La vicepresidenta agradeció el vídeo realizado por la agrupación que lidera su hijo, Máximo Kirchner, al recordar los cinco años desde su primera declaración en Comodoro Py.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció este martes el vídeo que la agrupación La Cámpora, liderada por su hijo Máximo Kirchner, realizó para recordar que este 13 de abril se cumplen cinco años de su primera declaración en los tribunales de Comodoro Py, citada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa “dólar futuro”.
“Gracias por tanto amor”, escribió la expresidenta al compartir el mensaje de la cuenta de La Cámpora, donde se publicó: “#13A. 5 años de Cristina en Comodoro Py. El Partido Judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida”.
En el vídeo, donde se la compara con Diego Armando Maradona, se ve un compilado de momentos de su gestión presidencial, sus discursos y diferentes frases durante la campaña electoral de 2019 y, en especial, de aquella jornada lluviosa del 13 de abril de 2016 en la que se subió a un escenario para hablarle a los militantes que se habían acercado hasta los tribunales de Retiro.
También hizo alusión en sus redes a aquella jornada la diputada nacional Cristina Britez, que citó a lo dicho por la vicepresidenta en esa oportunidad: “Me pueden citar 20 veces, me pueden meter presa, pero no van a poder callarme”. “Hace 5 años, en aquel día lluvioso frente a Comodoro Py, nos conmoviste y nos diste fuerza. Hoy nuestra lealtad está intacta, y la lucha contra el lawfare continúa. Siempre a tu lado, @CFKArgentina”, dijo la misionera.
“Hace 5 años, fuimos miles los argentinos y las argentinas que acompañamos a @CFKArgentina a Comodoro Py. El pueblo, siempre con Cristina”, manifestó la secretaria parlamentario del Frente de Todos en Diputados, Cristina Alvarez Rodríguez, mientras que su par Vanesa Siley tuiteó: “El sol siempre sale, Cristina”.
El presidente defendió a su vice y apuntó contra un sector del Poder Judicial al referirse a las supuestas visitas de jueces a Olivos durante el gobierno de Macri. Por otra parte, aseguró que enviarán el proyecto al Congreso sobre emergencia energética.
El presidente Alberto Fernández defendió este viernes a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al sostener: “A veces me dicen, ‘lo único que quiere es que a Cristina no la condenen’. Cristina no me necesita, porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar. Lo que yo quiero es que esto no vuelva a pasar nunca más en Argentina”.
Consultado en radio El Destape por las presuntas visitas de jueces a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, el mandatario consideró que son de una “gravedad inusual”.
Sobre esto, opinó que en Argentina se está viviendo “un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil) Lula da Silva y los Telegram entre (el exjuez Sergio) Moro y la fiscalía”.
“Si se ocultaron nombres es porque sabían que estaba mal mencionar que esas personas estaban viniendo a Olivos, es un delito. Es información falsificada y eso de por sí solo es un delito”, señaló en referencia a las listas que salieron a la luz y se contradicen con las que en su momento la gestión de Cambiemos le aportó a la organización Poder Ciudadano, sobre el registro nombres, fechas y entradas a la residencia presidencial.
Fernández sostuvo que “muchas veces se presionó para defender a funcionarios del Gobierno. Lo que nunca se había visto era usar a la Justicia para perseguir a opositores. Lo que nunca se vio es que escriban las cosas que escribieron para justificar lo que hicieron. Es definitivamente llamativo porque lo mismo que digo de Lula podría decirlo de Cristina. Se han escrito y se han dicho cosas increíbles sobre la responsabilidad de Cristina”.
“Se ha hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita, que es un delito perverso que yo deploro, pero que existe en el Código Penal, que es vergonzosa. Por el hecho de pertenecer a un directorio, vos sos responsable. A nosotros no nos deben condenar por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y acá se condena por lo que somos”, continuó.
Entonces, criticó que la expresidenta “es ‘jefa’ de no sé cuántas asociaciones ilícitas que no tienen nada que ver una con la otra. El argumento es el mismo: como era presidenta, no pudo no saber. Es una vergüenza ese argumento. Uno podría también pararse en la detención de Cristóbal López y Fabián de Souza. Un juez ordenó sus detenciones para que no puedan vender sus bienes. Esto es un estrago jurídico como nunca he visto. Para eso existen medidas cautelares patrimoniales, no se puede detener a alguien para que no disponga de sus bienes. Sin embargo hicieron eso”.
