Mientras se conocía que el Gobierno nacional finalmente convocó a gremios docentes -la semana próxima- para discutir la actualización del salario, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunieron este miércoles con diputados de Unión por la Patria. Además, aseguraron que iban a transmitir sus preocupaciones a otros bloques de la oposición. 

En el encuentro que se realizó en las oficinas del bloque, encabezado por los diputados Germán Martínez -jefe de la bancada-, Hugo Yasky y Blanca Osuna, los sindicalistas se refirieron a la situación educativa en la previa del comienzo de las clases, el tema de la paritaria nacional docente y los fondos que se debían mandar a las provincias, en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 

El informe que presentaron incluye también cuestiones sobre las partidas para comedores escolares, la incertidumbre en torno a las becas Progresar y la infraestructura escolar. 

En diálogo con la prensa acreditada en el Parlamento, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, enfatizó: “Queremos que el Gobierno nos convoque a una paritaria nacional porque entendemos que el Gobierno es responsable en caso de que no inicie el ciclo lectivo, porque hay partidas que debían ser enviadas a las provincias y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en la mayoría de las jurisdicciones, porque los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo”.

En ese sentido, señaló que el mes pasado hubo provincias que compensaron las partidas que nos les fueron giradas por el FONID, pero algunas advirtieron que “este mes no va a ser así”. 

Además, la dirigente gremial se refirió a la extensión de la jornada con una hora más de clases: “Si Nación no manda los fondos, esas horas no se van a poder dictar, con lo cual vamos a tener además un efecto pedagógico verdaderamente complejo en un momento donde hay un diagnóstico de que necesitamos a los chicos en las escuelas recuperar lo que se vivió en la pandemia, que es algo que en todo el mundo sucedió”. 

Respecto del FONID, sobre el cual ya hay varios proyectos presentados desde distintos bloques para prorrogarlo, Alesso defendió que “sirvió para equiparar las desigualdades salariales en la inversión educativa entre las provincias que tenían salarios más altos y provincias en las que venían con retrasos ¿Para qué? Para que no tengamos una provincia que tiene mayores recursos con un salario tres veces superior y una provincia más pobre o con menos recaudación, atrasada en el salario”.

“Lo pagaron todos los gobiernos”, dijo sobre el FONID y recordó que el presupuesto para este año “está”, porque el Presupuesto Nacional 2023 fue prorrogado. “La Secretaría de Educación devengó los fondos y el Ministerio de Economía no lo pagó”, agregó y reveló que le enviaron una carta a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y “contestaron que eso se iba a liquidar”. 

Encuentro con ministros

En segundo lugar, se desarrolló un encuentro híbrido (presencial y virtual) donde participaron diferentes autoridades ministeriales de Educación, Economía y Hacienda, de diferentes provincias argentinas. Allí, expresaron unánimemente su preocupación por el retroceso que significa el incumplimiento del FONID, hecho que pretende retrotraer al sistema educativo a la década del 90 cuando estuvo fragmentado y caracterizado por profundas desigualdades originadas en la disparidad de recursos de las diferentes realidades provinciales.

Seguidamente, los ministros ponderaron como hecho positivo la firma de declaración del Consejo Federal de Educación, rubricado la semana pasada por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el que se plantea la imperiosa necesidad de que se continúe con el financiamiento por parte del Gobierno Nacional y en el que se asegura que la educación no puede ser afectada por las políticas ajuste.

En ambos encuentros se destacó que, desde 1998, los distintos gobiernos nacionales respetaron siempre los compromisos financieros de la Nación con las provincias en materia educativa.

En tanto, desde el bloque de UP reafirmamos el compromiso de trabajar para la unificación de los proyectos referidos al FONID, como así también las diferentes iniciativas legislativas que se han planteado para el cumplimiento, continuidad y mejoramiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Del mismo modo, reafirmamos la educación como derecho humano y social que no admite desigualdad alguna en todo el territorio nacional.

Asistieron de forma híbrida o virtual, los ministros de Economía de provincia de Buenos Aires, Pablo López; de Educación y Hacienda de La Rioja, Ariel Martínez y Jorge Quintero respectivamente; de Hacienda y Educación de La Pampa Guido Bisterfeld y Marcela Feuerschvenger; de Educación y Economía de Tierra del Fuego,  Pablo López Silva y Francisco Devita; de Economía y Educación de Catamarca, Alejandra Nazareno y Dalmacio Mera; de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nasif y la subsecretaria de Educación de Formosa,  Analía Heizenreder.

