La diputada presentó un proyecto que plantea el otorgamiento de líneas de crédito especiales para el inicio del ejercicio profesional para jóvenes y recién graduados universitarios y terciarios.
La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley que propone un programa de impulso laboral para recién graduados porque “la responsabilidad del Estado no debe finalizar en el otorgamiento de un título”.
El proyecto plantea el otorgamiento de líneas de crédito especiales para el inicio del ejercicio profesional para jóvenes y recién graduados universitarios y terciarios.
“La ciudadanía argentina tiene la posibilidad de formarse tanto en establecimientos públicos como privados. Sin embargo, la responsabilidad y el compromiso de nuestro sistema educativo y, principalmente del Estado, no debería finalizar con el otorgamiento de un título, sino que se debe garantizar también la posibilidad del ejercicio de la profesión. En este sentido, debemos pensar políticas públicas que acompañen a quien se haya graduado para que logre una inserción laboral independiente”, manifestó la legisladora radical.
Según explicó la diputada, a través del Banco Nación, se podrán ofrecer líneas de crédito para la apertura y adecuación de oficinas, consultorios y los espacios físicos necesarios para el ejercicio de una profesión. Además, será posible brindar financiación para la compra de insumos, herramientas u otros bienes muebles.
“El objetivo primordial de la norma es acompañar a las personas con menos recursos y tornar posible un rápido, efectivo e independiente ejercicio de la profesión”, argumentó Tavela.
El proyecto establece que para acceder a las líneas de crédito no se requerirá a los beneficiarios ningún tipo de requisito más que acreditar su calidad de graduado en los últimos dos años.
El programa de crédito contempla 10 millones de pesos en préstamos a empresas, jubilados, pensionados y trabajadores que cobren haberes en la entidad crediticia.
Con motivo de cumplirse los 40 años de la restauración de la Democracia en Argentina y el día de la Memoria -el 24 de marzo- la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, junto a la gerenta general del BNA, María Barros y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, anunció la puesta en marcha de un programa de financiamiento por $10.000 millones destinado al segmento de banca personas y a MiPyMes de todo el país, con tasa preferenciales del 40 % y condiciones especiales.
En la oportunidad, Batakis destacó “el compromiso del Directorio, las gerencias y de todo el personal por el acompañamiento en el lanzamiento de la línea especial para conmemorar los 40 años de democracia, con condiciones preferenciales, a una tasa de interés del 40% y que apunta a honrar la memoria de quienes nosotros no queremos olvidar”.
En ese contexto, además, recordó que el último golpe cívico-militar “también hizo una profunda reforma del sistema económico, y aún tiene tentáculos hasta el día de hoy. Por eso necesitamos fortalecer la Democracia y perfeccionar este sistema que es el mejor para alcanzar el bienestar de un país".
En una primera etapa, el programa contempla una línea de crédito para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de todos los sectores económicos, que posean convenio de haberes y cumplan con las condiciones de reciprocidad con la entidad.
El destino será para inversiones en general y para recomposición de capital de trabajo y cuenta con una tasa nominal anual combinada del 40%, durante el primer año, y luego BADLAR más 7 puntos porcentuales anuales (PPA) para el resto del período. El monto máximo a prestar será de hasta $40 millones para inversiones y hasta $10 millones para capital de trabajo. El plazo alcanza hasta 60 meses para el primer caso y de hasta 18 meses para capital de trabajo.
Otra de las líneas del programa está destinada a financiar a personas humanas pertenecientes al segmento micro. Se trata de un préstamo con garantía a sola firma y con destino a inversión y capital de trabajo. El plazo de amortización será de 24 hasta 40 meses, y de 18 meses, respectivamente y tendrá una tasa de interés combinada que se estableció en 40% TNA Fija y luego del 53%.
Por último, la línea de préstamos personales para jubilados, pensionados y retirados en general y para quienes perciban sus haberes a través del BNA. El destino es amplio, de 24 y 40 meses de plazo, con un monto máximo de hasta $1.000.000 y con una tasa nominal anual fija de 40% durante el primer año, y luego, de 48%. El anuncio se realizó en el acto por el 47° aniversario del último golpe cívico militar que tuvo lugar en el Hall Central de la entidad, donde se homenajeó a los 31 empleadas y empleados detenidos y desaparecidos del Banco Nación, víctimas del Terrorismo de Estado.
