Representantes varones del colectivo travesti/trans volvieron a reclamar por una ley de cupo laboral en la Administración Nacional, en el marco de una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos).

La legisladora informó sobre la voluntad de dictaminar un proyecto consensuado sobre el tema “lo más pronto posible” y resaltó que el debate de este martes coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria.

Al inicio del encuentro, Gabi Díaz Villa, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, remarcó que la ley de inclusión laboral es “un instrumento legislativo que logrará transformar las vidas hoy vulnerabilizadas de nuestros compañeres”.

Díaz Villa advirtió que “solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal” y agregó: “Si esta es la situación actual es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los gobiernos no se ha logrado modificar”.

Al referirse al denominado “techo de cristal”, el activista trans lo calificó como  “un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal”. “Es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación”, insistió.

A su turno, Lautaro Lucas Cruz, de Transargentinxs, sostuvo que “esto es más que tener un sueldo: significa un cambio radical de poder pensar en la conformación de una familia y en la casa propia”.

Desde ATTTA Nacional, Patricio Alejandro Salto coincidió en que esta población “no accede a los mismos derechos” que el resto, y pidió que “tengan las mismas posibilidades de tener una vida plena”. “Nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado de la misma manera y eso también es violencia”, dijo.

En ese sentido, Salto reclamó que el debate no se acote al cupo laboral sino que se avance en una ley integral. “No queremos una ley de mínima. No somos una estadística. Somos personas”, afirmó, y propuso además que la inclusión laboral “no sea solo en el Estado, sino también en empresas privadas y cooperativas, y tener el derecho a elegir dónde queremos trabajar”.

Por otra parte, Eugenio Tabot Wright (Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina) manifestó: “Seguimos siendo víctimas de los códigos de faltas y contravenciones heredados de la dictadura. Todos los años perdemos a decenas de compañeres, ya sea por travesticidios, transfemicidos o por abandono del Estado. Por eso las organizaciones hablamos de un transgenocidio social que ha tenido continuidad en democracia”.

Thiago Galván, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, denunció que “la sociedad que no se hace eco de nuestros valores porque históricamente no le dio valor a nuestras vidas”.

“¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para elegir la vida que queremos vivir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para sentir que nosotres también podemos ser felices? Lohana Berkins decía que el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Yo les digo que dejen de negarnos amor”, expresó.

También expusieron Tomas Máscolo, periodista especializado en género y sexualidades; Alan Otto Prieto, de Capicua Diversidad; Mariano Galeano, de Red Diversa Positiva (Chaco); Anthuan Darío Aranda, del Frente Federal de Transmasculinidades por la Ley de Cupo; Santiago Nahuel Quizamas, de Varones Trans Santa Fe; y Sebastián Ignacio Medrano, del Movimiento Trans Nadie Echazú, entre otros.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó este martes la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional.

El encuentro, moderado por la periodista Amanda Alma, contó con la participación de funcionarias del área de género y diversidad de diferentes provincias que defendieron la necesidad de una ley, mientras diputados de distintos bloques avanzan en un consenso.

Macha adelantó que se buscará un dictamen unificado entre propuestas de Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Estévez, Leonardo Grosso (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), entre otros.

“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.

En el mismo sentido, Álvarez Rodríguez -quien propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado- advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”.

La primera en exponer en la reunión virtual fue la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, que en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebró el domingo pasado, pidió que “el orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”.

También recordó que el 15 de julio se cumplirán diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y sostuvo que “una clave fundamental de aquellos años fue que nuestra sociedad no retrocede, sino que nuestras instituciones avanzan y nuestra sociedad se pluraliza cuando se reconocen nuestros derechos”.

Asimismo, señaló que también se celebraron los ocho años de la Ley de Identidad de Género, que “lamentablemente no modifica las condiciones de violencia estructural” que padece la comunidad trans.

“Hay una lucha histórica de este movimiento social, que tiene mucho que ver con el sentido de la democracia”, dijo, y mencionó como referentes a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco. “Necesitamos personas trans en el Estado para que el Estado cambie”, explicó Rueda.

La funcionaria destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.

Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, remarcó “la necesidad de generar políticas públicas de inclusión social que además tengan perspectiva de creación de empleo y que tengan la vocación de abrazar a las compañeras que necesitan de la mano del Estado para acceder a esos derechos”.

Portos sugirió que, mientras se trata en el Congreso la ley de cupo trans, se avance en “construir herramientas estadísticas sobre esta población” ante la falta de datos oficiales.

A su turno, Úrsula Sabarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de Chaco, advirtió que la población travesti/trans “ha sido históricamente el último eslabón de la cadena de políticas públicas de todos los Estados”.

