El diputado de UP anunció que “peligra el inicio de las clases porque es un tema nacional” y apuntó que la Secretaría de Trabajo “se quedó cruzados de brazos viendo cómo se caía la negociación”.
El diputado nacional Hugo Yasky (UP – Buenos Aires) se refirió a las negociaciones de las centrales sindicales con los sectores empresarios y la mediación de la Secretaría de Trabajo, y señaló que “hablan de diálogo y consenso, pero vienen a imponer una política de hambre”.
Presente en la reunión, el titular de la CTA relató: “Fue una acción sincronizada de los grupos empresarios y el actual secretario de Trabajo, quien preside el Consejo del Salario”. “El Gobierno permitió que el sector empresario le haga un piquete al Consejo del Salario”, acusó Yasky.
En declaraciones a FutuRock, el diputado y sindicalista expresó: “Tenemos la inflación de diciembre, enero y febrero que generó un 74% de pérdida, pero ellos se mantuvieron en una posición rígida”, y añadió que “no les importa que haya trabajadores que cobren por debajo de la línea de pobreza. Exigimos un básico de $285.000”.
"Siempre hay una o varias propuestas del sector sindical y otra del sector empresario, y el Gobierno actúa para que haya dos números que se puedan votar”, enfatizó Yasky, quien agregó que “la Secretaría de Trabajo no es una escribanía, tiene que accionar”.
En tal sentido, acusó al Gobierno: “Se quedaron cruzados de brazos viendo cómo se caía la negociación”. También, relativizó que “el Gobierno debe definir la cifra y si propone un número alejado de la cifra que proponemos van a quedar en evidencia”.
Consultado por la paritaria docente a resolverse la semana que viene, Yasky anunció que “peligra el inicio de las clases porque es un tema nacional”. En esa línea, consideró que “es la decisión de (Javier) Milei de caotizar la vida de los argentinos”.
Con relación a la negociación docente, adelantó que “con estos antecedentes, la expectativa es un signo de interrogación porque está claro que el Gobierno está decidido usar a las provincias para conflicto, ya que no mandan los recursos para los salarios docentes”.
Y siguió: “El aumento de 20% que ofrecían los gobernadores se transformará de 10 o 15”. A su vez, criticó que “se garantiza el financiamiento para las escuelas privadas y se quitan los fondos para la escuela pública. Esa es la política de Javier Milei”.
Para terminar, se refirió al inicio de las clases en este período 2024: “Va a ser un ciclo lectivo con conflictividad desde el primer día porque está claro que quieren que la escuela publica subsista a las manos de dios”.
El líder de la CTA cuestionó las negociaciones entre una parte de la oposición con el oficialismo: “Hay una especie de funcionamiento soterrado”. Le recomendó a Cúneo Libarona “releer la Constitución y los Convenios Internacionales” por el paro del 24 de enero.
El diputado nacional de UP y líder de la CTA, Hugo Yasky, le advirtió al Gobierno que “va a tener muchas dificultades para aprobar la ley ómnibus así tal cual querían ellos”. Además, le salió al cruce al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, luego de que advirtiera que podrían declarar ilegal la medida de fuerza convocada por la CGT para el próximo 24 de enero.
A menos de una semana de que se realice el primer paro general contra la administración de Javier Milei, que incluirá una masiva movilización al Congreso para expresar su rechazo al mega DNU y la ley ómnibus, el dirigente sindical expresó en diálogo por El Destape Radio: “Ninguna amenaza de sanción, ningún tipo de persecución ni intento de criminalizar la protesta nos puede quitar del camino”.
El diputado nacional de UP precisó: "Hoy el castigo más duro que puede recibir un pueblo lo está recibiendo, en el medio del rostro, con la caída de 20 puntos de salario en un solo mes, es una brutalidad".
"Es algo que en Argentina creo que no tiene precedentes. Creo que este es el peor castigo que puede recibir un pueblo. Frente a eso, como dirigentes sindicales lo mínimo que podemos hacer es hacernos cargo de ese sufrimiento y tratar de expresar el rechazo a que esta política siga", argumentó.
En esa línea, planteó: “No hay ningún motivo para que el paro se declare ilegal porque lo han convocado los centrales”, y le recomendó al ministro de Justicia que “debería releer, porque parece que se los olvidó, los Convenios Internacionales de la OIT, sobre todo que lea el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
“Si él quiere gobernar en otro país donde los DNU los redactan las oficinas de las consultoras de las grandes empresas del país y en un país donde la protesta social se convierta en un delito, lo que tiene que hacer es tomar la Constitución y que proponga una reforma, que transparenten lo que en la práctica quieren imponer, que eliminen el 14 bis, que se vayan de la OIT y que denuncien todos los Convenios Internacionales que tienen fuerza de ley. Que denuncien ante el mundo que están dispuestos a gobernar un país quitándole todos los derechos a los más desposeídos, ahí hablamos”, le sugirió.
Y añadió: “Si el ministro de Justicia quiere respetar la Constitución, tiene que respetar el derecho a huelga porque no solo resguarda el derecho y lo convierte en un derecho constitutivo el progresismo social”.
Por otro lado, al ser consultado por el tratamiento de la ley ómnibus, Yasky planteó: “El Congreso no se disciplinó como imaginaban los que pensaban que iba a ser un trámite tanto la ley como el DNU. Entiendo que hemos tenido, además, expresiones de los más diversos sectores desde representantes de cultura y el arte hasta economías regionales pasando por movimientos sociales, centrales sindicales, organismos de Derechos Humanos, que hace ya cuatro días desfilan por la comisión tripartita exponiendo las razones que fundamentan que este trámite, que pensaban desde el Gobierno que iba a ser aprobado, y esta trabado en el Congreso”.
“Los cierto es que ellos van a tener muchas dificultades para aprobarla así tal cual querían ellos y, si eventualmente logran mayoría, no va a ser sobre la totalidad del proyecto original”, anticipó.
En tanto, se refirió a una serie de reuniones que realizaría el Gobierno en un hotel porteño para discutir el proyecto de la ley ómnibus fuera del Congreso de la Nación junto a referentes de la oposición “dialoguista” y apuntó: “Hay una especie de funcionamiento soterrado que es una anomalía absoluta. Cuando uno discute lo tiene que hacer en las comisiones, para eso existen. Instalaron oficinas del Congreso en el Hotel Savoy, funcionar semi clandestinamente y discutir por separado”.
