Reanudada la sesión en la Cámara baja este martes, diputados de la oposición presentaron distintas cuestiones de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la falta de entrega de alimentos a comedores y los episodios ocurridos la semana pasada en la sede de la cartera, cuando la funcionario dijo que recibiría “uno por uno” a cada persona “que tiene hambre” pero se negó a recibir a “intermediarios” de las organizaciones. 

En primer lugar, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá cuestionó: “La ministra cree que puede tomarle el pelo a los millones y millones de personas que en nuestro país comen en los comedores populares, que comen por el esfuerzo de las organizaciones sociales y muchas otras, hasta de las iglesias”. 

“Cree que puede no entregar la comida a los comedores durante más de 100 días, porque van 45 días del gobierno anterior, y todo lo que va de éste, que los comedores están sin recibir comidas. Su burla a la población que vive esta situación son completamente inaceptables”, agregó y advirtió que “como el derecho a la alimentación va por encima de cualquier otra cosa no va a hacer otra cosa que recrudecer la organización y movilizaciones populares”. 

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Toniolli criticó a Pettovello porque “se burló de quienes esperaban ser recibidos para intentar solucionar la parálisis que desde el 10 de diciembre muestra su área”. “Con una inflación en diciembre de 25,5%, una canasta básica alimentaria que en diciembre se disparó un 30% al menos, ese área, y fundamentalmente la que tiene que ver con los fondos para asistencia alimentaria, ejecutó un 0% de su presupuesto”, denunció. 

“Hay 50 mil comedores y merenderos registrados en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cuatro millones de argentinos y argentinas que reciben asistencia” en éstos, apuntó el santafesino para luego leer un fragmento del comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. Y cerró: “Ministra, póngase a laburar que hay millones de argentinos esperando por asistencia alimentaria”. 

Por otro lado, el diputado Juan Marino alertó que “intempestivamente cerraron las oficinas de atención al público de la Dirección de Asistencia por situaciones especiales” que otorga subsidios en medicamentos para quienes no pueden costearlos. “Atienden adultos, embarazadas y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes”, detalló y sumó que “muchos de estos casos se trata de personas con riesgo de muerte”. 

“¿Se puede ser tan mala persona como para dejar sin medicamentos a niños con cáncer? ¿Se puede ser tan insensible como para dejar sin su tratamiento a embarazadas con patologías graves y urgentes? ¿Se puede dejar de ser tan cruel como para dejar de asistir a personas con discapacidad? Tienen que terminar con esta orientación sádica y cruel contra nuestro pueblo”, exclamó el legislador de Unión por la Patria. 

La diputada santacruceña Roxana Reyes presentó este miércoles una cuestión de privilegio contra la gobernadora de su provincia, Alicia Kirchner.

Fundamentó la misma en que como  integrante de la Comisión de Familia de la Cámara baja, “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, y ahí se garantiza el derecho a acceder a la educación”. En ese sentido dijo que “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención, que garantiza el derecho a acceder a la educación”.

Al respecto, advirtió que “en Santa Cruz, al día de hoy hemos tenido 16 días de clases y 19 días sin clases. Se está hipotecando el futuro de de miles de niños, niñas y adolescentes de la provincia”.

La diputada radical atribuyó esa situación a “un encono desmedido” de la gobernadora “contra el sector sindical docente, al que persigue, acosa y mantiene con sueldos por debajo de la línea de pobreza, obligándolos a trabajar 12 horas para cobrar por arriba de la canasta familiar”.

Según contó Reyes, desde 2017 no pueden completar en esa provincia un ciclo lectivo.

A través de una cuestión de privilegio, el diputado radical Ricardo Buryaile le contestó este miércoles a sus pares Leonardo Grosso (FdT) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) por las críticas que le hicieron en la última reunión sobre la ley de humedales por no haber convocado a la Comisión de Agricultura y Ganadería que él preside. 

El formoseño defendió sus argumentos reglamentarios para afirmar que el plenario del jueves pasado “fue ilegal”. A continuación hizo referencia a un tuit de Grosso, quien escribió: “Los esperamos para discutir, salvo que quienes les financian la campaña no los dejen venir”. 

