenkranzt y (Horacio) Rosatti”. “No es solamente el número, es la paridad de género, la representación federal y la especialización en los temas”, aseveró.

“Solamente en Argentina y en Uruguay tiene 5 miembros” el máximo tribunal, señaló y detalló que en otros países “tienen muchos o muchísimos más miembros: Estados Unidos 9; Brasil 11; Colombia 23; Chile 21; Francia 120; España 80; Italia 15; Suecia 16; Noruega 18; Canadá 9; México 11; Japón 15; Alemania 16; Reino Unido 12; Suiza 30; Australia 7; Bélgica 12; Corea 12 y Finlandia 20”, enumeró.

Para el legislador, “discutir el número no tiene que ver con politiquería, sino con una estrategia de qué país queremos tener”. Y reveló que durante una conversación que tuvo con Mauricio Macri, cuando éste estaba al frente del Gobierno, el expresidente le dijo que “no tenía inconveniente, que resolviéramos el Parlamento”.

“No es una cuestión para beneficiar a un Gobierno, ni una grieta”, reiteró Rodríguez Saá, que afirmó “la finalidad es mucho más elevada” y pidió tratar el tema “con jerarquía”. “Tenemos que encontrar el mejor proyecto y seguro lo vamos a ir enriqueciendo. Dios quiera que la oposición participe, aporte, contribuya, a que no sea un proyecto de un sector sino de todos”, completó.

A su turno, Alberto Weretilneck manifestó: “Este proyecto que presentamos es un humilde aporte a uno de los temas importantes, trascendentes, que tienen que ver con la institucionalidad, con el futuro y uno de los pilares sobre los cuales Argentina necesita para construirse hacia adelante. Todo lo que sea susceptible de modificar, cambiar, de incorporar o de otro punto de vista estamos a total disposición”.

En ese sentido, remarcó que los puntos centrales son la paridad de género, el federalismo que “tiene que ver mucho con la historia” y el tercer aspecto sobre “si estos cambios van a significar un mejor servicio de justicia, porque definir un número sin definir la estructura y el funcionamiento de la Corte es agravar la situación actual”.

Además, el rionegrino criticó a quienes expresaron durante la semana que “hay temas más importantes para resolverle los problemas a los argentinos”. “El momento es el oportuno, solamente aquellos que defienden la situación vigente buscan excusas”, apuntó el senador aliado del oficialismo.
Respecto al actual funcionamiento de la Corte, consideró que “cuanto menos jueces es mejor coordinar los fallos e ideas; pero cuanto mayor cantidad de jueces, mayor democracia”, e informó que por año el promedio de fallos de la Corte oscila entre 7.400 y 7.800, aunque criticó que “no se sabe la cantidad de expedientes que hay en trámite”.

“Estas Cortes se interesan solamente en temas centrales nada más, son unitaristas. Deben tener una mirada federal”, cerró el rionegrino.

En una breve intervención, la senadora María Inés Pilatti Vergara enfatizó que “en 1853 y 1860 con dos millones de habitantes en el país se preveía una Corte de 5 y 9 miembros”. “Hoy somos 45 millones de habitantes y seguimos con una composición para dos millones de argentinos”, señaló y opinó que “es una obviedad que se necesita, entre otras tantas cosas, actualizar el número de los integrantes en razón de la manera en que creció la población, ergo, los justiciables en la República Argentina”.

En representación de Juntos por el Cambio, que no tuvo demasiada presencia durante la reunión, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sostuvo que “el tema del número no es la solución para la Corte Suprema, podría andar con 5 o con 9”, y se refirió a la paridad de género que mencionan los proyectos presentados y recordó que “la paridad viene de dos” por lo que “cuando los miembros son impares es difícil mantener la paridad”.

Respecto a la perspectiva de género contextualizó que “es una perspectiva de diversidad porque no es la única y no debe ser la única, mi perspectiva de la diversidad es personalista creo en la diversidad en que cada persona es única e irrepetible”, por lo tanto, consideró que “no me basta una Corte por una cualidad simplemente porque es un reduccionismo. Me parece importante que, si se trata específicamente las leyes de estos temas, el tema de perspectiva de género, respeten otras perspectivas más, es importante porque sino me siento excluida que no se da lugar”.

Sobre el federalismo sostuvo: “Proponen cinco regiones”, y preguntó: “¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde va a estar esa representación de la Corte Suprema?”, y cerró: “Creo que es un proyecto no muy oportuno de muy difícil aplicación”.

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila apuntó: “La decisión de la integración es un tema que tiene que ser acordado con una gran mayoría y está puesto en la Constitución Nacional que se necesitan los dos tercios. Por eso cuando hay un espacio político que quiere ampliar los miembros de la Corte es necesario el consenso, es necesario escuchar a todas las voces”.

“Si no escuchamos las voces y tenemos el consenso, acá hay otro interés que no es tener una Corte eficiente. Déjenme dudar de que quieren avanzar sobre la independencia del Poder Judicial. Aumentar los miembros de la Corte en un contexto social y político, es dejar de lado dónde estamos viviendo”, expresó la secretaria de la Comisión de Justicia.

En tanto remarcó que “es necesario poner sobre valor esta temática. Lo autores de estos proyectos tienen muy buena voluntad o están muy bien convencidos de aumentar los números, pero no hay que perder el contexto delicado en lo social”, y solicitó: “Tratemos otros temas también, ¿qué nos está diciendo la ciudadanía? ‘en el Senado están tratando temas que solo les interesan a los políticos’. Debemos poner en agenda temas que estaban en extraordinarias y no se trataron”, porque “solo tenemos una agenda judicial”.

Y cerró: “Estamos en una córnica de tiempo perdido. Modificar de ante mano el tema sin tener consensos es ir sobre el saco roto”.

En el arranque del debate en el Senado sobre los proyectos de ley que proponen ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia, el senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez criticó que “es absolutamente inoportuno” y habló de “hipocresía”, por lo que el senador kirchnerista Oscar Parrilli le salió al cruce.

“Hace una semana nosotros destruimos todos los compromisos y acuerdos que habíamos suscripto”, comenzó el legislador, en referencia a la división del bloque oficialista que le quitó la posibilidad de poder ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura como miembro del bloque Pro.

En esa línea, cuestionó que en menos de una semana se convoque para “buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte”. “Tengo un montón de defectos, pero el que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”, lanzó y se preguntó: “¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión?”.

“Vamos a sentarnos acá a discutir qué Corte queremos, llenarnos la boca hablando de federalismo, cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos”, insistió el opositor y dijo que le parecía “un acto de hipocresía absolutamente insostenible”.

Juez aclaró que su planteo no lo hacía desde “el punto de vista de haber sido un senador afectado”, por lo del Consejo, sino que observó que “todavía no hemos podido cubrir la vacante de (Elena) Highton de Nolasco y estamos hablando de cómo vamos a construir la próxima Corte”.

Luego fue el turno de Parrilli, que salió directamente a contestarle: “Acá no se ha roto ninguna palabra, por lo menos nosotros no hemos roto ninguna palabra. Uno podrá estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque o no”.

“Usted dice ‘no soy hipócrita, ustedes son hipócritas’, me parece que se ha excedido en eso”, apuntó y continuó: “Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes a las que ustedes tienen. Yo no soy hipócrita y creo que ninguno de mis compañeros sean hipócrita. Así que le pido que retire esa expresión de que somos hipócritas, en aras del buen funcionamiento y el respeto que nos debemos”.
A los gritos, sin que se le habilite nuevamente la palabra, Juez gritaba que él no los había llamado “hipócritas” y le lanzó a Parrilli: “Usted se pone en ese lugar”. “Deje de hacerse el vivo, se hace el vivo”, devolvió el legislador kirchnerista.

Una vez que Juez se calló, el neuquino cerró: “Si no lo dijo, está bien, me parece muy bien. Yo lo escuché”.
Y cambió de tono: “Estamos simplemente debatiendo, iniciando el debate, no es nuestra intención emitir despacho hoy”.

El oficialista aseguró que este es “un tema que es crucial para los argentinos”, pues la Corte “debe tener 30, 40 mil fallos (pendientes) de lo que dependen la situación de muchos argentinos”.
“No es casual que hoy la Corte tenga el desprestigio que tiene, no solo por los fallos políticos que hace, sino porque no imparte justicia”, completó.

Lejos de buscar puntos de encuentro con el Tribunal Superior de Justicia, el kirchnerismo redoblará esta semana su embestida contra el mismo. Lo hará al poner en marcha un proyecto presentado por un miembro del oficialismo con el objeto de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto fue presentado oportunamente por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se propone elevar a nueve el número de miembros, y el miércoles de la semana que viene comenzará a ser tratado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.

La iniciativa de Rodríguez Saá data del 1 de junio de 2020, y sustituye el artículo 21 del decreto ley 1285/58 (organización de Justicia) ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

El 9 de noviembre pasado se incorporó al proyecto la firma de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay solo cuatro, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante.

El texto establece que a los efectos de asegurar la diversidad de género, el tribunal no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género. Asimismo, “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

A si vez se debe garantizar la procedencia regional, con lo que el tribunal estaría compuesto por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.

Rodríguez Saá argumenta para justificar su proyecto que “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.

Existe también un proyecto que podría incorporarse al debate, el de Clara Vega, que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

Por José Angel Di Mauro

Pocas imágenes grafican mejor el momento que atraviesa el presidente Alberto Fernández, y su gobierno en general, que las que lo mostraron el jueves pasado en el lanzamiento de la obra del gasoducto troncal, en Vaca Muerta. Casi arrastrado por un temporal de viento, despeinado, con frío y rodeado, sino de enemigos, de oficialistas que no lo reconocen como su jefe directo. Anunciando una obra que interrumpió al llegar porque había licitado el gobierno anterior y que encima inaugurará la próxima administración.

Y si queremos ir más lejos, ese fue un detalle más de un gobierno en el que a nadie se le ocurrió reprogramar el acto en un espacio cerrado cuando el pronóstico del tiempo adelantaba lo que después todos vieron.

Fue una anécdota de la que el mismo Alberto F. se reirá quizá en el futuro, pero no es el modo como debe ser visto un presidente en esas circunstancias.

Debería tenerlo claro, cuando un día antes se presentó en José C. Paz, en un escenario amigo que le montaron para aumentar su autoestima y donde hizo caso a la recomendación de “mostrarse más enérgico”. “¡Un carajo estamos perdidos!”, exclamó y repitió en referencia a 2023. Si hasta la imagen, captada por celular, aumentaba la sensación de endeblez.

No parecía el presidente estar hablándole a la oposición. Más bien la advertencia parecía dirigida a Cristina Kirchner y su hijo Máximo, con el que dicen que la relación no tiene vuelta atrás.

Esos mensajes dirigidos a los propios son casi inéditos tratándose de un gobierno. Pero si vamos un día más atrás, al martes, ese trasfondo también se le podrá encontrar al anuncio del ministro Martín Guzmán del paquete de bonos para reforzar ingresos. Con el presidente sentado a su derecha, el jefe del Palacio de Hacienda habló de “recuperación económica”, buscando difundir un mensaje de optimismo que la realidad desautoriza. Ante un auditorio cuyos rostros denotaban una sensación muy distinta.

El ministro de Economía voló después a Washington para reunirse el viernes con Kristalina Georgieva, tras cuyo encuentro aclaró que “las metas fiscales no se van a cambiar”. Si ya tenía motivos para viajar preocupado, se llevó más dudas al saber datos de la inflación de abril. El ya anunció antes de que se confirmara el récord de marzo que ese sería el índice más alto del año, y que a partir del segundo trimestre el costo de vida tendería a la baja. No es lo que le confirmó el titular del INDEC en la semana. Parece que se viene un índice cercano a los 6 puntos.

Todos auguran una inflación anual superior al 60%; y lo que es peor, muchos economistas sugieren que hoy esa la base. Las paritarias de los gremios más poderosos están rondando esa cifra. Es el camino que abrió el Sindicato de Comercio, con el 59,5% acordado. Se trata de la actividad privada más numerosa, con 1,2 millones de trabajadores y cuyo parámetro alcanzado buscarán replicar los principales gremios cegetistas en las próximas semanas.

En un contexto económico tan crítico, la política apareció plantada en un mundo lejano cuya discusión estuvo centrada toda la semana en torno al Consejo de la Magistratura. La jugada sorpresiva de Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a propios y extraños y le generó un triunfo pírrico de un vuelo no muy elevado. Porque de confirmarse los cargos como oficialmente se anuncian, el Consejo de la Magistratura seguirá empatado: mucho desgaste para tan poca compensación. Veremos.

La realidad es que conforme los parámetros cristinistas, la jugada se mantuvo en la máxima reserva hasta último momento, y solo trascendió la noche del martes porque algunas listas de los nuevos bloques comenzaron a circular y fue así que el presidente del ahora interbloque Frente de Todos se vio obligado a confirmar la movida. Si no se hubiera anunciado al día siguiente, en conferencia de prensa en horas de la mañana.

