Fue en un plenario de comisiones del Senado, donde obtuvo dictamen el proyecto que incorpora la condición de “desaparecido” a los legajos de trabajadores del sector privado. También pasaron a la firma cinco iniciativas en materia laboral.
En una reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías y de Trabajo y Previsión Social del Senado, se dictaminó este martes un proyecto de ley que incorpora la condición de “desaparecido-detenido” en los legajos de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado estando en relación de dependencia en el sector privado, con media sanción de Diputados. Luego, la Comisión de Trabajo, presidida por Daniel Lovera (FdT–La Pampa), pasó a la firma otras cinco iniciativas.
Sobre la iniciativa referida a los legajos laborales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Julio Martínez (UCR-La Rioja), recordó que “esto ya se venía tratando en su momento con el sector público, había pedido estado parlamentario. Han pedido por él distintos sectores como las Abuelas de Plaza de Mayo”.
En tanto, Lovera explicó que “este proyecto ya fue sancionado, por eso viene con media sanción del 11 de noviembre del 2020. Hay una norma similar que se encuentra vigente ya para los trabajadores del sector público. Una de las particularidades que tiene es que en el artículo 6 incluye a todas las entidades sindicales y organismos de derechos humanos a colaborar en la identificación de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestro bloque va a acompañar”.
“La idea es contribuir a que haya memoria, verdad y justicia”, expresó Mariano Recalde (FdT–CABA), y agregó: “Lo que sucedió con muchos trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron detenidos y desaparecidos es que no volvían a su trabajo y las empresas los despedían y se daba la finalización del vínculo laboral; porque no volvían figuraban como abandono de trabajo, y se busca reparar eso y que se ponga la verdad en la mesa, para que se haga justicia y respetar la memoria”. “Que se haga este acto de reparación simbólica”, abogó.
Finalizada la reunión conjunta, la Comisión de Trabajo analizó el proyecto de la senadora Beatriz Mirkin (FdT–Tucumán) que incorpora a la Ley 26.844 -de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares- la obligación por parte del/la empleador/a de contratar a favor del personal un seguro de vida colectivo. “La idea central es igualar o poner en las mismas condiciones a las trabajadores de casas particulares con el resto de los trabajadores que tienen la ART y tienen un seguro de vida. En el caso de las mujeres de casas particulares no cuentan con seguro de vida y obviamente ocurre que tienen fallecimientos que no tienen cómo cubrirlos. La idea era adecuar dándole esa misma oportunidad y ampliar los derechos”, manifestó la impulsora de la iniciativa.
Por consiguiente, se analizó el proyecto del legislador Juan Mario Pais (FdT–Chubut) que sustituye el artículo 235 de la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo-, respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito. “Ya tuvo medida sanción en el Senado, pero en Diputados perdió estado parlamentario. Básicamente lo que se pide es que el preaviso cuando se notifique tenga una fecha. La ley actual prevé que el preaviso debe notificarse por escrito sin perjuicio de lo cual no prevé ningún tipo de modalidad de que se pueda obtener fehaciencia de la oportunidad del aviso”, explicó.
Y continuó: “El preaviso tiene consecuencias jurídicas importantes. Primero establece un plazo previo que puede ser de un mes o de dos meses por el cual el trabajador está avisado que se va a prescindir de sus servicios y ese aviso genere el derecho a dos horas de inasistencias para poder buscar otro trabajo y, en el caso que no se cumpla, se dé una indemnización”. “La actual legislación no prevé una forma fehaciente de notificación y hace que el trabajador sea víctima por parte de los empleadores. Es algo que no tiene costo alguno, sino que se busca que se establezca un requisito similar al de la renuncia porque se necesita acreditar la certeza y la voluntad del trabajador. Que sea a través de un escrito”, señaló el senador.
Por su parte, la senadora chubutense Nancy González (FdT-Chubut) explicó el proyecto de ley sobre régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado: “Es un proyecto de larga data y está destinado a los trabajadores que prestan servicio en la industria del pescado y subproductos. Trabajar en plantas pesqueras que trabajan en el frío, en malas condiciones, y llega un momento que no pueden seguir prestando servicios. Hay informes médicos de las enfermedades que sufren los trabajadores al estar expuestos, lo que le produce problemas de artrosis”. Entonces, defendió que se propone “una jubilación anticipada desde los 55 años, con 30 años de aportes, y se combine con otros regímenes, pero el 60% de esos aportes sea trabajando en la industria pesquera”.
