La exinterventora de la AFI se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y remarcó que “hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación”. También pasaron a la firma otros pliegos sobre ascensos en la Armada.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la vicejefa del bloque FdT Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se reunió este martes para tratar una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos el que designa a la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño como embajadora ante Israel quien remarcó que “hace más de 7 meses no hay embajador y como país tenemos que profundizar el diálogo político y jerarquizar la relación”. Además, brindó detalles sobre las relaciones comerciales y financieras.
Fue precisamente en esa comisión donde nunca avanzó la designación de Caamaño como titular de la AFI. Incluso, a fines de junio del año pasado estaba previsto que asista, pero la audiencia pública se suspendió y nunca más se hizo.
También en junio, pero ya de este año, el Gobierno designó como nuevo interventor de la AFI a Agustín Rossi. En ese momento se le ofreció a Caamaño la embajada de Israel, un lugar que quedó vacante luego de la polémica salida de Sergio Urribarri.
En el temario de la Comisión de Acuerdos también se trataron pliegos de ascensos de personal en la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino. Sin embargo, solo 3 pasaron a la firma por pedido del senador oficialista Oscar Parrilli lo que desató un enojo en la oposición que adelantó que irá al recinto con un dictamen de minoría que incluirá los restantes ascensos.
En el inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, la titular de la Comisión invitó a la doctora a que indique las características, objetivos y misiones para “darle” el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
En su defensa, Caamaño agradeció la invitación a los legisladores y al presidente de la Nación porque “me pone nuevamente ante un desafío” y agradeció a la Cancillería “por haber hecho todos los trámites y haberme ayudado un montón para preparar esto”.
Al comienzo, hizo una introducción sobre las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel los cuales “han tenido excelentes relaciones amplias, profundas y diversificadas en un sin número de áreas que se reflejan en múltiples iniciativas”.
“Las relaciones diplomáticas entre nuestros países que establecieron casi en simultaneidad con el establecimiento del Estado de Israel y exceden con amplitud el ámbito gubernamental gracias a las acciones permanentes de organizaciones e individuos que vinculan nuestros pueblos”, explicó.
Sobre las relaciones comerciales entre ambos países, Caamaño sostuvo que “han alcanzado un excelente nivel en los últimos años. Tal como lo pone de manifiesto el nutrido intercambio de viajes y visitas de altas autoridades”, y agregó: “La firma de acuerdos y el incremento de intercambio comercial”. Sin embargo, remarcó que aún “hay mucho potencial para su ampliación” tanto de “productos agropecuarios como de industria pesada, de tecnología y del conocimiento”.
“En los últimos años, el intercambio comercial argentino-israelí ha crecido regularmente, llegando en 2021 a los 518.998.966 dólares”, informó Caamaño y remarcó que el Estado de Israel es el potencialmente “más atractivo” en la región de medio oriente con una economía “madura y diversificada y volcada al exterior”.
Y sumó: “Su elevada renta per cápita, sumadas a sus industrias intensivas de capital y su excelencia como polo tecnológico, lo convierten en un interesante mercado para las exportaciones argentinas y para la integración de las cadenas de valor”.
“Con ese objetivo se han firmado una serie de acuerdos significativos en diversas áreas como servicios aéreos, ciencia y tecnología que se espera que impulsen la transferencia mutua de tecnología y el emprendimiento de proyectos conjuntos entre empresas de ambos países”, describió la doctora.
Además, calificó a la cooperación internacional como una herramienta “central” de la política exterior de nuestros países. “La Argentina tiene la firme convicción que profundizar la relación bilateral y triangular con Israel permitirá incrementar el intercambio técnico en aquellas áreas de mutuo interés como fortalecer los históricos lazos de amistad”, destacó.
Por otro lado, Caamaño sostuvo que Israel es un “país importante” con el Argentina mantiene relaciones desde que se constituyó el Estado en 1948 y contó que “fuimos uno de los primeros países en el mundo en reconocer al Estado de Israel el 14 de febrero de 1949 por un decreto del presidente Perón”. En ese sentido, informó que el primer embajador latinoamericano en Israel fue Pablo Manguel de 1949 a 1954.
“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo”, remarcó y agregó que “existe un mecanismo de diálogo que se hizo durante el gobierno de Macri, una ronda fue en 2018 y otra en 2019”.
En ese contexto, preguntó: “¿Por qué es necesario una embajadora en Israel?”, a lo que respondió: “Hay que destacar que la balanza comercial con Israel es superavitaria, es importante para nosotros porque ingresan dólares genuinos. Es un país con un alto ingreso per cápita de más de 51 mil dólares y las exportaciones vienen aumentando año tras año”.
“Solo son 4 provincias las que más exportan: Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe. La tarea como embajadora es intentar acrecentar las exportaciones haciendo saber a Israel sobre otros productos nativos, es decir, precisamos sumar más productos argentinos en ese país”, defendió su pliego Caamaño. Asimismo, contó que mantuvo relaciones con gobernadores y senadores para que analicen qué productos resultan interesantes en sus provincias.
“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo“
A su vez, subrayó que la carne “es el corazón del comercio bilateral” y es con lo que “se identifica a la Argentina es la marca país. Se exportaron 30.007 toneladas de carne en el 2021 por un valor de 209.300.000 millones de dólares”.
