A semanas de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la precandidata a jefa de Gobierno por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Vanina Biasi, encabezó una recorrida por la Costanera sur y volvió a insistir en la necesidad de recuperar ese espacio y proteger los humedales.

En ese sentido, Biasi explicó: “queremos una Costanera verde y de acceso público. Es un problema fundamental para la Ciudad. Necesitamos proteger y recuperar estos humedales que cumplen un rol muy importante como reserva de biodiversidad, absorción de agua de lluvia y combate del efecto ‘isla de calor’”.

“Además, la Ciudad tiene un índice bajísimo de espacios verdes por habitante, de alrededor de cinco metros cuadrados, muy por debajo de las recomendaciones de los especialistas. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta han avanzado con la privatización de tierras para la especulación inmobiliaria beneficiando a grupos como Irsa a quien le entregaron la Costanera Sur para la construcción de torres de lujo para los ricos, lo mismo ocurre con los predios de Costa Salguero en Costanera norte”, siguió la precandidata.

Al mismo tiempo que afirmó que “esos intereses vienen a proteger hoy el candidato Jorge Macri, quien ni siquiera cumple con los requisitos para presentarse, es candidato porque en la Ciudad reina el nepotismo y los privilegios. Pero también los protege Martín Lousteau quien posa de semi opositor y se jacta de tener una visión ‘más moderna y sensible’ de la Ciudad, pero votó a favor de la privatización y las torres de lujo tanto en Costanera sur y norte, es un farsante, un extractivista urbano más”.

“La depredación ambiental y el calentamiento global que estamos viendo crecer día a día son producto del capitalismo donde prima el interés económico de los grandes monopolios por encima de la vida. Para defender el planeta hay que terminar con el capitalismo, es una tarea urgente”, sentenció Biasi.

En un contexto sumamente tenso y con una masiva movilización en las inmediaciones de la Legislatura porteña, el oficialismo de la Ciudad aprobó dos convenios urbanísticos que permitirán la creación de nuevos barrios costeros en predios de la Costanera Norte y Sur del distrito.

La primera de las iniciativas tiene que ver con la modificación las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas. El texto fue aprobado con 36 votos positivos (de los bloques VJ, UCR-Ev y PS) y 21 negativos ( de GEN, FdT, FIT, AyL y CF).

De esta manera, la Casa reformuló la actual zonificación de esos terrenos que abarcan unas 17 héctareas, al que también se le suma un predio lindante de otras 14 hectáreas.  La intención del Gobierno porteño es avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.

Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.

En lo que respecta al texto por Costanera Sur, la Legislatura aprobó con 36 votos a favor (de VJ, UCR-Ev y PS), 19 en contra (de FIT, FdT y AyL) y 2 abstenciones (de GEN y CF). Se trata de un convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

También se aprobaron este jueves (con 32 votos positivos y 25 negativos) otros once convenios urbanísticos, los cuales permitirán la construcción de torres en distintos puntos de la Ciudad. Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83 y Arcos 3631.

El debate en el recinto

El encargado de abrir el debate en el recinto fue el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), quien planteó que “la Costanera se va a transformar, tanto en el norte como en el sur, creando espacios verdes con mixtura de usos que permitan hacer ciudad donde hoy no la hay; dando continuidad a las innovaciones que se vienen concretando en la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años”.

“Esta ley permitirá recuperar, renovar e integrar a la Ciudad un terreno en desuso de 70 hectáreas que hace más de 50 años fue cedido por el Gobierno Nacional al Club Atlético Boca Juniors, que se encuentra privatizado, restringido a la ciudadanía y sin la posibilidad de convivencia con el río. Allí se creará un gran Parque Público de 278.380 metros cuadrados, con acceso a la ribera, al cual debemos sumar los espejos de agua, que como parte integral del paisaje aumentarán la superficie de espacio verde, libre y público en la Ciudad”, señaló.