“A la única persona a la que alude en ese tuit es a mí. Por lo tanto, voy a contestar que a mí no me financia nadie. Yo soy un productor agropecuario y defiendo la producción, el comercio y los servicios. No me financia absolutamente nadie más que mi trabajo, del que vivo hace muchísimos años”, enfatizó el legislador y disparó contra el dirigente del Movimiento Evita oriundo de San Martín: “No me financia ni la Universidad de San Martín, ni el  2% que se cobran de los planes sociales, absolutamente nada”. 

En su discurso, el diputado también le pegó a Camaño, quien “se pone un vestido largo y cree que se puso una toga, y nos da clases del reglamento, e hizo referencia al artículo 174 y el artículo dice una cosa distinta a lo que la diputada le quiere hacer decir”. Sobre ese artículo, explicó que “la comisión está caída una vez que no se haya reanudado la reunión”. “Tal cuarto intermedio no existía porque se había pasado a un cuarto intermedio que nunca se dio”, dijo, por eso aclaró que correspondía que “citaran a una reunión informativa o a un nuevo plenario”. 

Sobre la calificación que hizo la diputada de que él había actuado como “apropiador” de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Buryaile sostuvo: “La Argentina tiene una historia muy dolorosa con la apropiación. Yo no me apropié de nada. Es grave. Segundo punto, si yo soy patrón de estancia. Yo trabajo en un campo y tengo gente que trabaja conmigo. Quizá la conducta de patrón de estancia se pueda confundir con la de algún secretario general que le traiga reminiscencias, yo no”.  

“Quiero decir simplemente que hago esta cuestión de privilegio porque entiendo que el respeto tiene que primar en esta cámara. Jamás le he faltado el respeto a absolutamente nada. He discrepado ideológicamente; quien discute personas no tiene capacidad para discutir ideas. Nosotros nos ceñimos a la ley, para nosotros la ley es el camino y el límite. Para otros la ley es un obstáculo, y estamos cansados de ver eso”, concluyó y pidió que no le respondan porque “no se contestan las cuestiones de privilegio”. 

Desde el estrado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, remarcó que Camaño no estaba presente en el recinto y reveló por qué: “Está su señora madre en una situación muy delicada, la están operando en las últimas horas”. 

Pasada la medianoche, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezó la primera cuestión de privilegio planteada durante la jornada en la Cámara baja. Y fue contra una colega, Mariana Zuvic, con la que mantiene una disputa legislativa por el Area Bentónica Agujero Azul, proyecto que la legisladora peronista impulsa y su par de la Coalición Cívica, titular de la Comisión de Intereses Marítimos, rechaza.

“Esta es una historia bastante larga, que no empieza ni conmigo ni con ella”, planteó la legisladora, que consideró que Zuvic “fue harto ofensiva con mi persona. Yo puedo comprender que estemos en desacuerdo con los proyectos, pero las actitudes conspiranoides, con falsa información, no las voy a permitir”, advirtió.

Camaño recordó que ella presentó esa iniciativa en el año 2020, y para entonces la diputada Zuvic publicó una columna de opinión “con una serie de desaciertos”, dijo Camaño, con los que impugnaba el proyecto.

Usando, según Camaño, los mismos argumentos que utilizaba “un personaje menor, que se hacía pasar por exsecretario de Estado”, un exasesor del doctor Carlos Menem, supuestamente experto en pesca y en océanos. “Fueron los mismos argumentos que esgrimieron ante mí las cámaras de pesca cuando las atendí con motivo de este proyecto”, acotó la legisladora, que contó que contestó esa carta de manera mesurada, tratando de rebatir argumentos. Pero advirtió que hubo otra carta más ofensiva que publicó la santacruceña en La Nación, titulada “El Agujero Azul y los sospechosos de siempre”. “Ya habíamos cometido un delito por la presentación de un proyecto”, conjeturó.