Durante el evento, Batakis estuvo acompañada por los integrantes del Directorio, José Ballesteros, Cecilia Fernández Bugna, Julia Strada, Martín Pollera, Martín Ferré y Raúl Garré. Asimismo, estuvieron presentes la Gerenta de Investigaciones Económicas del BNA, Karina Angeletti; la Gerenta de Género, Diversidad y DDHH, Julia Pérego, entre otros funcionarios de DDHH y familiares de los 31 bancarios desaparecidos durante la dictadura.
Será de 40 mil millones de pesos para comprar maquinaria agrícola y 100 millones de dólares para financiar exportaciones.
La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, anunció hoy créditos –con tasas bonificadas- por $40 mil millones para el sector agropecuario, que se podrán destinar a la compra de maquinaria agroindustrial de fabricación nacional, ampliar la producción y para contener el impacto generado por la sequía y la emergencia climática, en tanto se dispondrán otros U$S 100 millones para financiar exportaciones de bienes y servicios generados en el campo.
El anuncio lo realizó Batakis, en el marco de la inauguración del stand del Banco Nación en la Expoagro 2023, que se realiza en la ciudad de San Nicolás hasta el próximo viernes 9 de marzo, y que contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ De Pedro, y el secretario de Producción, José De Mendiguren.
La titular del Banco Nación expresó que “el sector agropecuario es uno de los motores fundamentales del entramado productivo nacional. Está en nuestra naturaleza participar activamente en estas importantes muestras, apuntalando los esfuerzos de todos productores agropecuarios con el diseño de herramientas de financiación que nos permitan acompañarlos en el desarrollo y crecimiento de sus negocios”.
“Con esta participación y estos recursos, queremos ratificar –una vez más- la decisión de acompañar al campo ofreciendo financiamiento a tasas muy competitivas, reforzando su política de asistencia crediticia”, acotó.
Batakis puso de relieve el hecho de que “la cadena productiva del agro tiene en el Banco Nación a un aliado estratégico al momento de definir y financiar la compra de insumos, la renovación de maquinaria u otros bienes de capital, con las tasas y los plazos más competitivos del mercado”.
Acompañaron a Batakis el vicepresidente segundo del BNA, José Ballesteros, los directores Martín Pollera, Martín Ferré, Julia Strada y Raúl Garré; el síndico Marcelo Costa; la gerenta de Investigaciones Económicas, Karina Angeletti; la gerenta General, María Barros; el Subgerente General Principal de Negocios, Gastón Álvarez; el subgerente General Principal de Planeamiento, Administración y Gestión de Riesgo, Carlos Rovetto; y el subgerente General Principal de Tecnología, Javier Zamparolo.
Las propuestas del BNA en Expoagro 2023 son: Disponibilidad de créditos por $ 22.500 millones, con 11 puntos de bonificación de tasa; US$ 100 millones para financiar exportaciones; Tasa de interés: fija en pesos, 39,50%, hasta 25 millones de pesos por MiPYMe, plazo 4 años; Reintegros de $ 50 mil por consumos realizados con AgroNación por mujeres 180 Rondas de Negocios; $ 2500 millones con 25 puntos de bonificación de tasa; 8 encuentros con especialistas; Más de 800 empresas asociadas a BNA Conecta; y 1200 metros cuadrados de stand.
Se había establecido un cronograma para que en un tiempo perentorio se avanzara hacia un dictamen, pero eso no se cumplió y no hay perspectivas de tratamiento.
Una de las promesas de campaña de Cambiemos fue la vuelta de los créditos hipotecarios, que llegaron de la mano de los créditos UVA, que como consecuencia de una inflación desenfrenada se han visto desvirtuados, transformándose en una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de 120 familias que accedieron a dichos créditos.
Se trata de un tipo de préstamos hipotecarios lanzados en 2016, que ajustan su valor por inflación. Llegaron para dar dinamismo a un mercado muy deprimido desde el fin de la convertibilidad, pues los bancos habían abandonado los créditos hipotecarios a tasa fija, solicitando elevadas tasas de interés y mayores requisitos.
Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, en 2012 surgió el Plan Procrear, que consistía en créditos a tasa subsidiadas, pero por sí solos no alcanzan a compensar el déficit habitacional, pues el sector público no tiene capacidad de movilizar los recursos necesarios para abastecer la demanda, y los bancos no podían competir contra las tasas de este plan, muy por debajo de la inflación.
Así las cosas, el crédito hipotecario en 2016 había pasado de casi 6% del PIB a 0,7%.
