El bloque opositor presentó un proyecto de adhesión a la Ley nacional de Promoción del Acceso al Empleo Formal para esta población.
El bloque del Frente de Todos porteño presentó un proyecto de adhesión a la Ley 27.636 de cupo laboral trans sancionada hace un año en el Congreso Nacional.
El mismo establece que las personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos.
Asimismo, el texto de la normativa señala que “toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho a un trabajo digno y productivo; condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión”, por lo que “no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos”.
En el caso de la propuesta porteña, que será formalizada este viernes en una actividad convocada por la bancada opositora porteña a las 16 en la Legislatura, también apunta a la generación de “capacitaciones laborales y formación permanente para la comunidad travesti trans a los fines de jerarquizar su inserción laboral”.
Y, de ser aprobada crea “una Comisión especial a fin de garantizar la implementación en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad” de la norma.
A través del decreto 659/21, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso en marcha la norma que fue sancionada por el Congreso en junio pasado.
Mediante el decreto 659/21, el Poder Ejecutivo reglamentó este martes la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins (N°27.636), que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial, se designa al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como autoridad de aplicación y se lo faculta a “dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su efectiva implementación”.
Además, se indica que el “Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional”, creado por el artículo 6 de la Ley pasará a denominarse “Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
Por otra parte, se faculta a la AFIP “a dictar en el marco de sus competencias las normas aclaratorias y/o complementarias que sean pertinentes para hacer efectivo los beneficios impositivos” previstos en el artículo 11 de la norma.
La ley, sancionada en junio pasado por el Senado, establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
Entre sus principales puntos, prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Además, “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
Asimismo, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación aplaudió la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, aprobada por 55 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones.
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGYD), celebró en el recinto del Senado de la Nación la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero, y que fue aprobada por 55 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones.
Gómez Alcorta sostuvo: “Es un día histórico. El cupo laboral travesti trans era una deuda del Estado y hoy es Ley, por la fuerza de los movimientos de la diversidad que nunca bajaron sus banderas y que siguen impulsando transformaciones imprescindibles para revertir desigualdades estructurales e injustas”.
La ministra agregó que “garantizar los derechos de travestis y trans es una prioridad del Gobierno nacional y por eso, desde septiembre de 2020 lo implementamos por Decreto en la Administración Pública Nacional, convencidos de que se trata de una medida fundamental para profundizar el camino hacia la igualdad iniciado por la Ley de Identidad de género en nuestro país”.
“Esta ley viene a reparar una cadena de exclusiones que muchas veces se inicia en la niñez. No es admisible que en Argentina haya personas cuya esperanza de vida no supere los 40 años simplemente por su deseo de vivir según su identidad autopercibida”, concluyó Alcorta.
Por su lado, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGYD, Alba Rueda, explicó que “esta ley significa el acceso a un empleo formal, a los aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, la oportunidad de acceder a la terminalidad educativa y de poder poner en valor su capacidad laboral”.
La norma tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
El cordobés del bloque Pro se opuso a la ley que establece la contratación del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado. Un antecedente: votó en contra de la paridad de género en listas electorales.
El senador cordobés Ernesto Martínez, miembro del bloque Pro, fue el único que votó este jueves en contra de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral travesti-trans, que se aprobó en la Cámara alta por 55 votos positivos, uno negativo y seis abstenciones.
Durante el debate el legislador no hizo uso de la palabra. De hecho, la mayoría de los oradores fueron mujeres. El único anotado para hablar era Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero más tarde se sumaron los radicales Pablo Blanco -para anunciar el cambio en su voto de abstención a afirmativo- y Luis Naidenoff.
En lo que respecta a Martínez, el senador tiene como antecedente haber votado hace casi cinco años en contra de la paridad de género en las listas electorales. El suyo y el del exsenador Federico Pinedo fueron los únicos votos en contra a esa norma.
En esa discusión, que se dio el 19 de octubre de 2016, el cordobés se preguntó “¿dónde está limitada?” la participación de la mujer en la política, tras haber tenido una presidenta por ocho años, actualmente tener una vicepresidenta (en esa ocasión en referencia a Gabriela Michetti), cinco gobernadoras en todo el país y el 42% de mujeres en el recinto del Senado.
“La discriminación a mi modo de ver desapareció”, opinó, y dijo que el 50 y 50 por ciento pasa a ser una “discriminación negativa” que además “no resuelve ningún problema concreto de la mujer” y “da pie” al reclamo de otros cupos, calificando a la propuesta como “demagógica”.
Días después, en una entrevista al diario Clarín, ratificó su postura considerando que “la paridad de género es una ley corporativa que tiene olor fascista”, aunque curiosamente opinaba que las leyes de cupo “deben imponerse cuando existe segregación en determinado sector”.
Al respecto, la diputada y autora del proyecto expresó: “Estamos construyendo un futuro de amor y ciudadanía para las infancias trans”.
La diputada nacional por Córdoba del Frente de Todos Gabriela Estévez se refirió al proyecto de ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins” a tratarse este jueves 10 de junio en la sesión especial de la Cámara baja, y celebró: “Estamos construyendo un futuro de amor y ciudadanía para las infancias trans”.