Camaño dijo que Zuvic la acusa de “ser alguien que mercadea con el ambiente”. Y repuso: “Todos saben que este proyecto fue durante 2 años tratando en las tres comisiones que habían tomado la competencia primaria. Todos saben y si no lo saben los invito a que vean los videos de la sesión informativa a la que concurrieron todas las áreas de gobierno vinculada con este tema”.

“Todos en ese momento se enteraron por los funcionarios de los pormenores del tema. No solo habla la diputada del tratamiento expedito”, sino que también -dijo Camaño- vertió dudas en torno al accionar del presidente de la Cámara, Sergio Massa. “La señora deduce que hubo una contraprestación por parte de la presidencia de la Cámara en el tratamiento del proyecto por la Comisión de Legislación General” a cambio de favores en el Consejo de la Magistratura.

Graciela Camaño recordó que el proyecto se cayó después del tratamiento dado durante dos años, tras lo cual ella hizo uso del reglamento que le permite solicitar el cambio de giro.

“Donde esta señora ve una suerte de componenda entre usted y yo, deja de ver, porque la ceguera de su ignorancia le impide verlo. Si se hubiese tomado el trabajo de abrir nada más que la página de Cancillería, podría ver que el área candidata no solo figura como área candidata del Estado argentino, sino también por los funcionarios de Cancillería. Del mismo modo que en la página del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Areas Marinas. Y el propio presidente de la Nación decidió incluir el tema entre los 18 que mandó a extraordinarias. ¿De qué componenda habla la señora diputada?”, se preguntó indignada.

Tras hacer muchas referencias críticas a las imputaciones de Zuvic, entre ellas una imputación de “traición a la patria”, Camaño aclaró que ella quiere que su cuestión de privilegio pueda ser dilucidada, razón por la cual “quiero además exhortar al presidente de Asuntos Constitucionales, emplazarlo para que este tema sea debidamente dilucidado en la comisión, donde aportaré todas las cuestiones científicas académicas que se corresponden con este tema”.

Y agregó: “Dice que nos estamos metiendo en la zona de conflicto de Malvinas… Para nosotros no hay zona de conflicto de Malvinas. Para nosotros la plataforma es territorio argentino”.

Y cerró señalando que Zuvic “forma parte de una fuerza política que tiene algunos inconvenientes con la Justicia por haber escuchado algunos informantes que pululan en los suburbios de la Argentina. Le aconsejo que cuando quiera rebatir un proyecto de mi autoría, estudie e investigue, porque yo para hacer un proyecto de ley de esta envergadura estudio e investigo. No voy a permitir que nadie en este recinto mancille mi honor”.

A continuación planteó una cuestión de privilegio el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, contra el presidente de la Cámara, precisamente por la cuestión de los giros de los proyectos. Y tras él lo hizo la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien apoyó el planteo de Camaño, haciendo suyo el reclamo porque el tema sea abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cuestionó a la diputada Mariana Zuvic por haber denunciado maniobras en la Cámara y que se dictaminan proyectos como moneda de cambio. “Es un ataque a la convivencia entre los actores de la democracia; alude a contraprestaciones que no existen, pero quien las plantea es porque es capaz de recibirlas”. Y cerró hablando de una doble vara, ante lo cual exhibió una foto de la legisladora junto al diputado del Parlasur “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia en Uruguay. En la foto ambos tenían un cartel con la frase: “Chau privilegios”. Con ironía, Moreau reclamó que el exoperador judicial del Gobierno de Cambiemos “venga a declarar”.

Antes del inicio del debate del proyecto de ley de oncopediatría, el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos pidió la palabra para presentar una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien acaba de tildar de “antiargentinos” a los miembros de la oposición.

Campos tomó esa apreciación como “un agravio a mi condición de diputado de la Nación” y agregó: “Todo agravio duele, pero más cuando es fruto de una política que generó el cierre de más de 20 mil empresas y la huida de muchas otras del país… pero para él, los antiargentinos somos los opositores”.

“El mismo ministro que producto de la emisión y de dinero sin respaldo llevó a la Argentina al penoso cuarto puesto en el ranking de naciones con más inflación en el mundo, atrás de Venezuela, Sudán y Zimbawe… Pero para el ministro, los opositores somos antiargentinos”, señaló.

