A días del inicio de un nuevo año parlamentario, la diputada del MST Cele Fierro participó de un mano a mano con parlamentario.com, en el que analizó la crisis habitacional que golpea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dio a conocer una propuesta que podría ayudar a disminuir esa situación.

Además, la legisladora porteña también adelantó las prioridades parlamentarias de su bloque para este nuevo año y volvió a pedir por el pase a la Carrera de Profesionales de la Salud a los enfermeros.

-¿Cuáles serán las prioridades legislativas del MST para este año en la Legislatura porteña?

-Desde diciembre, ni bien nos tocó asumir y en el contexto del nuevo Gobierno nacional y sus relaciones de sintonía, la visión estratégica y a la vez con contradicciones con el Gobierno de Jorge Macri, el bloque libertario y la propio implosión de Juntos por el Cambio en la Ciudad, definimos una serie de ejes y también planteamos la necesidad de que la Legislatura, frente al dramático escenario económico, social para las y los trabajadores, los sectores medios y las franjas sociales más pobres en la Ciudad a raíz de las políticas del Gobierno nacional. Se solicitará a Jorge Macri la convocatoria a sesiones extraordinarias para atender problemáticas urgentes e impostergables. Le hicimos este planteo al bloque de Unión por la Patria ya que la suma de las bancas de ese espacio, junto a las del Frente de Izquierda supera el tercio requerido reglamentariamente para que se convoque a extraordinarias. Hasta ahora, después de 20 días de plantear esa iniciativa, el espacio del peronismo porteño no respondió, lo cual vemos con preocupación porque vemos que se está desaprovechando una oportunidad de avanzar en encarar temas que afectan a las y los porteños, más postergados y golpeados: vivienda, alquileres, salarios, etc. Nuestros ejes son muy claros: los ingresos, precios y la realidad de miles de trabajadores municipales de la Ciudad que están al frente a la demonización de la derecha y para nosotros son esenciales, hay que asegurarle un salario igual a la canasta, ajustable con la inflación galopante, y a partir de ahí incentivar capacitaciones, derechos que tiene como fin mejorar el servicio público de todas las áreas del sistema municipal porteño. Por eso, proponemos una ley de “Salario Igual a la Canasta”, incluso como un mecanismo para resolver lo que la derecha insiste en intentar responder de forma represiva y negando el derecho a un salario digno. Nosotros creemos que este es el mecanismo para resolver la problemática del salario. A la vez, creemos que hace falta y la Ciudad tiene facultad para elaborar y aprobar una ley de “Alquiler Social Justo”. Creemos que la derogación de la Ley de Alquileres que pretende Javier Milei y aliados “amigables” es nefasto, ahora tal cual la Ley de Alquileres como está termina siendo una salida al problema al 45% de porteñas y porteños en la Ciudad y por eso necesitamos, otra ley, una realmente a favor de las y los inquilinos. Otra cosa que nos parece importante es abordar el tema de la Salud integralmente, no solo cumplir con la letras y espíritu de la ley de salud mental con presupuesto, con infraestructura y salario de los profesionales, atender la demanda de residentes y concurrentes. Y el sector que más se ha movilizado y que más se puso al hombro la pandemia y hoy en día sigue siendo el más postergado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, antes y ahora por el de Jorge Macri, es la enfermería. Vamos a presentar por enésima vez el proyecto de inclusión a la carrera profesional.

-Uno de los temas que más preocupa a los porteños es el de la vivienda, ¿qué se puede hacer para facilitar el acceso al alquiler?