La iniciativa establece un cupo laboral travesti trans del 1% en el ámbito público, incentiva a contratar personas travestis y trans en el ámbito privado, y crea créditos a tasa preferencial para emprendimientos travestis trans, entre otras disposiciones
Al respecto, Estévez, autora del proyecto presentado en 2016, 2018 y 2020 con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, expresó: “La expectativa de vida de las personas travestis y trans en nuestro país es de entre 35 y 40 años de edad, como consecuencia de la vulneración histórica de sus derechos humanos, siendo su exclusión del mercado laboral formal uno de sus capítulos principales. 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con trabajo registrado, lo que condena a la mayoría de ellas al trabajo sexual, exponiendo así su salud integral y hasta su propia vida”.
En este sentido, consideró que este proyecto “parte del reconocimiento de esa discriminación y violencia estructural, así como del entendimiento de que el trabajo es un ordenador de la vida y un multiplicador de derechos. El trabajo registrado nos permite, por ejemplo, contar con una obra social y con un recibo de sueldo para poder alquilar, así como con aportes jubilatorios para tener una vejez digna. Todos estos derechos han sido negados históricamente al colectivo travesti trans”.
Y concluyó: “parte del reconocimiento de esa discriminación y violencia estructural, así como del entendimiento de que el trabajo es un ordenador de la vida y un multiplicador de derechos. El trabajo registrado nos permite, por ejemplo, contar con una obra social y con un recibo de sueldo para poder alquilar, así como con aportes jubilatorios para tener una vejez digna. Todos estos derechos han sido negados históricamente al colectivo travesti trans”.
Las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado dieron dictamen a la iniciativa este jueves en un plenario remoto.
El proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayan – Lohana Berkins” recibió dictamen favorable este jueves en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado.
La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa), abrió el plenario al resumir la conquista que representaría la ley de cupo travesti, transexual y transgénero y consideró: “Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso de la Nación”.
Por su lado, la senadora Nancy González (Frente de Todos-Chubut) se mostró “agradecida que haya puesto el proyecto a la vista y la verdad que es un derecho que lo tenemos que otorgar, y estamos en deuda y creo que estamos llegando tarde, así que muchas gracias”.
Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) coincidió con sus colegas: “En lo personal estoy de acuerdo con que se dé tratamiento a la media sanción de Diputados sin modificaciones”. También agregó que “el trabajo dignifica y mejora las vidas de las personas” y que con esta proyecto se está “reconociendo ese derecho”.
La senadora Silvia Sapag se refirió a las mujeres trans. “Para comer tienen que dedicarse al trabajo sexual”, sentenció, y agregó que “tenemos este número trágico de que su vida promedio no pasa más de los 40 años”.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) también celebró el proyecto. “El acceso al trabajo tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con las oportunidades, no es una casualidad que estudios en su conjunto, muchísimos, demuestran que la expectativa de vida de las personas trans va desde los 35 hasta los 41 años, esto tiene que ver con las oportunidades que se les niegan”.
María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) agregó: “Hay algo fundamental que quería mencionar también que tiene que ver con lo que estamos generando, que no es ni más ni menos que devolverles u otorgarles dignidad al colectivo travesti trans y transgénero de nuestro país. Devolverles la dignidad y otorgarles y garantizarles el acceso a los derechos en la igualdad también del acceso al empleo formal”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza) aclaró: “Para mi, el espíritu de la ley, y esto lo quiero decir de manera individual, está más que claro, esto que digo de que son entidades estatales, pero por si hay algunos que, como nos han planteado, que no estaría del todo cabalmente aclarada la ley, la Secretaría legal y Técnica toma el compromiso de en la reglamentación dejarlo taxativamente estipulado”.
Desde la oposición, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-CABA) pidió que “se pueda lograr una mejor redacción del artículo 7. No que se elimine o se exija un nivel de cero antecedentes contravencionales y penales, porque sabemos que este colectivo está sometido por la discriminación y la expulsión a tener este tipo de situaciones y no podemos ser un condicionante, pero sí hay mejores redacciones”.
A lo que Sacnun le contestó: “No debemos olvidarnos que nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el de la resocialización de aquellos que también han tenido antecedentes penales, que han sido condenados… tengamos en cuenta que debemos ir hacia la armonización de derechos”.
“Vamos a pasar el dictamen. Quiero decirles que estamos realmente muy conformes, yo también estoy recibiendo muchísimos mensajes del colectivo trans”, concluyó la senadora Durango.
Aseguraron que se trata de un avance en pos de mejorar el “acceso y condiciones laborales de mujeres y la comunidad LGBTI” y apuntaron contra los legisladores de JxC que rechazaron o se abstuvieron en la votación. También destacaron la media sanción de la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación.
Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) celebraron la media sanción de las leyes de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero y la de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, las cuales favorecerán el acceso y las condiciones laborales para las mujeres y la comunidad LGBTI.
