La Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto, se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se volvió a discutir por la falta de designación de auditores en la Auditoría General de la Nación por parte de ambas cámaras. Por otra parte, se pasó a la firma el dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2018.

En el comienzo del encuentro, Pichetto le dio la palabra a Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría. "Indudablemente hay una preocupación, que es también del Congreso, de ambas cámaras, respecto a la acefalía que hoy tiene la Auditoría", dijo el diputado sobre el órgano de control en el que se encuentran vacantes los tres representantes por la Cámara de Diputados y los tres por el Senado.

"Tenemos una profunda preocupación con lo que está pasando no sólo con la AGN sino con otros organismos de control", expresó Quintana y lamentó que este tema "se ha convertido en algo complicado que pareciera a nadie le interesa y no sale en los medios".

El representante de los trabajadores afirmó que "la Auditoría es un barco a la deriva" y luego reflexionó: "Para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Y eso no está pasando: hace dos años que no tenemos presupuesto, hace tres meses que no está funcionando la Auditoría y hace 25 años no está nombrado el defensor del Pueblo".

Pichetto recordó que "le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras que hicieran los esfuerzos para completar la integración" y que reiterarían el pedido.

Por su parte, el diputado del Pro Álvaro González manifestó que "es la primera vez que pasa una cosa de estas características, que vengan los trabajadores a pedir que se nombren a los auditores. Es una mora que tiene el Congreso que debemos resolver lo antes posible".

Mientras que el senador salteño Juan Carlos Romero resaltó que "esto ya no depende de las autoridades". Y recordó que este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se pusieron a debate proyectos para reformar la Ley Orgánica de la AGN, no tuvo quórum y no estuvieron los senadores de La Libertad Avanza ni Unión por la Patria.

Por eso, propuso que se junten los jefes de bloques "y decidamos quiénes van a ser los auditores con la ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, de aprobarla y no sabemos que va a hacer Diputados, donde se ha presentado un proyecto exótico que cambia el equilibrio entre las cámaras". "La intención de ese proyecto (en alusión al presentado por Martín Menem) es que no haya auditores", aseveró.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, argumentó la ausencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque "existió una manipulación del tema de las comisiones" y "estamos esperando que vayan cumpliendo con la integración de las comisiones de forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento". Sin embargo, durante el plenario sobre la Corte Suprema, algunos habían asistido.

En tanto, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, recordó que la semana pasada no se consiguió quórum en la sesión en la que pretendían votar las designaciones de dos auditores y cuestionó "la maniobra del oficialismo" poniendo en debate "un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados".

Sobre esto, añadió que este miércoles  "estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la Ley 24.156 modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores y la duración de los mandatos; sin siquiera diálogo de las dos cámaras. Pero no lo lograron". "Es un mamarracho lo que están haciendo", denunció y abogó por que "ojalá podamos lograr los acuerdos políticos necesarios que nos permitan avanzar en las designaciones de los auditores".

Por La Libertad Avanza recogió el guante el diputado Julio Moreno Ovalle, quien observó que en el debate que se inició "hay un consenso muy fuerte en los proyectos de disminuir los mandatos" de los auditores. "Apelo a un consenso para poder modificar la composición", dijo y afirmó: "Nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar". Sin embargo, defendió la discusión de "un proyecto global" para reformar la AGN.

"Esto necesita un acuerdo de la política, llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente", sostuvo la diputada de la UCR Soledad Carrizo, quien opinó que ese asunto debe ir de la mano con "el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos" y "antes de agosto o de las elecciones" de octubre, se pueda aprobar una nueva ley y también completar el organismo.

En coincidencia con Romero, Pichetto cerró: "Creo que tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir se nos va el año. Necesitamos buscar los acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo antes posible". Y criticó que el proyecto de Menem "es totalmente inconstitucional" por lo que propone respecto de la elección del presidente de la AGN y la distribución de los representantes.

Sin aval de UP, pasaron a la firma el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018

Tras ese primer tramo, se puso a consideración la Cuenta de Inversión 2018. Al respecto, Pichetto informó que "hay una mayoría que va a votar la cuenta con un sentido de aprobación favorable, con observaciones, que son las del dictamen de minoría de la propia AGN". En cuanto a las objeciones del dictamen de mayoría de los auditores, observó que "no eran de ninguna manera significativas".

