El secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y ex legislador del Pro, Francisco Quintana, celebró la creación del nuevo servicio penitenciario del distrito capitalino.

Semanas después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creara dicho servicio, el funcionario remarcó los cambios que trae aparejado para el territorio porteño.

"La Ciudad de Buenos Aires tiene una firme vocación de asumir plenamente la administración de todo lo que ocurre en su territorio. Un paso decisivo en ese camino fue la creación de un Ministerio de Justicia con rango propio, lo que constituye una señal inequívoca de que la autonomía porteña en general y especialmente en materia judicial, es una prioridad de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno", comenzó diciendo y precisó que "la autonomía judicial tiene unimpacto directo en la vida diaria de los vecinos, ya que define quién interviene y resuelve los conflictos cotidianos. En este sentido, cada nueva competencia que la Ciudad asume fortalece su capacidad de dar respuestas más ágiles y cercanas a quienes viven, trabajan o visitan Buenos Aires todos los días".

Sobre esa misma línea, Quintana recordó que "recientemente se logró saldar una deuda que la Ciudad acarreaba desde hace décadas con los porteños: la creación del Servicio Penitenciario propio. Esto representa un paso más en el camino hacia la plena autonomía, un aporte a la consolidación institucional y un avance concreto para el plan integral de seguridad del Gobierno local".

Y remarcó que "hasta ahora, Buenos Aires era una de las dos jurisdicciones en todo el país sin un Servicio Penitenciario propio, junto con La Pampa. A partir de la propuesta y el impulso del Poder Ejecutivo local, y tras un debate entre diferentes fuerzas políticas, se logró un texto consensuado que permite que hoy exista una política de Estado basada en dos leyes modernas y sostenibles".

"La aprobación por parte de la Legislatura de una política penitenciaria que, por un lado, otorga el marco jurídico para el cumplimiento de condenas y, por el otro, crea un organismo operativo para implementar esa ley, representa un aporte fundamental a uno de los objetivos principales de la actual administración en la Ciudad: orden y seguridad para el vecino", continuó el secretario en diálogo con TN.

Además precisó que dicho sistema está "basado en el modelo del Sistema Integral de Seguridad Pública, esta nueva política brinda el marco necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena y el control por parte del Estado local, pero también la reinserción real a través del otorgamiento de herramientas concretas que tienen como finalidad evitar la reincidencia y proteger a las víctimas. Así, este sistema demuestra un claro equilibrio entre seguridad, reintegración, derechos de víctimas y control judicial".

Por lo que insistió en que "la Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso de restablecer el orden y la seguridad, teniendo como premisa que la custodia, el control y el cumplimiento efectivo de las penas son fundamentales, pero entendiendo también la importancia de ofrecer los mecanismos necesarios para evitar la reincidencia. La mayoría de las personas privadas de su libertad deberán eventualmente reinsertarse en la sociedad, y es esencial que lo hagan de manera ordenada, con un plan de vida orientado a generar un impacto positivo en la comunidad".

En ese sentido, Quintana concluyó señalando que "está nueva política de Estado, que otorga a CABA la competencia plena sobre la ejecución de las penas y el control de los detenidos, al tiempo que resguarda la seguridad de las víctimas y promueve una reintegración que reduzca la reincidencia, ofrece una mirada moderna y equilibrada sobre el sistema penitenciario. Y constituye, en definitiva, un avance más de la gestión vigente para consolidar la seguridad, el orden y la justicia en la Ciudad".

Después de tres meses de intensos debates, comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña finalizaron la ronda de exposiciones en el marco del tratamiento de los proyectos destinados a la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires.

En la reunión se escucharon las intervenciones de la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños; del prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, Gustavo Isaac Plat; de la jueza nacional de Ejecución Penal, María Jimena Monsalve; del abogado de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Ignacio Arriara; del especialista en derecho penal y criminología, Gastón Rojas; y del fiscal Guillermo Nicora, director del área de Cárceles y Políticas Penitenciarias del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales.

Durante la jornada los expositores plantearon diferentes aspectos para en relación al tema que está en debate, tales como la importancia de la formación idónea del personal penitenciario, con protocolos claros en el uso de la fuerza y planes de reinserción social individualizados; la necesidad de que el sistema no se limite a la regulación carcelaria, sino incorpore las otras alternativas al encierro vigentes. Con una agencia de conducción de carácter civil; la visión de fortalecer la autonomía de la Ciudad a través de una normativa propia y de generar una división clara entre funciones de seguridad y tratamiento para la reincersión, con mayor presencia civil y mecanismos de transparencia; y el rol de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de lugares de detención y la importancia de incorporar esas instancias de control al nuevo esquema penitenciario.

El encuentro culminó con la intervención de los presidentes de las comisiones, quienes coincidieron en que se cierra una etapa clave para dar paso a la redacción del texto de la ley.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry (UCR-Ev), destacó que “se escucharon múltiples voces, se trabajó en aspectos técnicos y políticos que nos permitirán avanzar hacia un texto unificando todas las miradas”; mientras que su par por la Comisión de Legislación del Trabajo, Matías Barroetaveña (UP), subrayó que “escuchamos a personas privadas de libertad, asociaciones, jueces, especialistas y al Ejecutivo; ahora nos corresponde a los legisladores trabajar en la redacción”.

