El legislador bonaerense sostuvo que la situación actual del país se debe al “abandono” del Estado por parte de los gobiernos kirchneristas.
El diputado provincial Daniel Lipovetzky (Pro) y candidato a intendente de La Plata de la mano de Patricia Bullrich, expresó en las redes que “hay que enfocarnos en el rol de oposición y trabajar en una hoja de ruta clara para gobernar a partir del 10 de diciembre”.
Lipovetzky manifestó que “no es momento para discutir candidaturas sino para llevarle de algún modo tranquilidad a la ciudadanía para que sepa que este desaguisado de inseguridad física y económica en el que estamos viviendo terminará a partir del 10 de diciembre”.
Además, sostuvo que “parece que el kirchnerismo, no quisiera hacerse cargo y no logra estabilizar ni un milímetro las finanzas para poder paliar la tremenda crisis de la Argentina, generando cada vez más inflación y pobreza”.
“El abandono y la desidia por parte del Estado es tal que esto no da para más, pero como oposición responsable le solicitamos a la gestión kirchnerista que debe de llegar a cumplir su mandato porque esto en cualquier momento estalla”, señaló.
En tal sentido, el diputado Lipovetzky, pidió -haciendo clara alusión a algunos de sus competidores, incluso de su propio espacio- que “no sigamos en los chiquitajes, no es momento, el país está ardiendo en una crisis económica que ya supera ampliamente a la del 2001”.
Del mismo modo, Lipovetzky afirm{o: “Propongo no discutir candidaturas, ni hablar sobre las mismas al menos durante 30 días, por respeto a la ciudadanía, sugiero ser más propositivos para llevarle algo de calma a la gente”, y agregó: “Después ya tendremos tiempo de hablar quién es quién, quién gasta la suela de los zapatos en cada distrito, se embarra y habla continuamente con la gente y no solo busca sacar rédito con la desgracia que está viviendo el país”.
Por último, expresó: “Seré el primero en desenmascarar a determinados personajes egoístas y oportunistas que no son conocidos más que para fotomontar carteles que nada aportan a la desesperación general. La gente nos quiere firmes, y esa será mi conducta tal como la expresada por la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich”.
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, considera “imperativo” que la justicia dé curso a su pedido, eliminando una norma que considera “restrictiva”.
El diputado de Juntos bonaerense Daniel Lipovetzky, junto con vecinos platenses, presentaron ante la Justicia un pedido de amparo para que se anule el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, ya que consideran que no es necesario este tipo de medidas en la actualidad.
Esgrimen en la presentación que la actitud del gobierno de Axel Kicillof es “contraria a la normativa a nivel nacional, resulta irrazonable y arbitraria, ya que impide a cualquier ciudadano que no tenga el pase sanitario realizar casi la totalidad de las actividades diarias como, comer en un restaurant, concurrir a un gimnasio, realizar una vida cultural o de esparcimiento, ir a un cine o teatro, ejercer libremente su culto, etcétera”.
Lipovetzky sostuvo que “estamos ante una conducta abusiva, inconstitucional, arbitraria, irracional y con absoluta falta de lógica jurídica por parte del Estado bonaerense, conducido por Axel Kicillof, al dictar resoluciones que pisotean los derechos fundamentales de todos los bonaerenses. Cómo se entiende, por ejemplo, que una persona pueda utilizar el servicio público de trenes sin la necesidad de mostrar su pase sanitario, pero sí se le exija presentarlo cuando decide viajar en colectivo dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, o la habilitación de megaeventos por parte del Gobierno Provincial, donde dicho pase no es exigible. O sumemos otra más a esta línea de absurdos, que un vecino deba acreditar que ha recibido las dos dosis de la vacuna para realizar un trámite ante un organismo público y/o privado porque si no lo hace, tiene prohibida la entrada”.
Lipovetzky también expresó que “el gobernador Kicillof fue más allá de lo establecido en la norma nacional del pase sanitario, afectando libertades individuales de los platenses que decidieron no vacunarse, estableciendo restricciones tanto en el transporte público como para la realización de trámites ante organismos públicos y privados. Por eso creemos que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, es imperativo que la justicia nos acompañe y elimine esta norma restrictiva a los derechos de los platenses y bonaerenses”.
El legislador provincial bonaerense presentó un proyecto por el fallo del juez Ramos Padilla por la megatoma de tierras en Los Hornos.
Ante el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien resolvió que la mega usurpación en el barrio de Los Hornos (250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”) no fue un delito, archivando su expediente, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, expresó su más enérgico repudio y manifestó una gran preocupación por el dictamen.
“La resolución de Ramos Padilla, está cargada de concepciones ideológicas, políticas y sociales y abre la puerta a más tomas de predios y de cualquier bien en propiedad del Estado o de un particular”, señaló Lipovetzky a través de un proyecto de declaración.
Agregó el legislador que “el derecho a la propiedad privada es un Derecho Humano fundamental del Estado de Derecho, el cual es inalienable por terceros y cuyo respeto está íntimamente relacionado con la posibilidad de cada sujeto de poder realizar su plan de vida. La inacción del Estado Provincial en la mega toma de Los Hornos y la resolución del Juez Federal Ramos Padilla quien no cuenta con la competencia para resolver dicha causa, solo deja más desamparados a los bonaerenses y sobre todo a los platenses”.
