Un grupo de legisladores que responden a Elisa Carrió se presentaron ante la Justicia para reclamar que la AFIP haya desistido en la querella de la causa Oil Combustibles.
Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.
En la denuncia se describen “las relaciones económicas” de la vicepresidenta con López y “cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados”. “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.
Asimismo, la denuncia da cuenta de “los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia”. “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.
La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En el escrito, señalaron que “con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
“La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios”, resaltaron.
Y recordaron que tras la ley de moratoria, “armada como traje a medida”, Oil Combustibles “se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández”. “Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021”, mencionaron.
Sin embargo, “al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo”, enfatizaron.
Es tras la decisión de la AFIP de desistir como querellante en la causa Oil Combustibles, en la que el empresario K Cristóbal López está acusado de defraudación por 8 mil millones de pesos.
Tras la decisión de la AFIP de desistir de su rol de querellante y retirar la acusación penal y civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la supuesta defraudación de 8 mil millones de pesos, en la causa conocida como Oil Combustibles, diputados de Juntos por el Cambio adelantaron que denunciarán a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
“Una vergüenza más hecha por Alberto Fernández y Cristina Kirchner días antes de las elecciones por temor a perderlas! Los evasores y defraudadores libres y sin condena, y los argentinos un año y medio presos”, lanzó en su Twitter el legislador Juan Manuel López (CC-ARI), que calificó además a la decisión como “intolerable” y “un crimen”.
El bonaerense agregó que “lo que hizo la AFIP de Marcó del Pont y @alferdez con Cristóbal López y OIL Combustibles puede implicar varios delitos y los vamos a llevar a la Justicia. Encubrimiento, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes”.
Y fustigó a Fernández, al llamarlo “un presidente lobbista de sus clientes que ahoga a los argentinos con impuestos salva a Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray de una de las grandes estafas argentinas, mientras convierte a Marcó del Pont y a la AFIP en un felpudo de los defraudadores”.
Por su parte, el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, publicó: “La AFIP desistió del juicio a Cristóbal López por haberse quedado con más de $8.000.000.000 del impuesto a los combustibles”. Y recordó la moratoria votada el año pasado en el Congreso, al sostener que “para poder hacerlo el kirchnerismo aprobó una ley a escondidas, mientras encerraban y fundían a medio país. El PJ de Córdoba lamentablemente los apoyó”.
“Se siente mucha bronca cuando, a pesar de las pruebas, te gana la impunidad. Muchos de nosotros sabemos las consecuencias personales que nos trajo luchar contra las mafias. Ellos juegan con nuestro desánimo y avanzan. Por eso, hay que ir a votar y decirles #BASTA . Acompáñanos”, escribió la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) comparó: “Vos que no podes ni cambiar el auto le financiaste 8.000 millones de dólares al multimillonario K Cristóbal López. Los diputados del FdT + falsos opositores le votaron la moratoria a medida art. 8, Ley 27.541, y ahora AFIP desistió de su reclamo. Capitalismo de amigos es esto”.
Otro de los mensajes que aparecieron en las redes fue del diputado Waldo Wolff (Pro), quien señaló que “la AFIP desistió de la querella de OIL combustibles que desviaba las retenciones de los contribuyentes para comprar empresas”. “Solo teniendo encuestas nefastas para el oficialismo harían algo así 3 días antes de las PASO y no después”, consideró y completó: “Accionaremos judicialmente. A votar”.
“El progresismo kirchnerista es crear muchos impuestos con la excusa de cobrarle a los ricos, pero no cobrárselos a sus amigos ricos. Ponen el giro a la izquierda y doblan a la derecha”, sostuvo el diputado Alfredo Cornejo (UCR).
El régimen de regularización de deudas impositivas, aduaneras y previsionales recibió 41 votos a favor y 28 en contra, cerca de la medianoche. Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” de OIL Combustibles.
El Senado convirtió en ley este jueves la moratoria ampliada para personas humanas y jurídicas en el contexto de la pandemia del Covid-19, tras un debate donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López por un artículo que permite el ingreso a empresas en quiebra como OIL Combustibles.