En cuanto a los nueve convenios urbanísticos, el oficialista afirmó que “todas las contraprestaciones serán destinadas a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del Área Central, comprendida en el Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible que aprobamos recientemente, para la utilización y disfrute de los vecinos. Una necesaria reconversión que tiene como objetivos principales facilitar su residencialización, financiar proyectos de construcción, adecuación, puesta en valor de equipamientos urbanos y agregar espacio verde público y de acceso libre, que logren mejorar la calidad de vida de los porteños y de quienes visitan a diario la Ciudad”.

Mientras que la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín señaló que “si se avanza con estos convenios, este va a ser otro jueves negro para los que trabajamos y estudiamos en la Ciudad. Esto va a seguir fomentando la crisis habitacional, la falta de espacios verdes y las inundaciones, ¿vieron cómo nos inundamos la semana pasada?” e insistió en que “llama la atención que nadie del oficialismo quiera dar la cara por estos proyectos, que quieran hacerlo antes del recambio legislativo y de forma exprés. Esto va a agravar la crisis habitacional, ningún trabajador puede pagar entre tres mil y cinco mil dólares por metro cuadrado, si encima cobran en pesos y el salario se lo carcome la inflación”.

En tanto la legisladora de Autodeterminación y Libertad, Marta Martínez, indicó que “hoy la Legislatura aprobará quitar al pueblo trabajador de la ciudad la Costanera Norte y su derecho al acceso al río y espacio verde, arrasar con el Humedal de Costanera Sur con  torres con un impacto gravísimo para el ambiente y el calentamiento climático” y precisó que “además va a imponerle la construcción de nueve torres a barrios saturando su densidad habitacional, y por si fuera poco legalizar obras ilegales. Nuestro voto negativo, volveremos a decir ‘¡no a los negocios inmobiliarios!’”.

“Apoyamos y acompañamos a quienes hoy están afuera de esta Legislatura oponiéndose a estos proyectos así como a las organizaciones ambientalistas y vecinales que han venido todo este tiempo manifestándose en contra”, completó.

Por su parte el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés aseguró que “estamos  planteando proyectos que pueden alterar la vida de nuestros ciudadanos para siempre, es quizás la última oportunidad de tener contacto con el Río de La Plata. Hay un sector que trae un modelo de Dubai, bueno, yo no… yo traigo de ejemplo a Rosario donde se han construido verdaderos paisajes de cara al río”.

“¿No les parece contra natural tener que trabajar de forma hermética, con seguridad especial? ¿tanto miedo le tenemos a la ciudadanía? ¿no los movilizan las inundaciones que sufrimos el fin de semana? ¿no los sensibiliza la especies que habitan la Costanera?”, se preguntó.

A su turno, el socialista Roy Cortina (PS) afirmó que “hay una estrategia que es una suma de pequeñas mentiras e inexactitudes, la suma de todo eso genera una gran mentira y distorsiona la discusión en la opinión pública” y recordó que “Costa Salguero y Punta Carrasco son dos predios de la Costanera Norte, suman entre los dos aproximadamente 29 hectáreas”.

“La concesión se termina ahora y el Ejecutivo busca que hacer con estos espacios, la idea es que lo que se plasme sea el proyecto que salió ganador en un concurso: crea un parque de 14.7 hectáreas de espacios verdes si solo se toma a Costa Salguero pero si sumamos a Punta Carrasco llega a 22 héctareas, lo que nos da un gran parque”, completó.

Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) aseveró que “es un día muy triste para la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo de Larreta acaba de votar la pérdida de 100 ha de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego, como en el caso de Puerto Madero, quedan vacías por la especulación inmobiliaria” y enfatizó que “se trataba de una oportunidad única para sumar espacios verdes a una ciudad que solo tiene 4 mts por habitante cuando debería tener al menos 12”.

“Es una decisión profundamente anti-democrática ya que desconoce el resultado de la instancias de participación popular como fueron las audiencias públicas y las 53000 firmas avalando el parque público en costa salguero”, concluyó.

