Las expositoras plantearon algunas modificaciones al borrador del texto. En tanto, las presidentas de las comisiones adelantaron que fue la última reunión informativa y que “nos vamos a enfocar en perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos”.
En la vuelta del receso invernal, la Cámara de Diputados retomó el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado en un plenario de comisiones, en la que expusieron representantes gremiales y especialistas que respaldaron la iniciativa, pero remarcaron la necesidad de hacer algunas modificaciones.
En este segundo encuentro de carácter informativo de las comisiones Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, disertaron Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT); Yamile Socolovsky, secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T); Alejandra Angriman, secretaria gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesora sindical en Asociación Argentina de Actores; María Orsenigo, coordinador de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem.
También expusieron Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Juan Camisassa, coordinador del Programa de Protección Social del CIPPEC, Dina Sánchez, secretaria general Adjunta UTEP y Claudia Lazzaro, secretaria de DD. HH del Sindicato de Curtidores.
El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero, la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
Al inicio del encuentro -que se demoró más de media hora del tiempo pautado- Macha destacó el tratamiento del proyecto porque “es un debate histórico, un derecho no consagrado en términos generales y es una demanda del movimiento de trabajadores”. Además, adelantó que “esta es la última reunión informativa y la idea posterior, en la medida de lo posible, avanzar con las reuniones de diputados para poder dictaminar”.
A continuación, tomó la palabra Siley quien agradeció la participación de los diputados resaltando el “contexto difícil de campaña electoral, de mucha militancia”. “Hay un interés muy grande de esta cámara para que este tema sea tratado, hay un impulso que le estamos dando desde la comisión y hay un interés social para que las licencias sean igualitarias”, expresó y resaltó que se pone a consideración un total de 54 proyectos de ley que tratan el tema que “fueron presentados por todos los bloques parlamentarios”.
“Esta va a ser la última reunión informativa y luego nos vamos a enfocar en perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos”, anticipó y aclaró que sobre el tema de seguridad social es “arribar a una protección para el universo monotributista”.
La primera expositora fue María Orsenigo de la Coordinación de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem (Organización Oficial de la Unión Cívica Radical) quien expuso sobre los artículos 158 y 177 para la modificación de los Regímenes de Licencias Maternales, Paternales y Parentales en el Contrato de Trabajo establecido en la Ley 20.744.
En primera instancia, Orsenigo planteó que “se debe generar la creación de empleo genuino para mujeres”, y “este sistema de cuidado está relacionado con metas y desarrollo del crecimiento de trabajadoras (jefas de hogar) dentro del sistema laboral”.
Respecto al artículo 177 de la Ley 20.744, postuló que cada trabajadora pueda retomar sus actividades “Home Office, con jornada reducida, con reasignación de trabajo o con excedencia en sí misma”. Del mismo modo, agregó: “Deberíamos establecer que hemos encontrado en Argentina familias diversas para que haya planes de licencias familiares”.
En tal sentido, explicó: “Podríamos dividir las licencias en tres partes y no en dos (durante embarazo y postparto). Habría que agregar esos puntos y una tercera parte como crianza, y que la mujer o el hombre elijan quien se toma esa licencia por crianza”. “Diversidad es que las familias planifiquen de forma más libre”, aseveró.
Por otro lado, sostuvo que “hay puntos que marcan diferencias entre padres y madres, adoptantes y biológicas, y no debería ser así”. De esta manera, Orsenigo manifestó: “Los días de adopción, los cambiaría a licencia de crianza de madres y padres adoptantes, con la misma cantidad de días, pero con una cláusula que a partir del día de selección para adoptar se contabilicen los días previos hasta que el juez sentencie la adopción”.
Por último, cuestionó que en el artículo 158 “se contemplen algunas enfermedades sí y otras no”, y planteó que “esa transferencia de derechos va a recaer sobre los empleadores directamente”.