Campos agregó que Guzmán “es ministro de un gobierno que llevó el salario registrado promedio de 817 dólares en 2019 a 470 dólares hoy, pero nosotros somos antiargentinos”.

Luego señaló que Guzmán “es un gran ministro de un gobierno que cuando asumió, un billete de mil pesos compraba 20 litros de leche o 10 kilos de pan, y hoy se compran 11 litros de leche o 5 de pan… Pero los antiargentinos somos nosotros”.

Campos concluyó preguntando si “hay algo más antiargentino que tirar la piedra de la inflación y hacerles creer a los consumidores que los responsables son los comerciantes”. Actitud que consideró “deleznable y cobarde”.

Se le complicó de entrada a Alvaro González en la extensa sesión de este martes/miércoles. Fue con las cuestiones de privilegio de Juntos por el Cambio, que arrancaron con presentaciones contra el presidente de la Cámara de Diputados, como la que hizo la radical Brenda Austin, quien se quejó por los giros a comisiones que se les dan a los proyectos. En particular hizo una referencia a la vulneración de lo que establece el reglamento de los giros, al señalar puntualmente un proyecto suyo en el que “se resolvió de manera arbitraria ampliar el giro a la Comisión de Industria”, cuando en la Comisión de Recursos Naturales se había dictaminado y ya había pasado a Presupuesto, se quejó. “Un giro que es nulo, que pedimos sea dejado sin efecto”, concluyó.

Pidió la palabra entonces la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien sostuvo que “hay que cuidar el reglamento en todo momento, la verdad que por nota el bloque de Juntos por el Cambio pidió agregar el giro a la Comisión de Industria de la ley de etiquetado frontal, y así lo dispuso la Cámara. En este caso…”.

La interrumpió Alvaro González para aclarar que ese era un tema que debía ser tratado en comisión, pero la diputada oficialista -que hablaba en realidad de un proyecto distinto al que se había referido su par radical- insistió: “No, no, no… Y además los acuerdos se cumplen, y así como pidieron de manera informal que se constituya en comisión…”. El diputado Alvaro González insistió en salir del tema, reclamando respetar el reglamento, pero no hubo caso. “¡Laburen si quieren laburar! Las comisiones tienen que laburar una vez por semana y durante cuatro años no lo hicieron”, concluyó.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau presentó este jueves una cuestión de privilegio. En realidad, en aras de ahorrar tiempo -tal cual dijo al arrancar-, presentó dos al mismo tiempo. La primera fue contra la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, quien el día anterior, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas criticó duramente a Alberto Fernández, denunciando “el acoso sistemático y abusivo del Gobierno argentino”.

En rigor, Moreau no mencionó a la presidenta del país vecino en ningún momento por su nombre, sino que se refirió a ella como “esta señora”. “Una señora que se encaramó al poder en la República de Bolivia a través de un hecho de fuerza” que calificó como “golpe de Estado”. El diputado sostuvo que ella “agravió no solamente al Gobierno argentino, sino a la tradición del pueblo argentino en materia vinculada al instituto del asilo”.

“La verdad que sonaba como una desfachatez, porque esa expresión provenía de alguien que provocó en Bolivia una situación de persecución inédita en los últimos tiempos en el continente latinoamericano: muertos, asilados, persecuciones, desaparecidos…”.

El legislador oficialista sostuvo que Añez “no habla en nombre del pueblo boliviano, pero sí agravió al pueblo argentino. Y sobre todo a  las fuerzas democráticas de la Argentina, que cada vez que gobernaron el país, dieron asilo a los que eran perseguidos por dictaduras militares”.

Recordó entonces la tradición de nuestros gobiernos de dar refugio a políticos de países vecinos y puso el ejemplo de Raúl Alfonsín cuando dio asilo al uruguayo Wilson Ferreyra Aldunate, a quien vio partir desde el puerto de Buenos Aires y “apenas llegó (a Uruguay) fue detenido y encarcelado, y no pudo participar de las elecciones, proscripto por aquel régimen”. Usó ese ejemplo para extenderlo a la actualidad con lo que sucede con Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). “La historia se repite, con distintas caras, pero se repite”, razonó.

