Representantes de Cruz Roja y Unicef apoyaron la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, afirmando que “promueve la cultura de la solidaridad”.
La Comisión de Legislación General le dio dictamen a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2386 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre donaciones inoficiosas, que cuenta con media sanción del Senado y ahora está en condiciones de ser tratado en el recinto.
En defensa del proyecto expuso Diego Tipping, presidente Cruz Roja Argentina, quien consideró que “este cambio de norma promueve la cultura de la solidaridad”.
En este sentido, Martín Giménez Rébora, de Unicef Argentina, también ponderó el proyecto y explicó que “la posibilidad de contar con donaciones en vida nos permitiría reforzar la cooperación con el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño”. “Es un reclamo de todas las organizaciones de la sociedad civil”, resumió.
Los respaldos además llegaron de parte de Ignacio Salvucci, presidente del Consejo Federal del Notariado, y de José María Lorenzo, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Jorge Enriquez (Pro) consideró que el proyecto “viene a poner fin a un sistema jurídico laberíntico previsto para las donaciones, que ha obstruido la circulación de bienes”. Desde el mismo bloque, la diputada Carla Carrizo (UCR) destacó que se trata de “un proyecto con muchísimo consenso social”.
También se votó un proyecto de resolución sobre soberanía sobre las tierras rurales, en el cual se le solicita al Poder Ejecutivo la derogación del decreto nacional 820/16. El texto reúne proyectos de Mabel Caparros (Frente de Todos) y Susana Landriscini (Frente de Todos). Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa.
Por otra parte, la Comisión de Legislación del Trabajo dictaminó por unanimidad una serie de proyectos de resolución y declaración, entre los que se destaca el reconocimiento a los trabajadores esenciales, que desempeñan sus tareas durante la pandemia del coronavirus.
En el mismo sentido, se aprobó la expresión de beneplácito por la labor que desarrollan las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la Dirección Servicio Médico de la Cámara de Diputados en el marco de la emergencia sanitaria.
Asimismo, la Comisión le dio el visto bueno a un proyecto de ley que busca emplazar una réplica del Cenotafio en Honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920-1921 en los espacios de la Memoria, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El diputado Juan Vázquez (Frente de Todos), autor de la iniciativa, explicó que se busca recordar a “los 1500 peones rurales que fueron fusilados en Santa Cruz, que simplemente reclamaban un trabajo y una vivienda digna”.
“En la memoria de nuestros abuelos, de aquellos que hicieron grande a Santa Cruz y a la Argentina, quiero pedirles que me acompañen para recordar el hecho más triste de la historia argentina”, dijo Vázquez.
Se trata de la “Ley Silvio”, de protección al personal de salud; exenciones en Ganancias para trabajadores esenciales y una nueva regulación de la Cruz Roja, todas aprobadas por el Senado en mayo pasado.
El Gobierno nacional promulgó las tres primeras leyes que se sancionaron durante una sesión virtual. Este lunes fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.548, bautizada como “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus.
La norma declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales” durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.
El “Programa de Protección al Personal de la Salud” alcanzará a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.
De acuerdo a la ley, las clínicas y hospitales deberán “garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.
La autoridad de aplicación, “en coordinación con los demás ministerios y órganos de gobierno, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales” tendrá que establecer “protocolos de protección y capacitaciones destinados a la prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales que impliquen exposición al contagio de Covid-19”.
En lo que respecta al financiamiento, se indica que los gastos que demande la norma “serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias”.
Además, plantea que “la autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales que realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o de cooperación y organizaciones o entidades con fines de lucro con actividades en nuestro país”.
La “Ley Silvio” dispone la formación de un “equipo permanente de asesoramiento digital en materia de protección del personal de salud” a los establecimientos que así lo requieran; y también crea un “Registro Único de Personal de Salud contagiado por Covid-19” bajo la órbita del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, con el objetivo de mantener actualizada la información sobre los contagios en el personal de salud en tiempo real.
Por otra parte, se promulgó la Ley 27.549, que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para “los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”.
La exención se aplicará sobre “las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19”.