A continuación, Cynthia Benzion festejó el tratamiento del tema y la cantidad de proyectos presentados porque “para nosotros como reconocedores de los méritos de la Ley de Contrato de Trabajo que no rige no podemos dejar de ver que tenemos una ley que, en su momento, contemplaba la función social de la mujer como reproductora de la fuerza de trabajo”.
“Pasaron casi 50 años, hubo un avance muy significativo reconociendo que asignar las tareas de cuidados exclusivamente a las mujeres son violaciones de derechos humanos. Claramente no podemos seguir tolerando mantener el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo”, planteó.
Sin embargo, sostuvo que al leer los borradores de los proyectos “no podemos no señalar que no basta con un proyecto recortado como el que creemos que va a salir en esta etapa. Vamos a apoyar que salga, pero no puede ser el punto de llegada que debe ser la corresponsabilidad. Puede que no haya consenso en que sea el Estado quien se ocupe de nuestros hijos, lo que no podemos tolerar de ninguna manera son los números, las estadísticas porque las mujeres en épocas de crecimiento económico, del empleo, como en las peores crisis sanitarias, económicas y sociales somos las que cargamos con el mayor peso casi exclusivamente”.
“El norte debe estar puesto en la corresponsabilidad porque sino no hay igualdad y no hay no discriminación”, planteó Benzion y comentó que hay un antecedente de la opinión consultiva 27 del 2021 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “se ocupó de analizar la libertad sindical como un derecho humano fundamental, pero en relación con el género” y “fomentaron redes de cuidado y de participación de las mujeres en el ámbito sindical por lo que es fundamental des familiarizar los cuidados que significa lograr una situación de bienestar para que el cuidado este distribuido de forma equitativa”.
Sobre el borrador del proyecto, planteó algunas cuestiones a tener en cuenta: “La licencia por violencia de género no puede ser de días corridos porque esto ocurre cuando ocurre, cuando al violento se le ocurre. El 80% es ejercida por varones. Porque si no van a resolverle las licencias a las mujeres en el trabajo y van a complicar la situación pensemos qué efecto produce redactar algo en esos términos”.
“También se habló de eliminar normas como la prohibición de trabajo peligroso e insalubre para las mujeres, las dos horas de descanso al mediodía, la prohibición del trabajo a domicilio. No se trata de borrar normas porque ya no se usan, pensemos para qué están y cómo las mujeres y varones trabajadores las podrían seguir necesitando. La prohibición del despido en caso de embarazo y matrimonio hoy es una situación que la ley no está resuelta, la prohibición significa garantía de estabilidad absoluta. No se puede habilitar violar la prohibición cambiándolo por plata porque es una violación de derechos humanos. Sería importante incluir las licencias por terapias de hormonización”, enumeró.
Luego, Yamile Socolovsky, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T), inició su exposición al afirmar que “el mundo del trabajo es complejo y fragmentario”, y añadió que “nos coloca a las trabajadoras en lugares de desprotección, vulnerabilidad y ausencia de derechos”.
Socolovsky se mostró optimista respecto a este proyecto y expresó que “es bueno avanzar en una propuesta que implica licencias con situaciones que requieren cuidados”. “Recibir cuidados es un derecho y hay un reconocimiento de que las licencias deben disponer de tiempo”, enfatizó.
“Las trabajadoras estamos cuidando y debemos disponer de tiempo y el mundo del trabajo tiene que poder mirar el régimen. La participación legislativa debe ampliar derechos y es necesario avanzar en políticas de una construcción del mundo del trabajo con plenitud de derechos para todas y todos”, afirmó.
En tal sentido, sostuvo que el trabajo “con pleno reconocimiento de derechos laborales es un paso fundamental”. Así también, consideró que “este proyecto de ley tiene el objetivo de producir igualdad, pero los intereses particulares vienen a traer desigualdad”, dejó a entrever a quienes se oponen a esta iniciativa.
Por último, manifestó que “es muy importante dejar en claro que el derecho a los cuidados es reconocer el autocuidado”, y advirtió que “se deben revisar los cálculos previsionales para que nuestras trayectorias no se vean interrumpidas y generen desventajas al final de las trayectorias”.