Proyecto-de-Declaracion-de-Megatoma.-1Argumentando que la ocupación de terrenos se realizó a la luz del día, un magistrado archivó la causa. La reacción de diputados de la oposición.
El juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la causa por la ocupación de tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, en La Plata, argumentando entre otras cosas que la misma se produjo “a plena luz del día”.
A juicio de Ramos Padilla, el hecho no constituyó delito “según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”, y agregó que “el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día”.
“La delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”, agregó en su fallo, donde establece que “los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”.
“El Poder Judicial se jerarquiza cuando los jueces dictan sentencias ejemplares y vigorizan el Estado de Derecho. Pero cuando fallan influenciados por razones sectoriales, el daño que provocan es inconmensurable”, expresó el bloque de diputados nacionales del Frente Pro al reaccionar ante semejante fallo.
“Repudiamos enérgicamente el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, con el que archivó la causa por la megatoma de 161 hectáreas, situadas en Los Hornos, argumentando que la ocupación se hizo sin violencia y a la luz del día. Semejante precedente doctrinario no hace otra cosa que crear condiciones delictivas a futuro, es decir, que en vez de custodiar y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, un magistrado atenta contra la seguridad jurídica”, expresó el bloque que conduce Cristian Ritondo.
Los diputados del Pro exigieron “la inmediata intervención de los gobiernos nacional y provincial, para que apelen este fallo escandaloso en los plazos legales pertinentes, a los fines de defender a los ciudadanos platenses en particular y a los bonaerenses en general”.
“Este fallo dictado por un juez amigo del Gobierno desprestigia al Poder Judicial y nos insta a redoblar esfuerzos para frenar la impudicia de quienes promueven prácticas sociales detestables que someten a riesgo la convivencia democrática y la paz de los argentinos”, expresó la bancada del Pro a través de un comunicado, que concluyeron diciendo que “ante estos casos de degradación populista, estamos y seguiremos estando del lado de la legalidad, de la República y del cumplimento irrestricto de la Constitución”.
A su vez, el diputado provincial bonaerense Daniel Lipovetzky reaccionó señalando que “desde el primer día denuncié la inacción del Estado por la megatoma de Los Hornos. La resolución de Ramos Padilla, quien no tiene competencia para resolver, solo deja más desamparados a los platenses”.
“Es vergonzoso que la justicia legitime el delito de usurpación de tierras”, concluyó el diputado de Juntos.
Ante las quejas de las partes involucradas, se anticipó que el Parlamento tomaría medidas, pero la discusión todavía no arrancó en ese ámbito. Qué opinan los actores principales de este tema clave que amerita una reapertura del debate.
Entre los temas enviados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias no figuró uno que se esperaba estuviera: la Ley de Alquileres. Bandera de campaña de la oposición, que siendo oficialismo hizo mucho para su aprobación, el tema terminó siendo recogido también por el oficialismo, que anticipó que adoptarían medidas urgentes con el tema, habida cuenta de las protestas del sector.
Alquileres, como dijimos, no apareció en el decreto presidencial que incluyó 18 temas para extraordinarias, pero ya no puede haber quejas, pues este año y por primera vez desde que se tenga memoria un Gobierno no alcanza a tratar ni siquiera uno de los proyectos enviados al Congreso en febrero.
Muchas son las alternativas que se manejan en torno a la Ley 27.551 aprobada a mediados de 2020, en plena pandemia, y que pareciera haber generado más complicaciones que las soluciones que se proponía aportar. Pero cuando hoy se escuchan tantas voces críticas hacia esa norma conviene retrotraerse a la aprobación de la misma para recordar el consenso que tuvo cuando fue aprobada. “Esta ley no vino en un plato volador, fue producto del consenso general”, remarca Daniel Lipovetzky al salir al cruce de las fuertes críticas que no solo desacreditan la norma, sino que le ponen su apellido a la misma a la hora de defenestrarla.
Hay que remontarse a la sesión de la Cámara de Diputados del 20 de noviembre de 2019. El Gobierno de Cambiemos estaba de salida, pero así y todo el oficialismo propició esa última sesión en la que dio el primer paso para sancionar la nueva Ley de Alquileres. A continuación, le daría media sanción también a la Ley de Góndolas. Como se ve, dos iniciativas que prometían mucho más que lo que terminaron aportando.
La media sanción para la Ley de Alquileres fue con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones. Se trataba de un proyecto consensuado entre los distintos bloques, que además fue acordado con representantes de todos los actores involucrados.
Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en destacar el principal objetivo que tenía la norma: brindarle mayor estabilidad a los inquilinos -unos 9 millones en todo el país- y equilibrar la relación con los propietarios. La mayoría de las -pocas- objeciones llegaron desde la bancada de Cambiemos, que aportó el mayor caudal de abstenciones. Fueron 18 del Pro (Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Eduardo Cáceres, Alicia Fregonese, Alejandro García, Facundo Garretón, Martín Grande, Fernando Iglesias, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schlereth, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor Stefani, Paula Urroz, Sergio Wisky y Waldo Wolff); dos radicales (Horacio Goicochea y Martín Hernández); otras tantas de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli y Lucila Lehmann; José Moretti (Frente Renovador) y Alejandro Snopek (Consenso Federal).