La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
Por otra parte, esta norma establece la creación de una pensión graciable y vitalicia que será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas por coronavirus en el ejercicio de sus actividades, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
Finalmente, la Ley 27.547 regula la relación entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con la Cruz Roja. Dispone la autorización a la institución para desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio, y encuadra en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, la prestación de servicios de los voluntarios de esta organización.
En la ley se declara la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio de la Cruz Roja Argentina y los fondos provenientes de donaciones. También, se establecen las exenciones impositivas del pago de aranceles para la importación de bienes necesarios para el desarrollo de su actividad, y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias de movimientos en cuentas bancarias que la institución use para su actividad.
Entre los beneficios, la norma permite la gratuidad en los procesos judiciales en los que intervenga como parte actora; la asignación de espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que integren el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; y la exención del pago de peajes para vehículos y ambulancias de la Cruz Roja.
Las tres leyes se sancionaron por unanimidad el pasado 21 de mayo, durante la segunda sesión remota que realizó el Senado.
Por unanimidad, el Senado aprobó una norma que actualiza el vínculo jurídico de la institución con el Estado Nacional. Qué beneficios establece.
Una de las tres leyes que -por primera vez en la historia- el Senado sancionó de manera virtual este jueves, es la que actualiza la regulación de la Cruz Roja y su vínculo jurídico con el Estado Nacional, en momentos donde la labor de la institución cobra especial relevancia por su aporte a la lucha contra la pandemia de coronavirus.
La norma, que había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados en julio de 2018, fue aprobada por unanimidad. El interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo en tres artículos, referidos a autorizaciones para el Poder Ejecutivo.
Miembro informante del oficialismo, la correntina Ana Almirón destacó que con esta ley se salda “una deuda histórica que tiene el Congreso con la Cruz Roja”, una de las instituciones “más antiguas del país”.
Para la presidenta de la Comisión de Legislación General, el proyecto es “oportuno, necesario y urgente”, porque consiste en “darles visibilidad a todos los voluntarios del país que vienen desarrollando esta actividad en forma desinteresada y gratuita”.
“El objeto primordial es darle un marco normativo y regular la relación que tiene hoy la Cruz Roja con el Estado Nacional”, señaló, y agregó que “en el marco de la pandemia (la institución) viene desarrollando actividades, poniendo a disposición sus recursos humanos, sus equipos técnicos y materiales en beneficio de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
También, la legisladora mencionó que la Cruz Roja “fue la primera en realizar una colecta” para el combate contra el Covid-19, que alcanzó “alrededor de los 88 millones de pesos” de recaudación.
Desde Juntos por el Cambio, el riojano Julio Martínez repasó el origen de la Cruz Roja y cómo “a lo largo de la historia ha ido interviniendo en diferentes conflictos” y, en el caso de Argentina, ha participado de hechos como los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.
Además, el radical destacó que la institución “ha formado a 200 mil enfermeros”. “Tenemos que saldar una deuda normativa que tiene el Estado argentino con esta institución”, consideró y sostuvo que “esta ley avanza en regular el vínculo jurídico con muy buen tino”.
“Darle una nueva legislación a esta institución es también fortalecer la democracia”, opinó el salteño Sergio “Oso” Leavy (FdT), que celebró el acuerdo entre los distintos bloques sobre este tema y manifestó que estas leyes “vienen a hacer justicia”.
En tanto, la pampeana Norma Durango (FdT) ponderó que “los voluntarios son reconocidos en todas las poblaciones y en todas las ciudades y trabajan no solamente en casos de emergencia, sino cotidianamente ayudando a los más necesitados”. “Siempre la Cruz Roja está presente ante las emergencias”, añadió.
La norma sancionada establece la colaboración de la Cruz Roja Argentina con las autoridades del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios en situaciones de desastres o emergencias públicas, en tiempos de paz o en conflictos armados.
También dispone la autorización a la institución para desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio, y encuadra en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, la prestación de servicios de los voluntarios de Cruz Roja.
En la ley se declara la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio de la Cruz Roja Argentina y los fondos provenientes de donaciones.
Además, se establecen las exenciones impositivas del pago de aranceles para la importación de bienes necesarios para el desarrollo de su actividad, y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias de movimientos en cuentas bancarias que la institución use para su actividad.