Sobre "el argumento de falta de legalidad del préstamo" del FMI tomado ese año por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador consideró que esto "ha tenido un saneamiento posterior", cuando en el Congreso se ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Vicepresidente de la bicameral, el senador de UP Mariano Recalde argumentó el dictamen de rechazo de su espacio y señaló que, a partir de este préstamo, "la deuda pública de la administración central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI".

El porteño apuntó que el crédito "se tomó en condiciones no sólo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento" y negó que lo votado en 2022 haya sido "de ninguna manera un saneamiento". Además, sobre el destino de los fondos, resaltó que "se utilizaron para la bicicleta financiera, la fuga de divisas y no hubo una sola obra de inversión".

En igual sentido, el senador Mayans cuestionó que se recurrió al FMI "en una abierta manipulación política de la deuda argentina, sin pasar por el Congreso, como hacen ahora". "Macri dijo que con eso se iba a reactivar a economía y, hablando mal y pronto, fue un desastre", manifestó.

Por la UCR, el senador Víctor Zimmermann señaló que "se dice que no fue autorizado ni por ley ni por decreto", pero estaba avalado a partir de lo que establece "el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera". "Y posteriormente se votó la llamada Ley Guzmán (27.612), que convalidó el proceso anterior", consideró.

También en contra, como sus pares, el diputado Martínez hizo mención a la marcha de personas con discapacidad reclamando por la ley de emergencia en las afueras del Congreso, donde "está la (Policía) Federal con armas en las manos". "Este debate sobre la deuda de 2018 no está aislado de la motosierra de 2024 y 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy", relacionó.

Al hacer referencia a la noticia de que se vuelve a "colocar deuda por mil millones de dólares", el santafesino remarcó: "Es la primera operación de este tipo desde hace siete años. ¿Qué año era hace siete años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de eso? Caputo". Y sentenció: "No hay ningún elemento de aval a la deuda de 2018".

La Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este miércoles en el Salón Illia del Senado, donde el oficialismo y la oposición -a excepción de Unión por la Patria- avanzaron con el dictamen de aprobación de la Cuenta de Inversión 2017, de la gestión Cambiemos.

Pichetto explicó que la cuenta “viene de la AGN con un dictamen de mayoría que sostiene la abstención de opinión” y un “dictamen de minoría aprobando con observaciones”, el cual él mismo firmó como auditor. En este sentido, señaló que “la abstención de opinión es cuando el auditor se abstiene de emitir una opinión por no obtener evidencia suficiente y adecuada para basar su opinión en los informes”. Y, a continuación, sugirió la aprobación.

En contra, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) mencionó que el dictamen de mayoría contiene “dos informes muy duros” e “innumerables observaciones, tanto sobre los estados contables como en la ejecución presupuestaria”. “El resultado de los estados contables es absolutamente negativo. Se aumentó significativamente el pasivo de la Argentina, fundamentalmente a través de la deuda externa”, apuntó. “No me cabe la menor duda que tiene que ser rechazada”, avaló el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez.

Por el contrario, el senador Víctor Zimmermann (UCR) recomendó la aprobación y dijo que en el dictamen de mayoría se señala que “no se puede establecer con claridad si hubo algún tipo de inconveniente en reprogramar deuda pública por encima de la autorización presupuestaria; yo diría que no lo hubo, que pudo haber algún desfasaje en el tiempo”.

En coincidencia, el diputado Álvaro González (Pro) resaltó que esta Cuenta de Inversión posee “19 informes intermedios aprobados” y “el único no aprobado es el referido a la deuda pública, que obviamente cada espacio político tiene una mirada”.

Más adelante, Pichetto aclaró que habitualmente los dictámenes de la AGN eran por la aprobación. “Nunca hubo rechazo ni tampoco abstención de opinión, un fenómeno que aparece en 2017. Y en 2018 y 2019 hay un dictamen de mayoría de rechazo”, apuntó.

El rionegrino aclaró que “el organismo técnico para producir un rechazo no tiene en cuenta argumentaciones de naturaleza política”. Y recordó que “el endeudamiento con el Fondo (Monetario Internacional) no fue en 2017, fue en el 2018, cuenta que vamos a comenzar a analizar. Sí hay en el 2017 un bono a 100 años que después fue refinanciado a un plazo más corto”. Aunque admitió no haber estado de acuerdo con ese bono, afirmó que no lo consideró “un punto tan gravitante como para rechazar la cuenta”.

