La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
El periodo se extenderá desde este lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero. Siete son los proyectos a tratar que se encuentran en diferentes situaciones parlamentarias, entre ellos, el de ficha limpia que envió el Ejecutivo. A partir de este martes, se llevarán a cabo las reuniones con bloques dialoguistas para definir un cronograma de trabajo y acercar posiciones.
El Congreso de la Nación reabre sus puertas a partir de este lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero para que se lleven a cabo el período de sesiones extraordinarias convocado por el Gobierno nacional a fin de tratar un temario compuesto por siete proyectos de interés del oficialismo.
La convocatoria fue oficializada el pasado 13 de enero con la publicación del Decreto 23/2025 en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ingresó al Congreso a través del Senado de la Nación.
Francos, al igual que en 2024, junto al vicejefe José Rolandi tendrán la ardua tarea de buscar los consensos durante los siguientes días. Por ello, como adelantó parlamentario.com a partir de este martes 21 se llevará a cabo la primera reunión en Casa Rosada con los bloques aliados y dialoguistas para ir definiendo el cronograma de trabajo de cara a las siguientes cinco semanas de verano que tienen por delante en el Parlamento.
Así, convocarían a representantes del Pro encabezados por Cristian Ritondo; Oscar Zago por el MID; Rodrigo de Loredo por la UCR y Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Federal. Sin embargo, este último ya anticipó que no asistirá, según trascendió. Prefiere que cualquier diálogo se lleve adelante en el ámbito del Congreso.
Precisamente sobre ese tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha mantenido reuniones con los jefes de bloque de Unión por la Patria y Encuentro Federal, Germán Martínez y Miguel Pichetto, más los diputados nacionales Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño.
Desde la oposición se conocen reparos porque en esta convocatoria de extraordinarias no fue incluido para su tratamiento el Presupuesto 2025, como ya hizo saber a través de un comunicado que levantó polvareda el Pro.
Ficha Limpia
La iniciativa, que fue elaborado para reemplazar el dictamen que no se alcanzó a debatir en noviembre del año pasado en Diputados, consta de siete artículos y, el dato saliente, es que esta iniciativa no pondrá a resguardo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en el caso de que sea aprobado no podrá presentarse como candidata, ya que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos estableciendo la incorporación de un inciso en el artículo 33.
El mismo inhibe de poder ser candidatas a las personas condenadas por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, abarcando los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, y todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”, expresa el proyecto.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, agrega el texto, que establece además que “la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
No solo no podrán ser candidatas a cargos elegidos en elecciones, sino que aquellas personas alcanzadas por esta ley tampoco podrán estar habilitadas para ser jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco serán autoridades de entes, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social.
Eliminación de las PASO
Otro de los proyectos que integran el temario y será eje de una gran discusión la “Reforma para el fortalecimiento electoral” y es aquel que deroga las PASO que el Gobierno buscará ir a fondo y ya anticipó que no quiere saber nada con una posible suspensión, pero para eso deberá consensuar con los espacios dialoguistas debido a que las reformas electorales requieren de una mayoría absoluta en el recinto, es decir, 129 votos afirmativos. Tal número, excede a la composición de La Libertad Avanza y los aliados.
En línea con el recorte a los gastos del Estado, el oficialismo hace énfasis en que la eliminación de las elecciones primarias dejaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares. Esto fue explicado por el Gobierno nacional en el contenido del proyecto enviado al Congreso el pasado 21 de noviembre.
Por otro lado, también están, los regímenes de reiterancia y reincidencia, que consiguió dictamen el 25 de septiembre y busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos.
Además, el proyecto de juicio en ausencia, que el 19 de noviembre tuvo dictamen en un plenario de Legislación Penal y de Justicia. De hecho, hay varios dictámenes (UP presentó dos). Esta iniciativa propone una modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”. El proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos que es la mayor novedad de este temario, pues nunca se había hablado de su tratamiento hasta ahora.
Las iniciativas que solo debe atravesar el recinto del Senado son el proyecto de ley antimafias, que tiene media sanción de Diputados y el 13 de noviembre consiguió dictamen en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta iniciativa remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.
El otro tema que pasará solo por el senado es el de pliegos para designaciones y promociones. Fundamentalmente se buscará la aprobación por dos tercios del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Como solo el juez federal consiguió los 9 avales en la Comisión de Acuerdos, García Mansilla necesitaría un tratamiento sobre tablas, que se afirma el oficialismo intentará darle, en la misma sesión en la que discutirán la habilitación de Lijo.
Sin embargo y pese a haber un acuerdo con la oposición para aprobar que Lijo ocupe el máximo tribunal de justicia, desde Unión por la Patria, en el tratamiento en comisiones al que no asistieron, adelantaron que propondrán modificaciones al texto penal en el recinto. Cabe recordar, también, que la principal bancada opositora en el Senado pasará a tener 34 integrantes cuando Stefanía Cora jure en la banca que dejó el expulsado Edgardo Kueider.
Las comisiones que trabajarán
Del temario de 7 cuestiones, cuatro están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.
Juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia están listos para el recinto de Diputados. De aprobarse, deberán pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado. En cuanto al segundo, solo tendrá tratamiento por la Comisión de Justicia en el Senado.
Los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Son los propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso. Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.
Eliminación de las PASO arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado. La reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.
En cuanto a ficha limpia las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto son Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados. En tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.
A través de la Resolución 408/2023 el Ministerio de Economía estableció el cronograma y las fechas de formulación del Presupuesto Plurianual 2024-2026. Tal como lo fija la ley, deberá ser presentado ante el Congreso el 15 de septiembre.
El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, fijó el cronograma de elaboración del proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2024 que deberá ser presentado ante la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre. También estableció las fechas de formulación del Presupuesto Plurianual 2024-2026
Así se desprende de la Resolución 408/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial en la que se indica que el 18 de este mes, la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, comenzará a delinear la organización del trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026 y la coordinación del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP).
A su vez, la Subsecretaría de Presupuesto invitará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a colaborar con las tareas de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026.
La Resolución también plantea que la Subsecretaría de Presupuesto podrá adecuar el cronograma a la marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna y requerir la colaboración de funcionarios de otras reparticiones que no estuvieran consignadas como áreas responsables en dicho cronograma.
“Las dependencias especializadas del Poder Ejecutivo Nacional deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y, sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular”, precisa el texto.
Además, sostiene que “es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y establecer las fechas de inicio y finalización de las actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria, a fin de elaborar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026”.
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