Los legisladores solicitaron al Poder Ejecutivo que “fundamente técnicamente” las declaraciones del secretario de Energía, Darío Martínez.
Diputados nacionales del bloque Pro presentaron un pedido de informes al Gobierno para que “fundamente técnicamente las declaraciones del secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez), que afirmó que habrá cortes de electricidad en los próximos meses”.
Un grupo de legisladores, encabezados por el neuquino Francisco Sánchez, pidieron “cautela a la hora de realizar pronósticos catastrofistas como el del titular de Energía”, y recordaron “el punto crítico de la última crisis energética”. “En 2013 el promedio de horas sin servicio por usuario llegó a las 32,6 horas”, indicaron.
Los diputados explicaron que, tal como afirmó el funcionario del área, “es cierto que hay un aumento en el consumo eléctrico del segmento residencial. Pero también es verdad que hubo una gran disminución del uso de energía de grandes clientes, que incluso podría compensar ese aumento”.
“Queremos saber si se realizaron informes técnicos que lleguen a esta conclusión. Y si es así, cuál es el plan de energía para evitar, y en el futuro solucionar de raíz el problema”, señalaron.
Por último, los macristas manifestaron su preocupación particular por el impacto que los pronosticados cortes tendrán en las personas que trabajan a distancia como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, y de las personas electrodependientes.
Acompañaron el proyecto Jimena Latorre, Héctor Stefani, María Luján Rey, Martín Grande, José Luis Patiño, Pablo Torello, David Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Natalia Villa, Gustavo Mena, Omar De Marchi, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, Julio Sahad y Osmar Monaldi.
A través de un DNU, el Poder Ejecutivo extendió por 180 días el plazo. El beneficio alcanza a sectores vulnerables, instituciones de salud y PyMEs.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la prórroga por 180 días de la suspensión de los cortes de servicios públicos de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, en caso de mora o falta de pago.
A través del DNU 543/20, el Ejecutivo amplió por seis meses la medida que alcanza a beneficiarios de la AUH; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas sociales y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración por debajo de lo equivalente a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; personas con seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
También -de acuerdo al DNU 311/20, que fue el primero- abarca a las MiPyMEs, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, las instituciones de salud públicas y privadas afectadas a la emergencia, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.
En los considerandos del decreto, el Gobierno señaló “la continuidad de la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores gravemente afectados en su economía por la pandemia, cobra vital importancia en las condiciones de aislamiento establecidas”.
“Ello, en función de las necesidades de la población para acceder a los servicios básicos que aseguran mínimas condiciones sanitarias, para comunicarse con los servicios de emergencia, para obtener información en materia de salud, para conocer las disposiciones de gobierno, para posibilitar el acceso a plataformas y contenidos educativos y a la gestión administrativa de subsidios o facilidades brindadas por el gobierno, entre otras muchas funcionalidades básicas indispensables”, se agregó.
Además este viernes, a través de otro decreto (544/20) -que no es DNU- se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año lo dispuesto por el DNU 312/20, sobre la prohibición del cierre o inhabilitación de cuentas bancarias.
La legisladora de la UCR-Evolución Inés Gorbea presentó en la Legislatura un proyecto para que las empresas les devuelvan el dinero correspondiente al tiempo que se suspendió el servicio, cuando los cortes sean superiores a dos horas.
Debido a las constantes quejas por parte de los usuarios y la falta de respuesta, la diputada de la UCR-Evolución Inés Gorbea impulsó en la Legislatura porteña una iniciativa de ley para que las empresas prestadoras de tv o internet que interrumpan la prestación en forma masiva sus servicios, por un lapso mayor a dos horas, deban acreditar en forma automática el monto proporcional correspondiente al tiempo que el mismo se encuentre interrumpido.
De acuerdo al texto, la interrupción masiva se computara cuando más del 3% de los usuarios se vean afectados por la falta del servicio y sostiene que para la acreditación de dicho monto no será necesaria la denuncia ni el reclamo del usuario. Asimismo establece que si las empresas no cumpliesen con la medida, recibirían multas equivalentes a “50 veces el monto a devolver a cada uno de los usuarios”.
En los fundamentos de la medida, Gorbea explicó que “es habitual que las empresas prestatarias de estos servicios, interrumpan los mismos, en forma masiva, viéndose afectados los usuarios” y remarcó que “esta situación nunca es notificada al usuario, lo que conlleva que cada consumidor en forma individual, debe realizar el reclamo, con el tiempo y el destrato que ello conlleva”.
“Existen casos que ante el reclamo, la empresa prestataria contesta en forma automática que hay un ‘problema técnico’, sin permitir generar un reclamo concreto, ni exigir la devolución del monto, viendo vedado sus derechos.”, señaló y sentenció que “esta ley genera una protección más a los usuarios y consumidores que, muchas veces, ven violentados sus derechos por la acción o inacción de empresas prestatarias”.