El proyecto que salió de la Cámara baja establecía los siguientes detalles:
“Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos que se producen”, señaló esa vez Daniel Lipovetzky durante su discurso como miembro informante de parte del oficialismo, al destacar la importancia de tener una nueva norma que venga a atender un tema que no está regulado. “Es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, admitió, recordando la presencia en las comisiones de representantes de todos los sectores para debatir un tema que “no está regulado”.
La norma tuvo, como hemos dicho, un consenso generalizado no solo de los legisladores, sino también de todos los sectores involucrados. Aunque algunos anticiparon también sus objeciones. Es el caso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que consideró importante que el Congreso hubiera sancionado una nueva ley de alquileres, pero cuestionó la extensión de los contratos de dos a tres años debido a la inestabilidad de la economía.
Un proyecto similar había sido aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados debido a que no se trató en el recinto. Por eso en 2019 volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara baja, por lo que el Senado tuvo la última palabra.
Eso sucedió ya en tiempos del Gobierno de Alberto Fernández, el 11 de junio de 2020, cuando la Cámara alta sancionó el proyecto por unanimidad. Fueron solo 41 votos, pues la oposición se había retirado del recinto en rechazo al tratamiento de temas no vinculados a la pandemiade Covid-19.
De tal manera, el proyecto fue convertido en ley con los votos del Frente de Todos, más los de sus aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.
Tras una sesión virtual con clima caliente por la actitud de la oposición, el bloque oficialista criticó “la actitud irresponsable e insensible de Juntos por el Cambio” por no acompañar el debate y la aprobación de la Ley de Alquileres, iniciativa que había apoyado en las comisiones.
En noviembre de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados expresó sus críticas en el acto del Día de la Construcción, el año pasado. “En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta”, expresó esa vez Sergio Massa, al hablar de impulsar una nueva norma para reemplazar la vigente, aunque como hemos dicho, aún no se ha puesto en marcha otro proyecto.
Esta última semana el Gobierno se ha pronunciado en torno al tema. Lo hizo en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo creada para abordar la situación, convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. De la misma tomaron parte representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios relacionados con la temática.
Al cabo del encuentro, el secretario de Comercio anunció la intención de “generar una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios, en el marco de los consensos que surjan”.
Agregó que “estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres. Quisiéramos saber por qué hoy el mercado está en una situación donde es difícil alquilar”.
Un día después, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió también a la cuestión: “Está claro que la Ley de Alquileres, así como está, no cumplió con la función esperada ni por los inquilinos ni por los propietarios y hay que mejorarla”, señaló, agregando que las viviendas ociosas destinadas “como ahorro o especulación inmobiliaria” son de los factores que influyen en los precios de los alquileres, y anticipó que el Gobierno espera “tener medidas pronto” frente a la problemática. ¿Tal vez un impuesto para las viviendas ociosas?
Ante las críticas hacia la ley que tanto defendió desde la Cámara baja, como presidente de la Comisión de Legislación General, el hoy diputado provincial Daniel Lipovetzky reconoce que “hay cosas que no funcionaron y que no estaban previstas en el proyecto original que yo presenté, y que fueron incorporadas en el debate en las comisiones; y otras que tienen que ver con circunstancias que se dieron en el país en los últimos años”.
En diálogo con parlamentario.com, Lipovetzky citó dos temas puntuales que deberían ser modificados: el Registro AFIP y la actualización de los contratos. En el primero de los casos, sostiene que habría que establecer incentivos fiscales para motivar la oferta, y en el otro, cambiar el método de actualización de los contratos.
“Las leyes hay que analizarlas en todo su articulado; hay cosas que están bien y otras que no funcionaron”, reconoce Lipovetzky, que atribuye a la inflación y a la falta de un plan económico los problemas de la ley.
Una de las principales demandas de los dueños es volver a los contratos de dos años. La ley aumentó de 2 a 3 años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato.
Son los propietarios los que protestan por ese tema, no así los inquilinos. Para la Federación de Inquilinos, los tres años fueron un avance para dar previsibilidad a los inquilinos.
El índice de actualización es una de las principales demandas. Para la diputada nacional oficialista Marcela Passo, ese índice “genera incertidumbre no saber cuál será la inflación, habrá que revisar si se puede establecer el aumento solo por el índice de salarios”.
Lo de las garantías sigue siendo un problema: el inquilino debe otorgar hasta dos posibles garantías, una de las cuales debe aceptar el propietario. A los inquilinos les sigue constando conseguirlas y pretenden analizar este punto a fin de que no sea un obstáculo para alquilar, al tiempo que genere tranquilidad en los dueños.
Está dicho que lo del registro ante la AFIP no ha funcionado. El ministro de Hábitat Jorge Ferraresi aseguró que apenas 230.000 de los 2 millones y medio que tienen en radar, están inscriptos.
“Para el propietario genera mayores puertos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el sistema ya tiene y no pedirle a los propietarios que se registren”, asegura Marcela Passo.
