El senador nacional Daniel Bensusán, y los diputados nacionales, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, -los tres de UP La Pampa- presentaron en conjunto un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que explique los detalles respecto a una posible estatización de deuda privada.

El pedido es en base a la comunicación “A” 7918, a través de la cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determina que “la deuda del sector importador sea absorbida por el Estado”.

Para los legisladores pampeanos, “el antecedente más cercano de una medida similar se produjo en 1982, durante la última dictadura militar, donde la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas”.

El BCRA informó la emisión de las notas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago -Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

El pedido de los tres legisladores pampeanos amplió: Que el Ejecutivo informe si existen mecanismos o procedimientos mediante los cuales se prevé determinar el acceso de los importadores de bienes y servicios pendientes de pago a los instrumentos; y mayores especificaciones sobre la metodología de amortización de los Bonos

Además, exige información sobre si está prevista la creación de un registro de importaciones impagas que se tendrán en cuenta a los fines de determinar el universo de potenciales beneficiarios; y si se realizará una evaluación de las deudas impagas con importadores para determinar el acceso a la suscripción del BOPREAL.

Finalmente, el proyecto propone que “en un contexto en el que se anuncian a diario medidas restrictivas de las funciones sociales del Estado presentadas como ineludibles, es preciso exigir información y fundamentación exhaustiva de una emisión de bonos que implicaría la estatización de la deuda comercial de empresas importadoras con el exterior”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT – La Pampa) propuso nominar para recibir la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación a su coterránea María Helga Lell en virtud a las tareas de investigación, docencia y promoción de las ciencias que lleva adelante, principalmente desde la Universidad Nacional de La Pampa.

Por eso, el senador oficialista concurrió a la sede universitaria para notificarle de la nominación, donde también fue recibido por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull.

Lell es Doctora en Leyes y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, Culturales y Filosofía. Es investigadora del CONICET y directora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

“La doctora Lell es un ejemplo de la excelencia de las y los profesionales que egresan de la Universidad Nacional de La Pampa, de la universidad pública y gratuita. Su trabajo sobre lenguaje y derecho tiene suma importancia en un punto que siempre hemos ponderado, como es la accesibilidad al servicio de justicia de toda la ciudadanía”, manifestó el senador.

Bensusán también resaltó que la científica “lleva adelante también estudios sobre el concepto jurídico de persona. Siendo la primera docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en ingresar al CONICET como investigadora. Todo esto nos lleva a sentirnos orgullosos, como pampeanos, a sentirnos orgullosos de nuestra universidad, en la persona de María Helga Lell”.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a defender la educación pública y gratuita, “tenemos una historia y una trayectoria de nuestro sistema educativo, reconocido en todo el mundo. Frente a cualquier amenaza a lo que tanto costó conseguir, debemos unirnos y seguir apostando a la grandeza de Argentina, con la educación como pilar innegociable”.

Derecho Humano de acceso a la Justicia

“Me tomó por sorpresa, porque lo cierto es que somos muchos los que investigamos distintas áreas y por eso uno sabe que hay muchas personas que lo merecen y de hecho una como investigadora no llega sola, siempre hay contexto que favorece que colabora”, reflexionó la científica, sobre este reconocimiento y expresó: “Estoy muy feliz por esto, me llena de orgullo y es un reconocimiento no sólo para mí sino para todo este conjunto que hace que mi investigación pueda ser visible”.

Respecto a su trabajo en lenguaje y derecho, conocido como “lenguaje claro”, detalló que “un juicio pueda tener sus tecnicismos, pero aun así es necesario que en algún punto el justiciable pueda entender y tomar decisiones, por lo cual hay que entender qué se está decidiendo, qué está en juego, qué se le está comunicando. Entonces no se trata de llegar hasta la última instancia de una sentencia, en la cual el abogado le dice el resultado. En realidad, el fundamento del lenguaje claro es el derecho humano de acceso a la justicia”.

“Es importante, porque la persona decide si recurrir, si no recurrir, si va a pasar sus próximos años preso o no, si va a pagar una indemnización y porque, si algo que tenía la expectativa de obtener no lo obtuvo. La pluralidad de conflictos que hay y que hoy en día si el lenguaje jurídico, judicial o legal, necesita tecnicismos, no pierda de vista que la persona que está ahí adelante tiene que entender lo que está pasando”, explicó la investigadora.

También contó que está trabajando en CONICET con el concepto jurídico de persona que ha tenido “una gran centralidad en la técnica legislativa y judicial también de los últimos quizás 8 años porque a distintos entes se les ha dado este rol de persona, a veces para darle mayor entidad al ser humano, pensando en personas con determinada enfermedad, pensando en contexto de encierro, en adultos mayores para señalar que hay algo que importa ahí. Pero también la técnica legislativa intenta dar, por cuestiones retóricas, personería a otros entes y esto genera algunos problemas semánticos en esta técnica legislativa, que es en donde intento hacer la contribución, para hacer una distinción terminológica. Esas son las dos grandes líneas que estoy trabajando en la actualidad”.

Además, defendió el rol del CONICET en la sociedad argentina: “Lamentablemente hoy discutimos y si se mantiene abierto o no CONICET, Lo cierto es que tiene una contribución en las 4 grandes áreas disciplinares que tiene, y que después se replican, ya sea ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias sociales”.

“El CONICET tiene una gran producción, y de hecho es una de las instituciones líderes a nivel mundial. Parece que a veces discutimos algo que en el mundo se reconoce, pero bueno, lo cierto es que tiene un gran valor, como también lo tiene la universidad nacional, que contribuye al sistema científico. Es un factor de movilidad ascendente, un factor de producción de conocimiento y también de extensión del conocimiento a la sociedad”, cerró.

Luego de la sesión del Senado en que se sancionaron, entre otras, iniciativas vinculadas a la salud, el senador Daniel Bensusán (FNyP-FdT) destacó puntualmente la aprobación de la “Ley Johanna”, sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal, y la creación de un Programa sobre Pubertad Precoz.

El pampeano valoró que estas nuevas normas “tienen mucho que ver con el sistema sanitario argentino, brindando la posibilidad de que nuestra población pueda acceder a tratamientos que hasta ahora no estaban al alcance de todas y todos, y al no existir legislación quedaban a criterio de las prepagas y centros de atención”. “Legislamos para mejorar la salud de la población”, ponderó.

Para el oficialista, “estamos en un proceso histórico donde transformar carencias y necesidades en derechos es fundamental, como así también defender los ya conseguidos”. “No podemos permitir que la salud de las y los argentinos sea una mercancía a la que accedan y tengan mejores servicios quienes puedan pagarlos y el resto que sufra la privación de un derecho fundamental. Estaba en nosotros legislar para lograr equidad”, reflexionó.

Ley Johanna

“La muerte perinatal es un trance durísimo para las madres y personas gestantes, pero también lo es para los entornos familiares. La falta de protocolos establecidos por ley llevó a que el buen trato y el acompañamiento profesional de estos casos quede librado a la voluntad de la institución sanitaria que atienda los casos”, señaló el presidente de la Comisión de Legislación General.

Además, recordó que tuvo “la oportunidad de reunirme con Johanna Piferrer y con la autora del proyecto, Magdalena Sierra, un par de meses antes de la votación, y coincidimos en el enorme valor que tiene para madres y quienes las acompañamos en este doloroso momento, tener un protocolo que establezca una atención profesional adecuada, que parta desde algo tan elemental como es contar con la información necesaria, acompañamiento psicológico y la atención profesional integral necesaria, todo establecido en un protocolo”.

“Esperamos que a partir de esta sanción se cancele una deuda que se mantenía oculta por sucesivos mantos de dolor y sufrimiento”, agregó.

Programa de Pubertad Precoz

Sobre la otra ley que destacó, Bensusán apuntó que “miles de familias venían luchando desde hace varios años por el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la provisión de la medicación requerida, de todas las niñas y niños que padezcan pubertad precoz. Quienes conviven con esta patología saben que algunos medicamentos y tratamientos tenían valores prohibitivos para las economías familiares”.

Y explicó que a partir de su sanción “se brinda garantía de asistencia y cobertura, por parte de obras sociales y cualquier empresa de medicina prepaga, para lograr mejoras en la calidad de vida de un número importante de niñas y niños que deben enfrentar, junto a sus entornos, esta afección”.

“La creación de un registro único de diagnóstico y tratamiento, además de la capacitación del personal de la salud para el debido abordaje de la patología, son pasos importantes que se logran a partir de la ley”, finalizó.

El Senado de la Nación realizó un reconocimiento a coros, directoras y directores corales de la República Argentina, mediante un acto llevado a cabo en el Salón Azul, impulsado por el senador Daniel Bensusán y la Organización Federada de Actividades Corales (OFADAC), presidida por Mario Figueroa.

En un Salón Azul “José de San Martín” colmado, se otorgaron 74 reconocimientos, a directoras, directores y coros, con más de 50 años de trayectoria. Es el 5to homenaje de este tipo que se realiza.

“Las diferentes instituciones que hoy nos acompañan y que recibirán su merecido homenaje, contribuyen al desarrollo y el crecimiento de localidades a lo largo y ancho de nuestro país. Trabajamos por una Argentina federal. En la totalidad de su territorio tenemos manifestaciones culturales de distinto tipo, que hacen que seamos una nación con pluralidad de expresiones artísticas.  Sabemos del papel fundamental que desempeña la cultura.

También del rol promotor y facilitador que debe asumir el Estado en esta materia”, expresó el senador Bensusán.

El legislador destacó que en La Pampa se está llevando adelante la XXI Edición del Coral de La Pampa. “Este evento, que nos llena de orgullo, es un ejemplo más de las posibles acciones tendientes a federalizar el acceso al arte en todas sus formas. Vivimos tiempos donde se cuestiona el rol del estado en toda participación para mejorar la calidad de vida de las personas y esto, que para algunos suena como cantos de sirena, incluye también a la cultura. Debemos redoblar los esfuerzos, no bajar los brazos, y no permitir que intenten avanzar sobre espacios conquistados como políticas públicas”, señaló.

Finalmente, envió un cálido saludo a Mabel Gonnet, mujer “de una destacada trayectoria en la localidad de Jacinto Arauz, como profesora, creadora y directora de coros, que lamentablemente no pudo viajar”. La Secretaria de Cultura de la Provincia, Adriana Maggio, y Mario Figueroa llevarán este sábado el reconocimiento hacia la localidad del sur pampeano, para entregar en mano a Gonnet.

Memoria e Identidad cultural

Mario Figueroa, maestro de coros de La Pampa, destacó la costumbre de homenajear y reconocer estas trayectorias, “que trabajan construyendo la memoria coral y la identidad cultural del país”.

“Hoy tenemos, en el Senado, a gente de todo el país. Nuestra institución (OFADAC) está integrada por asociaciones de toda la Argentina. El sentido federal ha caracterizado a nuestra federación desde que fue fundada hace 27 años”, añadió.

Durante la primera parte del acto se pudo disfrutar del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, y para el cierre se contó con el arte del Coro Estable de Santiago del Estero.

Luego de emitir dictamen favorable al proyecto para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la Comisión de Legislación General del Senado, a cargo del pampeano oficialista Daniel Bensusán, también pasó a la firma este martes un proyecto presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.

La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.

Desde el Salón Illia, Bensusán recordó que es un proyecto que ya habían emitido dictamen el año pasado que modifica el Código Civil de la Nación y que “perdió el estado parlamentario este año y la idea era ponerlo a consideración nuevamente para ver si se puede aprobar”.

Pidió la palabra el titular del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, quien remarcó la importancia de que esté presente el senador Rodríguez -autor del proyecto- para “tener su exposición” y sugirió tratarlo en una próxima reunión de comisión.

A su turno, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, en su carácter de coautora de la iniciativa pidió ponerse “en los zapatos de las personas que son víctimas de abuso sexual o que sus progenitores son victimarios de estas personas y que tengan la posibilidad de cambiar el nombre o prenombre por obvias razones”.

“Sabemos que el 57% de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se produce dentro del seno familiar y, por lo tanto, el Código Civil no contempla dentro del artículo 69 el cambio de nombre y el pronombre y apellido sin intervención judicial. Lo que se propone es agregar el artículo 69 bis en lo que se propone como causas justas y una de las causas es ser víctima de delito contra la integridad sexual cometido por algunos de los progenitores o ascendientes y la otra causa es ser descendente en línea recta hasta el primer grado de personas que hayan cometido delitos contra la vida contra la integridad sexual de terceros”, explayó Fernández Sagasti.

En esa línea, la mendocina remarcó que “el título del artículo bis propuesto me parece más que convenientes poder cambiar el apellido cumpliendo la mayoría de edad de quien hizo o contrajo violencia sexual contra tur persona y no tener que llevar toda la vida el mismo apellido. Es solucionarle y darle integridad, una reparación integral a las víctimas de abuso sexual”.

Por el lado de JxC, hizo uso de la palabra el chaqueño Víctor Zimmermann quien se diferenció de Snopek y adelantó que desde el interbloque “no le vemos inconvenientes y la coautora ha explicado suficiente, por lo tanto, no tenemos inconveniente en acompañar”.

