El déjà vu es una repetición, donde tenemos la sensación de que algo ya lo hemos visto o hecho antes, pero que nunca ocurrió. En lo que hoy se vive en el país, esas cosas ya ocurrieron y su punto de partida fue a comienzos de 1989. 

El círculo rojo de aquel momento, pergeñó un plan especulativo contra Alfonsín, exigiendo al igual que hoy la devaluación del dólar, lo que dio comienzo al alza incontenible del dólar y los precios internos. Constituyendo el primer peldaño de la hiperinflación y la entrega anticipada del gobierno. 

La causa de la misma, no fue la emisión, sino la negativa de los exportadores a vender sus productos y liquidar las divisas que obtenían vía exportaciones, más la amplificación por los medios, de rumores desestabilizadores. 

Para que ese golpe de mercado lograra sus objetivos se dieron varias circunstancias, en primer lugar, una debilidad política del gobierno como para presionar a esos sectores, la ausencia de controles efectivos sobre el comercio exterior, ya sea vía el contrabando, la sobrefacturación o subfacturación de los productos y por último la Espada de Damocles, la deuda externa de más de 40.000 millones de dólares, herencia ilegal de la dictadura militar. 

Tampoco fue ajeno a ese proceso, la decisión política de los EE.UU. de poner en caja a un gobierno que, pese a su debilidad, mantenía algunas posiciones soberanas en contradicción con las posturas de aquella nación, vetando el desembolso de 1.500 millones de dólares que ya estaban acordados, como recientemente ha hecho el BID. 

Los socios civiles de la dictadura y no pocos militares, derrotados a partir de 1983, y muchos presos, olieron la sangre y tomando conciencia de la debilidad institucional y su propio poder, decidieron apretar el acelerador para imponer su propia agenda económica y escarmentar a las mayorías nacionales. No toleraban, ni tolerarían nuevas aventuras “populistas”. 

En ese contexto, las empresas oligopólicas, los bancos y financieras continuaron con sus presiones, alzas de precio, desabastecimientos e incremento del dólar blue, debilitando aún más al gobierno radical, a la par que obtenían cada vez más ventajas a su favor. 

Pero su mayor logro fue el condicionamiento del futuro gobierno democrático, por su perversa capacidad para generar caos social y ahogo económico. 

Hoy apelan a los mismos mecanismos de hace 33 años, pero con mayor confluencia de fuerzas, ya que a los grupos originarios se le han sumado los medios de comunicación hegemónicos y cartelizados, más el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de Nación y algunos tribunales inferiores al servicio del poder y la embajada de los EE.UU.  

Además, por la acción de esos medios, gran parte de la ciudadanía se encuentra ajena a la cabal comprensión del tema y ha entrado a la vorágine del valor del dólar y las remarcaciones diarias de precios sin justificación. No es ajeno a ello, el endeudamiento con el FMI, similar a la deuda de la dictadura. 

Por su parte la justicia frena o retarda toda iniciativa del gobierno tendiente a paliar a minimizar los daños inferidos por esos sectores, en sintonía con una oposición cruel y antinacional en el Congreso. 

1989 es un espejo donde mirarnos, ya que marcó en nuestra incipiente historia democrática, la derrota de un gobierno popular, dejando en claro que las políticas económicas las manejan ellos o el “mercado” como dicen y no el Estado.  

En estos días estamos inmersos en un proceso idéntico, el resultado se dirimirá a favor de uno u otros, según como actúe el Gobierno, el Frente de Todos y amplios sectores nacionales y populares de la ciudadanía, sabiendo que los grupos de poder en el país se acercan al Estado para sacar ventajas. Pensar con ellos un proyecto de país no se da, y no creo que se vaya a dar. 

Si no hay decisión y voluntad política, patriotismo, firmeza, y movilización popular, asistiremos al triste espectáculo de una nueva República Perdida, con todo lo que ello significa para la mayoría de los argentinos. 

Pero ahora todo es más grave, sobre todo por lo que ocurre en el contexto internacional, ya que no sólo vienen por las instituciones, por Cristina, sino que vienen directamente por el país y su abundancia de recursos. 