“En los primeros 8 meses de 2022 crecieron las exportaciones de carne en un 15,7%, en volumen son unas 23.700 toneladas por un valor de 177.500.000 dólares. Se trata del 78% del total de lo exportado a Israel en 2020, el 57% en 2021 y en lo que va en los primeros 8 meses de 2022 el 60%. Lo que se exporta es entre el 65 y el 80% en carne congelada y el 20 o 25% en refrigerada”, detalló Caamaño y contó: “Tenemos un convenio que vence a fin de año que tenemos que renovar por otras 30 mil toneladas anuales”.
Por otro lado, ponderó que “se ha alcanzado un excelente nivel en los últimos años”, al tiempo que destacó que “hay mucho potencial para la expansión, tanto en productos agropecuarios como otra gama de mercaderías”. “El saldo comercial sobre la exportación de carne en 2021 fue superavitario para la Argentina en 213.800.000 dólares. En exportaciones totales en 2020 fue de 288.400.000 dólares lo que implica un crecimiento del 23% respecto a 2019. En 2021 exportamos 366.700.000 dólares lo que representa un incremento del 27% respecto del 2020”, indicó.
“Entre el 2020-2021 las exportaciones a Israel crecieron un 56,7% pasando de 234 millones de dólares a 367 millones de dólares. En los primeros 7 meses del 2022 aumentaron un 18% alcanzando 250.700.000 dólares”, sumó y planteó que el comercio bilateral y en concreto las exportaciones de Argentina a Israel “están creciente a un ritmo considerable”.
En esa sintonía detalló que, además de la carne congelada, los principales productos que se exportan son harinas, soja, maníes, preparados, hortalizas, productos agrobioindustrial de “altísima calidad e inocuidad”. Entre los rubros para incursionar, mencionó las máquinas de industrias, equipamientos, informáticos, productos farmacéuticos, compuestos minerales, productos de caucho.
Por otro lado, señaló que Israel posee tecnología que genera una producción de 60 litros de leche por día y consideró que “sería bueno tener esa tecnología ya que somos un país ganadero, pero nuestras vacas dan entre 20 y 30 litros de leche diario”.
Según los datos que brindó la extinterventora de la AFI, en 2021 se importó por un valor de 152.600.000 dólares un 18,7% más que en 2020 y los principales productos son herbicidas y otros productos para el desarrollo del campo, de la industria, innovaciones tecnológicas y mucho instrumental quirúrgico.
Entre los objetivos comerciales, resumió: “Incluyen garantizar y consolidar el volumen total de las actuales exportaciones, expandir la calidad de rubros, diversificar las exportaciones con especial énfasis en los bienes y servicios con mayores niveles de valor agregado y procurar incrementar las exportaciones de servicios que actualmente están muy reducidas, ya que solamente oscilan entre 4 o 5 millones de dólares”
Respecto a los objetivos financieros manifestó la incrementación del turismo de Israel hacia la Argentina, promover oportunidades de cooperación en investigación y desarrollo, facilitar la concreción de oportunidades y asesoramiento, transferencia de conocimiento y tecnología de intercambio que favorezca a ambos países, promocionar la inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones en ganadería, turismo, comunicaciones, tecnología y minería.
“Es necesario tener una persona para impulsar y vender nuestros productos como el dulce de leche o el aceite de oliva. También tenemos que apoyar la parte cultural y promoverla”, remató Caamaño.
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador tucumano Pablo Yedlin (FdT) quien sostuvo que se ha tenido “importantes” trabajos en el área comercial y educativa y sanitaria con Israel, al tiempo que bregó por profundizar las relaciones con dicho país.
Luego fue el turno del riojano Julio Martínez (UCR) consideró que estar 7 meses sin embajador es un “problema de mala praxis de este gobierno que insistió en poner una persona multiprocesado, casi condenada, con muchas denuncias de corrupción, con un fallo casi inminente en su contra y que lamentablemente terminan ocurriendo y nos terminamos quedando sin embajador en ese país”.
“Estas cosas, que las marcamos en su momento, hay que decirlas cuando pasan y se tienen que hacer cargo de tener 7 meses sin embajador un país”, acusó Martínez.
Por otro lado, remarcó que Israel es un país “muy importante” para zonas áridas y semiáridas en materia hídrica, productiva, agroindustrial. “Es una referencia muy importante para muchas zonas respecto a lo que se puede hacer que dependen de la tecnología del riego que Israel lo ha resulto y ha logrado resultados importantes que son un espejo para mirarnos como zona”, destacó y sumó: “Es algo bueno todo lo que se puede hacer en intercambio de tecnologías, convenios”.
Por último, el riojano criticó la “indefensión que tiene Argentina en materia de Ejército y Fuerzas Armadas por un capricho ideológico de este gobierno y del anterior kirchnerista porque han vuelto con la reglamentación anterior de la Ley de Defensa Nacional”.
De la vereda de enfrente le respondió el neuquino Oscar Parrilli (FdT): “Nos obligan a hablar ante estos agravios gratuitos e innecesarios y falso e hipócrita. El senador preopinante también fue denunciado por la compra de armas. Hay un dirigente político muy importante que está prófugo de la justicia argentina que perteneció a la mesa judicial del gobierno anterior”.
Con artillería pesada, Parrilli le pidió a la futura embajadora que le exprese “al gobierno de Israel el rechazo a lo manifestado por Macri que habló de la raza superior alemana por todo lo que significó el Holocausto”.
Al respecto y ante la consulta de la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), Fernández Sagasti aclaró que “estamos tratando los 9 ascensos que quedaron pendientes para dictaminar”.