El régimen de regularización de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, que alcanza una deuda total de 534.000 millones de pesos con la AFIP, recibió 41 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana; y 28 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, destacó que la flamante ley amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Así, se incluyen todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria va a ser muy ventajosa para las empresas y los ciudadanos. También va a servir para aliviar las arcas del Estado y darle la posibilidad a los contribuyentes para ponerse al día”, destacó el senador del Frente de Todos.
La norma ofrece planes de pago de hasta 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a la seguridad social; y hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, con una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021.
Se permitirá incluir deudas vencidas al 31 de julio de 2020, pudiendo adherir a la moratoria hasta el 31 de octubre y pagando la primera cuota a mediados de noviembre. Además, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores, basado en beneficios fiscales.
Esteban Bullrich (Pro) consideró que ese último incentivo “debe ser algo permanente en los proyectos de moratoria tributaria”, aunque consideró que el proyecto “se queda a mitad de camino” y “es algo parcial”.
“No entendemos la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto. Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina”, cuestionó, pero principalmente habló de un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Al tema también se refirió, con su estilo característico, el cordobés Ernesto Martínez: “Puedo votar una amnistía por razones políticas, lo que no voto son amnistías para delincuentes comunes, así vengan como gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias”.
Desde el oficialismo, Oscar Parrilli respondió a las diatribas de la oposición. “No quiero defender a ninguna empresa, sino defender la verdad”, aclaró, y dijo sentir “vergüenza ajena” por la acusación de “supuesta estafa” de los empresarios ligados al kirchnerismo.
“Han mentido. Del juicio surge que a diciembre de 2015 OIL Combustibles estaba al día en un plan de pagos que tenía, y la consecuencia que derivó en la falta de pago fueron medidas que tomó la AFIP” en las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, dijo.
Parrilli informó que “se habla de 8.000 millones” de deuda de la empresa, “cuando en realidad eran 1.500 millones”, y además “se dice que estamos perdonándole la deuda de lo que ellos supuestamente han retenido, pero el ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) fue modificado en 2018 y recién ahora es un impuesto directo”.
Además, sostuvo que en el blanqueo de capitales aprobado en 2016 “estaba previsto que el ITC pudiera entrar en moratoria”.
El salteño Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Federal, coincidió con Juntos por el Cambio en que “el pretexto” para esta ley “fue incluir algo que nunca estuvo previsto: incluir a los quebrados en la moratoria”.
Hacia el final, Luis Naidenoff reconoció que “quizás la moratoria puede implicar una respuesta ante situaciones críticas” como la pandemia, pero alertó que “lo que realmente marca esta moratoria es el beneficio a un grupo económico en particular”.
Naidenoff recordó que “cuando a principio de año este grupo empresarial solicitó ante la AFIP la posibilidad de una refinanciación de pagos, esa refinanciación fue rechazada por el procesamiento de los accionistas de la empresa por el delito de defraudación. No había manera para que esta empresa amiga del poder pudiera ser beneficiada para obtener un acto de salvataje”.
Al cierre del debate, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, sostuvo que la oposición va contra López por representar a “un grupo de medios que el gobierno anterior no lo quería, que tenía un alto rating y que decía el desastre que estaban haciendo, entonces buscaron licuar a ese medio para tener una única voz”.
“No busquen la excusa de la moratoria para venir con este discurso político donde en realidad no buscan colaborar: lo que buscan es tumbar al Gobierno y ven una oportunidad en la crisis”, disparó el senador.
Por último, destacó que “esta moratoria que pretende recuperar recursos es indispensable para nuestro programa económico y vamos a trabajar en el próximo Presupuesto, y una vez que tengamos la vacuna (contra el coronavirus), la Argentina va a estar en otras condiciones para poder desarrollar las actividades económicas que hagan a la recuperación del país”.
Se trata del artículo 11 del proyecto oficial, que recibió 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención. Quiénes fueron los diputados de la oposición que acompañaron al Frente de Todos.
El artículo del proyecto de moratoria que permite ingresar al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de actividades, definido por la oposición como “cláusula Cristóbal López”, fue aprobado finalmente con 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención.
Con todos sus diputados presentes en la sesión, el Frente de Todos contó con el acompañamiento de una docena de representantes de la oposición.
Apoyó el polémico artículo el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, junto a cinco de sus pares: el bonaerense Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal), el rionegrino Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Wellbach (Frente Renovador de la Concordia).