“Cuando uno ve que se está organizando un sistema judicial donde siempre aparecen los mismos nombres y se da cuenta de que esto está organizado, la presencia de esos jueces tantas veces en Olivos y en Casa Rosada la verdad que lleva a pensar definitivamente mal, porque son muchas veces los mismos jueces que escribieron estas barrabasadas”, cerró.
Enviarán un proyecto sobre emergencia energética
Durante la extensa entrevista, el presidente, aislado en Olivos transitando el Covid, se refirió a varios temas y entre ellos hizo mención a una iniciativa que anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, hace poco más de un mes.
El mandatario aseguró que se está “trabajando un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que podamos segmentar a los consumidores” para el pago de las tarifas.
“Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz”, expresó, y enfatizó que se están “haciendo esfuerzos para minimizar al máximo cualquier aumento”, porque no quiere “sumarle más problemas a la gente”.
Por otro lado, observó que “la economía está creciendo a un ritmo muy importante” y “todo indica que el crecimiento va a seguir. Por eso no hemos hecho por acotar la actividad económica, porque no hemos tenido problemas de contagios en fábricas”.
También prometió que “a mitad de abril van a estar entrando dosis suficientes para acelerar el ritmo de vacunación”.
La Resolución se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Rige a partir del 1ro. de abril.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la notificación de la renuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cobrar el sueldo correspondiente a su cargo, a partir del 1ro. de abril, según la Resolución 145/2021 publicada en el Boletín Oficial.
Bajo la firma del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el artículo 1° precisa que se toma “conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de vicepresidenta de la Nación a partir del 1 de abril del 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
En tanto, el artículo 2° comunica a la “Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración a efectos de que arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de lo indicado”.
En los considerandos, la medida recuerda que “conforme la comunicación del día 5 de marzo de 2021, la Señora Vicepresidenta puso en conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia, su decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa, a partir del 01 de abril del corriente año”.
Por lo tanto, “en razón de lo expuesto corresponde tomar conocimiento y proceder a la suspensión del pago de los haberes”, concluye el texto oficial.
Este viernes, día en que la vicepresidenta cumple 68 años, fueron varios los oficialistas que la saludaron con mensajes y vídeos.
Legisladores, funcionarios y dirigentes del oficialismo llenaron las redes sociales con saludos hacia Cristina Fernández de Kirchner, quien este viernes cumple 68 años. Al igual que pasa hace unos años, el hashtag #CristinaCumple se convirtió en tendencia en Twitter.
Desde el Senado, cámara que preside la vicepresidenta, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la exmandataria, escribió: “Tu alma es la fuerza. Feliz cumpleaños querida compañera!!”.
“¡Feliz cumpleaños, @CFKArgentina! El amor del pueblo siempre lo dice todo”, publicó el senador Mariano Recalde, mientras que su par Martín Doñate le deseó “Feliz cumpleaños @CFKArgentina. Te abrazo con mi corazón”.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun publicó: “En este día, el de tu cumple @CFKArgentina no puedo dejar de pensar en vos y en Néstor. Decirte feliz cumple es también un homenaje a la vida que te dio el privilegio de vivir un gran Amor”.
También desde la Cámara alta, el santiagueño José Neder la saludó: “Feliz cumpleaños, querida compañera Vicepresidenta de la Nación, @CFKArgentina. Desde Santiago del Estero, nuestro afecto y acompañamiento permanente”.
“Militando a tu lado, siempre. Es un orgullo compartir este tiempo histórico junto a vos ¡Feliz cumpleaños @CFKArgentina!”, fue el mensaje de la diputada Cristina Alvarez Rodríguez.
El diputado Leopoldo Moreau destacó que “#CristinaCumple siempre rodeada de un pueblo agradecido por su lucha y su lucidez para defenderlo”. “Un honor ser contemporánea de tu tiempo de liderazgo y transformaciones. #CristinaCumple. Feliz día, compañera”, dijo Gabriela Cerruti.
“¡Feliz cumpleaños a la que nos ama y todxs amamos, a la más linda del amor! Nuestra querida @CFKArgentina”, sostuvo la diputada Mara Brawer, en tanto su par Lucila Masin resaltó que “hoy cumple años ella, la que siempre cumplió con su pueblo y volvió para poner nuevamente a nuestro país de pie. ¡Lo mejor en este día y cada día!”.