Sin embargo, Parrilli pidió aprobar solo tres de ellos y se emita un dictamen negativo de los restantes cuyos motivos no dio por “respeto a la integridad de cada uno de ellos”. Quien le retrucó fue el radical Martínez al precisar que los ascensos son “títulos, como un diploma, son la coronación parcial de su carrera y lo más esperado. Cada paso es un logro y un mérito”.
En ese sentido, el riojano pidió que digan por qué se rechazan esos pliegos y denunció que “es por portación de apellido que se hizo en el anterior gobierno kirchnerista”, y advirtió que es algo “muy grave”.
“Nos vamos a reservar a hacer un dictamen de minoría de los seis ascensos que son rechazos porque no están dando los motivos”, remató Tagliaferri.
La exinterventora de la AFI se presentará en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos este martes, a las 15.30.
La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño asistirá este martes al Senado para defender su pliego como embajadora ante Israel, enviado por el Poder Ejecutivo.
El encuentro se realizará desde las 15.30 en el Salón Illia, en el marco de la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Fue precisamente en esa comisión donde nunca avanzó la designación de Camaño como titular de la AFI. Incluso, a fines de junio del año pasado estaba previsto que asista, pero la audiencia pública se suspendió y nunca más se hizo.
También en junio, pero ya de este año, el Gobierno designó como nuevo interventor de la AFI a Agustín Rossi. En ese momento se le ofreció a Caamaño la embajada de Israel, un lugar que quedó vacante luego de la polémica salida de Sergio Urribarri.
En el temario de la Comisión de Acuerdos también está previsto tratar pliegos de ascensos de personal en la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino.
Convocado por la subcomisión que investiga la existencia de una supuesta mesa judicial bonaerense, el procurador general bonaerense aseguró su asistencia.
Sigue muy activa la subcomisión creada por los legisladores para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial que delataría un video que impulsó como denuncia la titular de la AFI, Cristina Caamaño. Se trata de un desprendimiento de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que está integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el radical Miguel Bazze.
Esta subcomisión recibió este miércoles el testimonio de Emilia Jaime, exfuncionaria del Banco Provincia que colaboraba con el extitular de esa entidad en tiempos de María Eugenia Vidal, Juan Curuchet. Jaime fue la encargada de reservar la sala para la reunión captada en un video en la que se hablaba de la situación judicial del dirigente gremial Juan “Pata” Medina y que fue motivo de la denuncia impulsada por la interventora de la AFI.
Interrogada por los legisladores, Emilia Jaime contó que era la encargada de enviar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones y confirmó entonces haber pedido ese salón, a instancias de su jefe.
Para este jueves al mediodía se espera un plato fuerte de esta investigación, pues se presentará el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien ya había sido convocado para el 18 de enero, pero no se presentó, ofreciendo en cambio responder por escrito, cosa que los legisladores rechazaron e insistieron con la convocatoria. Esta vez el funcionario asistirá, según se confirmó este miércoles.
“Solo falta que el presidente y la vice se sumen, para terminar de sincerar la convocatoria”, señaló.
Luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, manifestara su apoyo a la convocatoria para la marcha del próximo 1 de febrero contra la Corte Suprema de Justicia, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, afirmó que “solo falta que el presidente y la vicepresidenta se sumen para sincerar que la marcha del 1 de febrero no encierra otra intención que no sea la de golpear con carácter destituyente al máximo tribunal de la Republica”.
“Primero fue el viceministro de Justicia, luego el ministro de Seguridad, ahora la interventora de la AFI. En cualquier momento convocan ellos y dan a conocer las graves intenciones que los motivan”, señaló Negri en declaraciones realizadas esta tarde en Córdoba.
En el mismo sentido se había pronunciado el martes el diputado del Pro Gerardo Milman, quien le advirtió: “Señora Caamaño, usted, además de ser una okupa del cargo, ¿no conoce el estatuto de la ley que debe resguardar?”. En las redes sociales, el legislador de Juntos por el Cambio publicó una parte del estatuto en cuestión, en donde figuran las obligaciones de quien conduce la AFI. En cuyo punto 6 se establece que no debe estar afiliado a un partido político, ni participar en actividades de tal índole, ni profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los de libertad y democracia, de acuerdo al régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación Argentina”.
Cristina Caamaño respaldó la movilización del martes a Tribunales y Gerardo Milman salió a cruzarla.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, respaldó este martes la movilización convocada para el próximo 1 de febrero al Palacio de Tribunales contra la Corte Suprema de Justicia, considerando que la marcha “es más que necesaria”, pues a su juicio hay que “terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare”.
Entrevistada por El Destape, Caamaño se manifestó de acuerdo con la movilización, “porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.
Ante ello, salió a cruzarla el diputado del Pro Gerardo Milman, quien le recordó que por la Ley de Inteligencia, quien esté a cargo de la AFI tiene prohibido convocar a practicar y participar de actos políticos. “Señora Caamaño, usted, además de ser una okupa del cargo, ¿no conoce el estatuto de la ley que debe resguardar?”.
Recordemos que Milman llama a Caamaño “okupa” por el hecho de que su pliego no ha sido aprobado por el Senado.
En las redes sociales, el legislador de Juntos por el Cambio publicó una parte del estatuto en cuestión, en donde figuran las obligaciones de quien conduce la AFI. En cuyo punto 6 se establece que no debe estar afiliado a partido político, ni participar en actividades de tal índole, ni profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los de libertad y democracia, de acuerdo al régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación Argentina”.