Una ley con baja ponderación
Según una encuesta de ZonaProp, la Ley de Alquileres debería ser modificada. Estas fueron las principales conclusiones del sondeo:
Como hemos dicho, durante la campaña hubo voces de la oposición que hablaron directamente de derogar la ley. Una de ellas fue la diputada nacional María Eugenia Vidal, aunque ella no ha presentado aún ninguna iniciativa en ese sentido. Sí lo hicieron sus compañeros de bancada Federico Angelini (Santa Fe) y Héctor Stefani, y la radical Karina Banfi, autores de proyectos que piden lisa y llanamente derogar la Ley 27.551.
Las diputadas Virginia Cornejo (Pro-Salta) y Mónica Frade (CC-Bs.As.) presentaron un proyecto de declaración para expresar su disconformidad con la aplicación de la Ley de Alquileres, en tanto que otros diputados también de Juntos por el Cambio han presentado iniciativas ya no para derogar la ley, sino modificar algunos de sus artículos.
Es el caso de Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe), María Lucila Lehmann (CC-Santa Fe) y Alvaro González (Pro-CABA). Esta última iniciativa es la que cuenta con la anuencia del sector inmobiliario, que salió al cruce en su momento cuando se habló de “suspender” la ley, ya que eso implicaría congelar todo el sistema. Lo que puede hacerse, en todo caso, es derogarla, o elaborar otra norma corregida, sostienen.
Daniel Lipovetzky se resiste a considerar que la ley ha fracasado. “Hay un montón de cuestiones en la ley que son buenas”, aclara ante parlamentario.com, aunque celebra que el Congreso debata el tema para hacer correcciones, pero aclara que las mismas deberían incluir un debate amplio, escuchando a todas las partes y buscar un consenso. “Lo mismo que hicimos nosotros”, remarca.
Cara visible durante el debate del tema en Diputados, el exdiputado nacional del Pro advierte que “ahora muchos se hacen los distraídos”, pero en su momento el proyecto tuvo “consensos importantes” que se reflejaron en la falta de votos en contra. “Esta ley no vino en un plato volador”, ironiza.
Por José Di Mauro
Daniel Lipovetzky reconoce que en la práctica la Ley de Alquileres no cumplió algunos de los ambiciosos objetivos que se había propuesto, pero rechaza que haya sido un fracaso, como así también que toda la responsabilidad de los defectos deba recaer en su persona. Y en ese sentido recuerda la cantidad de votos que recibió el proyecto en la Cámara baja, donde él fue miembro informante, y la ausencia de votos en contra en ambas cámaras. “Particularizar en una sola persona demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Congreso”, enfatiza.
Entrevistado por parlamentario.com, el hoy diputado provincial bonaerense pondera que el Congreso se proponga debatir cambios en la norma, pero aclara que el fondo del problema está en la economía, no en esa ley.
– ¿Cuáles son las razones por las que cree que fracasó la ley vigente?
– Puede que algunas partes de la ley no hayan cumplido su objetivo, pero yo no creo que haya fallado in totum. Las leyes hay que analizarlas en todo su articulado; me parece que hay algunas cosas que la ley incorpora que están bien y hay otras que no funcionaron. En este marco hay cosas que no funcionaron y que no estaban previstas en el proyecto original que yo presenté y que fueron incorporadas en el debate en las comisiones; y otras cuestiones que por supuesto tienen que ver con ciertas circunstancias que se dieron en el país en los últimos años. Y en este marco te diría que hay dos cosas que creo que fueron principalmente las que no funcionaron: una es el método de actualización, que en el proyecto que yo había presentado era semestral y en el debate se consensuó que sea anual. Y en el contexto actual donde hay una inflación altísima, ese índice refleja en definitiva esa inflación. Cuando vemos que los alquileres aumentan el 50% anual, reflejan lo que pasa con la inflación. Pero por supuesto que hacerlo de una sola vez hace que el impacto sea muy alto. Igual, mientras haya la inflación que tenemos, si fuese semestral seguiría siendo un impacto alto, dividido en dos veces.
De todas maneras lo que pasa ahora es que los inquilinos piensan que los alquileres aumentan más que su capacidad de pago, y los propietarios sienten que aumentan menos que lo que ellos quisieran… Esto tiene que ver en definitiva con que la inflación es más alta que lo que arroja el índice, porque en lo que tiene que ver con alimentos%, que es lo que la gente más consume, es mucho más que el 50, y además que los salarios han perdido frente a la inflación. Entonces, el índice nunca va a resolver este problema, más allá de que cuando se lo puso en la ley fue por un reclamo de los inquilinos, que decían unánimemente que cuando iban a firmar los contratos, las inmobiliarias y los propietarios les imponían aumentos que iban por encima de la inflación. Por lo tanto, todos los proyectos establecían índices. Hoy por hoy, con un Gobierno que no tiene plan económico y por lo tanto la inflación no va a bajar, o lamentablemente no pareciera que va a bajar, el índice no funciona y es un tema a cambiar.