En esa línea, Yasky afirmó que se trata de reuniones en las que están "dejando afuera de la discusión al principal bloque" de la oposición. "Parece que para Milei lo único que valiera es la votación del balotaje donde por la decisión de los que salieron terceros que le sumaron los votos lo llevaron a la presidencia", chicaneó.
"La elección general, hay que recordárselos mal que les pese, ellos salieron segundos. Unión por la Patria sacó la mayor cantidad de votos y en esta elección se definía la correlación de fuerzas en el Congreso. No es que somos mayoría porque heredamos la fortuna de alguien en el Congreso, somos mayoría porque la gente nos votó", arremetió.
Finalmente, el sindicalista consideró que la mayoría de los bloques opositores "no se van a prestar a un juego en el que se quiere generar una mayoría bajo presión, por fuera del Congreso, para venir a votar dos proyectos entregados llave en mano por las grandes empresas de este país".
El secretario general de la CTA señaló que “el DNU quiere arrasar con los derechos del Congreso de la Nación”. También, ratificó el paro general del 24 de enero.
A su turno, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó al DNU 70/2023 y al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “Ambos tienen el mas grave de los delitos infames que es la suma del poder público, que es una traición a la patria”.
En tal sentido, remarcó que “rechazamos de plano”, y agregó que “no hay libertad sino hay democracia y soberanía, pero hay libertad para algunas empresas que quieren arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.
También, sostuvo que “el DNU quiere arrasar con los derechos del Congreso de la Nación”. “Cumplimos 99 años donde luchamos por los derechos de los trabajadores del Estado y vamos a seguir con la defensa”, aseveró.
En el final, Godoy se dirigió a los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Nación: “Exigimos que impidan este latrocinio porque esta suma de poder público del presidente para gobernar por decreto es habilitar el saqueo de la Nación y del pueblo argentino”. Asimismo, ratificó el paro general del 24 de enero.
El juez Lavié Pico dispuso el levantamiento del receso de verano y ratificó que lo que se resolvió en la Cámara Nacional del Trabajo siga en ese fuero. El Gobierno tiene 3 días para defender el DNU en la Justicia.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico habilitó este jueves la feria judicial de verano para tratar los amparos presentados por la CGT y la CTA que reclaman que el decreto de necesidad y urgencia del enviado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre es inconstitucional.
Lavié Pico dispuso del levantamiento del receso de verano para tratar el decreto presidencial, debido a que el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, Esteban Furnari, está de feria. También, fue habilitado un pedido del Gobierno nacional para que este magistrado reclame al fuero laboral, donde hubo dos cautelares frenando el apartado referido a reformas laborales y todos los amparos se acumulen en su juzgado.
El vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado este jueves que el Poder Ejecutivo presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se pronunció en contra del mega DNU 70/2023 en su capítulo laboral.
La idea de Lavié Pico es ratificar que aquello que se ha resuelto en la Cámara Nacional del Trabajo seguirá en este fuero, por lo que ha desarmado lo que el magistrado tenía en su juzgado de tratar el asunto como un amparo colectivo.
La medida es contraria a lo pedido por el Gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro, que pretendía concentrar todos los amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Así las cosas, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar esta disposición del juez que decide tratar cada uno por separado: el que él tiene, que es contra la totalidad, y aquel del fuero laboral, con dos medidas cautelares presentadas con finalidad de veto parcial.
De seguir este rumbo, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.
Por último, el juez Lavié Pico le dio traslado al Gobierno nacional para que en un plazo de tres días haga un descargo en defensa del DNU ante la cautelar pedida y cinco sobre el fondo del asunto, tras lo cual resolverá.
Asistieron al encuentro representantes de la CGT y las dos CTA, quienes manifestaron su preocupación por el DNU que deroga más de 300 leyes.
El interbloque de senadores de Unión por la Patria, encabezado por el formoseño José Mayans, recibió, este martes por la tarde en el Senado de la Nación, a dirigentes de las tres centrales sindicales, entre quienes se encontraban: Héctor Daer (CGT), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA- Autónoma). Además, participó Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo.
Durante el encuentro, los gremialistas expresaron su “preocupación” por el mega decreto de necesidad urgencia del Gobierno nacional que deroga más trescientas leyes de distinta índole y afecta tanto históricos derechos laborales como la continuidad de empresas públicas estratégicas.
Al término de la reunión, Mayans recordó que el interbloque de UP emitió un comunicado en el que “dejamos establecido que este DNU, primeramente, es inconstitucional, viola la Constitución nacional, viola el Estado de Derecho de la República Argentina y viola la división de poderes”. “La utilización de un DNU para derogar trescientas leyes, nunca pasó en la República Argentina. Es obviar directamente al Congreso”, afirmó.
Además, sostuvo que “el Congreso está para trabajar y tratar ley por ley; porque, aparte de eso, el pueblo tiene que saber de qué se trata. En cada ley que se analice, el pueblo merece escuchar el debate del Parlamento argentino, salga como salga. Pueden obtener mayoría, pero el pueblo va a estar sabiendo cuál es la ley que se quiere derogar, por qué se está derogando y cuál es la fundamentación. En cambio, no se puede aplicar un DNU que va a traer consecuencias que son irreversibles, y por eso la preocupación tanto de la CGT como de las dos CTA”.
En relación las conversaciones con las representaciones sindicales, contó que los gremialistas plantearon inquietud por los efectos del referido decreto puede acarrear, por ejemplo, sobre “el derecho de los trabajadores y cómo puede afectar a las empresas públicas argentinas. Que esas empresas, que cumplen servicios verdaderamente importantes para el país, no sean enajenadas por chirolitas”.
“Como ya dije: Nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario, que el Poder Ejecutivo envíe las leyes que quiere reformar o derogar y que haya un debate público de esos temas. Por eso hemos convocado al bloque, que está atento, y también estamos trabajando con otras fuerzas políticas, en el mismo sentido”, explicó el senador peronista.