La unidad UVA nació el 31 de marzo de 2016, a un valor de $14,05. El valor inicial de una Unidad de Valor Adquisitivo a esa fecha se fijó de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo. Dado que el metro cuadrado testigo se ubicaba por entonces en $14.053, el valor inicial de la Unidad de Valor Adquisitivo fue de 14,053 pesos. Es decir, $14,05 para redondear.
Durante ese año subió un 22,85%, llegando al valor de 17,26. A lo largo de 2017, varió un 22,54%, alcanzando al 31 de diciembre de 2017 el valor de 21,15. Hoy su valor roza los $140.
La nueva línea de créditos UVA anunciada por el entonces presidente Mauricio Macri establecía una evolución de las cuotas con la inflación medida por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Estos préstamos tienen un plazo máximo de hasta 30 años.
Estas formas de actualización por inflación permiten un más fácil acceso a los créditos, generaron que sea más fácil acceder a los créditos, debido a que la cuota inicial es más baja que la que existía antes, pero que haya más riesgo de repago a futuro.
Sucede que en los créditos con cuotas actualizables, la cuota inicial es baja y va aumentando junto con la inflación. Lo contrario sucede con los créditos a tasa fija, cuyas cuotas comienzan siendo elevadas y como el costo de cada una se mantiene en el tiempo, su valor real va cayendo con el transcurrir de los años.
El aumento del UVA fue del 37% anual, desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 5 de enero de 2022. En esa fecha pasó al 39% anual, valor que se modificó el 17 de febrero de 2022, subiendo al 41,5% anual.
Con la introducción de los UVA, inicialmente existió un auge en materia de créditos hipotecarios, que pasó a ser del 1,3% del PIB. Sin embargo, para 2019 un crecimiento se estancó y comenzaron los congelamientos de cuotas. A partir de 2021, se modificó el sistema con la fórmula Hog.Ar, que sigue la evolución salarial, con un tope mensual de 2% por encima de la inflación en el caso de que el salario aumentara por encima de la inflación.
Un informe de IDESA sobre el funcionamiento del sistema, precisa que entre abril de 2016 y diciembre de 2019, UVA (221%) e inflación (227) aumentaron a la par. Eso sí: el salario formal aumentó muy por debajo de las cuotas: 18%. Sin embargo, el deudor tomó un crédito para adquirir una propiedad dolarizada, con un dólar paralelo que subió el 386%. De tal manera, si bien su salario aumentó menos que su pasivo (la deuda), también se da que su activo (el inmueble) aumentó por encima de la deuda.
A la hora de precisar pros y contras del sistema, IDESA pone este ejemplo: supongamos que un trabajador formal que recibe un salario promedio (RIPTE) tomó un crédito UVA en abril de 2016 para adquirir una propiedad por 100.000 dólares. Como la relación préstamo/valor de la propiedad oscilaba entre 60% y 80% - asumamos un 70%-, por lo tanto, se otorga un crédito UVA equivalente a USD 70.000.
Consideremos, a su vez, condiciones estándar del mercado en aquel momento: crédito a 20 años, con una tasa UVA + 4% anual en un banco público y una relación cuota/ingreso inicial de 35%. De esta manera, el crédito será de 73.310 UVA (aproximadamente $1 millón de pesos en el momento inicial) y se paga una cuota inicial de unos $6.300 mensuales.
Bajo estas condiciones, para diciembre de 2019 el peso de la cuota respecto al salario se incrementó desde el 35% inicial a un 40%. No obstante, el peso del préstamo en relación al valor de la propiedad disminuyó del 70% inicial al 40%. Si bien es cierto que afrontar las cuotas UVA se hizo más difícil, también se hizo más difícil pagar un alquiler.
La conclusión es la de siempre: la elevada inflación que los sucesivos gobiernos no han logrado controlar, hace que cualquier sistema resulte inviable. Aunque también es cierto que la situación patrimonial del deudor mejoró, por cuanto el valor del inmueble aumentó por encima de la deuda.
El problema se le planteó al propio gobierno de Macri, con los picos de inflación de 2018 y 2019. Tras el resultado adverso en las PASO, el presidente de entonces dispuso el primer congelamiento de las cuotas. El mantenimiento del valor para viviendas valuadas en hasta 140 mil UVA, se mantuvo entre septiembre y diciembre de ese 2019 y Macri anunció que el Estado se haría cargo de la diferencia.