A su turno, Natalia Gherardi valoró la incorporación al texto de las personas que se desenvuelven de forma independiente incluyendo autónoma, monotributistas y monotributistas sociales que “accederían por primera vez al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la asignación de cuidados parentales para personas gestantes y no gestantes”.
“El proyecto es verdaderamente transformador porque hace un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad de personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo y es un avance en el reconocimiento a la universalidad de cobertura”, expresó.
Gherardi enumeró cuatro consideraciones. En primer lugar, hizo hincapié en las razones que justifican algunos de los plazos que se establecen para las distintas licencias de cuidados parentales, en particular para los no gestantes que “es uno de los cambios más profundos del texto”. Así, destacó que “en los últimos años fueron las provincias las que avanzaron en iniciativas para establecer licencias para gestantes y no gestantes que buscan reflejar los cambios sociales, amplían los reconocimientos de derechos y las composiciones familiares, y crean nuevas figuras para llevar a cabo las tareas de cuidado”.
En esa línea, brindó detalles de un informe que hizo la institución que presiden sobre el empleo púbico en la Ciudad de Buenos Aires en donde “se destaca la evaluación positiva de contar con cambios regulatorios que empujen los cambios sociales. El progreso que implica para mejorar la participación en las nuevas dinámicas familiares y fortalecer el vínculo”.
Así, la directora ejecutiva de ELA afirmó que “ampliar las licencias parentales es parte de un cambio cultural y es importante acompañarlo desde las normas y desde el espacio institucional”. En segundo lugar, propuso “no descartar la posibilidad de considerar la progresividad de las licencias para personas no gestantes si esto contribuye a la aceptación en el ámbito del empleo” que podría beneficiar a las empresas pequeñas.
En esa línea, comentó que un informe elaborado junto a UNICEF arrojó que, en opinión de las PyMEs “invertir en políticas de cuidado es un buen negocio porque aumenta la productividad, las personas están menos estresadas, trabajan mejor, reducen el ausentismo, no pierden talento femenino y mejora el clima organizacional y aumenta el compromiso con la empresa”.
Sobre las licencias especiales que propone el proyecto, puntualizó en la que considera de manera conjunta la violencia de género y laboral y propuso que “deben tratarse por separado porque son dos fenómenos diferentes”. Por último, destacó que “lo verdaderamente transformador va a ser la creación de un sistema integral y federal que reconozca las distintas dimensiones del cuidado”. Al finalizar, resaltó que el impacto fiscal de la propuesta se estimó en un 0,074% del PBI.
La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, agradeció que se haya incorporado a trabajadoras monotributistas y los denominó como “gente que debió reinventarse de manera colectiva y desde los territorios”.
A partir de ello, relató que “hay mujeres cartoneando en las calles, muchas vendedoras ambulantes y muchas compañeras que realizan trabajos de cuidados”. “Estamos peleando por los derechos laborales”, afirmó Sánchez.
“En Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay es reconocimiento pleno”, indicó, pero aclaró: “Estamos de acuerdo en que se amplíen las licencias a los varones, pero hay hombres que no están deconstruidos y usan esa licencia para jugar al futbol, mirar Netflix o juntarse con amigos”.
Finalmente, la representante de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular cerró: “Ampliemos discusiones y dejen de estigmatizarnos, ya que tenemos más de ocho millones de personas trabajando por fuera del sistema que les faltan derechos plenos”.
Juan Camisassa detalló los principales 3 problemas que tienen las licencias en el país: “El sistema no es universal porque más de la mitad de los trabajadores no puede acceder a una licencia, ya que solo lo hacen los trabajadores en relación de dependencia que son dos por paternidad y 90 por maternidad excluyendo familias adoptantes, no se adapta para nada a otro formato de familia”, y sumó: “Las licencias son las más cortas en Sudamérica y hay una altísima inequidad de géneros”.