Un senador que quedó en el bloque más grande confesó que se enteró de la partición de su bloque a las 23.30 del martes. Eso sí, el esmero puesto en los números como quedarían ambos bloques no fue el mismo que con los nombres de los protagonistas. La consigna era poner de un lado a los senadores que tuvieran gobernadores propios, y del otro a los senadores más afines al Instituto Patria. Según ese esquema, el jujeño Guillermo Snopek pasó a revistar en Unidad Ciudadana; lo mismo que el chubutense Carlos Linares, o la neuquina Silvia Sapag, muy identificada en su caso con CFK. El salteño Sergio “Oso” Leavy no tuvo problemas en dejar el bloque de José Mayans, pero nadie objetó que la santacruceña Ana María Ianni se quedara en el bloque referenciado en la vicepresidenta.

El que no quiso saber nada con cambiar de bloque fue el correntino Carlos “Camau” Espínola, que rompe la regla pues el gobernador de su provincia es radical.

Muy kirchnerista, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara pasó al Frente Nacional y Popular, dijeron que porque su gobernador es Jorge Capitanich. Pero en realidad es porque ella ya es consejera de la Magistratura, por la mayoría. Lo mismo que Mariano Recalde, quien sin embargo figuró originalmente en el bloque Unidad Ciudadana. Camporista de la primera hora, siendo consejero por la mayoría no podía estar en UC, creada para oficiar como segunda minoría. Después de ser corrido Recalde al Frente Nacional y Popular, se anunció que el representante por la segunda minoría sería el rionegrino Martín Doñate, y en lugar de Recalde fue la puntana María Eugenia Catalfamo al bloque K.

En Diputados para muchos fue un acting el planteo hecho por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, contra la decisión del presidente de la Cámara de oficializar a la radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría. Porque en realidad Sergio Massa no tenía mayor margen de maniobra. Diputados no es el Senado, donde las cosas hoy están más parejas, pero el oficialismo mantiene una ventaja indescontable. Massa no tenía mucho más para hacer y mucho menos podía partir el bloque. En cambio con su resolución mantiene la línea alcanzada cuando el acuerdo con el Fondo, y de paso hasta podría llegar a sumar cierta discordia en el seno de Juntos por el Cambio, al salir favorecido el radicalismo y no el Pro.

La pregunta del millón es si Unidad Ciudadana volvió para quedarse y tal vez representar una división del Frente de Todos en general y el peronismo en particular. Hay quienes se aventuran a anticipar una réplica de la fractura en Diputados para noviembre, cuando deban elegirse los consejeros en su totalidad. En el Senado, quedarían igual: dos senadores para el oficialismo por la mayoría y uno más por la segunda minoría, tres en total; contra un radical por la primera minoría. En Diputados hoy el oficialismo tiene un solo representante, JxC dos y el interbloque Federal el restante.

Si las cosas se mantuvieran así para noviembre, el Frente de Todos podría quedarse con dos consejeros por la mayoría, el Pro con uno por la primera minoría y la UCR el restante por la segunda minoría. Pero si el FdT también se partiera, alumbrando un bloque grande de -por ejemplo- 70, y otro de 48, sería mayoría y segunda minoría. Se quedaría así con 3 consejeros y el Pro retendría el restante.

Esto se resolvería aprobando una ley que diera certezas en una cuestión como se ve tan “maleable” como la elección de consejeros en ambas cámaras. Para eso habría que introducir cambios en la media sanción proveniente del Senado. El camporista Martín Doñate se mostró dispuesto a aceptar cambios en el texto aprobado en el Senado, pero JxC no quiere saber nada. Si se aprobara un proyecto con mayoría simple, el Senado podría ratificar el texto original por la misma mayoría simple que hoy ostenta. Y no hay visos de que se vayan a poner de acuerdo.

Consejera de la Magistratura, Graciela Camaño (interbloque Federal) se muestra a favor de la presencia de la Corte en la Magistratura, más no presidiendo. Eso no lo acepta Juntos por el Cambio, cuyo referente en la Magistratura, Pablo Tonelli señala que eso sería como “poner a Cristina en el Senado y pedirle que no presida”. Una fuente de la principal oposición advirtió contra una aprobación con modificaciones que se transformen en “una trampa cazabobos… Y acá no hay bobos, hay vivos…”, señaló a este medio.

Mientras tanto en el Senado el cristinismo arranca el tratamiento de un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Tendrán número para aprobarlo, más no en Diputados. Movidas para buscar el beneplácito de los propios y cascotear a la CSJN. Lo mismo que el proyecto sobre “rentas inesperadas” anunciado por Martín Guzmán para financiar los bonos para reforzar ingresos, pero de cuyo texto nadie del oficialismo ha visto ni una línea. No lo aprobarán en Diputados y eso bien lo sabe el oficialismo. Pero está claro que la intención de anunciarlo fue tan solo mandar una señal al cristinismo, al que denuestan en privado, mas tratan de congraciarse en público.

Lejos de buscar puntos de encuentro con el Tribunal Superior de Justicia, el kirchnerismo redoblará la próxima semana su embestida contra el mismo. Lo hará al poner en marcha un proyecto presentado por un miembro del oficialismo con el objeto de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto fue presentado oportunamente por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se propone elevar a nueve el número de miembros, y el miércoles de la semana que viene comenzará a ser tratado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.

La iniciativa de Rodríguez Saá data del 1 de junio de 2020, y sustituye el artículo 21 del decreto ley 1285/58 (organización de Justicia) ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

El 9 de noviembre pasado se incorporó al proyecto la firma de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay solo cuatro, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante.

El texto establece que a los efectos de asegurar la diversidad de género, el tribunal no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género. Asimismo, “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

A si vez se debe garantizar la procedencia regional, con lo que el tribunal estaría compuesto por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.

Rodríguez Saá argumenta para justificar su proyecto que “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.

Existe también un proyecto que podría incorporarse al debate, el de Clara Vega, que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

Antes de resolver el tema de la designación de un legislador como consejero de la Magistratura en Diputados, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para consultarlo sobre los bemoles constitucionales del tema.

Entrevistado en Todo Noticias, el especialista confirmó la reunión con Massa para analizar “un eventual conflicto que podía escalar”. Contó que le planteó distintas alternativas, precisamente “para que esto no escalara en un conflicto”.

Para el constitucionalista, la Corte Suprema falló “de forma correcta”, y remarcó que él siempre sostuvo que el proyecto vigente “era inconstitucional”.

“Hace muchos años que lo vengo diciendo. El fallo está bien, pero rompió con la lógica de sus antecedentes”, se explayó Gil Domínguez, que recordó que en otros casos, como la causa “Riachuelo” o “jubilados”, la Corte dictaba un plazo razonable para que el Congreso se expidiera y sino volvía a intervenir. “Haber otorgado un plazo de 120 días, con efectos concretos de la reposición de la ley, había generado problemas de naturaleza política”, reconoció el constitucionalista.

Destacó que ahora el fallo se ha cumplido formalmente, “no hay un desconocimiento del fallo”, dijo, rechazando muchas de las críticas expresadas durante los últimos días, por ejemplo la que habla de “golpe institucional”. “No existen los golpes institucionales -aclaró-. Es un oximorón, la institucionalidad nunca genera un golpe”.

Gil Domínguez explicó en el programa Una vuelta más que “la Corte estaba ejerciendo sus funciones, podemos discutirlas, si está bien o no, los años que se tomó para dictar sentencia”, pero en líneas generales insistió en que el fallo es correcto.

Y ante la consulta de la maniobra realizada por el oficialismo, Gil Domínguez señaló que “Cristina no fue original, copió la estrategia de Juntos por el Cambio de 2015, cuando ni siquiera dividieron el bloque”. Reconoció que la jugada que entonces le permitió a Cambiemos quedarse con un consejero a expensas del Frente para la Victoria le pareció mal entonces, lo mismo que le parece mal ahora. Pero aclaró que “se puede hacer legalmente; en 2015 fue impugnada y la justicia lo desechó”. Y además acotó que en 2018 pasó algo parecido.

¿La Corte puede modificar esto?, le preguntaron, a lo que Gil Domínguez respondió que “en la medida que (Horacio) Rosatti le tome juramento a (Martín) Doñate, que es el consejero del conflicto, ya la cuestión se vuelve abstracta”.

Mientras en Diputados Sergio Massa firmó la resolución para designar a la radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, en el Senado la situación continúa discutida. En ese marco, el Frente Pro volvió a presentar una nota ante el Consejo de la Magistratura para que se nombre a los senadores Luis Juez como consejero titular y a Humberto Schiavoni como suplente en su carácter de representantes de la segunda minoría en la Cámara alta.

En ese marco solicitaron al titular del Consejo de la Magistratura y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, abstenerse de “proceder a tomar juramento a cualquier senador que no sea el propuesto por el bloque Frente Pro por la segunda minoría” de la Cámara alta.

Desde el bloque recordaron que el Congreso de la Nación no sancionó una nueva ley que reglamente el Consejo de la Magistratura dentro del plazo que dio la Corte Suprema de 120 días el cual venció el pasado 15 de abril. En ese sentido, denunciaron que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, “no cumplió con su obligación de completar la integración del Consejo con el senador por la segunda minoría”.

El Frente Pro propone al senador cordobés Luis Juez como consejero titular y al presidente del bloque, Humberto Schiavoni, como consejero suplente, conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 24.937.

En tanto, advierten de la maniobra del oficialismo de dividir el bloque en dos de forma “ilegítima” con el fin de “quedarse con 3 de los 4 consejeros por esta Cámara” y adelantaron el rechazo a dicha medida que “solo busca vulnerar el equilibrio que dispone nuestra Constitución Nacional, el espíritu de la Ley 24.937 y lo resuelto por el máximo tribunal”.

A su vez, adelantaron su impugnación a la designación de cualquier otro senador distinto al propuesto por el bloque porque “viola el equilibro exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional”.

Doc-20-de-abr.-de-2022-4.55

La Corte Suprema de Justicia anuló todo lo decidido por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había prohibido al Congreso enviar a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político.

Cabe recordar que la presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto ante el Juzgado Federal N° 2 de Paraná cuya cautelar ordenaba a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado había expresado que el Congreso no podía enviar a sus representantes al Consejo porque primero debía mandar u informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el cuerpo.

Fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quienes presentaron ante el órgano judicial un pedido de destitución de Alonso en el que enumeraron varios motivos, entre ellos, “haber ordenado desconocer parcialmente un fallo firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, de la Corte Suprema”, con lo cual acusaron al juez de “haberse arrogado el papel de órgano revisor de las decisiones de la Corte Suprema”.

También apuntaron al hecho de que el juez dictó una medida precautelar “para impedir el cumplimiento de un fallo judicial” y que admitió tramitar un amparo “en contra de lo dispuesto en el art. 2, inc. b de la Ley 16.986 de Amparo, que veda esa acción contra actos del Poder Judicial”.

De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la institución presidida por Alberto Garay, el pedido “incluye la suspensión inmediata en sus funciones al Dr. Alonso mientras dure el procedimiento de remoción”.

Entre los fundamentos de la presentación, se sostiene que “este cúmulo de arbitrariedades y desvíos groseros del derecho vigente (…) no pueden ser atribuidos a un mero descuido o equivocación inadvertida por parte del juez Alonso”, sino que representan “un evidente y grave desconocimiento del derecho, en especial de la Constitución Nacional” y “una evidente ineptitud intelectual que impiden que continúe en el ejercicio de la magistratura federal”.

Este lunes la Corte Suprema de Justicia asumió el control del Consejo de la Magistratura para que comience a funcionar, tras vencerse el plazo que el Máximo Tribunal estableció en el fallo que emitió en diciembre pasado en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, por lo que la composición del Consejo pasó nuevamente a tener 20 miembros.

Tras la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, luego de que venciera el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, la diputada oficialista Mónica Litza comparó el fallo de la Corte Suprema con la consiga de la dictadura militar: “El gobierno a la Corte”. Además, remarcó: “Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”.

A través de sus redes sociales, la diputada del Frente de Todos se preguntó: “¿Volvimos a 1945?”, y recordó: “El gobierno a la Corte era la consigna de los gorilas en los primeros meses de 1945. Provocaron el arresto de Perón y el 17 de octubre. No cambian nunca. No aprenden más. Ni siquiera actualizan los métodos”.

“Es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial”, expresó.

A su vez, instó al Congreso a sancionar una nueva ley que establezca “claramente que la presidencia del Consejo de la Magistratura se define mediante la elección de uno de sus miembros”.

“Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”, remarcó Litza en otro posteo y agregó: “El silencio implica que eso no debe ser así, ya que la regla de la Constitución es la no concentración de poder.

En ese marco, señaló: “El Consejo de la Magistratura aparece en 1994 precisamente para limitar el poder de la Corte al quitarle la administración del presupuesto del poder judicial”.

“El art. 114 de la CN determina expresamente quiénes componen el Consejo (legisladores, jueces, abogados, académicos) sin otorgarle la presidencia permanente a ninguno de ellos, y mucho menos, a un miembro particular del Poder Judicial que es a quien debe controlar”, cerró.

Es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial

— Mónica Litza (@monicalitza) April 18, 2022

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) consideró que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, está “asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo”, en lo que calificó como “un golpe de Estado institucional a uno de los poderes” de la Nación a la asunción del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para “lograr impunidad”.