Los “animémonos y vayan” de todos los golpes de estado, ya han bajado el pulgar y han difundido sus proclamas, que los Ricos, Ruckauf, Pichetto,  Grabois o Bullrich en sintonía con el periodismo de guerra, propalan por doquier.  

En esta situación, creo que hay que apuntalar la gestión del Gobierno, más allá de las críticas, dudas y las vacilaciones del mismo.  

Valga en tal sentido una anécdota de Arturo Jauretche que paso a referir: El Vasco, que había sido corrido mal por el peronismo, exilándose en el Uruguay, cuando en el 55 se produce el golpe contra Perón, se viene a poner a sus órdenes y dice más o menos así: “No digo que Perón haya sido el arcángel Gabriel, ni que no haya hecho cosas que la mayoría de mi generación no aprobaría, pero enfrente estaba Pinedo. La decisión de qué lado estar era fácil”. 

¿Entienda que enfrente están la embajada, las corporaciones y los Macri, en consecuencia Ud., de qué lado está? 

Por último, no le pidan a Cristina que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. 

La Argentina está de nuevo en crisis y no se descarta un estallido político –como los ocurridos en 1989 y en 2001, que obligaron a renunciar a los entonces presidentes-. Las causas en este caso son las grietas que hay entre el presidente y la vice, o el que existe entre el oficialismo y la oposición, o dentro de ella, o el que hay entre el Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

Si escarbamos en las causas; más allá de los conflictos políticos, del crecimiento de la pobreza, de la suba del dólar y la incertidumbre que ello produce; observamos pésimos ejemplos de políticos que ofenden a la ciudadanía, en especial a los jóvenes. Algunos por ello, quieren abandonar el país. 

Lo ético, según el Diccionario, es lo “Recto, conforme a la moral”, o lo que está regulado por un “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.” 

El mal ejemplo es entonces el incumplir las normas éticas, morales y constitucionales, como cuando se omite reglar la coparticipación federal; o aprobar el presupuesto; o el no cubrir el 30% de las vacantes de magistrados del Poder Judicial Federal; o el no designar al Procurador General de la Nación (desde 2019), o al Defensor del Pueblo (desde 2009); o no traspasar los tribunales nacionales a la CABA; etcétera. También lo son los graves casos de corrupción, algunas sentenciadas (Boudou, De Vido, Milagros Sala), otros en trámite, como los que afectan a la vicepresidente y sus dos hijos; la designación sin concurso de miles de funcionarios y empleados públicos en los tres niveles del estado, que se mantienen años como “contratados”, “becados”, “voluntarios” o “monotributistas”, eludiendo la “estabilidad del empleado público” que exige la Constitución Nacional (art. 14 bis). 

Los funcionarios del Estado también incurren en mal desempeño cuando mal interpretan lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes o la jurisprudencia de los tribunales al dictaminar o decretar, y cuando obligan a sus abogados a “defender” al Estado con chicanas para demorar pleitos que tienen perdidos (en especial, cuando de pleitos previsionales se trata). 

Los abogados del Estado, a nivel nacional, provincial o municipal, deberían siempre: 

1.- Dictaminar o atender los juicios en que sea parte el Estado, haciendo cumplir lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las normas que la reglamentan y complementan. 

2.- No apartarse de la interpretación que de dichas normas hagan la CSJN y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. 

3.- Los que dictaminan jurídicamente o atienden juicios del estado deben ingresar previo concurso público y deben estar matriculados (lo que no siempre ocurre). 

4.- Ni en sus dictámenes, ni en la defensa del Estado en los juicios, no deben dilatar su trámite, ni obstaculizar los posibles acuerdos a los que se pudiera arribar. 

5.- Se atenta contra la ética cuando se obliga a los letrados del Estado a recurrir todas las decisiones judiciales, lo que ninguna norma dispone. Conductas, como éstas, que perjudiquen al Estado o a los ciudadanos, deberían ser denunciadas ante quienes correspondan. 

6.- Las sentencias exhortativas de los tribunales, especialmente las de la CSJN, deberían ser debatidas y resueltas con inmediatez por los órganos legislativos o administrativos del Estado. 

¡Los políticos, los abogados del Estados y todos los que gestionan el bien común deberían ser siempre un ejemplo para la ciudadanía!