Desde el Interbloque Federal, votaron a favor su titular, Eduardo “Bali” Bucca; el salteño Andrés Zottos; y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti -Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio-. Por último, sumó su adhesión Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
El rechazo provino, además de Juntos por el Cambio, de ocho diputados de otros bloques: los bonaerenses Graciela Camaño y Jorge Sarghini (Consenso Federal); la tucumana Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social); el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal); los santafesinos Enrique Estévez (Socialista) y Luis Contingiani (Fte. Progresista Cívico y Social); Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
La votación arrojó, en consecuencia, una división al interior de las bancadas presididas por Ramón y Bucca: en la primera, seis diputados votaron a favor del artículo 11 y dos en contra, mientras que en la segunda, seis votaron afirmativamente y cuatro, negativamente.
Hubo una sola abstención, de Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), y dos ausentes, el riojano Felipe Álvarez (Acción Federal) y el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), mientras que el chaqueño Gerardo Cipolini, también radical, fue considerado “ausente sin voto”, luego de que no se registrara su voto a pesar de estar conectado a la plataforma Webex.
El proyecto que permite regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras a todos los contribuyentes recibió 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones. El interbloque de Negri denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López. El debate pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Tras un debate atravesado por acusaciones de la oposición sobre una supuesta “amnistía” a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, que alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19 recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El proyecto, que ahora fue girado al Senado, permitirá regularizar con la AFIP una deuda total de 534.000 millones de pesos, con planes de pago de hasta 60 o 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
Si bien todos los bloques de la oposición coincidieron en que “nunca una moratoria estuvo tan justificada” como en el actual contexto, buena parte de la discusión se centró en el artículo 11, que permite adherir al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.
Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de López y De Souza, empresarios ligados a la familia Kirchner, mientras que desde el bloque “lavagnista”, Jorge Sarghini coincidió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
El cierre del debate, cerca de las 23, estuvo a cargo de un encendido Máximo Kirchner, quien le respondió a quienes denunciaron un “plan de impunidad” al recordar que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por escuchas ilegales y luego fue sobreseído, y ahora se investiga espionaje ilícito durante su gestión.
El jefe del bloque del Frente de Todos también apuntó al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios y la deuda del Correo Argentino. Y tuvo un párrafo aparte para el viaje de Macri a Francia: ironizó que “tiene todo el derecho de viajar por el mundo con su familia” y que “está haciendo lo que le gusta: turismo”, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner “viajaba (a Cuba) porque tenía a su hija enferma”.
El proyecto aprobado amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, incluyendo a todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
La futura ley permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 -el proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió-. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores. “Los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que, creemos, es de estricta justicia”, admitió al respecto el radical Luis Pastori.
En nombre de Juntos por el Cambio, Pastori reconoció que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios y pago de sueldos”.
Sin embargo, definió el artículo 11 como “la cláusula Cristóbal López” y advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares” en lo inmediato. “Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es”, sugirió.
En la misma línea, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que Cristóbal “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador” de Santa Cruz y recordó los nexos entre ambos, investigados en distintas causas judiciales.
Otro diputado que levantó críticas fue Sarghini (Consenso Federal), quien recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó.
Desde el oficialismo, el santacruceño Pablo González aclaró que “esta ley no tiene nombre propio”. “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”, aseguró.
Su par Darío Martínez también consideró que “es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, y ejemplificó: “Sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Martínez destacó que “esta ley le calza a todo el entramado socioeconómico que se vio perjudicado en los últimos cuatro años y ahora vio agravada su situación por la pandemia. Es una herramienta que va a servir para proteger el empleo y la producción”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá advirtió que la moratoria “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas” y “es una orientación de subsidios al capital, con recursos que no se están colocando en un reforzamiento del sistema de salud y en sostener a los que no tienen ingresos”.
Integrante del interbloque de José Luis Ramón, cuyos votos se contaban para el oficialismo, la legisladora tucumana anticipó que apoyaría en general la moratoria, pero rechazaría en particular el artículo que beneficia a Oil Combustibles.
Un dato clave se verificó promediando el debate de la moratoria cuando expuso la diputada tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que encabeza el mendocino José Luis Ramón. Es que la legisladora tucumana manifestó su apoyo en general al proyecto de ley, pero adelantó un rotundo rechazo al artículo 11 de la norma.