“Está asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo. Es un claro golpe institucional a uno de los poderes”, sostuvo Parrilli en declaraciones en El Destape Radio luego de que el máximo tribunal asumiera al frente del organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces.

El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 “cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen”. “Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande”, apuntó sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.

En ese sentido, denunció que “se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso”. “Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada”, consideró Parrilli.

Y añadió: “Lamento que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto claramente es una maniobra de Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene”, y mencionó entre otras causas “el envío de armas a Bolivia, el espionaje a su familia, su partido, a nosotros y la causa por el endeudamiento con el Fondo”.

“No quieren que el Consejo de la Magistratura funcione porque no quieren que se normalicen los desastres que hizo el macrismo en sus cuatro años de gestión”, acusó Parrilli y expresó: “Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados” y los instó a “no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa”.

Para el senador nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos – Tucumán), el hecho de que el presidente de la Corte Suprema vaya a presidir el Consejo de la Magistratura generaría “un gran desequilibrio”, al tiempo que advirtió contrariamente a lo que establece el fallo que dictaminó la inconstitucionalidad de la anterior ley vigente nunca el estamento político tuvo quórum propio hasta ahora.

A través de una serie de tuits, el senador tucumano destacó que este lunes se cumple el término que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) dispusiera en su fallo de diciembre 2021 para que el Consejo de la Magistratura(CM) no pueda seguir funcionando con la ley que desde 2006 lo rige. “Dicho fallo (dividido) consideró a esta ley después de 16 años de usarla y de haberla defendido (en otro fallo) como INCONSTITUCIONAL”, apuntó el legislador oficialista.

“El motivo alegado es que la suma del ‘estamento político’ 3 senadores, 3 diputados y 1 representante del Poder Ejecutivo lograrían unidos (NUNCA EN TODOS ESTOS AÑOS SUCEDIÓ) tener quórum (7/13) y eso sería DESEQUILIBRADO, y por lo tanto inconstitucional”, detalló el legislador, que agregó: “La Constitución expresa que el CM es una institución con participación heterogénea pero le exige ‘EQUILIBRIO’”.

Recordó Yedlin que “a contrarreloj el Senado emitió una media sanción de una nueva ley, en donde la suma de senadores, diputados y Poder Ejecutivo ya NO alcanzan para el quórum (7/17). La oposición no acompañó este proyecto, dado que, además de bajar el número del estamento político quieren que el presidente del CM sea siempre el presidente de la CSJN”.

Yedlin aclaró que ese tema no era exigido en el fallo, aunque recordó que sí se dio entre 1997 y 2006, y “claramente generaría otra vez, un gran desequilibrio y estaría claramente en contra del espíritu de los constituyentes y de la letra de la Constitución”.

Así las cosas, para Yedlin si este lunes el presidente de la Corte Suprema se presenta como presidente del Consejo de la Magistratura “estaríamos frente a un conflicto institucional de enorme gravedad. Reducir esto a creer que de un lado se busca impunidad y del otro República es mediocre y falso, además de muy peligroso”.

“Nuestra Constitución debe ser la que resuelva, no solo los intereses corporativos que no son y nunca lo fueron sólo los de ‘la política’”, concluyó Yedlin.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, anticipó que JxC presentará este lunes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que el kirchnerismo “siga utilizando artilugios legales” a fin de obstaculizar el cumplimiento del fallo del Máximo Tribunal que en diciembre declaró inconstitucional la ley de Cristina Kirchner que reformó el Consejo de la Magistratura en el año 2006. 

“Mañana mismo vamos a plantear un per saltum, queremos evitar la intervención de este juez de la mamarrachada”, dijo Negri en declaraciones televisivas en alusión al juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien la semana pasada dictó, por pedido del kirchnerismo, una pre-cautelar para frenar la designación de dos consejeros de la Magistratura que deben representar a diputados y senadores. 

“El juez de Paraná hizo lugar a un pedido del kirchnerismo y dictó una pre-cautelar contra la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Este juez, Daniel Alonso, está dilatando todo y merece el juicio político”, dijo Negri al canal TN. 

“Vamos directo a la Corte Suprema. Es un recurso extraordinario por el cual decimos al Máximo Tribunal que el fallo que dictó, el cual ordenó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y la vigencia de la ley de 1997 está siendo obstaculizada por un juez de Paraná. Nosotros le vamos a pedir a la Corte que anule el accionar de este juez y haga cumplir el fallo de diciembre”. 

Negri añadió que el pedido de per saltum será firmado por él mismo, como jefe de bloque de la UCR, y por el senador Humberto Schiavoni, como jefe del bloque del Pro. Además, por Roxana Reyes, la diputada propuesta por el radicalismo para integrar el Consejo, y por el senador Luis Juez, propuesto por el bloque de senadores del PRO. El diputado radical fue vehemente al aclarar que la UCR en Diputados y el PRO en el Senado representan la segunda minoría en cada cámara y la ley de 1997 les otorga un asiento a cada uno de los bloques en el Consejo de la Magistratura.  

“Para el kirchnerismo la Justicia debe estar a su servicio para garantizarse impunidad, por eso hacen estas barbaridades jurídicas. Ellos saben que van a perder el control del Consejo si hay equilibrio entre los estamentos. Por eso están desesperados. Quieren controlar la Justicia por los delitos de la corrupción K que pueden llegar a la Corte Suprema de Justicia”, agregó Negri.  “El pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es cháchara, necesitan dos tercios y no tienen dos tercios”, agregó.

En el arranque de una semana corta, y a pocos días que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso vote una nueva composición del Consejo de la Magistratura, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reiteró que “se necesita tiempo” para tratar una ley de ese tipo y, además, fustigó al máximo tribunal y la oposición.

“Desde el viernes (pasado) vengo planteando que es un disparate pedirle a la Cámara de Diputados que aborde un tema de esta trascendencia en tan pocos días, cuando la Corte Suprema de Justicia tardó 1.577 días en emitir un fallo”, señaló este lunes el santafesino.

Y cuestionó que “es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar esta posición”. “Pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Congreso“, continuó.

En un mensaje a Juntos por el Cambio, que ya anticipó tiene la intención de enviar sus propuestas para la designación de los nuevos consejeros, que habría que nombrar después del 15 de abril ya que se volvería a restituir la composición anterior, el oficialista apuntó: “Los diputados y senadores opositores que desean asumir en el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril deben saber que estarán convalidando a una Corte Suprema que está asumiendo facultades legislativas”.

“Y si pretenden asumir en el Consejo, lo estarán haciendo con una ley de 1998, derogada en 2006”, sumó el legislador, para preguntarse luego: “¿Por qué convalidar semejante atropello institucional? ¿Cuál es el apuro que tienen? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué busca la oposición política?”.

Durante una entrevista con La 990 Radio, el presidente de la bancada oficialista aseguró que él seguirá “trabajando para que constituyamos las comisiones, pongamos en debate la media sanción del Senado y tratemos de tener una nueva ley con el mayor consenso posible”.

Pero remarcó que “para eso se necesita tiempo. Al parecer, la Corte no quiere concederlo. Y lo que es peor: ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición”.

El jueves pasado, el Frente de Todos en el Senado, con respaldo de aliados, dio media sanción por 37 votos positivos y 33 negativos a un proyecto de ley que lleva de 13 a 17 miembros la composición del Consejo de la Magistratura, pero sin la participación de un representante de la Corte Suprema, tal como establecía la ley de 1997 que se restituirá después del 15 de abril si la Corte no otorga una prórroga al Poder Legislativo para sancionar la nueva norma.

Este jueves, durante la sesión especial del Senado de la Nación en la que se debatió el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura la senadora nacional por Jujuy y consejera de la Magistratura, Silvia Giacoppo señaló que “un representante de la Corte Suprema de Justicia debe ser presidente del Consejo de la Magistratura”.

“En el sistema argentino el Poder Judicial controla a los otros dos poderes por medio de su función político-jurídica más importante: el control judicial de constitucionalidad. Es decir, conformamos un sistema en el cual cada uno de los poderes forma parte del sistema de frenos y contrapesos que hacen a la esencia del régimen democrático y por ende, de ninguna manera podemos colocar organismos extra-poder o intra-poder por sobre ninguno de ellos”, explicó y argumentó que “el artículo 108 de la Constitución Nacional determina que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”.

En tanto, agregó: “El Poder Judicial se compone de varios órganos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Juzgados de Primera Instancia, las Cámaras de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, ellos integran una estructura vertical cuya instancia superior es la Corte Suprema”.

La senadora, autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “por ello, la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.

“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo.

El proyecto del oficialismo amplía la cantidad de consejeros de 13 a 17, dejando la composición de este con cuatro representantes de los jueces, seis de los legisladores, cuatro de los abogados, dos de los académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio remarcó que de esta manera va a prevalecer el sector político, motivo del argumento que la Corte utilizó como en diciembre pasado para declarar inconstitucional la actual integración de 13 miembros (más representantes de la política -siete- que de los técnicos -seis-). Así, el Máximo Tribunal fijó el 15 de abril como fecha límite para reformar el Consejo. De no aprobarse la Ley, el Consejo deberá volver a su composición original y con la Corte Suprema como principal autoridad.

“Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”, indicó.

“Los puntos neurálgicos de toda ley que lleva adelante la reglamentación del Consejo de la Magistratura debe tener como ejes o bases filosóficas lo contenido por la Constitución Nacional en cuanto a la relación y estructura orgánica del poder, porque de ello es justamente de lo que se está hablando, del poder, y de su ejercicio. Entonces, desconocer la naturaleza, la historia o los inconveniente planteados y resueltos sería caer en una necedad innecesaria y perjudicial para todos”, concluyó Giacoppo.

Lo que propone la oposición

• Para lograr el equilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura, se prevé la integración del cuerpo con veinte (20) miembros y la presidencia sería ejercida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, restituyendo idéntica cantidad a la dispuesta en el texto de la Ley N.º 24.937/9
• Paridad de género. Una innovación en la integración del organismo, dando cumplimiento a los principios constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación.
• Concursos más transparentes y basados en el mérito. Se mantiene el mecanismo de selección de magistradas/os con examen de oposición anónimo y la evaluación de antecedentes curriculares, pero se incorporan límites para eliminar la discrecionalidad en las entrevistas personales. Además, se fija la obligatoriedad de que todas las actuaciones del concurso deben ser debidamente fundadas, publicadas y difundidas para el control ciudadano.
• Para designar a los y las integrantes de cada Comisión, se deberá proceder con la mayoría de los votos de los dos tercios (⅔) de los miembros presentes como estaba previsto originalmente.
• Buscando eliminar las barreras de acceso a la justicia y como incentivo a la participación democrática se amplían las vías de denuncias a magistrados y magistradas, haciendo posible que las denuncias no solo puedan ser presentadas ante el Consejo de la Magistratura, sino ante cualquier juzgado y cámaras federales del país, habilitando también envío postales y medios electrónicos oficiales.
• En la búsqueda de acatar los estándares de transparencia y democratización como compromisos internacionales se establece la necesidad de digitalizar todas las actuaciones del Consejo de la Magistratura y la posibilidad de realizar auditorías, que desde ya pueden ser internas o externas.

Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado se alzó con la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17. El tema pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129- que se requiere para sancionar la norma.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, pero que sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó este jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio un discurso pero no estuvo en la votación.

La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y convocó nuevamente a un plenario de comisiones para formalizar las modificaciones que se le iban a introducir al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

El debate

El encargado de abrir la ronda de oradores fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”. “La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la comisión.

De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”. 

Por el contrario, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al cual calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”. Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció que “quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

La radical Silvia Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.

“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo e indicó: “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.

Por su parte, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial y en este caso la Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y el honor de todos”.

“Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.

“La Corte por arte de magia puso en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás”, cuestionó la senadora chaqueña y lamentó “estar tratando este proyecto” por un fallo “erróneo”. “La única diferencia que hay entre el proyecto nuestro y el de ustedes es la presidencia de la Corte en la presidencia del Consejo y quienes interpretan que con eso vamos a tener más independencia del Poder Judicial están leyendo al revés”, cerró.

A su turno, el santafesino Dionisio Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo hizo una ley para controlar el Consejo de la Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la independencia de la justicia y hacerla hábil y operativa”.

“En le medio de todo esto están los ciudadanos, la ley que se pide sebe estar en función de eso”, remarcó Scarpin y preguntó: “¿De qué sirve sancionar una ley si en Santa Fe el 35% de los cargos están vacantes hace 7 años? ¿Quién está pensando en la gente y en sus necesidades? Mejorar la operatividad pasa por otro lado y no por bajar el número de las mayorías”.

Su coterránea, Carolina Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este Gobierno esta totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el acceso a la justica a los ciudadanos”.

“El kirchnerismo no cree en la independencia de poderes, ni en la república, ni en una justicia independiente. Hay uno de los grandes pensadores kirchneristas habló de un servicio de la justicia y no como un poder. Les cuesta mucho respetar la Constitución Nacional”, apuntó y cerró: “Vinieron en búsqueda de la impunidad”.

Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio”.

“Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”, remarcó Yedlin y celebró la paridad de género que propone la iniciativa.