El diputado nacional la llamó “ocupa” de la Agencia Federal de Inteligencia y sostuvo que desde allí cometió “una serie de irregularidades”
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró este sábado que “el de Mauricio Macri fue un gobierno plagado de ilegalidades”, al tiempo que afirmó que ese organismo en tiempos de Cambiemos “en vez de servir para su función se dedicaba a espiarse entre todos. Y más del 99% era gasto reservado”.
Asimismo sostuvo en el programa Digamos Todo, de CNN Radio, que la exgobernadora María Eugenia Vidal tenía un teléfono encriptado de la AFI”, cosa que consideró anormal. “Hoy debe haber 10 teléfonos encriptados, en la gestión de Macri había 120”, señaló.
Le salió al cruce el diputado del Pro Gerardo Milman, quien calificó de “ridículas” las declaraciones de Caamaño, a quien calificó de “ocupa de la AFI”, por cuanto “está incumpliendo la legislación para la cual ocupar el cargo donde está, la ley impone un acuerdo del Senado”.
“Además se dedicó a fabular recortando videos conseguidos de manera ilegal y difundiéndolos, violando la ley que debe resguardar. Armando causas utilizando el método Fórum Shopping”, agregó el legislador, que advirtió que “desde su designación ha cometido una serie de irregularidades: desde la cero cooperación con el resto del mundo occidental, hasta el grave hecho de impedir el ejercicio de la Inteligencia nacional para la lucha contra el narcotráfico en todas las fronteras argentinas”.
Y concluyó diciendo que “lo que debería hacer es regresar al trabajo habitual y bregar para que esta institución se normalice a la brevedad”.
La reunión de la Comisión de Acuerdos para analizar su postulación como titular de la Agencia Federal de Inteligencia se iba a realizar este miércoles, pero se postergó sin fecha.
La reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora, se suspendió. La convocatoria había sido confirmada en horas de la mañana para las 10.30 de este miércoles, pero por la tarde se supo de la suspensión.
Según fuentes oficiales, la suspensión obedeció a cuestiones personales de Cristina Caamaño, y de momento no se dieron precisiones para una nueva convocatoria.
Al comienzo del encuentro se debían ratificar las autoridades de la comisión, que tiene como presidenta a la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y al cordobés Ernesto Martínez (Pro), como vice.
El pliego de Caamaño fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta hace un año atrás. La AFI fue intervenida ni bien asumió su mandato Alberto Fernández, quien el pasado 5 de junio, mediante el decreto 359/21, prorrogó la intervención por 180 días más.
Según el procedimiento, y tras haber culminado la etapa de adhesiones e impugnaciones, Caamaño debe concurrir a la comisión en audiencia pública para exponer sobre el trabajo que aspira realizar y responder preguntas de los senadores.
Una vez que obtenga dictamen, el pliego será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple, con lo cual el Frente de Todos tiene los votos asegurados.
Antes de la intervención, y durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFI estuvo al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente, quienes fueron denunciados por Caamaño por supuestos delitos cometidos en su gestión.
La reunión para analizar su postulación como titular de la Agencia Federal de Inteligencia se realizará este miércoles, a partir de las 10.30.
La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá este miércoles, a partir de las 10.30, para tratar el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.
Al comienzo del encuentro se ratificarán las autoridades de la comisión, que tiene como presidenta a la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y al cordobés Ernesto Martínez (Pro), como vice.
El pliego de Caamaño fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta hace un año atrás. La AFI fue intervenida ni bien asumió su mandato Alberto Fernández, quien el pasado 5 de junio, mediante el decreto 359/21, prorrogó la intervención por 180 días más.
Según el procedimiento, y tras haber culminado la etapa de adhesiones e impugnaciones, Caamaño debe concurrir a la comisión en audiencia pública para exponer sobre el trabajo que aspira realizar y responder preguntas de los senadores.
Una vez que obtenga dictamen, el pliego será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple, con lo cual el Frente de Todos tiene los votos asegurados.
Antes de la intervención, y durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFI estuvo al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente, quienes fueron denunciados por Caamaño por supuestos delitos cometidos en su gestión.
A través de este servicio, certificado por normas internacionales de calidad, la BCN brindará asesoramiento a instituciones de todo el país sobre estas técnicas.
La Biblioteca del Congreso de la Nación firmó un convenio de colaboración con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para acompañar el trabajo del Programa de Protección de Registro y Archivo que impulsa desde comienzo de año ese organismo de seguridad, con el objetivo de preservar toda la documentación relacionada a la última dictadura cívico militar.
La BCN es pionera en la región en este tipo de tareas y cuenta con el Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos para la conservación y preservación de documentos, para lo que se utilizan dos recursos técnicos: la microfilmación y la digitalización.
A través de este servicio certificado por normas internacionales de calidad, la Biblioteca del Congreso brinda asesoramiento a instituciones de todo el país sobre estas técnicas. Con la microfilmación se puede copiar cualquier tipo de documento en soporte de película a escala reducida, siendo una de sus principales ventajas que el microfilm posee valor documental -al no ser susceptible de adulteración- y tiene una durabilidad de 500 años. Al tiempo que la digitalización convierte el documento en imagen digital codificada y permite una inmediata accesibilidad y reproducción sin pérdida de calidad en las copias sucesivas.
Desde el comienzo de su intervención al frente de la AFI, Cristina Caamaño promovió la creación de la Unidad de Archivo y Registro (UAR) para realizar tareas de compulsa, recopilación y sistematización de toda la documentación obrante en el organismo relativa a información sobre violaciones a los derechos humanos y libertades individuales ocurridas hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó la emblemática sentencia del Juicio a las Juntas.