El otro -y es otra de las cosas que no funcionaron- es la registración en la AFIP, porque eso debía ser acompañado por incentivos fiscales para que los propietarios se vieran motivados a registrarlos. En un contexto de altísima presión fiscal y con un gobierno que ha creado varios nuevos impuestos, eso no funciona; en su momento yo planteé -y el proyecto original lo establecía- beneficios fiscales que lamentablemente en el debate parlamentario no tuvieron consenso. La registración AFIP tiene que ir acompañada por beneficios fiscales para que haya más oferta, que es lo que está faltando hoy.
Pero yo creo que lamentablemente en el contexto de un gobierno como éste, con una economía como está hoy, ninguna ley de este tipo va a funcionar; no por las características de esta ley, sino porque hay un gobierno sin plan económico y que genera que la situación económica sea un verdadero desastre.
– ¿Qué habría que hacer para solucionar la situación planteada?
– Por supuesto que la situación planteada se soluciona mejorando la economía en primer lugar. Ninguna ley va a resolver los problemas de la economía, ni esto tampoco; no era el objetivo. En definitiva, la ley no pretendía bajar los precios de los alquileres, sino equilibrar la relación de por sí desigual entre inquilino y propietario. Pero más allá de eso, no está mal que el Congreso vuelva a debatir cambios, porque la ley entró en vigencia en un momento muy particular, donde Argentina, en plena pandemia, julio de 2020, con los alquileres suspendidos, con un mercado desvirtuado por toda esa situación, entró en vigencia en un mal momento. Luego, por supuesto, con un Gobierno, que ha hecho un desastre con la economía, este tipo de legislación no puede dar resultados efectivos. Por lo tanto, no está mal que hoy el Congreso vuelva a revisar qué cosas tiene que cambiar de la ley. Insisto, las dos principales son las que mencioné: que haya incentivos fiscales para incentivar la oferta y cambiar la manera de actualizar los contratos de alquiler.
– ¿Habría que reformar la ley vigente, o hacer directamente una nueva?
– Mirá, yo creo que hay un montón de cuestiones en la ley que son buenas. Tienen que ver con el domicilio electrónico; la posibilidad de la rescisión anticipada por parte del inquilino; lo que tiene que ver con los gastos extraordinarios; la posibilidad de ampliar los instrumentos cuando se puedan garantizar los contratos de alquiler… Hay un montón de cuestiones que están bien en la ley. Por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar las cosas que están mal. Pero bueno, por supuesto que el Congreso tiene facultades para debatir lo que considere. Sí creo que hay que hacer lo mismo que hicimos nosotros: un debate amplio, donde escuchemos a las partes, y buscar un consenso; esta ley no vino en un plato volador, se originó en un debate donde participaron representantes de las inmobiliarias, los propietarios, los inquilinos, y todos el día que se dictaminó el proyecto en la Comisión de Legislación General, apoyaron la aprobación de la ley. Ahora muchos se hacen los distraídos, pero la realidad es que la ley cuando se aprobó tuvo consensos importantes y por eso no hubo votos en contra, ni en Diputados, ni en el Senado.
– ¿A qué atribuye los errores que se le endilgan a esta norma?
– Algunos son válidos… Las leyes solamente ven su resultado efectivo cuando se aplican; mientras son proyectos y hasta que no entran en vigencia, no se puede ver sus resultados. Yo creo que hay partes de la norma que en el contexto de la Argentina actual no funcionaron, y por lo tanto hay que cambiarlos, pero no coincido con que se diga que toda la ley es mala. ¿Y por qué se endilgan estos errores? Es por estas situaciones y porque seguramente es gente que ha sido afectada por la ley. Es válido que cada sector pueda tener su opinión, pero también hay que hacerse cargo de que cuando la ley se aprobó, todos los sectores de alguna manera acompañaron. Porque la ley recoge muchos reclamos de esos sectores también. Como por ejemplo de las inmobiliarias, que reclamaban que les preocupaban sus incumbencias profesionales por intervenir un tercero en un contrato, para que sea un corredor inmobiliario, y así fue puesto en la ley. Hoy la ley establece en un artículo que cuando hay un tercero en un contrato, tiene que ser un corredor inmobiliario, o un martillero. Bueno, esto fue pedido por las inmobiliarias, justamente era lo que más les preocupaba.
– ¿Cree que es injusto que se le endilgue la responsabilidad de los supuestos perjuicios que ocasiona esta ley?
– Yo creo que más que injusto, no tiene que ver con la realidad… La verdad que atribuir que los alquileres aumentan por culpa de la ley es falso. Los alquileres aumentan por la inflación; después la ley podrá tener errores, pero los alquileres aumentan por culpa de la inflación y por culpa de la situación económica. De ahí que los propietarios se quejan de que perciben menos de lo que deberían percibir; y los inquilinos se quejan de que los alquileres aumentan. En realidad el problema es la economía, no la ley.
Respecto a la responsabilidad de cada uno, yo soy autor del proyecto original, que se originó en una mesa de trabajo de todo el Gobierno de Mauricio Macri, donde intervenía la Secretaría de Vivienda, la AFIP, la gente de Comercio, por lo tanto hay todo un trabajo previo de nuestro gobierno. Y después, en el debate parlamentario, todos acompañaron. Algunos tenían alguna diferencia con ciertos artículos, pero todos coincidieron en que fuera ley, por lo tanto los que conocen cómo funciona el Congreso -y ni hablar un medio como Parlamentario, que tiene una enorme experiencia- saben que ninguna ley en el Congreso se aprueba por voluntad de un solo legislador: necesita de consensos y decisión política de muchos; en este caso hubo 191 diputados que votaron a favor y ningún diputado votó en contra; y en el Senado tampoco tuvo votos en contra. Por lo tanto, me parece que particularizar en una sola persona demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Congreso de la Nación.