En este contexto la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), afirmó que “es un día de festejo para todas las transfeministas porque se aprobó la ley de promoción del empleo formal para las personas travestis, transexuales y transgénero con el hermoso nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán” y consideraron que “es un logro inmenso porque sabemos que las personas trans y travestis en Argentina tienen un promedio de vida de 35 años por la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo”.
Además recordó que trabajó “con Diana Sacayán, por ella juré como legisladora y por eso es tan lindo haber podido construir este hito con las organizaciones del feminismo popular y de los colectivos LGTBIQ+” e informó que “también es un día de celebración por la sanción de la ley de equidad de géneros en los medios de comunicación, que implica no sólo una ampliación de derechos sino también la defensa y promoción del derecho a la comunicación como derecho humano”.
“Es fundamental que podamos seguir avanzando hacia mejores condiciones de paridad, no sólo para que las mujeres y las diversidades tengamos acceso a los lugares de toma de decisión, sino para transformar en un sentido feminista nuestra cultura desde los medios de comunicación”, señaló y sentenció que “estas leyes vienen a reparar una desigualdad histórica. No tienen que ver sólo con una estrategia enmarcada en políticas de reconocimiento simbólico sino también de redistribución”.
Por su parte Lucía Cámpora (FdT) cargó contra los diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires que no acompañaron la normativa. “Buen día de ampliación de derechos. Sólo vengo a recordar que de les 25 diputados de CABA, 4 votaron en contra de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans y 5 se ausentaron. Todos de Cambiemos. Acordate, a ver si pesan más los tiktok de Larreta o cómo votan sus diputados”, lanzó.
En tanto el diputado Claudio Morresi (FdT) precisó que es “una ley que mejora las condiciones laborales y que brinda igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de decisión para mujeres y LGBTI+. Tendremos un país más justo e inclusivo” y Javier Andrade (FdT) concluyó asegurando que “la media sanción de la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis y Trans es un logro histórico de un colectivo que luchó incansablemente por el reconocimiento de sus derechos. Es el Estado trabajando para tener una sociedad más justa”.
La iniciativa obtuvo el apoyo de legisladores de diferentes sectores, pero no fue unánime. Se establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
El proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, cuestión reclamada desde hace años por este colectivo, obtuvo el aval en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado.
Con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa denominada “Diana Sacayán-Lohana Berkins” logró un amplio acompañamiento, aunque no fue votada por unanimidad. El texto surgió de un consenso de más de una docena de propuestas presentadas por legisladores de diferentes bloques.
En ese sentido, los votos en contra fueron de los diputados del Pro Juan Aicega, Federico Angelini, Jorge Enríquez, Alejandro García, Osmar Monaldi, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Dina Rezinovsky, Francisco Sánchez, David Schlereth y Pablo Torello. Se abstuvieron Héctor Baldassi, Javier Campos, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Humberto Orrego, Luis Pastori y Carmen Polledo, todos de Juntos por el Cambio.
Abrió el debate la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), quien recordó que el Poder Ejecutivo plantó un antecedente con un decreto sobre cupo laboral trans. “Hay una urgencia que fue rápidamente reconocida desde nuestro Gobierno”, destacó.
Esta ley apunta a “darle más estabilidad a esta política y poder generar también un hecho político muy merecido”, señaló la diputada, que resaltó que “la militancia transfeminista viene transitando una larga historia y ha demostrado, hemos demostrado, una capacidad colectiva de convertir a los problemas en políticas, y a la exclusión y la violencia, en orgullo, encuentro y victorias”.
“No hay otro motivo del desempleo estructural de la comunidad travesti-trans más que su identidad de género”, aseguró la oficialista, que apuntó que “es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación” y las personas travestis-trans “son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social”.
Macha argumentó que esta medida “viene a reconocer algo negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado”. Y dio cifras la realidad de este colectivo: “El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene empleo formal. El 90% sufre violencia por motivo de género. Y la expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años”.
Visiblemente emocionada, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT), autora de uno de los tantos proyectos presentados al respecto, le agradeció a los militantes del colectivo presentes en los palco y les dijo: “Sé que tenemos una enorme deuda con ustedes. Seguimos transitando ese camino de reparación, que comenzó en el 2004”.
En ese sentido, recordó que el presidente Néstor Kirchner “convocó al colectivo” y “los convocó a ser parte de la agenda”. También ponderó el rol de “las Madres de Plaza de Mayo, que de la mano de Lohana y Diana construyeron el derecho a la identidad de género como un derecho humano”.
La legisladora oficialista mencionó además que el cupo laboral trans ya está presente “en siete provincias y más de 50 municipios, el último en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Cruz del Eje”.
Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) se refirió a quiénes cuestionan el momento para aprobar un proyecto de este tipo y consideró que “cualquiera sea el momento histórico este Congreso está habilitado para el reconocimiento y la ampliación de derechos”.
Más allá del decreto del Gobierno, “es nuestro deber como Parlamento el reglamentar”, subrayó el legislador, y agregó que contiene “un claro fundamento constitucional”, presente en el artículo 75, inciso 23, de la Carta Magna que indica que “debe este Congreso sancionar acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato”.