La diputada nacional Romina del Plá sostuvo que “la pauta salarial del 33,5 % acordada hasta julio de la paritaria nacional docente, está en línea con el 60% de tope paritario de (Sergio) Massa y el FMI”.

Asimismo, afirmó que presentar un salario para el maestro de grado (a cobrar recién en abril) de 130 mil pesos, que está 33 mil pesos por debajo de la línea de pobreza de enero, es una nueva entrega de la conducción de CTERA en manos de (Sonia) Alesso y Roberto Baradel. Una vez más la paritaria nacional refuerza el deterioro del salario docente, ya que no establece el monto del salario básico, y avala el festival de sumas en negro que achatan el escalafón y afectan a los futuros jubilados”.

La diputada y dirigente nacional de Tribuna Docente explicó que “este anuncio, que la burocracia presenta como una conquista, cuando la inflación de enero fue del 6% y la interanual del 98 %, significa una condena a que las y los docentes trabajen dos y tres cargos para poder afrontar los gastos corrientes de una familia: alimentos, servicios, alquiler, etc. Es una estafa absoluta presentar como un logro que ciertos ítems vayan por fuera del Impuesto a las Ganancias, cuando la CTERA debería exigirle a “su gobierno” que elimine en su totalidad el impuesto al salario”. Agregó que “La recepción de este anuncio ha sido de profundo rechazo entre las y los trabajadores de la educación. El apuro por hacer pasar la aceptación en asambleas convocadas con un sólo día hábil da cuenta de que Alesso y Baradel le temen a una verdadera deliberación”.

Por otro lado, afirmó que “el aval a la imposición de la 5ta hora en primaria, presentada como una histórica ampliación de la jornada escolar, es el aval a la precarización educativa en su máxima expresión, el aval al hacinamiento y el pisoteo de derechos de los estudiantes, bajo una escenografía mentirosa. Es el mismo elenco de gobiernos que siguen incumplimiento el compromiso tomado hace años en alcanzar la Jornada Completa para la mayoría del nivel primario”.

Por último, Del Plá convocó a los docentes de todo el país a impulsar el rechazo a esta paritaria dictada por el FMI y reclamo un salario básico inicial igual a la canasta básica, la incorporación al básico de todos los ítems, el blanqueo del Incentivo Docente, y el respeto al escalafón. Asimismo, llamo a la docencia a sumarse al XV Congreso Nacional de Tribuna Docente que se realizará en Buenos Aires el próximo 25 y 26 de febrero para debatir y decidir un plan de lucha en defensa del salario.

Los ministros de Educación, Sergio Massa, y de Educación, Jaime Perczyk, recibieron este lunes a la conducción de CTERA: su secretaria general, Sonia Alesso, y su adjunto, Roberto Baradel. ¿El tema convocante? Obviamente el Presupuesto 2023, a propósito de la baja en la inversión en el área educativa, medida en un 15,5%, según trascendió los últimos días.

En esa reunión, CTERA planteó su “posición histórica” de rechazar cualquier tipo de recorte en educación y la necesidad de aumentar el Presupuesto Educativo.

Asimismo se volvió a reclamar la resolución a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para el sector docente.

Según se indicó a través de un comunicado de la entidad gremial, los ministros se comprometieron a que el Presupuesto Educativo del 2023 aumentará con respecto al 2022, en las partidas de infraestructura, becas, conectividad, construcción de escuelas y otros programas educativos.

Además, los ministros informaron que, con la problemática de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, los equipos técnicos de ambos ministerios están trabajando en el tema.

A todo esto, el diputado oficialista Itai Hagman, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, salió a negar el recorte educativo adelantado por diversos medios el fin de semana. Lo hizo a través de un hilo de tuits, donde indicó que el domingo “La Nación, Clarín y la oposición difundieron un informe que afirma que Educación sufre un recorte del 15,5% en el Presupuesto de 2023. Eso es MENTIRA. El documento citado tiene errores groseros y omisiones que cambian toda la lectura. ¿Por qué es falso?”.