Por último, se trataron dos proyectos cuya autoría son de Lovera. Uno propone modificar el artículo 15 de la Ley 25.191 de trabajadores rurales, respecto de actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
“Esta norma lo que hace es que, a pesar de realizar las modificaciones, lo que pasó es que no introdujo cambios en el régimen de sanción y quedó desvirtuado con el paso del tiempo y el proceso inflacionario hizo que las multas quedaran desactualizadas. Han pedido que los valores vigentes que están desde 1999 se actualicen. También que la recaudación de esas multas se destine a capacitaciones y actividades formativas llevadas a cabo por el Renatre”, puntualizó.
El otro proyecto busca crear una la línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular, respecto de lo cual el presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “se busca que sea una línea gratuita, con denuncias de forma anónima para la detección temprana, de contención, prevenir y erradicar el trabajo infantil y adolescente”.
El legislador pampeano confirmó que no buscará renovar su mandato este año. Al anunciarlo, destacó la importancia de “saber dar un paso al costado”.
Presidente de la Comisión de Previsión y Previsión Social, el pampeano Daniel Lovera es un senador de peso. Uno de los 24 que concluyen sus mandatos este año. Y acaba de anunciar que no será candidato a la reelección.
Lo expresó a través de un comunicado en el que habló de la pandemia y de la necesidad de ser racional y de saber “dar un paso al costado”.
“Este es un momento muy delicado. La pandemia nos golpea la puerta de casa y nos afecta toda la vida. Es un momento que requiere unión y racionalidad”, expresó el legislador del Frente de Todos.
Y agregó: “Parte de esa racionalidad es saber dar un paso al costado humildemente en estas elecciones y poner la atención en lo importante, en lo que venimos construyendo como equipo, con todas las energías puestas en defender los derechos de las familias trabajadoras”.
De 56 años, Lovera se manifestó “convencido” de que el gobernador de su provincia, Sergio Ziliotto, “optará por la mejor opción para ofrecer a los pampeanos y pampeanas. Él sabrá elegir una candidata o candidato que esté en comunión a pleno con su gobierno”.
¿Acaso su decisión tiene que ver con la necesidad de hacerle un lugar al exgobernador pampeano Carlos Verna para ocupar su lugar? La respuesta es no. Precisamente Verna anunció esta semana que no será candidato en estas elecciones, remarcando que “en la política nadie es imprescindible”.
Las causas invocadas por Verna fueron las mismas que lo llevaron a no ir por la reelección en 2019: razones de salud. Consultado por FM Alegría, de General Pico, el líder de la línea “Plural” del peronismo pampeano señaló que no es candidato ni tiene candidato para estas elecciones. “Tampoco soy el gran elector”, aclaró el exgobernador. No es un dato menor si se tiene en cuenta que Plural es la línea interna del peronismo local que tiene mayoría en la estructura partidaria. Las otras son “Convergencia”, que encabeza otro exgobernador y exsenador, Rubén Marín, y “Compromiso Peronista”, que también encabeza otro exgobernador, Oscar Jorge.
Verna no anduvo con vueltas: “Tengo cáncer, tengo que resolver este problema y si bien estoy bien, no seré candidato, y además, en la política nadie es imprescindible”.
Tras la aprobación de Diputados, comenzará este martes el tratamiento del primer proyecto, y el miércoles, el del segundo. Fueron convocados el ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria.
El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.
En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.
A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.
El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.
Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.
La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.
Daniel Lovera continúa como presidente, María Belén Tapia vicepresidenta y Oscar Aníbal Castillo secretario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota y delineó algunos aspectos de la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas proyectos con perspectiva de género. Continúa entonces en la presidencia de la comisión Daniel Lovera (FdT-La Pampa) y en la vicepresidencia María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz). Permanece además Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca) como secretario.
El presidente de la comisión resumió el período anterior al definirlo como “un año atípico” y señaló que “supimos construir dentro del disenso respetuoso. La pandemia nos marcó prioridades que nadie tenía previstas, nos enfocó en una crisis que nadie conocía, ni aún todavía conocemos”.
Destacó, además, el tratamiento de temas como “cuidado del ambiente, género, equidad” y solicitó “seguir atendiéndolos”. Por último, remarcó que “esta comisión ha estado a la altura de la circunstancia en un contexto tan inédito”.