En campaña, Alberto Fernández planteó que en caso de ganar ofrecería “un plan de salida” para los tomadores de esos créditos hipotecarios. Hablaba de desdolarizar la cuota que se pagaba. “Y desdolarizar el precio”, añadió. Ahora bien, ya como presidente -según recuerda el sitio chequeado.com- planteó que su gobierno ya había brindado una solución al prorratear en 12 meses el pago del 26% de aumento acumulado de los 5 meses en que las cuotas habían estado congeladas.
Pero fue más lejos al advertir que esos préstamos eran contratos “entre particulares”, que establecían una cláusula de indexación que fue aceptada.
El primer día hábil de enero de 2020, el presidente Fernández prorrogó por ese mes el congelamiento de las cuotas, y el 28 de enero de 2020 el Banco Central anunció que a partir de febrero de ese año la diferencia sería pagada por los deudores y los bancos mediante un mecanismo de convergencia, contrariamente a lo que había dicho Macri respecto de que la diferencia sería afrontada por el Estado.
Lo cierto es que Macri dispuso un congelamiento y Alberto Fernández luego otros tres, pero son salidas temporales que postergan una solución de fondo. Es así que la última semana el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para extender las condiciones establecidas por el DNU 767/20, que venció el 31 de julio pasado, para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.
El proyecto de declaración de Cobos, a quien acompañan Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre, pide al PEN diagramar un nuevo esquema de convergencia, a partir del 31 de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.
El último decreto establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos.
En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.
Impulsor de los UVI como alternativa de crédito para acceder a la vivienda -que recuerda haberle ofrecido en su momento al entonces presidente Macri y que este escuchó con interés, mas no implementó-, Julio Cobos ha venido mostrando su interés desde hace mucho tiempo para encontrarle una solución a este grave problema. El 13 de abril de este año había presentado un proyecto para renegociar los contratos, pero luego fue más allá al tratar de forzar junto a otros diputados de JxC una sesión especial para tratar esa problemática.
Alentado por lo que ya habían logrado con el tratamiento de la Ley de Alquileres, un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar Boleta Unica, el 28 de abril pasado, solicitaron al presidente de la Cámara baja convocar a una sesión especial el jueves 5 de mayo para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA. La propuesta suscripta por 28 diputados radicales contemplaba el tratamiento de dos proyectos: ese que el propio Cobos había presentado dos semanas antes, y otro del exdiputado Alvaro De Lamadrid denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.
La movida tenía como intención forzar el tratamiento del tema, mas no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo, que se alcanzó el 3 de mayo, cuando se acordó armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación. El presidente de la Cámara emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado.
El acuerdo suscripto entre Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri y Julio Cobos hablaba de “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.
Las comisiones que se ocuparían de trabajar en el tema serían las de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que convocaron a una reunión informativa el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito. En esa ocasión, la titular de Finanzas, Alicia Aparicio, contó que habían acordado llevar adelante dos reuniones informativas y una reunión de debate.
En representación del colectivo UVA, la primera oradora dejó bien establecido el eje del problema. María Luisa Schwab, integrante de Hipotecarios UVA Tandil contó su situación personal a partir del hecho de haber pedido un crédito para construir en mayo de 2017 en un lote de su propiedad: “Nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero esperada”, contó, asegurando que “no hubo especulación por parte nuestra. No hicimos negocio, como algunos dicen”, y cuestionó “el aumento desmedido de las cuotas”.
“Ya hemos devuelto el monto otorgado y de ahora en más todo es ganancia de los bancos”, sintetizó.
A continuación habló Iván Kerr,exsubsecretario de Vivienda durante la gestión Cambiemos. “Durante 2016 el BCRA creó la UVA, que permitió que muchas familias de ingresos medios pudiera comprar su vivienda”, recordó, destacando el “boom” que generó entonces ese sistema, que rige hoy sin problemas en países vecinos. Pero admitió que la inflación generó problemas que trataron de atender adecuando el nivel de incremento de las cuotas, a través de un fondo fiduciario creado a esos fines que se aplicó para deudores del Procrear y del UVA.
“En noviembre de 2019 presentamos un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas se comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado”, recordó, con el fin de “proteger a los deudores, pero también mejorar la calidad del crédito hipotecario para que volviera a ser utilizado en el futuro”. Sugirió como solución crear un fondo de compensación “simétrico”, para que los tomadores de créditos paguen sus cuotas ajustadas por salarios, y que los bancos sigan percibiendo las cuotas ajustadas por el CER y la UVA, vía un fondo compensador, cosa que funciona en otros países de manera “rentable”.
