Diputadas, académicas, funcionarias y organizaciones se reunieron en un conversatorio para debatir estrategias que promuevan modificaciones legislativas y acciones en el Estado.
Para hacer frente al notable incumplimiento del pago de cuotas alimentarias en parejas separadas con hijos, se realizó en la Cámara de Diputados un “conversatorio” organizado por la diputada Jimena López, autora del proyecto de “Prestación Alimentaria Básica Parental”, y la Dirección de Igualdad.
La iniciativa de la diputada López (Frente de Todos – Buenos Aires) promueve la creación de un sistema nacional para garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes. Para ello crea un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, establece que sea el empleador quien retenga la cuota alimentaria y fija un monto universal en función de la canasta básica.
El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica, mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe los ingresos de la cuota alimentaria.
Desde Trenes Argentinos se sumaron a esta campaña de visibilización y en las pantallas de diferentes trenes exhiben un video con información y para concientizar sobre las implicancias en los hogares, ante incumplimientos del deber alimentario.
Durante el conversatorio realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, estuvieron exponiendo y participando la diputada Mónica Macha; la titular de AySA, Malena Galmarini; Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, y las organizaciones “Mamás de hogares marentales” y “Familias monomarentales Argentinas”.
La diputada López abrió el encuentro señalando que “hemos presentado este proyecto hace un año y hoy estamos tratando de movilizar el tema y visibilizarlo. De hecho, en Chile se adelantaron con esta propuesta y plantean una pensión alimentaria. Hay miles y miles de niños y niñas que se crían a cargo de una sola adulta que se ve sobre-endeudada; con dos o tres roles laborales para poder llegar a fin de mes; que termina abandonando la pelea judicial porque no la puede sostener, y que incluso para quien la sigue, muchas veces la justicia no es justa. Por eso este proyecto viene, entre otros puntos, a automatizar al menos un “piso” inmediato y eficiente, para la fijación y cobro de cuota”.
“No podemos seguir teniendo familias que pasan años para conseguir una cuota, eso es violencia”, cerró Jimena López.
La diputada Mónica Macha (FdT-Buenos Aires) expresó que “estamos llevando una batalla cultural para poder ubicar un lugar distinto para los varones. Muchos se corren de esa responsabilidad afectiva. Quienes se corren de la responsabilidad económica también se están corriendo del rol o responsabilidad emocional frente a sus hijos; y esta situación pone a la mujer en el rol de poder con todo”.
Por su parte, Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, expresó que “el incumplimiento de estas corresponsabilidades claramente es violencia económica y hasta me animaría a decir que es difícil escindirla de la violencia psicológica. Porque estar detrás de insistir para poder percibir esta cuota genera mucha angustia y no es un tema personal, sale en todos los encuentros y foros que es un problema colectivo”.
Para Maru Breard, directora de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, “es importante remarcar que lo que sufren las mujeres cuando se incumple la cuota alimentaria, es violencia económica. Ninguna mujer puede salir de una situación de violencia si no sabe cómo va a llenar la heladera al día siguiente”.
Sabrina Cartabia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género de PBA, sostuvo que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y a mujeres de todo el país. Frente tantos los obstáculos sistemáticos para acceder a la obligación alimentaria, se trata de un caso discriminación porque la mayoría de las que litigan alimentos son mujeres por la división del trabajo que tenemos en nuestro país”.
Laura Gomez Vizzoni, de la organización Hogares Marentales, expresó: “Venimos varias compañeras de Salta, Catamarca y también de Buenos aires, creemos que es importante que se esté visibilizando porque es violencia económica. Maternar es toda una tarea y se hace en condiciones muy desfavorables. Fundamos Hogares Marentales porque ni siquiera existía el término. Las leyes son tendenciosas e ir a denunciar a un deudor alimentario, acceder a la justicia, es una misión imposible”.
Claudia Hasanbegovic, de XFEM, dijo esperar que “el proyecto de Jimena López sea sancionada, sería un avance. Y quiero señalar algunos desafíos que tenemos: Debería crearse una oficina estatal encargada de llevar adelante los juicios de alimentos; No teniendo que ser las mujeres y las abogadas quienes investiguemos cuales son los ingresos de los señores. Ya sea por inasistencia alimentaria o porque estos sujetos ocultan sus bienes”.
También participaron del encuentro la directora de Género del Congreso Gisela Manero, y las dirigentes Marcela Durrieu y Virginia Franganillo, entre otras.
El primero exime del pago del derecho de autor a personas ciegas, mientras que el segundo promueve la actualización inmediata y acordada de las cuotas alimentarias para reducir la litigiosidad.
La Cámara baja convirtió en ley por unanimidad, en la sesión de este miércoles, una modificación de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual sobre eximición del pago de derecho de autor para personas ciegas u otras incapacidades sensoriales que impidan acceder a la obra.
“Estamos dando un avance, cumpliendo con compromisos internacionales, satisfaciendo una demanda y generando condiciones de igualdad para las personas con discapacidad”, destacó Carlos Selva, presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso.
Selva explicó que se trata de una adaptación al Tratado de Marrakech, firmado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), “uno de los pocos tratados internacionales sobre discapacidad que se centra en los beneficiarios más que en los autores”.
Por otra parte, recibió media sanción un proyecto de Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) que modifica la Ley de Convertibilidad, que promueve que las cuotas alimentarias se puedan actualizar por acuerdo en el mismo momento en que se fijen.
“Este proyecto pretende erradicar una de las violencias que sufren las mujeres, la violencia económica, y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, dijo la autora del proyecto.
La oficialista explicó que “hasta hoy, cuando hay un divorcio, la ley impide la actualización de la cuota alimentaria de manera acordada e inmediata. Cuando los jueces fijan sentencias, para poder actualizar esa cuota alimentaria hay que hacer un nuevo reclamo con abogados, generando infinitos nuevos juicios que podrían ser evitados”.
“La mayor parte de esos juicios son encarados por mujeres, que siguen al cuidado de esos hijos y que tienen salarios inferiores a los de los varones; que tienen que ir a contratar abogados y exponer nuevamente a sus hijos y a ellas mismas a esa situación de nuevos juicios”, advirtió Álvarez Rodríguez al defender su iniciativa, que pasó al Senado.
La autora de la iniciativa, la diputada oficialista Cristina Alvarez Rodríguez, recordó que ya cuenta con dictamen y está lista para ser tratada en sesión.
La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) impulsa un proyecto de ley para que las obligaciones alimentarias, derivadas de las relaciones de familia, queden exceptuadas de la prohibición de actualización dispuesta por la Ley 23.928 del año 1991.
Actualmente esta ley prohíbe la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas y obliga a las personas más vulnerables a recurrir a la justicia una y otra vez a los fines de que la cuota alimentaria no quede desactualizada. El trámite de estos procesos judiciales insume tiempos prolongados en los que la prestación se mantiene invariable, lo que implica un menoscabo en los derechos alimentarios de estas familias.
“En la mayor parte de los conflictos por alimentos, son las mujeres las que afrontan el sostenimiento y el cuidado de hijos, hijas e hijes. La perspectiva de género transversal a todo el ordenamiento jurídico es fundamental para legislar hacia la igualdad”, destacó la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista.
Asimismo, la legisladora explicó que “en un contexto de fluctuación inflacionaria, la propuesta apunta a que las madres, que son quienes en su mayoría inician los juicios de alimentos en favor de sus hijos/as, puedan solicitar a los jueces/zas que fijen pautas de actualización, evitando de este modo tener que iniciar todo el tiempo juicios de aumento de cuota alimentaria”.
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen favorable en forma unánime en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, está lista para su tratamiento en recinto.