Entre los beneficios, la norma permite la gratuidad en los procesos judiciales en los que intervenga como parte actora; la asignación de espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que integren el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; y la exención del pago de peajes para vehículos y ambulancias de la Cruz Roja.
La Cámara alta realiza desde las 14.13 su segunda sesión remota, durante la que debatirá la “Ley Silvio”, exenciones en el impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales y la nueva regulación de la Cruz Roja.
A una semana de haber debutado el nuevo sistema de sesiones, en el marco de la pandemia por coronavirus, el Senado realiza desde las 14.13 su segunda sesión remota en la que aprobará, por primera vez en la historia, tres leyes de manera virtual.
Uno de los temas, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, será la “Ley Silvio”, que debe su nombre a Silvio Cufré, enfermero fallecido por Covid-19 en provincia de Buenos Aires el pasado 18 de abril.
La iniciativa establece la creación del “Programa de Protección al Personal de la Salud” que alcanzará a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.
De acuerdo al proyecto, las clínicas y hospitales deberán “garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.
Otra iniciativa que se convertirá en ley será la eximición del pago del impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales, como los del ámbito de la salud, de limpieza, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de la actividad migratoria y aduanera.
La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
Ese proyecto también incluye el otorgamiento de una pensión graciable y vitalicia para familiares de trabajadores que hayan perdido la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
En tanto, el Senado dará sanción a un proyecto que actualiza una norma que data de 1.893, regulando el vínculo de la Cruz Roja con el Estado.
La Cruz Roja fue fundada hace 157 años y actualmente cuenta con 66 filiales, lo que la convierte en la organización humanitaria con más antigüedad y mayor cobertura del país.
Entre los beneficios de la nueva normativa se encuentran la participación gratuita en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes; y la exención del pago de derecho de importación para adquirir equipamiento.
Al igual que en la sesión pasada, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de las autoridades de la Cámara alta participan de la sesión desde el recinto, mientras que los demás senadores se encuentran conectados a la red desde organismos oficiales, sus oficinas o domicilios particulares.
En su segunda reunión virtual de la historia, la Cámara alta tratará a partir de las 14 las exenciones en el impuesto a las Ganancias, la “Ley Silvio” para trabajadores de la salud, y la nueva regulación de la Cruz Roja.
Este es un momento inédito en todos los sentidos, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Pero en lo que hace al Poder Legislativo, es un tiempo nuevo en el que casi todo lo que sucede es novedoso. Sus formas son distintas. Tecnología mediante, los legisladores pueden hacer su tarea sin estar presentes en su mayoría en el Parlamento.
Así es que hoy volverá a sesionar el Senado, por segunda semana consecutiva y será entonces la segunda sesión virtual, luego de que la semana pasada se aprobaran los Decretos de Necesidad y Urgencia referidos al Covid-19. Ahora, por primera vez en su historia, aprobará leyes de manera telemática.
Será a partir de las 14, en paralelo con la Cámara de Diputados, y el Senado llevará adelante entonces una sesión con tres proyectos relacionados a la pandemia que serán sancionados por amplia mayoría.
La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó este miércoles la convocatoria, que incluye la nueva regulación de la Cruz Roja, la “Ley Silvio” para trabajadores de la salud y las exenciones en el impuesto a las Ganancias.
El proyecto sobre la Cruz Roja fue dictaminado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y actualiza una norma que data de 1.893, regulando el vínculo de esta institución de ayuda humanitaria con el Estado.
La Cruz Roja fue fundada hace 157 años y actualmente cuenta con 66 filiales, lo que la convierte en la organización humanitaria con más antigüedad y mayor cobertura del país.
Entre los beneficios de la nueva normativa se encuentran la participación gratuita en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes; y la exención del pago de derecho de importación para adquirir equipamiento.
Por otra parte, la Cámara alta debatirá la “Ley Silvio”, que debe su nombre a Silvio Cufré, enfermero fallecido por Covid-19 en provincia de Buenos Aires el pasado 18 de abril.
La iniciativa crea un programa de protección para el personal de la salud, que entre otras cosas promueve que “sean los trabajadores de menor edad quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la atención de casos sospechosos, toma de muestras, atención y tratamiento de pacientes” de coronavirus.