Luego de haber pedido el archivo del proyecto y una intensa negociación con Vamos Juntos, el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) comenzó preguntándose “¿qué son las normas urbanas? Son formas que tiene el Estado de decirle al particular que su dominio se le va a limitar. En el fondo de estos tres proyectos de norma urbana hay una forma de entender al Estado, nosotros entendemos que el Estado tiene que hacer que la Ciudad crezca y se desarrolle. La Ciudad no es un lugar sólo para acaparar bienes”.

Al mismo tiempo que argumentó que “todos estos proyectos han tenido las herramientas de participación ciudadana y esta Legislatura ha escuchado a parte de los vecinos que participaron. Lamentablemente, en el caso de Costa Salguero lo hicieron, en su mayoría, creyendo que hoy debatimos si se vende o no un predio” y recordó que “al inicio de esta sesión yo mencione los puntos que eran necesarios para poder avanzar con el proyecto de Costa Urbana, las propuestas que nosotros hicimos las supieron escuchar. Hoy vamos a votar una ley que mejora lo que votamos en primera lectura”.

“Entre las modificaciones que hemos propuesto y han sido acogidas son para el predio de Costa Salguero: se solicitó afectar espacios para espacios verdes, la articulación con sistemas de transporte público, baños públicos cada 500 metros, la reducción de la altura máxima de las torres a 24 metros, juegos infantiles, la eliminación del helipuerto, el compromiso de garantizar la biodiversidad, entre otras cuestiones”, añadió y concluyó precisando que “en el caso de la Costa Urbana se modificó un artículo para pasar del 61% al 71% de espacio público, se reduce la capacidad constructiva en algunos lotes, para costear el espejo de agua se hará un paseo peatonal, baños públicos cada mil metros, entre otros puntos”.

Mientras en las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad se realiza una concurrida manifestación en contra de varias de las iniciativas que se pondrán en debate, los diputados porteños dieron inicio a las 12.06 a una nueva sesión ordinaria en la que prevén darle sanción definitiva a unos convenios urbanísticos que modificarán el paisaje costero del distrito capitalino.

Una de las iniciativas trata sobre el desarrollo de la Costanera Norte, donde se prevé aprobar en segunda lectura unas modificaciones para los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se buscará desarrollar emprendimientos culturales, recreativos, gastronómicos y residenciales, un paseo costero y generar nuevos espacios verdes.

Otro proyecto importante es sobre la aprobación de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa constructora IRSA S.A, el cual prevé avanzar con la construcción de un barrio costero en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur. El predio cuenta con unas 70 manzanas hoy ociosas, donde se prevé destinar el 67,5% de esa superficie a espacio de uso público.

Por otra parte, se pondrá a consideración una ley que incluye 11 convenios urbanísticos de índole diversa, para autorizar planos de edificación y urbanización, con sus correspondientes afectaciones y desafectaciones catastrales, exceptuando a sus beneficiarios de algunos requisitos o impedimentos. A cambio, la Ciudad recibiría compensaciones o cesión de terrenos para convertir en espacios públicos.

En la misma sesión ordinaria (la penúltima del actual ejercicio legislativo 2021) podría sancionarse un “Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de Edificación”. El objetivo es normalizar edificaciones realizadas en su momento sin la totalidad de los requisitos y atenuar sanciones o multas.

Tras varias semanas de audiencias por las que fueron pasando numerosos expositores, la Legislatura porteña dio inicio este lunes a las últimas seis jornadas de debate acerca de un convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A para llevar a cabo la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Cabe recordar que las audiencias al respecto iniciaron el pasado 15 de octubre, se inscribieron 2.593 vecinos para participar de las mismas, varios de los cuales ya expusieron. Además funcionarios del Gobierno local, especialistas y diputados expresaron su opinión al respecto del expediente.