A partir del convenio firmado, el Programa de la AFI cuenta con una oficina, cuatro equipos y dos técnicos digitalizadores.
Además, el organismo firmó acuerdos en la misma línea con el Archivo Nacional de la Memoria y el Archivo General de la Nación.
Es por haber revelado secretos políticos y militares, en el marco de una causa por espionaje ilegal. La denuncia se hace extensiva al juez y los fiscales de la misma.
El diputado nacional Jorge Enríquez y un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el juez Juan Pablo Auge, la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide por revelar secretos políticos y militares (arts. 22 y 223 del Código Penal).
Es porque Caamaño envió al juzgado información secreta y clasificada que involucra la actividad de espías en el país y en el exterior con identificación de las personas involucradas, en el marco de la megacausa de espionaje ilegal.
Por principio, toda información o documentación que pudiera afectar las actividades de inteligencia debe ser secreta y, aun cuando fuera clasificada como pública, no debe trascender el ámbito oficial, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI debe necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (director General de la AFI, conforme art. 11 Decreto 950/02), u orden judicial, fundamentan al impulsar la denuncia.
“La doctora Caamaño no tiene facultades para desclasificar información, porque no le fueron delegadas por el presidente de la Nación, y sin embargo envió al juzgado copias sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir, el lugar donde se asientan los actos de mayor trascendencia del organismo”, expresa la presentación.
Para Enríquez, “se trata de un hecho de una gravedad inusitada. Los agentes mencionados y sus familias han sido expuestos a potenciales represalias y silenciamientos en forma totalmente deliberada, injustificada e irresponsable”.
Además del diputado del Pro, acompañan la denuncia Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
Por la filtración de datos de agentes de inteligencia, Graciela Ocaña solicitó convocar a la Bicameral del Ministerio Público a la titular de la AFI y a los fiscales intervinientes.
La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que se cite a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.
A través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, la legisladora nacional, que integra esa comisión, señaló que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.
En ese sentido, Ocaña afirmó que “al tomar conocimiento las partes intervinientes en el proceso de su existencia, pareciera que todos los responsables de mantener ese elemental resguardo han incumplido sus obligaciones funcionales, y por ello es tan importante y vital que esta Comisión tome cartas en el asunto e impulse las citaciones”.
“Revelar la identidad de los agentes que se encuentran protegidos por la Ley de Inteligencia constituye nada menos que un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó), por lo cual es urgente y perentorio la concurrencia de los fiscales y la interventora de la AFI para que brinden las explicaciones del caso”, subrayó la diputada en el escrito.
Ocaña consideró que “es vergonzosa la filtración de 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conteniendo decenas de datos sensibles que se encontraban en el Libro de Protocolo de Resoluciones conteniendo nombres personales, números de documentos, designaciones, viajes, jubilaciones de espías y ex agentes de inteligencia, registro de entradas y salidas entre tantos otros”.
Asimismo, sostuvo que “es escandalosa la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails, entre otros datos, en violación de su derecho de privacidad e intimidad extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.
La comisión presidida por Leopoldo Moreau se reunió este lunes en forma reservada por la denuncia presentada por la interventora de la AFI. Recibirán a abogados querellantes.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.
La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.
“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.
En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.
Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.
“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.
Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.
“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.
Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.
Alberto Asseff reclamó que se informen los motivos por los cuales se filtraron 3.850 resoluciones de la AFI que contienen datos personales de más de un centenar de espías y exagentes.
El diputado nacional Alberto Asseff del bloque JxC solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos por los cuales se filtraron 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contienen datos personales de más de un centenar de espías y exagentes.
Asimismo, el legislador quiere saber si se han recibido denuncias, alertas o cualquier otro tipo de comunicación por parte de consulados argentinos, atento que varios afectados se encuentran alrededor del mundo; así como si hubo contacto con las autoridades de los países donde se encuentran algunos de los espías y exagentes afectados.
Por último, el titular del partido UNIR pide saber si se evalúa destituir a la dra. Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz como interventora tras los hechos descriptos, pues “estamos ante la presencia de un hecho vergonzoso y escandaloso, donde se ponen en riesgo la vida de varias personas, se viola su intimidad y también se afectan los intereses de la Nación. La incertidumbre sobre el funcionamiento y rol de la AFI vuelve a reflotarse con esta filtración de suma gravedad”, concluyó Asseff.
Acompañan el pedido de informes Pablo Torrello, Luis Pastori, Jorge Enríquez, Estela Regidor, Lidia Ines Ascarate y Julio Sahad.
En una reunión reservada convocada para este viernes, la comisión dará ingreso a la denuncia y se iniciaría un sumario de investigación en paralelo a la de la Justicia.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) se reunirá este viernes para dar ingreso a la denuncia sobre espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
La comisión mantendrá un encuentro reservado desde las 14.30, con algunos de sus integrantes en forma presencial y el resto, conectados por videoconferencia.
Los legisladores le darán entrada a la denuncia remitida por la abogada que representa a los familiares, donde la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, apuntó contra su antecesor, Gustavo Arribas.
Según denunció Caamaño ante la Justicia Federal de Mar del Plata, la AFI realizó tareas de espionaje sin orden judicial mientras el submarino estaba desaparecido.
La comisión presidida por Moreau iniciaría un sumario de investigación en paralelo a la causa judicial, con la creación de una subcomisión encargada de recabar testimonios.
