Diputados de izquierda cuestionaron el anuncio de la ministra de Seguridad quien comunicó que los agentes de las cuatro fuerzas del Estado actuarán en caso de bloqueos que impidan la circulación.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves que las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.
Tras el anuncio, diputados del Frente de Izquierda salieron a repudiar dichas medidas. El primero en pronunciarse en contra fue el diputado nacional Nicolás del Caño: “Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo-Milei. Quiere amedrentar a quienes salgan a enfrentar la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo”, y adelantó: “¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!”.
“La casta copó el gobierno de Milei y anuncia que va a reprimir la protesta del pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las mayorías populares. Bullrich ajustando y reprimiendo. Nada nuevo. ¡No Pasarán!”, lanzó.
En el mismo sentido se pronunció su par el jujeño Alejandro Vilca: “Bullrich quiere amedrentar a quienes enfrentaremos las políticas de ajuste de su gobierno: inflación, desempleo, hambre. Y como sabemos el plan de guerra contra los trabajadores no pasa sin represión. Vamos a ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta. ¡No pasaran!”.
“El anuncio de Bullrich ratifica que el plan de guerra contra la clase obrera incluye represión a las movilizaciones populares. Por más que lo intenten no se puede callar el hambre a palazos”, escribió Romina Del Plá.
Para Myriam Bregman “lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”.
“Todas las medidas que está tomando este gobierno constituyen un profundo ataque a las condiciones de vida de millones de personas, por eso la urgencia y la severidad de los anuncios de Bullrich. Prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento”, denunció y agregó: “La legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo Bullrich. Sencillo”.
Además, señaló que “en Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena. En realidad, lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno. La ‘libertad de circulación’ para ellos es puro chamuyo”.
Un clásico del Congreso ya es el enfrentamiento sempiterno entre la izquierda y el diputado liberal José Luis Espert. En este caso, la sentencia de Myriam Bregman respecto de la “inconstitucionalidad” del anuncio de Patricia Bullrich despertó la ya clásica frase del diputado de Avanza Libertad, y una airada réplica de Nicolás del Caño, que seguramente seguirá en el recinto de Diputados cuando el Cuerpo vuelva a reunirse y la izquierda le plantee una cuestión de privilegio.
“Cárcel o bala”, disparó Espert al comentario de Myriam Bregman, ante lo cual Nicolás del Caño habló de una “cobarde amenaza” de parte del diputado liberal hacia su compañera. “Es gravísima”, sostuvo Del Caño respecto de la amenaza y llamó que “todxs aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo”.
La cuestión es que Espert no se quedó callado y le contestó esto a Del Caño: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”.
La iniciativa corresponde al diputado opositor Gerardo Milman que busca “defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación; y penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”.
En lo que va del año, el centro fue testigo de más de 2.500 piquetes con un único objetivo: reclamarle al Gobierno más planes sociales y alimentos, lo que generó complicaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para que las organizaciones que realicen piquetes no tengan planes sociales.
“Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, expresó Milman en la presentación del proyecto de ley.
Y agregó: “El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan”.
Además, el proyecto plantea que “en el caso de sorprender a representantes o representados de estas asociaciones cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la libre circulación de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que ‘Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala’, y tipificado penalmente en el Artículo 194 del Código Penal pena a ‘El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años’”.
“Es importante destacar que el presente proyecto busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación; y penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”, aseguró el diputado nacional de Juntos por el Cambio.
Entre las sanciones que figuran en el documento, se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio a los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal. “En caso de condena contravencional o penal confirmada en segunda instancia, toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que perciba, será suprimida”, dice en una parte del artículo 2.
Mientras que en el artículo 3, expone que “los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe. Serán denegados cualquier solicitud de beneficio económico estatal de cualquier naturaleza, así como también el pago de los que ya hubieren sido acordados previo a la situación prevista en el artículo primero de la presente ley”.