Kerr concluyó asegurando que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo. Hasta que eso no ocurra, este fondo compensador puede ser una herramienta para dar seguridad a quienes tomaron créditos hipotecarios”.
Durante el debate, se escucharon expresiones como la de Adrián Daniel Albor, presidente de una asociación civil que patrocina a deudores, que expresó la conclusión de que “los bancos se han convertido en lo micro en lo que el FMI es en lo macro a los estados”. Lo contradijo el economista Lucas Llach, quien también fue funcionario de la gestión anterior, que negó que ese fuera “un negocio de los bancos”. Y pensando a futuro, advirtió que “si queremos que el deudor pague menos de lo que se comprometió a pagar, estamos diciendo que haya pocos incentivos para el prestamista, que no es el banco sino los depositantes (…) Si no hay nadie que preste, no hay crédito”.
Llach le reclamó al Congreso “permitir que siga existiendo el crédito en la Argentina, y por lo tanto la indexación”, aclarando que la cuota UVA es el crédito más estable, pues contempla lo que fue la inflación en el mes anterior, por lo tanto “su variabilidad es mucho menor a la variabilidad que tienen todos los demás ítems”.
Advirtió por último que si se compensara a solo un grupo, que son los tomadores de créditos, habría que compensar también a los otros 47 millones de argentinos.
“El sistema UVA no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda. Cualquiera que entiende un poco sobre el funcionamiento del mercado del suelo sabe de la formación de la renta y de las expectativas alcistas en contextos especulativos”, sostuvo por su parte la diputada Romina del Plá.
Una defensa encendida del sistema de créditos fue la que hizo Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda de CABA, que destacó que “hoy la mora es del 1,3%”, remarcando que los países que utilizan este tipo de sistema siguen manteniéndolos y relacionó todos los problemas a la inflación. “Es cierto, el capital aumenta”, reconoció, aclarando que “cada vez se venden menos UVA, pero todos los meses se deben pesos, que ajustados por inflación valen menos”.
Por el colectivo de créditos hipotecarios UVA, Perla Figueroa comentó entre lágrimas su situación personal, y concluyó con un pedido: “Ustedes tienen esta oportunidad de transformar nuestras vidas y las de los que podamos tomar los créditos de ahora en más”.
La segunda reunión informativa tuvo lugar el 29 de junio pasado, con testimonios en primera persona como el de Sebastián Saúl Ignacio, representante de UVA Necochea, quien contó que había tomado un crédito a través del Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó pagando una cuota de 11 mil pesos y “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.
¿Qué pasa si un tomador de crédito no puede pagar? Si se atrasan con el pago de tres cuotas consecutivas, sus viviendas podrán ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución. Ernesto Páez, representante de Hipotecados UVA de Mendoza, expresó en esa segunda reunión informativa que “aunque haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. Por eso reclamó “una solución definitiva y de fondo”, porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”. Y en la situación actual, “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.
Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón sugirió que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.
Sobre el final de esa reunión, el diputado Cobos planteó el siguiente ejemplo: hoy día, el Banco Provincia da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%, con una cuota inicial de 410.915 de pesos y solicita más de un millón de pesos de ingresos. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso requerido, más de 200 mil pesos.
El mendocino opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso”, lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”. Así las cosas, planteó que “el problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.
En ese marco reconoció que había “mucha coincidencia” entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, ni se iban a cumplir: habían fijado 30 días para emitir dictamen y llevaban casi 60, sin siquiera ponerse a discutirlo.
Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente, para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. En efecto, las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía.
Por eso fue que el 11 de agosto pasado, ya con nueva presidenta al frente de la Cámara, el propio Cobos junto a Mario Negri le enviaron a Cecilia Moreau una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UVA.
“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.
Siendo el de la vivienda uno de los mayores problemas que tiene un país en crisis como la Argentina, no debe llamar la atención que tanto el debate sobre los créditos UVA y el de la Ley de Alquileres estén empantanados hoy en Diputados. Y que ambos tengan el mismo problema común, que hace imposible encontrar una solución que satisfaga a todos: una inflación elevada.
Cuáles son las novedades que trae esta nueva edición del Plan Procrear. Cómo acceder a los préstamos personales.