En otro orden, la bicameral fijará fecha para convocar a Caamaño con el fin de que informe ante los diputados y senadores sobre las tareas de reorganización y saneamiento de la AFI, así como las denuncias que se tramitan en diversos juzgados federales por violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Fue al comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, donde también tomó estado parlamentario la postulación de Mateo Capitanich como embajador en Nicaragua.
Al comienzo de la sesión de este jueves se dio ingreso formal en el Senado al pliego que propone a Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.
El pedido de acuerdo fue enviado por el Poder Ejecutivo hace un mes. Ahora, el pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (FdT), y, antes de la firma del dictamen, Caamaño deberá ser convocada a una audiencia pública.
También tomó estado parlamentario el pliego de Mateo Daniel Capitanich, hermano del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, a quien se lo propone como embajador en Nicaragua.
Además, tuvieron ingreso formal una serie de expedientes sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y la Cancillería.
La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que denunció espionaje ilegal, es propuesta para encabezar el organismo.
Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.
El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.
A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.
El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.
Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.
En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.
En el decreto por el cual Alberto Fernández prorrogó la intervención de la AFI, anticipó el próximo envío de su designación.
A través del Decreto 540/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández prorrogó este martes por seis meses más la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia dispuesta luego de asumir al frente de la Casa Rosada.
La intervención está a cargo de Cristina Caamaño, cuya designación oficial enviará el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días.
Según reza el decreto, “la decisión de prorrogar la intervención oportunamente dispuesta se adopta en forma conjunta con la propuesta de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General de la Agencia Federal de Inteligencia, con rango y jerarquía de ministra, conforme lo dispuesto en el artículo 15, primer párrafo de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias. Dicha designación será enviada en los próximos días al H. Senado de la Nación para obtener el acuerdo respectivo. Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la intervención prorrogada por la presente medida”.
Señala el decreto que el presidente considera que las medidas adoptadas por Caamaño permitirán “seguir resguardando el Estado de Derecho, el principio republicano de gobierno y el principio de soberanía popular, así como terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto, el cual compromete las bases del sistema democrático previsto en la Constitución Nacional”.
Con el Congreso como escenario, el kirchnerismo duro lanzó una coordinada escalada contra la administración anterior. Esperan un efecto demoledor por el denunciado espionaje ilegal, y ya lograron que Mauricio Macri sea imputado. “Es ahora, Alberto”, pide Dady Brieva.
Por José Angel Di Mauro
La armonía entre el oficialismo y la oposición duró lo que duró, y fue bastante. La ilusión que generó el alineamiento general frente a un enemigo común ya se esfumó, aunque todavía persistan algunos rasgos de cordialidad entre las partes. Pero a esta altura ya quedó claro que más allá de promesas discursivas, la grieta sigue vigente. Si tenía dudas, la oposición terminó de sacárselas la semana que pasó.
Fue en el Congreso, lugar donde se dirime la política, pero más específicamente en el Senado. Convengamos que el Parlamento es territorio dominado por el kirchnerismo. Porque si bien Diputados es presidido por Sergio Massa, la vicepresidenta es omnipresente en las dos cámaras. Y el Senado nacional es el patio trasero de Cristina. Allí fue donde el kirchnerismo duro mostró todas sus cartas.
Quedó claro cuando se diagramó la agenda de las comisiones que de manera virtual siguen reuniéndose cada vez con mayor frecuencia. Para el martes 26 de mayo se programó temprano la reunión de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa para analizar el endeudamiento contraído durante la gestión macrista. El último turno de ese mismo día fue reservado para la Bicameral de Trámite Legislativo, para tratar una serie de decretos entre los cuales se incluyeron sorpresivamente dos de Mauricio Macri. Al día siguiente la Comisión de Justicia que preside el senador Oscar Parrilli -mano derecha de la expresidenta- convocó al radical Mario Cimadevilla -quien se fue de la Unidad de Investigación del atentado contra la AMIA en tiempos de Macri dando un portazo- para ventilar sus duras críticas a esa administración. Ese mismo día, pero en forma secreta, se reunió otra bicameral: la de Seguimiento y Control de los organismos de Inteligencia, para analizar la denuncia presentada el día anterior por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, sobre espionaje ilegal durante la gestión Cambiemos. Todo un arsenal coordinadamente alineado en dirección hacia la anterior administración.
Veamos los detalles. Habitualmente mesurado, quien presidiera durante los cuatro años de Cambiemos la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, escribió tras la convocatoria para analizar el endeudamiento el siguiente tuit: “El país entra en default después de 5 meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente… para debatir la ‘fuga’ de divisas de 2016-2019. Nos toman el pelo”, y anticipó que como vicepresidente pediría cambiar el temario y citar al ministro de Economía. Fue lo que hizo sin éxito la oposición en esa reunión en la que Laspina perdió los estribos ante el presidente de la comisión, José Mayans. Pese a los reclamos porque la investigación de la deuda abarcara hasta 2003 -pero sobre todo el segundo mandato de Cristina, en el que el drenaje de divisas fue similar al de Macri, aun con cepo-, el oficialismo impuso un dictamen para investigar los últimos cuatro años.
Ese martes se cerró con otro escándalo, cuando los miembros de JxC se retiraron de la reunión de la Comisión de DNU en medio de gritos y acusaciones cruzadas por la decisión del Frente de Todos de tratar dos decretos de Macri, para traspasar las escuchas telefónicas a la Corte. Se recordó que ambos ya habían tenido dictamen en su momento, si bien es cierto que nunca llegaron al recinto. Y esos dictámenes no caducan. El oficialismo quiere llevarlos a sesión y derogarlos, cosa que nunca sucedió desde 1983.