Cuestionada por propios y extraños, ahora hay consenso para cambiar un proyecto que tuvo media sanción en tiempos de Mauricio Macri y convertido en ley con el Frente de Todos. Pero en su momento generó un gran consenso, con muy pocas excepciones.
Hay que decirlo: el hoy diputado provincial Daniel Lipovetzky le ha puesto el pecho a las críticas contra la Ley de Alquileres. Tiene sentido: fue la cara visible del tema en la Cámara baja, que él defendió como presidente de la Comisión de Legislación General que era. En comisión, donde la norma fue modificada con medidas consensuadas, él condujo el debate. Pero en el recinto la votaron todos, o casi todos.
En rigor, el proyecto fue aprobado en la sesión del 20 de noviembre de 2019, sobre el final de la gestión macrista, en una reunión en la que también se aprobó otra ley que en el futuro generaría polémica pero en su momento tuvo bastante consenso: la Ley de Góndolas.
El proyecto que extiende la duración de los contratos a tres años, establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos y ofrece un menú de garantías contó con el apoyo de todos los bloques, que hablaron de la necesidad de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos.
El proyecto fue aprobado con 191 votos afirmativos, no hubo ninguno negativo y solo 24 abstenciones. En efecto, tuvo el apoyo del interbloque oficialista Cambiemos, el Frente para la Victoria, el massismo, Alternativa Federal y la izquierda. Solo se abstuvieron 24 diputados, en su mayoría del Pro.
Las mismas correspondieron a Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Eduardo Cáceres, Alicia Fregonese, Alejandro García, Facundo Garretón, Martín Grande, Fernando Iglesias, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schlereth, Cornelia Schmidt Liermann, Héctor “Tito” Stefani, Paula Urroz, Sergio Wisky y Waldo Wolff, todos del Pro.
También se abstuvieron, por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Lucila Lehmann, igual que dos radicales, Horacio Goicoechea y Martín Hernández.
Fuera de Cambiemos, se abstuvieron el riojano José Moretti, del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina y el jujeño Alejandro Snopek, de Consenso Federal.
Como vemos, el proyecto fue aprobado sobre el epílogo de la gestión Cambiemos. Y recién completó su recorrido el 11 de junio de 2020, en plena pandemia, cuando el Senado lo convirtió en ley.
Las dos normas recibieron luz verde por 41 votos a favor del Frente de Todos y de los monobloques de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), pero en este caso la oposición de Juntos por el Cambio no estuvo presente, pues había rechazado previamente tratar royectos que no estuviesen relacionados por el coronavirus.
La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó su solidaridad con el legislador bonaerense, luego que éste revelara que recibió amenazas de muerte.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó este martes su “solidaridad” con el legislador bonaerense Daniel Lipovetzky, quien reveló en su cuenta de Twitter que recibió amenazas de muerte.
“El odio en el discurso o las redes sociales no es inofensivo. Desata violencia y altera la convivencia. Toda mi solidaridad con @Lipovetzky. Que la justicia actúe pronto para encontrar a los responsables de esta amenaza”, señaló Cerrutti.
Lipovetzky, exdiputado nacional y que hoy ocupa una banca en la Legislatura bonaerense dentro de Juntos por el Cambio, denunció que recibió mensajes en su teléfono con amenazas de muerte.
“No tengo dudas que esto es producto de la irresponsabilidad de los que pregonan discursos de odio con tanta liviandad. Radiqué la denuncia correspondiente para dar con los responsables. La violencia nunca es el camino”, expresó.
Seguidamente, consignó los mensajes recibidos en su celular: “Más vale que andes con seguridad Lipo”, “Mirá que los sicarios en Rosario salen 15k” y “Acá en CABA no es distinto el precio”, dicen los textos.
Comunicado de Juntos por el Cambio
Tras la revelación de Lipovetzky, varios dirigentes de Juntos por el Cambio expresaron su apoyo al legislador, e incluso hubo comunicado. “Toda mi solidaridad con @Lipovetzky y mi más enérgico repudio por las amenazas de muerte que está recibiendo. Si no reaccionamos a tiempo cuando nos decidamos a actuar puede que sea tarde. Este es el momento para que le digamos NO al discurso del odio #Basta”, escribió la diputada nacional Carmen Polledo (Pro).
Otro de los tantos mensajes fue del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien manifestó su “solidaridad con @Lipovetzky por el mal momento que está viviendo. Pedimos que la justicia investigue lo sucedido”.
El diputado provincial aprovechó un debate local para advertir sobre la falta de transparencia y reclamar rendición de cuentas del gobierno que encabeza Axel Kicillof.
En medio de las discusiones en el Concejo Deliberante de La Plata, por la rendición de cuentas, la concejala que además se desempeña en un cargo a nivel nacional, Victoria Tolosa Paz, argumentó que “la gestión municipal incumple todas las normativas establecidas”.