En la reunión, además, pasaron a la firma 49 dictámenes sobre estados contables de distintas empresas, organismos y fideicomisos; y estados financieros de préstamos de organismos internacionales. Sobre esto último hubo consenso en pedir informes por nota al Ministerio de Economía sobre subejecuciones o demoras significativas.

También, el envío de dos notas a la AGN, una sobre los contratos firmados por las compras de vacunas durante el COVID-19 y otra sobre el aumento sostenido de informes con carácter de reservados emitidos por la Auditoría, y que el siguiente encuentro de la Bicameral será el próximo 29 de mayo a las 11 horas.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para tratar diversos temas.

En primer lugar, se dio curso a una nota dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recordando la obligación de los entes auditados de responder a los requerimientos de la Auditoría General de la Nación (AGN), en cumplimiento del marco normativo vigente.

Luego, la comisión ratificó una resolución que establece la obligación de auditar a todas las empresas públicas, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado.

En otro orden, se consideraron 53 expedientes tratados previamente por asesores, y se resolvió enviar una nota a la AGN para que informe a la comisión en qué estado se encuentra la auditoría a las universidades, y otra expresando que la Auditoría no ha remitido aún la Cuenta de Inversión 2023.

Por último, se decidió postergar para la próxima reunión dos temas importantes con el fin de tratarlos con mayor presencia de los integrantes de la comisión. Se trata del análisis sobre la Cuenta de Inversión sobre el ejercicio 2017, correspondiente a la gestión del expresidente Mauricio Macri, como parte del proceso de rendición del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo Nacional; y una resolución orientada al seguimiento de las observaciones, recomendaciones y eventuales derivaciones judiciales surgidas de los informes de auditoría.

En plena campaña electoral, las embestidas contra el Gobierno anterior volverán a estar a la orden del día, cuando en el recinto se trate este miércoles la cuenta de inversión correspondiente al año 2016. Es que, contrariamente a lo que se estila y sobre todo respecto de un primer año de gestión, el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.

Las cartas se mostraron el 26 de agosto pasado, cuando se realizó la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En esa oportunidad, los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen. Obviamente el de mayoría es el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.

La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, quien anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.

“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.

Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.

Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.

Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.

“Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, lanzó José Mayans en referencia al primer año de Cambiemos.

Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.

“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.

La postura de la oposición

A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.

El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.

Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.

González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.

González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.

El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.

“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.

Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.

“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, precisó Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.

Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Luego Alvaro González adelantó que enviarían al día siguiente los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google dónde queda Comodoro Py”.

E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.

Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.

Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.

Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.

El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.

El recinto del Senado de la Nación estará a pleno este miércoles, dado que desde las 14 se realizará la primera sesión presencial desde el comienzo de la pandemia. La última vez que todos los senadores habían asistido al recinto fue el 12 de marzo de 2020, nueve días después de registrado el primer caso de Covid en Argentina y una semana antes del comienzo del ASPO.

Para estar presentes en la sesión, los legisladores deberán contar las dos dosis de la vacuna y presentar un test rápido negativo.

Como primer punto se tratará el decreto 10/21 firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner que dispone la vuelta a la presencialidad, luego de más de un año y medio de sesiones que en un principio comenzaron siendo enteramente remotas, y luego se fueron incorporando las chances para que más senadores estén presentes en las bancas.

El temario incluye una iniciativa consensuada que respalda lo legislado acerca del Límite Exterior de la Plataforma Continental e Insular Argentina, y rechaza la pretensión del gobierno de la República de Chile de extender la suya.

Pero, además de ese tema que encuentra a oficialismo y oposición de la mano, en la sesión el Frente de Todos buscará rechazar la Cuenta de Inversión de 2016, primer año de la gestión de Mauricio Macri.

Otro tema que se debatirá este miércoles será un proyecto de la senadora pampeana Norma Durango (FdT) que prevé que en todos los establecimientos educativos del país se dicte una jornada de sensibilización sobre la no discriminación en la vejez.

También se tratará una modificación a la Ley de Educación Nacional respecto a espacios de enseñanza y aprendizaje que completen la alfabetización financiera, impulsado por la senadora puntana Eugenia Catalfamo (FdT).

Además, se aprobarán un conjunto de proyectos que proponen la declaración de patrimonios culturales, monumentos históricos e instauración de distintos días.