“Comparto plenamente los beneficios de esta moratoria, una herramienta necesaria para muchos contribuyentes, algo así como 4 millones; pero también la necesitaba el Estado nacional para incrementar sus ingresos”, señaló la legisladora tucumana, que recordó que “la obligación del Estado es estar y ayudar a las empresas, que son, a través del sector privado, las que generan la riqueza en nuestro país”.
“Pero quiero dejar también muy aclarado que en lo que respecta al artículo 11, debemos hacer respetar al Estado, porque sino después muchas empresas en estas condiciones pueden decir: ‘Bueno, está bien, no pago, total después va a haber una moratoria y después puedo inscribirme’”, advirtió.
Avila señaló que “es cierto que hay muchas empresas concursadas a las que tenemos que llevar alivio, pero también tenemos que distinguir a aquellos que han llegado a esta situación por la crisis económica, por la recesión, por la pandemia, de aquellas empresas cuyos titulares cometieron hechos delictuales, en contra del fisco nacional. Porque si no hacemos esa diferencia, vamos a estar queriendo esconder un elefante”.
La diputada tucumana describió las cinco maneras de esconder un elefante enumeradas por el filósofo Peter Kreeft, pero a las mismas le sumó una sexta: tratar de esconder a un elefante dentro de una manada. “En este caso lo que se trata de haer es esconder varios elefantes blancos importantes, y de ninguna manera puedo avalar este modo de ver este artículo”.
“Así que el Partido por la Justicia Social va a apoyar en general, pero no en particular, no voy a apoyar de ninguna manera este artículo 11”, concluyó.
Negó que se trate de “una ley con nombre y apellido”, y aseguró que servirá para apalancar una economía que “ya venía golpeada por 4 años de pésima gestión”.
El diputado Darío Martínez enmarcó los beneficios de la moratoria propuesta en un contexto mundial al que la pandemia generó “un desastre a nivel global sin antecedentes”. Y para tener una idea de la magnitud, leyó números de la Oficina de Análisis Económicos de la Agencia Oficial del Gobierno de Estados Unidos: el PBI en ese país se contrajo en un 32,9%, y se perdieron 1.430.000 puestos de trabajo por semana en Estados Unidos.
“Por eso nuestro Gobierno ha entendido que es una necesidad a lo largo y ancho de nuestro país, dar una herramienta que le permita a todo nuestro entramado financiar la deuda que se ha ido generando con el Estado”, señaló el legislador kirchnerista, que precisó que “el objeto de esta ley es muy claro de analizar: facilitar el funcionamiento de todas las empresas; proteger el trabajo y la producción, básicamente. También aliviar el peso tributario, evitando el crecimiento de las deudas”.
El diputado neuquino remarcó que “todos aquellos aportes que venían con la intención de enriquecer el proyecto se han tenido en cuenta” y en el debate en comisión “surgió una amplísima mayoría que acompaña la necesidad de esta herramienta acertada que nos manda el Ejecutivo nacional”.
A continuación, Martínez se refirió al tema de las empresas en quiebra beneficiadas. “Es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, dijo, ejemplificando entonces que “sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Y continuó: “Es un error analizar que puede tener el nombre de Correo argentino, que también puede acceder a esta moratoria”, tras lo cual puso ejemplos de su provincia: “Sería un error ponerle el nombre de Cerámica Neuquén, una empresa quebrada y recuperada por los trabajadores, y seguramente esta moratoria les va a permitir seguir funcionando… Como Zanón, o empresas chacareras, o frutícolas”, que enumeró.
Para terminar, Darío Martínez señaló que “esta moratoria también premia a los cumplidores, pero su objeto es apalancar el funcionamiento de la rueda económica, que está deteriorada por la pandemia, y que ya venía golpeada por los cuatro años de pésima gestión… Esta herramienta les va a servir a todas y todos los argentinos”.
El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que la moratoria “es para una empresa del poder”, en alusión a OIL Combustibles.
Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, reiteró en la sesión de este viernes que la moratoria ampliada es “un traje a medida para dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Souza, que son empresarios ligados desde hace muchos años al viejo poder y al poder actual”.