Entre otros, la diputada Cristina Britez expresó: “Años de aprender, de acompañarte, de admirarte, de ver cómo te jugás por los misioneros y por todos los argentinos. Un orgullo poder compartir este camino con vos. #CristinaCumple, SIEMPRE”.
Además de legisladores del Frente de Todos, también saludaron a CFK varios funcionarios y dirigentes. Entre ellos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof le dedicó: “Feliz cumpleaños compañera @CFKArgentina. Tu convicción y compromiso siempre son un ejemplo y marcan el camino. Por más años de lucha”.
“Tu militancia, tu compromiso, tu lucha y tu amor hacia el pueblo nos motivan a seguir trabajando por una Argentina más justa, una Argentina para todos y para todas. Feliz cumpleaños, @CFKArgentina”, tuiteó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que en otro mensaje compartió el vídeo que La Cámpora le realizó a la vicepresidenta.
Las legisladoras de la oposición aseguraron que la vicepresidenta “infringe la ley” y reclamaron que se apele el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami.
Las diputadas de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña (Pro) y Marcela Campagnoli (CC-ARI) advirtieron que Cristina Kirchner “infringe la ley que imposibilita el cobro de dos pensiones en simultáneo”, y reclamaron que “se apele el fallo que habilita a la vicepresidenta a cobrar casi dos millones de pesos mensuales libre de impuestos”.
A través de un mensaje en las redes sociales, las legisladoras le pidieron este martes al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, y a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, “que apelen este fallo vergonzoso, no sólo por ilegal, sino porque en el actual contexto de pobreza de la Argentina la pretensión de nuestra actual Vicepresidenta es inmoral y falta de toda ética”.
El próximo viernes 5 de febrero vence el plazo para apelar en la Justicia el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami, quien otorgó en diciembre el cobro de dos pensiones a Cristina Kirchner, una como expresidenta y otra por el mismo cargo que ocupó Néstor Kirchner, con intereses retroactivos por más de 100 millones de pesos y sin pagar impuesto a las Ganancias.
“El pasado 29 de diciembre, mientras en el Senado se discutía la legalización del aborto y en Diputados se votaba un brutal ajuste y rebaja para los jubilados, un juez subrogante le permitió a Cristina Fernández de Kirchner cobrar la pensión vitalicia de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, más la de ella, sin pagar Ganancias, y más su dieta como senadora, lo que son alrededor de dos millones de pesos por mes”, indicaron.
Además, Ocaña remarcó que el cobro de ambos beneficios “es totalmente ilegal” ya que “la ley es muy clara al respecto: la vicepresidenta debía optar por uno de los dos”.
De esta manera, las diputadas se sumaron a la campaña que un grupo de organizaciones, encabezadas por Acción Conjunta Republicana, iniciaron para que desde el Estado se apele al fallo.
En referencia a la carta de la vicepresidenta, los dirigentes de la oposición señalaron que el presidente no puede “tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza”.
Tras una nueva reunión virtual, los representantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio advirtieron que la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner “avalada por el presidente” es “un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”.
“Juntos por el Cambio tendrá la firmeza institucional para impedir que este clima hostil contra el máximo tribunal se transforme en hechos concretos de ataque y cambios constitucionales”, anunciaron mediante un comunicado.
Para los dirigentes de la oposición, “está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de ‘lawfare’, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política”.
“Las manifestaciones de la vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”, continuaron.
Los referentes del Pro, la UCR y la CC-ARI aseguraron que “en todas las democracias constitucionales, los jueces tienen la delicada tarea de proteger los derechos ciudadanos y de controlar que los otros poderes actúen de acuerdo a la Constitución. Se trata, entonces, de un torpe intento de tratar de evadir la discusión sobre la veracidad o falsedad de los hechos que se imputan, cuestionando políticamente los procesos que se encuentran en curso”.
“Alberto Fernández no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza. Le corresponde al presidente defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la Justicia y a la Corte Suprema como el que se ha efectuado”, alertaron.
Desde la coalición opositora insistieron: “Vamos a defender con toda energía la independencia de la Justicia, con el fin de que, a través de un juicio con todas las garantías, aplique la ley a quien corresponda, sin que importe su poder o influencia política”.