Además, celebró que el proyecto extienda a 126 días de licencia para personas gestantes y a 45 a no gestantes y el alcance a trabajadores no registrados y la incorporación de adoptantes, técnicas de reproducción asistida.
Camisassa mostró cómo afectaría una implementación gradual de las licencias en ocho años priorizando la extensión de personas no gestantes. “Proponemos como un escenario de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que trabajan de forma no registrada, desocupados, de la economía popular. Al mismo tiempo, que en el largo plazo se puedan equiparar las licencias con las gestantes y no gestantes. Es una reforma gradual”, cerró.
Noé Ruíz es la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT) y estuvo presente en plenario de Legislación General y Mujeres y Diversidad para exponer. “Este proyecto llama a derechos igualitarios porque en Argentina vivimos en un mundo (laboral) desigual”, consideró.
“La CGT apoya este proyecto porque simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y aquellos que representamos el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y sostenemos lo público”, indicó. “Da cabida a quienes nunca tuvieron cabida desde el trabajo y desde lo político”, añadió.
Asimismo, manifestó que “debemos pensar desde lo político qué hicimos y qué no hicimos porque este proyecto a una integridad salarial y eso va al corazón de la igualdad”.
En el final, reivindicó a los trabajadores de la UTEP y expresó: “Esta sociedad tiene mujeres y hombres contemplados desde la igualdad, pero hay fondos en el cuidado que necesitamos”. “Buscamos que más gente y jóvenes puedan acceder a un trabajo que les dé estabilidad de empleo”, cerró la secretaria de Género de la CGT.
También expuso Claudia Lazzaro quien agradeció la incorporación al borrador de las consideraciones marcadas en las reuniones previas y resaltó que lo que se busca cuando se habla de cuidados es que “se reconozca como un trabajo y esto hace del reconocimiento del trabajo. Que se reconozca como un derecho y surge de las necesidades que tenemos las mujeres y las diversidades”.
“Los cuidados son el nudo crítico que tenemos las mujeres en el desarrollo del trayecto laboral y en la inserción laboral. Necesitamos que la política pública se haga cargo y una ley a nosotros nos ayuda y la cantidad de días a nuestros compañeros les mejora enormemente la vida. Ahí vamos a poder hablar de la corresponsabilidad”, planteó.
La novena y última expositorafue Alejandra Angriman, presidenta de Comité de Trabajadoras de las Américas de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), quien agradeció la invitación y manifestó que “no es menor que todas las centrales sindicales apoyemos este proyecto dele y que es una necesidad que avanza en derechos”.
Además, mencionó a dirigentes gremiales que “venimos discutiendo con las patronales” y que “buscamos incluir en las negociaciones el tema de las condiciones de trabajo”. Del mismo modo, agregó: “Todos tenemos claro la centralidad en avanzar en un sistema de cuidados porque hace años que no se negocian condiciones de trabajo”.
Por otro lado, Angriman puntualizó en que “la responsabilidad debe ser de los trabajadores, patrones y el Estado porque es un tema que se resuelve con todos”. “La Argentina es un país desigual en términos de trabajadores y el sector patronal se niega rotundamente a debatir sobre los cuidados”, relató.
“Pongamos en el centro a la vida y al cuidado de la vida. Estamos dispuestos a seguir trabajando en la ampliación de derechos y mirémoslo como una responsabilidad colectiva de todas las partes”, finalizó.
Finalmente, el diputado nacional y representante del Sindicato de bancarios Sergio Palazzo agradeció el tratamiento del proyecto de ley y, en contraposición a Orsenigo, pidió “tener la valentía de afrontar el debate de afrontar los costos”.
En tal sentido, recordó presiones (a lo largo de la historia) del sector empresario de “oponerse a lograr la jornada de ocho horas de trabajo”, y finalizó: “Debemos tomar desafíos contra el sector empresarial porque nos quieren sin derechos como presa fácil”.
En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