De la reunión formaron parte, además de los mencionados, las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta del interbloque UP) y Juliana di Tullio (presidenta del bloque Unidad Ciudadana); y sus compañeros de bancada: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Eduardo De Pedro, María Eugenia Duré, María Cecilia Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Fernando Rejal, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac.
Además, a través del sistema de videoconferencia, participaron los senadores Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro y José Neder.
Por el sector sindical, estuvieron presentes: Fabián Catanzaro (Corriente Federal), Alejandro Gramajo (Utep), Omar Plaini (Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas), Rodolfo Aguiar (ATE), Claudio Britos (ATE-Congreso), Elena Pereyra (APL), Carlos Acuña (Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio) y Cristian Gerónimo (SEIVARA-CGT).
Mantendrán reuniones con los representantes de las centrales obreras ante la oficialización del mega DNU que desregula la economía e introduce reformas laborales.
En medio de un amplio rechazo al mega DNU de desregulación de la economía, anunciado por el presidente Javier Milei por cadena nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) irán al Congreso.
Los representantes de las centrales obreras mantendrán sendas reuniones con los diputados de Unión por la Patria, ante la alerta por las reformas laborales que estableció el decreto del Gobierno.
En la previa del anuncio, el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, había hablado de una "reacción de forma inmediata" ante los anticipos que hablaban de varias reformas a los derechos de los trabajadores. Y también aseguró que judicializarían el DNU.
En la Cámara de Diputados, UP es la primera minoría, al contar con 100 miembros, pero para el rechazo del decreto dentro del recinto se necesitan 29 voluntades más. Además, para que un DNU quede anulado, debe ser votado en contra por ambas cámaras.
El legislador cordobés cuestionó que “hay quienes quieren toda la ganancia para ellos”.
El diputado nacional Pablo Carro (FdT) habló acerca de la puja entre el Gobierno y los agroexportadores y, en referencia a la marcha de las antorchas que se realizó para recordar a Eva Perón a 70 años de muerte, consideró que “el pueblo marchó porque siente molestia con los sectores concentrados de la Argentina que quieren todas las ganancias para ellos y especulan para seguir ganando más”.
En conversación por AM 750, el secretario general de la CTA Córdoba adelantó que “las movilizaciones de ayer fueron la largada para el 17 de agosto porque hubo mucha gente autoconvocada”. “La gente sale a manifestarse porque queremos equilibrar la cancha”, agregó.
El oficialista destacó que “la gente sale a poner el lomo como lo hizo en pandemia, en medio de la guerra y con (Mauricio) Macri”, y a su vez dijo que “la gente va a seguir laburando, porque laburo hay, aunque se paga mal, pero hay esperanza y futuro de que mejore”.
Al ser consultado por las diferencias del Gobierno y el campo, el legislador acusó que “la crisis la generan ellos (agroexportadores) cuando no quieren salir a liquidar los granos de soja”. “Es una puja distributiva para una mejor distribución de la riqueza”, observó.
Respecto a la implementación del “dólar soja”, Carro dudó sobre la aceptación de los productores: “No sé si están dispuestos a aceptar lo acordado; encima te describen una realidad como si no fuese que la generan ellos”. “No quieren perder la rentabilidad que lograron con Macri, en pandemia y con la diferencia excepcional que están haciendo con la guerra”, se quejó.
Para cerrar, el sindicalista remarcó que “la movilización de este martes y la del 17 de agosto es contra los evaluadores y especuladores”, e insistió que “hay poderes mediáticos, financieros, judiciales, que responden al agro que no quieren una distribución de la riqueza más equilibrada”.
Cuestionó que con 7% de desempleo haya 1.300.000 planes sociales, y afirmó que “el peronismo es laburo, no es depender de un dirigente barrial que me dé el alta y la baja”. Explicó qué significa tener la lapicera y cerró su discurso con esta frase: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.
Al encabezar un acto organizado por la CTA de los Trabajadores en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió el valor del Estado ante el “ataque formidable” que atribuyó a sectores neoliberales. Por el contrario, lo consideró “imprescindible”. Negó que el déficit fiscal sea el causante de la inflación, y afirmó que “con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”.
Cristina habló a continuación de Jorge Ferraresi y Hugo Yasky, a la sazón anfitriones del evento: uno por ser intendente en uso de licencia de Avellaneda, y el otro jefe de la CTA organizadora del acto. La exmandataria comenzó su mensaje a las 17.19 y se extendió por más de una hora.
Arrancó diciendo que le había parecido que el 20 de junio era “un día muy especial” para ese acto y acotó que Yasky “con buen criterio” planteó que no había que titular el encuentro como “recordando” a Manuel Belgrano, sino hablar de la vigencia del prócer. Cómo pensaba sobre la producción, el trabajo… la deuda externa. Vean si no está vigente su pensamiento”, señaló la vicepresidenta que dijo desconfiar “de los que no les gusta recordar el pasado. Será porque además no le gustan las cosas que hicieron durante el pasado”.
“Yo no tengo problemas con el pasado, ni con el peronismo. En nuestra propia historia encontramos las claves, decodificamos y podemos atisbar lo que puede pasar. Solo de ese modo, podemos actuar en el presente, con el conocimiento del pasado y la estrategia del futuro", añadió.
Cristina habló de la caída del Muro de Berlín. “El mundo se cayó para los dos lados en el 89”, advirtió, refiriendo luego que “el mundo cae para el lado del capitalismo (…) Convencieron al mundo de que el comunismo era malo”, de ahí que los países comunistas quisieran entonces poder disfrutar de los beneficios del capitalismo. “Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio para todos y todas, con acceso a la vivienda, a la comida, a la educación para todos y todas, sin exclusiones”, ironizó.
Alertó que el Estado vive “un ataque formidable”, a partir de quienes “todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada”. Sostuvo que por el contrario a su criterio “el Estado es imprescindible, sin lugar a dudas” y que “la reducción al mínimo del Estado es solo un ejercicio y sirve para quedar bien en discursos de ocasión”.