“Si publicará trimestralmente los balances como corresponde, podríamos ver con anticipación estos desmanejos, y no un año después con tan solo 48 horas para analizarlo”, puntualizó Tolasa Paz al considerar la rendición de cuentas del municipio que administra el intendente del PRO Julio Garro.
En este sentido, el diputado provincial platense de JxC, Daniel Lipovetzky, se refirió al respecto y, sin vueltas, afirmó “no hay peor desmanejo que ocultar datos, concejala Tolosa Paz”.
“Le cuento que Axel Kicillof no los publica datos hace más de un año. Así como usted pudo analizar los de la Municipalidad de La Plata y, es lo que corresponde, en la Cámara de Diputados no podemos hacerlo por el ocultamiento del gobernador, de su propio espacio”, completó el diputado de la alianza opositora.
“Es un hecho gravísimo que no haya ninguna publicación desde hace un año en los medios oficiales de la Provincia sobre las ejecuciones presupuestarias de todo el gobierno provincial», remarcó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Y continuó: “no nos olvidemos que es un Gobierno que habla de transparencia y esa es una obligación política y legal, con su máximo responsable al mando, el gobernador Axel Kicillof, que debe publicar los datos sobre estos temas que no se le pueden ocultar a los bonaerenses”. El diputado provincial de Juntos por el Cambio viene desarrollando una campaña de instalación en la ciudad en función que unos meses atrás en declaraciones a la prensa avisó a la política platense de que quiere ser “el sucesor de Julio Garro”. Será el nuevo “Agosto” Lipovetzky?
Legisladores provinciales encabezados por Daniel Lipovetzky, junto a padres de alumnos, presentaron un amparo contra la decisión del gobernador Kicillof.
El diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky junto a otros integrantes de su bloque, acompañados por los padres de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron este sábado un recurso de amparo ante la justicia platense para garantizar el dictado de clases presenciales, ante las últimas medidas impuestas por el gobernador Axel Kicillof, mediante el decreto 181/2021.
El amparo lleva la firma de los diputados bonaerenses Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín, y considera al accionar del gobierno nacional y provincial como “irresponsable” y “contraria al derecho humano a la educación”.
“Ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del presidente y del gobernador, me veo en la obligación moral, no solo como funcionario público, sino también como padre, de presentar un recurso de amparo para defender el derecho humano a la educación”, expresó Lipovetzky respecto de su presentación.
Y agregó: “La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”.
“Acá no se trata de presencialidad versus virtualidad, sino que, si no hay presencialidad, en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires y también de nuestra ciudad de La Plata, no van a tener clases, porque muchos chicos de las zonas más vulnerables no tienen el acceso a la tecnológica necesaria para poder tener sus clases virtuales”, afirmó el diputado Daniel Lipovetzky.
A instancias del diputado Daniel Lipovetzky se busca que esa comisión controle y brinde transparencia a todo el proceso en marcha.
El diputado provincial Daniel Lipovetzky, acompañado por los diputados Matías Ranzini, Fernando Rovello y Guillermo Sánchez Sterling, presentó un proyecto para crear una comisión bicameral para controlar y garantizar transparencia en todo el proceso de vacunación Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.
“Los recientes escándalos públicos, que la justicia determinará si son además delitos penalmente punibles, en los que quedó demostrada la existencia de privilegios inaceptables en la ejecución del plan de vacunación nacional y provincial, es motivo más que suficiente para que la Legislatura de la provincia rápidamente intervenga en el proceso para velar por los intereses de los bonaerenses”, expresó el diputado en su proyecto.
Allí expresa que “las contradictorias declaraciones de los funcionarios públicos responsables, desde la cantidad de vacunas que llegarían (10 millones para fines de febrero) a la inexistencia de procesos púbicos y transparentes de acuerdo a los protocolos decretados pasando por los cientos de imágenes publicadas en redes sociales de personas no pertenecientes a los grupos definidos como prioritarios siendo vacunadas, nos obligan a tener procesos legislativos de control”.
La comisión estará integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de salud pública, presupuesto e impuestos y legislación general de ambas cámaras.
La ley obligará al Poder Ejecutivo a informar detalladamente el plan de vacunación en ejecución, sectores prioritarios, grados de avance, llegada y stock de vacunas. La comisión tendrá funciones de fiscalización, control del plan, los funcionarios responsables deberán rendir cuentas a sus miembros y la misma deberá proponer (de ser necesario) recomendaciones de mejoras del proceso de vacunación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
El diputado Lipovetzky declaró que “el derecho de acceso a la salud, y por ende a un legítimo y respetable lugar en el orden de vacunación, jamás puede ser vulnerado por funcionarios, tanto nacionales como provinciales, que hacen del sistema sanitario nacional y bonaerense un atajo para unos pocos mientras millones de argentinos lo padecen”. Luego agregó que “es indispensable que la legislatura investigue y controle el Plan de vacunación oficial para determinar responsabilidades y asegurar la transparencia total del proceso”.
El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio indicó que estudiaran con detenimiento el proyecto presentado, pero se mostró de acuerdo con los lineamientos fiscales del Presupuesto 2021.
