Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, expresó que "la demostración más clara del poco interés que tienen los políticos por la gente es la Ley de Alquileres", y agregó: "Debería haber sido modificada hace más de un año, sin embargo, se preocupan más por los cargos que por los problemas reales de la gente".

Además, manifestó: "El problema es el ajuste, si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación, sobre todo si se trata de un contrato a largo plazo. La idea es que el incremento sea mensual y que represente el 50% de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento es exponencial para el dueño de la propiedad, que le podrá pelear a la inflación” y completó: “en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se desaloja, sin más miramientos. Esto debe quedar bien claro y sin que queden dudas".

Del mismo modo, enfatizó: "El plazo debe convenirse entre las partes, ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad, van a pintar, a comprar muebles a medida, etc y proyectan utilizar la propiedad a más largo plazo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 2 o 3 años".

por último, sostuvo que "en esos casos, deberían existir garantía municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial", y cerró: "Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos, pero para eso nuestros políticos tienen que trabajar para quiénes los votan".

"En Argentina la principal discusión, dentro de los debates por la Ley de Alquileres, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos”.

"El problema es el ajuste –explicó Adler-, si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación, sobre todo si se trata de un contrato a largo plazo. La idea es que el incremento sea mensual y que represente el 50% de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento es exponencial para el dueño de la propiedad, que le podrá pelear a la inflación” y completó: “en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se desaloja, sin más miramientos. Esto debe quedar bien claro y sin que queden dudas”.

En cuanto al plazo de duración, Adler explicó que “no es tan importante. El plazo debe convenirse entre las partes ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad, van a pintar, a comprar muebles a medida, etc y proyectan utilizar la propiedad a más largo plazo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 2 o 3 años”.

Sobre las garantías, y algunos inconvenientes que puedan aparecer el especialista propuso que “en esos casos, deberían existir garantía municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial”.

El tratamiento de la Ley de Alquileres continúa en discusión. La que empeoró la situación continúa vigente y el Poder Legislativo delibera nimiedades sin llegar a resolver una de las preocupaciones más importantes para quiénes no cuentan con vivienda propia, en un país donde comprar una propiedad es imposible para la mayoría de su población. 

La oposición propuso liberar los precios (aunque permite tomar algún índice oficial) y busca retornar a los contratos de 2 años de validez, entre otros detalles relacionados a garantías y cobros de depósitos. 

El oficialismo quiere mantener la base de la ley actual y le suman incentivos fiscales a los propietarios que no tienen sus propiedades en alquiler, porque están convencidos que no les conviene (esto último contaría con el apoyo opositor).  

Así todo, la Comisión de Presupuesto sigue dando vueltas y sin resolver el problema. 

La principal discusión que debe darse dentro de este debate, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos.  

El problema es el ajuste. Si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación si se trata de un contrato a largo plazo (aunque deben tener en claro que un bien inmueble es la inversión que requiere la menor cantidad de esfuerzo, trabajo y energía, como para especular tanto). Para resolver esto el incremento debería ser mensual y representar el 50% de la inflación. Por ejemplo: si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento exponencial para el dueño de la propiedad que le permitirá pelear a la inflación.  

En este sentido, en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se permite el desalojo sin más miramientos, sin vueltas. Esto debe quedar bien claro en la Ley, sin dejar dudas. 

En cuanto al plazo de duración, debe convenirse entre las partes ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad (van a pintar, comprar muebles a medida, etc.), y proyectan utilizar la propiedad por más tiempo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 1, 2 o 3 años. 

Sobre las garantías y algunos inconvenientes que suelen aparecer en contra de los inquilinos, deberían existir garantías municipales o provinciales para ayudar a esos inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial, ni gastos de otro tipo, ya que corresponde al Estado estar presente cuando los ciudadanos lo necesitan. 

Ahora, el Gobierno propone realizar un blanqueo de capitales para la compra de unidades usadas, pero la realidad es que los inversores no quieren enfrentarse a una mala legislación como la actual. ¿Por qué lo harían? Costaría mucho alquilarla y no saben si recuperarían lo invertido. Tampoco hay incentivos fiscales, o leyes que aseguren desalojos rápidos ante los impagos. Nada los mueve a realizar ese tipo de movimientos, al menos hasta que no se resuelva esta situación.  