En otro pasaje, la mendocina Mariana Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

En ese marco, recordó que por “culpa de las absurdas peleas del Gobierno” el tema no se pudo tratar en extraordinarias y celebró el trabajo llevado a cabo por Snopek. “Este tratamiento exprés no es culpa e la Corte, sino por culpa de discusiones dentro del Gobierno. Parece un capricho no querer integrar a la Corte para que conforme el Consejo de la Magistratura, es algo caprichoso que no respeta la Constitución y le da poco funcionamiento al Consejo”, apuntó Juri y finalizó: “Encontramos a un kirchnerismo que busca revancha, de defensa de intereses personales”.

El rionegrino Martín Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su coterráneo Alberto Weretilneck. Por otro lado, denunció que “estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado”, por lo que expresó preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.

“Este fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que esta decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”, advirtió Doñate.

En su intervención, el radical Luis Juez lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”. “Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, criticó y agregó: ” El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.

Por otro lado, la riojana Clara Vega sembró incertidumbre respecto a su voto porque, si bien coincidió en que “tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”.

No fue el caso de la cordobesa Alejandra Vigo que adelantó su voto negativo porque “la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

“La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el rionegrino Weretilneck y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”. Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

Sobre esa ley, que recordó tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate, se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”. Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no. Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, añadió.

El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo criticó: “El debate que organiza el Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de la Corte Suprema. Algunos de los senadores del oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social y económico”.

“Todos los poderes del Estado están desprestigiado, incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle al sistema democrático, sino a malas administraciones de diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40 años”, advirtió.

Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.

Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición”. “Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.

También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.

En la ronda de oradores en el Senado, donde se debate el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) lanzó fuertes críticas hacia la Corte Suprema y tildó al fallo como “anticonstitucional”. En ese mismo sentido, apuntó contra la gestión de Cambiemos.

El senador neuquino retomó las palabras de su antecesor Guillermo Snopek y resaltó que “fue un trabajo arduo donde se escucharon voces críticas y no críticas. En ese sentido creo que es plausible ese trabajo que hicimos en comisiones”.

“No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien lo propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”, cuestionó Parrilli.

En ese marco, apuntó que “hay un fiscal interino que hizo el dictamen, un fiscal que devino luego de la persecución que se hizo a Alejandra Gils Carbó”, y recordó las expresiones del ministro de Justicia Independiente que “defendía la justicia del Poder Judicial y decía ‘Gils Carbó se tiene que ir porque es kirchnerista’ o un presidente que decía ‘necesitamos jueces que nos representan o que decía ante un fallo determinado que no era lo que acordaron. El que lo decía era Mauricio Macri”.

“Cada cosa en su lugar, estamos debatiendo un proyecto por una actitud anticonstitucional porque que una Corte diga que, si no está no hay independencia en el Consejo de la Magistratura, es algo muy raro”, cuestionó el legislador neuquino.

En ese marco, señaló: “Este fallo de la Corte ha legislado, es como si nosotros mañana sacamos la sentencia contra alguien, que condenamos a algún miembro por integrar la mesa judicial. La Corte se atribuyó, luego de 16 años de haber modificado la Constitución, que esa ley era constitucional y ahora dicen que no”. En ese sentido, denunció: “Quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

“Además, dicen que independiente de lo que pase, va a asumir. Cada vez me sorprendo más, hay cosas ilógicas e irracionales que han ocurrido. Hoy estamos sancionando una medida transitoria, imperativa que nos imponen el fallo de la Corte porque quieren poner en vigencia una ley absolutamente derogada”, remarcó Parrilli.

Y precisó: “Hasta el 13 de abril hay 15 miembros, después 20 y cuando se sancione esta ley va a ver 17. Más desprolijidad y desdeñe en el Consejo no va a haber y es causado por la Corte”.

“La Corte durante los años que gobernó el macrismo, esa Corte que cuando Germán Garavano designaba jueces especiales y hacia procesar, era el ministro que alentaba todas estas medidas. La Corte lo convalidó, pero con el nuevo gobierno empezó a cuestionar todo eso, lo que hizo fue decir que estaba todo mal hecho”, recordó.

En tanto, calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”, la actitud de la Corte. “Si esta Corte tiene tanto desprestigio, fue por lo que se hizo a partir del 2016, la corte de Néstor Kirchner no era esta corte, tenia prestigio.  Vino otro gobierno que designó por decreto y ahí empezó la mayor decadencia, la política de Garavano y Tonelli que hizo cambiar las mayorías por trampa. Este desprestigio que tiene la Corte se debe a la responsabilidad del macrismo”, y cerró: “Esta ley no me satisface, pero la voto porque no hay otra cosa porque debería tener mayor representación política”.

Por José Angel Di Mauro

Pocas veces hubo tanta expectativa respecto de un discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso. No es para menos, si se tiene en cuenta que lo que se estaba esperando eran datos que permitan resolver las dudas planteadas en torno al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno anunció hace justamente un mes y un día, pero que desde entonces no termina de cerrar. Tampoco lo ha hecho ahora.

Como para acrecentar el misterio, desde hace semanas se viene anunciando el ingreso al Congreso del texto que deberán aprobar ambas cámaras, pero siempre se va corriendo la fecha. La última vez fue este lunes 28 de febrero, cuando como para darle más certeza a la expectativa se dispuso mantener una guardia en Mesa de Entrada de la Cámara baja por si el Ejecutivo enviaba el proyecto de una vez por todas. No sucedió, y se esperaba entonces que el presidente diera elementos concretos para conocer en qué estado está la negociación.

Lo hizo, y no hubo que esperar hasta el final de su discurso de poco más de una hora y media para escucharlo. Reiteró parte de lo que había señalado el 28 de enero, cuando en un breve mensaje grabado en los jardines de Olivos dijo que ese era el mejor acuerdo posible. Este martes repitió la frase y agregó algunas precisiones: no habrá reformas previsional ni laboral; no habrá ajuste; no habrá tarifazos… aunque las tarifas van a aumentar. Habrá que ver hasta qué porcentaje se interpreta la palabra tarifazo.

Se empezará a pagar en el año 2026 y deberíamos terminar de pagar 8 años más tarde. “Es el mejor acuerdo que se podía lograr”, remarcó dos veces el mandatario, curiosamente más enfocado en convencer a los propios que a los ajenos.

El Gobierno se tomó su tiempo para alcanzar este entendimiento que todavía -admitió el presidente- no alcanzó a cerrarse. De hecho, el año pasado en la apertura de sesiones ordinarias anticipó el envío del acuerdo con el Fondo. Esa vez dijo que lo haría en el transcurso del año, pero como el acuerdo se demoró…

“Defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos”, explicó este martes el mandatario, en referencia a los dichos del expresidente Mauricio Macri respecto de cuánto hubiese demorado en refinanciar lo acordado en 2018, de haber sido reelecto.

La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su intención de retirarse si el presidente se excedía en sus críticas a la administración anterior. No lo hizo cuando Alberto Fernández le enrostró a Macriun endeudamiento adquirido “con una frivolidad alarmante”, tal su definición. Pero la gota que colmó la paciencia de parte de la oposición fue la insistencia en avanzar con “una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento”. Ahí las dos bancadas del Pro se pararon para irse.

El presidente y la vicepresidenta contemplaron la salida de sus adversarios sonrientes. Algunos se preguntaban la razón que pudiera justificar cierto gozo de parte del mandatario, cuando bien se sabe que necesitará al menos una parte de Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el Fondo, pues con los propios no llega. Tal vez haya celebrado internamente que el enojo se haya limitado a una parte de JxC y toda división opositora le sirve.

“Eso a nosotros no nos va a dividir”, aclararía más tarde el diputado Mario Negri, que se quejó porque el presidente insistiera con una acción judicial que ya había anunciado hace un año.

Pero así como Juntos por el Cambio le sirve al Gobierno para focalizar la rivalidad con el fin de fortalecerse internamente, lo mismo pasa con la Justicia. Con los integrantes de Corte presentes y a pocos metros de su estrado, el presidente zamarreó a la misma. Pareció que más que hablarle a sus cuatro integrantes, lo hacía al kirchnerismo en general y a su vicepresidenta en particular. “La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”, señaló el presidente luego de haberle apuntado a Comodoro Py y hablar de “complicidad judicial con el poder económico”.

Debería tener claro el presidente que por más empeño que ponga, nada ha cambiado desde que la reforma judicial cuya media sanción ya perdió estado parlamentario fue frenada en Diputados. En rigor, sí cambió: ahora es aun más difícil que un proyecto de esas características pueda avanzar con este Congreso. Y mucho menos una reforma del Máximo Tribunal en este ejercicio legislativo, como el presidente dijo, cuando ni siquiera está en condiciones de reunir las mayorías necesarias para completar su composición. De hecho, desde el retiro de Elena Highton de Nolasco -ya pasaron cuatro meses- el presidente no ha enviado siquiera el pliego de un reemplazante.

Con el tema del acuerdo con el Fondo como eje dominante de la presentación de Alberto Fernández en el Congreso, las expectativas estaban puestas no solo en las palabras que fuera a decir, sino también en los gestos y presencias. O más bien las ausencias.

Particularmente los gestos de la titular del Senado, que como el jueves pasado en la sesión preparatoria se mostró de buen talante: repartió sonrisas, dialogó con su compañero de fórmula y contrariamente a lo que algunos sugerían que iba a suceder, no le puso a Alberto la cara que Bergoglio tenía cuando Macri lo visitó en Roma en 2016.

En cuanto a las ausencias, no por esperada dejó de ser notoria la de quien hasta hace 29 días presidía el bloque oficialista de la Cámara baja. Máximo Kirchner se quedó en Santa Cruz y para moderar el impacto de ese dato algunos recordaron que ya el año pasado no había estado presente en la Asamblea Legislativa. Por más pandemia que haya habido entonces, un presidente de bloque tiene una serie de obligaciones y estar presente en esas instancias es una de esas. Podrá decirse que también tiene la obligación de defender las políticas de su gobierno, y ese es un buen justificativo de su decisión de renunciar. Como sea, el hijo de los Kirchner será recordado como un presidente de bloque atípico.

El resto de los integrantes de La Cámpora estuvo presente en el recinto este martes, al menos sus figuras más conocidas. Nada garantiza igual que vayan a votar el acuerdo con el Fondo, que debe ser el desvelo principal del presidente Fernández.

Que anunció además una batería de proyectos para tratar a lo largo del presente año. Más de una decena, algunos de los cuales ya figuraban en el temario para extraordinarias… que pasó sin que ni uno solo de esos proyectos fuera tratado siquiera en comisión.

Con semejante antecedente, números muy ajustados y una tirantez extrema con la principal oposición, difícilmente pueda hacerse demasiadas ilusiones. Bastará con que, a diferencia de lo que sucedió con los 15 proyectos que anunció en la Asamblea Legislativa de 2021, al menos uno de estos proyectos sea aprobado.

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de anular la condena de 21 años de prisión contra Manuel Mansilla por el asesinato de Chiara Páez ocurrido en el 2015, un grupo de diputados, encabezados por Dina Rezinovsky (Pro), presentaron un proyecto para expresar su profundo repudio por el fallo.

“Expresar su más profundo repudio ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que anula la condena a 21 años y 6 meses de prisión contra Manuel Mansilla, femicida de Chiara Páez, caso que ha originado el reclamo de ‘Ni Una Menos’ cuando fue asesinada a golpes cursando un embarazo en el 2015 en Rufino, Santa Fe”, solicitaron.

En tanto, relataron en la iniciativa: “La muerte de Chiara Páez movilizó al país en el año 2015. Tenía 14 años y estaba de novia con Manuel Mansilla. Chiara estaba embarazada. El sábado 9 de mayo del 2015 ocurrió el trágico final de su vida a manos de su propia pareja y padre de su hijo”.

“Este hecho conmocionó a la sociedad y nos puso de frente a una durísima realidad de violencia. Su caso originó el movimiento que hoy es internacional: ‘Ni Una Menos’. Esa convocatoria fue lanzada por redes sociales como un hartazgo y un llamado de atención ante tan estremecedor caso de violencia de género”, recordaron.

En consecuencia, cuestionaron: “La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha dado lugar a un recurso presentado por la defensa de Mansilla para que se lo juzgue como menor de edad, lo que no solo vuelve hacia atrás la causa, sino que reduciría la pena del femicida a 15 años provocando que en unos pocos meses ya pueda gozar de salidas transitorias por estar por cumplir la mitad de ese tiempo”.

En ese sentido, señalaron que “esta decisión no hace más que mostrar el abandono que hay a las víctimas por parte no solo del sistema judicial sino del Estado como gran ausente después de 7 años de este doloroso caso”.

Acompañan con su firma los diputados María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Soher El Sukaria, Silvia Lospennato, Alfredo Schiavoni, Carolina Castets, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Gustavo Hein, Ana Clara Romero , Karina Bachey, Roxana Reyes, Ximena García, María Sotolano, Héctor Stefani , Victoria Morales Gorleri, Laura Machado, María Luján Rey, Mercedes Joury y Matías Taccetta.

PD-Repudio-fallo-Chiara-Paez

El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) le salió al cruce al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tras sus declaraciones por la marcha contra el Tribunal: “La Corte no va a ceder a ninguna presión; el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”.