La nueva edición del Plan Procrear lanzada por el presidente Alberto Fernandez a comienzos de mes, luego de haber cerrado el acuerdo con los bonistas privados -lo que permitió contar con un margen de libertad para disponer de fondos-, viene con importantes novedades en comparación con los planes anteriores.
El programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, cuya actual ministra es María Eugenia Bielsa, y a través del mismo se destinarán 25 mil millones de pesos con el objeto de garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario.
Dentro del Procrear se han desarrollado nueve líneas de diversas modalidades de créditos entre los que se diferencian los préstamos personales e hipotecarios. En total se otorgarán, al menos en esta edición, 300.000 créditos para refacción, mejoramientos y ampliación de hogares, así como para la construcción de 44.000 nuevas viviendas.
Para el caso de los préstamos hipotecarios, estos se destinan a la ampliación de hasta 20 metros cuadrados y para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados, tanto en lotes Procrear o propios (escriturados antes del anuncio del programa). También puede ser solicitado para la adquisición de lotes con servicios, desarrollos habitacionales y urbanísticos. La principal novedad en esta línea es el cambio en la modalidad por la cual se actualizarán los montos de las cuotas. Desde 2016, en las ediciones anteriores del Procrear, el valor de las mismas se modificaba de acuerdo al sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) el cual se actualizaba con la variación de la inflación. De acuerdo al reciente anuncio, la nueva fórmula HogAr se basará en la evolución salarial. Específicamente se sujetará al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a ello también se sumará la variación de la inflación pero sin poder superar el tope de 2%, basándose en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el Banco Central.
Del total de los créditos que serán otorgados por el Programa, 240.000 son préstamos personales por montos que oscilan entre los $50.000 y $500.000 y con tasas fijas de interés. Las líneas habilitadas son cuatro y varían de acuerdo a las obras para las que pueden ser aplicadas: Microcréditos, Mejoramientos Refacción, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables.
En cuanto a la primera modalidad, los Microcréditos para Mejoramientos es uno de los dos tipos que ya se encuentran habilitados junto con el de Mejoramientos Refacción.
En el caso de los Microcréditos, se entregarán 120.000 de los mismos con montos de $50.000 con una tasa de interés fija del 24%. Se trata de una oferta interesante para realizar pequeñas reparaciones y obras considerando que los créditos para la construcción existentes en el mercado presentan costos financieros bastante más altos. Tan solo a modo de comparación se puede observar el préstamo personal “Ampliación de Vivienda” disponible por el Banco Hipotecario presenta una tasa fija en pesos del 101%.
La modalidad de Microcréditos se orienta a la compra de materiales y realización de obras de pequeño porte tendientes a al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad como por ejemplo obras de carpintería, pisos, instalaciones de gas, eléctricas o sanitarias, pintura, filtraciones, terminaciones de núcleo húmedo, etc.
A los fines de inscribirse válidamente y poder solicitar un préstamo dentro de esta línea, se establecen una serie de requisitos vinculados tanto al solicitante como a su grupo familiar:
Para esta modalidad de préstamo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya habilitó la inscripción a través de su sitio oficial.
Como sucede en todas las épocas de crisis, a pesar de los preocupantes datos de la economía, estos también suelen ser momentos de oportunidad para quien cuenta con los recursos o puede acceder a servicios financieros. Es lo que sucede actualmente con aquellos que necesitaban realizar obras en el hogar, según informa la revista especializada Reporte Financiero que explica que el valor total para refacciones a fondo en un baño o una cocina por ejemplo, se volvió a retrasar durante el último trimestre. El contexto es más beneficioso aún para quien cuenta con dólares en su poder ya que debido a la devaluación los costos para realizar obras en cocinas y baños se encuentran en mínimos históricos con una baja de casi el 60%.
Lo mismo sucedería con quienes fueran beneficiarios de créditos como los lanzados por el gobierno ya que las tasas de interés son realmente competitivas en comparación con los demás servicios financieros ofrecidos actualmente y que además permite realizar obras que implican gastos extraordinarios para el bolsillo de la mayoría de los hogares y amortizarlas pagando el valor de forma mensual, máxime si se tiene en cuenta el accionar de la inflación sobre los precios de los materiales.
Esta operación que miles de personas realizaron potenció, sobretodo, la venta de vehículos de alta gama, por lo que muchas agencias que los comercializan se quedaron en las últimas semanas sin stock.