“Son leyes que construyen y reconocen ciudadanías, leyes democráticas y sociales, leyes de derechos humanos y en especial a un colectivo, leyes reparatorias y de progresividad de derechos”, manifestó el porteño, que mencionó que el proyecto se aprueba a tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, “otra víctima del odio travesti-trans que recorre el mundo”.
A su turno, la cordobesa Brenda Austin (UCR) expresó que estamos hablando de “un colectivo que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”. También aportando datos, precisó que “6 de cada 10 mujeres trans y 7 de cada 10 varones trans abandonaron la escuela, y esto tiene mucho que ver con al discriminación que reciben y perciben de la sociedad”. Esta iniciativa “es una reparación que merece” un colectivo que “ha transitado la marginalidad desde el hostigamiento de la sociedad”, agregó la diputada.
Argumentando su abstención, la diputada Carmen Polledo (Pro) explicó que el primer artículo de la Ley de Identidad de Género contempla que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada e identificada de acuerdo a ello”, por eso “con la buena intención de favorecer la inclusión laboral, optar por un sistema de cupos implica desconocer esos derechos y generar un acto discriminatorio”.
Según la macrista, “al obligar a cumplir un cupo, deviene imprescindible la creación de un registro, como el que efectivamente se propone” y “para alguien que ha logrado que se le reconozca su identidad autopercibida, incluso en su documento” el hecho de que “para acceder al empleo deba inscribirse en un registro de personas es dar un paso atrás, con el que gran parte de ese colectivo no está de acuerdo”.
Al anticipar su voto en contra, el diputado Alejandro García (Pro) contó que durante la discusión en comisión había hecho un par de planteos que le permitían no acompañar el proyecto. Señaló que entre los fines que persigue la ley “también está el acceso a la administración pública a través de esta ley”. En ese sentido, recordó que “existe una normativa de fondo que establece requisitos para el ingreso, impedimentos, y lo que traté de señalar en esa oportunidad es lo que hoy quiero reiterar y que me impide el acompañamiento”.
“La Ley de Empleo Público, la 25.164 establece condiciones de conducta, idoneidad para el cargo”, comentó, detallando algunos de los impedimentos para acceder a la función pública, y si bien acordó con la norma puesta en discusión respecto de la no discriminación, advirtió que no concordaba con el párrafo que dice: “A fin de garantizar su permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo los antecedentes penales de los/las postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”.
Ahí, el porteño apuntó que tenía un problema que no podía soslayar: “Me parece un pésimo antecedente que este Cuerpo se atribuya per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son”.
En el tramo final, la diputada Carla Carrizo (UCR) reivindicó “este proyecto que, lamentablemente llega tarde, y no hay que preguntarse si es oportuno aprobar esta ley, sino que debemos saber que llegamos tarde y por eso desde el radicalismo de la Capital vamos a apoyar y seguir militando para que además de esta ley, haya programas que contenga al colectivo trans en todo el país”.
En respuesta al diputado García que votó en contra por el artículo 7, que se refiere a no tener en cuenta los antecedentes contravencionales y penales en relación a las contravenciones, Mara Brawer (FdT) defendió: “Los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans. Por eso, yo celebro el artículo 7 que dice que no se tengan en cuenta las contravenciones, porque justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones”, lo que generó el aplauso en el recinto y las gradas.
Y continuó: “Mucho menos tener en cuenta los antecedentes penales porque la mirada del Estado hacia los trans fue de una cacería tremenda”.
Cerró el debate la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), quien sostuvo que “sabemos que esta pandemia que estamos atravesando profundiza tremendamente la desigualdad preexistente. Pero el colectivo travesti-trans está más en riesgo que nunca”.
Destacó por otra parte que “hace muy poquito con el decreto 721 del presidente Alberto Fernández se puso este cupo del 1% en el Estado Nacional, y Sergio Massa, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, puso este programa que hace que hoy 18 compañeras de las 400 compañeras/compañeres que enviaron sus currículums estén trabajando con nosotros y sean más. Hasta que tengamos el 1% de la Cámara”.
Qué prevé el proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
La Cámara baja sesiona desde las 15.29. El temario incluye además el Consenso Fiscal, un proyecto de cupo laboral trans y otro sobre paridad en los medios públicos.
La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 15.29, en una jornada en la que buscará aprobar el proyecto que apunta a rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías” del país, que sufren bajas temperaturas en el invierno. Además tratará el Consenso Fiscal, pendiente de la sesión anterior.
Según se acordó en Labor Parlamentaria, las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento se realizarán en el final de la sesión. Con todo, se prevén 20 horas de debate en el recinto.
Además de “zonas frías”, el temario incluye la iniciativa de Consenso Fiscal -que se convertirá en ley-; un proyecto de cupo laboral trans; y otro de equidad en la representación de los géneros en los medios públicos.
También se tratarán convenios internacionales firmados con República Dominicana, México e Israel. Asimismo, se aprobará un proyecto de resolución en reconocimiento al Dr. Bernardo Houssay.
El pleno comenzará con el debate del Consenso Fiscal -tema que quedó pendiente de la sesión pasada- firmado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores.