-En la Capital Federal no hay problema de acceso a la vivienda derivado de una explosión de crecimiento poblacional o demográfico, o que hayan colapsado faraónicos planes de vivienda del gobierno de la Ciudad, ni de este, ni de los anteriores. En realidad, lo que hay es, por un lado, un proceso de gentrificación de las comunas residenciales y más céntricas hacia los márgenes de los asalariados y los sectores medios empobrecidos o, eventualmente, hacia el primer cordón del conurbano. En segundo lugar, lo que hay es un acaparamiento y apropiación del espacio público por grandes desarrolladoras inmobiliarias que lucran con la inversión en el sector como refugio de valor, por un lado, y por otro, como oferta de élite para el acceso a sectores pudientes y torres de lujo. Entonces, el fenómeno irracional, desde el punto de vista del derecho a la vivienda como una necesidad básica, es la existencia de gente sin casas y casas sin gente. Se calculan que son 200 mil las viviendas sin ocupar en la ciudad, con el 45% de la población alquilando en malas condiciones, y con barrios populares no urbanizados en las comunas del sur pobre. Por lo tanto, las medidas en relación al problema de la vivienda es un programa de fondo. Por un lado, hay que prohibir desalojos, congelar alquileres al valor previo a la devaluación de Luis Caputo, implementar una ley de Alquiler Social Justo, que le imponga el impuesto progresivo a la vivienda ociosa, que concentre en el Estado porteño la gestión inmobiliaria, anulando el lucro de la intermediación de las inmobiliarias y absorbiendo su personal como planta del Estado. También definiendo entre el 25 y el 30% como techo porcentual del valor del alquiler, tomando como referencia el ingreso del grupo familiar que alquila, en el camino de asegurar la vivienda propia, no sólo forzando a ofrecer en el mercado la vivienda ociosa con un impuesto progresivo, sino además con un plan real y a fondo de urbanización de villas y barrios populares. Ese combo es perfectamente posible. El impuesto a la vivienda ociosa no sólo empuja a las viviendas al mercado inmobiliario, sino que también implica la creación de un fondo de recursos que proponemos se destine a la urbanización de villas y barrios populares. Lo que se necesita es voluntad política: enfrentar a las corporaciones del desarrollismo inmobiliario especulativo, empezando por IRSA de Elsztain más Bernstein, que están orgánicamente vinculados a todas las fuerzas políticas tradicionales, al gobierno de la Ciudad y también nacional. De hecho, parte de los pactos son del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad que gestó con el gobierno nacional de Cristina Fernández, el famoso pacto Pro-K. Denunciado en la Legislatura por el entonces diputado porteño y nuestro compañero, Alejandro Bodart. Por lo tanto, es avanzar en cristalizar un derecho que hasta tiene rango constitucional que es el acceso a la vivienda. Para eso hay que destinar recursos, y esto implica, por ejemplo, una reforma impositiva que grave las grandes fortunas y destine ese dinero, no por única vez, sino como impuesto permanente a la gran facturación de monopolios y grandes corporaciones, que se destine un fondo social de vivienda justa, que se destine parte de los recursos que se fugan en concepto de pago de intereses y capital, de la fraudulenta deuda externa nunca auditada, nunca investigada y siempre denunciada en campaña electoral deuda externa y a partir de ahí, construir viviendas en todo el país. Que, además, es la mejor forma de llevar adelante un plan económico anticrisis, porque la industria de la construcción dinamiza múltiples industrias que están asociadas y por supuesto, pone en movimiento un círculo de la economía de un país con perspectiva independiente. También una política a partir de tomar medidas en el sentido de fortalecer el sistema bancario y financiero estatal, una política de crédito a tasa cero para la construcción de vivienda por fuera de los planes del Estado. En el gobierno de Milei con Caputo y toda su banda negacionista viajó a Washington hace pocas semanas y a Davos a mendigar el destrabe del desembolso de 4200 millones de dólares para el pago de los intereses de la deuda en los próximos 90 días. Con ese dinero se podría construir el doble de las viviendas que se construyeron en las dos ediciones del plan Procrear 1 y 2 en los últimos 10 años. Es voluntad política, estamos hablando de determinación para cortar el negocio del desarrollismo inmobiliario especulativo y volver a poner en el centro del debate público la vivienda como derecho social y no como privilegio de élite o aspiración utópica de los sectores populares.

-Más allá de esta situación, la izquierda se ha mostrado muy comprometida con la realidad de los enfermeros. ¿Cree que este año se podrá concretar su pase a la carrera de profesionales de la salud?

-El tema de enfermería es una injusticia social aberrante. De las aproximadamente 12 mil enfermeras y enfermeros que integran el plantel profesional de la Ciudad de Buenos Aires, ya alrededor del 60-65% se han ido profesionalizando, es decir, son enfermeras y enfermeros con título universitario, formación de posgrado. Y la otra porción tienen título técnico, o una pequeña porción ya de enfermeras y enfermeros de edad avanzada que son auxiliares de enfermería con una formación más bien empírica muy valiosa por otro lado. Es decir, hay un componente mayoritario de enfermería con formación equivalente al resto de profesionales incluidos en la carrera profesional regulada por la Ley 6035, es decir, con formación universitaria equivalente a un psicólogo, a un médico y al resto de las otras 24 profesiones que, a diferencia de enfermería, sí se las incluyó en la carrera profesional y que cobran más del doble del salario, trabajan menos horas, tienen licencias para capacitación en servicio, se los evalúa con un criterio distinto, es decir, hay una injusticia ilegal, legítima, aberrante, insostenible. El Gobierno de la Ciudad, además, tiene dos oportunidades para reparar de inmediato esta injusticia. Por un lado, el sindicato ALE, junto a otras organizaciones, judicializa esta demanda, que ya está en segunda instancia, con un fallo favorable, en primera instancia en la Justicia Porteña, con un fallo en segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, en rechazo a un recurso interpuesto por el gobierno de Larreta. En pocos días caduca el plazo para que el gobierno de Jorge Macri vuelva a insistir con cuestionar el amparo favorable. Pero hay un fallo del tribunal superior que es impecable, que emplaza al Gobierno de la Ciudad en el periodo de no más de 90 días con retroactividad, al momento de la emisión del fallo, que es el mes de diciembre, a equiparar salarial y en condiciones laborales la situación de la enfermería profesional respecto al resto de los profesionales, hasta tanto se discuta la cuestión legal de fondo en la legislatura. Y la Ley 6035, y esta es la segunda oportunidad que tiene Jorge Macri, estipula en su artículo 8 que el Gobierno de la Ciudad, a sola consulta con el Ministerio de Salud, puede incorporar profesiones en la ley 6035 con un simple acto administrativo. Es decir, sobran razones sociales, legales, de legitimidad, de simpatía social, porque la enfermería encabezada por el sindicato independiente ALE ha hecho todo para ser reconocidas y reconocidos como profesionales, solo queda la voluntad política del gobierno de Jorge Macri para llevarlo adelante. De nuestra parte insistimos en volver a presentar por enésima vez un nuevo proyecto de inclusión en la carrera profesional.