Luego de pasar a la firma el proyecto, Bensusán agradeció la ratificación al frente de la comisión y bregó “poder avanzar en varios proyectos en lo que resta del año”. Fijó como días de reunión los martes.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) anunció este viernes que votará a favor del proyecto de atención frente a la muerte perinatal -conocida como “Ley Johanna”- que será tratado en la próxima sesión en el Senado, y tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

“Este es un proyecto que no admite dilaciones y debe ser tratado en el Senado, para transformarlo en Ley”, afirmó el senador pampeano. Del mismo modo, agregó que “los casos de muerte perinatal afectan a las personas gestantes, pero también a su entorno familiar y afectivo”.

Además, añadió: “Ya sea por violencia obstétrica, o por las cuestiones que puedan motivar este tipo de situaciones, se debe brindar un marco de acompañamiento adecuado desde los ámbitos de salud y desde las prestadoras de los servicios”.

El senador oficialista estuvo reunido con la exdiputada nacional Magdalena Sierra -quien había presentado el proyecto en el período 2019-, Belén Berrueco (precandidata a concejal de Lanús) y Johana Piferrer, principal impulsora de la iniciativa que lleva su nombre, que busca establecer los Procedimientos Médico–Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.

Para ello, los establecimientos de salud deberán contar con protocolos de atención estandarizados que faciliten la atención sanitaria y el acompañamiento emocional de mujeres y otras personas gestantes y sus respectivas familias. Además, tendrán la obligación de garantizar espacios específicos de internación que prioricen la intimidad y tranquilidad de las mujeres, personas gestantes y sus familias.

“Johana fue víctima de violencia obstétrica, y su lucha logró visibilizar la situación de miles de familias argentinas que atraviesan por trances similares. Esto nos obliga, como sociedad, a ser empáticos y no seguir postergando su tratamiento”, enfatizó Bensusán.

Asimismo, expresó que “hay personas gestantes que ante la pérdida del embarazo deben soportar a veces, y sin ser consultadas, el ser internadas al lado de personas que llevaron a término sus embarazos”. “Por eso ratificamos el compromiso político a tratar el proyecto de Ley, para que quienes atraviesan estas situaciones tengan la posibilidad de elegir, desde el método del parto, hasta la forma de internación”, añadió.

Por su parte, Johana Piferrer manifestó que “es muy importante que la política y los representantes del pueblo, que fueron elegidos mediante el voto popular, se interesen por leyes que claramente vienen a conquistar y a ampliar nuevos derechos para la sociedad. La reunión con el senador Bensusán nos alegró y nos incentiva”.

“Lo que viene a hacer este proyecto, y su aprobación, es que todas las mujeres y personas gestantes, familias diversas que atravesamos muerte perinatal, que se trata del fallecimiento de nuestros hijos deseados dentro del vientre, tengamos derechos nosotras a elegir cómo atravesar esos partos y esos puerperios, estos nacimientos sin vida”, indicó Piferrer.

De esta manera, agregó: “Hay que capacitar desde nuestra universidades públicas y gratuitas a todas las disciplinas. Tienen que intervenir en esta problemática, para que los y las profesionales de la salud, tengan formación para atender y contener de la manera adecuada, que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es solamente el AMBA. Poder estar acompañadas durante todo el proceso del parto o no”.

Para cerrar, Johanna Piferrer recordó que en estos días se celebra la semana de la lactancia materna, y expresó que “uno de los artículos del proyecto de ley es la información sobre la lactancia, métodos de inhibición y donación”.

Organizado por el senador Daniel Bensusán (FNyP-FdT) y la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT), se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado el seminario “Sectas y Trata de Personas”, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

“La trata de personas configura una de las más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo el legislador, al abrir la jornada, junto a Viviana Caminos y Nancy Rodríguez, integrantes de la RATT.

El pampeano señaló que “las distintas situaciones de vulnerabilidad que sufren millones de personas en todo el mundo, ya sea por edad, género, origen étnico, circunstancias sociales, económicas, culturales o políticas, muchas veces inciden para que una persona sea víctima de redes de abuso y explotación”. “La trata de personas se encuentra en el tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico”, apuntó.

El seminario contó con las exposiciones de Zaida Gatti, directora nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad del Nación; Norma Mazzeo, coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación; Rosana Vaccon, sobreviviente de trata de personas; Sebastián Sal, abogado patrocinante de víctimas de trata; y Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes.

Además, estuvieron presentes la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso; el ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Liliana Robledo; el director de Casa de La Pampa, Pablo Rubio; representantes del área de lucha contra la trata de la Policía Federal y representantes de distintas instituciones vinculadas a la temática.

Viviana Caminos, presidenta de la RATT, destacó la labor que realizan en distintas organizaciones y ponderó que la Ley contra la Trata de Argentina “es pionera en Latinoamérica y en el mundo. Somos un país donde la gente conoce el tema y se compromete a denunciar y eso es muy importante. Una de las tareas de la sociedad civil es la de monitorear e ir un paso adelante, visibilizando nuevos temas”.

Por su parte, Nancy Rodríguez, coordinadora nacional de la RATT, aseguró que “la sociedad civil necesita herramientas para poder denunciar y salvar vidas. Para eso es necesario estar formados e informados y el deber que tenemos las organizaciones civiles y el Estado es trabajar en conjunto para poder hacer frente a estas mafias”.

“Nuestras juventudes están todo el tiempo frente a estas organizaciones. Durante la pandemia de cada 10 denuncias, nueve fueron realizadas a través de las plataformas digitales. Tenemos que poder seguir hablándole a nuestros jóvenes sobre la trata. Que sepan lo que ocurre en sus localidades, en sus provincias. La organización debe ser conjunta y debemos fortalecernos mutuamente”, resaltó.

En tanto, Bensusán sostuvo que “para quienes concebimos a la política como un camino para garantizar los derechos ciudadanos, como base para vivir mejor, es una obligación estar atentos a cualquier situación que vulnere esas garantías. El trabajo que llevan adelante organizaciones como la Red de Alto al Tráfico y a la Trata de personas es de suma importancia. Porque logran visibilizar y generan conciencia de una problemática. Esto es fundamental, en una tarea que debe complementarse entre las organizaciones civiles y el Estado, en una situación de compromiso mutuo”.

“Hay un camino importante por recorrer. No mirando para otro lado. Prestando atención porque quizá muy cerca nuestro puede haber víctimas de trata de personas, y debemos reconocer señales, gestos y cualquier indicio de estas situaciones”, finalizó el legislador oficialista.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) respaldó el proyecto para la creación del Fondo de Distribución Poblacional, anunciado por el gobernador provincial, Sergio Ziliotto, porque “se está dando una solución concreta a un planteo real de las intendencias de la provincia”.

“El gobierno provincial informó cada paso que se fue dando y concluyó la etapa de presentación del proyecto ante las y los intendentes”, afirmó Bensusán y destacó que el Fondo anunciado “tiene características que lo hacen favorable para intendencias grandes y chicas. La primera es que reviste las características de no ser fijo y se irá actualizando paulatinamente. El dinero sale de las arcas provinciales, por lo tanto, no se toca ni un peso de lo que se distribuye hoy en concepto de coparticipación, por eso nadie pierde”.

En cuanto a los cuestionamientos hechos públicos por el intendente santarroseño, Luciano Di Nápoli, expresó que “esos tremas se deben debatir dónde y cuándo corresponde. La ciudadanía santarroseña tiene varias problemáticas, y de muchas se está haciendo cargo la administración provincial, en una clara política de reparación del Gobernador Sergio Ziliotto. Esto lo tiene clarísimo la gente”.

“Este fondo reconoce a los municipios que cuentan con más población. Por ejemplo, Santa Rosa tiene el 33% de la población total de la provincia de La Pampa, y recibe el 33% del Fondo, o sea se incrementa su coparticipación en un 1,85%.  Siguiendo con el ejemplo de Santa Rosa, desde el municipio manifestaron que aspiraban a lograr llegar a los 29 puntos de coparticipación, porcentaje al que solo se llegó en 2012. Hoy perciben el 24.5, con esta medida se le está restituyendo de forma automática y a partir del 1 de enero del 2024 el 41 % de lo que solicitando”, detalló.

A su vez, reflexionó: “Es difícil lograr un reparto que convenza a todos. Por ejemplo, si se contempla un índice estrictamente por cantidad de población, no se contempla que no es lo mismo vivir en una ciudad grande, con acceso a servicios y comodidades, que en una más chica y alejada, con mayores dificultades para acceder, por las distancias y los costos. Caso contrario, Santa Rosa, General Pico y las de mayor población terminarían vaciando de gente a las más chicas”.

Bensusán aseveró que el proyecto del Ejecutivo Provincial “tiene otro apartado que logrará asegurar la equidad en el reparto de los fondos: la clarificación y uniformidad de la información de cada municipalidad y comisión de fomento, mediante los cuales se calcula lo que verdaderamente le corresponderá a cada uno. Y esto será de acceso a los órganos de contralor y a las propias comunas”.

El dirigente culminó asegurando que “si hay algo que nos da una idea sobre lo acertado del proyecto elevado a la Legislatura es que ya fue recibido con muy buena voluntad por intendentas e intendentes de toda la provincia, de localidades grandes y pequeñas y de todas las extracciones partidarias”, y confió en que “algunas de las críticas se irán atenuando a través de la vocación de diálogo que se demuestre”.

Tras la sesión fallida de este miércoles donde iban a ser tratados el Programa de Pubertad Precoz (PPP) y la inclusión a la ley de Parto Respetado del procedimiento médico para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) apuntó contra Juntos por el Cambio y afirmó que “no es la primera vez que la oposición no se presenta para tratar necesidades urgentes de la sociedad”.

“Un claro ejemplo es cuando quisimos aprobar por primera vez la Ley Lucio y tuvimos que bajar la sesión por la misma actitud, o cuando quisimos tratar la Ley del VIH. Hablamos de la salud de las familias argentinas, y este no es momento para mezquindades electoralistas”, remarcó el senador pampeano en contra de la oposición.

De la misma manera, expresó que “la aprobación de estas iniciativas era extremadamente necesaria”, y añadió que “son fundamentales el bienestar, tanto en la salud física como mental, de los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por esta condición, no pueden seguir esperando”.

El Programa de Pubertad Precoz buscaba asegurar el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la provisión de la medicación requerida, de todas las niñas y niños que padezcan PP en el territorio de la República Argentina y crear un registro único de diagnóstico y tratamiento, para capacitar al personal de la salud para el debido abordaje de la afección. 

Bensusán reconoció el esfuerzo de los miles de familias que “han luchado incansablemente para demandar políticas que aborden la falta de respuesta por parte de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga y que hoy no van a poder llevarse una alegría a sus hogares”.

“Este proyecto surgió como resultado de la persistente batalla de estas familias unidas que han buscado soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus hijos”, indicó.

Además de la no aprobación del Programa de Pubertad Precoz, el senador mencionó otra ley importante que tampoco pudo ser concretada en la misma sesión, la cual modificaría la Ley 25.929 (parto respetado) incluyendo las muertes gestacionales y perinatales en los protocolos de atención. “Esto demuestra el no compromiso en mejorar la atención médica en diversas áreas y garantizar el respeto y cuidado de las mujeres y personas gestantes”, señaló Bensusán.

En tal sentido, el senador pampeano explicó: “El objetivo de la ley era dotar a los profesionales de la salud que intervienen en el momento del parto, de los procedimientos de actuación que brinden una correcta contención y atención a las mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal”. También, sostuvo que “es de carácter humano que las familias puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado”

El último de los proyectos no tratado en el área de la salud es el que proponía promover la disponibilidad de sal adicionada con flúor y así colaborar en la salud bucal de aquellas poblaciones donde el agua tenga bajo contenido de flúor.

Para ello, Bensusán manifestó: “Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que la buena salud bucal incide de manera positiva en la calidad de vida de la población”, y cerró: “Pese a que es un orgullo para mí decir que La Pampa, proveedora de la mitad de la oferta nacional de sal, es una de las provincias en las cuales ya existe una Ley de fluoración, es una pena que las demás provincias de la Argentina no cuenten con la suerte”.

Un grupo de legisladores nacionales participó de un encuentro con representantes de federaciones de empresarios y comerciantes patagónicos, adheridos a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde se abordaron temáticas vinculadas a la actividad económica y productiva del sector en la región.

“Este tipo de reuniones forman parte del concepto de federalismo que nos identifica. Porque tiene que ver con analizar cuestiones propias de una región en un marco comparativo con las demás. Como legisladores, debemos trabajar en leyes que promuevan la equidad entre todas las regiones de la Argentina, para el desarrollo económico del país”, comentó el senador pampeano oficialista Daniel Bensusán.

En el cónclave se analizaron los proyectos de ley de compensación; de promoción del hidrógeno; de reversión de Centrales hidroeléctricas de la Patagonia y se expuso sobre los problemas de la logística en la Patagonia.

Bensusán consideró que “los temas abordados y las posiciones analizadas en distintos estamentos son razonables, siempre pensando en aunar el esfuerzo del estado y del privado, para potenciar las posibilidades de producción y generación de nuevas fuentes de empleo”.

“Fue muy positivo que también se contemple el cuidado del ambiente, como patrimonio regional, al momento de evaluar estrategias de crecimiento y desarrollo”, añadió.