Días después de que la Justicia declarara “inconstitucional” la venta del predio de Costa Salguero, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio este viernes a una nueva jornada historia de audiencia pública por el convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

En esta ocasión se inscribieron 2.593 vecinos que expondrán a lo largo de 14 jornadas, las cuales se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre y se realizarán todas de manera virtual. Además de los ciudadanos, participarán del debate funcionarios del Gobierno local, especialistas en la materia y los propios legisladores porteños.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Cabe recordar que la única experiencia similar a esta con una audiencia pública que se extendió a lo largo de varios días, ocurrió en noviembre pasado cuando el Parlamento porteño puso en debate un proyecto que buscaba desarrollar un barrio náutico en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sigue inscribiendo a ciudadanos que buscan participar de la audiencia pública en la que se analizará un convenio urbanístico entre el Gobierno porteño y la firma IRSA S.A, a través del cual se buscará impulsar la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva del club Boca Juniors, en la Costanera Sur del distrito capitalino.

Las inscripciones comenzaron el pasado 15 de septiembre y ya se anotaron para participar más de 1.100 personas, aunque se espera que sigan registrándose más ciudadanos hasta que este martes se cierre la convocatoria.

La convocatoria a la población fue impulsada por los bloques opositores con la intención de que se repita el fenómeno del noviembre del año pasado cuando se dio la audiencia pública más larga en la historia de la Legislatura porteña: fue en el marco del debate por la Costanera Norte y participaron dos mil personas que expusieron a lo largo de 27 jornadas. En aquella ocasión, el 98% de la ciudadanía se expresó en contra de la creación de un barrio náutico.

Cabe recordar que esta vez el tema en debate es el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

A pesar de que la iniciativa ya fue aprobada en primera lectura, la Legislatura de la Ciudad sancionó un proyecto de resolución en el que rechazaron la  decisión adoptada por el juez Guillermo Martín Scheibler, recaída en la causa 166469/2021-0, en la que intentó suspender el tratamiento del convenio entre el Gobierno local e IRSA para avanzar con un desarrollo urbanístico en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

En el texto aprobado los diputados manifestaron que la actitud del magistrado demuestra un “claro desconocimiento de las atribuciones constitucionales privativas de esta Legislatura” y reafirmaron “la independencia del Poder Legislativo, en resguardo de todas las facultades  que le son propias y le son concedidas por la Constitución de la Ciudad”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores afirmaron que “la interferencia en el procedimiento mismo de formación y sanción de leyes es absolutamente inadmisible, en tanto implica un flagrante avasallamiento de una facultad constitucional privativa del Poder Legislativo, como la de llevar adelante todos aquellos trámites constitucionales y reglamentarios necesarios que suponen el tratamiento de un proyecto de ley”.

“La facultad que le asiste al Poder Judicial de controlar la validez y constitucionalidad de las leyes de ningún modo puede extenderse hasta abarcar al procedimiento mismo a través del que se encauzan los proyectos legislativos, interfiriendo en su desarrollo. Hay profusa y abundante jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que así lo entiende y resguardan esta esfera propia del Poder Legislativo”, añadieron.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “los proyectos a tratar y debatir por parte de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden quedar a merced de la voluntad de otro Poder, a cuya circunstancial opinión deberíamos supeditar toda la labor legislativa que se desarrolla en esta Casa. Tal forma de proceder se hallaría reñida directamente con el principio de separación de poderes”.

La iniciativa en debate, que ya obtuvo aprobación en primera lectura y aguarda a la audiencia pública, propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

En medio de la polémica por el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A, la presidenta de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público y diputada del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, analizó en dialogó con parlamentario.com la normativa y advirtió acerca de los profundos cambios que prevé generar en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera Sur.

“El Gobierno pretende generar un proyecto de un millón de metros cuadrados, habilitar torres de 45 pisos donde se podían construir mayoritariamente cuatro pisos, cambiar el objeto del desarrollo de deportivo a inmobiliario, en las tierras -costeras- privadas más grandes de la Ciudad, sin un análisis serio al respecto”, alertó la peronista.

Por otra parte, la legisladora también se refirió al manejo de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el costo político que podría afrontar el presidente Alberto Fernández en los próximos comicios.