La oposición cuestionó también la presencia de Cimadevilla en una comisión “que no es investigadora” y donde el presidente de la misma -Oscar Parrilli- es “un actor interesado en la causa”. El exsenador sostuvo allí que el gobierno de Macri nunca tuvo interés en saber qué pasó en la AMIA. Convengamos que las denuncias que hace no son nuevas y en su momento tuvieron la anuencia de Elisa Carrió. El oficialismo ahora aprovecha para echar sal a esa herida.
Es sabido que el kirchnerismo duro está molesto porque a esta altura quisiera ver a los exfuncionarios macristas desfilando por los Tribunales, comenzando por el expresidente. Esa rémora comenzó a enmendarse al final de la semana, cuando Mauricio Macri fue imputado en la investigación del supuesto espionaje ilegal registrado durante su gestión.
Ese reproche fue uno de los que expuso el humorista Dady Brieva en ese “editorial” en el que sugirió al Presidente llevar ya a la Argentina a la estación Venezuela. En ese comentario el Midachi se lamentó porque tantas investigaciones periodísticas que revelan la supuesta corrupción macrista quedan “en la nada”. “Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos, a evasores, medios, jugadores, comunicadores, Justicia, entidades financieras, fuimos”. Y a continuación, reclamó: “Es ahora Alberto. Vos fuiste elegido y vos sos el responsable”.
Luego de dos meses de parálisis legislativa, matizada con zooms en las que todo el gabinete desfiló de manera remota por las comisiones, y sobre todo la anuencia de la oposición a aceptar el statu quo impuesto por el coronavirus, finalmente se puso en marcha al Congreso, aunque con las limitaciones que la distancia impone. En ese marco se estableció un acuerdo tácito para que en semejante contexto solo se trataran temas consensuados y relacionados con el Covid-19. Pero ese límite solo abarcaba las sesiones, no -lógicamente- las reuniones de comisión. Fue notorio que la vicepresidenta celebrara que una fuerte discusión entre los senadores Carlos Caserio y Martín Lousteau permitiera demostrar que los temas más ríspidos podían ser dirimidos como si estuvieran cara a cara.
Quedó claro que la relación oficialismo-oposición ya es a cara de perro, sin contemplaciones. Aun cuando el oficialismo está muy ajustado en los números en la Cámara baja. Más botones de muestra: en otra bicameral, la de Comunicación Audiovisual en la que se impuso la designación de Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público, el oficialismo designó presidenta a Gabriela Cerruti, mas no concedió a la oposición la vicepresidencia, como suele establecerse. Ungió allí al senador Alfredo Luenzo, respetado por todos… pero también oficialista.
La última demostración de poder la dio el oficialismo el jueves, al no reunir quórum Juntos por el Cambio para la sesión convocada para debatir las facultades especiales otorgadas al jefe de Gabinete. Un resultado previsible que permitió verificar con quiénes cuenta el Frente de Todos a la hora de medir fuerzas en la Cámara donde está más ajustado. En esa sesión en minoría, JxC hizo más reproches a los ausentes que al gobierno. De hecho, el diputado Pablo Tonelli explicó que esas facultades especiales que otorgó el DNU cuestionado eran “innecesarias”. Simplemente porque el artículo 39° de la Ley 24.156 que modificó el decreto establece que “el Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar cosas no incluidas en la ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”.
Tal vez valía la demostración de fuerza por aquello de que “es ahora, Alberto”, como declama Dady Brieva en nombre del kirchnerismo duro. “Tenemos la oportunidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo”, expresó en ese sentido el Presidente en su paso por Formosa, donde ponderó con énfasis al gobernador de una de las provincias más pobres, en la que el tan declamado “Estado presente” es “omnipresente”. Allí el Estado es el principal empleador, aunque es la provincia que menos incrementó la cantidad de agentes estatales entre 2003 y 2015.
Alberto anduvo allí a los abrazos con el gobernador Gildo Insfrán. Más allá del mensaje contradictorio de esos gestos en tiempos de aislamiento y distanciamiento social, el Presidente busca construir para la agenda post pandemia, y reforzar lazos con los gobernadores como siempre deseó. Pero allí siguió haciendo equilibrio, cuando dijo que “un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas idas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos… No, no, no: queremos hacer un país más justo, simplemente”.
Casi como una expresión de deseo muchos interpretaron que estaba desautorizando la propuesta de Fernanda Vallejos. No lo hizo: la diputada nunca habló de quedarse con empresas, sino con parte accionaria de los grandes grupos auxiliados. Las “ideas locas” a las que refirió el Presidente son, a su juicio, las interpretaciones que se hacen de esa propuesta y del proyecto para cobrar un impuesto a las grandes fortunas.
Santiago Cafiero y la titular de la AFI ultimaron los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley N°25.520, su modificatoria (Ley N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, que constituyen el núcleo normativo del Sistema de Inteligencia Nacional.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió este miércoles en la Casa Rosada a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, para ultimar los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley N°25.520 (de Inteligencia Nacional), su modificatoria (Ley N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, que constituyen el núcleo normativo del Sistema de Inteligencia Nacional.
Esta comisión deberá convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en materia y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI a distintas mesas de trabajo.
El objetivo, según la resolución firmada por Caamaño luego del encuentro, es “realizar una revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de dar respuesta a la instrucción del artículo 7° del DNU 52/19”, mediante el cual el presidente de la Nación dispuso la Intervención de la Agencia. A su vez, “deberá elevar un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional en el plazo de 120 días corridos”.