“En esta Argentina, los mismos que durante todo el tiempo van a los canales de televisión para decirnos que el Estado es culpable de todo lo que nos pasa, son los mismos que nos dicen que en realidad la inflación la produce el déficit fiscal”, señaló la vicepresidenta, que aclaró que no haría “una apología del déficit fiscal”, sino que estaba analizando las causas de la inflación.
“Ojo, ya en la Argentina teníamos una inflación que es histórica y casi integra nuestro ADN, de décadas”, puntualizó.
Dispuesta a hablar del déficit fiscal, Cristina mostró planillas del G20, donde por ejemplo se ve a la Argentina en el 13° lugar, precedida por países importantísimos con “muchísimo más déficit que nosotros”. Con Estados Unidos primero y por lejos.
“El déficit no es necesariamente causante de la inflación, pero Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir dólares y varios portaaviones”, afirmó.
“No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo, estoy tratando de encontrar las causas por las que tenemos esta inflación única en el mundo: por el déficit fiscal no es”, enfatizó.
En otro pasaje habló de una empresa alimentaria a la que no identificó, tuvo entre 2019 y 2021, antes de pagar impuestos, una ganancia de 421%. Nuestro país es, afirmó, “el tercer país evasor” de impuestos en el mundo. Es además “el tercer país en formar activos en el exterior”, en una alusión directa a proyecto impulsado por el kirchnerismo para pagarle al fondo con la plata fugada al exterior. “Los grandes problemas de Argentina se resumen en la escasez de dólares y la economía bimonetaria”, remarcó.
En ese marco y en referencia a las dificultades para contar con dólares se quejó de la existencia de “un festival de importaciones” en la Argentina, al que reclamó “controlar y administrar” desde el Gobierno, cosa que a su juicio “no estaría sucediendo”.
Para dar una idea, sostuvo que “en la Argentina 600 empresas explican el 75% importaciones y el otro 25% lo explican 24 mil empresas. Eso quiere decir que no es tan difícil controlar esto y se deben dar estrategias para ello”.
En ese sentido pidió “articular” el accionar de la AFIP, la Aduana, el Ministerio de la Producción y el Banco Central. Cumplir esas funciones es lo que consideró significa la frase “usar la lapicera” que ella usó ya varias veces en referencia al presidente de la Nación.
No faltaron referencias de Cristina Kirchner hacia los jueces en general y la Corte en particular. Dijo que “los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos”.
En ese sentido señaló, irónica: “Donde hay necesidad de dólares habrá un juez y un fiscal para darles dólares a los importadores; pero si la necesidad es del pueblo, no hay derecho; no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces”. Fue una clara referencia a dichos del vicepresidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, respecto de lo cual insistió: “Si la necesidad es de los poderosos hay jueces, fiscales, defensores, lo que sea necesario. No hay Poder Judicial en Argentina, hay un partido judicial”.
Tampoco faltaron alusiones al Gobierno anterior: fue cuando atribuyó la inflación al “endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo”, período en el cual “se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado”.
Cargó contra los dirigentes de la oposición que tras gobernar cuatro años, dijo, “ahora miran para otro lado, como el perro que volteó la olla, y hacen como que no tuvieron nada que ver”. También responsabilizó al FMI y a los empresarios que “dicen que no tienen nada que ver con la formación de precios y la inflación”.
Tras asegurar que “la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión”, la emprendió contra el diputado Javier Milei, que calificó a Domingo Cavallo como el mejor ministro de Economía. Si es así, dijo, “estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones”.
Ya sobre el final se refirió a Carlos Tomada como “un gran ministro de Trabajo” que ella tuvo, y lo repitió varias veces. Advirtió entonces que hay apenas un 7% de desempleo, pero “tenemos un millón 300 mil planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”.
Aclaró que podía hacer esa definición pues “puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la Asignación Universal por Hijo”. Y afirmó que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.
“A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo; el peronismo es laburo, es trabajo, el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, son las que más las basurean en prácticas misóginas machistas”, precisó.
Cristina Kirchner insistió en “que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, Perón y Evita… si Evita los viera, mamita”.
Y ya concluyendo dijo que le había gustado algo que Hugo Yasky había expresado sobre “la relación de fuerza”. “Si San Martín hubiera pensado en relación de fuerzas, ¿quién cruzaba la cordillera de los Andes? Si Belgrano hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿quién hubiera hecho el éxodo jujeño?”.
“Este país existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la relación de fuerzas cuando hubo que pensar las cosas que había que hacer…
Creo que debemos apelar a nuestras mejores ideas, convicciones y acciones, como aquella como cuando aquí mismo, en Avellaneda, hace 5 años tuvimos cuando fundamos Unidad Ciudadana”, señaló, asegurando que “fue un buen nombre y una buena experiencia, por eso hoy somos gobierno. No olvidemos de dónde venimos, por qué ganamos”. Y cerró: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Así que lo que creo es que debemos apelar a lo mejor nuestro, y sobre todo hablar mucho con la gente, explicar”.
La vicepresidenta de la Nación será la protagonista central de un evento que se realizará en Avellaneda, con un auditorio afín convocado bajo un lema del que le gusta hablar a CFK.
Diecisiete días después de su última aparición pública, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a protagonizar un acto. Será este lunes a partir de las 16, en Avellaneda, en el marco del plenario de delegados de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA de les Trabajadores) que encabeza el diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky.
El evento ha sido convocado bajo el lema “20 de junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria”. Un título extenso y pareciera redactado por la propia vicepresidenta de la Nación, pues engloba todos temas de los que ya ha hablado reiteradamente. De Belgrano, su héroe de la historia preferido; del Estado, del mercado y los precios en un contexto como el actual, inflacionario. Y la Argentina bimonetaria, motivo también de sus desvelos.
Hay gran expectativa respecto de lo que vaya a suceder este lunes, habida cuenta de que el mensaje de Cristina Kirchner se presume no pasará para nada desapercibido, como anticipa el eje de la convocatoria. Y ya se sabe cuál fue la onda expansiva de su última aparición pública, el viernes 3 de junio en ocasión del centésimo aniversario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
De su discurso surgió la reacción de Matías Kulfas y su posterior despido por parte del presidente de la Nación, que esta vez no aparecerá junto a la vicepresidenta, sino que tuvo su propio acto este lunes temprano en el CCK, donde encabezó la jura de la bandera por parte de alumnos de primaria.