En medio de la crisis habitacional que azota a la Ciudad y el resto del país, la diputada del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández presentó -a través de sus redes sociales- cuatro iniciativas para solucionar esa situación: mediante el alquiler, urbanizando barrios populares, creando lotes de servicios en tierras abandonadas y fomentando la repoblando pueblos abandonados.

En ese sentido, la legisladora explicó que “tenemos un plan para que cada uno de nosotros pueda tener un lugar donde vivir sabemos cómo y dónde hacerlo, cuánto cuesta, como financiarlo. Sé que suena ambicioso, pero Argentina es el octavo país más grande del mundo. O sea, espacio no falta, incluso donde no lo parece” y recordó que “en la Ciudad de Buenos Aires hay 200 mil viviendas vacías. No tiene que haber ni gente sin casas, ni casas sin gente”.

La primera de esas propuestas tiene que ver con el alquiler. “Sonaría mejor hablar de casa propia, pero el alquiler es una realidad. Cada vez hay más inquilinos, el tema es que abusan de esta realidad, que te quieren cobrar en dólares, que se te va la mitad del sueldo, en contratos que quieren hacer cada vez más cortos o que ni siquiera logres reservar uno”, comenzó diciendo y planteó que “alquiler puede no ser sinónimo de esta tortura, pero hay un tema que es que hay lugares que tienen cuatro paredes, un dormitorio, un baño, una puerta, pero no son casas, son cajas de ahorro”.

“Hay gente que compra muchas viviendas para sacarle la mayor cantidad de guita posible. No juzgo, realmente es un momento económico difícil que lo incentiva, no es un tema moral, pero el Estado tiene que garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría de las personas, no la renta de una minoría que especula y/o la deja vacía o la pone en alquiler turístico”, añadió.

Al mismo tiempo que recordó que “ciudades europeas, latinoamericanas y norteamericanas tienen impuestos a la vivienda ociosa para quienes tengan más de tres propiedades, esto es mínimo, razonable. Airbnb se está empezando incluso a prohibir en grandes ciudades porque, claro, te conviene ponerlo tres días en alquiler y ganar una barbaridad en dólares; pero eso no puede ser una excusa para que no haya lugares y opciones para quienes viven acá. Hay que regularlo, o sea, los que están jodidos con este tema son los inquilinos, no los propietarios. Pero se habla de este tema y parece que los inquilinos se tienen que fumar la que venga y que los propietarios de cuatro departamentos son reyes intocables”.

“No digo que sea al revés, pero hay que equilibrar un poco la cosa y no todo se trata de intervenir el mercado. De hecho, de a poco se puede cambiar la mirada de raíz, Argentina puede en cinco años garantizar un 5% de stock de alquileres sociales o accesibles”, siguió y destacó que “en Viena, por ejemplo, el 60% de los alquileres son protegidos. Tener tu propia oferta, generalmente orientada a gente joven o adultos mayores, que los precios consideren a los salarios y que compitiendo puedan forzar a que bajen los demás sin requisitos insólitos. Si se empieza a trabajar ya, se puede conseguir que alquilar sea algo distinto”.

En segundo lugar, Fernández insistió en la necesidad de urbanizar los barrios populares. “Las viviendas están adentro de barrios y en Argentina hay millones de personas que viven en barrios sin agua, cloacas, gas, veredas, generando focos terribles de clandestinidad, inseguridad e injusticia. Esto no es estructural, no hay que acostumbrarse. Hay 5687 barrios populares, ese relevamiento ya está hecho. Estos años, con la Ley de Barrios Populares, y el aporte solidario de las grandes fortunas, se pudo avanzar mucho.  Con un plan quincenal y un sentido de prioridad humano elemental se pueden urbanizar esos barrios como exige la Ley”, sostuvo.