Un importante incremento en la comercialización de autos que son 0km se produjo en el mes de junio del 2020 en virtud de varias razones, a partir de las cuáles las concesionarias, tanto de unidades usadas como nuevas se encuentran sin dudas que atravesando un muy buen momento. De acuerdo a datos que fueron brindados desde la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en junio se vendieron a nivel país una cantidad total aproximada de 36.931 de vehículos.
Estos números sin lugar a dudas son mucho más altos que los que se registraron en el mes de mayo del 2020, es decir, un mes antes. De hecho en mayo se vendieron aproximadamente 21.015 autos cero kilómetro, por lo que en junio el crecimiento fue estimado en un 74%. Y no sólo eso, respecto del 2019 se vió crecimiento que alcanza hasta el 2.3%.
La primera y una de las más importantes razones por las que se puede ver un aumento considerado en la venta de autos que son cero kilómetro es el incremento que se produjo en la cotización del dólar “blue”, producto de que pueden cambiar en el mercado paralelo y obtener así una importancia ganancia, siempre teniendo en cuenta que los autos en las concesionarias se cotizan a dólar oficial. Esta operación que miles de personas realizaron potenció, sobretodo, la venta de vehículos de alta gama, por lo que muchas agencias que los comercializan se quedaron en las últimas semanas sin stock, esperando la pronta reposición. Un ejemplo concreto puede ser el siguiente: si un auto cuesta a dólar oficial USD 15.000, con una cotización actual del Banco Nación en $74,5, sería en pesos $1.117.500, pero si tiene que llegar a ese monto en pesos argentinos vendiendo dólares en el mercado paralelo, sólo va a necesitar vender unos USD 9.300 aproximadamente.
Un segundo factor fundamental para que se hayan producidos ventas masivas de autos en el mes de junio fue la cuestión de que hubo diferentes planes de auto financiados a largo plazo, por parte de casi todas las marcas, muchas de ellas con apoyo de distintas entidades financieras y bancarias. Los financiamientos en cuotas fijas es de hecho lo que más están buscando los compradores de autos nuevos, pero a eso se suma la cuestión de que algunas marcas ofrecieron promociones, bonificaciones y descuentos que en algunos casos pudieron llegar hasta los $300.000.
Están quienes aprovechan el dólar “blue” y su amplia brecha con el oficial como antes mencionamos y pagan el auto en efectivo. Pero están también los que eligen directamente hacer una financiación en cuotas fijas, a través de los bancos, por ejemplo. Esta posibilidad está más que latente porque prácticamente todas las marcas están ofreciendo préstamos que no tienen ningún interés (es de 0%) con plazos de hasta 2 años, algo que puede ser muy atractivo teniendo en cuenta la inflación que mes a mes hay en Argentina.
Por otro lado están los planes de ahorro también, que si bien en los últimos años dejaron de tener los miles de suscriptores mensuales que tuvieron años antes, son hoy en día una posibilidad sin dudas para quienes acceder a un cero kilómetro. Lo bueno es que estos planes, a los fines de poder ofrecer cuotas más bajas mes a mes, se alargaron hasta las 120 cuotas, a diferencia de lo que sucedía antes que eran de hasta 84 cuotas.
Es un comentario muy común entre quienes son vendedores de autos: “quienes tienen los dólares billete, terminan ganando”. Esto se debe a que se puede ver que en el mercado actual, hay algunos modelos que si alguien tiene dólares en mano, quedaron realmente muy bajos, siempre en comparación de años anteriores como fue el caso del 2018 y del 2019, que también fueron malas épocas para las concesionarias.
Ejemplos claros y concretos podemos ver en modelos como el Peugeot 208, que alguien puede ir y llevarlo de la concesionaria por la suma de 8.092 en dólares; también el Ford Ka que está valuado en unos 7.381 dólares, pero que pueden ofrecerle descuentos de hasta $100.000, por lo que en dólar “blue” serían unos 6.800 dólares. Otro auto que puede ser una buena opción es el Renault Sandero, que puede comprarse en la concesionaria por la suma de 7.568 dólares billetes. Y en el mundo de las camionetas, que son las que desde hace varios años lideran los rankings de los vehículos más vendidos, debemos decir que podrán acceder a una Toyota Hilux quienes cuenten con dólares en mano por una suma que comienza en tan solo 14.400; o bien, se podrá retirar una Volkswagen Amarok por un monto de 15.900 dólares.