Finalmente, sería importante fijar como requisito contractual un encuentro entre propietario e inquilino (que no siempre se da por la intervención de las inmobiliarias), donde ambas partes se comprometan a seguir buenas prácticas de convivencia y de buena fe. El contacto humano hace la diferencia al momento de cerrar un trato con un apretón de manos, más allá de los temas legales y contractuales. 

Nuestros legisladores deben abandonar las peleas internas, dejar de mirarse el ombligo y resolver cuestiones como esta, que representa uno de los problemas que deben resolver y para lo que fueron elegidos por la gente. 

En un contexto de altos índices de pobreza y con una economía sin rumbo, al menos hasta resolver las negociaciones con el FMI, es fundamental comenzar a resolver el problema de los Planes Sociales sin más demoras. 

La presentación del proyecto de Ley 4042-D-21 en la Cámara de Diputados de la Nación, trata de lineamientos generales con una visión dirigida más a la creación de empleos para asalariados que para apoyar emprendedores. 

En este marco, es imprescindible que todos: Gobierno, oposición, empresarios, sindicatos y demás partícipes del mercado laboral, unamos fuerzas e ideas en pos de solucionar este grave problema que enfrenta el país. 

Nuestra idea parte de la creación de un Plan de Inclusión Socioeconómica y Transformación Emprendedora que, entendemos, podría resultar más productiva que la mera creación de puestos de trabajo bajo relación de dependencia, aunque se complementarían. 

Esta iniciativa parte de la posibilidad de convocar empresarios Pymes y lograr juntarlos con receptores de Planes Sociales, contacto a formalizar a través de un contrato especial de trabajo por seis meses, donde las partes tengan claro que se trata de un proceso que empieza y termina en ese lapso de tiempo. 

El candidato a emprendedor tiene la obligación y responsabilidad de adquirir un oficio y será capacitado con las mejores prácticas y formas posibles en el campo real laboral, por parte del empresario y del Estado. También debe quedar establecido que el trabajador no es un empleado más sino un aprendiz, y que su misión es la de crear una marca personal y transformarse en un proveedor de bienes o servicios. 

El Estado cubriría el 75% del salario previsto y el empleador se haría cargo del 25% restante durante los seis meses de duración del Programa. La empresa que ingrese en el plan de apoyo social e inclusión socioeconómica, gozaría de un reconocimiento fiscal, como así también un reconocimiento social por la acción de contratación del personal y su función de mentoría y capacitación durante ese lapso. 

Una vez concluido el período pactado, el contrato quedará sin efecto y no habrá derecho a reclamo ni juicio laboral de ningún tipo por parte del Beneficiario. 

En ese momento, el aprendiz podrá solicitar un crédito para la planificación y armado de su marca personal y contaría, por algunos meses más, de un acompañamiento por parte de su mentor como ayuda para iniciar el nuevo negocio. 

Este plan podrá seguir cubriendo el 75% del salario antes estipulado durante tres meses más, hasta que el nuevo emprendedor pueda conseguir su primer cliente. Una vez terminado ese periodo, no quedará salario o ayuda alguna por adquirir. 

A modo de dar seguimiento al Programa, el emprendedor debería continuar recibiendo capacitación sobre Educación Financiera, Emprendedora y Mentoría; y se abriría la posibilidad de sumar a su núcleo familiar para participar de charlas o seminarios sobre estos temas. 

La creación de una marca, su identificación para diferenciarse en el mercado, su packaging, el armado de un plan de trabajo para desarrollarla, el seguimiento de ese Plan, son algunas de las herramientas con las que saldrá preparado el futuro emprendedor para ser su propio jefe. 

En este sentido, se lo guiará en la creación de hábitos productivos como cultivar su activo más importante que es su cerebro, utilizar bloques de tiempo para diferentes tareas, meditar, ejercitarse, tomarse tiempo para pensar y repensar los pasos a seguir para el crecimiento de su emprendimiento, etc. 

Este contrato especial o de conciencia social estaría sujeto a una cláusula de revisión y evaluación mensual, tanto del formador como también del empleado. 

Dicho control de calidad tiene como fin dar un seguimiento a la asimilación de conocimientos y puesta en práctica de los mismos. Todo esto conllevaría a una puntuación y una calificación tanto de la empresa como del aprendiz. 

En definitiva, el nuevo emprendedor tendrá una oportunidad única para reinsertarse a través de una preparación genuina, y la oportunidad de recuperar la dignidad, transformar el hambre en prosperidad y el fracaso en éxito para él y su familia.