“Lo tercero son los lotes con servicios en tierras abandonadas, tierras del Estado, tierras que se pueden comprar, garantizar un millón de terrenos con servicio y transporte para que la gente pueda después ahí construir su casa en propiedad, a máximo 30 kilómetros de donde vivían. Esto lo vimos en los mapas, realizamos los estudios, es el 0,24% del PBI, se puede hacer, es un tema de planificación y voluntad”, continuó la diputada del FdT.

Por otro lado, Ofelia hablo de la posibilidad de repoblar pueblos o ciudades del interior del país. “Esta es jodida, pero es importante reconocer a tiempo y de preparar algunas ideas, porque hay mucha gente que se está queriendo ir de las grandes ciudades y el asfalto, a lugares de más tranquilidad y naturaleza. El último censo comprueba que está existiendo este movimiento porque las nuevas modalidades de teletrabajo incentivan un deseo que hay que poder planificar para revitalizar miles de pueblos argentinos. Organizándolo bien con cuidado, cosa de que esos pueblos no sufran cambios abruptos en sus precios, cultura, estilo de vida para las personas que ya viven ahí”, agregó.

“Básicamente estoy convencida de que el acceso a la vivienda es uno de los temas más importantes del presente. Estudiamos con mucho tiempo y dedicación estas ideas, y si pensamos una solución integral. Se puede salir del laberinto”, sentenció.

Días después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara un paquete de medidas que buscarán fomentar el acceso al alquiler, se presentó en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires el informe “La vivienda ociosa y el impacto de la Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires”, en el que se advirtió que ya hay unas 200 mil viviendas ociosas en el distrito capitalino.

La investigación fue producida en conjunto entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU), área de trabajo de la Fundación Igualdad. La presentación contó con la presencia de la Defensora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños;  el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) y director de la Fundación Igualdad, Itai Hagman; y Bruno Giormenti Moravec, coordinador del informe e integrante del CEDESU.

El informe fue presentado por Giormenti, que hizo un repaso de los puntos más destacados de la investigación, quien además puntualizó que las viviendas vacantes ya son 200 mil en la Ciudad, las tendencias recientes y de largo plazo de la oferta y demanda de los alquileres, los impactos de la Ley de la implementación y algunos interrogantes para el debate.

Por su parte Hagman centró su intervención en la producción de este tipo de trabajos para pensar en el desarrollo de la Ciudad: “no puede ser el parámetro del progreso de la ciudad solamente la valorización del metro cuadrado; tenemos que tener capacidad de construir otros criterios para medirlo. Yo quiero vivir en una ciudad en donde ‘progreso’, ‘modernidad’ y ‘desarrollo’ quieran decir que cada uno tenga el derecho y el acceso a la salud, la educación y la vivienda”, advirtió.

En tanto Muiños planteó que “el problema de acceso a la vivienda en las metrópolis suelen ser multicausales, y es deber de los gobiernos locales garantizar los derechos consagrados en la constitución. Y debe hacerlo a partir de las decisiones y la planificación de una ciudad inclusiva y segura para la mayoría de sus habitantes”. 

Cabe recordar que el informe en cuestión plante que en cinco años las viviendas ociosas crecieron un 45%, llegando a más de 200 mil unidades. Además se detectó que “la Ley de Alquileres no es la causa de la baja en la oferta de nuevos avisos de alquiler, que vienen en retroceso en la Ciudad desde mucho tiempo atrás, así como tampoco puede adjudicarse a esta legislación al aumento en los precios, que como descubrimos, se encuentran en términos reales por debajo de su valor de hace cinco años”.

“La situación de la vivienda en la Ciudad es absolutamente crítica y la política pública en la materia debe dar un golpe de timón. Es fundamental que el Estado nacional y local recuperen su capacidad de rectoría sobre el problema habitacional, desarrollando capacidades para generar mejores regulaciones para poder garantizar un derecho humano básico como el derecho a un techo para vivir”, concluye el documento.

Tal y cómo lo anunció días atrás Cecilia Ferro (VJ) en diálogo con parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició esta semana el debate acerca de un paquete de iniciativas que buscarán ayudar a resolver la crisis habitacional que atraviesa el distrito capitalino.

Se trata de tres proyectos en concreto: el régimen de co vivienda; exención de plusvalía para la construcción de viviendas y exenciones al ABL e IIBB a los contratos registrados.  Los mismos fueron discutidos en una reunión conjunta de la Comisión de Vivienda, a cargo de Ferrero, y la de Presupuesto, presidida por Claudio Romero (VJ).

“Somos conscientes de que la crisis de alquileres y vivienda en la ciudad de Buenos Aires es una preocupación cada vez mayor. Por eso comenzamos a debatir medidas concretas y a trabajar activamente para llevar alivio a los vecinos frente a esta problemática”, aseveró la legisladora.