La Cámara de Senadores aprobó este viernes la cuenta de inversión correspondiente al último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 2015. El Frente de Todos impuso su mayoría, por 42 votos afirmativos, con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, contra 24 negativos, de los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

El senador chubutense Mario Pais fue el único expositor que tuvo este tema, que consideró en su exposición a este como “un acto institucional de suma importancia política y parlamentaria”, por cuanto representa el control parlamentario de las cuentas de inversión, el análisis de la ejecución presupuestaria. Esto es, la forma como el Ejecutivo ha administrado los gastos.

En tono didáctico, el senador oficialista explicó que esos números son girados a la Auditoría General de la Nación, cuya presidencia es siempre ejercida por un representante de la principal oposición parlamentaria.

“Este acto jurídico parlamentario es el que hoy vamos a tratar con este proyecto de ley que no elabora ningún legislador, ni el Poder Ejecutivo Nacional, sino la Comisión Mixta Revisora de Cuentas luego de analizar el dictamen de la Auditoría General de la Nación”, expresó Pais.

El senador oficialista aclaró que este ejercicio presupuestario corresponde a dos presidentes, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, en este caso por los últimos 20 días de 2015; como así también la ejecución de tres jefes de Gabinete: Jorge Capitanich, que ejerció hasta febrero de 2015, Aníbal Fernández, quien se desempeñó hasta el 9 de diciembre, y con posterioridad Marcos Peña, quien ejerció el cargo durante los cuatro años de mandato de Cambiemos.

Pais detalló que el jefe de Gabinete debe remitir al Congreso y a la AGN antes del 30 de junio la cuenta de inversión del Presupuesto anterior. “Se inicia así el proceso arduo de control parlamentario”, abundó, aclarando luego que no se trata de una ley como las demás. Para algunos juristas, “es un acto administrativo de naturaleza especial; otros dicen que no es un acto administrativo sino de naturaleza política. Para Bidart Campos no puede ser objeto de veto, el Poder Ejecutivo solo puede promulgarla, porque sería interferir con una facultad exclusiva del Congreso de la Nación”.

Mario Pais contó además que la cuenta de inversión puesta en discusión fue analizada y dictaminada por la AGN, un organismo que tiene un rol de asistencia técnica del Congreso de la Nación. “Este dictamen fue aprobado por unanimidad, con algunas observaciones”, agregó, puntualizando que “se encuentra pendiente de dictaminar la cuenta de inversión de 2016, que está en el ámbito de la comisión, esperemos que el año próximo podamos avanzar con eso; los posteriores todavía no han sido recepcionados en el ámbito de la Comisión Mixta Revisora de cuentas”.

A continuación, el senador del Frente de Todos dio lectura a los números que incluye esta Cuenta de Inversión, en donde se detalla que el total de recursos y gastos muestra una ejecución presupuestaria superior al 95%.

Luego hizo referencia a las críticas que en 2017 expresó un sector de la prensa que incluyó entre “los que reivindicaban el periodismo de guerra”, que entonces cuestionó que la Auditoría General de la Nación hubiera aprobado esa cuenta de inversión.

Puntualmente citó a los diarios La Nación y Clarín, que les apuntó a auditores de entonces y que todavía integran la AGN, como los radicales Alejandro Nievas y Jesús Rodríguez. Pais leyó entonces que el primero de los citados diarios había considerado “sugestivo” que la decisión fuese unánime. “¿Cómo se explica que lo haga, cuando arrecian las acusaciones y denuncias de Cambiemos sobre corruptelas en los manejos de los recursos públicos?”, le preguntaron entonces a Nievas, quien respondió que “esto es un informe técnico; en términos contables significa que los números de 2015 cerraron razonablemente, pero esto no significa que se apruebe la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa es el balance y otra la gestión, que es una valoración política y que para nosotros fue mala y por eso planteamos varias observaciones”.

“Pero el dictamen fue aprobado unánimemente”, dejó claro Pais.

Luego reseñó la crítica que el diario Clarín hizo entonces, interrogando al radical Jesús Rodríguez, actual titular de la AGN, quien sostuvo que “la ejecución presupuestaria de 2015 subestiman el déficit por la manipulación del INDEC y los excesos de contabilidad creativa, y si hubieran hecho bien las cuentas el déficit en la última gestión kirchnerista hubiera sido del 6 y no del 3,8 como dibujaron”.

“Lo concreto es que el déficit fue 3,8 y no del 6%”, enfatizó Pais, que al concluir señaló que “la ejecución presupuestaria aparece como razonable, se han contestado todas las observaciones, y la Comisión Revisora Mixta, al igual que la AGN aconsejan la aprobación de la misma. Es lo que estamos haciendo”, concluyó.