“Este año hemos resistido diferentes embates en cuanto a cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial: el proyecto de cambio en la Justicia; el intento de copar la Procuración; la amenaza contra la libertad y la propiedad, el trabajo y la economía de las familias. La ciudadanía cuenta con la decisión de Juntos por el Cambio, que estará firme en todos los campos, al lado de la sociedad, defendiendo nuestra Constitución”, concluyeron.
De la reunión, que duró una hora, participaron por el Pro el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Humberto Schiavoni y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Por la Unión Cívica Radical asistieron los diputados nacionales Alfredo Cornejo (presidente) y Mario Negri (presidente del interbloque), y los senadores Luis Naidenoff (jefe del interbloque) y Martín Lousteau. En representación de la Coalición Cívica-ARI estuvieron el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el diputado nacional Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.
En el marco de un informe presentado al cabo del primer año de gestión, la viepresidenta alertó sobre la posibilidad que el Tribunal Supremo empiece a dictar “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Al hacer un balance tras el primer año de la gestión del Frente de Todos al frente del Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner destacó que “el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”.
“Sobre un sistema de salud practicamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid”, señaló la vicepresidenta, que destacó también que “se logró reestrucuturar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos”.
También destacó que “con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan”.
Pero a continuación la emprendió contra otro poder del Estado: el Judicial, embistiendo duramente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, sostuvo.
Tras aclarar que no pretende una Justicia adicta, sino “todo lo contrario”, recordó que de aquella Corte que tras “un proceso virtuoso” registrado durante la gestión iniciada por su esposo en 2003, surgió “la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.
“De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la doctora Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el doctor Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba”, recordó.
Agregó a continuación que “la descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadio. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los ‘jueces de la servilleta’. Bonadio se autodefinía como un practicante del ‘derecho penal creativo’: aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares”.
“Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadio, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, enfatizó.
Agregó Cristina Kirchner que “la otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el doctor Zaffaroni-, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.
Para CFK, “el macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema”.
“Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación”, sostuvo la vicepresidenta.
Cristina afirmó que “hoy, la Corte esta integrada por esos cuatro funcionarios más el doctor Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el doctor Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente. Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país”.
“A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, afirmó Cristina Kirchner, para quien “tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Llegó pasadas las 14.30, acompañada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, luego de haber dado inicio a la sesión en el Senado.
Tras haber dado inicio a la sesión en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner asistió al velatorio de Diego Maradona este jueves.
Minutos después de las 14.30, la vicepresidenta arribó a la Casa Rosada, acompañada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista.
CFK fue recibida por el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Luego se dirigió a saludar a la familia, y se fundió en un abrazo con Claudia Villafañe, la exesposa del ídolo del fútbol argentino.
El paso de la titular del Senado por el funeral se vio, por momentos, a través del canal Senado TV que, en pantalla dividida, continuaba con la transmisión de la sesión en la que se le rendió un sentido homenaje al “Diez”.
Cristina se acercó al féretro y permaneció unos minutos allí, donde dejó apoyado un rosario. Antes de irse, se despidió con unos golpes suaves sobre el cajón.
La expresidenta mantenía una estrecha relación con Maradona, a quien había saludado por teléfono el pasado 30 de octubre en su cumpleaños número 60. Un poco más de 10 años atrás, en el mismo lugar, el jugador la acompañó durante el velatorio de Néstor Kirchner.
Tras despedir al ídolo, la vicepresidenta se retiró hacia la oficina del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, uno de sus dirigentes más cercanos.
Este jueves, más temprano, también había pasado por el velatorio el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Se trata del expediente sobre presuntas coimas en subsidios a las empresas de colectivos. La medida fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes en un capítulo derivado de la causa de los cuadernos, referido al presunto pago de coimas en subsidios otorgados a las empresas de colectivos durante su gobierno.
La medida, que alcanzó también a más de 200 imputados -entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime-, fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La expresidenta había sido procesada en esta causa por el fallecido juez Claudio Bonadio, pero en junio del año pasado la Cámara Federal revocó esa medida, por considerar insuficientes las pruebas recolectadas.
Según el magistrado, la maniobra consistía en entregar subsidios superiores a los que correspondían, de modo de poder recibir las coimas. Pero los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron que la investigación se profundice.
Bonadio había considerado a Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas como “responsables del delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores”, en un perjuicio contra el Estado por más de 600 millones de pesos.