“En primer lugar, el dictamen final del Presupuesto incorporó $94.866 millones en Educación que los medios decidieron ignorar. Con esta modificación la inversión no sólo no cae sino que crece en términos reales (con el dato de 2022 del informe, crece un 6%)”, planteó el legislador oficialista.

Hagman apuntó que “este cambio fue el resultado de muchas horas y días de trabajo de diputados y diputadas que estamos convencidos que Educación, entre otras áreas sensibles que fueron modificadas, no es un ítem para ahorrar”.

“En segundo lugar el informe decide analizar el Presupuesto con una inflación 10 puntos mayor a la que supone el proyecto de Ley, lo cual obviamente empeora todos los números. Este es un error metodológico serio por lo siguiente: cuando se elabora un presupuesto, todos los ingresos y gastos se estiman en base a una determinada proyección de inflación. Si la inflación luego es más alta o más baja, tanto los ingresos como los gastos se modifican acorde a la evolución de los precios”, agregó el legislador.

En otro pasaje, Itai Hagman señaló que “no tiene sentido comparar un presupuesto hecho en base a una proyección de inflación usando otra proyección, no importa cuál sea esta. Se trata de una premisa básica para analizar el Presupuesto. Incluso la oposición y la Oficina de Presupuesto del Congreso lo hacen así siempre”.

Por otro lado, añadió, “las notas refieren solo a inversión del Ministerio de Educación, cuando lo que corresponde es mirar la función ‘Educación y Cultura’. Ejemplo: hay infraestructura escolar en Obras Públicas y parte de las transferencias a universidades está en Obligaciones a cargo del Tesoro”.

“Párrafo aparte para la hipocresía de dirigentes de la oposición reclamando por el supuesto recorte en Educación cuando este Presupuesto implica un aumento en términos reales de la función Educación y Cultura de 22% respecto de 2019!”, agregó Itai Hagman, que cerró diciendo: “Son muchos los debates que podemos dar sobre el Presupuesto y la orientación económica que debe tener el país en donde, sin duda, tenemos profundas diferencias con visiones como la de Macri. Pero al menos hagamos el esfuerzo de discutir sobre la verdad y evitar operaciones”.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, cuestionó las tomas de establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires y responsabilizó de estos episodios a los gremios docentes.

“Discutir las viandas de CABA bajo el paraguas del hambre es banalizar un problema tremendo en la Argentina. Recuerden que ayer el INDEC demostró que la indigencia crece en nuestro país”, sostuvo el legislador del Pro.

Para Finocchiaro, “se trata de una fachada preparada por CTERA/UTE, que en realidad disputa, la semana pasada con el paro y ahora con las tomas, la competencia del Gobierno de la Ciudad  de disponer que los días de clases no se afecten por las jornadas institucionales”.

“En el fondo, lo que se discute es si la educación pública va a estar apuntada hacia el aprendizaje de los alumnos o si va a ser un aparato adoctrinador”, estimó el legislador.

Y agregó: “Por supuesto, a esa discusión no la plantean en provincia de Buenos Aires no porque el servicio alimentario escolar sea mejor -decididamente no lo es-, sino porque de ese lado de la General Paz ya gobiernan el sistema educativo. (El ministro Alberto) Sileoni es una figura solamente formal, (Roberto) Baradel es quien toma las decisiones de gestión”.

“¿Cuál es el resultado de esa entrega de la responsabilidad? El que conocemos: apagón educativo en progreso y un abandono inédito de los docentes”, cerró Finocchiaro.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT) confrontó con los dichos de algunos dirigentes de la CTA y de la CTERA que están convocando movilizarse en defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por la causa “Vialidad”.

Del Plá sostuvo que “la CTERA debe defender el salario de las y los trabajadores, y no a CFK. Es inaudito que mientras los trabajadores de todo el país estamos sufriendo una fuerte caída en el poder adquisitivo de nuestros salarios, con una inflación incontrolable, la CTERA y las CTAs llamen a movilizarse no para defender el salario, sino a Cristina Fernández de Kirchner. Una vergüenza”.

Asimismo, agregó que “el Gobierno Nacional recorta 70.000 millones en Educación y en infraestructura frente al silencio cómplice de Yasky y compañía, que solo están dispuestos a alguna acción por la situación judicial de la vicepresidenta”.