Por CAME estuvieron presentes varios de sus directivos, encabezados por el presidente Alfredo González y Jorge Ortiz Echagüe, vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Pampa. Éste último destacó que “esta es la tercera reunión que tenemos, luego de estar con los gobernadores y el Parlamento Patagónico. Estamos trabajando fuerte por la región”.

“Hubiéramos querido que vinieran todos los legisladores nacionales de la Patagonia, pero sabemos que no es fácil en estos momentos por los procesos electorales que se vienen. Queda el camino abierto y creemos que los legisladores se fueron conformes”, concluyó.

El encuentro se realizó en la sede porteña de CAME, y estuvieron presentes legisladores nacionales patagónicos de ambas cámaras legislativas del Congreso de la Nación. Al encuentro asistieron los senadores Daniel Bensusan, Daniel Kroneberger, Silvina García Larraburu y Nacho Torres y los diputados nacionales Martín Berhongaray, Pablo Cervi, Estela Hernández y Ana Clara Romero, entre otros.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) juró este martes como miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

Bensusán sostuvo que “es de suma importancia el funcionamiento de los órganos que prevé la Constitución Nacional para el correcto funcionamiento de las instituciones de la Democracia”. El cuerpo está compuesto por dos jueces federales, dos senadores nacionales, dos diputados nacionales y un miembro de la matrícula federal de abogados.

“Asumir en este Jurado de Enjuiciamiento es una enorme responsabilidad. con mis pares del Senado, con la sociedad argentina y, sobre todo, con las y los pampeanos”, expresó Bensusán.

La causa en la que intervendrá el Jurado es la caratulada “Walter Ricardo Bento s/ pedido de enjuiciamiento”, referida a la acusación contra el magistrado Bento, juez federal de Mendoza, por la causal constitucional de mal desempeño en sus funciones. El Consejo de la Magistratura abrió el procedimiento de remoción ante este Cuerpo y lo suspendió en sus funciones.

“A partir de esta fecha, tomaremos contacto con la causa y a desde allí se trabajará con el resto de los miembros”, detalló el legislador.

El juez de cámara Javier de la Fuente asumió como presiente provisorio del Jurado, y fue quién tomó juramento a Bensusán y al resto de los integrantes. La primera medida fue resolver el pedido de excusación del otro juez integrante del cuerpo, Alejando Piña.

Entre los primeros trámites, se hará saber a la acusación y al juez acusado la radicación del expediente en la sede, la integración del tribunal y quienes representan a la acusación como así también se insta al enjuiciado a que designe su defensa y constituya domicilio. También se solicita la intervención de un defensor público oficial que ha de seguir las alternativas del proceso.

El otro representante del Senado es José María Torello, del Pro. También las diputadas nacionales Anahí Costa (FdT) y Ana Clara Romero (PRO), y el abogado de la matrícula profesional Alfredo Barrau.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) presentó un proyecto de ley tendiente a garantizar un cupo mínimo de viviendas para jóvenes en los planes habitacionales construidos con recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). La propuesta es que al menos el 5 por ciento de las viviendas sociales sean destinadas a juventudes de entre 18 y 35 años.

En tal sentido, el legislador explicó: “Con este proyecto consideramos que estamos dando una respuesta a un planteo real, que es el de nuestras juventudes que aspiran a tener garantizado el acceso a una vivienda social que contemple su condición. Para esto no sería necesario que acrediten matrimonio o unión convivencial, ni que tengan hijos o hijas a cargo”.

Bensusán propone mantener el único cupo que existe hasta el momento en la ley 24.464 que es del 5 por ciento correspondiente a las personas con discapacidad, y agregar otro porcentaje similar para las juventudes.

En los fundamentos del proyecto de modificación a la ley que regula el Sistema Federal de Viviendas, manifiesta que “en la provincia de La Pampa, según datos del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), en el año 2020, del total de personas inscriptas en los planes de viviendas, la mayoría corresponde a jóvenes de entre 25 y 35 años. De ese total el 72,9 por ciento corresponde a mujeres, mientras que el 27,7 por ciento son varones”.

“Proponemos que se parta de un piso asegurado del 5 por ciento, y dentro de este porcentaje tener en cuenta distintas particularidades, como la de las personas jóvenes sin hijos a cargo”, señaló.

El senador propone que para acceder a los beneficios de estos planes se cumplan con los siguientes requisitos:Tener entre 18 y 35 años de edad; No ser titular o co-titular de otros bienes inmuebles, ni haber sido adjudicataria de algún plan o programa habitacional; No estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios; y Acreditar ingresos propios, independientes de su grupo familiar.

No se considera requisito para acceder a los beneficios establecidos en el presente inciso que las personas jóvenes tengan hijos o hijas a cargo o que acrediten matrimonio o unión convivencial.

Los cupos preferentes establecidos en el presente artículo podrán ser incrementados por el respectivo ente jurisdiccional, pero no podrán ser disminuidos respecto de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los requisitos.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT) estuvo reunido con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, con motivo de dialogar sobre el proyecto de ley presentado por el pampeano que propone modificaciones que alivien la situación de entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes que afrontan moratorias.

“Fue un encuentro muy positivo, porque se pudo acceder a la máxima autoridad en cuestiones impositivas para presentarle la iniciativa en beneficio de pequeños contribuyentes que pagan moratorias y que a partir del 30 de abril vieron aumentados, hasta en tres veces, el monto de las cuotas que venían pagando”, señaló el legislador.

El proyecto busca reformar la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, que fue votada durante la pandemia, estableciendo medidas para acompañar a los pequeños contribuyentes a través de moratorias a intereses accesibles, pero con vencimiento en marzo del corriente año. Quienes tienen cuotas que pasen del 1ro. de abril, vieron notablemente incrementado el monto de esos intereses.

“Lo que en un momento fue una medida paliativa no puede transformarse en un castigo. Menos aún cuando hablamos de pequeños contribuyentes, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Por eso nuestra preocupación, que se la planteamos al administrador Castagneto”, agregó el senador.

Bensusán resaltó: “Todos los días tomamos contacto con personas que están identificadas en estas categorías, con emprendedores, titulares de empresas familiares pequeñas, y con las entidades sin fines de lucro, que encima realizan acciones solidarias y llegan a lugares donde a veces tiene dificultades de acceder el Estado”.

“Desde el Congreso de la Nación se puede hacer un aporte importante para garantizar que este motor productivo y social de tanta importancia para Argentina pueda seguir desarrollando sus tareas, por eso somos optimistas en que se podrá llegar a lograr alguna medida que contemple la situación”, finalizó.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) mantuvo un encuentro de trabajo con Gabriel Lerner, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, durante el cual analizaron la reglamentación de la Ley Lucio y el legislador también puso en conocimiento del funcionario un proyecto de ley de su autoría sobre el agravamiento de penas para casos de abuso sexual, principalmente en casos que afecten a personas menores. 

“Mediante el proyecto de agravamiento de penas por delitos sexuales se propone aumentar las sanciones en casos de abusos simples y se amplía la edad para contemplar a las víctimas. Esta iniciativa se adapta a otras penas previstas en el Código Penal”, apuntó el legislador. 

El pampeano precisó que “la iniciativa contempla que se considere abuso sexual simple a todo acto que tenga como víctimas a personas menores hasta 16 años, que en la actualidad se contempla hasta 13 años”.

“Además se incorporan nuevos considerandos a los agravantes previstos en el Código Penal. Uno de ellos vinculado a aumentar las penas cuando el hecho fuera cometido valiéndose del suministro de cualquier sustancia, con el fin de impedir que la víctima pueda presentar resistencia a la acción. Otro agravante que se incorpora es cuando del hecho resulte el embarazo de la víctima. Además, se propone modificar y ampliar el universo de victimarios de fuerzas policiales o de seguridad a funcionarios públicos en general, para cuando el hecho fuera cometido en razón de sus funciones”, detalló.

El oficialista resaltó que “el trabajo de preservar los derechos de nuestras infancias y adolescencias es dinámico y debemos ir adaptando las normativas a las realidades que se viven. Por este motivo consideramos que debían rever las penas y agravarlas para dar un mensaje claro también desde lo legal”.

Bensusán consideró además que “con las penas solas no alcanza, también se debe contar con el compromiso de toda la sociedad, para no permitir este tipo de delitos. Acá no puede haber diferencias partidarias, económicas o de clases, necesitamos a una sociedad unida y comprometida en la lucha contra los abusos a niñas, niños y adolescentes. No se puede mirar para el otro lado”.

Ley Lucio

Con Lerner analizaron la reglamentación y creación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también conocido como Ley Lucio.

“Nuestro compromiso tiene que ver también con colaborar en la reglamentación y la creación de este plan. Hace una semana se promulgó la ley que aprobamos en el Senado, en abril. La reunión con el titular de la SENAF fue muy positiva, ya que notamos el interés en concretar este plan, y que sea una realidad a la mayor brevedad posible”, dijo el senador. 

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) presentó un proyecto de ley tendiente a aliviar la situación que atraviesan entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes, que pagan moratorias y a partir del 30 de abril vieron elevadas en hasta tres veces, o más, las tasas de los intereses.

La iniciativa está vinculada a la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, fruto de sucesivas medidas que se tomaron durante la pandemia para ayudar a contribuyentes menores, y establece una moratoria vigente que permite a micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes adherirse a planes de pago con un máximo de 120 cuotas a una tasa de interés fija de hasta el 1,5% mensual (18% anual) durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023. 

Según la misma ley, “luego de este plazo se debe aplicar la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados que, en noviembre de 2021, momento en el que se publica la ley, ascendía a 34,12% anual (2,83% mensual). Sin embargo, en abril de 2023, la tasa BADLAR se ubica en el orden del 75% anual. A pesar de que esta tasa se encuentra por debajo de la inflación, la actualización establecida en el monto de las cuotas a pagar triplica su valor”, detalló el legislador en los fundamentos. 

El pampeano explicó que “el aumento de la tasa de interés aplicable a los planes de pago de la moratoria vigente está generando problemas a quienes se han adherido, especialmente en un contexto de dificultad económica. Las cuotas de los planes más largos, que contemplan hasta 120 pagos, presentan incrementos en el orden de 285%, mientras que los planes de menor duración también experimentarán aumentos significativos”.

Bensusán consideró que “frente a este panorama, lo que en su momento fue una solución hoy se transformó en un problema para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ver peligrar la continuidad de sus actividades si no se modifica la Ley N° 27.653 para establecer una reducción de la tasa de financiación”. 

El oficialista señaló que de esta manera “se permitiría que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y eviten la caducidad de los planes de pago, lo que podría generar graves consecuencias, como el surgimiento de intereses y sanciones condonadas, así como de acciones penales tributarias y aduaneras que repercuten en el normal desarrollo de su actividad económica”.

“Atravesamos un momento del país en que es un deber preservar la actividad de las MiPyMEs y de los pequeños contribuyentes, que representan fuentes laborales de un sector que se sacrifica para sacar adelante el país, al igual que las entidades sin fines de lucro. Por eso se debe encarar una solución inmediata, como plantea el proyecto”, concluyó.

Una vez caída la sesión, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) lamentó que el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, “regrese a La Pampa sin el proyecto aprobado”.

Además, Bensusán sostuvo que el proyecto de ley sobre la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como la Ley Lucio, era parte del temario que había impuesto JxC (e incluso el impulsor del proyecto es el diputado del Pro Martín Maquieyra).  

En tal sentido, el senador pampeano lamentó que no se haya continuado con la sesión para tratar los proyectos del temario y expresó: “Debemos garantizar el tratamiento de estas leyes sobre niñez porque surgió a partir de un asesinato en mi provincia”.

En el final, el senador oficialista le pidió a disculpas a los familiares de victimas de accidentes viales que estaban presentes para que se aprobara la ley de Alcohol Cero al Volante.   

El senador Daniel Bensusán recibió al titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna. En el encuentro abordaron detalles del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, promoviendo una serie de cambios, apuntando a la autarquía del organismo.

“El INDEC tiene una importancia sustancial en la definición de estrategias económicas y sociales para nuestro país, y por supuesto que para nuestras provincias. Por eso estamos abiertos a realizar aportes para garantizar la transparencia, responsabilidad y fiabilidad de los datos que emanen de sus estudios”, dijo el legislador oficialista pampeano.

Bensusán coincidió con la necesidad de “regular la planificación y producción de estadísticas oficiales, la realización de censos y la organización de servicios estadísticos”, tal como lo plantea el proyecto.

“Nuestra visión es la de un INDEC que realmente aporte datos a las administraciones provinciales y municipales contemplando los requerimientos regionales, para luego enriquecer políticas locales. La idea de conformar un Sistema Estadístico Nacional puede ir en ese sentido”, añadió.

Por su parte, Marco Lavagna detalló que “esto tiene que ver con la autonomía para todo el trabajo que se hace en base al sistema estadístico nacional. Es un trabajo muy importante, no solo para nación sino en los trabajos posteriores para hacer con las provincias. Al reforzar el sistema, fortalecemos el sistema de como obtenemos y procesamos esa información que se usa para la toma de decisiones”.

“Lo que no se mide, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se puede corregir. Fortalecer el sistema estadístico nacional, tanto el INDFEC como las direcciones provinciales de estadísticas termina significando mejores elementos para decidir”, concluyó el funcionario nacional.