Ahora, Martínez de Giorgi, que subroga el juzgado de Bonadio, decidió el sobreseimiento. En ese sentido, se argumentó que de acuerdo a la evaluación de las pruebas no se comprobó “la existencia de un obrar delictivo tendiente a lograr un beneficio particular a costa del interés público, a través del otorgamiento u obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros”.
Los legisladores llamaron a los argentinos a apoyar a Alberto Fernández y la vicepresidenta para “poner a la Argentina de pie” y a quedarse en el país para poder hacerle frente a la crisis económica.
Luego de la masiva movilización del 12 de octubre, los diputados del Frente de Todos (FdT) criticaron duramente la marcha frente a la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, e hicieron extensivo un pedido a los argentinos para que se queden en el país para favorecer la recuperación económica. Al mismo tiempo que cuestionaron la publicación de un diario que brindó la dirección de la vivienda de la ex mandataria.
La kirchnerista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), manifestó en sus redes sociales que “desde la redacción del diario Clarín, se está conduciendo a la oposición. Queda en evidencia con la marcha convocada desde sus páginas, a la casa de la vicepresidenta” y consideró que “la falta de liderazgos claros los obliga a tomar ese lugar. Están más nerviosos que nunca…”.
“Como ya nos dijo Néstor: ‘no caigan en ningún acto de provocación… nosotros vamos a consolidar la política de transformación del gobierno’. Ya lo decía Jauretche: ‘la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor’”, completó.
En tanto Juan Valdés (FdT) aseguró que “Clarín propone realizar un escrache al domicilio de la vicepresidenta; en el pasado apoyaron dictaduras, hoy llaman al odio y la violencia para sostener sus privilegios”. Mientras que Cecilia Segura (FdT) remarcó que “cuando se trata de sacar adelante nuestro país, los argentinos y las argentinas sabemos superar las diferencias y trabajar codo a codo” y llamó a los ciudadanos a “seguir unidos con Alberto Fernández y Cristina para poner a la Argentina de pie”.
A su turno Claudio Morresi (FdT) recordó que “en varios momentos de nuestra historia los odiadores de siempre incentivaron diferentes formas de violencia” y consideró que “es tiempo de repudiar de todas las formas posibles este tipo de acciones, sabemos que es un tiempo difícil. Sabemos lo que es recuperarnos. Sabemos lo que es levantarnos. Cuando hay una crisis la solución no es irse”.
Por su parte Laura Velasco (FdT) advirtió que “Clarín no solo convoca a la marcha hiper macrista contra el Gobierno, sino que difunde la casa de la vicepresidenta como punto de concentración. Esto son, esa es la ‘república’ que defienden” y aseveró que “los argentinos nos hemos levantado una y mil veces, esta vez nos tocó una pandemia que se suma al desastre económico que nos dejó Macri”.
En tanto María Bielli (FdT) afirmó que “hay un pueblo que empuja y va para adelante y un gobierno que tiene las prioridades muy claras. Con mucho trabajo y compromiso, entre todos, vamos a poner a la Argentina de pie”. Mientras que Ofelia Fernández (FdT) aseveró que “es una vergüenza para nada sorprendente Clarin publicando la dirección de Cristina para que movilicen ahí. Debería repudiarlo cualquiera, los reclamos tienen que apuntar a las instituciones” y señaló que “no se bancan que ganó las elecciones a pesar de sus titulares, resentidos”.
Sobre esa misma línea Matías Barroetaveña (FdT) argumentó que “los que dicen que el peronismo es una fábrica de pobres deberían mirar los datos; bajar la pobreza y sobre todo la indigencia, aumentar el empleo y defender los ingresos son la base de los gobiernos kirchneristas. Si no lo entienden no van a entender nunca el apoyo a Cristina Kirchner” y pidió una “condena absoluta a esta antidemocrática convocatoria frente a la casa de CFK. Difundir la convocatoria en la puerta de la casa de la vicepresidenta en un medio masivo es de una irresponsabilidad enorme además de mostrarlos tal cual son”.
Además Leandro Santoro (FdT) se preguntó “¿qué pasaría si se convocara una marcha en contra del negocio inmobiliario de Costa Salguero en la casa de Rodríguez Larreta? Sería una locura y como tal recibiría la condena de todos. Esperemos que hoy pase lo propio con el escrache que se está preparando en la casa de Cristina”. Al mismo tiempo que Javier Andrade (FdT) señaló que “estamos atravesando un momento muy complejo por la pandemia y la profunda crisis que dejó el macrismo, pero sabemos que somos un pueblo solidario y tenemos un Gobierno que trabaja incansablemente por la Patria”.