El nuevo acuerdo permitirá a las provincias, si así lo consideran, aumentar los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos; al tiempo que las limita a tomar deuda en dólares y suspende los litigios que tengan con Nación.
Posteriormente, la Cámara baja encarará el debate del proyecto denominado “zonas frías” de rebaja de tarifas de gas en municipios bonaerenses y las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, Jujuy, Santa Fe y La Rioja.
Los usuarios de esas zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una disminución entre un 30% y 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según explica la iniciativa.
Los usuarios que tendrán una reducción de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Malvinas.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Además, Diputados debatirá un proyecto de inclusión laboral para la población trans-travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
La iniciativa cosechó en comisión un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó disidencias parciales.
En tanto, se convertirá en ley la equidad de género en los medios de comunicación públicos.
“Ley pandemia”, sin chances
Finalmente, y pese a que consiguió dictamen de comisión -durante un plenario de comisiones que se extendió por casi cinco horas-, el oficialismo no sumó al temario de la sesión el proyecto del Poder Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, llamado desde Juntos por el Cambio de “superpoderes”.
Complicado con los votos, el Frente de Todos no consiguió sancionar la ley en el Congreso en la previa del vencimiento del último DNU de Alberto Fernández sobre restricciones, con lo cual en Casa Rosada ya se prevé un nuevo decreto.
En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
En la ampliación de proyectos enviados a extraordinarias sumaron la ley Diana Sacayán – Lohana Berkins, y la diputada Estévez expresó su beneplácito.
A través del Decreto 28/2021, el presidente de la Nación Alberto Fernández incorporó en el temario de sesiones extraordinarias al proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.
La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos – Córdoba) es autora de uno de los principales proyectos presentados al respecto con el apoyo de la Liga LGBTIQ+, de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Y como tal, expresó: “Estamos muy felices con la decisión del presidente. La ley cuenta con amplio apoyo parlamentario, como quedó demostrado en su tratamiento en comisiones donde fue aprobado por unanimidad en Mujeres y Diversidad y por amplísima mayoría en Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Lo que es más importante, su texto surge de un trabajo conjunto con las organizaciones travestis y trans de todo el país y el consenso del movimiento LGBTI. Tenemos muchas expectativas de que lograremos la media sanción”.
“Esta ley constituye una deuda de la democracia para con el colectivo travesti trans argentino, sin dudas el grupo social más vulnerado por la discriminación laboral. Se estima que 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con trabajo formal, lo que impacta gravemente en el acceso a otros derechos fundamentales como la salud y la vivienda. La Ley busca ampliar el alcance de los decretos que establecieron el cupo en la Administración Pública y el Senado, sumando incentivos fiscales para la inserción laboral en el sector privado y apoyo al emprendedurismo travesti trans. Nuestro anhelo es que todas las personas travestis y trans puedan desarrollar su propio proyecto de vida”, agregó Estévez.
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de Diputados avalaron la iniciativa que establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTIQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen este jueves durante un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que culminó con aplausos.
La iniciativa logró un amplio acompañamiento, aunque fue firmado con disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.
En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.
En primer término, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), destacó que el dictamen es “producto de un trabajo muy intenso” que reunió aspectos de “15 proyectos presentados”. Asimismo, avisó que la iniciativa es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans.
La bonaerense remarcó que “la incorporación al ámbito laboral formal” es fundamental para que muchos puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. Además, valoró la militancia de las organizaciones de la diversidad y reconoció las figuras de Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (FdT), señaló que “el puntapié a este avance no se puede negar que lo ha dado el Poder Ejecutivo y también el Senado”, al tiempo que agradeció a sus “compañeras que han luchado para que esto se concrete”. Agregó que “sin dudas para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales”, y aseguró que los gremios “se deben este debate” de incorporación de personas trans y travestis.
A su turno, el santafesino Albor Cantard (UCR) lamentó que la Comisión de Legislación del Trabajo no haya tenido la oportunidad de debatir el proyecto, ya que esta fue la única reunión conjunta, más allá de las varias reuniones informativas que llevó a cabo la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En ese sentido, el legislador expresó que hubiera sido bueno discutir sobre “qué se entiende por antecedentes penales relevantes o no; si las personas que han cometido delitos contra la administración pública entran a la ley o no; si está bien el 1% para el cupo o el 0,5% era suficiente”, entre otros aspectos.
En consonancia con su par de Juntos por el Cambio, el porteño Alejandro García (Pro) consideró que la iniciativa “toca un montón de puntos que hace ni más ni menos que a la competencia específica de nuestra comisión”. “No entiendo ninguna explicación razonable para que este proyecto no haya sido debatido una sola vez en la comisión que usted preside y que yo integro”, le reclamó a Vanesa Siley.
El legislador apuntó que “no son temas menores” las reformas previstas a la Ley de Empleo Público e insistió que “hay muchas materias en las que se podría haber mejorado la redacción”. “No lo podemos acompañar responsablemente”, completó.