La diputada y candidata a secretaria Adjunta por la Lista Multicolor en las elecciones de CTERA del 7 de septiembre se refirió a la situación que atraviesa la docencia: “Las y los docentes nos ponemos en pie de lucha por la recomposición salarial y todas nuestras reivindicaciones. La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz y Rio Negro, con sus masivas movilizaciones, son ejemplos sobre los cuales nos miramos los docentes de todo el país. Necesitamos un paro general y un plan de lucha nacional por todas nuestras reivindicaciones y en defensa del salario”.

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso adelantó que se está discutiendo, por un lado, una nueva ley de Financiamiento Educativo cuyo propósito es elevar la inversión en materia educativa y, por el otro lado, una ley nacional de educación tecnológica que fortalezca la conectividad en los establecimientos educativos.

En diálogo a través de los micrófonos de la AM 1150, Alesso expresó en primer lugar, estar “conforme” con el acuerdo paritario del 45,5 por ciento alcanzado con el Gobierno Nacional y la cláusula de revisión convenida para noviembre próximo.

“Además deja abierta la paritaria y va a haber una nueva reunión en noviembre, lo que va a posibilitar que, si la inflación supera el monto, se podrá ajustar antes de fin de año”, agregó la titular de Ctera.

A su vez, anunció que está en discusión “una nueva ley de Financiamiento Educativo que eleve la inversión nacional en educación con metas pedagógicas específicas y una ley nacional de conectividad o de educación tecnológica que, por un lado, fortalezca la conectividad en todas las escuelas de la Argentina y, por el otro, dote de insumos a todos los estudiantes del país”, y agregó, esta vez en declaraciones a FM Rock and Pop, que dicha ley busca “que se ponga más inversión nacional en educación, más presupuesto para encarar la post pandemia”.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos salió a apoyar la posición de CTERA en la discusión sobre el regreso de las clases presenciales y cargó contra la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, al sostener que a Juntos por el Cambio “no le interesa convivir con los trabajadores”.

En recientes declaraciones televisivas, Bullrich reclamó el regreso a las clases presenciales a pesar de la pandemia del Covid-19 y criticó a CTERA, que pone reparos en función del peligro de contagio de docentes y alumnos.

 “La sociedad necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores de Juntos por el Cambio, y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, lanzó Bullrich.

En respuesta a estas declaraciones, Vallejos sostuvo que “más allá del ‘consenso’, el ‘diálogo’ y demás eslóganes” utilizados en el gobierno anterior, “no les interesa convivir con los trabajadores; solo ‘conviven’ entre ellos, la clase económica dominante. El pueblo es ‘descarte’”.

En la carta que emitió CTERA, firmada por su secretaria general, Sonia Alesso, el gremio planteó que la vuelta al dictado presencial de clases debe ser consensuada en las paritarias de febrero, como recomendaron organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la IE (Internacional de la Educación).

También apoyaron la vacunación a los maestros, pidieron robustecer las medidas de prevención de acuerdo a las necesidades de cada provincia y alertaron por las nuevas cepas y por el crecimiento de casos en niños y adolescentes en el verano europeo y estadounidense.

“Oportuna, equilibrada y responsable perspectiva de los trabajadores de la educación frente a un posible retorno a la presencialidad en el dictado de clases”, destacó Vallejos.

La diputada oficialista hizo énfasis en el fragmento de la carta que aborda lo que ocurre en los países desarrollados por el avance del virus, donde sus gobiernos debieron implementar medidas restrictivas para evitar el colapso sanitario, entre ellas el cierre de escuelas.

“En CABA hay alrededor de 1.300.000 personas de la comunidad educativa que se movilizan. Alrededor de 300.000 son padres, madres, familias que acompañan a los chicos. Luego, las personas mayores y en grupos de riesgo conviven con los chicos que van a la escuela. ¿Quién cuida de ellos?”, planteó Vallejos.

“Si toda tu información viene de la televisión, ya entiendo por qué pensás así. Si yo fuese la directora universal de las escuelas diría que el trabajo por año es que cada alumno tenga una idea propia, nada más, que se le ocurra algo. Pero no, tenés que saber cosas que después no te sirven, no saben pensar”. El pensamiento es de la filósofa de la vida Juana Molina, que reflota lo esencial de una educación que tiende a desaparecer en el país. 