Además, se establece que en las áreas de los establecimientos de salud donde se tomen muestras o se traten casos sospechosos o confirmados, se garanticen medidas de bioseguridad.
Por último, se discutirá el proyecto que exime del pago del impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales, como los del ámbito de la salud, de limpieza, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de la actividad migratoria y aduanera.
La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
Ese proyecto también incluye el otorgamiento de una pensión graciable y vitalicia para familiares de trabajadores que hayan perdido la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
Tal como establece el decreto de funcionamiento remoto aprobado la semana pasada, Cristina y el resto de las autoridades del Senado participarán de la sesión desde el recinto, mientras que los demás senadores se conectarán a la red desde organismos oficiales o desde sus oficinas.
La iniciativa avanzó en un plenario de comisiones del Senado y será tratada en la sesión virtual de este jueves. La ley actual data de 1.893 y la propia institución pidió una nueva normativa.
Con acuerdo de todos los bloques, obtuvo dictamen favorable en el Senado un proyecto de ley que actualiza la regulación de la Cruz Roja y su vínculo jurídico con el Estado Nacional, en momentos donde la tarea de la institución cobra una especial relevancia por el combate al Covid-19.
La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018 por amplia mayoría y este martes fue avalada en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto del Senado, por lo que quedó en condiciones de ser sancionada en la sesión virtual del jueves.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que ese día se tratarán, sobre tablas, la ley de la Cruz Roja junto con los dos proyectos que aprobó la Cámara de Diputados: la “Ley Silvio” de protección al personal de salud, y la exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales.
Ana Almirón, presidenta de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cruz Roja “es una asociación civil sin fines de lucro que presta tareas de auxilio a los poderes públicos en el ámbito humanitario, y en época de pandemia es una de las sociedades que más viene ayudando”.
La senadora del Frente de Todos indicó que la institución “realiza colaboración no solo con el Gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales y la CABA, siempre que se la convoca”.
Entre los beneficios de la nueva normativa, mencionó “la gratuidad de su actuación siempre que se presente como persona actora en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes tanto para vehículos como para ambulancias; y la eximición del pago de derecho de importación” para adquirir equipamiento.
Almirón recordó que se trata de “la organización humanitaria más antigua, con más de 120 años de trabajo y la mayor cobertura en el país, con más de 65 filiales”, y consideró que la ley es una “deuda histórica” del Congreso.
En la misma línea, otro oficialista, Mario Pais, opinó que es “urgente” y “pertinente” la sanción de esta ley, dado que la regulación actual -que ahora será derogada- es del año 1.893. De todos modos, el chubutense remarcó la necesidad de trabajar para que las provincias puedan adherir.
“Esta es una entidad que, en el marco de la pandemia, es de alta utilidad para los intereses de la Nación y de la población”, destacó Pais.
Desde la oposición, Esteban Bullrich (Pro) adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio al proyecto, y en el mismo sentido se expresó Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), aunque el salteño realizó una objeción.
“Habíamos acordado tratar temas relacionados a la pandemia. Si bien se trata de una institución muy valorada, es muy tangencial la relación de esta sanción con lo acordado. Prueba de esto es que el proyecto es muchísimo anterior a la pandemia”, planteó Romero.
Y agregó: “No traigamos a la mesa de sesiones temas que tangencialmente puedan estar adentro de lo acordado, porque sino no habría límites. Quiero creer que la reforma judicial no tendrá nada que ver con la pandemia”.
Minutos después, Martín Lousteau (UCR) recogió el guante y aclaró que “la capacidad de respuesta financiera de la Cruz Roja se ve afectada” por la situación de emergencia sanitaria, por lo que “es estrictamente pertinente a lo que decidimos ajustarnos en las sesiones virtuales”.
A su vez, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) opinó que “no es más oportuno el momento” para sancionar esta ley, y recordó que “una de las primeras instituciones que llevó a cabo una campaña para recaudar fondos fue la Cruz Roja”, a través del “teletón” realizado el domingo 5 de abril, donde se recaudaron casi 88 millones de pesos.