El legislador oficialista utilizó su cuenta de Twitter para contestarle al ministro: “Lorenzetti dijo que ‘La Corte no va a ceder a ninguna presión’. Es cierto, sencillamente fueron cómplices y, particularmente él de la persecución política. Arregló con (Mauricio) Macri sacarle la oficina de escuchas a la Procuración”.

“Avaló (tal vez hasta escribió) la aberrante doctrina Irurzun. Se sumó al invento del asesinato de (Alberto) Nisman promoviendo que la causa saliera de su juez natural. Los presentó a los delincuentes de Moro y Bonadio como jueces ejemplares”, denunció Moreau.

Y cerró: “En nombre del gobierno de Macri presionó al Camarista Ballesteros para que no votará a favor de la libertad de los dueños del grupo Indalo. Haciendo gala de sus dotes de ‘equilibrista’ fomentó su propia asociación de jueces federales. Con los peronistas se hacia la ‘víctima’ del macrismo y con el macrismo obedecía las instrucciones de la mesa judicial”.

Lorenzetti dijo que " La Corte no va a ceder a ninguna presión " . Es cierto, sencillamente fueron complices y, particularmente él de la persecución política. Arregló con Macri sacarle la oficina de escuchas a la Procuración. Avaló ( tal vez hasta escribió ) la aberrante

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) February 7, 2022

de la libertad de los dueños del grupo Indalo. Haciendo gala de sus dotes de " equilibrista " fomentó su propia asociación de jueces federales. Con los peronistas se hacia la "
víctima " del macrismo y con el macrismo obedecia la instrucciones de la mesa judicial.

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) February 7, 2022

La manifestación convocada por referentes del oficialismo que se llevó a cabo este martes frente a la Corte Suprema de Justicia para destituir a sus miembros continúa generando indignación por parte de la oposición. Al respecto, se expresó a través de las redes sociales la senadora nacional Alejandra Vigo (Córdoba Federal) quien consideró que la marcha “va a contramando de la independencia de poderes”.

“La Corte Suprema, creada por la Constitución Nacional, es cabeza del Poder Judicial y la marcha realizada ayer claramente va a contramano de la independencia de poderes; representa al país del atraso y, lo más preocupante, es que fue avalada por el Poder Ejecutivo Nacional”, escribió Vigo.

En ese marco y desde su lugar de senadora nacional invitó a una “reflexión” a las autoridades nacionales que “promovieron la movilización, con consignas contrarias a la institucionalidad y el respeto por la democracia, que tanto nos costó conseguir”.

Desde mi lugar, como Senadora Nacional, hago un llamado a la reflexión a las autoridades nacionales que promovieron la movilización, con consignas contrarias a la institucionalidad y el respeto por la democracia, que tanto nos costó conseguir.

— Alejandra Vigo (@alevigo) February 2, 2022

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) sostuvo que la movilización que se realizó frente a Tribunales en reclamo de cambios en la Corte Suprema de Justicia fue “un reclamo ciudadano” para expresar una “contundente denuncia contra la democracia que el Poder Judicial está planteando”.

“Es un reclamo de reacción ante un poder que no puede seguir funcionando de espalda a los intereses de nuestro pueblo”, señaló Osuna y consideró: “Creo que fue una fantástica expresión democrática lo que hemos vivido”, en declaraciones a Radio Nacional.

Además, la diputada oficialista sostuvo que “le llamó la atención las críticas expresadas desde diversos sectores de la oposición contra la marcha realizada”, y aseveró que “los ciudadanos tenemos todo el derecho de expresar nuestro reclamo”.

En esta línea, la legisladora señaló que “(el expresidente) Mauricio Macri y sus cómplices usaron a la Justicia para sus intereses”, y afirmó que sobre ese tema “no vio ninguna expresión en contra a pesar de que sobran elementos para demostrar que la mesa judicial funcionó”.

“Vamos a seguir exigiendo el fin del lawfare y la democratización de la Justicia”, advirtió y aseguró que el reclamo “adoptará las formas necesarias para revertir el mal funcionamiento de la Justicia”.

Y añadió: “La movilización ha sido una muestra generosa y honesta de asumir una posición y buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Por otra parte, Osuna habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados y consideró que se trata de “una muestra generosa y honesta de asumir una posición”, y a su vez “buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Asimismo, aseguró que Máximo Kirchner “va a permanecer dentro del bloque del Frente de Todos y el debate va a enriquecerlo”, y cerró: “La tarea de un presidente de bloque es una labor de conciliación, German Martínez va a ser apoyado por todos los que integrantes”.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) se refirió a la marcha que se desarrolló frente a Tribunales por parte del oficialismo y explicó que “este es el verdadero kirchnerismo, no el que dice defender los derechos del pueblo, sino el que utiliza los movimientos sociales y la mano de obra callejera para defender su impunidad en la justicia”.

Asseff fue tajante al respecto y sostuvo que “la marcha demuestra, una vez más, que lo único que le interesa a Cristina Kirchner es pelearse con los jueces que deben juzgar sus delitos y en ello arrastra al gobierno y sus aliados”.

El titular del Partido UNIR analizó la marcha y manifestó que “si uno mira la imagen general de la marcha puede ver que son sectores aislados que no sólo no representan el sentir del grueso de la sociedad, sino que tampoco son todo el Gobierno”, y agregó: “Esta marcha se ve hacia afuera como la desestabilización del kirchnerismo duro a su propia coalición”.

“No puede existir justicia real si aquellos que deben juzgar las causas del poder se ven presionados para fallar de forma interesada. Nosotros desde la oposición debemos denunciar tal intromisión y ofrecer una alternativa de gobierno real en el 2023 que le dé la tranquilidad a la sociedad de que esto no volverá a suceder”, finalizó Asseff.

El diputado nacional de Juntos Diego Santilli afirmó este martes que “es un grave ataque a las instituciones”. Y planteó: “Siguen enfrascados en sus peleas internas de poder y en la agenda judicial”.

“Es inadmisible que el Gobierno acompañe una marcha en contra de la Corte Suprema. Es un grave ataque a las instituciones. La división de poderes es una de las bases de la democracia. Estos atropellos preocupan e indignan a la mayoría de los argentinos”, aseguró el diputado nacional Diego Santilli, en el marco de una recorrida por Esteban Etchevarría. 

“El kirchnerismo sigue con una agenda que está absolutamente disociada de las preocupaciones de la gente. En lugar de enfrentar el avance de la inseguridad, de generar las condiciones necesarias para recuperar la confianza y empezar a mover la rueda del empleo, la producción y las inversiones, siguen enfrascados en sus peleas internas de poder y en la agenda judicial”, concluyó Santilli.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila se refirió a la marcha contra la Corte Suprema y sostuvo que se trata de un hecho de “una gravedad institucional inédito en la Argentina”, y que es de una “irresponsabilidad histórica”. 

A través de las redes sociales, la legisladora tucumana cargó contra la marcha para “Echar a la Corte” Suprema de Justicia de la Nación, convocada Luis D’Elía, y señaló que “es un hecho de una gravedad institucional inédito en la Argentina”. 

La marcha para “Echar a la Corte” Suprema de Justicia de la Nación, convocada Luis D’Elía, y apoyada por funcionarios del Gobierno nacional y por el propio presidente Alberto Fernández, es un hecho de una gravedad institucional inédito en la Argentina.
[ABRO HILO]

— Beatriz Avila (@Beatriz_AvilaOK) February 1, 2022

Y agregó: “Es no sólo una actitud despreciable, sino una irresponsabilidad histórica. el Gobierno nacional incurre en una falacia peligrosa: pretender que los problemas son una cuestión de “nombres” y no del sistema”. 

La legisladora señaló que, si hay reparos contra los miembros de la Corte Suprema, “la Constitución Nacional prevé los mecanismos institucionales, democráticos y republicanos para actuar a través del Congreso”. 

“Pero ahora que, tras la derrota electoral de 2021, el Gobierno ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, promueve esté linchamiento antidemocrático, antirepublicano y anticonstitucional contra uno de los poderes del Estado”, agregó. 

“Manosearon el Consejo de la Magistratura y en los últimos tiempos intentaron sin suerte designar un Procurador General de la Nación adicto a sus intereses. Nunca quisieron una mejor Justicia, sino una Justicia arrodillada y manejada a control remoto y ciega a los delitos”, concluyó Ávila. 

La renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados fue una bomba en el mundo de la política, lo cual trajo aparejado fuertes críticas. Este martes, Luis Juez (Pro – Córdoba) trató al hijo de Cristina Fernández de Kirchner de “cobarde” y le cuestionó no haber dejado directamente su banca, en lugar de solo abandonar el liderazgo de los diputados del Frente de Todos.

“Lo de Máximo Kirchner se veía venir. Creo que es un acto de cobardía. Sentate y discutí, discutí lo que tu Gobierno acordó; sentate y pone lo que hay que poner, y enfrenta lo que hay que enfrentar”, lanzó Juez en charla con Radio Rivadavia.

En ese mismo sentido, agregó: “Claramente que esto no es nada bueno, nada grato; pero no te podes aferrar a un relato porque el día de mañana te va a servir para seguir haciéndote el progre”, y apuntó: “Andate a tu casa. Es más: renuncia y andate a tu casa, ¿Qué es esto de renunciar a la presidencia del bloque?, como si fuera una cuestión administrativa que a nadie le importa”.

Y agregó: “Debemos tener un fuerte debate. Sabemos que la situación es compleja y delicada, pero, muchachos, el que está gobernando es Alberto Fernández​; convence primero a tu tropa… Máximo tiene a varios ministros dentro del gabinete. Acá no se pueden borrar”.

A su vez, el legislador cordobés coincidió en que en el acuerdo con el FMI “hay que ver la letra chica”, y admitió que “el argentino hace un tiempo largo que la está pasando mal”.

“En su momento debimos explicar por qué se recurrió al FMI, porque si te la prestan y tampoco pudiste evitar la catástrofe que significó económica y políticamente. Económicamente no paramos nada, y políticamente volvieron los peores. Entonces digo, hay que tener un poco de autoridad ética y un poco de autocrítica. La gente la está pasando mal desde hace rato y nosotros no pudimos cambiarle la vida a la gente”, sentenció en relación a la gestión de Mauricio Macri.

Consultado por la marcha contra la Corte Suprema convocada para este martes por referentes kirchneristas, la consideró como “lo más destituyente que vi en mi vida”.

“En mis 58 años nunca vi algo así. Ponete en la vereda de enfrente y mirá si los jueces convocan a una marcha porque consideran al presidente de la Nación como un inservible o corrupto. Sería una locura total. Les diría que no pueden llevarse por delante la cabeza de un Poder como el Ejecutivo”, señaló Juez.

Y finalizó: “Que una banda de procesados y condenados pidan las cabezas de los Jueces y que el poder político convalide semejante locura. Eso no existe en una democracia civilizada. El Fondo Monetario no es el único problema, los argentinos tenemos un gran problema con la dirigencia política, y el problema es muy serio”.

Bajo la consigna “1F” referentes oficialistas encabezados por el piquetero Luis D’ Elia convocaron a una marcha para este martes contra la Corte Suprema de Justicia para destituir a los miembros, lo cual fue avalado por funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien es además presidenta de la agrupación Justicia Legítima. Por este motivo, diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra Mena y Caamaño.

Los diputados opositores, relataron que “bajo la consigna ‘1F Marchamos a la Corte’, referentes políticos, sociales y sindicales, pero también funcionarios, convocaron a una marcha en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, debido a que “luego de que el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo en autos ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires’ por medio del cual declaró la inconstitucionalidad de la ley que regula la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

En tanto, precisaron que la marcha fue convocada por el dirigente político D’ Elia quien había expresado: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más”.

“Lo expuesto se agravó cuando el secretario de Justicia de la Nación Mena, expresó que ‘hay mucha gente con hartazgo’ ‘me parece bien (la marcha)’, ‘toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión’. ‘Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente”, relataron en la denuncia.

En ese sentido, remarcaron que “el ssecretario de Justicia convocó a una marcha que tiene por objeto la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque considera que la misma es un poder hegemónico al cual debe ponérsele límites”.

“Más graves fueron las expresiones de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia Caamaño que realizó declaraciones que van en línea con lo planteado por el viceministro de justicia y por el presidente de la Nación”, agregaron y expusieron los dichos de la funcionaria: “Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.

Los legisladores recordaron que en el 2020 se dirigieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) para poner en conocimiento y advertir que “en la Argentina el Poder Ejecutivo nacional y los senadores de la nación integrantes del partido de gobierno (Frente de Todos) se encuentran desarrollando un conjunto de maniobras que tienen por objeto coartar la independencia del Poder Judicial de la Nación a fin de adecuarlo a sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento”.

“Ello configura un avasallamiento al Poder Judicial y, por lo tanto, una grave alteración del orden constitucional que afecta el sistema republicano de gobierno contemplado en la Constitución Nacional. Entre dichas maniobras se encuentra no solo la reforma del Poder Judicial, comúnmente conocida como “reforma judicial”, sino también una serie de acciones que tienen por fin desplazar del ejercicio de la función pública a magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación que no responden políticamente al Kirchnerismo”, argumentaron.