Juana Molina, la versátil, la que no se queda mucho tiempo haciendo lo mismo, la que agota los procesos de creación y pasa a otro estadio sin ninguna dificultad, da en el clavo de una necesidad esencial, ésta última palabra usada hasta el desgaste en la pandemia que acosa al mundo. Pero su reclamo acerca de que los chicos se animen a tener “una idea” no es factible porque los maestros sindicalizados mañerean la vuelta a la escuela con excusas que no podrían ser esgrimidas siquiera por los infantes. La ciudad de Buenos Aires se propuso, y lo logró, ese ansiado retorno a los establecimientos educativos después de pelear duramente contra un ministerio nacional con escasos gestos de reacción, que responde más a las presiones sindicales y al afán de mantener a la gente encerrada. La urgencia de recuperar la pérdida de conocimientos en todos los niveles educativos durante siete meses, no parece una prioridad para la cartera. Este es un lujo que ningún país debería darse porque supone sacrificar tres generaciones argentinas. 

Los chicos no contagian, lo dicen hasta el cansancio los especialistas. En Europa los niños no dejaron de concurrir a la escuela en todo el año. Pero aquí, en Argentina, puede más el miedo y la vagancia de quienes promocionan el peligro entre los maestros por esta pandemia. Todo el mundo está en riesgo, y muchos trabajadores esenciales se someten para cumplir con su misión y su vocación. En el primer mundo, al que los argentinos quieren pertenecer, las escuelas dejaron de funcionar solo un mes durante 2020, y volvieron a clases en las primarias con las previsiones sanitarias necesarias. 

En Argentina, no. En Argentina hay un gremio, CTERA, y un dirigente simbólico Roberto Baradel, que con descaro alerta sobre la “responsabilidad” que tienen que blandir los maestros frente al virus, ya no ahora mismo, sino “en marzo del año que viene”. El tipo no quiere trabajar, se le nota, quiere incrementar su sobrepeso sentado en la única vocación que posee: no trabajar. 

El ministro Nicolás Trotta mintió descaradamente al decir en un programa televisivo semanal que “las clases volvieron hace rato en el interior del país”, y puso como ejemplo a Formosa (¿) y a San Juan. Trotta no enfrenta a los gremios docentes, y delega (es un decir) en los gobiernos provinciales la decisión del retorno presencial. En realidad, la educación depende de los gobernadores desde que la última dictadura militar decretó la descentralización del sistema educativo. La paritaria nacional vigente es un invento del kirchnerismo en su primera etapa cuando se abrieron las discusiones por las convenciones laborales. Al margen de esa cuestión, el titular de la cartera, además, es indolente, y descarta el adelanto de las clases del año que viene porque, a su juicio “el verano tiene que ser un momento de respiro”. 

Trotta tiene pocos amigos, y enemigos perversos. Se notó cuando Adriana Puigróss renunció a su cargo de viceministra. Los verdaderos motivos de la renuncia los diseminó por radio el periodista Horacio Verbitsky al trazar una radiografía de las dos “tribus” que enfrentaban a Puigróss y Trotta. La primera es una pedagoga e investigadora proveniente del peronismo, y Trotta -para el ex director de Página 12- viene de una familia “en la que las únicas que no son militares son las mujeres”. En el programa emitido por radio El Destape, dio detalles de los ataques recibidos por tres militares de la familia Trotta en la década del 70, porque conoce bien del tema. Más allá de las memorias desechables por una cuestión de salud mental, la pretensión de hallar voluntad institucional en ámbitos que incidan para la recuperación de los conocimientos perdidos, no se encontrará. Cuando el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof considera que el retorno a las escuelas “es un despelote”, y por eso patea la pelota para adelante, es que ya no hay salida. 

Es crudo, pero hay que aceptarlo: el actual gobierno está empecinado en hacer de la Argentina un país de ignorantes, sin ambiciones ni metas, una nación improductiva, dominada por el capricho de cuatro personas codiciosas de poder sin saber qué hacer con él. Para transformar la Argentina seguramente no es. 