Y tras considerar que “es absolutamente necesario condenar estas expresiones” de la presidenta boliviana, pidió que “para que no desemboquemos en situaciones como esta, tenemos que tener cuidado los argentinos cuando abrimos la boca en relación a algunos temas esenciales y sensibles”. Señaló entonces que este jueves leyó declaraciones del senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich decir que “hubo fraude en la última elección”. “Además de parecerme ridículo, porque esta última elección la controlaba su propio gobierno, me parece peligroso que intentemos deslegitimar la democracia argentina. No hubo fraude, no habrá fraude. Tuvimos la elección más limpia de los últimos tiempos, como las anteriores”. “No dejemos que estas voces de desestabilización de la democracia un día nos enfrenten a situaciones oprobiosas como la de Bolivia”, concluyó.

A la hora de las cuestiones de privilegio, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, usó ese pasaje para responder las que habían hecho previamente dos senadores de Juntos por el Cambio: Laura Rodríguez Machado y Luis Naidenoff.

A la primera, que había reprochado que la presidenta del cuerpo no le dio en la última sesión la palabra cuando la pidió luego de que se anunciaran una serie de modificaciones al dictamen del proyecto de reforma judicial, le contestó con el reglamento. Mayans sostuvo que durante ese debate “no se le negó la palabra a nadie, y el que la pidió la tuvo y se le respetó el uso de la palabra”. Pero aclaró que una vez que cierran el debate los jefes de los bloques, luego de que lo hace el presidente del bloque de la mayoría, la presidenta tiene que someter a votación el proyecto. Y solo puede suspender la votación la miembro informante, que recepta todas las modificaciones si los senadores quieren cambiar el proyecto. Una vez que eso sucede, el proyecto se pone a consideración del cuerpo.

Mayans sostuvo que el debate de la reforma judicial en general y el papel de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en particular “fue impecable, fue atacada injustamente en un proyecto que también es impecable”. E insistió en que una vez que termina la miembro informante, la presidenta tiene que llamar a votación.

Reprochó luego “el show que se hace en cada sesión: le faltan el respeto a usted, le dicen cualquier cosa, y hablan 50 senadores a la vez… La metodología debe cumplirse -dijo-. Si todos queremos alterar el orden de funcionamiento, ni en el recinto, ni por la vía remota se puede sesionar. Necesitamos que se respeten las reglas de juego: cuando cierran los presidentes de bloque la única que puede hacer cambios a viva voz es la miembro informante. Así de sencillo”.

Y luego, en su particular estilo, el presidente del bloque oficialista continuó, ahora en referencia al presidente del interbloque JxC, que reclamó por la falta de reuniones de Labor: “Esta es la parte que no entendió esta gente que perdió las elecciones el año pasado: que nosotros somos la mayoría y no pueden imponernos a nosotros qué vamos a tratar, porque no son la mayoría. Hay un programa de gobierno que nos comprometimos a tratar”.

“Esta es la metodología vigente en el Senado de la Nación, si queremos funcionar como corresponde, tenemos que respetar las reglas de juego”, enfatizó, para luego seguir fustigando a la oposición: “Utilizan este esquema de terminar las sesiones con alto cuestionamiento para ver si pueden al día siguiente tener una foto con la política más importante que tiene la Argentina, que es usted. En esto consiste el show, en si pueden robar un poquito de cámara, si pueden tener un poquito de publicidad”.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, presentó una cuestión de privilegio este jueves para reclamar la realización de reuniones de Labor Parlamentaria. Durante la gestión actual, dijo, solo hubo una convocatoria de ese tipo.

Y trazando una analogía con lo que sucede en Diputados, donde se ha desatado una polémica por el reclamo opositor por hacer sesiones presenciales, el formoseño recordó que en el Senado sí está vigente el protocolo, pero advirtió sobre una de las dificultades que presenta la modalidad virtual, que estaba viviendo en carne propia: “En el edificio (público) donde estoy ahora se cortó la luz, por lo que estoy conectado usando datos móviles en una notebook, o me trasladaré después al domicilio original y ver cómo funciona ahí la conectividad”, comentó.