Al mismo tiempo que explicó: “los proyectos que impulsamos son las herramientas que desde la ciudad podemos brindar para generar un alivio frente a la crisis: exenciones de IIBB y ABL a los contratos registrados; exención de plusvalía para la construcción de vivienda; y el régimen de co vivienda”.

De esta manera, el proyecto que propone las exenciones en el pago de ABL e Ingresos Brutos en los contratos registrados, de forma tal que constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler.

En cuanto al régimen de co vivienda, se trata de una propuesta que ya está rigiendo en otros países del mundo, y que busca pensar el acceso a la vivienda por fuera de un sistema de compra y el de alquiler. De acuerdo a la iniciativa, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años.

En tanto sobre la iniciativa en relación a la exención de plusvalía para la construcción de viviendas, el Gobierno de la Ciudad propuso que la misma sea del 80% para los desarrolladores urbanos.  El mismo busca eximir del pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable –conocido como plusvalía urbana- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.

Este último proyecto fue uno de los puntos de mayor conflicto en la reunión de comisiones, dado a que los legisladores del Frente de Todos calificaron de “vergonzoso” y “criminal” a la propuesta del Ejecutivo. De hecho el legislador Manuel Socías (FdT)  sentenció: “es ridículo y vergonzoso ya que se construyeron 11 millones de metros cuadrados en los últimos cuatro años”, por lo tanto considero que “no necesitamos darle más incentivos a la industria de la construcción”.

En el marco de la crisis habitacional que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires y en medio del reclamo por la derogación de la Ley de Alquileres, la presidenta de la Comisión de Vivienda y diputada de Vamos Juntos (VJ), Cecilia Ferrero, participó en un mano a mano con parlamentario.com para analizar las medidas anunciadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para impulsar el acceso a la vivienda en el distrito capitalino.

Además dio detalles acerca de los proyectos que llegarán a la Legislatura porteña en los próximos días y que la comisión que preside tendrá que poner en tratamiento. “Las iniciativas que vamos a tratar acá en la Legislatura tienen que ver con la rebaja o eliminación de Ingresos Brutos o ABL para aquellos contratos de locación registrados y que, de esta manera, constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler”, comenzó diciendo.

“Y la otra iniciativa en la que he trabajado fuertemente en los últimos meses tiene que ver con pensar nuevas formas de acceso a la vivienda, no solamente pensar en la compra-venta y el alquiler, sino un régimen de co vivienda”, añadió.

-¿Qué análisis puede hacer acerca de la crisis habitacional que está atravesando la Ciudad? ¿A qué se debe esta situación?

-La crisis habitacional que posee la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a la crisis económica que atraviesa el país. Y se debe en gran parte, justamente, a este problema inflacionario que impide el acceso a créditos para la compra, como así también impide la previsibilidad de la negociación entre propietarios e inquilinos en relación al precio del alquiler debido a la Ley de Alquileres que está vigente actualmente. Por lo tanto, tanto la macro economía, el problema inflacionario, es una barrera de acceso a cualquier política habitacional.  La Ley de Alquileres debe ser modificada urgentemente, está pendiente de tratamiento, y es uno de los mayores problemas con los que la Ciudad de Buenos Aires, así como el resto del país, tiene para resolver y morigerar la crisis habitacional.

– Una de las principales preocupaciones de los porteños es el acceso a la vivienda, ¿considera que con las medidas recientemente anunciadas por el jefe de Gobierno porteño podrá mejorarse esa situación?

-Las medidas anunciadas por el jefe de Gobierno apuntan a romper en algunos casos o ayudar a romper la primera barrera en el acceso que es reunir el dinero para mudarse, pagar el mes de depósito y pagar el primer alquiler. Ese monto inicial de ingreso, muchas veces, es una de las barreras por lo que con el programa “Alquiler más fácil” se busca ayudar a aquel que puede pagar un alquiler pero tiene ese problema como primera barrera de acceso. Otra de las medidas tiene que ver con la garantía, muchas veces la exigencia de una garantía hipotecaria es otra barrera, por lo que el programa de garantía de caución con financiamiento por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (Ivc) es una herramienta de suma ayuda. Por otro lado, el caso de los créditos para refacción de las viviendas que se encuentran disponibles para alquilar pero que por sus condiciones edilicias no se encuentren en un estado óptimo y que por eso no están en el mercado, busca resolver esta situación. Estas tres medidas concretas y estos programas no son suficientes para terminar con la crisis habitacional pero si pueden ser de ayuda para aquellas personas que tienen este nivel de dificultad o demanda.

– Puntualmente, ¿cuáles serán las iniciativas que se remitirán a la Legislatura?