El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky confirmó que en el marco del debate que se viene en la Legislatura sobre el Presupuesto 2021 desde su espacio “planteamos que los gobiernos necesitan ese instrumento para gobernar”.
En diálogo con La Mecha por Radio Provincia, el legislador explicó que “la presentación del proyecto de Presupuesto se vino demorando, pero ahora vamos a estudiarlo con detenimiento, pero nosotros planteamos que los gobiernos necesitan un presupuesto para gobernar”.
Lipovetzky señaló que “nos preocupa que en el listado de las obras de infraestructura hay muchas que faltan”, pero dijo que de todos modos adelantó que sí acompañarían los cambios en materia impositiva.
“El otro punto importante es Ingresos Brutos teniendo en cuenta que es un impuesto importante para las arcas provinciales pero distorsivo, tenemos que buscar la reactivación de la economía y tratar de estudiarlo para que ayude a esa reactivación, hasta ahora lo que vimos nos parece lógico”, aseguró.
Por otro lado, Lipovetzky presentó un proyecto para expropiar la casa de Diego Maradona en Villa Fiorito y señaló que “es una casa histórica que vemos que está en situación de descuido, ocupada por parientes muy lejanos y me parece importante recuperarla”.
Al respecto, explicó que “hay que preservarla, el costo fiscal es muy pequeño y tiene un enorme valor simbólico y una importancia social para transformarlo en un centro de inclusión social”.
Un senador oficialista presentó un proyecto para provincializar a ese predio y uno de Juntos por el Cambio le salió al cruce.
El senador provincial del Frente de Todos Gustavo Traverso presentó esta semana un proyecto para que el parque “República de los Niños”, se restituya al Patrimonio de la provincia de Buenos Aires, se declare Patrimonio cultural y se denomine como “República de las Infancias”.
En su iniciativa, Traverso recordó que dicho parque temático y recreativo fue inaugurado en 1951 por Juan Domingo Perón, mientras que en 1979 la dictadura lo cedió a la Municipalidad de La Plata y sugirió su privatización. El Concejo Deliberante platense votó a favor de la recuperación del predio en 1983.
Ahora, Traverso propone cambiarle el nombre al predio, pasar su administración y explotación a un ente provincial con participación del Estado Nacional y la Municipalidad de La Plata y prohibir su privatización total o parcial.
Inmediatamente le salió al cruce el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky a través de un tuit en el que recordó que decisión del intendente platense Julio Garro y la gobernadora María Eugenia Vidal, “la República de los Niños pasó del abandono a transformarse en uno de los mayores orgullos de La Plata. Arreglen el Teatro del Lago que es provincial, o paguen la tasa de capitalidad en vez de apropiarse de emblemas platenses. No lo vamos a permitir!”, tuiteó el legislador provincial.
El legislador bonaerense anticipó la presentación de un proyecto que involucrará a los recuperados de coronavirus.
En momentos en que cada vez se hace más hincapié en la donación de plasma para ayudar a la recuperación de los enfermos de Covid-19, el legislador bonaerense Daniel Lipovetzky anunció que presentará un proyecto para que la donación de plasma sea obligatoria para los pacientes recuperados.
“Así como la ley Justina marcó un camino. En el marco de esta pandemia se trata de ser solidarios y considerados presuntos donantes salvo voluntad expresa de no serlo”, explicó el diputado bonaerense a través de su cuenta de Twitter.
En ese sentido, remarcó que “la obligatoriedad es un compromiso moral para superar el 10% de donantes actuales de la PBA”.
A través de un proyecto de ley solicitan suspender los aportes laborales que deben realizar los municipios.
Diputados bonaerenses del bloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que se suspendan por al menos tres meses la obligación de los municipios de realizar aportes laborales y así aliviar la carga que estos tienen ante la falta de recaudación en medio de la pandemia del Covid-19.
El documento, presentado por el presidente del bloque, Maximiliano Abad, y los diputados Alex Campbell y Daniel Lipovetzky, insta a que se suspenda “por el término de tres meses, la obligación de los municipios de efectuar los aportes previstos en el artículo cuatro, inciso c, del Decreto Ley 9650/80 y sus leyes modificatorias”.
Asimismo, propone que se faculte al Ejecutivo bonaerense para “prorrogar el plazo de la suspensión dispuesta, en el supuesto de que vencido el mismo continúe la situación de emergencia generada por la pandemia del coronavirus, hasta un máximo de nueve meses”.
“El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, establecerá las modalidades para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y una vez concluida la suspensión fijará la metodología para el pago de los aportes no ingresados con motivo de la misma”, finaliza el proyecto de ley.
Lipovetzky explicó que “la difícil situación a la que se enfrenta el país con motivo de la pandemia del coronavirus y que impacta de manera directa en los ingresos de muchos de sus habitantes, ha reducido de manera drástica los ingresos del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, lo que genera enormes dificultades para cubrir los gastos corrientes”.
Por este motivo, consideró necesario “encontrar formas alternativas para evitar que el impacto de la crisis impida cumplir con las obligaciones de los municipios que, ante la falta de pagos de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, de seguridad e higiene y patentes de automotores, se encuentran en graves dificultades económicas”.
