El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca establecer un piso mínimo para las cuotas alimentarias en favor de los hijos y sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de los diputados Nicolás Massot, Alejandra Torres, Margarita Stolbizer, Ignacio José García Aresca, Carlos Gutiérrez, Emilio Monzó y Juan Manuel López, introduce varias medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de estas cuotas.

El texto propone que la cuota alimentaria no sea inferior al 50% del índice de crianza de la primera infancia, niñez y adolescencia que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para hijos de hasta los doce años. Para los mayores de esta edad, se fija un piso mínimo equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además, se modifica el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación para incluir una multa del 50% de la suma retenida y no depositada por el empleador, además de la responsabilidad solidaria ya existente. También introduce una modificación al artículo 553, estableciendo que, en los casos donde no sea posible afectar sumas líquidas, las medidas se deben disponer de inmediato.

Carreño destacó que estas medidas “buscan garantizar el derecho alimentario de los hijos, protegiendo su vida, salud y dignidad, en línea con los derechos humanos reconocidos tanto en normativas nacionales como internacionales”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18, establece la obligación de ambos padres de participar en la crianza y desarrollo del niño y, en el artículo 27, reconoce el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto también aborda la problemática de la informalidad laboral, que dificulta la determinación del caudal económico del alimentante y la eficacia de las sentencias judiciales. Con la implementación de un piso mínimo, se busca establecer un parámetro objetivo para la determinación de la cuota alimentaria, sin alterar las normas vigentes en materia alimentaria y de procesos de familia.

El endurecimiento de sanciones para empleadores que no retienen ni depositan las cuotas descontadas, así como la imposición de medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las sentencias, son algunas de las acciones propuestas para mejorar la tutela judicial efectiva y proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, el proyecto de ley apunta a reforzar la protección de los derechos alimentarios de los menores y asegurar que las resoluciones judiciales se cumplan de manera oportuna y efectiva, en un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado para garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

La diputada nacional Natalia Souto (Frente de Todos) estuvo presente en el evento que se realizó en el salón de actos del Banco Nación de Argentina que encabezó este miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a INDEC en el que anunciaron -en el marco de celebración del Día Internacional de la Mujer- la construcción del "Índice Crianza".

Al respecto Souto manifestó: "Vine a acompañar al ministro en esta iniciativa que va en la misma dirección de varios proyectos que venimos presentando en el Congreso".

La legisladora amplió: "Entre esas iniciativas, el año pasado presenté la propuesta de Creación de un nuevo régimen para el acceso a la cuota alimentaria. Proyecto con el que buscamos crear un procedimiento extrajudicial en el ámbito administrativo para realizar el reclamo, que sea de forma gratuita y que garantice un acceso fácil y rápido a este derecho de todos los niños, niñas y adolescentes”.

“Esperamos que esta iniciativa del ministro de impulso a los proyectos que tenemos pendientes en el Congreso Nacional", bregó.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) impulsó un proyecto de ley que tiene como propósito principal que se cumpla con la cuota alimentaria a los hijos de parejas separadas porque “es una obligación” y, además, se trata de “acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás”.

Durante una entrevista radial por Radiofónica, López aseguró que “la sentencia judicial puede estar, pero el incumplimiento también se puede dar”, ya que “nos encontramos con un montón de adultos, en general varones, que no depositan en tiempo y forma la cuota o directamente a veces ni la depositan”.

“Tiene que ver con que se pueda invertir la ‘carga de la prueba’ porque hoy en día se tiene que accionar la cuota alimentaria a nivel judicial, pagar al abogado, generar una litigiosidad. Que el incumplimiento se pueda denunciar y automáticamente puedan tener el depósito de un piso del 20 porciento del salario de la persona denunciada, esto está pensado más que nada para los que están formalizados”, explicó la legisladora y afirmó que “la idea es evitar la cuestión de meses pidiendo la cuota. Quien esta denunciado y este disconforme debe ir a la justicia a reclamar”.

A su vez, destacó que con este proyecto “tratamos de acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás que están iniciando el tema de la cuota”, y ratificó “que se entienda que es una obligación por parte del adulto que no convive y que esta incumpliendo porque con este tema siempre hay mucho ruido”, debido a que “sigue habiendo mucho patriarcado y en principio es un derecho de los hijos”.

“Se convierte en una forma de violencia hacia las mujeres que es infernal porque terminamos reclamando un derecho que es para los hijos y el denunciado piensa que le reclamamos a título personal y se genera una tensión permanente”, manifestó la dirigente oficialista.

A su vez, contó que “en general las mujeres asalariadas no podemos acceder al patrocinio gratuito, es más complejo. Tenemos que arreglar con el abogado, tenemos que pagar las cargas”, y agregó que “en provincia de Buenos Aires si el juez o la jueza no lo determina, no se hace la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios (RDAM)”, motivo por el cual “también queremos centralizar en un registro único a nivel Nacional en donde la inscripción sea obligatoria”.

En relación a los sueldos en negro explicó que “es una discusión, en general el Código Civil prevé que puede irse sobre los ascendentes, es decir los abuelos y abuelas, aunque la jubilación sea la mínima porque entendemos que la crianza es corresponsable”.

“Todos los adultos que están alrededor de esos niños tienen responsabilidad sobre la crianza. Si el padre no tiene salario, entonces hay que buscar en los familiares quién puede hacerse responsable, pero acá se necesita criterio judicial”, señaló López y concluyó que “este proyecto es uno de los primeros, la idea es presentar otros más porque también se debe discutir qué pasa con el que no puede pagarla”.