Acompañaron con su firma la denuncia los diputados Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic.

Denuncia-Marcha-Mena-Caamano

El bloque de diputados nacionales de la UCR expresó su preocupación frente a la marcha que desde el oficialismo se promueve este martes contra los miembros de la Corte Suprema.

“El kirchnerismo quiere simbólicamente tomar por asalto la Justicia, por eso decide salir a la calle para agredir a los jueces del Máximo Tribunal del país. No está en el ADN de este sector del peronismo respetar la división de poderes sobre la que se asienta el sistema republicano. La marcha de hoy no es una marcha ciudadana más, como dijo el presidente, sino un acto violento para amedrentar a la toda la Justicia”, expresó el bloque que conduce Mario Negri.

El bloque radical también señaló que “existe un combo de deterioro económico, social e institucional que se agrava por las disputas internas dentro del partido de gobierno”.

“Pobreza por encima del 40%, que llega al 60 % en los menores de edad, inflación con un piso de 50 %, informalidad laboral no menor al 40 %, salarios y jubilaciones de miseria, crisis educativa con medio millón de chicos que quedaron fuera del sistema, son un conjunto de problemas que deben encararse con responsabilidad”, enfatizó el bloque radical.

La marcha convocada contra la Corte Suprema de Justicia para este martes 1ro de febrero por dirigentes kirchneristas y respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo, despertó fuertes críticas. En ese sentido, se pronunciaron los diputados nacionales que integran el interbloque Federal – compuesto por los bloques Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y Partido Socialista – quienes calificaron como “asonada y un escrache público inconducente” la convocatoria”.

“La Corte Suprema de Justicia es creada por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial. Es el Poder Legislativo el que debe establecer la cantidad de miembros”, manifestaron. En ese marco, recordaron que “la última reforma (Ley 26.183 de 11/2006, con mayoría kirchnerista) estableció en cinco la cantidad de miembros. Hoy la integran prestigiosos juristas. Se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese”.

Y denunciaron: “Lo que no puede ni debe hacerse es organizar una ‘asonada’, un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”, ya que consideraron que “hay una clara diferencia entre esta actitud y la libre expresión o el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos”.

“En virtud de la división de poderes, vemos con preocupación las declaraciones realizadas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hacemos un llamado a la reflexión”, expresaron desde el interbloque Federal.

El diputado nacional y exministro del Interior Rogelio Frigerio (Pro – Entre Ríos) habló sobre el acuerdo del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que “era muy importante que el Gobierno tuviera la responsabilidad de cerrar un acuerdo”. En ese sentido, apuntó contra el silencio que hizo la vicepresidenta al respecto. Por otro lado, lamentó “el apoyo de funcionarios” a la marcha contra la Corte.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Frigerio apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner por su silencio luego del anuncio: “Yo creo que Cristina no se hace cargo de la responsabilidad que tiene. Es un rol mucho más importante que el de vicepresidenta”.

En ese sentido, el legislador del Pro habló del pronóstico económico para 2022: “Va a ser un año muy difícil, más duro que el año pasado. Falta un plan de desarrollo que nos saque de esta situación. Esto es un paso para no seguir cayendo, pero totalmente insuficiente porque los argentinos seguimos en una situación complicada”, y agregó: “El Gobierno se gastó el resto de las reservas que tenía, las ayudas del Fondo y las ganancias de una cosecha récord. Nada de esto está presente este año”.

“¿Qué sentido tiene ver quién es el peor endeudando a la Argentina? Si el problema de la Argentina no es la deuda, la deuda es la manifestación. El problema es el Estado que recaude lo que recaude nunca le alcanza. Esa diferencia la cubre con deuda o emisión. Si crece la deuda es porque crece el déficit”, agregó en una entrevista a Radio FM Riel

Por otro lado, Frigerio habló sobre la marcha del 1F: “Esta es una marcha que convoca y alienta el kirchnerismo. Lo más triste es el apoyo de funcionarios del Gobierno. Es una marcha que, dadas las condiciones de nuestro país, es riesgosa mucho más si es promovida por gente a la que le pagamos el sueldo todos los argentinos”.

El diputado nacional e integrante de la Comisión Bicameral Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Eduardo Valdés (FdT), se refirió al primer entendimiento que anunció el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó la decisión del presidente, pero consideró que “no se firma feliz ni contento nada”. Aunque, destacó que “es un acuerdo que permite que la Argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo”.

En declaraciones a Radio 10 Valdés se refirió al viaje que realizó la vicepresidenta a Honduras en la que el legislador integró la comitiva: “Es un orgullo estar con Cristina (Kirchner) y hablamos del acuerdo con el FMI y está pendiente permanentemente del país. Sobre todo, que no sea un acuerdo que haga sufrir a los argentinos que se siga el crecimiento. Es muy Néstor Kirchner en eso ella”.

“El viernes fue un día de esos que, en nuestra actividad, no queríamos que llegue nunca, pero llegó. Me parece a mi que la decisión del presidente es la que había que hacer”, se sinceró y agregó: “Nosotros tenemos dos cepos muy fuertes desde el día que asumimos el Gobierno son los dos nudos que tenemos que desatar. Uno es la corporación judicial absolutamente activista al macrismo y que intenta permanentemente legitimar actos que a simple vista son ilegales como el espionaje ilegal”.

Y siguió: “El otro tema es el endeudamiento que con un crédito el Fondo Monetario Internacional que les dieron 45 mil millones, pero lo sorprendente es el término de evolución. No se firma feliz ni contento nada. He escuchado mucho a Carlos Heller que se expresa por nosotros porque es el presidente de la comisión de Presupuesto y he visto que es un acuerdo donde no hay flexibilización laboral, donde no se privatizan las jubilaciones, es un acuerdo que permite que la argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo y recién después de 4 años va a desembolsar”.

“Quiero ver el vaso lleno, tengo que construir esperanza día a día y trato de ver acá lo que me parece lo mejor de la negociación y habrá otras cosas que no me gustan, pero no las voy a decir”, opinó.

Por último, consultado sobre la marcha convocada para este martes contra la Corte Suprema manifestó: “Es muy vergonzoso ver cómo espiaban a los miembros y los mandaba el número uno que era Mauricio Macri. La justicia en la Argentina es como una serpiente, solo pican a los que tienen los pies descalzos”.

La Mesa Nacional de la principal oposición pensaba emitir ese comunicado el día anterior, pero lo postergó para abocarse al tema del arreglo con la deuda anunciado este viernes por el Gobierno nacional. El mensaje que preparaba lo emitió este sábado y en el mismo cuestionó duramente “el apoyo del Gobierno, a través del secretario de Justicia de la Nación e incluso del propio presidente, a la convocatoria a una reunión de personas el 1 de febrero próximo para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Para el espacio opositor, ese es “un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.

A través de ese comunicado, Juntos por el Cambio advierte que “ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos”.

Por el contrario, sostienen que “el interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidente de la República”.

“De esta forma, se intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, se nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, se trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un procurador general afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción”, agrega el comunicado, que resalta “la firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por el Cambio” que, sostuvo, “han impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente”.

Simultáneamente, continúa el comunicado, “se han tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo ‘lawfare’, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa entonces si esos graves hechos existieron o no, y quiénes los cometieron, todo cae en la bolsa común del ‘lawfare’”.

Suma JxC “la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno, socavando permanentemente la credibilidad de las sentencias judiciales. En ese sentido, resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertado como si fuera ‘presa política’, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas”, señalan en referencia a Milagro Sala, que fue anfitriona hace pocos días en Jujuy de Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta.

El comunicado recuerda que la Constitución establece cuál es el procedimiento de remoción de los jueces de la Corte y detalla que el mismo debe llevarse a cabo en el Congreso, con mayorías especiales, pero aclara que “este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”.

“Un principio básico de una república democrática es la separación entre los distintos poderes del Estado, para que ninguna de sus ramas pueda asumir el poder de modo absoluto. Al contrario, se trata de que cada una pueda controlar la actividad de las restantes”, se expresa, puntualizando respecto de la justicia que “el aspecto esencial a preservar y proteger es su independencia, esto es la autonomía y separación de los otros poderes estatales e, incluso, fácticos o económicos. Sólo así se asegura la imparcialidad que tienen que tener los jueces para decidir con sujeción sólo al derecho vigente y no a cualquier otro interés”. En ese marco refiere que “la democracia requiere de la plena vigencia del Estado de derecho. La Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia constituyen el gran marco de convivencia de una sociedad”.

El comunicado concluye ratificando el “compromiso absoluto” de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio con “la defensa de la Constitución y con la independencia de la Justicia”, advirtiendo que no tolerarán que “se siga menoscabando la credibilidad de los jueces”. A la vez, exhortan al Gobierno Nacional a “seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores”.

29.01.22-Ratificamos-nuestro-compromiso-con-la-defensa-de-la-Constitucion-y-la-Justicia-VF-2

A pocos días la marcha organizada por dirigentes kirchneristas contra los jueces de la Corte Suprema, diputados de la oposición denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa”.

La carta, firmada por el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, está dirigida al titular de la OEA, Luis Almagro, en la que manifestaron que “el Poder Ejecutivo nacional y los senadores de la nación integrantes del partido de gobierno (Frente de Todos) se encuentran desarrollando un conjunto de maniobras que tienen por objeto coartar la independencia del Poder Judicial de la Nación a fin de adecuarlo a sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento”, lo cual configura un “avasallamiento al Poder Judicial” y una “alteración al orden constitucional”.

A lo largo del texto, repasaron la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y destacaron las declaraciones del piquetero Luis D’Elía, uno de los referentes de la convocatoria: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad. Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país. Por eso creemos que hay que barajar y dar de nuevo”.

En ese sentido, también revelaron las declaraciones de apoyo a la movilización realizadas por el secretario de Justicia, Martín Mena, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y los análisis sobre el funcionamiento de la Corte hechos por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Por ese motivo, los legisladores sostuvieron: “Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien”.

Como conclusión, los diputados plantearon: “En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos narrados en esta carta, acudimos a la Organización de los Estados Americanos. Una vez más y le solicitamos se tenga por formulada esta presentación en los términos y con los alcances de la Carta Democrática”.

“La asistencia de la OEA que solicitamos es la misma que la realizada en las misivas de fecha 11 de junio del 2020 y 17 de septiembre de 2020, a los fines de hacer un seguimiento de la situación que denunciamos con la finalidad de que ese seguimiento preserve la institucionalidad democrática en la Argentina y evite mayores riesgos en su proceso político”, concluyeron.

La carta lleva las firmas del presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López, y de los diputados Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Mariana Zuvic.

CARTA-A-LA-OEA-enero-2022

El diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos) ponderó el temario de las sesiones extraordinarias convocadas para el mes de febrero en el Congreso y evaluó los desafíos del Gobierno puntualmente el acuerdo con el Fondo, al cual criticó porque “plantea un ajuste fiscal y monetario”. Por otro lado, sostuvo que “hace falta una reforma judicial”, pero aclaró que “no participo de la manifestación” en contra de la Corte Suprema.

En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Casaretto aseguró estar conforme con el temario de las sesiones extraordinarias porque “es la agenda del Poder Ejecutivo Nacional, que determinó el presidente con 18 temas importantes para todos los argentinos, así que esperamos trabajar intensamente en febrero”, y expresó: “Claramente nosotros no tenemos quórum propio para impulsar estas iniciativas, así que, según el caso, vamos a requerir apoyo de la oposición para poder tratar cada uno de estos temas”.

En ese sentido, manifestó: “Los temas son relevantes como el de Consenso Fiscal porque el acuerdo del presidente con los gobernadores es fundamental, el tema del Consejo de la Magistratura también, el tema de la ley de la promoción de la actividad de la Construcción es muy importante para la dinámica económica, y otros proyectos como las dos universidades nacionales, dos parques nacionales, tres leyes vinculadas a la salud, la ley de Electromovilidad, la ley de Compre Nacional, iniciativas muy importantes para el presente y el futuro de la Argentina”.

“El desafío fundamental es sostener este proceso de crecimiento. La Argentina creció 10,3% el año pasado, hay que sostener que siga creciendo este año sobre esa base, y que crezca con inclusión social, que los beneficios de ese crecimiento lleguen a trabajadores y jubilados”, precisó el diputado oficialista.

Además, agregó: “Esto es algo fundamental y que va atado a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que este año vence los 19 mil millones de dólares, el año que viene vencen 20000 millones, y si la Argentina tuviera que pagar eso, claramente se frenaría el proceso de crecimiento. Así que la defensa del interés nacional en esa negociación es fundamental para poder consolidar todo lo demás”.

Consultado por la negociación con la entidad financiera expresó que es “compleja” porque “venimos hace dos años y claramente el Fondo Monetario no coincide con la política de crecimiento del gobierno argentino, y plantea por lo menos al nivel del staff de funcionarios, un ajuste fiscal y monetario tal como aplicó en su momento (Mauricio) Macri que causó recesión, o tal como en su momento aplico (Fernando) de la Rúa que también causó una recesión y una crisis tremenda. Así que ese no es el camino, por eso nosotros negociamos con fuerza, porque queremos que la Argentina siga creciendo”.