Al 9 de noviembre se cumplieron 238 días sin clases, y si los chicos vuelven a la escuela, a esta altura del año, es para saludar a los compañeritos y volver al hogar. No obstante, esa breve revinculación de educadores con educandos, y educandos entre sí, se celebra en homenaje a la persistencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para eludir el corset kirchnerista de la ignorancia. La actitud oficialista se pliega al evidente programa de empobrecimiento de la sociedad argentina, se suma al propósito de podarle las alas a la clase media, achatar la pirámide del crecimiento, fomentar el analfabetismo y hacer de Argentina un país miserable. 

A raíz del Covid 19 la CTERA se tomó el trabajo de elaborar un “informe sobre la salud laboral”, reflejo de una preocupación excluyente: la salud de los docentes y no docentes. En ese informe no figuran los chicos ni la importancia del aprendizaje, sólo las formas, todas las imaginables, para esquivar la vuelta al cole. 

Los seres humanos, frente a las contingencias de la vida, siempre tienen dos opciones: enfrentar el miedo y buscar soluciones para resolver la amenaza saliendo al ruedo, o acovacharse esperando que el riesgo pase. Ambos son mecanismos de defensa. Pero hay trances que demoran en transcurrir, y vuelven a generar dos opciones: la parálisis para siempre y el encarcelamiento, o asomar la nariz con todas las prevenciones para recuperar algún grado de supervivencia. 

No es esto último lo que piensan los maestros afiliados a CTERA, gremio que dirigen Sonia Aleso y Roberto Baradel -a éste se lo ve poco desde que es secretario adjunto-, especialmente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde el sindicato desde hace décadas se esfuerza en sumir a los alumnos en la anulación de sus capacidades. Lo hacen sin pudor. Hace mucho tiempo que la vocación de maestro se perdió en el camino de las conveniencias o las necesidades económicas, de las licencias pagas, la ausencia de reconocimiento profesional, las faltas continuas al trabajo, el hábito de dejar el lugar a una suplente que nunca alcanza la titularidad. ¿Cómo van a llegar los chicos al aula con “una idea propia” si no se abren las aulas? La propuesta de Juana Molina es para los chicos, presuntamente porque no hay fe en los maestros ni en los programas educativos, atrasados de tal modo que la escuela argentina está fuera de todo ranking internacional. 

CTERA considera que “un apresuramiento injustificado e indebido en la toma de decisiones para el regreso a las aulas puede traer graves consecuencias para la población en general, y un rebrote podría traer más inconvenientes pedagógicos y administrativos, más riesgos sanitarios y más demoras a futuro en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

Dicho así sólo cabe pensar que el gremio está calculando que el retorno de los maestros a la escuela no se producirá hasta fines del año 2021 porque el “rebrote”, que todavía no ocurre aquí, puede ser fatal. Y los argentinos terminan de convencerse: “no quieren trabajar”. 

El tono del informe carece de todo gesto colaborativo; por el contrario, exige garantías del sistema de salud dentro de las escuelas como si los docentes estuvieran excluidos de participar de esa red de cuidado y prevención frente a eventuales contagios. Se ponen exigentes: quieren “capacitación” para los trabajadores en la sanitización de aulas y enseres, y la provisión de elementos de limpieza –hipoclorito, jabón y otros para desinfectar- como si cada uno de los que forman parte de ese circuito no hubiera adquirido experiencia en nueve meses de cuarentena en sus hogares. Reclaman incluso una campaña mediática para capacitar a los docentes en la contención psicológica de los alumnos. Los maestros no tienen capacidades limitadas, fueron formados en el magisterio precisamente para eso, para enseñar y contener a los alumnos en sus conflictos personales. No es necesario que cursen Psicología. Si no se hace todo lo anterior no habrá inicio de clases, y si se hace, tampoco. Además, se curan en salud respecto de la “responsabilidad”: El punto 15 del informe de CTERA dice: “Establecer niveles de responsabilidad para definir la suspensión de clases o cierre de los establecimientos ante cambios de situaciones sanitarias, por la presencia de afectados/afectadas en instituciones educativas”. O sea, no se van a hacer cargo de nada de lo que ocurra. La responsabilidad siempre va a ser de otros. Y ellos estarán atentos para pedir que se suspendan inmediatamente las clases ante el más mínimo resfrío de un alumno, un docente, un no docente, un sanitizador, o un portero.