-Las iniciativas que vamos a tratar acá en la Legislatura tienen que ver con la rebaja o eliminación de Ingresos Brutos o ABL para aquellos contratos de locación registrados y que, de esta manera, constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler. Y la otra iniciativa en la que he trabajado fuertemente en los últimos meses tiene que ver con pensar nuevas formas de acceso a la vivienda, no solamente pensar en la compra-venta y el alquiler, sino un régimen de co vivienda, el cual ya funciona en otros lugares del mundo y que tiene que ver con el acceso a la vivienda por un plazo largo de tiempo. Es decir, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años. Son nuevas formas de acceso a la vivienda, va a ser un debate muy interesante de dar porque es innovador y ya se probó en otras ciudades del mundo, ya está funcionado y nosotros estamos convencidos de que la Ciudad tiene que contar con esta herramienta.

– Desde la oposición vienen planteando desde hace varios meses una reconfiguración del microcentro, a fin de convertir oficinas vacías en departamentos. ¿Está previsto avanzar en este sentido?

-El plan de reconversión del microcentro está llevándose adelante, está en cabeza del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, tengo entendido que el plazo de presentar proyectos de reconversión de oficinas en viviendas sigue vigente y que ya se han presentado varios, algunos ya en ejecución. En los próximos meses o directamente el otro año veremos muchos edificios de oficinas convertidos en unidades de vivienda. Así también el Banco Ciudad promueve créditos para mudarse al microcentro.

En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el legislador del Frente de Todos (FdT) Manuel Socías reflexionó respecto de esa problemática y apuntó contra las aplicaciones de alquiler temporario como Airbnb, dado a que consideró que quitan propiedades del mercado y afecta a la producción de nuevas viviendas.

“Necesitamos hacer algo con Airbnb antes de que sea imposible alquilar en Argentina. Lo que las plataformas de alquiler temporario tienen de positivo para el turismo, contrasta con la capacidad que éstas tienen de modificar negativamente la vida de las ciudades y de sus habitantes”, comenzó señalando el legislador a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo que recordó que “hace tiempo venimos insistiendo sobre la importancia de esta cuestión porque existe evidencia suficiente de que su impacto, sumado a problemas que se vienen arrastrando históricamente, están agravando la crisis habitacional del país”.

En ese sentido, Socías explicó que “no hay dudas de que el turismo representa una oportunidad tanto para la ciudad de Buenos Aires, como para tantas localidades en el resto del país. Es una actividad que potencia las economías locales y el empleo, a la vez que pone en valor entornos urbanos y paisajes naturales”, aunque advirtió que “la irrupción vertiginosa de las plataformas de alojamiento temporario conlleva el riesgo de quitar del mercado parte del parque de viviendas disponibles para alquiler residencial e, inclusive, de la producción de viviendas nuevas”.

Al mismo tiempo que recordó que “tiene también un fuerte impacto en los precios: dolariza las expectativas de los alquileres residenciales permanentes que se vuelven imposibles de pagar incluso para los sectores medios” e indicó que la Ciudad de Buenos Aires no es la excepción ya que se trata de “un fenómeno global, que preocupa y ocupa a muchas ciudades del mundo. Ciudad de México, Amsterdam, Toronto, Berlín, Nueva York, Arizona, y decenas de otras ciudades del mundo están discutiendo qué hacer”.

“La voluntad y creatividad de los gobiernos locales es determinante para encauzar este dilema. Si los alquileres turísticos temporarios estresan el mercado de alquiler convencional, hay que regularlo, contenerlo y reorientarlo”, destacó y detalló que “en 2018, la BBC ya se hacía eco de la cuestión y recorría algunas de las medidas que las alcaldías tomaban para defender el acceso a la vivienda y desincentivar el crecimiento desmedido de la actividad”.

Socías también señaló que “en Argentina, el Estado todavía no ha desarrollado un saber específico ni una capacidad burocrática para abordar este tema. Existe cierto temor en tomar decisiones sobre una cuestión tan compleja y con tantas aristas”, aunque consideró que “lo peor que se puede hacer es revolear regulaciones sin ningún impacto y sólo para acallar el reclamo de ciertos sectores, como hizo la ciudad de Buenos Aires”.

“La Legislatura sancionó la ley de alquileres temporales en 2019, cuyos objetivos, en teoría, eran similares a los de otras ciudades del mundo. Pero el texto final terminó siendo tímido y no basta con sancionar leyes sino que es necesario hacerlas cumplir”, destacó y precisó que “hoy, en Buenos Aires, hay menos de 500 inmuebles inscriptos en el registro sobre un total estimado en más de 15 mil unidades ofertadas, y no se registra ninguna sanción a quienes incumplen su deber de anotarse”.