Detalles del proyecto

La iniciativa busca regular la planificación y producción de estadísticas oficiales, la realización de censos y la organización de servicios estadísticos.

En este sentido, que las entidades productoras de estadísticas deberán regirse. Estos principios son los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Propone la creación de un  SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL (SEN). El mismo es entendido como un conjunto de entidades que tienen por finalidad la producción, elaboración y difusión de estadísticas oficiales que describan de manera representativa los fenómenos económicos, demográficos, sociales y ambientales del país.

El SEN tendrá funciones de coordinación de las actividades estadísticas que realicen las entidades que lo integran, y se encontrará conformado por el INDEC, dependencias de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional que desarrollen actividades relacionadas con servicios estadísticos, oficinas del Sector Público Provincial Municipal y CABA que desarrollen actividades relacionadas al servicio estadístico. El INDEC será el ente rector.

El INDEC se transformaría en un ente descentralizado y autárquico, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionando en la órbita del Ministerio de Economía.

El senador nacional Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa) presentó, durante la primera quincena de marzo, una serie de proyectos vinculados a garantizar derechos de las mujeres, frente a situaciones de violencia, incumplimientos de obligaciones alimentarias y reparaciones laborales.

“Siendo marzo el mes de la mujer, trabajamos para presentar estos proyectos de ley, apuntando a garantizar derechos. Legislar en un marco de respeto a la lucha que llevan adelante, es el homenaje más justo que les podemos rendir”, dijo el legislador.

Bensusán consideró que “desde el Congreso podemos seguir aportando elementos, a través de las leyes, para que verdaderamente tengamos una Argentina libre de brechas en cuestión de reparaciones a una lucha que debe seguir teniendo respuestas. Nuestro país cuenta con una legislación importante en este sentido, pero se debe seguir haciendo más”.

Modificación de la Ley 26.485, sobre armas de fuego

En uno de los proyectos presentados, se proponen dos modificaciones de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en lo relativo a las medidas preventivas urgentes.

En primer lugar, se incorpora un apartado específico para aquellos casos donde el denunciado sea un agente de alguna fuerza de seguridad, fuerza armada o servicio penitenciario como presunto autor de un hecho de violencia de género contra las mujeres.

Así, el/la juez/a interviniente deberá poner en conocimiento del hecho a la autoridad competente y ordenar el inmediato retiro del arma de dotación del agente denunciado, disponiendo la suspensión temporaria de la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones.

En caso de que la víctima fuera agente de la misma fuerza de seguridad, fuerza armada o servicio penitenciario, el/la juez/a interviniente deberá garantizarle las condiciones laborales y la continuidad en su puesto de trabajo.

En segundo lugar, se establece que, además de la facultad que tiene la autoridad judicial interviniente de prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, ordene el secuestro de las que estuvieren en su posesión y deberá, en todos los casos, solicitar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) le informe si el presunto agresor cuenta con autorizaciones para la tenencia o portación de armas de fuego, como así también  la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.

“Estas modificaciones están orientadas a no dejar librada a la discrecionalidad judicial estos aspectos, sino establecer concretamente que, frente a una denuncia de violencia de género, la autoridad judicial interviniente deba ordenar inmediatamente el retiro del arma reglamentaria o del arma autorizada para tenencia o portación”, argumentó.

Sanciones por incumplimiento de medidas judiciales

“Lamentablemente, vemos que a veces no alcanza con que la justicia dicte medidas como las restricciones perimetrales, porque es una situación cada vez más común que esas prohibiciones no se cumplan y que las personas violentas lleguen incluso a provocar lesiones o muerte a quiénes se debe proteger”, reflexionó el senador.

Otro de los proyectos presentados propone modificar el artículo 32 de la Ley 26.485, ampliando el abanico de acciones que el juez/jueza interviniente pueda indicar para los casos del incumplimiento de las Medidas Urgentes de Carácter Preventivo, establecidas en la norma. Dichas medidas tienen por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de las víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

La iniciativa, además, modifica el artículo 239 del Código Penal, en cuanto eleva el mínimo de la pena cuando la desobediencia de resoluciones judiciales dictadas sea en protección de una víctima de violencia de género.

Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo

“Existe aún hoy, en nuestro país, legislación vigente que discrimina explícitamente a las mujeres por el sólo hecho de serlo en lo que refiere a su participación en el mercado laboral”, comentó el legislador.

Tal es el caso de los artículos 174, 175 y 176 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, y de las disposiciones referidas al trabajo de mujeres en la Ley Nº 11.317. En ambos casos se trata de normas elaboradas a la luz de paradigmas y corrientes de pensamiento anclados en su época, que distan mucho de los actualmente vigentes en lo que a la igualdad de género concierne. Además de encontrarse en contraposición con todos los instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adherido en materia de protección de los derechos de las mujeres.

La iniciativa por un lado deroga varios artículos de la ley N°20.744, de Contrato de Trabajo.  El artículo 174 establece que las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde dispondrán de un descanso de dos (2) horas al mediodía, salvo algunas excepciones que indica el mismo artículo. Por su parte el artículo 175 prohíbe encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia en la empresa y el artículo 176 establece que queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o insalubre. En el mismo sentido, se propone derogar en la Ley N° 11.317.

Registro de denuncias de personas con cuotas alimentarias en mora

La presente iniciativa promueve la creación del Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias en Mora con el objeto de sistematizar y unificar la información de los registros consonantes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la misma.

La finalidad de la propuesta es que toda persona obligada al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas, establecidas mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, que haya entrado en mora de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, que haya sido intimada judicialmente y que además no pueda demostrar fehacientemente su cumplimiento, sea incluida en el Registro.

Estar registrado, le implicará a esa persona una serie de limitaciones en relación a trámites a realizar en organismos nacionales. Por ejemplo, expedición o renovación de pasaporte; apertura de cuentas bancarias y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles; expedición o renovación de licencias para conducir particulares o profesionales a nivel nacional o de las jurisdicciones locales adheridas; postulación o desempeño de cargos públicos electivos, por concurso o por designación, en forma permanente o transitoria, en cualquiera de los poderes del Estado; postulación y/o desempeño de cargos sindicales; obtención o renovación de matrícula profesional a nivel nacional o de las jurisdicciones locales adheridas a la presente, entre otras.

El senador Daniel Bensusán presentó un proyecto creando el “Registro Nacional de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as (ReNDAM)”. La iniciativa se suma a la que ya tiene media sanción de Diputados y promueve implementar “una base de datos federal que reúna toda la información actualizada de las personas deudoras alimentarias en mora inscriptas en los registros afines de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“La sociedad argentina tiene cada vez más conciencia de que la persona que incumple con la cuota alimentaria acordada no lo hace perjudicando a adultos, sino a sus propios hijos e hijas, y esto es inaceptable”, dijo el senador.

“Con la creación de este registro, de alcance nacional, se harían efectivas una serie de limitaciones para las personas que figuren en él. Esto sería así desde obtener un pasaporte, una tarjeta de crédito e incluso para candidatearse a cargos electivos”, detalló.

Con la misma lógica también fundamentó el impedimento para inscribirse como aspirantes a guardas con fines de adopción, “quien incumple la obligación de la cuota alimentaria acordada no garantiza de ninguna manera que pueda ser responsable de menores”.

La iniciativa del senador pampeano propone la creación del registro teniendo por objeto “implementar una base de datos federal que reúna toda la información actualizada de las Personas Deudoras Alimentarias en Mora inscriptas en los registros afines de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Establece que se considerará “Persona Deudora Alimentaria en Mora a toda aquella obligada al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas establecidas mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, que se encuentre incursa en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, previa intimación judicial y siempre que ésta no hubiere probado su cumplimiento”.

El artículo 7° del proyecto establece que se debe exigir el certificado de cumplimiento para una serie de trámites, entre ellos la expedición o renovación de pasaporte; apertura de cuentas bancarias y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito; postulación y/o desempeño de cargos públicos electivos; postulación y/o desempeño de cargos sindicales; Inscripción en el Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines de Adopción.

“Las personas inscriptas en el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias en Mora no podrán salir del país sin autorización judicial”, propone en el Art. 9°.

Bensusán concluyó que “la categoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país debe ir de la mano con la garantía de protección de los derechos de nuestras infancias  y adolescencias. En este aspecto no se pueden hacer concesiones”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) opinó este martes sobre las elecciones primaras en La Pampa, donde Juntos por el Cambio definirá su candidato entre el Pro y la UCR. “Creo que va a ganar el radicalismo porque el fin de semana estuvo (Mauricio) Macri en Santa Rosa y no fue nadie a verlo”, disparó.

En relacion a eso, el oficialismo explicó: “Es una interna partidaria, obligatoria para los partidos, pero no para los ciudadanos”. “JxC dirimió, en 2019, la interna entre Carlos Macallister (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR), y allí fue la primer gran derrota de Macri”, recordó.

En declaraciones a AM 530, el pampeano aclaró que el Frente de Todos no participará de estas primarias, a excepción de cuatro localidades. “El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, modificó el calendario respecto de las elecciones nacionales y está bueno discutir cuáles son las propuestas de cada intendente y gobernador independientemente de los candidatos a presidentes”, sostuvo.

Consultado por quién considera que debe ser el candidato presidencial del Frente de Todos, el senador se mostró cauto y respondió: “La inflación es un flagelo que le pega a todos, el ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo un gran trabajo. Igualmente la gestión del presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que ha tenido muy en cuenta a La Pampa”.

En el final, Bensusán criticó que al expresidente Macri al decir que “durante los cuatros años de su mandato no nos llegó un solo peso a nuestra provincia”. “Necesitamos un presidente que no se quede solo con lo que ocurre de la General Paz para adentro”, añadió.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) ratificó sus dichos acerca del “perjuicio que causa a las arcas provinciales la decisión de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a Capital Federal, otorgándole un porcentaje superior de coparticipación federal”.

“Lo venimos advirtiendo desde hace rato: el accionar de la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo a la vida institucional de la República Argentina”, aseveró.

Luego de conocido el estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que demuestra el crecimiento del monto coparticipable para CABA del 128,8% desde 2015, producto de lo resuelto en su momento por Mauricio Macri y ahora por el fallo del máximo tribunal, el pampeano consideró que “la CSJ toma partido, sin ningún disimulo, por intereses que nada tienen que ver con la forma de gobierno que nos dicta la Constitución Nacional. Atentan contra la democracia, el sistema republicano y el federalismo”.

“Hoy podemos decir que la Corte Suprema le quita a la Justicia en Argentina la venda de sus ojos y utiliza la balanza a su gusto”, fustigó el legislador que habló de un incremento para la Ciudad “del 2,81% al 4,28% de los recursos coparticipables”.

Además, el presidente de la Comisión de Legislación General insistió que “lo resuelto con la Coparticipación Federal atenta contra los intereses de los Estados provinciales, pero fundamentalmente contra las y los ciudadanos que vivan en cualquier lugar de la Argentina que no sea CABA”.

“A modo de ejemplo: menos coparticipación para La Pampa implica, por ejemplo, menos fondos para invertir en salud. Esos fondos engrosarán las arcas de CABA. Pero si una pampeana o pampeano debe atenderse en un hospital porteño de salud pública, es la provincia de La Pampa la que tendrá que pagar esa atención”, agregó.

Bensusán coincidió con el gobernador Sergio Ziliotto al señalar que la defensa de los intereses de las provincias debe seguir siendo prioritario, “decir que lo resuelto por la Corte en el tema coparticipación es federalismo, es sinónimo de mentirle en la cara a la ciudadanía. Hemos llegado a una situación que debe poner fin”.

El senador nacional por La Pampa Daniel Bensusán celebró el aumento a las becas Progresar: “Es un impulso necesario para seguir por el camino de la equidad para nuestras juventudes. El camino para salir de las crisis y el crecimiento de nuestra nación están siempre vinculadas a la calidad educativa. Por eso es fundamental facilitar el acceso a la educación”. 

Esta semana se anunció un aumento del 22% para estas becas, cuyo beneficio alcanzará a alrededor de 1.700.000 alumnos secundarios y universitarios. El incremento da un total de 150% acumulado desde 2021, con una inversión proyectada para 2023 es de 150 mil millones de pesos. 

“Es un paso enorme para una Argentina que cree en la educación como base del crecimiento. Estas medidas fortalecen ese cimiento. Debemos trabajar para garantizar que esas chicas y chicos puedan finalizar sus estudios y continuar su formación académica y profesional”, agregó el senador por el Frente de Todos. 

En este sentido, expresó que “en el Senado de la Nación ya hay dictamen favorable para transformar en ley al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, es un proyecto de la senadora María Eugenia Catalfamo al que acompañé con mucho gusto. Esperemos que se pueda transformar en ley durante 2023, al igual que Conectar Igualdad. Son dos aportes fundamentales para que estudiar no sea un privilegio de quiénes tienen más dinero”. 

“Coincidimos en que la inversión educativa debe ser una prioridad y que los fondos para concretarse se deben garantizar a través del Presupuesto de cada año. Esa es la diferencia entre quiénes, desde el Congreso, debaten en qué invertir los fondos públicos y quiénes se esconden, no votan las leyes y después critican desde los medios hegemónicos”, expresó. 