Siley le respondió que receptaba la crítica y la iba a tener en cuenta para “la próxima oportunidad”, pero argumentó que “las reuniones informativas son públicas”, además de que mientras se realizaban en la Comisión de Mujeres y Diversidad “nosotros estábamos abocándonos a discusiones de la Ley de Teletrabajo y la ratificación del Convenio 190 OIT”.
“Cuando las luchas son largas y llevan muchos años, el momento de conquistar derechos también se analiza en la oportunidad, mérito y conveniencia, y había un impulso muy grande a raíz del avance del Poder Ejecutivo y el Senado”, justificó la oficialista.
Durante el debate, la diputada Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) opinó que con el proyecto se está “sanando un poquito en todo lo que se vieron limitados (los miembros del colectivo) y totalmente excluidos, tanto al trabajo, la salud y la educación”.
La misionera pidió no hablar de cupo, sino de “inclusión”, porque “con esta legislación estamos tratando de dignificar”. También llamó a “acompañar la lucha en el día después de la sanción de la ley” para “que se cumpla en cada una de las provincias”.
“Rescato los pedidos que han hecho los compañeros de nuestro interbloque, en torno a que hubiera facilitado el proceso de debate las informativas conjuntas; pero también quiero decir que esto tiene una larga historia en nuestra Cámara, que se remonta mucho más allá de 2016”, dijo Brenda Austin (UCR).
La cordobesa añadió que “las condiciones de la Cámara están dadas para que avancemos con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, continuó y, en esa línea, se refirió a la niñez trans, de modo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.
Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (FIT) propuso una serie de modificaciones, entre ellas que la ley sea de orden público y de aplicación inmediata -ya que se prevé su entrada en vigencia 60 días después de su aprobación-, al tiempo de rechazar los incentivos para el sector privado. “A las patronales no hay que subsidiarlas más”, aseveró.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo Moyano (FdT) ratificó su aval a la iniciativa, pero también enumeró varias propuestas de cambios al texto -antes de su llegada al recinto- para “estar sólidos en el argumento político y legislativo”. “Tenemos que tratar de mejorar el proyecto en cuanto a la técnica legislativa”, subrayó, entre ellos “ser específicos en los antecedentes penales”, algo planteado por Cantard y García.
El jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, enfatizó que la iniciativa es para beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, ponderó, además de manifestar que “tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT) resaltó que esto es parte de “una lucha que se viene dando desde hace tanto años” y “una deuda pendiente enorme que tiene el Estado”. La oficialista sostuvo que el proyecto tiene “una enorme legitimidad”, al contar con “el respaldo de 200 organizaciones” de todo el país.
La iniciativa permite que las personas del colectivo trans “puedan comenzar a tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó la legisladora, y celebró: “No creo que sea una casualidad que se trate hoy, que se conmemora el 125° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón”.
Puntos centrales del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el artículo 7.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, agrega.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
La legisladora nacional radical advirtió la necesidad de avanzar en una ley integral de acceso a derechos para personas trans, una población que “ha sido históricamente vulnerada en la Argentina”.
La diputada nacional Brenda Austin advirtió que más allá del avance en el cupo laboral travesti trans, es necesario dar “un debate más profundo” en el Congreso Nacional para lograr una ley integral de acceso a derechos para personas trans, una población que “ha sido históricamente vulnerada en la Argentina”.
Convocada a una charla virtual por la Juventud Radical Comité Nacional y la UCR Diversidad, Austin destacó se trata de un tema que “es necesario poner en agenda” y que “sea abrazado como una causa común por todo el radicalismo”. Al respecto, remarcó: “No hay modo de respetar los derechos humanos si no somos capaces de afinar un poco el ojo y mirar de qué manera se producen hoy las inequidades en la Argentina”.
“Es necesario dar un debate más profundo y avanzar hacia una ley integral. Cuando miramos las estadísticas de la población trans en la Argentina no cabe ninguna duda de que estamos frente a una población que ha sido históricamente vulnerada, a la que no se le han garantizado derechos básicos, derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución Nacional”, indicó en la charla Austin, quien compartió panel con Lautaro Lucas Cruz, miembro con fundador de Trans-Argentinxs.
En este sentido, el proyecto impulsado por Austin establece no sólo medidas para garantizar el acceso al empleo, sino capítulos especiales dedicados al derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a la salud, en el marco del reconocimiento de la población trans como un colectivo vulnerable. Esta iniciativa procura que se garanticen la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas, como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario.
“Cuando hablamos de garantizar derechos de la población trans tenemos que ir un poquito más atrás, tenemos que mirar lo qué está pasando con las infancias trans y que merecen que hagamos mucho más de lo que estamos haciendo”, señaló Austin en la charla, este miércoles por la noche.
Y agregó: “Si queremos revertir esta historia de discriminación, que es el inicio del proceso de deterioro de las posibilidades de inserción laboral, profesional y social, tenemos que arrancar por la educación. Entonces la primera convicción es que no es posible poner en agenda solamente cuestiones como el cupo laboral si no damos un paso más atrás y miramos la escuela, la que primero tiene que revisar sus modos y construir las bases de una sociedad más igualitaria”.