El “lilito” consideró “inédito” que se permita ingresar a la moratoria a empresas en quiebra. “Ojalá algún abogado, juez u operador jurídico me explique quién se va a hacer cargo del pago de las cuotas, si esa empresa no existe más”, dijo.
Luego recordó que Cristóbal López “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia”.
El diputado señaló que el holding fue creciendo hasta tener “casinos en La Florida, Estados Unidos” y se expandió también al rubro del petróleo, donde López tuvo “una causa por sobornos por la compra de Petrobras”.
López advirtió sobre el trato que el canal C5N, también del grupo, le otorgó a la oposición desde que en 2004 se supo que “este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia”.
Luego, en 2008, se realizó la famosa denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, el exministro Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros, “por cómo fue concesionado el casino en la Ciudad de Buenos Aires”.
Tras insistir en que la moratoria “es para una empresa del poder”, OIL Combustibles, López advirtió que el impuesto a los combustibles “no lo evadía, se lo robaba, e iba -por ejemplo- a la empresa M&S, de su holding”, donde la encargada del área legal era Romina Mercado, sobrina de Kirchner.
Además, “desde esa empresa le alquilaban los hoteles” a la familia presidencial, siendo Mercado “la presidenta del directorio de Hotesur”, señaló el diputado López.
Para el legislador santacruceño, el artículo 11 “no es un traje a medida”, como insiste la oposición, y argumentó que en el caso de la empresa de Cristóbal López “no hay condena”.
El diputado nacional kirchnerista Pablo González se ocupó de defender enfáticamente en su discurso el cuestionado artículo que permite a la empresa Oil Combustible, de Cristóbal López, adherirse a un plan de pagos incluido en la moratoria debatida. Cuestionó entonces el término “traje a medida” utilizado por la oposición, y dijo: “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”.
Para González, “se parte de una mentira, como que ya hay una condena cuando no la hay, porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa, muchas de ellas que atañen a la figura de Mauricio Macri”. Y a propósito del expresidente, el exvicegobernador santacruceño se remitió a la Ley 27260, que imposibilitaba a familiares de funcionarios a acogerse al blanqueo. “Y yo aclaro: en esa Ley 27.260 no se incluyeron a familiares, los familiares se incluyeron por decreto… Y tengan la absoluta certeza que nosotros no vamos a incluir con ningún decreto a los familiares para el blanqueo. Eso se hizo en aquel momento en que la diputada Carrió dijo que no iba a acompañar un pacto de impunidad. El pacto de impunidad se convalidó en el momento en que se emitió el decreto en el que se permitió que los familiares adhirieran a la ley”.
El diputado del Frente de Todos remarcó que la norma requiere el “avenimiento”. Esto es, que el 100% de los acreedores esté de acuerdo con el plan que se le ofrece para pagar la deuda. “Avenimiento que sería bueno que también se reclame en el caso de Vicentin, que le debe a sus acreedores 99 mil millones de pesos, y en ese caso se defendía a Vicentin y se trataba a los directores como si fueran niños cantores de Viena… Y en este caso se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena, y quedan muchas cosas por resolver”, enfatizó.
Pablo González insistió en que “acá no hay condena; se quiere cumplir, que 4.600 contribuyentes puedan entrar en esta facilidad de pago, y además se dice otra mentira: que (la empresa beneficiada) no tiene nada”, cuando en realidad “la empresa tiene medios de comunicación que forman parte de la misma: tiene a C5N, Ambito Financiero”, ante lo cual se preguntó: “¿No será que se está buscando quebrar algunas empresas de medios que no piensan como los poderes hegemónicos? ¿No será que se está buscando demonizar a una empresa que lo que busca es el avenimiento del 100% de sus acreedores?”.
“De ninguna manera entiendo que estemos en camino de ponerle nombre propio. Esta ley no tiene nombre propio”, concluyó.
En líneas generales, el miembro informante de Juntos por el Cambio ponderó la ley elaborada, pero cuestionó duramente una serie de artículos, sobre todo el 11°, que consideró “un traje a medida” de Oil Combustibles.
Si bien el miembro informante de Juntos por el Cambio, el radical misionero Luis Pastori, se mostró muy de acuerdo en líneas generales con la moratoria propuesta, detalló una serie de elementos que hicieron que ese bloque tomara la decisión de abstenerse de votar favorablemente el dictamen de mayoría.