Bensusán agregó que el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, “fue muy claro al decir que para una Argentina que quiere ser más justa y federal, es necesario una educación pública de calidad y nosotros, como Estado, somos los primeros responsables de que las y los estudiantes estén en la escuela, recuperen aprendizajes, terminen sus estudios, vayan a la universidad o puedan realizar cursos de formación profesional”. 

“La seguridad, la salud pública, y todas las políticas públicas que dependen del estado, siempre serán más eficientes y llegarán en forma más efectiva con un sistema educativo aceitado y accesible”, concluyó. 

Luego que el oficialismo en el Senado lograra refrendar el decreto que nombra a Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) defendió este jueves que esa designación “es legítima porque está dentro del reglamento y cumple con el mapa de bloques”.

En relación al fallo de la Corte de días atrás, a favor de Luis Juez, donde se cuestionó la partición del bloque oficialista, el pampeano remarcó que “la agrupación en bloques, según afinidad política, es parte del reglamento”, el cual tiene rango constitucional.

En declaraciones a AM 530, el legislador lanzó: “Desde la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema todo ha sido más difícil”.

“Siempre fuimos claros, el Frente de Todos se compone del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Es decir, somos dos bloques al igual que el Pro y la Unión Cívica Radical que conforman a Juntos por el Cambio”, explicó Bensusán. Asimismo, señaló que “la ley dice que son dos lugares para la primera mayoría, uno para la primera minoría y uno para la segunda minoría”.

Consultado por la ausencia de Juntos por el Cambio en la sesión, el senador pampeano lamentó que “muchos gobernadores” se hayan sumado a no asistir y cuestionó: “¿Cómo harán los gobernadores para gestionar si no conocen el Presupuesto?”.

En el final, afirmó que la Cámara de Senadores “es el ámbito más federal de todo el país con tres integrantes por distrito”, y consideró que “los medios de comunicación hegemónicos guían las decisiones de la oposición”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT – La Pampa) concurrió a la sede de la Asociación Pampeana de Equinoterapia y Equitación Deportiva “El Zorzal”, para hacerles entrega a los miembros de la institución los proyectos que presentó en el Senado de la Nación, mediante los cuales se instaura al 1 de agosto como Día Nacional de la Equinoterapia y declarar las actividades de “El Zorzal” de interés legislativo.

Bensusán resaltó el trabajo que se lleva adelante desde las instituciones que brindan equinoterapia en La Pampa y en todo el país y destacó: “Es notable el crecimiento y la efectividad de las tareas de rehabilitación, integración e inclusión social que se pueden observar en los centros que desarrollan la equinoterapia, logrando claras mejoras en la calidad de vida de las personas”.

“La Pampa tiene alrededor de una decena de centros que brindan equinoterapia. Y se calcula que aproximadamente 10 mil personas que recurren a esta actividad con fines terapéuticos o de recreación, con resultados comprobados y alentadores”, comentó.

En cuanto a la asociación “El Zorzal”, contó que “sus 18 años de experiencia y los cinco centros distribuidos en distintos puntos de la provincia la ubican como una de los principales referentes. Además, tienen participación activa en órganos como el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Por eso creemos que es necesario un reconocimiento a la trayectoria de la institución”.

Matías Baldone, fundador y presidente de la Asociación, comentó que en la actualidad “ha tenido un gran impacto todo el trabajo que han desarrollado estas instituciones. Además de sus alumnos, hay muchísimas más personas que necesitan la actividad y se tiene que seguir trabajando para seguir abriendo más centros, y más equipos también”.

Además, expresó que “dentro del desarrollo y objetivo social, no solamente se cuentan con actividades terapéuticas y deportivas, sino que dentro de los objetivos también está darle la posibilidad de una formación laboral para que el día de mañana sean futuros cuidadores de caballos. Un oficio que en cualquier ámbito ecuestre es indispensable: polo, pato, equitación, y la misma equinoterapia. También es un gran objetivo que tiene la institución, la futura salida laboral de los alumnos”.

La fecha del 1 de agosto, como Día Nacional de la Equinoterapia surgió a instancia de la Red Argentina que agrupa a las instituciones que se dedican a la actividad.  Ese día, en el año 2005, fue la inauguración del Primer Congreso de Equinoterapia de Argentina. La Red está formada todos los Centros vinculados a actividad del país, quienes de manera democrática votaron y llegaron al mencionado resultado.

“La fecha es considerada de gran importancia por los Centros de todo el país dada la gran trascendencia y auge a nivel nacional e internacional que tuvo, permitiendo que la Equinoterapia, como actividad terapéutica, comenzara a tener un gran reconocimiento de la comunidad”, expresa Bensusán en los fundamentos del proyecto de ley.

En otro párrafo manifiesta que “el contacto con el caballo aporta facetas educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad. El movimiento que realiza el caballo al andar es muy parecido al que hacemos cuando caminamos. Las personas con algún tipo de trastorno motor al montar, utiliza los mismos músculos que se emplean al caminar, pero a la vez trabaja la postura, mejora su calidad de vida y favorece su inclusión social.

“Conforme con las investigaciones llevadas a cabo por la Federación Internacional de Rehabilitación Ecuestre y de acuerdo con las diferentes prácticas terapéuticas que se llevan a cabo en el mundo, la Equinoterapia está especialmente indicada para personas con discapacidad”, plantea en el proyecto.

“El Zorzal” es una institución con 18 años de experiencia que cuenta con 5 centros en la provincia en Santa Rosa, General Pico, Realicó, General Acha y Alpachiri.  Dentro de sus objetivos sociales cuentan con la posibilidad de fomentar la actividad a través de capacitaciones y jornadas, de las cuales ya dieron 30 a nivel provincial, nacional e internacional.

Son la única institución que cuenta con esa cantidad de centros y que brindan la actividad totalmente gratuita. Atienden a personas con discapacidades mentales, motrices y sensoriales, pero también a alumnos en estado de vulnerabilidad social, riesgos sociales, adicciones y adultos mayores. la institución cuenta en la actualidad con 285 alumnos.

El senador pampeano Daniel Bensusán (Frente de Todos) manifestó que “el compromiso con la industria argentina sigue latente. En tiempos de crisis económica, debemos redoblar los esfuerzos por legislar en favor de fortalecer la actividad y las fuentes de trabajo genuino que representan”.

Bensusán participó de una jornada de trabajo en el astillero y taller naval Tandanor, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Sergio Leavy, y un grupo de legisladores de la Cámara alta.

Tandanor cuenta con una historia de 143 años de vida. A partir del año 2010, junto al astillero “Almirante Storni”, forma parte del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). Fue privatizado en la década del 90 y vuelto a la órbita del estado argentino en 2007.

“Este complejo se ubica hoy, por su capacidad productiva, en un lugar privilegiado a nivel sudamericano y entre los tres primeros del mundo. Provee del servicio a naves estatales, pero también lo hace con el sector privado. Creemos que es un claro ejemplo de lo que se puede hacer a través de una buena administración estatal”, comentó el senador.

También destacó que “la planta de empleados es de 500 personas, altamente calificados, y alrededor de 300 más con distintos contratos, como para tener una idea de la magnitud de las tareas que se llevan adelante en este complejo. Las y los trabajadores con propietarios también de la empresa, porque al volver a manos del estado se transformó en una empresa mixta, con capital accionario estatal y de los trabajadores”.

“Esta fue una jornada muy positiva, porque pudimos interiorizarnos sobre la importancia de este complejo, para la industria naval argentina. Como legisladores debemos fortalecer y defender con nuestro trabajo a empresas como esta, que son un orgullo para nuestro país”, agregó.

“Tuve el agrado de dialogar, durante gran parte de la jornada, con el ingeniero naval Raúl Ramis que, además de ser director de Ingeniería y Construcciones del complejo, es un pampeano oriundo de Eduardo Castex. Él tiene una larga trayectoria en Tandanor y nos explicó sobre la historia de la empresa, los vaivenes que sufrió, sobre todo con la privatización de los 90, la reestatización de 2007 y el abandono que casi la obliga a cerrar sus puertas en 2017”, manifestó el senador.

Finalmente estimó que desde el Congreso de la Nación “el compromiso con la industria argentina sigue latente. En tiempos de crisis económica, debemos redoblar los esfuerzos por legislar en favor de fortalecer la actividad y las fuentes de trabajo genuino que representan”.

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Cristina López Valverde (San Juna) respectivamente, el FdT logró este miércoles el dictamen del proyecto que propone crear por ley el Programa “Conectar Igualdad” que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales.

Al inicito del encuentro, que se realizó en el Salón Illia, el senador pampeano procedió a explicar el proyecto de su autoría y recordó que el Programa Conectar Igualdad se creó en el 2010 que consta de la entrega de notbooks y material tecnológico educativo a los alumnos de escuelas secundarias de gestión pública de todo el país que tuvo “innumerables beneficios para todos los alumnos que han recibido los dispositivos”.

 “Creemos en la necesidad de que sea una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno que pasen, que se mantenga en el tiempo. Es un Programa que achica la brecha digital y social del país y, uno de los fundamentos del Programa, es una política de inclusión tanto digital, tecnológica y social sobre todo para alumnos que no pueden acceder a la adquisición de estas computadoras y para los docentes de las escuelas”, explayó Bensusán.

Por otro lado, comentó que el proyecto se trató en varias reuniones de asesores en las que se “tomaron varias observaciones y se hicieron modificaciones al proyecto original. Creo que hemos llegado a una redacción final del proyecto de ley en el que los asesores que participaron estuvieron todos de acuerdo”.

A su vez, remarcó que “desde el primer momento estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación y ellos también dieron el visto bueno para que este Programa pase a ser ley”. También informo que, según datos del Ministerio de Educación, se llevó conectividad a 2000 escuelas y se estima que “para fin de año 9 de cada 10 alumnos puedan tener internet en sus aulas y estaríamos en los índices más altos de América y de la región en ese sentido”.

En el uso de la palabra, la titular de la Comisión de Educación y Cultura expresó: “Tenemos una gran satisfacción por como hemos trabajado y ampliando el universo del proyecto y es importante que se contemple la educación especial porque hablamos de inclusión, no solo en el sentido de llegar con la computadora un elemento tan necesario para la alfabetización sin descuidar la otra, sino también tener en cuenta a las personas con discapacidad”. Además, dejó abierta la posibilidad de que se incorporen al proyecto otros niveles educativos o ciertas medidas.

La puntana Eugenia Catalfamo (FdT) destacó el tratamiento de tres proyectos en un “día tan especial” -haciendo alusión al Día del Estudiante- porque “dan cuenta de un Gobierno Nacional y popular presente, que siempre se ocupó de llegar a los lugares vulnerables”.

En ese sentido, felicitó a su par de bancada por la iniciativa porque “elimina desigualdades cuando tratamos de que estos dispositivos electrónicos y las computadoras puedan llegar a chicos que no tienen recursos y el acceso directo para poder estudiar y poder formarse”.

En el mismo sentido se expresó la senadora formoseña María Teresa González (FdT) quien sostuvo: “Es una política de Estado inclusiva en todos sus aspectos y también es un quiebre y rotura de barreras territoriales porque en paralelo a este Programa, todas las provincias han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los tendidos de redes fibra ópticas. Este proyecto suma, incluye y amplia fronteras”.

En su intervención, el santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) adelantó su acompañamiento y señaló que “no es solamente un dispositivo, sino que es incluir o no en la educación, es la conectividad”. A su vez, destacó que hay varias provincias que trabajan en el tendido de fibra óptica y consideró que “debe ser impulsado, promovido y profundizado” porque “cuando se recorren las necesidades laborales, se ve que la informativa y la robótica son una especialidad que incluye y excluye de un trabajo”.

En su alocución, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que “no solo es el acceso para los alumnos, sino que fue el primer dispositivo que tuvieron en la casa. Eso produjo una gran revolución y es lograr que aquellas pequeñas localidades puedan tener el acceso a internet”, y agregó: “Lo demostró la pandemia de que aquel que no esta conectado de esa manera esta alejado del mundo”.

La vicejefa del interbloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcó: “Esto es muy importante a nivel nacional”, y recordó que “es un programa que se inició en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Un programa visionario entendiendo que la brecha digital iba a ser uno de los ítems que iba a estar cuantificado en la accesibilidad y en la igualdad para educarse, para trabajar, para hacer un trámite que se aceleró en pandemia”.

“Los datos muestran que en el 2015 llegamos a una brecha digital cero en las secundarias públicas de todo el país es decir que todos tenían una netbook que se fabricaba en Tierra del Fuego, que generaba trabajo, que era el 20% de la industria y que era un programa virtuoso”, ponderó Fernández Sagasti y apuntó contra la oposición: “Todos en pandemia nos dimos cuenta de qué diferente hubiese sido si ese programa no hubiese sido discontinuado por el gobierno anterior”.

A su vez, consideró que “esto también tiene que ser una política de Estado de cada provincia”, y disparó contra el gobernador de su provincia: “Mendoza es la menos conectada de Cuyo. Estamos muy lejos en el ranking de conectividad en el país solo el 37% tiene conectividad. Esto tiene que ser una política de Estado porque las desigualdades pasan por la accesibilidad y la conectividad”.

Y cerró: “Este es un programa que debe unirnos porque está el presente y el futuro en esta ley. tenemos que pensar en la educación digital”.