Finalmente, la diputada nacional por Córdoba remarcó que, “indudablemente, necesitamos revisar la legislación que tenemos hoy y reforzarla desde una perspectiva integral” y completó: “No tengo ninguna duda de que tenemos que ser capaces de levantar esta bandera de la inclusión, la igualdad y la libertad. No es posible decir que somos defensores de los derechos humanos si no somos capaces de dedicarle gran parte de nuestro esfuerzo y políticas a revertir las inequidades profundas que atraviesa nuestro país y, en especial, el estado tan crítico y doloroso al que ha sido sometida la población trans en nuestro país”.
La Cámara alta provincial aprobó el proyecto que promueve derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto que actualiza artículos de la ley de violencia laboral y que promueve y garantiza derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero.
En la undécima sesión ordinaria del 141° período legislativo, reunidos por videoconferencia, los senadores modificaron el proyecto presentado por la exdiputada Emilse Pross, por lo que volverá a la Cámara de Diputados para ser convertida en ley.
“Destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales”, afirmó la vicegobernadora, Laura Stratta.
Además, destacó la media sanción que actualiza el contenido de artículos de la Ley 9.671 de violencia laboral, que fija la capacitación como herramienta para la prevención.
“Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria”, concluyó la vicegobernadora.
Por su parte, la senadora por Diamante Claudia Gieco (PJ), aseguró que el proyecto “se trabajó con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que las personas trans continúan con dificultades en los derechos a la salud y educación”.
Esos “obstáculos estructurales” complican el “acceso al trabajo formal”, agregó, y destacó que “va en consonancia” con las políticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La norma “da respuesta a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa”, agregó Gieco.
El proyecto establece un principio de “no discriminación donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.
Además, establece al menos un 1% del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”.
En tanto, crea un “Registro Único de Aspirantes” para “facilitar la incorporación laboral” de las personas trans y fija un “régimen de Incentivo fiscal” para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.
El cuerpo legislativo correntino aprobó la iniciativa que establece un porcentaje de inclusión en el ámbito municipal de personas travestis, transexuales y transgénero por unanimidad.
El Concejo Deliberante de la localidad correntina de Paso de Libres aprobó por unanimidad el cupo laboral trans que establece un porcentaje de inclusión en el ámbito municipal de personas travestis, transexuales y transgénero.
El proyecto de la concejal del Frente de Todos, Celeste Ascúa, se convirtió en la Ordenanza N° 1.444/20, tras el voto afirmativo de los 13 ediles que conforman el cuerpo legislativo libreño, siete oficialistas y seis opositores.
“Hoy nuestra sociedad libreña es un poco más justa y más igualitaria”, dijo Ascúa en el en la sesión que se realizó este miércoles, y destacó que el logro se debe a “la lucha de todas las mujeres y hombres trans”.
La autora de la iniciativa, referente de la Juventud Peronista, celebró la aprobación y manifestó que “es un logro tremendo trasladar nuestros objetivos de militancia a políticas públicas”.
Explicó que la esencia del proyecto se basó en el Decreto del Ejecutivo Nacional y en una ordenanza de Río Grande que promovió en esa ciudad sureña, Ema Bejarano, una activista trans oriunda de Paso de los Libres.
La normativa libreña establece un cupo no inferior al 0,5%, de la totalidad del personal de planta permanente y contratados que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.
En este sentido, la concejal del Frente de Todos, explicó que la Ordenanza también dispone que “como la mayoría no tiene título secundario, facilitarles la terminalidad educativa y capacitarlas para el puesto que van a ocupar”.
“Esto, además de ampliar derechos, es una forma de romper los prejuicios, se empieza a hablar del tema, se instala y la comunidad comprende que hay que aceptar la diversidad y respetarla”, dijo Ascúa.
Por otra parte, relató que, durante la sesión, representantes de los colectivos: Chicas Libres Trans y Feministas y LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) “estuvieron en la calle esperando la aprobación, que después celebraron”.
Finalmente, la edil señaló que cuentan con el acompañamiento del intendente Martín Ascúa que ya se está implementando una capacitación para todo el personal municipal con la Dirección de Género y Diversidad y que la aplicación de la nueva Ordenanza se hará efectiva “antes de que termine el 2020”.
La legisladora destacó la publicación en el Boletín Oficial del decreto que establece una proporcionalidad para ese sector en la planta estatal.
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2020 que establece que en el sector público nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero.
La legisladora cordobesa es una de las principales impulsoras de esa política pública desde la Cámara de Diputados de la Nación, donde presentó proyectos referidos a esta cuestión en 2016, 2018 y 2020 con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina. “Se trata de una decisión histórica del Gobierno. En nuestro país, 9 de cada 10 personas travestis y trans no tienen empleo registrado, debido a la discriminación por identidad de género. Se trata de una injusticia que el Estado viene a reparar garantizando derechos allí donde el mercado no lo hace. Es, además, una caricia a un colectivo que ha padecido una violencia institucional sistemática. Donde había dolor y abandono, vamos a llevar alegría y dignidad con trabajo. Hoy somos una sociedad más igualitaria y mejor que ayer”, afirmó la diputada Estévez.