Por tener cada vez más ventas, principalmente acentuadas en el mes de junio, las concesionarias de autos están teniendo el inconveniente de no contar con el stock suficiente de unidades que los usuarios requieren cuando acuden a los salones, previo a tener su turno. Uno de los problemas más importantes que tienen los vendedores, de acuerdo a lo que remarca el Sr. Ricardo Salomé que es el presidente de ACARA, está en los vehículos importados. Este tipo de vehículos tienen una demora aproximada de entrega por el momento de 3 meses, debido a que ellos con una debida anticipación tienen que solicitarlo.
Lo primero que aguardan las concesionarias en el corto plazo es poder reponer aproximadamente unos 13.000 vehículos que ya se encuentran vendidos y que sus dueños están esperándolos, algo que sin lugar a dudas todos los días sorprende a los concesionarias, que si bien son muy precavidos, están por demás optimistas por este “verano” que pueden tener de ventas en medio del desplome en Argentina y a nivel global de la economía. Al mismo tiempo, aguardan que en los próximos meses se anuncien nuevas medidas por parte del Gobierno Nacional a los fines de apoyar el sector, ya sea con subsidios en los precios o con planes de financiación a mediano plazo principalmente.
Para eso, el legislador mendocino prevé la creación de un Régimen del crédito y la financiación para consumo de proveedores no financieros.
El diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto que busca sancionar un marco regulatorio para el crédito y la financiación para consumo emitida por proveedores ajenos al sistema financiero (aquella que no corresponde a bancos o tarjetas de crédito por ser regulada por leyes específicas y las reglamentaciones del BCRA), que proteja a los usuarios y consumidores frente a la usura, las prácticas abusivas de los proveedores y a posibles situaciones de sobreendeudamiento.
Al referirse a su propuesta, Ramón recuerda que durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri se observó con preocupación la creciente inauguración de casa de créditos personales e incluso, la emisión de este tipo de créditos por parte de instituciones nacionales como ANSeS. Ese crecimiento fue dado por varias razones económicas, pero dos impulsaron a muchas personas, incluso muchos jubilados y pensionados a contraer créditos personales; esas razones fueron la creciente y sostenida inflación que dejó los salarios por el piso, y la reforma de la fórmula de jubilaciones que determinó bajos aumentos.
Ramón recuerda que el impulso a que se tomen ese tipo de créditos, con tasas altísimas aun siendo muy poco el dinero prestado, generó que miles de argentinos y argentinas entraran en un sistema usurario, donde terminaban adeudando mucho más de lo prestado, y lo que es peor, muchas veces ese dinero solicitado era utilizado para compras alimenticias, frente a la imposibilidad de que un salario o jubilación mínimos alcanzara para la misma compra.
Las fuentes del proyecto del legislador mendocino son distintas iniciativas presentadas por sus pares en su paso por el Congreso de la Nación, así como sentencias del Poder Judicial y los aportes de nuestra doctrina nacional, las cuales se recuperan a efectos de lograr un régimen de protección integral, ahora complementado con el aporte de la ciudadanía a través del presente mecanismo de participación.
Ramón prevé crear un Registro Nacional de Proveedores de Crédito y Financiación para Consumo, el cual resultaría de inscripción obligatoria para la emisión de crédito y/o financiación destinada a usuarios y consumidores, el cual se encuentra bajo la órbita de la autoridad nacional de aplicación de la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor).
Asimismo establece la determinación de tasas máximas para los intereses que estos créditos o financiaciones pueden tener (costo del servicio crediticio o de la mora), así como la represión de las cláusulas o prácticas constituyan el fraude a estos límites legales.
El líder del partido Protectora impulsa el reconocimiento de nuevos derechos a los usuarios y consumidores, de mecanismos de prevención del sobreendeudamiento o saneamiento de la mora, y del régimen de la prescripción de las deudas que originan estos servicios. Sugiere además la implementación de mecanismos que prevengan y disuadan a los proveedores de desarrollar prácticas abusivas e ilícitas, en los cuales se contempla la reparación del usuario o consumidor perjudicado en la misma sanción.
En caso de transformarse en ley, el proyecto incorporará nuevos delitos penales “de consumo” propiamente, en los cuales se reprime estar particulares modalidades de usura o coacción; y la incorporación de mecanismos judiciales para la prevención y reparación de estas prácticas mediante un proceso colectivo o el control judicial en cada causa en particular.
La finalidad del presente régimen es el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la libertad, seguridad, dignidad e intereses económicos de los usuarios y consumidores, motivo por el cual estamos orgullosos de presentar a su consideración y aporte el fruto de nuestro trabajo e ideas.