El evento de esta tarde se realizará en el predio del Parque La Estación, en Avellaneda, con la presencia de 1.800 delegados de la CTA de todo el país, y asistirá el intendente en uso de licencia y actual ministro nacional de Vivienda, Jorge Ferraresi.
"Nosotros quisiéramos que hubiera unidad dentro del bloque", aseguró el diputado del Frente de Todos.
El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) aseguró que todavía no tiene decidido cómo votará el acuerdo con el FMI, y que eso dependerá de la postura que tenga la CTA, central obrera de la cual es secretario general.
"No lo tenemos definido", respondió cuando en la radio AM750 le consultaron por su voto, incluyendo a su par Pablo Carro. "Vamos a convocar a la CTA", continuó.
No obstante, el oficialista confesó que "nosotros quisiéramos que hubiera unidad dentro del bloque, que esto no resquebraje la unidad; que haya crítica y debate".
Y señaló: "No nos vamos a anticipar porque nos han pedido los compañeros que conducen el bloque que no lo hagamos".
En otro tramo de la entrevista, el sindicalista consideró que “así como hubo un 'Nunca Más' al terrorismo de Estado, debemos construir un 'Nunca Más al FMI' y al circuito de endeudamiento externo como método de condicionar el desarrollo económico soberano”.
“No se termina la historia con la firma del acuerdo a condición de que seamos capaces de construir una presencia del pueblo movilizado”, sostuvo y agregó: “La movilización popular será clave en la implementación o no de medidas de ajuste y la determinación de qué sector social asume la carga de 'pagar los platos rotos'. Nuestra propuesta es que los sectores de las grandes fortunas, a través de los tributos existentes, sean los que asuman el costo duro del ajuste".
El bonaerense afirmó que "si el FMI va a controlar las cuentas cada tres meses, nosotros tenemos que tener una rendición de cuentas de la deuda interna cada tres meses". “Para ello es necesario convocar a las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, el cooperativismo, los pequeños y medianos empresarios, quienes debemos hacer la auditoría de la deuda interna”, opinó.
Además, reclamó que se “termine con el secretismo y se investigue el destino que tuvo la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri", a la vez que propuso "se avance en tipificar el delito de economicidio”.
En referencia a la CTA, Yasky contó que el plenario "resolvió una serie de acciones en el convencimiento de que el escenario posterior a la firma del acuerdo con el FMI nos va a poner en la disyuntiva de definir quién va a pagar las consecuencias de las medidas para generar la búsqueda de recursos, es decir, un ajuste".
"El tema es si lo van a pagar los trabajadores o los especuladores. Ahora, queremos que la cosa se revierta y que esta vez la deuda la paguen los poseedores de las grandes fortunas", insistió.
Para lograrlo, el dirigente expresó que “es clave el escenario de movilización; por eso propusimos una serie de acciones durante el mes de marzo para culminar el día 30 con una gran marcha que levante la bandera de 'Paz, Pan y Trabajo' al cumplirse 40 años de la histórica movilización contra la dictadura militar”.
En relación al número de inflación del 3,9% para el mes de enero, dado a conocer por el INDEC, el legislador indicó que la pérdida de poder adquisitivo es “el principal problema del pueblo argentino”.
“Desde el plenario de la CTA le exigimos al Gobierno que en la discusión por las paritarias no sea neutral, ni testigo de una disputa, sino que tome postura en favor de los salarios. Eso que enfatizó el presidente en sus discursos, debe ser una causa del Gobierno nacional", reclamó.
A continuación, analizó: “Sabemos que la inflación es multicausal y que hay una inflación internacional de alimentos, pero la tragedia macrista fue que bajó los costos laborales, como quería el expresidente que está jugando al golf con el señor feudal inglés (por Joe Lewis). De ocupar el primer lugar en Latinoamérica de acuerdo al salario mínimo en dólares en 2015 pasamos al último. Se perdió el 33% del salario mínimo vital y móvil, 20% de los salarios de los empleados privados y 27% los empleados públicos en esos cuatro años. Con un gobierno popular esperamos que se empiece a revertir la situación".
"El mundo es más injusto luego de la pandemia, hay tanta desigualdad e injusticia que si no se afectan intereses no se puede cambiar nada, no se resuelven estos problemas apelando a la buena voluntad, ni sirve esquivar el conflicto siempre", continuó.
En términos de acciones concretas para combatir la inflación, el diputado manifestó que "hay que convocar a los pequeños productores y a las cooperativas" y, a la par, destacó la propuesta del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de garantizar mercado central cada 200.000 habitantes: “Es un política que hay que empezar a ejecutar, como la de diseñar circuitos paralelos de comercialización, con alternativas para que el pueblo acceda a alimento de calidad a precios más bajos".
El legislador oficialista se expresó a través de su cuenta de Twitter. También la CT, entidad que encabeza, emitió un comunicado para solidarizarse con la familia del joven de 17 años asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad.
El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos - Buenos Aires) se expresó a través de las redes sociales por el asesinato del joven futbolista de 17 años Lucas González y apuntó contra los candidatos que durante la campaña pedían "mano dura". Además, la Central de Trabajadores Argentina (CTA) encabezada por legislador, emitió un comunicado en el cual repudiaron y condenaron el asesinato y exigieron que “apuren todas las responsabilidades de los implicados, directos e indirectos, y procedan al juicio y castigo de estos asesinos de uniforme”.
“La CTA de les Trabajadores repudia y condena el brutal asesinato a mansalva de Lucas González, el pibe de 17 años que volvía de entrenar con sus amigos, y fue liquidado de un balazo en la cabeza por una dotación de la Policía de la Ciudad a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta”, inicia fuertemente el texto.
Y continúa: “Todos los testimonios, incluidos los de los tres sobrevivientes, señalan a los policías porteños que, en el barrio de Barracas, asesinaron a sangre fría, al mejor estilo de la tenebrosa doctrina Chocobar reivindicada por Patricia Bullrich, a un pibe indefenso que no había cometido ningún otro delito que ser eso, un pibe que venía de jugar al fútbol con sus compañeros”.