Sabarese puntualizó que Chaco fue “una de las primeras provincias que incursionó en una ley de inclusión laboral, que ha nacido desde un consenso” y que es, a su criterio, más amplia que el cupo. Además, coincidió en que “la pandemia reflotó” la preocupación por “la falta de estadísticas” de esta población.

En tanto, Roxana Rodríguez, de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria” pero consideró que “nos quedamos cortos: es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenidos en cuenta”.

Rodríguez precisó que según datos relevados por la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios; el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que sí la tiene, no se respeta la  Ley de Identidad de Género.

También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.

En la reunión también expusieron, entre otros, Nicolás Navarro, del Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy; Victoria Liendro, del área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; y Ema Bejarano, del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes sobre la inclusión laboral de travestis y personas trans, en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos), donde participaron representantes de asociaciones civiles que luchan por un reconocimiento de este colectivo.

Al abrir la reunión virtual, que fue moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma, la diputada Macha destacó que “hay un compromiso” en la comisión para avanzar con un proyecto unificado sobre cupo laboral para personas trans y travestis, que “necesitan estas leyes para lograr empleo formal”.

A su vez, Vanesa Siley, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, sostuvo que “siempre que se combinan temas en las comisiones de Mujer y de Trabajo, estamos hablando de igualdad real de oportunidades”.

La primera en exponer fue Marcela Tobaldi, de la asociación La Rosa Naranja, quien se refirió a la difícil situación que deben atravesar durante la pandemia los travestis y personas trans, cuyo promedio de vida no supera los 40 años.

“En estas épocas donde no se puede ejercer el sistema prostituyente, todas las personas trans y travestis tienen que estar aisladas en un cuarto de hotel, casi siempre pobre, en los barrios más vulnerables de la Ciudad”, lamentó Tobaldi.

Y agregó: “Esta situación ha dejado al desnudo uno de los sectores más destruidos de nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos cómo queremos vivir nuestra democracia: con derechos. ¿Y quiénes son los responsables de que la democracia sostenga los derechos humanos necesarios? Es la política”.

La integrante de La Rosa Naranja sostuvo que “fueron muchos años de reclamar y no tener resultados” y habló de una “discriminación histórica y estructural del Estado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo occidental capitalista” que “siempre tuvo arrodillados” a los travestis y trans “a expensas de la prostitución, porque esas son las fantasías del hombre capitalista”.

También participó de la reunión Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y hermana de Diana Sacayán, la activista asesinada en octubre de 2015 en un crimen calificado por el colectivo como “travesticidio”.

Say Sacayán señaló que la demanda de la inclusión laboral “ya tiene muchos años” y que “nació a partir de la experiencia del trabajo territorial”, donde su hermana Diana fue una referente.

“(Diana) fue una de las militantes que más aportes hizo a nuestra comunidad, y ha dejado la vida en la lucha”, destacó Say, al recordar que “un mes antes de su asesinato fue aprobada la ley de cupo travesti/trans en la provincia de Buenos Aires”.

“El acceso al mercado laboral es algo que a veces no podemos ni imaginar”, confesó, y explicó que lo que se busca es implementar un cupo del 1% en la planta del Estado Nacional, “una medida mínima y paliativa para el nivel de desamparo en que nos encontramos”.

En tanto, Daniela Candelaria Sajama (ATTTA Córdoba) consideró “necesario que haya una ley y que también hayan herramientas territoriales para trabajar estas leyes” y que éstas no se transformen en “letra muerta”.

“Distintas organizaciones hemos puesto nuestro granito de arena para esta ley. Mi deseo es que haya un debate serio y voluntad política”, manifestó Sajama, al advertir que “siempre este tema avanza hasta cierto punto y después retrocede”.

Desde la Federación Argentina LGBT, Ornella Infante destacó que “hoy tenemos la posibilidad histórica de exteriorizar y dejar plasmadas las necesidades que tenemos, aprovechando el contexto histórico en el que nos encontramos, donde nuevamente tenemos un gobierno popular”.

“No es casual que en un gobierno peronista, nacional, popular, inclusivo, feminista y diverso se den estos debates, que lamentablemente quedaron de lado en la gestión del presidente (Mauricio) Macri, donde decían que los Derechos Humanos eran un curro”, aseveró.

Marcela Romero, directora de Casa Trans) y expresidenta de la Federación Argentina LGBT, consideró que “hay que ir por algo más abarcativo, una ley integral trans donde se trabaje con todas las generaciones de personas trans y donde ninguno quede afuera”.

También disertaron en la reunión informativa Victoria Castro (100% Diversidad y derechos de Tierra del Fuego), Paula Arraigada (asesora trans en la Cámara de Diputados), Karin Tuma (Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries LGBTIQ) y Claudia Vázquez Haro (Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina), entre otras.