En la resolución, la interventora de la AFI consideró que “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia, deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los Derechos Humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para le ingreso, formación y capacitación del personal; la planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.
La comisión que preside Leopoldo Moreau recibió la denuncia hecha por la interventora del organismo. Además, se constituyó una sub-comisión que analizará otra denuncia hecha por un exfuncionario del Ministerio de Defensa.
Con la mayoría de sus miembros en forma presencial, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió este miércoles y recibió la denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje ilegal a dirigentes, legisladores, sindicalistas y periodistas durante la gestión de Mauricio Macri.
La comisión presidida por el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) acordó requerir a la AFI que amplíe información sobre la denuncia, conocida a seis meses de intervención del organismo, donde se acusa a la conducción de Gustavo Arribas de interceptar unos 80 correos electrónicos sin orden judicial.
De los catorce integrantes, once participaron de la reunión en el Salón Delia Parodi, entre ellos Moreau, los diputados Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna (Frente de Todos) y José Cano (UCR), y los senadores Oscar Parilli y Gerardo Montenegro (Frente de Todos). Solo tres se conectaron por videoconferencia, con los recaudos de seguridad necesarios por tratarse de una reunión reservada.
En conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, Moreau aclaró que “todavía no se abrió una investigación específica” de la bicameral sobre la denuncia de Caamaño, sino que se solicitó a la AFI “una ampliación de información” para dilucidar “el procedimiento por el cual se llegaron a constatar estas pinchaduras sobre correos electrónicos” y “cómo transitó la cadena de responsabilidades”.
“Hicimos hincapié en el hecho de que además de las figuras públicas, hay algunos nombres y apellidos que no tienen la misma notoriedad, pero son militantes o dirigentes de fuerzas políticas, que es lo que más nos preocupa, porque quiere decir que no solamente se avanza sobre personas, sino también sobre organizaciones políticas, algo que está muy expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia”, explicó el titular de la bicameral.
Consultado sobre el papel de Mauricio Macri, sostuvo que “esa es una cuestión que debe dirimirse en sede judicial” y aclaró que el expresidente “tiene un requerimiento para ser indagado” en la causa llevada adelante por el fiscal Jorge Di Lello e instruida por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, salió en defensa de Macri. “Confío en la investigación judicial, pero descarto que por alguna orden política haya habido un trabajo de estas características”, dijo a la prensa, y consideró que “tiene que haber pruebas mucho más concretas” para comprobar los hechos, por lo cual “se han requerido peritos”.
“Este es un cuento de nunca acabar, es algo recurrente en los servicios de Inteligencia. En cualquier gobierno donde se viole la Ley de Inteligencia contra cualquier persona, eso es violar el sistema democrático. La AFI debe garantizar la ley, tiene extremadamente prohibido hacer inteligencia sobre partidos políticos”, remarcó Ritondo.
La oficialista Osuna, otra de las integrantes de la bicameral -que viajó desde Entre Ríos para asistir a la reunión- condenó “el accionar ilegal de la AFI, que fue convalidado en el gobierno de Macri y que se caracterizó por el descontrol, el espionaje político y las extorsiones, sumados a escuchas a favor de los negocios privados de personajes del círculo afín al gobierno”.
“La ilegalidad de la actuación del organismo mientras estuvo en manos de Arribas y Macri es de un nivel de gravedad institucional que nos moviliza a actuar con urgencia, ya que este funcionamiento afecta la democracia”, aseveró, y concluyó: “Seguiremos con expectativa el proceso que se abre con la denuncia efectuada por Caamaño”.
Por otra parte, dentro de la bicameral se constituyó una sub-comisión que analizará otra acusación, formulada por el exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, quien “denunció que fue objeto de intimidaciones y amenazas, al colocarle una bomba en la puerta del edificio donde habitaba”, reveló Moreau.
La semana pasada, Vila brindó detalles del supuesto atentado a los diputados Moreau, Ritondo, Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Sebastián García De Luca (Pro). “Jueces que están interviniendo nos enviaron oficios que nos dieron indicios y certezas de que hay agentes de Inteligencia que llevaron adelante acciones violatorias de la ley”, advirtió el presidente de la comisión.
Además, aclaró que Vila “no es un arrepentido; es una víctima de una campaña de intimidación y persecución”. “Aparentemente, un grupo de narcotraficantes habría actuado en consonancia con un agente de la AFI, que a su vez dice haber recibido órdenes superiores, en esta actividad de intimidación y amenazas”, indicó Moreau.
Según trascendió, desde la sub-comisión se citará para los próximos días al periodista Carlos Pagni, quien fue mencionado por Vila en su declaración.
La comisión que preside el oficialista Leopoldo Moreau sesionará de manera presencial este miércoles en el Congreso, y el encuentro estará signado por lo que acaba de denunciar la titular de la AFI.
En el marco de la reactivación del Congreso que se vive por estos días, y también -por qué no decirlo- de la fuerte embestida emprendida por el oficialismo contra la administración precedente, se reunirá este miércoles la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
La reunión es de carácter reservado, según lo establece el artículo 10 del reglamento interno, pero está claro cual será el eje del debate que allí se dará: la denuncia hecha por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.
La comisión está presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sin duda pondrá en primer lugar del temario la denuncia penal que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.
El encuentro será de carácter presencial, en el Salón Delia Parodi, del Palacio del Congreso, a partir de las 14.