Luego de la reunión conjunta, Legislación General pasó a la firma un proyecto del senador Ricardo Guerra (FNyP-FdT) sobre autoprotección y poderes preventivos en materia de derechos humanos, y otro del senador Matías Rodríguez (UC-FdT) que modifica el artículo 69 del Código Civil y Comercial, respecto de las causales de cambio de nombre sin intervención judicial.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT – La Pampa) estuvo en Arata, recorriendo e interiorizándose de los proyectos que tiene el municipio para dos terrenos de esa localidad, que pertenecen a Correo Argentino y Ferrocarriles Argentinos. El legislador anunció que “se compromete a colaborar con los trámites correspondientes para que la comunidad aratense pueda contar con esas tierras”.

“Pude dialogar con el intendente Jorge Sosa e integrantes de su equipo de trabajo, sobre el destino que quieren para dos terrenos de la localidad, cuya titularidad están tramitando. Tienen proyectos concretos para esos dos espacios y estoy convencido de que serán en beneficio de las y los aratenses, por eso asumí el compromiso de colaborar desde el Senado para que puedan concretar estas iniciativas”, comentó el legislador.

Del mismo modo, Bensusán agregó que “el intendente le está poniendo la impronta que ha demostrado a lo largo de su gestión a estos proyectos, y uno de los casos hasta tienen los planos avanzados para un nuevo edificio público en el lugar”.

Por su parte, el intendente Sosa anunció: “El predio pertenece a Correo Argentino y tiene proyectado hacer un nuevo centro cívico. Arata crece, y el actual edificio municipal tiene muchos años y la estructura lo siente. Por eso ya estamos trabajando con un arquitecto en el proyecto del nuevo edificio”.

“En ese edificio nuevo llevaremos dependencias que hoy funcionan en casas alquiladas, como el Registro Civil, Acción Social, oficinas del Concejo Deliberante, y varias dependencias que deberían estar en un solo lugar, accesible para toda la población”, añadió.

En el caso del predio cuya titularidad pertenece a Ferrocarriles Argentinos, el jefe comunal informó: “Tenemos la alternativa de construir viviendas sociales para personas mayores. Actualmente estamos quedando sin terrenos municipales para construir viviendas sociales, dada la cantidad que se han estado haciendo, por eso necesitamos ver nuevas alternativas”.

Bensusán y Sosa recorrieron obras que se llevan adelante en la localidad, como el edificio del nuevo colegio secundario y viviendas sociales del Plan Mi Casa.

“Me llevo una imagen muy grata de la impronta que le pone el intendente Sosa a la gestión. El avance de la construcción del nuevo secundario es notorio, sobre todo teniendo en cuenta de que es una obra que anunció el gobernador pampeano Sergio Ziliotto en agosto del año pasado, fue licitada en septiembre y, un año después, vemos que al sueño le falta muy poco para ser una realidad”, comunicó el senador.

Para finalizar, el legislador afirmó: “También pudimos ver las nuevas viviendas sociales en construcción. Párrafo aparte merece la mención al flamante acceso que quedó realmente muy lindo. Siempre decimos que se nota el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los municipios, que indudablemente terminan en beneficio de la gente”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, mantuvieron un encuentro donde se abordó el proyecto del legislador pampeano para que el programa Conectar Igualdad sea ley.

El titular de la cartera educativa aseguró que éste es “un programa muy importante para nosotros” ya que consiste en el “equipamiento tecnológico a los chicos de las escuelas secundarias públicas de todo el país”.

Perczyk recordó que Conectar Igualdad “es programa que ya existía, que el gobierno anterior discontinuó, cerró, desfinanció y que nosotros estamos, con gran esfuerzo, recuperando”. “Convertirlo en ley me parece que es muy importante”, consideró sobre la iniciativa que se está tratando en asesores en las comisiones de Legislación General y Educación del Senado.

En ese sentido, el ministro añadió que “en estos momentos tan difíciles de la Argentina, tan difíciles del mundo, estamos haciendo esta inversión; es en este momento en el que hay que invertir en educación, en este momento hay que hacer jardines, comprar y distribuir libros, comprar y distribuir computadoras, capacitar a los docentes, tenemos que agregar horas de clases, invertir en becas para chicos de las escuelas secundarias, en la universidad, en edificios, en salarios de docentes y no docentes, becas, como la beca “Belgrano”. Es este momento de tantas dificultades es donde tenemos que invertir en educación para estar mejor”.

“Enorme avance en equidad”

Por su parte, Bensusán remarcó que la intención de su iniciativa es que el programa en cuestión “sea una política de Estado y que los gobiernos nacionales de acá en más, garanticen a las alumnas y los alumnos de distintos establecimientos educativos públicos, de toda la República Argentina, que puedan tener su computadora y de esa manera poder acceder a las diferentes aplicaciones para estudiar, para divertirse y para capacitarse, garantizando que en el rincón del país que sea, de la localidad que sea, un alumno, una alumna, tenga su dispositivo”.

Respecto al encuentro con el ministro de Educación, el pampeano expresó: “Él está de acuerdo en que el programa pase a ser ley. Hoy se hace un gran esfuerzo económico desde el Gobierno nacional, del Ministerio de Educación, para volver a adquirir las computadoras y de esa manera garantizarle a los chicos y las chicas su acceso a las tecnologías”.

“También le comenté que gran parte de las alumnas y alumnos pampeanos de los primeros años del secundario público ya tienen sus computadoras, lo que consideramos un enorme avance en cuanto a la equidad en el acceso a nuevas tecnologías y conocimiento. Sabemos que con una computadora solamente no se van a solucionar todas las problemáticas, pero estamos convencidos de que de esta manera se está achicando una brecha importante”, concluyó el presidente de la Comisión de Legislación General.

De la reunión participaron también el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y asesores de ambos.

El senador nacional oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) aseguró que “invertir desde el Estado para garantizar que cada estudiante secundario tenga su computadora no es un gasto, sino planificar una Argentina mejor que achica brechas”. Además, manifestó que “Conectar Igualdad es la garantía de que el sistema educativo, público y gratuito, brinda una herramienta importante para el acceso al conocimiento de las chicas y chicos”.

Asimismo, el legislador pampeano ratificó que “debe ser ley y que debe garantizarse que Internet sea un servicio público en nuestro país” y, además, añadió que “es tiempo de dejar de lado a la patria lobista y garantizar los derechos ciudadanos que permitirán el crecimiento de la Argentina”.

En La Pampa, las comunidades educativas de los segundos años del nivel secundario público ya cuentan con sus respectivas netbooks, al igual que todo el primer nivel secundario de las ruralizadas y técnicas. A su vez, se pudo conocer que, durante el mismo mes de junio, se distribuyeron más de 140 mil netbooks en 1.657 instituciones educativas de las 24 jurisdicciones de todo el país.

“Conectar Igualdad está cumpliendo el rol de inclusión social y educativa para el que fue creado, en 2010 y por eso es uno de los primeros proyectos que presentamos en el Senado es el de transformar en ley al programa”, manifestó el senador nacional Daniel Bensusán.

La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resaltó la función social del programa Conectar Igualdad, en un informe comparativo dado a conocer durante la última semana de junio pasado.

En el informe del organismo internacional, se tomó como ejemplo a la aplicación del programa en Argentina “para recuperar el enfoque socioeducativo”, durante la pandemia. “El contexto de crisis provocado por la pandemia de Covid-19 posibilitó la expansión, aceleración y profundización del rol de las tecnologías digitales en los sistemas educativos de la región”, informó la UNESCO.

Según la agencia Télam, el mismo documento indica que Argentina, al comienzo de la pandemia “enfrentaba la crisis de un reciente cambio de gestión en la administración pública nacional y comenzaba a definirse una política digital en educación orientada a recuperar el enfoque socioeducativo del programa Conectar Igualdad, abandonado en 2016”. 

El informe destaca que “en 2016 se comenzó a desactivar el programa Conectar Igualdad de dotación universal de computadoras, hasta detener totalmente sus acciones en 2018”. Fue por esto que Bensusán fundamentó la necesidad de que Conectar Igualdad, sea ley porque “se debe garantizar la continuidad del programa y no que dependa de la voluntad de quien gobierne para que la comunidad educativa argentina tenga el acceso a esta tecnología como un verdadero derecho”.

El senador nacional Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular -La Pampa) participó, como representante por su provincia, de las reuniones que hicieron en CFI los enviados de los gobiernos provinciales sobre el proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justica y sostuvo que “estamos transitando una crisis institucional del federalismo argentino” y cuestionó el rol del Máximo Tribunal porque invaden “a los otros dos poderes de la Democracia”.

El proyecto fue presentado por el interbloque del Frente de Todos e ingresó este jueves al Senado de la Nación.  La iniciativa propone la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, cuyo punto más trascendente es elevar el número de sus miembros a 25.

Además, fue consensuada entre un importante número de gobernadores, que luego de encuentros realizados en la sede del Consejo Federal de Inversiones acordaron el texto del proyecto, que luego se complementó con el que enviara el Poder Ejecutivo Nacional.

“Estamos transitando una crisis institucional del federalismo argentino, y el punto más alto de esta situación lo podemos ver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ha llegado a un extremo donde cuatro personas resuelven, o intentan resolver, el manejo del servicio de Justicia de toda una nación, y eso es imposible”, dijo el legislador.

Y agregó: “Tal como lo dijo el gobernador Sergio Ziliotto, ampliar la Corte hoy significa ampliar derechos para todas y todos los argentinos. Y también que el análisis del tema se inicie con los gobernadores, el Ejecutivo Nacional y el Congreso. Lamentablemente el accionar de la Corte actual llevó incluso a que invadan a los otros dos poderes de la Democracia”.

Bensusán detalló que “tal como dijo Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la CSJ, estamos ante un proyecto revolucionario, que seguramente logrará recomponer la situación de crisis institucional que atraviesa al máximo organismo de la justicia argentina”.

“La propia Constitución de la Nación Argentina indica que nos regimos con un sistema democrático, republicano y federal, y es claro que la actual CSJ no puede sostener a ninguno de esos postulados. La Corte de tener una mirada federal, y hoy no la tiene. En un sistema republicano el poder debe repartirse y ampliarse, cosa que tampoco está pasando, porque hay una concentración en cuatro personas”, continuó.

El senador manifestó más adelante que “toda esta situación afecta al ejercicio de la democracia. En este momento existen entre 17 y 20 mil causas para que las resuelvan cuatro personas. Si promediamos este dato, concluimos en que deben resolver una causa cada media hora para ponerse al día. Eso, sabemos, no va a ocurrir, porque es imposible. Y en una Democracia se debe garantizar que las ciudadanas y ciudadanos tengan garantizado el derecho a acceder a una justicia ágil y eficiente”.

“Las provincias queremos que se nos escuche, que se nos entienda y se contemple la idiosincrasia de cada provincia y región al momento de resolver las causas. La Corte de cinco miembros se constituyó cuando había un poco más de un millón de habitantes en Argentina. Hoy debemos andar rondando los 50 millones, así que creemos que está más que justificado el aumento de sus miembros.

Fue optimista respecto del acompañamiento de estados provinciales gobernados por la oposición al proyecto, “la situación que vivimos afecta a todas las provincias, sin importar el color político de sus gobiernos. Por ejemplo, el tema que tienen pendiente por resolver sobre coparticipación no es menor. El dinero que debe volver a las provincias es de interés de todas”.

Tras la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la Cámara alta, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) destacó que lo presentado por el funcionario fue “de suma importancia, para conocer y desmitificar lo que realmente pasa en nuestro país”. Además que “respondió (por escrito) a más de 1.100 preguntas, en un trabajo de 856 páginas, siendo el más extenso que respondiera un jefe de gabinete, hasta el momento”.

“Llamó mucho la atención que desde la oposición se exigiera previsibilidad de la economía y de la inversión del Estado nacional, cuando fueron ellos mismos los que no aprobaron la Ley de Presupuesto 2022, que justamente apunta que el Gobierno nacional defina en qué invierte los fondos del año en curso”, señaló.

En este sentido, el pampeano sostuvo que “viendo los números de Presupuestos anteriores, uno puede imaginar los motivos por los cuáles no quisieron debatir este tema. Estamos a las puertas de replantear la federalización del gasto público, en un marco de equidad, para que se valoricen los derechos de toda la población argentina, donde viva“.

“Actualmente un ciudadano porteño tiene, por lejos, ventajas sustanciales sobre una persona que vive en cualquier lugar del país. Se debe terminar con esta inequidad”, reclamó el presidente de la Comisión de Legislación General.

Y criticó, en línea con lo que planteó su par Oscar Parrilli en el recinto, que “mantener los salarios y servicios no personales de Capital Federal lleva el 63% del Presupuesto nacional para este concepto”.
“Para ver los desequilibrios, comparemos también con la recaudación per cápita que se hace anualmente. Por lejos, Capital Federal está primera, con una recaudación de 70.000 pesos” a partir de impuestos propios, resaltó.

También se refirió a otro de los temas sensibles: la distribución de los subsidios al transporte. “Ahora bien, alguien debería explicar los motivos para que, solamente teniendo en cuenta estos números, Capital tenga mayores subsidios en el transporte que el resto de las jurisdicciones del país”, expresó.