Diputados de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley conjunto con el que prevén asegurar el acceso de estas personas al mercado laboral y la igualdad de oportunidades.
Con la intención de avanzar hacia una ciudad más equitativa, los legisladores de Vamos Juntos, Partido Socialista, GEN y UCR-Evolución presentaron un proyecto de ley conjunto que tiene como objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.
De esta manera, el texto plantea que la incorporación de estas personas será obligatoria para cubrir puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado porteño tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.
Asimismo establece que “deben ser contratadas aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos a los cuales aspiran, en una proporción no inferior al 0,3 % de la totalidad del personal, cualquiera sea la modalidad de contratación, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
Por otro lado, el proyecto plantea la creación de un “registro único de aspirantes” en el cual se establecerá un orden de prioridades y contendrá información sobre los datos personales del aspirante, así como también sus antecedentes educativos y laborales.
Los diputados también propusieron beneficios fiscales para aquellas entidades privadas que los contraten. “Respecto de la base imponible del impuesto, por un importe equivalente al 50% de las retribuciones correspondientes al personal travesti, transexual y transgénero en cada período fiscal mensual. El cómputo del porcentaje deberá hacerse al cierre de cada período fiscal mensual mientras se mantenga la relación laboral y se concede por un período de tres años por cada empleado travesti, transexual o transgénero, contados desde la fecha de su incorporación”, sostiene la iniciativa.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “las poblaciones travesti, transexual y transgénero, en nuestro país y nuestra región, se encuentran entre una de las poblaciones más vulneradas en materia de acceso a la salud, la educación y al trabajo” y aseguraron que “esta realidad está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, con muchas dificultades para obtener derechos que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato”.
“Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas integrantes de estas poblaciones vive en condiciones de extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los que todo ser humano debiera ser titular efectivo en tanto ciudadano, marcada por la dolorosa y alarmante realidad de una expectativa de vida que no supera los 40 años de edad”, señalaron y concluyeron señalando que “desde los Estados debemos generar todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y garantizar la igualdad de derechos a toda la ciudadanía”.
La iniciativa es de autoría de la diputada Lucía Romano (VJ) y también lleva las firmas de Sergio Abrevaya (GEN), Roy Cortina (PS), Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes (VJ), Leandro Halperín y Manuela Thourte (UCR-Ev).
Se trata de una propuesta del FdT porteño que también incluye a las personas travestis, intersex y no binarias. Además este cupo sería para todo el sector público y promueve su incorporación al ámbito privado.
Con la intención de avanzar en la igualdad de derechos, el peronista Santiago Roberto (FdT) junto al resto de los diputados del bloque Frente de Todos impulsaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña mediante el cual buscarán garantizar el cupo laboral a personas travestis, trans, intersex y no binarias en el ámbito público de la Ciudad y también promueve su incorporación en el sector privado.
De esta manera, el texto plantea la necesidad de todas las personas de acceder “al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación en razón de su identidad de género”.
Asimismo establece que la incorporación de estas personas será obligatoria para cubrir puestos de trabajo en el Sector Público de la Ciudad, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Gobierno porteño tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.
Es así que la iniciativa prevé que deberán ser contratadas personas travestis, trans, intersex y no binarias que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Al mismo tiempo que plantea la creación de un Registro de Aspirantes, en donde los interesados deberán inscribirse para ser tenidos en cuenta.
También agrega que “transcurridos tres años de estabilidad en el cargo, las personas contratadas dejarán libre el cupo, manteniendo su puesto de trabajo y habilitando la contratación para una nueva persona”.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “la comunidad travestis, transexuales y transgénero es una de las poblaciones más vulneradas en el acceso a los derechos humanos, tanto en Argentina, como en la Ciudad” e indicaron que “la histórica vulneración de sus derechos se traduce en una desigualdad estructural actual, que excluye a la comunidad del derecho a la salud, a la educación y al trabajo entre otros, y por tanto restringe sus posibilidades de goce de una ciudadanía plena”.
“Si particularizamos en el derecho al acceso al trabajo, se puede observar que sólo el 8,9% de las travestis y mujeres trans de la CABA accedieron a un trabajo registrado. Mientras tanto, el 70% genera sus ingresos a partir de la prostitución no registrada, el 15% a través de otro tipo de trabajos no registrados, el 3,6% de subsidios o pensiones y el 2,4% de otro tipo de actividades”, añadieron y precisaron que “estos números ponen de manifiesto que el acceso al trabajo, garantizado constitucionalmente por los artículos 14, 14 bis y reconocido por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho gravemente vulnerado en la población travesti y trans, lo que redunda en la vulneración de todos los derechos que en nuestro país están vinculados al acceso al mercado laboral”.
Por otro lado y al respecto de la medida, Roberto -quien además es presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo- que “en nuestro país, la comunidad travestis, trans, intersex y no binarias se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo” y concluyó señalando que “la expulsión por identidad de género también es moneda corriente en los circuitos laborales. Por eso queremos que, además del ámbito público, también se promueva en el sector privado de la Ciudad”.
El proyecto también lleva la firma de María Rosa Muiños, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socias, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).