El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.
Al referirse puntualmente a la ley de moratoria, recordó el contexto que establece que entre febrero y abril de este año, alrededor de 15 mil empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas ante la AFIP, y 193 mil empleadores recibirán este mes el auxilio de la ATP para cumplir con 2.040.000 salarios.
Asimismo, Pastori señaló que se registró en este contexto un incremento del 50% de la deuda tributaria del universo de contribuyentes.
El legislador por Misiones señaló que en esta ley se agregan, a instancias de la oposición, aportes que benefician a los contribuyentes cumplidores, “siguiendo la línea que durante el Gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria de 2016, que premió a los cumplidores”. En este caso, aclaró que “los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premios a los contribuyentes cumplidores”.
Con todo, Juntos por el Cambio terminó presentando un dictamen de minoría. ¿Por qué? Pastori explicó que la norma “adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, que tienen un sesgo antiempresa, cargado de ideologismo, y lo más grave: el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero a Oil Combustibles SA”.
“¿Por qué decimos insuficiente? Si bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, eso no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas para el impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes al año 2019”, señaló. Por el contrario, dijo, las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, generando así lo que consideró “una gran inequidad en desmedro de las personas humanas”.
Al detallar las “insuficiencias” de la ley, agregó que no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de obras sociales, porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista al 31 de octubre, siendo su propuesta la de llevarla al 30 de noviembre. Entre otras cosas, tampoco amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota. “Nuestra propuesta es llevarla al 1° de febrero de 2021; también porque no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuenta.
Con relación al sesgo antiempresa, Pastori mencionó dos artículos. Por el 8°, “se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la caducidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios, cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados en el exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, poniéndole trabas así al funcionamiento a operatorias que son normales”.
Mencionó también el artículo que Carlos Heller acababa de señalar que habían modificado. El 2°, que excluía del beneficio a entidades financieras, compañías de seguros, y empresas de telefonía. “Pero dejan la limitación a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito: excepto lo repatríen en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días”, apuntó Pastori, que recordó luego que con la ley de emergencia aprobada en diciembre se buscó premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, y resultó un fracaso. “Ahora se les pide un 30%. Esto, y decir que no pueden entrar a la moratoria es lo mismo”, apuntó.
Una vez concluido su discurso, Heller aclaró que en el apuro no había alcanzado a leer una modificación en ese punto, que quedó estableciendo “personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MyPEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%”.
El diputado Luis Pastori apuntó luego al artículo 11, que definió como “la cláusula Cristóbal López”. Recordó el diputado que es práctica habitual en los regímenes de regularización impositiva la exclusión de los sujetos declarados en quiebra. “No existen razones de índole comercial, fiscal, ni legal, para ofrecer el beneficio de un plan de pago extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo”, apuntó el diputado, agregando que “no obstante el proyecto de ley prevé que accedan al régimen de regularización”.
El diputado recordó que Oil Combustibles presentó este año un pedido paga pagar su deuda que la AFIP dictaminó que debía ser rechazado. En ese sentido, Pastori advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares”, pasando a cobrar 130 o un poco más en casi diez años.
“Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es…”, concluyó Pastori, que advirtió que la ingeniería legal aplicada “luce como un traje a medida para una sola empresa. Esto imposibilita acompañar el dictamen de mayoría”.
“Todo podríamos haberlo consensuado, pero lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11, un escándalo que hará que -ojalá me equivoque- esta ley sea recordada en el tiempo como la Ley Cristóbal. Nos vamos a abstener en votar el dictamen de mayoría, entonces, sino hay cambios”, cerró.
Justo cuando la Justicia avanza con el proceso de quiebra y liquidación de activos, el jefe del interbloque JxC sostiene que “estamos ante las puertas de un escándalo”.
Mario Negri, presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, insistió este jueves en que el oficialismo retire del proyecto de ley de ampliación de la moratoria fiscal los beneficios especiales a la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.
La declaración de Negri se produce luego de conocerse que la jueza del juzgado comercial 5, Valeria Pérez Casado, decidió avanzar con el proceso de quiebra y liquidar los activos de la compañía para pagar a los acreedores, entre los cuales el Estado -a través de AFIP- concentra casi el 90 por ciento de las acreencias.