“Más allá de eso, el protocolo está vigente”, aclaró, pero en representación del interbloque que preside contó que “se van a cumplir prácticamente nueve meses del recambio legislativo, y desde el 10 de diciembre Labor Parlamentaria se reunió una sola vez: el 20 de diciembre, a los efectos de concertar el temario de extraordinarias”.

El senador formoseño destacó la importancia de esas reuniones a los efectos de “establecer la hoja de ruta del Senado”. Agregó que dejaron constancia en el debate que “si la presidenta de la Cámara tiene una agenda muy apretada y no le dan los tiempos, está la posibilidad de que el secretario Parlamentario pueda actuar como coordinador”.

Comentó de paso que la sesión de esta semana, a priori  no estaba prevista. “Pero nos convocan y acá estamos, para dejar en claro esto: necesitamos recuperar normalidad parlamentaria. Nadie es dueño de este Senado”, remarcó, para reclamar luego el tratamiento de temas pendientes. “Venimos insistiendo, con el compromiso de la bancada del oficialismo de avanzar con la Ley de Economía del Conocimiento, es una ley que tiene media sanción, que puede crear 200  mil puestos de trabajo, y eso quedó a mitad de camino, por otras cuestiones, por la reforma de la justicia que se ha tratado”, comentó. Recordó también que “está pendiente la ley de quiebras y concursos, indispensable para el sector privado, que está agobiado”.

Previsiblemente el incidente del final de la sesión de la semana pasada, con la lectura durante 14 minutos que hizo la senadora María de los Angeles Sacnun de las correcciones al dictamen de la reforma judicial, tuvo eco en la sesión de este jueves. Encargada de exponer la protesta fue la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado.

La senadora cordobesa presentó una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, y la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Sacnun, por lo sucedido en el final de la sesión anterior. Admitió la senadora que imaginaban que podría haber algunas modificaciones al despacho, pero cuestionó que a último momento los senadores que integran ambas comisiones que manejaron el proyecto en cuestión se enteraron “a último momento” de una serie de cambios que no conocían, cuya lectura demandó “un lapso no menor a 10 minutos”.

Recordó entonces haber pedido hacer uso de la palabra de manera reiterada, sin que la presidenta del cuerpo reparara en ella. Reconoció que por la vía remota puede resultar muy difícil ver quién habla, no se identifica a los senadores que piden hablar, e irónicamente deslizó que “sí ver a quien supuestamente lee, pero no cuando alguien pide uso de la palabra. La pedí en reiteradas oportunidades, y la respuesta (de la presidenta del cuerpo) fue, y voy a ser textual: ‘Por favor’, ‘a ver’, ‘parecemos un gallinero’, ‘les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y solamente cuando el secretario les diga los abran’”.

“No podemos hablar, hacer uso de la palabra… A mi criterio esto amerita una cuestión de privilegio”, apuntó la senadora de Juntos por el Cambio que denunció la utilización de “formas que creía desterradas”. Y agregó: “No poder hacer uso de la palabra e identificarnos como un gallinero es una falta de respeto a los senadores de este cuerpo. Además de conocer a último momento una modificación de este despacho, cuando durante horas estuvimos hablando de otro texto”.

“Esto no puede pasar más, amén del sentido positivo o negativo de este voto: que se nos cercene la palabra, que se nos compare con un gallinero, y no saber lo que se va a votar después”, resumió.

“Bien. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio formulada por el senador Mario Pais”, señaló la presidenta del Senado el jueves pasado, luego de que el legislador chubutense presentara una cuestión de privilegio contra la jueza María Alejandra Biotti, que había conminado al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.  

Sucedió al inicio mismo de la sesión del jueves pasado y esa fue la primera cuestión de privilegio presentada esa tarde. El trámite con las cuestiones de privilegio es sencillo: se plantean en la primera parte de las sesiones y quien preside las mismas procede a dar traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde inexorablemente dormirán el sueño de los justos, pues nunca se tratan.