Por su parte, Gimena Villafruela, presidenta de la comisión de Seguridad, resaltó que se trata de “una oportunidad histórica para la Ciudad, vinculada con la consolidación de la autonomía y el compromiso de alcanzar consensos que se reflejen en una ley integral”.

Con este cierre, las comisiones comenzarán la tarea de elaborar un dictamen que siente las bases del futuro Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires.

Tal y como viene sucediendo desde hace varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa avanzando con el debate en torno a la creación del servicio penitenciario porteño y comenzó a analizar el armado de una Agencia de Reintegración Social.

De esta manera, el eje central de este encuentro fue la definición del órgano de aplicación para la ejecución de la pena, particularmente la creación de una Agencia de Reintegración Social, que articulará las funciones vinculadas a la seguridad penitenciaria y a la reintegración de las personas privadas de la libertad.

La exposición estuvo a cargo del Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin, quien presentó la compleja situación que enfrenta actualmente la Ciudad. “Tenemos 2.500 personas detenidas en comisarías del sistema federal sin preparación para llevar adelante esa tarea, con falencias también en cuanto a los espacios", explicó.

Por otra parte, según detalló el funcionario, la Ciudad tiene bajo su responsabilidad aproximadamente 500 detenidos a disposición de los jueces locales y otros 500 en diferentes instancias del sistema.

En su exposición, Halperín explicó que el diseño institucional actual no contemplaba custodiar detenidos del sistema federal, lo que obligó a reformular los elementos y el personal para atender esta emergencia. En ese contexto, la Ciudad debió formar a personal policial para cubrir funciones penitenciarias de manera transitoria, ya que todavía no se cuenta con un sistema propio.

De esta manera, la propuesta plantea que en lugar de un servicio penitenciario tradicional, se cree una Agencia de Reintegración Social con un diseño interdisciplinario que contemple dos grandes áreas: por un lado, el Cuerpo de Seguridad Penitenciario, que sea responsable de la custodia, traslados y control de los centros de detención, que esté formado específicamente para el uso controlado de la violencia y sea el encargado de la seguridad externa e interna y control de ingresos; y, por el otro, el Equipo Civil y Profesional, integrado por educadores, psicólogos y especialistas, que esté encargado de implementar el "Plan de Vida" de cada persona condenada, siendo el responsable de promover la reintegración social, tanto para personas en contexto de encierro como para aquellas sin privación de libertad y quienes han transitado por el sistema.

Además, Halperin explicó que la pena responde a un daño hecho en el pasado, pero el Estado tiene la oportunidad de que esa persona adquiera nuevas herramientas para que su vuelta a la sociedad sea no conflictiva".

"Una Agencia es más que el servicio penitenciario: supone un enfoque interdisciplinario, con un cambio que separe claramente las funciones de seguridad de las de reintegración", concluyó el funcionario, destacando que "es difícil que las mismas personas que aplican control y tienen el monopolio del uso de la fuerza cuando se justifica, se ocupen también de la formación y las herramientas para la reintegración".

La propuesta del Poder Ejecutivo ubica la agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, fundamentando que "la ejecución de la pena es una función del sistema judicial" y que "el Poder Ejecutivo asiste al Poder Judicial en la ejecución de la sentencia". También se destacó que la conducción de los establecimientos de detención y de la Agencia debería estar en manos civiles, y que los estándares internacionales serán la base para el diseño institucional y de infraestructura.

Asimismo, Halperin subrayó que la Legislatura tiene autonomía para definir cómo se capacitará a los futuros agentes penitenciarios, ya sea en el actual Instituto de Formación Policial o en un nuevo organismo especializado. La Agencia propuesta "no debe limitarse a la custodia, sino garantizar también el derecho de las víctimas y la reintegración social de quienes cumplen condena".

Tal y como lo viene informando parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa llevando a cabo el debate acerca de la creación del sistema penitenciario porteño y recibió a funcionarios que aportaron su experiencia para seguir trabajando el proyecto.

De esta manera, la discusión se llevó a cabo en el marco de un plenario de comisiones conformado por la de Justicia (presidida por Inés Parry de la UCR-EV), Legislación del Trabajo (Matías Barroetaveña de UP), Seguridad (Gimena Villafruela de VxM) y Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes de la CC ARI).

Del encuentro participaron diversos especialistas para enriquecer el debate parlamentario, como Luis Cevasco, ex fiscal de la Ciudad, compartió su experiencia de más de 50 años en el sistema penal, quien señaló la necesidad de distinguir entre los distintos perfiles de personas privadas de la libertad y reflexionó sobre el trabajo y el deporte como ejes de reinserción.

