En una nueva reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, se abordó este martes el debate sobre los proyectos que buscan modificar el financiamiento de los gremios a partir de la eliminación de la cuota sindical "solidaria", cobrada a trabajadores no afiliados.

Pero, además, durante el encuentro surgió el reclamo de empresarios PyME por la situación económica actual y las contribuciones que reclaman asociaciones o entidades empresariales a quienes no estén adheridos.

En el final, Tetaz anunció que para la próxima reunión -probablemente la última con expositores- fueron convocados los representantes de "los sindicatos más importantes". A su vez, reveló: "Voy a hacer una tercera invitación a los miembros del Gobierno para que puedan expresar su opinión; esperamos que elijan venir".

Primer orador del encuentro, Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21, opinó que los proyectos que abordan una reforma sindical más profunda están relacionados con los de cuota solidaria y "deberían ser considerados en conjunto".

"En la medida en que queden aportes obligatorios en la cuota sindical, descontado por nómina, y eventualmente cuota solidaria, es más importante discutir las reglas políticas de funcionamiento de los sindicatos", dijo, en relación por ejemplo a las propuestas para limitar los mandatos.

Por otro lado, se refirió a una reforma del artículo 45 de la Ley 23.551, algo que Tetaz aclaró no era materia de debate de la reunión. Sobre la cantidad de trabajadores delegados gremiales, Utrera consideró que hay que "reducir la cantidad de delegados gremiales exigidos por la ley, sin impactar negativamente en la calidad de la representación gremial".

"Sacamos obligatoriedad de aportes sindicales o corregimos el problema de los delegados gremiales que está en una escala de costo e impacto totalmente distinto, y que debería ser menos polémico. Sé que no están discutiendo esto, pero insisto en ponerlo en discusión", expresó.

Por su parte, Luis Palmeiro, docente de la cátedra Dobarro de Derecho del Trabajo de la UBA, señaló que el artículo 9 de la Ley 14-250, "eso que los proyectos pretender modificar; establece nada más y nada menos que la facultad de la organización sindical con personería gremial que negocia dentro de la negociación colectiva de establecer una contribución destinada tanto a trabajadores afiliados como no afiliados, por el solo hecho de la gestión que realiza la organización sindical, en pos del beneficio de esos trabajadores, tanto afiliados como no afiliados".

"No hay absolutamente ninguna violación a la libertad sindical, ni individual, ni colectiva; no hay compulsión a la afiliación, no hay desatención del derecho de los trabajadores a afiliarse o no afiliarse", enfatizó y negó cualquier "vulneración absoluta de la libertad sindical" al repasar la jurisprudencia.

Palmeiro subrayó que "los pilares de la libertad sindical no solamente están sobre la democracia, sino sobre la negociación colectiva y el ejercicio de derecho de huelga" y cuando éstos se intentan regular (poniéndole tope a las paritarias o al limitar los paros), "allí sí hay una violación concreta a la libertad sindical, no en el artículo 9".

"Lo que se pretende con esta normativa es nada más y nada menos que el debilitamiento de la organización sindical y organización social, únicas con capacidad para ponerle freno a esta situación de miseria planificada que el Gobierno nacional, el macrismo, el menemismo en su momento y la dictadura cívico-militar trajeron con el Fondo", cuestionó.

Camilo Alan se quebró en llanto durante su exposición 

En apoyo a un proyecto sobre el cálculo de los intereses de los créditos laborales, que ya fue dictaminado en la comisión y resta sea analizado por la de Finanzas, Camilo Alan, empresario textil, hizo su descargo sobre la situación que atraviesa el sector. "Ustedes cuando salen a la calle se llenan la boca hablando de las PyMEs y no entiende lo que es una PyME y lo que sufrimos las PyMEs. Yo no estoy en contra del sindicalismo, pero cuando a veces me atraso, me corren intereses usurarios y hay cosas que ya no podemos pagar", arrancó.

Con lágrimas en sus ojos, el empresario de 81 años manifestó: "Estoy pasando un momento difícil como mucha gente; estamos sufriendo. Acá festejaron que venga el Fondo con 20 mil millones de dólares, y yo no me llevo un peso hermano. No se vende, la gente está sin plata; lloro por la gente, porque la gente no entra en mi negocio".

Además, Alan apuntó que con la apertura de importaciones "me están destruyendo la fábrica" y opinó que el presidente Javier Milei "no quiere a las industrias ni a las PyMEs".

A su turno, Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME, señaló: "Estamos en un contexto de efecto morsa para las PyMEs, tenemos un mercado interno completamente depreciado y una apertura de las importaciones", lo que "va a repercutir en mayor desocupación e inevitablemente en menos trabajadores y PyMEs".