-Hace unos días la Justicia frenó el debate del convenio con IRSA hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. ¿Qué opinión le merece esta situación?

-Creo que tenemos un problema serio cuando el Ejecutivo plantea un proyecto de esta magnitud, sin ningún fundamento técnico, sin diagnóstico, ni marco estratégico y sin mirada ambiental. Más aún cuando en seis días consideró cumplido su tratamiento legislativo, sin siquiera haber dado intervención a la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público. Creo que en ese marco era previsible que iban a surgir cuestionamientos de la sociedad civil.

El Gobierno pretende generar un proyecto de un millón de metros cuadrados, habilitar torres de 45 pisos donde se podían construir mayoritariamente cuatro pisos, cambiar el objeto del desarrollo de deportivo a inmobiliario, en las tierras -costeras- privadas más grandes de la Ciudad, sin un análisis serio al respecto.

Desde la Presidencia de dicha Comisión venimos señalando con preocupación la dinámica que plantea el Gobierno de la Ciudad, al celebrar convenios urbanísticos que incentivan la construcción en altura y el desarrollo inmobiliario en áreas de la Ciudad sin una planificación integral de la Ciudad y sin estudios diagnósticos que contemplen las variables ambientales, físicas, económicas y sociales.

Este convenio genera como contraprestación principal del privado al Estado 48, seis hectáreas de espacio público que no son tales y que -además- terminan siendo el entorno paisajístico del desarrollo privado.

Nos parece que no sólo debe replantearse este proyecto sino también la dinámica de los convenios urbanísticos. Hoy la Ciudad no planifica ni su desarrollo, ni la ampliación de sus espacios verdes. En este sentido, el Gobierno incentiva con beneficios normativos la construcción en áreas de la Ciudad que sólo generan reserva de valor para inversores, sin ninguna estrategia para incentivar otro tipo de desarrollo inmobiliario destinado a ampliar la oferta de viviendas.

Por otra parte, tampoco hay un plan para el espacio público que se genera a partir de los convenios en emplazamientos donde muchas veces hay una oferta importante y accesible a pocos metros, mientras otros barrios continúan sin espacios verdes.

-¿Coincide con la mirada del oficialismo de que se trató de una “intromisión” en las facultades legislativas?

-Desviar el debate hacia una disputa entre poderes, parece ser una estrategia que intenta desviar el foco de lo que está en juego: el desarrollo de la ciudad en los próximos 20 años. Para dimensionarlo, pensemos que Puerto Madero tiene en 170 hectáreas de tierra, una superficie construida de 2.300.000 metros cuadrados y tardó 30 años en venderse y construirse. Aquí se propone cerca de 1 millón, que tardarán no menos de 15 años para desarrollarse, que será construido en grandes parcelas por unas pocas empresas poderosas y apuntando a un mercado comprador exclusivo.

Es necesario visibilizar que, la localización, las dimensiones de las parcelas y las tipologías propuestas en torre, son también factores de exclusión. Y prestemos atención a cuando se propone reactivar la economía con la construcción: es imprescindible dimensionar la capacidad de cada uno de los actores intervinientes en el mercado y realizar una planificación equitativa de la oferta de la actividad. Porque construir torres en grandes parcelas…es para muy muy  pocos. Y gobernar se gobierna para todos. O seguimos con este modelo de ciudad exclusiva que concentra la oferta para pocos y subestima los efectos ambientales o apostamos por un modo inclusivo, de crecimiento equilibrado, cuidado del medio ambiente y redistribución de las oportunidades.

Por otra parte, creo que no nos corresponde a nosotros decidir si la decisión judicial fue o no conforme a derecho. Para ello están las instancias judiciales superiores y en esta Legislatura siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales, nos parezcan correctas o no.

-Usted también había solicitado que el proyecto se debata en la Comisión de Espacio Público. ¿Cree que, en caso de que la iniciativa vuelva a tener debate parlamentario, su pedido va a ser tenido en cuenta?