En esa línea, el oficialista comparó que “si una persona sube en colectivo en CABA pagará un mínimo de 18 pesos, pero si hace el mismo trayecto en Córdoba, Santa Fe o Rosario abonará 69, 50 pesos. En Santa Rosa, La Pampa, 54; 60 en Corrientes o 64,45 en Bariloche. Realmente no se puede hablar de equidad”.

Continuando con los datos estadísticos, reveló que, en el año 2019, según datos oficiales, “el Gobierno de Capital Federal destinó 6 mil millones de pesos para gastos denominados como superfluos, que incluyen publicidad, propaganda, consultas de opinión y servicios de catering”.

“Todos estos temas deben ser analizados, debatidos y legislados en el Congreso de la Nación. No puede haber legisladores de provincias que sigan porfiando en defender lo que les dictan sus dirigencias partidarias centralistas, a contramano del federalismo que la misma Constitución dicta”, enfatizó.

Finalmente, Bensusán opinó que “no hacerlo es seguir condenando a la miseria a las provincias, que sigan siendo insuficientes los fondos para viviendas sociales, salud o educación. Nuestros comprovincianos y comprovincianas merecen vivir mejor y se debe asumir esa responsabilidad de una vez por todas”.

El senador nacional Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa) se refirió al conflicto por los subsidios al transporte y la diferencia en los precios entre CABA y AMBA respecto a las provincias del interior. En ese marco, manifestó que “equilibrar el precio del transporte urbano será un paso importante para terminar con el centralismo porteño”.

“Acá no se trata de quitarle beneficios a nadie, pero creemos que debe existir un marco de equidad en la cuestión tarifaria nacional, y que vivir en cualquier provincia no sea un castigo para nadie”, expresó el pampeano luego de adherir al proyecto de ley presentado por sus pares de San Juan, Rubén Uñac y Cristina López, relacionado al subsidio del transporte público.

El proyecto fue avalado por el gobernador Sergio Ziliotto y 16 gobernadores más, durante la última reunión de mandatarios, realizada en el Consejo Federal de Inversiones. Manifestaron, a través de un documento, su “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores, en general a toda la sociedad”.

En ese sentido, sostuvo que “equilibrar el precio del transporte urbano será un paso importante para terminar con el centralismo porteño, no tiene ninguna razón lógica que vecinas y vecinos de cualquier provincia paguen tres veces más que una persona de Capital Federal para usar el transporte urbano de pasajeros. Debemos equilibrar de una vez por todas el acceso a los derechos esenciales de nuestra ciudadanía, viva donde viva”.

La propuesta contempla la creación del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), para que se garantice “una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina”.

“Tal como dice el proyecto, se necesita distribuir cualquier beneficio que abarate el precio del transporte con eficiencia económica y equidad social. No se trata de quitar beneficios, sino de que lleguen a todos y todas por igual”, dijo el legislador justicialista.

Y sentenció: “Nos parece una tremenda injusticia que quien se suba a un colectivo urbano de Santa Rosa, La Pampa, pague 54 pesos, en Córdoba, Santa Fe y Rosario casi 70 pesos, mientras que el trayecto más caro en Capital Federal es de 22 pesos. Los privilegios porteños son pagados por toda la población argentina”.

El proyecto también establece la creación del “Fondo Único del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al transporte público de pasajeros” que deberá contar con una suma de $ 360.000.000.000 para el ejercicio fiscal 2022, que deberá actualizarse cada 4 meses.

Finalmente, estimó que los avances que se logren en el equilibrio de las tarifas del transporte público deben ser el primer paso “para analizar y actuar sobre el resto de las tarifas de los servicios básicos. No hablamos de un caso aislado, hablamos de un conjunto de privilegios se deben terminar”.

El senador Daniel Bensusán (FdT-La Pampa) manifestó su preocupación por el creciente número de siniestros de tránsito relacionadas con personas que conducen vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En el marco de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, reiteró el reclamo para que se instauren políticas que garanticen alcohol cero al volante.

“Es un acto de responsabilidad que como sociedad no podemos eludir. Miles de personas mueren anualmente como consecuencia de siniestros de tránsito. Las estadísticas abundan”, dijo en este sentido.

El legislador pampeano acompañó el proyecto de su par Silvina García Larraburu, presentado a comienzos del año en curso, pidiendo modificar la Ley 24.449, de Tránsito, y que se establezca la prohibición de conducir vehículos bajo los efectos del alcohol, con tolerancia cero a la presencia de esa sustancia en sangre.

Comentó que “las causales están vinculadas al exceso de velocidad, falta de cinturón de seguridad, de cascos, por no respetar señales de tránsito y, transversalmente a cualquiera de las causas, el consumo de alcohol”.

Fue contundente al señalar que “en la búsqueda de argumentos con rigor científico, no se encuentra ningún motivo que justifique la existencia de graduación alcohólica por gramo de sangre que sea totalmente inocua al momento de conducir un vehículo”.

La tolerancia actual de alcohol en sangre, en las provincias que permiten un mínimo, no miden el efecto que causa la ingesta en cada persona, debido a las características metabólicas individuales, “queremos que la legislación sobre el tema sea auténticamente federal, que se cumplan en todos los rincones del país. Apenas nueve estados provinciales argentinos tienen en su legislación la prohibición total de alcohol en sangre para conductores”, agregó.

Según publican organizaciones civiles especializadas en el tema, el promedio de muertes, debido a siniestros de tránsito, es de 17 argentinos y argentinas por día, durante los últimos cinco años. Exceso de velocidad y alcohol están presentes en la mayoría de ellas. “Siempre se difunden las estadísticas sobre la cantidad de muertes, pero las secuelas físicas y psicológicas de quiénes participan de este tipo de siniestros también se cuentan por decenas de miles”, expresó en ese sentido.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Facultad de Medicina de la UBA y más de 50 entidades científicas argentinas están de acuerdo con sancionar una ley de alcohol cero al volante.

Bensusán estima que la siniestralidad de tránsito en nuestro país representa una pandemia, de esto habla solamente cuando se produce alguna tragedia de magnitud, pero ocurren todos los días, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en el mundo. Y de esta pandemia sólo se sale no permitiendo ni un gramo de alcohol por litro de sangre”.

Finalmente, alertó que “el Estado tiene la obligación de trabajar por el bien de la ciudadanía. Como Poder Legislativo debemos brindar una legislación que amplíe derechos. Estamos hablando de uno tan fundamental como el de la vida. El alcohol cero es justamente una medida que apunta a brindar mayores posibilidades de vida”.

El senador nacional Daniel Bensusán presentó un proyecto de ley en cuyo articulado se profundiza el acceso a la Ley 27078 – Argentina Digital. Considera en poner sobre el tapete, en forma imperiosa, “que las tecnologías de la información y las comunicaciones vuelvan a ser declaradas por ley como servicio público”.

“Promovemos que aumente la garantía de que el servicio de internet y de los servicios de tecnología de la información y comunicaciones, tengan disponibilidad y lleguen en forma efectiva a la totalidad de la población, sin importar distancias o situación socioeconómica. De esta manera estaremos hablando verdaderamente de servicios públicos”, detalló.

El proyecto prevé también ventajas impositivas para las empresas que tienen participación estatal, como en el caso de la pampeana EMPATEL.

“Esta ley significa un avance importante en cuestión de equidad. Transforma una necesidad en un derecho, como es el de garantizar el acceso a las tecnologías de las comunicaciones digitales a toda la ciudadanía, y que no signifiquen una brecha entre los que más y menos tienen”, expresó.

Bensusán destacó que “este fue un compromiso que asumimos con la ciudadanía, durante la última campaña electoral y lo estamos honrando a través de este proyecto”.

En los fundamentos, Bensusán realizó un recorrido por los avances legislativos que se dieron en la materia, hasta el gobierno de Mauricio Macri, cuando “los servicios de comunicación audiovisual y de las TICs comenzaron a regularse por medio de la ley de oferta y demanda, donde prevalecen intereses económicos en perjuicio de su valor social. Dicho decreto implicó un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos, accesibilidad e inclusión digital”.

Más adelante destaca que la Corte Suprema de Justicia aún adeuda expedirse sobre las medidas cautelares interpuestas por las empresas prestadoras de servicios, ante el decreto presidencial 690/20, que declaraba al acceso a internet, telefonía celular y tv paga como servicios públicos, y sus tarifas sujetas a lo regulado para los mismos.

El legislador amplió, esta vez en lo referido a los precios de estos servicios, explicando que “los precios de estos servicios, considerados esenciales y estratégicos, deben ser regulados por la autoridad de aplicación de la ley, que también deberá reglamentar una prestación básica universal que tenga el carácter de obligatoria”.

“Hay una cuestión que se considera fundamental y es el de lograr que las empresas prestadoras se comprometan a garantizar el acceso gratuito a los portales web con dominio gubernamental, para que de esta manera las y los estudiantes puedan acceder a plataformas educativas y aulas virtuales, en todos los niveles educativos”, añadió.

El senador fundamentó también que se pueden encontrar numerosos antecedentes de los representantes de mi provincia que reflejan la voluntad de achicar la brecha digital y promover el acceso en condiciones de igualdad a los servicios en cuestión. Se han presentado en este Senado algunas iniciativas propuestas por Carlos Verna y Daniel Lovera, durante sus mandatos en la Cámara alta”.

También coincidió con las expresiones del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, en que “debemos seguir trabajando para alcanzar una cobertura total, y pretendemos que eso se replique en todo el territorio nacional, en el convencimiento de que “achicar la brecha digital es la forma más moderna de justicia social”.

Finalmente, aseguró que este proyecto “es complementario con el que presentamos hace unos días, promoviendo que Conectar Igualdad sea ley. Queremos tener docentes, estudiantes y la población en general con posibilidades ciertas de poder contar con las computadoras, pero también con la internet necesaria para su desempeño”.

El presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, Daniel Bensusán (FdT), se refirió este lunes al proyecto del oficialismo para crear un fondo para pagar la deuda al FMI a partir de la recuperación de dólares fugados y adelantó que se realizarán “dos o tres reuniones más y después veremos de sacar dictamen a un proyecto que está abierto a cualquier tipo de modificación”.

Esos próximos encuentros contarán con la presencia de diferentes economistas y especialistas, incluso algunos propuestos por Juntos por el Cambio, luego que la semana pasada se iniciara el debate solo con referentes invitados por el Frente de Todos.

“Lo que escuchamos en la comisión de la semana pasada fueron todas chicanas, de discutir qué es fuga, qué no es fuga. Dejémonos de joder, hay que salir a buscar los fondos. ¿Qué quieren, que lo paguen el trabajador, el comerciante, el industrial, el que apuesta por la Argentina, el que genera fuentes de trabajo? No, que lo paguen los que hicieron negocio en esos cuatro años”, enfatizó el pampeano.

Además, el legislador, encargado de conducir el plenario que incluye también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señaló: “Nosotros damos la posibilidad de que puedan introducir cambios para que después no digan que salen los proyectos inconsultos, como lo dijeron la semana pasada con el Consejo de la Magistratura”.

“La situación económica del país, la inflación, no da para que siga habiendo intereses sectoriales y personales de un lado o del otro”, añadió el oficialista en declaraciones a Radio 10, e insistió que este proyecto busca “dar una herramienta al Gobierno nacional para pagar la deuda con el FMI, deuda que este Gobierno no contrajo, pero que se hizo cargo”.

Bensusán recordó que los propios informes del FMI y del Banco Central indican que, de los 45 mil millones de dólares, “se fugaron un gran porcentaje”. “Vayamos a buscar a los que hicieron el negocio y no lo declararon”, pidió.

Y aclaró que “no es que estamos yendo a buscar a los que ganaron plata porque ganaron plata y estuvieron dentro de las reglas impositivas y las reglas de mercado que había en ese momento, y bueno, hicieron negocio”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT – La Pampa) destacó que en su provincia se están dando avances concretos en cuanto al acceso al conocimiento y al fortalecimiento de la oferta educativa. “Nuestra provincia continúa desarrollando ventajas, en cuanto a herramientas de investigación, acceso al conocimiento y potenciando el sistema educativo en todos sus niveles”, afirmó.

En este sentido destacó que “en los últimos diez días fueron noticias que la Universidad Nacional de La Pampa amplió su oferta educativa, con fondos aportados por el Gobierno provincial. También el reconocimiento nacional por el trabajo de potenciar inversiones para desarrollar la industria del conocimiento, y ahora por el desembolso de fondos nacionales para equipar laboratorios del Polo Tecnológico”.

Ingeniería Biomédica

Bensusán declaró sobre el avance en la carrera de Ingeniería Biomédica, a partir del acuerdo de financiamiento del Gobierno provincial para su puesta en marcha, que se dictará en la UNLPam. “Es un paso importante para nuestra Universidad Nacional de La Pampa, pero lo es más para la población pampeana”, dijo el legislador nacional.

“A través de nuevas carreras, como esta y la tecnicatura en Gestión y Tecnología de los Alimentos, se suma oferta académica, para que las chicas y chicos pampeanos no deban sufrir el desarraigo. En este sentido, ya viene haciendo un trabajo sin precedentes con la UNLPam en territorio, y los resultados ya son visibles”, añadió.

El senador resaltó que “estamos ante un Gobierno provincial que cumple con los compromisos que asume, y esto brinda fortaleza institucional ante la población, y de una Universidad que tiene una estrategia clara de cómo llegar a donde lo necesita el estudiantado y la provincia”.