A su vez el legislador reconoció que “el turismo per se no es una amenaza. Hay que saber interpretarlo en su complejidad para aprovechar sus dimensiones más virtuosas y contener las más dañinas” y aseguró que “el fenómeno de los nómades digitales, por ejemplo, tiene algunas particularidades que lo distinguen del turismo convencional: estadías más largas, recursos humanos de alta calificación, inserción en los ecosistemas productivos locales”.

Además afirmó que “ya hay ciudades trabajando sobre esto: Ciudad de México, por ejemplo, apuesta a una asociación con una de las principales plataformas para intentar capturar parte del nuevo flujo de trabajadores nómades de los EEUU” y precisó que en Argentina el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo “interpretaron esta oportunidad y desarrollaron un visa especial con una promoción internacional muy agresiva para que esos nuevos nómades consideren a nuestro país como una alternativa muy conveniente para esa nueva realidad laboral”.

“Fuimos y somos insistentes con este problema, porque de haber pensado estratégicamente la reconversión del microcentro, el GCBA podría haber promovido que parte de las oficinas vacías estuvieran orientadas a ese nuevo segmento de nómades digitales, entre otros destinos posibles. Nada se hizo. Mientras la miramos pasar, numerosas ciudades alrededor del mundo continúan reformulando sus estrategias y normas, sobre un debate que sigue abierto y vivo”, completó.

Buscando darle respuesta a la crisis habitacional que atraviesa el distrito, asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual se prevé que unas 340 mil viviendas ociosas pasen al sistema de alquileres.

El proyecto en cuestión plantea que los inmuebles que permanezcan vacíos por más de 90 días consecutivos ingresen “de forma obligatoria” a un sistema de alquiler protegido, el cual estará administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que deberá fijar un precio de renta equivalente al 1% del valor fiscal de la propiedad.
También define a la vivienda ociosa como “aquella que registre durante el lapso de tres meses consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes”, así como las que “no se hayan registrado su contrato de alquiler”, tal como lo determina la normativa vigente.

Respecto de esta situación, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en diálogo con la agencia de noticias Télam que “decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad” e indicó que “cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico”.

Es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, casi una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta.

“No hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías y las consecuencias sociales y habitacionales son gravísimas”, aseveró y concluyó precisando que “el aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos. Toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”.

Cabe señalar que desde Inquilinos Agrupados iniciarán una campaña de recolección de firmas para sumar al menos 38 mil adhesiones que obliguen a los diputados a debatir el proyecto.

En el marco de la crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños aprobaron –durante la sesión de este jueves- con 36 votos positivos y 19 negativos  la creación de un Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible, para facilitar el acceso a la vivienda, la diversificación funcional y la regeneración y renovación de áreas urbanas, a partir del financiamiento de proyectos públicos, privados y públicos privados de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos y espacios públicos.

La norma recientemente sancionada contó con el aval de GEN, UCR-Ev, VJ y PS, y el rechazo de FIT, FdT y AyL.

Además del acceso a la vivienda, el proyecto busca garantizar el acceso a espacios verdes públicos y financiar de obras de infraestructura de transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, bienes con protección patrimonial, vivienda social, promoción del alquiler social, barrios en procesos de reurbanización,  y todas aquellas obras contempladas en los planes de sector, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad social.

Según se desprende del texto, que fue impulsado por legisladores de Vamos Juntos, los recursos del fondo surgirán de lo recaudado mediante el pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable del Código Fiscal; los bienes que reciba la Ciudad provenientes de aquellos Convenios Urbanísticos que determine el Poder Ejecutivo; las donaciones y legados que se destinen al Fondo; los aportes o transferencias provenientes del Estado Nacional, y de sus organismos autárquicos y/o descentralizados; toda clase de bienes que ingresen al patrimonio del Fondo en reemplazo o sustitución de los incisos que anteceden; y cualquier otro aporte que establezca el Poder Ejecutivo.

Sobre esa misma línea, la norma creó un Comité de Asesoramiento del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible que estará conformado por tres representantes del Poder Ejecutivo, tres representantes de la Legislatura de la Ciudad de las Comisiones de Vivienda, de Planeamiento Urbano y de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y un representante del Banco Ciudad.

En el marco de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar “la emergencia en el acceso a la vivienda” y establece mecanismos para que la población pueda acceder a un techo.

De esta manera, la legisladora pidió avanzar con la creación de un “banco de tierras públicas” y propuso crear una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. La misma estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; mientras que los diputados porteños podrán participar como veedores.

Dicha comisión tendrá como función “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.

Por otra parte, el texto recientemente presentado propone la creación del Impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación será destinada al cumplimiento de la norma. De esta manera, se prevé que el impuesto alcance a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.

A su vez se propone la eliminación del impuesto a la vivienda única para todas aquellas personas físicas que sean titulares de un inmueble con un valor fiscal menor a cuatro millones de pesos. Al mismo tiempo que se crea el impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, el cual se aplicaría a toda persona física o jurídica que tenga más de tres inmuebles.