Salvo esta cuestión de privilegio, pues en la agenda del Senado figura la misma en el temario a abordar este martes. Será en una reunión que realizará la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora María de los Angeles Sacnun, que a partir de las 13 mantendrá un nuevo plenario con Justicia y Asuntos Penales. Al cabo de esa cita, está previsto que Asuntos Constitucionales siga reunida para tratar una serie de temas entre los que figura la cuestión de privilegio presentada por Mario Pais, quien dicho sea de paso no es afecto a hacer ese tipo de planteamientos, como él mismo dijo el jueves pasado.

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Sin embargo en esta oportunidad consideró que correspondía denunciar la “gravedad institucional” de lo que consideraba un “abuso y arbitrariedad” ejercido por la jueza Biotti. “Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios, constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución”, señaló el senador oficialista.

Agregó que “esta jueza, seguramente, está incurriendo en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia de la Nación”.

Durante su intervención, Pais recordó el expediente que oportunamente la titular del Senado elevó a la Corte Suprema, en pos de una acción declarativa de certeza que sirvió -dijo Pais- para “ratificar la trascendencia constitucional de la división de poderes y, fundamentalmente, la incumbencia de la misma Corte para la revisión de los actos de gobierno, que nunca pueden ser previos y menos pretendiendo impedir que se ejerza una potestad propia del Congreso”.

Por el contrario, sostuvo Pais, “esta jueza, con tamaña liviandad y a través de una cautelar, le ordena al Senado de la Nación, un cuerpo que representa la soberanía popular conforme emerge expresamente del artículo 22 de la Constitución, que se abstenga, que no actúe. Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución. Pero, impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero, un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y, eventualmente, después, la presentación de un proyecto de resolución que voy a elaborar en las próximas horas –después de que termine la sesión– para rechazar tamaño abuso, tamaño exceso jurisdiccional que, como ya dije, violenta la forma republicana de gobierno”.

Se espera entonces que este martes surja de parte del oficialismo un dictamen rechazando la actitud de la magistrada.

Trajeron cola las expresiones de vertidas por el jefe del radicalismo y diputado nacional Alfredo Cornejo en referencia al gobernador Gildo Insfrán y al pueblo formoseño. Le contestó el lunes el propio mandatario, y previsiblemente el tema fue llevado al recinto de la Cámara este martes. Fue la diputada del Frente de Todos María Graciela Parola la encargada de replicarle al mendocino a través de una cuestión de privilegio.

En primer lugar, Parola contó el porqué de su reacción: en declaraciones periodísticas y a propósito de una discusión mediática, Cornejo dijo que “cuando me acusan de tener la suma del poder público, en realidad me tratan como si fuera Gildo Insfran, y a Mendoza como si fuera Formosa. Lo que no dicen es que gané las elecciones y que llevamos adelante todas las reformas con el apoyo de los mendocinos”.

“Realmente como formoseña me siento sumamente agraviada por los dichos mencionados, y el pueblo formoseño se siente agraviado”, reaccionó la diputada, para preguntarse luego: “¿Acaso no somos los formoseños votantes como cualquier ciudadano de la Nación argentina? ¿O acaso el voto de los formoseños es menos calificado que el voto de los demás ciudadanos?”.

Para Parola, Cornejo cuestiona que no dicen que él ganó elecciones, ante lo cual ella preguntó: “¿Y por qué gobierna Insfrán? Porque el pueblo soberano lo ha elegido, y por más que le pese a alguno, lo seguirá eligiendo por mucho tiempo. Le cuento que en 2019, Insfrán ganó por más del 72% de los votos; en todas las elecciones ha superado el 72, 73, hasta el 75%… No vamos a permitir nuevamente ataques de ciertos sectores quizá molestos por los constantes ‘no’ que reciben en las urnas… Permanentemente agravian, opinan y juzgan sobre cuestiones que son llevadas adelante en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales”.

La diputada Parola concluyó expresando su repudio por los dichos de Alfredo Cornejo y exigiendo “su retractación”.