“No le dieron tiempo a nada, ni siquiera a decir que era inocente. Un pistoletazo a la cabeza y el juicio sumario del salvajismo policial se cobró una nueva víctima. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la única, la verdadera inseguridad, se origina en los desmanes de la fuerza pública que debiera velar por la tranquilidad de todas y todos los ciudadanos”, criticaron.
Por último, expresaron: “La CTA hace llegar públicamente su solidaridad y condolencias a la familia de Lucas González”, y exigieron que “el jefe de Gobierno y la Justicia apuren todas las responsabilidades de los implicados, directos e indirectos, y procedan al juicio y castigo de estos asesinos de uniforme”.
El diputado oficialista escribió en su cuenta de Twitter: "Lucas volvía de jugar al fútbol y la Policía de la Ciudad lo baleó en la cabeza. Los discursos violentos que piden mano dura atrapados en el oportunismo carroñero de rascar un voto también tienen consecuencias… ¿Hasta cuándo gatillo fácil en Argentina?".
El legislador oficialista Hugo Yasky comparó, en materia económica y laboral, la gestión de Mauricio Macri que “destruyó el empleo” con la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner quienes “recuperaron el trabajo y protegen a las PyMes”.
El diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky (FdT – Buenos Aires) habló sobre los índices de desempleo y cuestionó a la oposición porque mientras ellos “ofrecen salidas mágicas como el gatillo fácil para despedir”, el Gobierno se encarga de “crear empleo, proteger a las PyMes y los salarios”. Además, remarcó que hay que recuperar la “brecha” y la “caída” de salario mínimo que dejó la gestión anterior.
En declaraciones por Radio 10, el gremialista se refirió a los datos que se dieron a conocer sobre la baja de los índices de desempleo respecto del segundo trimestre del año y celebró: “El hecho de que haya bajado un punto y medio la desocupación es una noticia excelente porque es la manera de salir de la crisis”.
En esta línea, agregó que “la única manera de que la Argentina tenga la posibilidad de darle a todos un salario digno es trabajando y eso es lo que está haciendo el Gobierno”, y cargó contra la oposición porque esto “pone al descubierto las mentiras de los que ofrecen salidas mágicas como el gatillo fácil para despedir como la ley que proponen. Si abaratan los despidos habrá una montaña de despedidos”. Por el contrario, manifestó que “crear empleo y proteger a las pymes y los salarios de trabajadores” es el camino “virtuoso que estamos viendo con índices muy contundente”.
A su vez, respecto al aumento del salario vital y móvil, Yasky aseguró que “fue una medida importante”, aunque remarcó, apuntando otra vez contra el mandato de Mauricio Macri, que “falta mucho para recuperar con los 4 años del macrismo. La enormidad de 25 puntos lo más golpeado fue el salario en general y en particular el mínimo”, y se diferenció porque se “recuperó” un porcentaje “muy importante casi 50 puntos de aumento”.
“Lo que planteamos desde la CTA es la caída que hubo en la época de Macri y como esa brecha hay que recuperarla y la vez claramente en un cuadro que hay donde Argentina tenía el salario mínimo más alto de América a fines del Gobierno de Cristina Kirchner, hoy somos es el más bajo”, sostuvo el diputado del FdT
Por último, comparó: “Hay dos ejemplos, una es la creación de 5 millones de puestos de trabajos en los mandatos de Néstor y Cristina (Kirchner), y se respetaron todas las leyes y todo eso se destruyó en 4 años de macrismo y ahora tenes otra vez lo mismo es decir estamos recuperando el empleo porque protegemos las PyMes”.
En este sentido, el legislador nacional diferenció que “no las hacemos competir con las empresas de afuera, no les metemos tarifazos, no los asfixiamos con las tasas de interés, y estamos generando la demanda eterna”, y concluyó que “ese modelo genera empleo, no el modelo que le da la impunidad absoluta a los empresarios y de eliminar derechos, eso hace que ninguna conquista se pueda sostener. No queremos que se genere una relación asimétrica”.
Por otra parte, en declaraciones a radio La Red, Yasky envió una alerta sobre el Presupuesto 2022: "Lo vamos a estudiar a fondo y nada que sea ajuste lo vamos a aceptar". Y al ser consultado sobre posibles modificaciones que impulse el propio oficialista, respondió que "por supuesto, sí, ha pasado también con el anterior". Además, expresó que hay que "hacer que los números favorezcan a la gente, a una recuperación económica con la gente adentro, no una macroeconomía brillante con el pueblo mirando" desde afuera.
La CGT, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical participaron de una nueva reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo de Diputados. Las críticas del representante de Camioneros despertaron la reacción de la oposición.
Con fuertes cruces al inicio de la reunión, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, reanudaron este viernes el debate sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
Los diputados escucharon a representantes de la CGT, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical (referenciado en los Moyano), y de esa forma dieron por finalizadas las reuniones informativas antes de la firma del dictamen, la semana próxima.
“Está claro que esta ley no es la solución de los problemas, ni siquiera resuelve los problemas del impuesto a las Ganancias de manera integral, pero es un paso: modifica un valor por el cual por arriba se tributa y por abajo no se tributa”, dijo Heller.
El legislador destacó que “tanto los representantes de las organizaciones sindicales como los diputados coincidieron en la necesidad de discutir el problema impositivo de manera integral, es una necesidad que el país tiene, y ahí sí habrá que calar con ese criterio de progresividad”.
“Tenemos que ir hacia un modelo donde los impuestos sean menos horizontales y más verticales”, consideró el banquero, y también consideró que “tendríamos que hablar de ‘impuesto a los altos ingresos’” en lugar de impuesto a las Ganancias, ya que “el trabajo no es ganancia”.
El titular de la Comisión de Presupuesto comentó que la fecha de la próxima reunión, destinada a la firma del dictamen, dependerá de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que debe ser acordada entre los jefes de bloque para poder continuar con el trabajo parlamentario virtual.
La reunión virtual se extendió durante tres horas y levantó temperatura con la intervención del segundo expositor, un asesor del gremio de Camioneros que la emprendió contra “el gobierno neoliberal” anterior, despertando la reacción de legisladores de Juntos por el Cambio.