“Es de conocimiento público que se están liquidando los bienes de la quiebra y los 100 millones de dólares existentes son pasibles de cobrarse rápidamente por el Estado, por ser el principal acreedor”, explicó Negri.
El diputado cordobés señaló que “mediante una maniobra oculta en la ley enviada por el Poder Ejecutivo se pretende salvar a los imputados de sus responsabilidades, dándoles la posibilidad de que se acojan a un plan de pago a 10 años. Esto va en detrimento del fisco y de todos los argentinos que tienen posibilidades de recuperar el dinero inmediatamente por la decisión de la Justicia que entiende en el concurso”.
Pero, además, Negri cuestionó que el oficialismo busque beneficiar en un artículo del proyecto de ley a empresas quebradas sin continuidad, como Oil Combustibles. “Expresamos nuestro contundente rechazo a la amnistía encubierta destinada a beneficiar a Cristóbal López y su socio de Oil Combustible. Pretenden algo inédito: que empresas quebradas sin continuidad sean beneficiarias de tal moratoria”.
Negri recordó que Oil Combustibles presentó un pedido de “avenimiento falencial” ante la AFIP en enero de este año y que en marzo el Servicio Jurídico de AFIP manifestó el rechazo a la solicitud, dado que están imputados tanto Cristóbal López como su socio Fabián De Souza por apropiarse de los impuestos del Estado.
“Estamos ante las puertas de un escándalo. De prosperar estos artículos oscuros del proyecto de ley pesará una responsabilidad enorme para quienes los voten”, agregó Negri.
“Moratoria sí, impunidad no”, planteó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, a favor de un beneficio especial para “los que la están pasando mal”.
En el marco del inicio del tratamiento de la moratoria impulsada por el Poder Ejecutivo en la Cámara baja, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC-ARI, dejó clara la postura de su bancada, que puede extenderse al resto de Juntos por el Cambio. En ese sentido, el legislador planteó: “Moratoria sí, impunidad no”.
“Promovemos y acompañamos una moratoria para Pymes, sectores productivos, comerciantes, para los que hoy la están pasando mal”, señaló el legislador, que advirtió que la moratoria “no puede ser sólo para los amigos del poder”.
Ferraro planteó además que “queremos incentivos para el que pagó y cumplió”, pero dejó claro que “no queremos anmistia e impunidad para el juego y para Cristobal López y sus empresas que se quedaron con dinero del Estado y están en quiebra”.
La Comisión de Presupuesto se reunirá este martes a las 11 y el Frente de Todos aspira a tratar esta semana el proyecto en sesión especial. Juntos por el Cambio sugiere modificaciones.
El Frente de Todos buscará firmar este martes el dictamen favorable al proyecto de ley de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Será en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 11.
La intención del oficialismo es tratar esta misma semana -posiblemente el jueves- el proyecto en sesión virtual, para luego girarlo al Senado. Se espera una aprobación por amplia mayoría en el recinto, aunque Juntos por el Cambio buscará imprimirle algunas modificaciones al texto original.
El interbloque presidido por Mario Negri tenía prevista una videoconferencia para este lunes a última hora, con el fin de definir la postura que llevarán a la discusión. La bancada podría presentar un dictamen propio si el oficialismo no acepta cambios en algunos artículos.
El debate comenzó el jueves pasado con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien destacó que la nueva moratoria alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.
La nueva moratoria apunta a incorporar a aquellos que no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Se podrá adherir, según el proyecto, hasta el 31 de octubre.
Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 -más baja que la de la moratoria vigente-, y a partir de ese momento habrá una tasa variable en pesos, es decir, se reformularán los planes ya ingresados.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.
Las objeciones de Juntos por el Cambio se concentran en al menos dos aspectos: el proyecto permite el ingreso al régimen a empresas que resuelvan su situación de quiebra en 90 días; e incluye la posibilidad de regularizar deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Desde la principal bancada opositora advierten que con estas reformas podrían verse beneficiados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, propietarios de la petrolera OIL Combustibles, que se encuentra en proceso de quiebra y que retuvo cifras millonarias por ese impuesto, en una maniobra que investiga la Justicia.
Asimismo, desde Juntos por el Cambio piden incorporar un “premio” a los contribuyentes cumplidores, entre otras cuestiones.
0002-PE-2020