Por otro lado, sobre la movilización convocada para el 1ro de febrero contra la Corte Suprema, el legislador del FdT aclaró: “Yo no participó de esa manifestación, pero hay manifestaciones en un sentido, en otro, por derecha, izquierda, y es legítimo que todos los sectores se expresen, más cuando tiene que ver con el funcionamiento de uno de los poderes fundamentales de la Argentina que es el Poder Judicial”, y añadió: “El Poder Ejecutivo se somete a elecciones, el Legislativo también y está sujeto al escrutinio de todo el pueblo argentino, y la Justicia no, así que me parece legítimo qué el que quiera manifestarse lo haga”.

Por último, consideró que hace falta una reforma judicial: “Nosotros como Gobierno impulsamos una reforma judicial y una reforma del ministerio público fiscal, lamentablemente los dos proyectos quedaron en el Congreso sin tener mayoría para poder tratarlos”.

Luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, manifestara su apoyo a la convocatoria para la marcha del próximo 1 de febrero contra la Corte Suprema de Justicia, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, afirmó que “solo falta que el presidente y la vicepresidenta se sumen para sincerar que la marcha del 1 de febrero no encierra otra intención que no sea la de golpear con carácter destituyente al máximo tribunal de la Republica”.

“Primero fue el viceministro de Justicia, luego el ministro de Seguridad, ahora la interventora de la AFI. En cualquier momento convocan ellos y dan a conocer las graves intenciones que los motivan”, señaló Negri en declaraciones realizadas esta tarde en Córdoba.

En el mismo sentido se había pronunciado el martes el diputado del Pro Gerardo Milman, quien le advirtió: “Señora Caamaño, usted, además de ser una okupa del cargo, ¿no conoce el estatuto de la ley que debe resguardar?”. En las redes sociales, el legislador de Juntos por el Cambio publicó una parte del estatuto en cuestión, en donde figuran las obligaciones de quien conduce la AFI. En cuyo punto 6 se establece que no debe estar afiliado a un partido político,  ni participar en actividades de tal índole, ni profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los de libertad y democracia, de acuerdo al régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación Argentina”.

El senador nacional Luis Juez (Frente Pro – Córdoba) criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, tras suspenderse el encuentro que iba a realizarse entre el funcionario y los gobernadores y jefes parlamentarios de la oposición para tratar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y lamentó la “imprevisibilidad” y la “falta de rumbo” del Gobierno. También apuntó contra el presidente y la vicepresidente de la Nación.

“En la oposición estábamos ansiosos y ninguno se había tomado vacaciones esperando que Guzmán nos convocara. Nosotros tuvimos toda la predisposición, pero él decidió ir a hablar con Cristina (Fernández de Kirchner)”, criticó Juez en una entrevista a TN.

Por otro lado, aseguró que la “vicepresidenta no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con el Fondo”, y la acusó de “marcar la agenda, el ritmo y los momentos”.

“Arreglar con el Fondo nos va a traer muchos dolores de cabeza, mucho sacrificio, mucho dolor en el alma, pero no arreglar sería gravísimo”, advirtió el senador y adelantó: “Entonces, oficialismo y oposición tenemos que prepararnos para plantearle a la gente que hay tomar decisiones complejas, que si no se toman ahora se van a tomar en algún momento”.

En ese contexto, disparó contra el Gobierno nacional por su improvisación y falta de rumbo: “Hace 25 meses que los muchachos son totalmente incoherentes. Es un Gobierno de un altísimo nivel de improvisación. No tienen hoja de ruta, la van escribiendo en el momento. La imprevisibilidad nos puede matar a todos, se puede llevar puesta a las instituciones”.

“Lo escucho a Alberto Fernández hacer esos discursos berretas. Definí un rumbo, viejo. Nosotros vemos si te acompañamos o no, pero definí un rumbo. El Gobierno se tiene que animar a tomar decisiones. El peor de los rumbos es no tener rumbo”, ratificó el exdiputado.

Por otro lado, cuestionó al jefe de Estado por apoyar la marcha contra la Corte Suprema: “Que el presidente haya avalado semejante bravuconada es altísimamente destituyente. Es una devoción de enfrentar los poderes que no pueden disciplinar. Una tradición: si nos podemos llevar puesta la Justicia, lo vamos a hacer; si la Justicia no hace lo que nosotros queremos, vamos a poner fiscales que nosotros necesitamos”.

Y completó: “Es de una gran gravedad institucional que el presidente aliente y que el viceministro de Justicia termine siendo uno de los propulsores de la marcha para descabezar uno de los tres poderes. En cualquier país serio, eso tiene un tufo a golpe institucional horrible”.

Mientras sigue dilatándose la convocatoria a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, van acortándose los tiempos para una cuestión clave como es resolver el tema del Consejo de la Magistratura. Y no es algo menor, ya que mientras el tiempo pasa va corriendo la cuenta regresiva puesta en marcha el 16 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma implementada en 2006 y dio un plazo perentorio para la nueva conformación del Consejo.

Esto es, el Tribunal Supremo de la Nación impulso a mediados de diciembre pasado un plazo de 120 días corridos para la elección de 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura, al establecer inconstitucional la reforma realizada en 2006 que achicó de 20 a 13 los miembros del mismo.

El fallo establece que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes. Así las cosas, el plazo para la nueva composición del Consejo vence el 14 de abril de 2022, fecha a partir de la cual, en caso de no cumplirse lo decidido por la Corte, “los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”.

La composición actual es de tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores por la mayoría, dos por la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que interpreta la Corte y que la llevó a tomar tal resolución? Que el Consejo en la actualidad tiene siete representantes de la política, lo que le da quórum propio y mayoría absoluta a ese estamento. El resto tiene seis y por lo tanto no está equiparada esa mayoría que ostenta la política.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El proyecto del Ejecutivo

Anticipándose al fallo de la Corte, el Gobierno envió al Congreso unos días antes del 16 de diciembre un proyecto que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico.

Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

El proyecto ingresó a través del Senado, donde el oficialismo ya no tiene mayoría, pero puede alcanzarla con mayor facilidad que en la Cámara baja.

En caso de aprobarse la iniciativa del Poder Ejecutivo, así quedaría el Consejo de la Magistratura según el proyecto del PEN: cuatro jueces (ahora son 2); seis legisladores (3 por Cámara, 2 por cada bloque mayoritario y uno por la primera minoría); cuatro abogados (ahora son 3); un representante del Poder Ejecutivo; dos académicos y/o científicos.

¿Es posible que el Consejo de la Magistratura tenga 17 miembros como sugiere el proyecto del Gobierno, en lugar de 20, como dispuso la Corte Suprema? Sí, pues lo que el Tribunal Supremo estableció es una solución coyuntural, hasta tanto no salga una nueva ley. Si la ley sale antes del 14 de abril, perfecto. En tanto y en cuanto no vuelva a ser invalidada por la Justicia.

Los proyectos de la oposición

No es el único proyecto que hoy está en el Congreso para resolver el entuerto planteado en torno al Consejo de la Magistratura. Hay otros dos, que corresponden a legisladores de Juntos por el Cambio.

Exintegrante del Consejo de la Magistratura hasta 2018, cuando un acuerdo opositor le birló al entonces oficialismo uno de los lugares que le hubiera correspondido por ser primera minoría, Mario Negri presentó ahora un proyecto propio que propone volver a la antigua composición de 20 miembros, con el titular de la Corte presidiendo el Consejo.

Según la iniciativa, el Consejo quedaría con un representante del PEN; cuatro senadores nacionales (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro diputados (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro representantes de los abogados (2 por CABA y 2 del interior); cuatro jueces (2 por CABA y 2 por el interior) y dos representantes del sector académico.

En todos los casos respetando la paridad de género.

Asimismo la iniciativa reduce de tres a un año el plazo máximo para tramitar una denuncia contra un juez. Esto es, si la Comisión de Disciplina no logra avanzar en un año, el pleno debe tratarlo directamente.

El restante proyecto corresponde al diputado del Pro Pablo Tonelli, quien continúa siendo miembro del Consejo de la Magistratura. Su iniciativa propone solo elevar a 14 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, sumando a un representante de la Corte Suprema.

El proyecto del diputado Tonelli incorpora como novedad la posibilidad para cada estamento representantes que no formen parte del mismo. Asimismo establece que el representante electo por el estamento desempeñará exclusivamente ese cargo público sin superponerse con otra función.

Por otra parte, los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden tener otra profesión que la de abogados. Actualmente la ley requiere para ser consejeros las condiciones exigidas para ser diputado de la Nación. Tonelli quiere que se exijan las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia: ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, tener 4 años de ejercicio de la profesión y 25 años de edad.

Como dijimos, el proyecto ya ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, y es de los pocos de los que se mencionan para ser tratados en extraordinarias cuyo texto ya se conoce. En caso de imponerse el oficialismo en la discusión del Senado, es muy probable que la oposición fuerce modificaciones en la otra Cámara y los tiempos no darían para que haya una ley dentro del plazo previsto por la CSJN.

Habrá que ver qué se resuelve entonces en ese caso.

El bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido por Mario Negri, se reunió este viernes para analizar la agenda política en general y parlamentaria en particular. Los legisladores radicales rechazaron las presiones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en momentos en que desde el Poder Ejecutivo Nacional se está fogoneando una marcha pidiendo la remoción de los miembros de la máximo tribunal. “Sostenemos de manera irrenunciable la defensa irrestricta de la división de poderes en nuestro país”, remarcaron.

En el mismo sentido manifestaron un profundo repudio a “las veladas amenazas” que atribuyen al ministro Eduardo “Wado” de Pedro, de intervenir el Poder Judicial jujeño: “Es sumamente peligroso que el ministro del Interior se reúna con presos condenados por todas las instancias judiciales y cargue contra un poder independiente de una provincia, en lugar de defender el Estado de Derecho y el federalismo. La obsesión del kirchnerismo por manejar a la Justicia no tiene límites”, afirmaron.

Por último, los diputados radicales explicaron que esperan que se concreten los anuncios de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a los fines de que se puedan “abordar proyectos que traigan alivio a la difícil situación que viven los argentinos”, expresaron a través de un comunicado en el que concluyen señalando que “la inflación, la falta de trabajo, la inseguridad, la crisis educativa, son problemas que requieren soluciones urgentes. Esperamos además que se den detalles sobre las negociaciones y la carta de intención que debe firmarse con el FMI, sobre lo que el Gobierno sigue jugando a las escondidas”.

Autor de uno de los proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura tal cual ordenó la Corte Suprema recientemente, el diputado del Pro Pablo Tonelli reconoce que es “breve” el plazo otorgado por el Tribunal para que el Congreso dicte una nueva ley o que complete su composición de 20 miembros.

También es muy crítico de la marcha convocada contra la Corte Suprema, pero sobre todo que el Gobierno acompañe de alguna manera la misma. Considera “grave” que el Poder Ejecutivo a través del presidente de la Nación “se sume a una marcha en contra de la Corte para promover la salida de sus jueces por una vía no constitucional. Esto sí es una violación a la división de los poderes”.

Entrevistado por La Nación, el diputado sostiene que “el presidente no puede inmiscuirse en las causas judiciales”, por cuanto lo tiene prohibido por el artículo 109 de la Constitución. A su juicio, “resulta paradójico que el presidente enfrente a la Corte y diga que tiene un serio problema de funcionamiento cuando él, que lleva las riendas del Gobierno, tiene un pésimo manejo del Poder Ejecutivo”.

Con relación al cambio en el Consejo de la Magistratura, Tonelli adelantó que JxC hará lo posible para que haya una ley, lo cual considera que es “la decisión más republicana y democrática”. Pero si eso no sucede en los plazos previstos, deberían integrarse a mediados de abril 7 nuevos consejeros: un juez de la Corte, dos abogados, dos legisladores, un representante de los jueces y un académico.

Al respecto se manifestó a favor de uno de los temas más discutidos: si un juez de la Corte debe integrar o no el Consejo. Para él está bien, porque sería “beneficioso por una cuestión presupuestaria”. Pasa que el Consejo de la Magistratura hoy tiene “un presupuesto que apenas si le alcanza para pagar los sueldos del Poder Judicial. No cuenta con partidas suficientes para atender los problemas de infraestructura de la Justicia, que son muchos”.

“Por contrapartida, la Corte Suprema es rica, cuenta con miles de millones depositados en plazos fijos que están ociosos. Creo que si la Corte presidiera el Consejo podría ser una solución a este desequilibrio presupuestario”, apuntó Tonelli, quien piensa que también podría servir para “morigerar los conflictos internos entre los distintos estamentos. No pensaba lo mismo años atrás, pero ahora creo que sería beneficioso que un juez de la Corte presida el Consejo. Podría ayudar a atenuar las pujas políticas y a concentrarnos en nuestra labor específica”.

Por otra parte consideró “razonable” el proyecto del Poder Ejecutivo, que propone un consejo de 17 miembros, ya que “cumple con el mandato constitucional y con el fallo de la Corte”. Con todo, admitió dos discrepancias: que no contempla la representación de la Corte, y con el modo de elección de los dos académicos, pues el oficialismo propone dos representantes elegidos por los decanos de las facultades de Derecho y por el Consejo Interuniversitario Nacional, respectivamente, y él piensa que deben ser elegidos por todos los académicos.