Sobre la cuota solidaria, Carlos Ullua, de la Asociación de ex Becarios de Bologna, explicó que "cualquier convenio colectivo implica una instancia que es controlada por el Gobierno, porque para que tenga obligatoriedad no solamente a los afiliados, sino a los que no están afiliados, la autoridad administrativa de trabajo tiene que homologar. Hay en nuestro marco constitucional una autoridad estatal que va a revisar si se excedieron los sujetos colectivos en la imposición de algo respecto los no afiliados".

Además, mencionó que la Corte en 1972, compuesta por jueces designados por dictadores, falló sobre la cuestión y dijo que "en la imposición de la cuota de solidaridad no había una afectación de los derechos de los trabajadores no afiliados". Sobre fallos posteriores, indicó que "en todo caso se discute la proporcionalidad, en relación al valor que tiene la cuota sindical", pero no sobre la existencia de la misma.

En relación a las contribuciones exigidas por cámaras empresariales, Gustavo Kechichian, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, denunció que hay empresas que "constantemente son intimadas al pago de una contribución" y estas asociaciones "exigen pagos con la amenaza de iniciar acciones judiciales".

"Estas contribuciones no tienen ningún fundamento legal", afirmó y señaló que el artículo 9 de la Ley 14.250 habla "en favor de las asociaciones de trabajadores no de personas jurídicas como las cámaras empresarias".

Es fundamental que el Congreso avance con los proyectos que buscan modernizar la legislación laboral y democratizar las asociaciones sindicales.

En la comisión de Legislación del Trabajo recibimos a representantes de asociaciones, de entidades sindicales y empresarias, y… pic.twitter.com/ezsJA5NT06

— Pamela Verasay (@PameVerasay) April 15, 2025

En la antesala al paro general anunciado por la CGT, un sector de la oposición en Diputados retomó este martes el debate por la reforma sindical, puntualmente el eje del encuentro fue sobre la eliminación de la llamada “cuota solidaria”.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, quien anunció que la próxima semana se llevará a cabo un encuentro de carácter informativo y, la siguiente, intentarán sacar un dictamen.

Tetaz aclaró que los proyectos presentados puestos en debate proponen modificar el artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la 23.551 que tienen que ver con la famosa “cuota solidaria” que son “descuentos que los trabajadores reciben en sus recibos de sueldo y no han sido expresamente autorizados por el trabajador”.

Tras ser ungido como secretario de la comisión, el diputado de UP José Gómez (Santiago del Estero) le aclaró que “todo lo que hace a la acción sindical está aprobado a través de asambleas o convenios colectivos de trabajo”.

Al tomar la palabra, el diputado monobloquista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) explicó que en su iniciativa propone la eliminación de los aportes obligatorios de quienes no son afiliados y no han consentido las contribuciones. Así, sostuvo que en los convenios internacionales se prevé “el pluralismo sindical” y que “no se debe usar el poder coactivo del Estado para servir a organizaciones”.

Por la Libertad Avanza, se manifestó la diputada Marcela Pagano quien contó que su iniciativa fue presentada en octubre y propone darles la posibilidad a los empleadores de lo que puedan elegir qué hacer con los recursos que consideran que deben retribuir como capacitación o beneficios a los empleados. “En mi proyecto planteo que los aportes, que hoy son obligatorios en materia de capacitación y seguros, pasen a ser voluntarios”, precisó.

Pagano contó que ha recibido denuncias por parte de empleadores y que les han comentado que “los fondos del 0,5% del sector de comercio, por ejemplo, no fueron a la capacitación. Desde el 2008 no cuentan con un solo empleado que haya recibido capacitación alguna, siendo que está esta obligación que fue homologada en la paritaria con el Ministerio de Trabajo. El beneficio que tiene que ser para el empleador y empleado no está ocurriendo y los fondos están yendo a algún lugar, pero nadie responde qué hacen con los fondos”.

La libertaria propuso que se “investiguen el destino de estos costos ocultos”, y preguntó: “¿A dónde va financieramente el dinero que se aporta en tiempo y forma? ¿cómo se capitaliza? Me pregunto si tenemos la legislación eficiente para que los fondos sea realmente el destino final las capacitaciones y no sean manos que manosean fondos y se los quedan para beneficios d algunos pocos”. Así, insistió en que el aporte debe ser voluntario y que se investigue qué se hace con los fondos.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Carro (UP) le planteó que si de las Cámaras Empresarias hay denuncias de malversación de fondos deben ir a la justicia para que “no sea una discusión ideológica”, en el mismo sentido se manifestó López Murphy.

Foto: HCDN

Por su parte, como integrante del sindicato del gas y petróleo privado, el diputado chubutense Jorge Ávila (Encuentro Federal) le retrucó a Pagano y se defendió: “A todos los trabajadores nuestros los capacitamos. Hacemos balance y presentación de eso. Vamos con la documentación. Nosotros nos manejamos así porque si no se prepara al empleado no se puede trabajar, esa es la virtud de los fondos”, y apuntó: “No tiene coherencia el proyecto que estás presentando”.