Se trata de Mariano Sánchez, quien afirmó que “ni habría que nombrar” a la gestión anterior, ya que lejos de cumplir con su premisa de eliminar el impuesto a las Ganancias, “terminaron el gobierno con 2.200.000 trabajadores en relación de dependencia tributando Ganancias”.
Las fuertes críticas de Sánchez despertaron la reacción de legisladores de JxC, que le reclamaron referirse al proyecto en sí, pero lejos de hacerlo, el representante del gremio de los Moyano insistió en que el universo de trabajadores afectados por Ganancias se duplicó durante la gestión anterior. “Persiguieron a nuestros dirigentes”, agregó.
El diputado de la Coalición Cívica Javier Campos alertó entonces que “no es la opinión de un dirigente sindical, es una opinión política, mientras que otro diputado de la oposición que no llegó a identificarse advirtió que quien hablaba era “un empleado de un sindicato” y pidió “que hablen los dirigentes”.
“Que venga el señor Moyano”, reclamó otro diputado, mientras el oficialista José Luis Gioja alentaba a Sánchez a continuar hablando. El dirigente continuó con las críticas: “Es vergonzoso que ayer hayan salido con un proyecto para incrementar el mínimo no imponible a 500.000 pesos, cuando durante cuatro años no hicieron nada”.
Tras múltiples cruces, el representante de Camioneros concluyó diciendo que el proyecto representaba “un gran avance” y que presentarían sugerencias sobre el tema.
Tiempo después, al momento de las preguntas de los diputados, el radical Facundo Suárez Lastra advirtió que algunos de sus pares “abandonaron la reunión” por el cruce inicial, y pidió “ser más moderados en nuestra relación”, sobre todo en temas sensibles para la sociedad.
Abrió la ronda de exposiciones Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, quien puntualizó que “si no hay consumo no se necesita producción; y si no hay producción, no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión”.
“Tenemos que solucionar entonces el problema del poder adquisitivo de los trabajadores, ver de qué forma colaboramos entre todos, porque los trabadores queremos que el lugar donde trabajamos crezca”, dijo.
Tras felicitar a los diputados por el tratamiento de este tema, Acuña reiteró el beneplácito de la central obrera no solo a la suba del mínimo no imponible, sino también a los cambios conseguidos en los últimos días, sobre todo la exención del aguinaldo.
Más tarde, Héctor Daer ratificó el “apoyo absoluto” de la CGT a la iniciativa “que eleva el umbral desde donde se empieza a tributar”, y habló de “un impuesto que a todas luces, en determinados valores salariales, es injusto”.
De todos modos, pidió contemplar ciertas situaciones derivadas de la pandemia. “Yo sé que las leyes no se hacen para determinada coyuntura sino a largo plazo, pero hay trabajadores que sobrecargan sus horarios laborales en esta etapa de pandemia, producto de que otros permanecen aislados, se han contagiado, no pueden concurrir o están dispensados de prestar tareas por patologías preexistentes”, describió.
Esos trabajadores “no solo de la salud, sino de muchas otras actividades”, advirtió Daer, cumplieron horas extra que luego terminaron siendo gravadas por Ganancias.
Por último, consideró que Ganancias “es la ratificación ideológica de lo progresivo de la estructura impositiva: los que más ganan y los que más tienen, tienen que pagar más en beneficio de los que menos ganan y los que menos tienen”.
El diputado y líder de la CTA Hugo Yasky destacó que el proyecto representa “un acto de justicia”, pero luego la emprendió contra los diputados de la oposición que habían querido “coartar la libertad de expresión” del representante de Camioneros al principio de la videoconferencia.
Yasky sugirió que si se hubiera tratado de un dirigente empresarial, no hubiera sucedido lo que ocurrió. “Terminemos con la Argentina de los patrones de estancia”, reclamó, advirtiendo que no debían decirle a los invitados “qué es lo que pueden decir”.
Señaló luego que al cobrarse el retroactivo de este beneficio “va a haber entre 15 y 18 millones de pesos en el mercado de consumo”, y “eso va a ser una inyección al consumo que tendrá un efecto dominó”.
El “dipusindical” agregó que cuando se sancione la ley solo pagarán Ganancias el 7% de los trabajadores, contra el 25% que tributa hasta ahora.
A su turno, el representante de La Bancaria, Sergio Palazzo, también acompañó el proyecto, pero opinó que “el impuesto a las Ganancias debe ser eliminado en cuanto a tributo de los trabajadores”, y pidió que “no se produzca un solapamiento entre los que van a pagar Ganancias y los que no”.
Ricardo Peidró (CTA Autónoma) sumó su apoyo a la iniciativa “en el marco de una postura histórica que tenemos respecto a que el salario no es ganancia”.
Reclamó además una reforma impositiva y pidió “que aquel trabajador que tenga que ingresar en este momento a pagar este impuesto, no lo haga en los grados más altos de la escala, porque sino habría una contradicción y atentaría contra la progresividad, para que paguen los que más tienen”.
Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) valoró también el tratamiento del proyecto “con la apertura necesaria para que podamos hacer los aportes que tienden a enriquecer con la propia realidad de los trabajadores el contenido de la ley”.
Como otros de sus pares, Amichetti habló de avanzar más adelante con “una reforma tributaria integral y progresiva”.
A continuación, Claudio Marín, de FOETRA y secretario gremial de la CTA, señaló que en su gremio el promedio salarial es de 123.000 pesos y el impuesto a las Ganancias impacta sobre un 70% de sus representados; y si se tiene en cuenta a los jerárquicos, supervisores, técnicos y profesionales, ese porcentaje llega “al 90, 95%”, con lo cual “esta medida de levantar el mínimo nos resulta un espaldarazo muy importante y nos ayuda a un cierre paritario que signifique que todo ese dinero se transforme en algo virtuoso, que se traslade al consumo”.
Pablo Flores (AEFIP) indicó que “de darse la propuesta de subir el mínimo no imponible a 150.000 pesos, va a quedar tributando un número de 730.000 trabajadores”, y observó que “si se crean una serie de deducciones especiales orientadas al consumo de bienes y servicios en una serie de bienes” que pudieran derivarse a materiales de construcción, al turismo interno, a la línea de electrodomésticos y renovación de autopartes, “esta herramienta le serviría al Gobierno para orientar el gasto hacia esas actividades que podrían generar un shock de demanda; los trabajadores podríamos deducir lo que nosotros proponemos hasta 300.000 pesos por año, pero entendemos que esto beneficiaría también a los sectores productivos”.