“En La Pampa se está produciendo un trabajo conjunto entre provincia, universidad pública y municipios, que permite acercar propuesta educativa de calidad para toda la población, en el lugar donde viven. Se cumple con el objetivo de que las distancias y la situación económica no sean barreras para acceder al conocimiento”, agregó más adelante.

“La Universidad Nacional de La Pampa ocupa un lugar importante en el proyecto que trajimos al Congreso de la Nación. Sabemos que el crecimiento de la provincia y su fortalecimiento productivo van de la mano del conocimiento, la investigación y la promoción de nuevos desafíos desde todos los niveles educativos”, reflexionó.

“Con el desembolso que realizó el Gobierno Nacional para el equipamiento de los laboratorios del Polo Tecnológico, tenemos una clara muestra del trabajo conjunto con la administración provincial. El peronismo da muestras de que lo que sus candidatos prometen en campañas electorales, luego se cumple. El gobernador Sergio Ziliotto se comprometió a continuar por el camino del fortalecimiento de la innovación científica aplicada a la producción de La Pampa, y se está cumpliendo”, comentó.

“Más y mejor oferta educativa. Ese es el único camino para lograr el desarrollo pleno de La Pampa. Esto mejora la calidad y la oferta laboral. Ya tenemos ejemplos que marcan que este es el camino. Un ejemplo de esto es que desde la Zona Franca de General Pico se exporta software, desde una firma que es producto de la incubadora de empresas del gobierno y la universidad, con la totalidad de sus trabajadores egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam”, concluyó el senador pampeano.

Mientras las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para el mes de febrero aún siguen sin ponerse en marcha, los senadores del Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy (Salta) y Daniel Bensusán (La Pampa) se reunieron para trabajar en temas a debatir durante el año legislativo.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador salteño compartió una foto junto a su par Bensusán en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en donde contó: “Trabajando sobre los temas que tenemos que afrontar en este año legislativo junto al nuevo senador por La Pampa”.

En @SenadoArgentina trabajando sobre los temas que tenemos que afrontar en este año legislativo junto al nuevo senador por La Pampa @palibensusan. @Senadores_Todos pic.twitter.com/ohzHgmbWxM

— Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) February 10, 2022

El senador nacional Daniel Bensusán manifestó que el relanzamiento del programa “Conectar Igualdad” es “un paso importante en el camino de achicar brechas en el acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías para nuestros estudiantes secundarios y docentes”. 

“Este es un programa que, desde su creación en el año 2010, permitió que se pudieran entregar casi cinco millones y medio de computadoras, brindando un marco de equidad al aprendizaje y la formación, tanto de educandos como de educadores”, comentó. 

Estimó que “se debe tener en cuenta que además de la computadora dicha, también es capacitación, acceso a plataformas informáticas de formación, promoción de investigación científica y la posibilidad cierta de volver a trabajar en el acercamiento de los sectores populares a un territorio del que nunca debió alejarse. Acá hablamos de la aplicación de justicia social por parte del estado”. 

Bensusán destacó también que “este relanzamiento es un paso importante hacia el objetivo que planteamos durante la campaña electoral, de transformar este beneficio en un derecho, a través de una ley. De esta manera, el acceso a estas herramientas no estará sujeto a las voluntades de gobiernos que consideren innecesario el programa y suceda lo que pasó en 2018, cuando se decidió desmantelar Conectar Igualdad”. 

“Entre 2010 y 2015 se lograron entregar más de cinco millones de computadoras, lo cual brinda una idea del significado y la importancia del programa. Además, el manejo de herramientas informáticas significa también mejores posibilidades de lograr un trabajo digno”, estimó. 

Finalmente dijo que “atravesamos una crisis económica mundial sin precedentes y la salida es con mayor inclusión, no dejando afuera a nadie. Conectar Igualdad significa que una persona puede allanar el camino a mejor educación, salud, información y hasta recreación”. 

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT La Pampa) consideró “una muestra de inmadurez política e irresponsabilidad” a las idas y vueltas que presentan gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio, ante la convocatoria gubernamental para que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, ofrezca detalles de las negociaciones que se llevan adelante con el FMI, por la deuda que tiene Argentina con el organismo internacional.

“Resulta inconcebible que los que endeudaron al pueblo argentino, sin pasar por la vereda del Congreso, ahora pongan trabas para la negociación con los acreedores. Fueron ellos mismos los que hace algunas semanas exigieron conocer detalles, y cuando se brinda esta posibilidad, ponen por delante la interna de su partido por sobre los intereses del país”, comentó.

“Estamos ante una clara diferencia en el accionar institucional al momento de gobernar. El propio Fondo Monetario Internacional admitió que los 44.000 millones de dólares que prestó a la Argentina, durante el macrismo, fueron plagados de irregularidades. Esa deuda la tomaron sin consultar al Congreso, y mucho menos lo hicieron para darle el destino que le dieron. Lo aplicaron a la timba financiera y a las provincias no llegó ni un peso para viviendas, salud, educación o seguridad. Varios de los gobernadores opositores y legisladores nacionales de ambas cámaras de Juntos por el Cambio fueron cómplices con su silencio”, continuó el senador.

En este sentido, añadió que “hace apenas un mes, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, dijo que no iban a firmar acuerdos con el FMI “a libro cerrado”, y cuando se ofrece un espacio institucional para conocer los detalles de esos acuerdos, se niegan a participar. Claramente hay una estrategia para debilitar la posición de Argentina ante los acreedores, con una deuda carente de legitimidad y cuyo destino fue admitido por el expresidente Mauricio Macri, cuando dijo que fue todo a la banca internacional”.

“Si fueran una oposición comprometida con el destino de nuestra Nación, deberían sentarse a participar en forma activa y responsable para ver cómo se puede pagar la enorme deuda que dejaron de herencia. Por el contrario, intentan forzar políticas de ajustes y flexibilización laboral, canjeando deuda por precarización laboral”, agregó.

Luego de la sesión en la Cámara de Senadores en la que se aprobó con 37 votos a favor y 1 en contra -de la senadora Alejandra Vigo de Hacemos Córdoba- el proyecto que modificó el impuesto de Bienes Personales, el legislador oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) destacó la aprobación de la iniciativa y criticó el papel de la oposición que estuvo ausente y que consideró como “nula” la sesión porque no se había logrado el quórum en el lapso de tiempo que estima el artículo 15 del reglamento. Además, adhirió al repudio a la denominada “Gestapo macrista”.

Respecto de las modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, proyecto que volvía a la Cámara alta, luego de ser tratado en Diputados, el senador por La Pampa expresó: “Estas modificaciones son un beneficio claro para más de medio millón de personas dejarán de pagar el impuesto. Lo dijimos en la campaña y estamos cumpliendo: trabajar desde el Congreso para aliviar situaciones impositivas de nuestro país y principalmente de la pampeana”.

“Bienes Personales alcanza a un pequeño porcentaje de contribuyentes, alrededor de 16 mil, que son los que poseen los patrimonios más altos. Se grava a individuos, no a empresas, ni a sectores productivos. Al pasar el piso de 2 a 6 millones de pesos, va a excluir de la obligación a trabajadores o empresarios pymes, que de no modificarse hubieran tenido que pagarlo. La falta de actualización del mínimo estaba perjudicando a una cantidad importante de contribuyentes que se iban sumando”, explicó.

Sobre el papel de Juntos por el Cambio, el senador nacional criticó: “Privan de beneficios directos a la sociedad”, y agregó: “La oposición continúa con su estrategia de vaciar de institucionalidad al estado argentino. Esto no es contra un presidente. Es contra el pueblo argentino, porque están privando de beneficios directos a la sociedad en general. Particularmente preocupa el castigo al que siguen pretendiendo someter a La Pampa. Lo hicieron durante los cuatro años que fueron gobierno y ahora pretenden seguir haciéndolo como opositores”.

“Las pampeanas y pampeanos nos votaron para venir a trabajar al Congreso.  A sentarnos en nuestras bancas, a proponer, debatir y votar todas las iniciativas que se consideren en favor de la sociedad argentina. No recuerdo a candidatos o candidatas dijeran a la población ‘voten por mí que no voy a trabajar’, sabíamos que no tenían propuestas claras, pero parece que el único objetivo que tienen hoy por hoy es destituir al gobierno votado por el pueblo argentino”, añadió en el mismo sentido.

En ese mismo contexto, cuestionó: “Nada es casual. Estamos ante una avanzada destituyente. La misma estrategia aplicada hace unos días en la Cámara de Diputados de la Nación, al rechazar el Presupuesto 2022, se está replicando en provincias y municipios que no son gobernados por la oposición”.

“Situación de una gravedad tal que no puede quedar impune”, señaló. Por último, se refirió a la aprobación del proyecto de declaración, aprobado en la misma sesión, que manifestó repudio a la denominada “Gestapo macrista” y precisó: “Es de una gravedad institucional enorme. Es más que un escándalo mediático”.

Y concluyó sobre el tema: “Se debe investigar este incidente. Debemos saber si era un hecho aislado o, como muchos sospechan, una práctica sistemática para armar causas judiciales a quienes pensaban distinto al gobierno que estuvo entre 2015 y 2019”.

Varios senadores oficialistas o aliados criticaron fuerte el voto contrario de la oposición en Diputados que frustró la aprobación del Presupuesto 2022. Entre ellos la senadora misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia Misionero, clave para el oficialismo en la Cámara alta, que criticó a la oposición por haber decidido no aprobar la Ley de Leyes, en una acción que “particularmente afecta a Misiones. Mucho se trabajó para introducir beneficios para nuestra provincia”.

“El centralismo debe quitarse la venda de los ojos y convertirse en federal. Y los legisladores opositores misioneros ya no pueden ser parte de la centralidad de nuestro país. La grieta no es de los misioneros”, criticó Solari Quintana.

En el mismo sentido, la senadora salteña del Frente de Todos Nora del Valle Giménez señaló que “el mismo día que la oposición dejó sin Presupuesto a los argentinos, el INDEC confirmó que el Producto Bruto Interno creció 11,9% en el tercer trimestre del año, lo que representa una suba de 4,1% en relación al segundo, y acumula en el año un avance de 10,8%”.

“Este crecimiento está impactando también en el empleo, que ya recuperó la mayor parte de los puestos de trabajo perdidos por la pandemia. El desafío ahora es recuperar todo lo perdido durante el Gobierno de Cambiemos. Lo vamos a hacer con #Todos los argentinos, sin excluidos”, concluyó la senadora salteña.

Por su parte, el senador nacional pampeano Daniel Bensusán consideró que “es muy grave la actitud que tomaron los bloques opositores al no aprobar la Ley de Presupuesto 2022. Es evidente que hay un intento de desestabilizar al Gobierno nacional, de lo contrario no se entiende cómo se oponen a una ley, sin presentar una alternativa. El único objetivo del que hablaron el todo momento fue ‘tumbar el presupuesto’, como lo manifestaron en todos los medios de comunicación”.

El legislador nacional agregó que “esto no es ajeno a La Pampa. Con su actitud, la oposición pone en riesgo la llegada de obras por alrededor de 13 mil millones de pesos. Entre ellas la ampliación del Acueducto del Río Colorado a General Pico y zona, y la nueva Terminal de Ómnibus para Santa Rosa”.

“Nuestra provincia tenía, en este proyecto que no se pudo aprobar, asignado un monto del 52,4% más que el presupuesto asignado en 2021. Además del acueducto y la terminal, también había otras obras previstas para varias localidades. Tal como lo detalló el gobernador Sergio Ziliotto, también están trabajos en la Ruta Nacional 35, la travesía en el ingreso s Santa Isabel, que le brindaría un grado importante de seguridad a los habitantes de la zona. Además del riesgo que este rechazo implica para obras que ya estaban en marcha”, añadió.

“El gobierno tiene responsabilidad de gestionar y la oposición de aportar alternativas a lo que no estén de acuerdo. La forma en que lo hicieron evidencia que el único objetivo que tuvieron en las elecciones de medio término fue ganar para tratar de destruir al gobierno, bloqueando la llegada de obras públicas, de más trabajo, educación, salud y mejoras en la calidad de vida de nuestra gente”, estimó también.

Bensusán alertó más adelante que “la irresponsabilidad es mayor aún, si se tiene en cuenta que gran parte de la no aprobación del Presupuesto para el año entrante tuvo que ver con una interna de Juntos por el Cambio. Esto quedó a la vista, porque mientras un sector quería dialogar y acordar modificaciones, el otro solamente quería que no se aprobara, sin aportar nada”.

“La gravedad aumenta, si se tiene en cuenta que se necesita de esta Ley para brindar fortaleza a nuestro país en la negociación por la deuda con el FMI. De esta manera lo único que se logra es perjudicar a todas y todos los argentinos”, expresó, sobre el momento de gran expectativa económica que se vive actualmente.

“Me resulta alarmante que entre los que votaron en contra se encontraban los legisladores opositores pampeanos, uno de ellos hasta sugirió que sea la provincia la que se haga cargo de las obras que se pensaban hacer con fondos nacionales. Tristemente dejan al descubierto que no solo intentarán desestabilizar al gobierno nacional, sino también al provincial”, concluyó el senador.