Consultado sobre las vacantes no cubiertas por el Poder Ejecutivo en la Justicia: la del procurador general de la Nación y la de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, Tonelli consideró que “cuanto antes sean cubiertas estas vacantes mucho mejor”, aunque aclaro que “esto requiere diálogo y consenso”, pero se quejó porque “hasta ahora el oficialismo poco y nada hizo al respecto”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se transformó en la guarida de los espías” y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por no “repudiar” los dichos del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas sobre la “Gestapo” antisindical.

“Esperaba que (Horacio) Rodríguez Larreta repudiara los dichos sobre la Gestapo sindical. El Gobierno de la Ciudad se transformó en la guarida de los espías, como Sebastián de Stefano”, señaló Valdés en declaraciones a FM La Patriada.

En la misma línea afirmó: “Pensé que Rodríguez Larreta iba a pedir con indignación que la Justicia investigue y le demuestre a él cómo lo espiaron y entraron en su intimidad”, y se preguntó por qué el jefe de Gobierno porteño “se solidariza con (Mauricio) Macri en vez de condenar el espionaje ilegal que le hicieron a él, a Diego Santilli y a María Eugenia Vidal”.

“¿Por qué no piden justicia? ¿Porque también fueron espiadores?”, se interrogó el legislador.

Por otro lado, Valdés se refirió a los dichos del jefe de Estado Alberto Fernández sobre la Corte Suprema de Justicia y señaló que “el presidente reflexionó sobre la imposibilidad que tiene el máximo tribunal para poder funcionar”.

A su vez consideró que “la ciudadanía está perpleja porque de los tres cortesanos que votaron autoridades, dos se votaron a sí mismos, los mismos que ingresaron por decreto y no por el procedimiento que la Constitución establece”. En este sentido definió que el servicio de Justicia “está afectado” y que “no es normal que funcionarios se reúnan con agentes de la AFI”.

En tanto, el diputado criticó que “la Corte se aboca a tratar los temas corporativos de ellos (Juntos por el Cambio)” y lo contrapuso con el año 2012 cuando “dormía en la Corte el juicio de lesa humanidad a Blaquier” y con la detención de Milagro Sala “que lleva seis años de prisión y la Corte no se aboca a resolver ese expediente y esto es una vergüenza”.

Tras la convocatoria del dirigente piquetero Luis D’Elía a una marcha para el 1 de febrero para “echar” a todos los miembros de la Corte Suprema, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, consideró “muy positiva” la movilización, advirtiendo que hay “mucha gente con hartazgo” y apuntó contra el Poder Judicial porque “no aporta soluciones a la población” y criticó el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

“Me parece bien, toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión”, afirmó en diálogo con radio El Destape, por lo que cuestionó a la justicia porque “es un estamento del Estado que no funciona y no aporta soluciones a la población”.

En ese mismo contexto, Mena se refirió a los proyectos del oficialismo en el Congreso para avanzar en una reforma: “Hemos enviado proyectos para adecuar el funcionamiento del órgano de administración del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, de fortalecimiento de la Justicia federal y otras que se irán atendiendo para las demás áreas”.

En ese sentido, volvió a criticar al máximo tribunal por el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que propuso Fernández de Kirchner en 2006 cuando era senadora y que redujo la cantidad de miembros del organismo de 20 a 13: “Es necesario conjugar todos los proyectos sobre la reforma judicial, no pueden ser propuestas aisladas y como dijo el presidente, el Gobierno está trabajando y los va a impulsar”.

“Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios les dice a los poderes hegemónicos su opinión y limites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri los superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático”, aseguró Mena.

Por último, el funcionario que fue subdirector de la AFI durante el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación, insistió: “Esto genera en mucha gente hartazgo cuando se llega a un límite que no puede sobrepasarse. Me parece muy positiva la movilización y la expresión de la gente”.

Los propios integrantes del Consejo de la Magistratura votaron este lunes por unanimidad solicitarle al Poder Ejecutivo incluir en el temario de extraordinarias el proyecto de reforma de ese organismo, para cumplir en tiempo y forma con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006, y dispuso que para el 16 de abril esté vigente la nueva integración del cuerpo.

Según lo dispuesto por la CSJN, el Consejo de la Magistratura debería volver a tener 20 miembros y no 13, como sucede en la actualidad, a instancias de la reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

Por eso es que el Consejo de la Magistratura debería tratar el tema en el Congreso cuanto antes, atento a que el Gobierno ya elaboró un proyecto que ingresó al Senado y según el cual se modifica la cantidad de miembros que lo integran, pasando de 13 a 17, dándole más lugar a los magistrados, representantes del sector académico e igualdad de género.

En el seno del Consejo se habló este lunes de la necesidad de apurar el trámite por cuanto si el Gobierno no incluye el debate de la nueva ley en las extraordinarias, quedaría apenas un mes y medio para debatir el tema y sancionar una nueva ley antes del 16 de abril, fecha tope impuesta por la Corte. Si para entonces no hay un nuevo Consejo de la Magistratura, las decisiones del mismo serán nulas.

Por eso es que además se apurarán los trámites para realizar las elecciones correspondientes para nominar a los nuevos integrantes del organismo. Deberían ser dos abogados, un juez, un académico, un diputado y un senador. El vigésimo integrante debería ser el titular del Tribunal Superior.

Atento a las dificultades de realizar las elecciones correspondientes en tan poco tiempo, se le pedirá ayuda a la Cámara Nacional Electoral para actualizar padrones y proceder después a votar.

Según el proyecto enviado por este Gobierno al Senado, de los 17 integrantes propuestos, cuatro deberían ser jueces o juezas del Poder Judicial; se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados y magistradas con competencia federal del interior del país, y al menos dos deben ser mujeres.

Habría seis legisladores, a razón de tres por cada Cámara: dos del bloque mayoritario y uno del bloque que le siga en cantidad de integrantes. Habrá además cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal inscriptos e inscriptas en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las provincias, designados o designadas por el voto directo de los o las profesionales que posean esa matrícula. Además deberá integrar el Consejo de la Magistratura un representante del Poder Ejecutivo.

Tiene que haber dos representantes de los ámbitos académico y/o científico que serán elegidos de la siguiente forma: un profesor o una profesora titular de cátedra universitaria de facultades de Derecho de universidades nacionales, elegido o elegida por los decanos y las decanas de las facultades de Derecho de universidades nacionales a simple mayoría de votos y una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor o acreedora de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que será elegido o elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional, con el voto de la mayoría de sus integrantes. Al menos una debe ser mujer.

Tal cual se preveía, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por una ley del Congreso en 2006.

El fallo fue adoptado por unanimidad de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con este fallo, el Tribunal Supremo dio curso favorable a un fallo de cámara del año 2016 que había considerado que la integración actual del cuerpo no respeta el equilibrio entre los estamentos exigido por la Constitución nacional.

De tal manera, a partir de lo dispuesto por la CSJN, el Consejo de la Magistratura pasará, de los 13 miembros actuales, a la conformación original de 20.

Previendo este fallo, el Poder Ejecutivo envió días pasado un nuevo proyecto al Senado para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, atento a la decisión que había trascendido que adoptaría la Corte Suprema.

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El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, repudió al ministro de Justicia Martín Soria tras la información que el funcionario dio a los medios luego de reunirse con la Corte Suprema de Justicia el martes.

“Es inaceptable que el ministro de Justicia vaya descaradamente a la Corte a reprocharle a los jueces sus fallos y a pretender condicionar el desempeño del tribunal. El artículo 109 de la Constitución prohíbe expresamente que el presidente de la Nación ejerza funciones judiciales o se involucre en causas pendientes. Con mucha mayor razón no puede hacerlo un ministro”, sostuvo Negri.

“Los funcionarios de este gobierno no comprenden el valor de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial como garantía irrenunciable de las libertades. Soria pretende ejercer un tutelaje sobre la Corte. Se creen por encima de todo, de la Constitución y desnudan una ideología autocrática”, agregó Negri y continuó: “La misma ideología que impregnó los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público. Soria no es un ministro de Justicia. Es un mandadero de Cristina Kirchner para la causa de la impunidad”.

"Tremenda falta de legitimidad de la Justicia”, suelta el Ministro de Impunidad Martín Soria en TV, tras reunirse con la Corte para apretarla por los fallos que se avecinan.
Falta de legitimidad tienen los jueces que sobreseen sin juicio oral a CFK, señor ministro. No generalice

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 8, 2021

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Está mal y de alguna manera hay que resolverlo. La política debe tomar el problema en sus manos, y construir los acuerdos para resolver los problemas de la Justicia”, sostuvo.

En diálogo con Julián Guarino por la señal C5N, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados sostuvo respecto de la crisis en el seno del Tribunal Supremo que “no pasó nunca algo así. Hoy estamos peor que con la Corte de (Julio) Nazareno. En estos momentos deben aparecer los valores que se dicen defender”.

Además, Valdés consideró que “el poder dominante naturaliza las injusticias que comete la propia Justicia”, al tiempo que se refirió a la supuesta complicidad del poder mediático: “Quienes señalan estas cosas reciben el ataque permanente. Yo mismo fui hostigado por Clarín a través de la pluma de (Daniel) Santoro y de (Ricardo) Roa. Yo era el mejor monaguillo de Francisco hasta que acompañé a Cristina en esa jornada vergonzosa de las ocho indagatorias en el mismo día, que era el día del cumpleaños de su marido muerto”, aseguró.

“La elección del presidente de la Corte Suprema debería ser el último acto de una tragedia. Se bajo el telón”. De esa manera hipercrítica arranca el comunicado difundido este domingo por el diputado nacional Leopoldo Moreau tras el cambio de presidente del Tribunal, que abrió una grieta en el seno del mismo.

El legislador kirchnerista sostuvo en su comunicado que “hace falta una nueva Corte”, y se refirió de manera muy crítica a todos sus integrantes: “Tenemos de presidente y vice a dos jueces que aceptaron ingresar por decreto a la Corte. A otra magistrada que sigue en el cargo a pesar de no contar con la edad que exige la Constitución. Otro cortesano que se hacía fotografiar con Moro y Bonadio y fabricó un grupete de jueces federales para maniobrar políticamente. Esa es la “cabeza” del Poder Judicial”.

Pero fue más lejos Moreau al agregar que “para abajo le siguen los visitantes de Olivos (en tiempos de Mauricio Macri): Hornos, Borinsky, Llorens. El juez de los fallos a medida, como es el caso de Ercolini y, no podían faltar, los fiscales de Boca: Taiano, Stornelli y Plee. Todos ellos sólo están para hacer justicia en favor de los poderes fácticos. Entre otros, el grupo Clarín que, además, tiene bastante colonizado el fuero comercial”.

Moreau se preguntó “¿quién puede seguir creyendo que con este Poder Judicial hay República? Ni República, ni Estado de Derecho, ni garantías para nadie”, y concluyó advirtiendo que “es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir”.

El gobernador mendocino Rodolfo Suárez recibió este jueves el aval de la Corte Suprema para ocupar un lugar en la lista de Cambia Mendoza, donde es precandidato a senador nacional suplente.

El mismo se encargó de difundir la noticia en las redes sociales: “Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que avala de forma contundente, con el voto de los cinco miembros, mi precandidatura para acompañar a los representantes del @FrenteCambiaMza”, tuiteó este jueves Suárez.

Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que avala de forma contundente, con el voto de los cinco miembros, mi precandidatura para acompañar a los representantes del @FrenteCambiaMza
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— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 9, 2021

“La Corte ha ratificado los fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional Electoral. Lo hizo de manera unánime dándonos la razón con este planteo constitucional en relación a mi precandidatura de senador suplente”, precisó el gobernador mendocino, quien también lo expresó durante el cierre de campaña de lalista que para el Senado encabeza el exgobernador Alfredo Cornejo, y secunda Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura.

Mario Gavaglio -El Payaso Marulito– presentará este jueves a las 11un  recurso extraordinario federal por el fallo de Superior Tribunal de Justicia de la CABA, que le impide participar en las próximas elecciones como precandidato a legislador de la ciudad.

Segun Gavaglio, “no puedo rendirme por eso voy a la Corte Suprema. El Tribunal Superior de CABA, me deja fuera de la cancha y me proscriben por cuestiones meramente técnicas”.

“Hemos subsanado algunos de esos errores de carga, y lo presentamos físicamente en manos de las autoridades judiciales porteñas’, nunca valoraron que en democracia siempre debe primar la voluntad de participar, mía y la de todos los jóvenes que me acompañan, para eso llevamos los avales correspondientes de ciudadanos que se sienten censurados, descalificados, porque ven cercenados sus derecho a elegir y votar  sus candidatos”, apuntó.

“Este es nuestro último recurso, y anhelo con esperanza que nuestros jueces supremos hagan justicia con el Partido Renovador Federal, y que la lista 79 no solo lleve los pre candidatos a diputados nacionales, sino también legisladores por la Ciudad Autónoma”, finalizó Marulito.