Finalmente, Lorena Pokoik (FdT) sentenció que “te invitan a exiliarte del país, te quieren convencer que estábamos mejor con el macrismo, dicen que salgas a protestar contra Alberto y Cristina por la cuarentena. ¿Hasta dónde quieren llegar?”.
Es una investigación derivada de la causa de los cuadernos. La Sala III de la Cámara de Casación Penal no hizo lugar a la apelación que la defensa de la vicepresidenta presentó contra el fallo de la Cámara Federal, firmado en su momento por los jueces Bruglia y Bertuzzi.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de cohecho y asociación ilícita por cartelización de la obra pública, en una investigación derivada de la causa los cuadernos.
Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci rechazaron la apelación presentada por la defensa de CFK y dejaron firme el embargo de 200 millones de pesos sobre la presidenta del Senado.
De esta manera, consideraron firme el fallo anterior, el de la Cámara Federal, que habían firmado el año pasado los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes se encuentran en suspenso sobre sus traslados.
También quedó firme el procesamiento del exministro de Planificación Federal y exdiputado, Julio De Vido, y de varios empresarios. En total, la Sala III rechazó 22 planteos presentados por las defensas de los imputados.
Según el expediente, entre los años 2003 y 2015 se llevó adelante un esquema ilegal que funcionó bajo la órbita de la cartera que conducía De Vido, mediante el que empresarios habrían pagado sobornos a exfuncionarios para ser beneficiados con contratos en la obra pública.
Por su parte, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que tiene a su cargo el expediente principal de la causa de los cuadernos, pidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” al reclamar las grabaciones de las confesiones.
Al comienzo de la sesión de este miércoles, el oficialismo refrendó el decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Duras críticas de la oposición a la decisión “unilateral” e “inconsulta”, además de requerir, a su criterio, los dos tercios de los votos.
Por Melisa Jofré
El Senado refrendó este miércoles el decreto 14/20, firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que prorroga por 60 días la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia en tanto persista la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia de Covid-19.
La medida fue avalada por el Frente de Todos y los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron y, tras el rechazo, se desconectaron de la sesión. La votación resultó con 41 votos a favor y 28 votos en contra.
En defensa de la prórroga, el chubutense Mario Pais destacó que en medio de la pandemia “el Senado ha seguido funcionando” y el sistema remoto “ha sido un mecanismo virtuoso”. A continuación, repasó el fallo de la Corte Suprema sobre la consulta que hiciera la vicepresidenta en un principio, y mencionó parte de los argumentos del juez Horacio Rosatti, quien sostuvo que el Senado “debe sesionar para cumplir con su rol constitucional”.
“Nosotros no solo podemos, sino que debemos sesionar, porque este es nuestro rol constitucional y nuestro deber”, expresó el legislador del Frente de Todos, que ponderó: “Hemos sancionado leyes, hemos dado acuerdos para personal diplomático y tenemos embajadores, hemos dado media sanción a leyes que están hoy en tratamiento en la Cámara de Diputados. Hemos dado las respuestas que las circunstancias, la Constitución y la ciudadanía nos reclamaban”.
Pais agregó que “más allá de las especulaciones políticas”, el sistema virtual servirá para continuar con “un funcionamiento lo más normal posible, en un marco donde todos tenemos que cuidarnos y dar el ejemplo”.
Con un fuerte rechazo al decreto, la macrista Laura Rodríguez Machado enfatizó: “El reglamento es ley para nosotros y para ser modificado necesita los dos tercios, con lo cual si en esta sesión no votamos con los dos tercios quiere decir que no está aprobado el decreto que usted sacó, presidenta, y habrá que sacar otro”.
La legisladora de Juntos por el Cambio reclamó que “permanentemente se modifica el reglamento” y cuestionó a la vicepresidenta por no convocar a reuniones de Labor Parlamentaria, generando que en las sesiones no haya un plan de labor, como estipula el artículo 188 del reglamento.