Por su parte, el abogado penalista Gabriel Lezzi, focalizó en la situación de personas detenidas en comisarías: “ni los lugares ni el personal están preparados para alojar presos” advirtió, en base a lo cual subrayó la urgencia de que la Ciudad cuente con un servicio penitenciario propio y con una ley de ejecución de la pena que regule cómo deben cumplirse las condenas, destacando la necesidad de incorporar herramientas modernas como la virtualidad en audiencias, que reducen costos y riesgos de traslado.

También estuvo presente la Fundación Espartanos, a través de su directora ejecutiva, Dolores Irigoin, quien presentó la experiencia de la organización enfocada en el rugby como puerta de entrada a un proceso de transformación; mientras que el investigador de la UBA Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión Universitaria en Cárceles, planteó la necesidad de separar las funciones de seguridad de las educativas, sanitarias y laborales, que según su opinión, deberían estar en manos de profesionales civiles y con autonomía institucional.

Asimismo, Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, destacó la oportunidad histórica que tiene la Ciudad de “pensar un sistema penitenciario desde cero” y Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, relató su experiencia como magistrado a cargo del control de cuatro cárceles en Ezeiza, consideró fundamental diferenciar las problemáticas de varones y mujeres y recomendó agrupar a los internos por edad y tipo de delito.

En el marco de un debate que lleva ya varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa avanzando con la discusión en torno a la creación y régimen jurídico del servicio penitenciario de la Ciudad y la ejecución de la pena privativa de libertad.

De esta manera, un plenario de comisiones conformado por las de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo volvió a reunirse con diputados y funcionarios porteños.

El encuentro se llevó a cabo en el salón San Martín y contó con la presencia de Inés Parry, María Fernanda Mollard (UCR-Ev), Gimena Villafruela, Sergio Hernán Siciliano, Paola Michielotto, Ignacio José Parera (VxM), Matías Barroetaveña, Claudia Neira, María Bielli, Victoria Freire, Franco Vitali, Graciana Peñafort, Claudio Ferreño (UP), Rebeca Fleitas, Silvia Imas (LLA), Yamil Santoro (RU) y Claudio Ariel Romero (VF). También estuvieron en el recinto el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin, junto a su equipo.

Halperín fue el encargado de seguir profundizando sobre distintos ejes de discusión que fueron planteados a lo largo de las jornadas anteriores. Al respecto, manifestó que “la ley 24660 plantea un modelo de tratamiento individualizado en función de los criterios que surgen desde el inicio de la pena privativa de libertad como consecuencia del delito” y aseguró que “el desafío es darle un valor agregado”.

En cuanto a la soltura, según el funcionario, no se “prevé ningún plazo diferente al de la Nación, pero sí prevé hacer distintas cosas en las etapas intermedias” y detalló que el Ejecutivo propone tres etapas: “la primera que es de observación durante un período muy corto, ya se trate de privados o no de libertad. En ese sentido proponemos que el Estado se ocupe de todos los condenados, y no solamente de los que van a estar en la cárcel” la cual clasificó como “una mirada nueva”.

Una segunda, de tratamiento, según el diagnóstico previo, las condiciones de infraestructura que el Estado tiene en contexto de encierro, los recursos que el Estado ponga a disposición y, fundamentalmente con el acuerdo que la persona haga del plan de actividades en el marco del Plan de Vida.

Y, la tercera y última describió como “la de prueba, que también tiene un plazo temporal”.

Respecto al tema sobre las medidas sustitutivas al encierro aclaró que “se toman los criterios temporales de similares características de la legislación vigente en el país” pero destacó que en relación a situaciones de madres y a padres, o a otro tutor parental, con hijos menores de cinco años y con alguna discapacidad no se contempla “para ambos a la vez, sino, a uno u a otro”, a lo que calificó como algo “innovador” y profundizó que “también, en estos casos, va a haber Plan de Vida para esas personas”.

En un plenario de comisiones conformado por la de Justicia -que preside Inés Parry (UCR-Ev)-, Legislación del Trabajo -a cargo de Matías Barroetaveña (UP)-, Seguridad –conducida por Gimena Villafruela (VxM)- y Asuntos Constitucionales -encabezada por Hernán Reyes (CC ARI)-, se reunió con el subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperin, para trabajar sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en la Ciudad, en el marco de la ley de creación del sistema penitenciario porteño.

La discusión giró en torno a derechos y obligaciones en el ejercicio del poder disciplinario de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro. El trabajo se centra en el proyecto de Ley presentado por el poder ejecutivo y la consideración de distintos proyectos impulsados por diferentes bloques para encontrar un texto unificado que pueda ser debatido en el recinto.

Entre los temas abordados está el desarrollo de un “Plan de Vida” que impulse a las personas condenadas a estar incluidas dentro de distintos programas durante el cumplimiento de la condena: de educación, trabajo, cultura y salud.

También se planteó que la oferta del Plan de Vida sea opcional y no tenga implicancia en la reducción de la pena, persiguiendo la idea de que nada altere la condena fijada, buscando que se respeten los contextos de encierro obligatorios.

En cuanto a las instalaciones, en los planteos está la necesidad de diferenciar ciertos lugares para cuestiones particulares, como mujeres embarazadas o establecer condiciones diferenciadas de alojamiento a jóvenes de 18 a 25 años.