A su vez, Carlos Minucci, de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, señaló que “sería muy fácil venir acá a presentar nuestros problemas cuando tenemos un 40% de pobreza”. “No va a existir aporte a las Ganancias si no ayudamos a que se construyan puestos de trabajo. El movimiento obrero esta junto a las políticas que ayudan al crecimiento”, sintetizó.
También apoyó la ley Roberto Baradel, de SUTEBA, pero pidió deducir del impuesto los gastos de actualización de la formación docente para “avanzar en una educación pública de calidad”.
El sindicalista de la CTA además llamó a atender lo vinculado a las tareas de cuidado: “En muchos lugares el Estado no da respuestas respecto a las vacantes en jardines maternales y de infantes, como lamentablemente sucede en la Ciudad de Buenos Aires”.
Yamile Socolovsky (CONADU-CTA) destacó que el proyecto “en lo inmediato representa un alivio para los trabajadores de manera directa y conlleva además que haya una llegada importante de recursos al mercado interno”.
También celebró que “no se compute el aguinaldo ni el adicional por zona, y que se consideren las uniones de hecho” para las deducciones.
Otros de los oradores fueron Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Marcelo Mena (Sindicato Jerárquico Minero) y Jorge Frías (Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca).
Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se busca consensuar un proyecto único. Este miércoles expondrá el ministro Moroni.
El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y gremios de las telecomunicaciones e informática.
La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura.
Este martes será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, quienes se sumarán al debate en una nueva reunión virtual.
Al inicio de la reunión, Siley –que además es titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- recordó que el primer proyecto sobre el tema fue presentado en el año 2007 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Luego hubo varios proyectos a lo largo de la historia que nunca han prosperado”, repasó.
Según la diputada, en lo que va del año y en el marco del aislamiento social obligatorio, donde muchos trabajadores se volcaron al trabajo remoto, se presentaron 17 proyectos de ley, entre los cuales “hay una coincidencia del 90% en los institutos a regular”.
En ese sentido, la oficialista explicó que se buscarán establecer “presupuestos legales mínimos” que funcionen como un “piso de derechos”, para luego “delegar en las convenciones colectivas de trabajo las especificidades de cada sector”.
El vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR) destacó el nivel de consenso alcanzado y aclaró que el teletrabajo es “una modalidad” y no una nueva actividad, donde además “debe primar la voluntad de las partes”.
El diputado Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales del proyecto y remarcó que “esto es un piso que aplica a los convenios colectivos”. “Lo que no es escribe acá, va a los convenios, y por ende, a las paritarias”, enfatizó.
Correa indicó que se busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso contrario, habría una compensación económica para el trabajador-.
El proyecto consensuado también establece que el trabajador pueda prestarse de manera voluntaria al teletrabajo, y con el mismo criterio retomar sus tareas habituales in situ, señaló Correa.
El legislador agregó que las empresas tercerizadas serán solidariamente responsables con las obligaciones laborales; y que el trabajador deberá gozar de igualdad de derechos sindicales.
La salud, la higiene y la seguridad en el trabajo serán otros de los aspectos contemplados en la futura ley, además del derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Asimismo, se buscará “salvaguardar las fuentes de trabajo” cuando se trate de empleados no residentes en el país.
Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que “esperaban otro momento” para emprender la discusión, aunque se mostraron de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto unificado.
Entre otras cosas, los cegetistas propusieron que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias.
Desde la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, también hubo un respaldo, aunque el secretario gremial, Claudio Marín, advirtió sobre el riesgo de que con esta modalidad aumente el trabajo no registrado, que en nuestro país alcanza el 40%.
Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse en forma colectiva y no individual”, y en ese sentido sugirió “que el teletrabajo solo pueda ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.
Julio Acosta, secretario Interior de la CTA Autónoma, contó la experiencia en el sector de los trabajadores de la electricidad. Remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”, y alertó conque el teletrabajo “viene a uberizar y precarizar el trabajo de las y los jóvenes.
“La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó.
Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones.
Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron “una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas” trabajadas con esta modalidad.
También señaló que “va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan” la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.
Por su parte, Osvaldo Iadarola, del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) consideró que “no es una oportunidad, sino una necesidad” la de legislar sobre este tema, y en ese sentido marcó la intención de pasar “de un convenio analógico a uno digital”.
Desde la Unión Informática, Ignacio Lonzieme dijo que según relevamientos de su sector, hay “una sobrecarga de tareas, por eso es muy importante que cada actividad tenga su articulado respecto de esta modalidad”.
En cuanto al derecho a la desconexión laboral, sugirió la posibilidad de que el trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que definió como “guardia pasiva”-, aunque aclaró que en ese caso debe haber una compensación económica, como si se tratara de horas extra.
Fabián Boccella, de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) consideró que “el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio, y debe ser voluntario; y para que sea decente y seguro, debe ser regulado” para que no se produzca “una relación freelance que solo hace a la precarización laboral”.
En nombre de la ATACC (Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos), Walter Franzone informó que según un sondeo interno, “casi el 64% de los trabajadores” del sector están “satisfechos” o “algo satisfechos” con el teletrabajo.
“Hay que darle al sindicato la potestad de contralor de las empresas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que algunos empresarios siempre buscan un resquicio para ir por un lado u otro”, dijo Franzone, y agregó que en su sector se está analizando implementar la figura del “teledelegado”.
En tanto, Carlos Minucci, de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) fue uno de los más críticos y opinó que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar la empresa y el trabajador”.
“No se puede ejercer el teletrabajo si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y responsabilidades y si el gremio no acordó. Esto apunta a perder la relación sindical con los trabajadores. Hoy en nuestras propias oficinas sufrimos aprietes de los jefes; imagínense a los dirigentes sindicales yendo a la casa de cada uno para ver que no los apreten y para ver si tienen todo”, advirtió Minucci.