A continuación, el radical Martín Lousteau explicó la decisión de Juntos por el Cambio de bajar la sesión que habían solicitado para dos horas antes, argumentando contra “la naturaleza de esa convocatoria” -concedida por un decreto de CFK- donde “estaba citada una norma que todavía no estaba aprobada”.
Al igual que su compañera de interbloque, el porteño recordó que la prórroga del sistema remoto “requiere dos tercios del total de los senadores, porque es una modificación del reglamento en muchas cuestiones”, como los límites al tiempo de sesión y a los minutos que pueden hablar los senadores, y criticó “otra vez la unilateralidad, sin diálogo, de prorrogar el sistema que tenemos”.
Lousteau defendió que desde JxC querían tratar un conjunto de proyectos “que realmente resuelven cosas”, mientras que disparó contra el oficialismo al decir que “con el abuso de la virtualidad están tratando de hacer lo que quieren, lo que se les canta”. “La agenda de esta sesión especial no es la agenda de la gente, del Gobierno nacional, de la Argentina, no. Es la agenda de la presidenta del cuerpo”, dijo, en referencia a los traslados de tres jueces federales.
Recogió el guante el catamarqueño Dalmacio Mera, quien recordó que “el 17 de diciembre del año pasado, (el jefe del interbloque de JxC en Diputados) Mario Negri decía ‘quieren desguazar el Congreso'”. Sin embargo, “tuvimos más extraordinarias que en cualquiera de los años anteriores”, apuntó.
“Desgraciadamente lo que estamos viviendo acá es una decisión de la oposición, mientras discuten si son halcones o palomas, de plantar palos en la rueda para que el Congreso no sesione”, manifestó y acusó a los opositores de que “no quieren trabajar, pueden edulcorarlo del republicanismo que quieran”.
El oficialista siguió: “Quieren desguazar el Congreso, quieren que no trabajemos, les molesta que a esta altura del año podamos decir que sesionamos más que el año pasado”, añadió. Y los fustigó por la intención de “judicializar” los temas que se vayan a sancionar.
Fue el turno después del jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien subrayó que los dos primeros decretos habían sido consensuados, pero el reciente 14/20 fue firmado “de manera inconsulta”. El macrista afirmó que desde su espacio tienen que “ser coherentes con la defensa de las instituciones y las normas, que es para lo que la gente también nos votó”.
El misionero llamó a “volver” a “encontrar coincidencias y trabajar en conjunto”. “Nosotros siempre vamos a aportar al diálogo”, añadió.
En tanto, el titular del interbloque JxC, Luis Naidenoff valoró que “este Senado en los primeros tiempos dio muestra de madurez”, pero después de unos meses “el oficialismo decidió tomar otro camino e imponer temas que nada tienen que ver con la emergencia”.
“No recuerdo un hecho donde, por la decisión unilateral de quien tienen la pluma de la administración de la casa, nosotros tratemos la renovación de un protocolo sin existir no solo diálogo, sino ni siquiera un llamado”, señaló.
El radical calificó entonces a la decisión como “un acto de imposición” y “de enorme precariedad política”. En respuesta a Mera, indicó que “nadie quiere avanzar en un terreno de judicialización de la política”, pero ante “un acorralamiento” el “único camino que puede tener la oposición para encontrar un canal de racionalidad tiene que ver con la vía judicial”.
“Cuando la agenda en la Argentina pasa por la remoción, por los traslados, por la designación de jueces subrogantes, por la persecución al procurador general, por la destitución abusiva a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales, por la pretensión de ir por el Consejo de la Magistratura y de la propia Corte, esa es una agenda que pone en jaque la institucionalidad en Argentina”, sostuvo el formoseño e insistió que “cuando un poder se cree dueño de todos los poderes, cuando un poder se cree que puede arremeter para ser la misma justicia, bueno, será la justicia, senador Mera, la que pondrá las cosas en su lugar”.
Finalmente, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, lanzó que “cuando se hace un golpe de Estado lo primero que se hace es atacar al Poder Legislativo”. “En el gobierno de Macri el Congreso no funcionó”, exclamó y reclamó que “la minoría” sea “la que dice lo que hay que hacer”.
“Necesitamos seguir trabajando”, dijo y, entre los temas que vienen, habló del Presupuesto, donde se fijarán “las políticas públicas, pero por supuesto hay gente que no está de acuerdo y si no hacemos lo que ellos dicen están dispuestos a cualquier cosa”.