Ávila criticó: “No es un proyecto que nos va a cambiar la idea de ver el gremialismo. Busquen una mejor acción, de que su gobierno controle mejor. El proyecto que está presentando es ilógico, por eso no lo vamos a votar”.

El diputado nacional y uno de los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky (UP), criticó que la mayor cantidad de proyectos “parten de desconocer lo que es la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía y libertad sindical”. En tanto, cuestionó el proyecto de López Murphy y sostuvo que “lo que propone es absurdo porque la OIT plantea desde su inicio es el respeto a las decisiones que toman los sindicatos que están fiscalizadas por el orden público”.

Yasky defendió la cuota solidaria: “Desconocen que son decisiones que toman los propios trabajadores en uso y práctica de su autonomía. Los sindicatos son organizaciones libres y no pueden estar sometidas a la lógica de un Estado”, y comparó que en Europa existe la cuota solidaria. Así, desmintió que el sindicalismo impone la afiliación: “Es todo mentira, en Argentina la afiliación es voluntaria”.  En ese sentido, apuntó que el oficialismo “necesita recursos para la campaña”.

“Se está aplicando una doble vara que, además, es violatoria de la ley. Hay un solo proyecto de este paquete que contemplaba alguna medida que favorecía a los trabajadores fue excluido. Quizás se debe al clima de época de la comisión”, denunció Yasky.

Lejos de quedarse callado, López Murphy le contestó: “Es una cosa anómala que permanezcan por décadas los mismos representantes a cargo”, y sumó: “La idea de que un grupo corporativo le imponga a las personas que no pertenecen, contribuciones forzosas, es inaceptable”. A su turno, Carro chicaneó al diputado de Encuentro Federal: “Inaceptable es firmarle un DNU al presidente para que acuerde con el FMI pese a que la Constitución dice que lo tiene que hacer el Congreso por ley”.

📑 La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por @martintetaz, se reunió hoy para debatir proyectos de ley tendientes a eliminar o modificar las contribuciones de solidaridad de los trabajadores en beneficio de las asociaciones sindicales. pic.twitter.com/iRKnyy6UNP

— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) April 1, 2025

“Es un delirio desde mi punto de vista que se quiera reventar una legislación nacional que ha sido de mucha utilidad”, cuestionó Carro y sumó: “Necesitamos la opinión de las Cámaras Empresarias, no se tienen que meter con la vida de los sindicatos porque estos fondos son de muchísima utilidad. No conozco empresarios que estén en contra de esto, si conozco políticos que ideológicamente están en contra de esto”.

El dirigente sindical de SMATA Mario Manrique (UP) cuestionó que “hay una visión distorsionada de las cosas porque parece que hablan de una mafia organizada y fuéramos apunto de pistola a firmar acuerdos”, y defendió: “Todo lo que discute el sindicato es en beneficio de todos los trabajadores, afiliados o no”. Manrique señaló que el eje de la discusión es si se está a favor o en contra del sistema sindical del país.

“Lo que buscan todos estos proyectos es desfinanciar a los sindicatos. No buscan mejorarle la calidad de vida a los trabajadores, la productividad a empresarios, abaratamiento de los costos para la creación de empleo”, apuntó y agregó: “Se está usando de excusa los aportes y contribuciones sindicales, pero se está poniendo en duda el sistema gremial”.

Manrique disparó contra el oficialismo: “Si algo no funciona, hay que hacerlo funcionar no eliminarlo porque si no es la ley del menor esfuerzo que es lo que el Gobierno no hace, eliminan lo que dicen que no funcionan. Son unos vagos, no quieren laburar. Hay que hacer funcionar al país cumpliendo las leyes que ya están, no creando nuevas”.

Desde el bloque Pro, Gerardo Milman señaló: "Nosotros venimos a defender los intereses del pueblo y una gran parte de eso son los trabajadores, no tenemos que venir en función de si somos empresarios, sindicalistas, venimos como diputados".

En ese sentido, el diputado afirmó que “estos aportes afectan la capacidad de ingresos de los trabajadores”, al tiempo que bregó por “una ley de modernización laboral” con el fin de “sacar de la informalidad a muchos trabajadores”.

En tanto, la diputada Soledad Carrizo (UCR) manifestó que “es fundamental reformar el sector del sindicalismo no solo en su representación sino respecto a la cuota sindical”, al tiempo que apoyó “la eliminación de la obligatoriedad del aporte". En la misma línea, Agustín Domingo (Innovación Federal) coincidió con su par en la “necesidad de una modernización laboral".