-Como peronista, estoy obligada a ser optimista, sobre todo cuando aportamos una mirada propositiva que dejamos plasmada en nuestro dictamen. Hay que buscar otras soluciones: ¿qué sucede si exploramos otros instrumentos, como la transferencia de capacidad constructiva a otros sectores de la ciudad que necesitan verdadero desarrollo? Estoy convencida que puede ganar el Estado, ganar el desarrollador y sobre todo, que ganen todos los porteños y porteñas. No se trata de oponernos por oponernos.

Se trata de fundamentar técnicamente que otros caminos son posibles y deseables; y entre ellos señalamos la necesidad de dejar de conceptualizar al espacio público como un área residual del desarrollo urbano.

La Comisión de Protección y Uso del Espacio Público debe intervenir en el trámite legislativo no sólo porque corresponde normativamente y porque en los expedientes anteriores fue el criterio adoptado, sino porque resulta incoherente que se plantee que se obtienen 48,6 hectáreas de espacio público y que no haya una mirada al respecto.

-Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires está próxima a llegar al medio millón de contagiados desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué se llegó a esta situación?

-Creo que no hay que caer en análisis simplistas y menos aún electoralistas. Desgraciadamente, Juntos por el Cambio ha hecho política con la pandemia y eso no es bueno para nadie.

Creo que los contagios en CABA tienen múltiples causas. En gran parte, es una Ciudad importante con mucha actividad y ha pasado en las grandes ciudades del mundo que han existido muchos casos. Por otra parte, creo que el Gobierno de Larreta ha fluctuado entre políticas razonables, en particular de su Ministerio de Salud y otras que han priorizado la popularidad a los tiempos de la pandemia. Además se ha coexistido con un discurso anti cuidados de sectores de Juntos por el Cambio que, lejos de ayudar a que los porteños y porteñas respeten los cuidados, confundieron y generaron enojo en tiempos muy difíciles.

-Pensando en la ciudad de la post pandemia, ¿cuáles serán los desafíos que deberá afrontar la CABA?

-La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas pero también reforzado convicciones. Al respecto, desde la comisión que presido, estamos trabajando en una publicación que pretende abordar una mirada transdisciplinar del espacio público para los tiempos venideros y que pretendemos sea un disparador al debate. Sin dudas serán múltiples los desafíos y van de la mano: en primer lugar, es necesario concertar un modelo de  ciudad para todos definiendo como queremos vivir… Porque de eso se trata finalmente y ese modelo de ciudad debe abordar diversas escalas o miradas, desde lo metropolitano al rol de las comunas.

En segundo lugar, basta recorrer las noticias del mundo para darnos cuenta que las cuestiones ambientales deben ser prioritarias en la agenda pública y de que no podemos seguir pensado el desarrollo urbano sin un Código Ambiental.

En tercer lugar, es necesario reforzar y ampliar la participación ciudadana como soporte fundamental del proceso de planificación de la ciudad. Es ese ejercicio del derecho a la ciudad, que puede verse en fenómenos cada vez más frecuentes y auspiciosos (Colectivo de Arquitectas, Mesa de trabajo y consenso de Parque Avellaneda y Parque de la Estación, etc.) y que nos van a permitir identificarnos con la ciudad donde vivimos. Pese a que hoy, el Ejecutivo avanza en plena pandemia y de modo unilateral, con la actualización del Plan Urbano Ambiental.

-¿Considera que el presidente Alberto Fernández pagará un alto costo político por la gestión que viene llevando a cabo?

-Creo que en el mundo viene siendo muy difícil para los oficialismos ya que la pandemia ha complejizado todas las gestiones y ha generado un enorme costo para los pueblos. En nuestro caso, pese a haber recibido el país en medio de una crisis económica fenomenal, nuestro Gobierno Nacional encaró la pandemia usando todas las herramientas posibles para aliviar la situación de los y las argentinas.