Durante su alocución, Mayans pidió que el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, leyera el artículo 227 del reglamento para sostener que “acá no se está votando ningún cambio al reglamento”, porque para eso “tendríamos que haber presentado un proyecto, tratarlo en comisión, emitir un despacho y votarlo acá en el recinto”.
Mientras avanza en el Congreso y con polémica el proyecto oficial de reforma judicial, por carriles separados avanza una movida para ampliar el número de integrantes de la Corte. Movida que tiene en uno de sus exmiembros, Raúl Zaffaroni, un entusiasta e influyente apoyo.
Por José Angel Di Mauro
Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.
Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.
Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…
La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.
Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.
Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.
¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.
El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.
Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.
El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.
La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.
Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.
En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…
Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.
El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.
Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.
Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.
En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.
El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.
Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.
Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.
En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.
Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.
El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.
Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.
Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.
Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.
Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.
Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.
El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.
Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.
Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.
La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.
Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.
Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.
Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.
Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.
“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.
La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,
Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.
Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.
En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.
En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.
Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.
Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.
Fue al inicio de la sesión de este jueves, cuando la vicepresidenta buscaba en la pantalla al senador macrista.
Al comienzo de la sesión de este jueves, justo antes de la votación del proyecto para autorizar la entrada y salida de tropas para ejercicios militares, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador Esteban Bullrich -quien en la última sesión le presentó una cuestión de privilegio- protagonizaron un irónico cruce.
“Bullrich, ¿dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez”, lanzó la titular del cuerpo, haciendo referencia indirectamente al “doble” del senador macrista, quien durante la reunión en que se dictaminó la reforma judicial usó un fondo de pantalla con su imagen y fue blanco de memes en las redes.
Bullrich aparecía en la pantalla, pero permanecía mudo, entonces CFK insistió: “A ver, Bullrich”. Y el legislador levantó la mano, haciendo el gesto de saludo. Pero la vicepresidenta siguió: “Bullrich, ¿dónde está? Aaah, ya lo vi, ¿qué tal senador Bullrich, cómo le va?”.
“Bien, presidenta, buen día, ¿cómo está?”, abrió el micrófono el porteño. “Muy bien, mejor que nunca le diría”, respondió la presidenta del Senado. “Bueno, me alegro”, contestó el senador, a lo que CFK afirmó que ella “también”. Pero se quedó con la última palabra el opositor, que le dijo: “La Argentina no tanto”.
Será a partir de las 14, según el decreto firmado este martes por Cristina Kirchner. El oficialismo cuenta con el número suficiente para aprobar el proyecto a pesar de las críticas.
A pesar de los duros cuestionamientos de la oposición e integrantes del propio Poder Judicial, el oficialismo buscará imponer su mayoría numérica este jueves para aprobar en el Senado la reforma judicial, que será tratada desde las 14 en una sesión virtual.
La vicepresidenta Cristina Kirchner -que este martes defendió el proyecto y aclaró que no se trata de una “reforma”– firmó en las últimas horas el decreto de convocatoria a la sesión, donde la oposición ya avisó que no dará quórum.
Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, que se encuentra de licencia-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de organización y competencia del Poder Judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el cálculo de votos es más ajustado.
En rechazo a la iniciativa y con apoyo de Juntos por el Cambio, se convocó para este miércoles a las 20 a una “vigilia por la democracia” frente al Congreso, y el día de la sesión, al mediodía, se realizará un abrazo simbólico al edificio.
“Los valores de la República no se negocian. Los principios constitucionales no se negocian. La democracia no se negocia”, es la consigna, que en las redes sociales es acompañada por los hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.
La reforma judicial obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, aunque el texto -que sufrió modificaciones respecto del original- se conoció recién el jueves en horas de la tarde.
Entre los aspectos principales, se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que pasarán a denominarse fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los 23 juzgados de este nuevo fuero se sumarán otros 23, totalizando 46, y a su vez se sumarán cinco tribunales orales a los 12 existentes actualmente entre ambos fueros.
Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales, y las que se inicien irán a los 23 nuevos juzgados, que serán cubiertos por subrogantes: la Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura.
El Frente de Todos, a propuesta de varios expositores en el plenario de comisiones, dio marcha atrás con la fusión de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo; para dirimir las dispuestas de competencia se creará un tribunal específico.
En la sesión del Senado también se tratarán dos proyectos que dejan sin efecto las designaciones de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, y de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
También se votará una autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.