 El texto también prevé la creación de un “plan de viviendas populares”, las cuales se construirían en tierras públicas y deberán contar con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias.

Sobre esa misma línea, la legisladora propuso crear créditos para el acceso a la vivienda, la creación de comisión de negociación colectiva del precio de los alquileres y un plan de reurbanización para barrios populares.

El precandidato a legislador porteño del Frente de Izquierda – Unidad, Gabriel Solano, se reunió con vecinos de la Ciudad, quienes reclamaron por el derecho al acceso a la vivienda, por lo que el trotskista aseguró que “Larreta y el peronismo expulsan a los vecinos de CABA en favor de la especulación inmobiliaria”.

En ese contexto Solano manifestó que “la crisis habitacional y la falta de acceso a la vivienda, en un contexto de crisis sanitaria y social que no tiene precedentes, no para de empeorar. El aumento del 40% de los alquileres cuando los aumentos salariales están por debajo de ello funciona como una política expulsiva de los trabajadores de ciudad” e indicó que “la política de Larreta con la complicidad del peronismo de entrega constante de espacios verdes y tierras públicas para la especulación inmobiliaria lo que hacen es encarecer el valor del suelo porteño. El ejemplo más reciente es el intento de venta del predio de Costa Salguero o la habilitación para la construcción de un Puerto Madero 2 en las tierras de la ex ciudad deportiva de Boca”.

“Evidentemente esta política no responde a las necesidades habitacionales de los vecinos de la ciudad y donde ningún trabajador podría pagar con sus salarios el costo de esas propiedades. Desde la lista Unidad de la Izquierda vamos a seguir la lucha contra la entrega de tierras y por la construcción de viviendas populares y de calidad”, remarcó.

De la reunión también participó la precandidata a diputada porteña, Vanina Biasi y la actual legisladora de la Ciudad, Amanda Martín.

Por su parte Biasi manifestó que “en la Ciudad se vienen dando muchos procesos de lucha relacionados con la falta de viviendas y contra las políticas de expulsión de vecinos y vecinas. Los ejemplos son la toma de tierras por parte de mujeres en la Villa 31. Los vecinos de la Comuna 8 que enfrentan la venta de los pulmones verdes del Barrio Olímpico. Los reclamos por una urbanización real y contra los cortes de agua y luz constante en las villas como la 1-11-14 y la 20 o el intento de desalojo en una ex fábrica de Parque Patricios recuperada para vivienda”.

“A las políticas de Larreta y el peronismo, desde el FIT-U le oponemos un programa que reclama urbanización real de las villas, asistencia inmediata para que las víctimas de violencia de género tengan acceso a la vivienda, prohibición de desalojos de edificios y terrenos recuperados para vivir”, sentenció.

Debido a la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el aumento de la pobreza a nivel nacional, los diputados del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández promovieron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.

La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.

Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.

Al respecto de la medida, Valdés aseguró que buscan “fomentar el desarrollo de un Estado presente y activo en la coordinación entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil” y precisó que “hace tiempo que el sistema de paradores, subsidios habitacionales ha colapsado. Planteamos un cambio de paradigma que proponga soluciones de fondo”.

Asimismo indicó que “en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que más de 7500 personas se encuentran en situación de calle, se cuestionan los métodos para censarlas y no se brindan las soluciones” y destacó que “el proyecto de vivienda primero viene a fomentar el desarrollo de un Estado presente y que brinde soluciones a la grave situación que estamos atravesando con políticas públicas en favor de quienes peor la están pasando”.

Sobre esa misma línea manifestó que prevé que “se garantice y se facilite el derecho a acceder a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad social, con la utilización de inmuebles en desuso y desocupados con los que cuenta el ejecutivo porteño” y afirmó que “esta iniciativa replica experiencias exitosas como las de Estados Unidos, España, Francia, Dinamarca, Holanda o Bélgica. Nuestra ciudad tiene recursos comparables con las capitales de esos países, debemos exigir una solución digna para los porteños y porteñas”.  

“Muchas de las personas que se encuentran en situación de calle a menudo son víctimas de consumos problemáticos o cuentan con problemas de salud mental; el Estado debe asistirlas con programas de reinserción social”, resaltó y aseguró que “por eso, mediante un Consejo asesor integrado por diversos actores de la Ciudad ofrecemos una herramienta para complementar el trabajo fragmentado que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”.

Por lo que concluyó señalando que “no podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Es tiempo de cambiar o pasaremos todos los inviernos indignados frente a una realidad que empeora. Nuestro objetivo es construir una ciudad más justa y que brinde soluciones habitacionales a los miles de porteños y porteñas que se encuentran desamparados”.