La verdad que fue muy difícil porque no había recursos y sin embargo se generó el IFE, el ATP, la Tarjeta alimentar y tantos otros programas para estar al lado de los que necesitaban. Y al mismo tiempo, pese a la emergencia, pudo abordar el problema de la deuda, comenzar a reactivar la economía y la producción. Claramente hay un sufrimiento enorme de este año y medio, en términos sociales y económicos pero creo que la gente sabe que el presidente hizo todo lo posible por acompañar y aliviar esa situación. Y también que ahora empieza a caminar en la dirección que nos propusimos en 2019. Se empieza a sentir la reactivación y hay otro ánimo.

-Por último ¿confía en que el FDT pueda tener un crecimiento en las urnas en estas elecciones?

-Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Lo importante es pedirles a los argentinos y argentinas que nos den la confianza para poder hacer con fuerza todo aquello que soñamos en 2019 y que, en gran parte, se demoró porque la pandemia fue muy difícil. Ahora estamos arrancando, la economía está empezando a moverse y queremos hacer que los que perdieron el empleo vuelvan a tenerlo, que los negocios que cerraron abran sus puertas y las empresas puedan producir y generar trabajo. Para todo ello necesitamos la confianza.

Ante su inminente debate en la sesión de este jueves, la presidenta de la comisión de Uso y Protección del Espacio Público y diputada del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, busca frenar el avance del convenio entre IRSA S.A y el Gobierno de la Ciudad, el cual busca desarrollar un mega proyecto inmobiliario en las tierras de la ex ciudad deportiva Boca Juniors, en la Costanera Sur.

En este sentido, la peronista presentó una observación al Despacho N° 0220/2021 emitido el pasado 26 de julio por las comisiones de Planeamiento Urbano –presidida por Daniel Del Sol (VJ)- y Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)-, en la que advirtió acerca de la exclusión de la Comisión de Espacio Público en el debate.

“En sólo seis días el oficialismo presentó el proyecto en la Legislatura, reunieron a las comisiones y dejaron el proyecto en condiciones de ser votado en la sesión del próximo jueves 5 de agosto. Han excluido explícitamente a la única comisión que tiene competencias originales en este tema. Y es justamente la única que es presidida por una diputada de la oposición”, señaló molesta y preocupada Neira.

Además consideró que “crear y mejorar el espacio público en la Ciudad es un tema prioritario y debe ser analizado en detalle. En estas condiciones pretenden votar una construcción en la parcela más grande y más cara de la Ciudad” y subrayó que “nunca hemos logrado que el Ejecutivo explique cuál es su planificación, ni los modelos de gestión de los escenarios de urbanización destinados a desarrollos inmobiliarios”.

“Vemos que la única política es la celebración sistemática de convenios urbanísticos bajo una lógica regida por los proyectos de los privados. Larreta no tiene una estrategia de desarrollo y no hay una política inteligente donde el Estado planifique, establezca prioridades y ordene la inversión pública y privada que garantice el equilibrio sustentable en toda la Ciudad”, completó la peronista.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

OBSERVACIÓN-AL-DESPACHO-N°-0220_2021

Luego de dos semanas sin actividad en el recinto a causa del receso invernal, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volverá a sesionar el próximo jueves 5 de agosto y lo hará con un temario cargado: por un lado, se buscará avanzar con la primera lectura del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno porteño e IRSA S.A para desarrollar un nuevo complejo urbano en la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera sur; y por el otro, se prevé darle sanción definitiva a la reurbanización del predio ubicada en Av. La Plata 1600/1700, lo que permitirá que el club San Lorenzo construya su nuevo estadio deportivo en el barrio de Boedo.

La primera de las iniciativas obtuvo dictamen favorable de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto este último lunes, en medio de un fuerte cruce con la oposición por la celeridad con la que fue tratado el expediente.

El acuerdo busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría. A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

En tanto el proyecto del club San Lorenzo es fuertemente resistido por los vecinos de la zona, quienes se oponen a la construcción del estadio. Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

El predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones que contemplen una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de las varias actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.