En cuanto a la vicepresidenta Tapia, realizó una breve intervención al comienzo de la reunión -de la cual luego se tuvo que retirar- para pedir “evitar que al momento de tratar los temas en el recinto nos tuviéramos que enterar de algunas modificaciones, como sucedió con por ejemplo con la fórmula provisional”. Aclaró que esto “es en virtud del trabajo serio que nos pide nuestra sociedad en el contexto de crisis”.
Algunas senadoras también pidieron la palabra para solicitar que sus proyectos se debatan. Fue el caso de Beatriz Mirkin (FdT), que recordó que “hay un proyecto que lo presenté el año pasado y que fue conversado pero no se tomó una decisión. Es una modificación de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares”
“No modifica ninguna cuestión presupuestaria ni que tenga que ver con otros problemas. Pero sí modifica una cuestión que tiene que ver con género. La posibilidad de que las mujeres sean las que cobren todas las asignaciones de salarios familiares, independientemente de quién trabaje en relación de dependencia. Que cobre la que se ocupa de los hijos”, explicó la legisladora oficialista.
Inés Blas (FdT) también habló de sus propios proyectos sobre género. Señaló que “yo tengo varios proyectos que tienen que ver con el género, relacionados con la paridad de género, en materia de representación en asociaciones sindicales, en negociación colectiva. Paridad en la integración de las comisiones directivas de los sindicatos. Pedirle que pudiésemos darle tratamiento, si no es a todos, es a algunos”.
A modo de respuesta, Lovera aseguró que “ya he recepcionado los proyectos que tienen intenciones de tratar. Los pedidos de las senadoras y de otros senadores vamos a tratar de ponerlos rápidamente en agenda la próxima semana. Son muchos los proyectos que nos han pedido debatir. Algunos, como por ejemplo las licencias especiales, ya han tenido consenso”.
Por último, la senadora Ana Almiron pidió “agregar a estos temas consensuados las acciones laborales y su imprescriptibilidad, que también hubo consenso en la comisión y no lo pudimos pasar al recinto. Por lo menos ver si en asesores, ahora que estamos cerca del 24 marzo, consensuar algún texto entre asesores. Sería importante sacarla para la semana que viene, antes del 24 de marzo”.
En un discurso plagado de críticas al gobierno anterior, el senador denunció que “arrasaron el país” y “generaron la peor crisis de la historia”.
Durante el debate del Presupuesto para el año próximo, el senador Daniel Lovera (Frente de Todos) salió con los tapones de punta contra la gestión de Mauricio Macri: “Nos dejaron un país devastado”, lanzó.
“Podemos pensar distinto, podemos tener diferentes proyectos de país, pero sorprende la imprudencia, la insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos que fueron gobierno hasta hace pocos meses y que nos dejaron un país devastado”, cuestionó Lovera.
El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social advirtió que “el mejor equipo de los últimos 50 años nos hablaba de ‘pobreza cero’, prometía una lluvia de inversiones, y lo que hicieron fue arrasar el país, generaron la peor crisis de la historia, y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina, fue ese equipo el que arrasó el país”.
Lovera insistió: “Fueron absolutamente incapaces para gobernar, y como si esto no les alcanzara destruyeron en cuatro años el salario real en Argentina, que a fines de 2015 era de 590 dólares y a diciembre de 2019 llegó a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria”.
Además, el legislador pampeano recordó que “después del gobierno de Cambiemos los salarios sufrieron una merma de casi el 55% en apenas cuatro años, en ningún lugar del planeta sucedió esto”, y también “la ‘pobreza cero’ dejó en la pobreza a más de 16 millones de personas. Fue un verdadero desastre”.
El senador señaló que “tomaron deuda sin pasar por el Congreso, y estamos hablando de los defensores de la República, que ahora están preocupados por nuestros jubilados y criticando al Gobierno desde el primer día, un Gobierno que está trabajando para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”.
Por último, alertó que “se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo” en la gestión anterior y defendió el Presupuesto 2021, al sostener que se trata de “una acción concreta del plan macroeconómico del Gobierno” y no de “vagas promesas”.
Miembro informante del proyecto para proteger los activos del FGS, el senador pampeano destacó que la iniciativa “es un paso necesario, ineludible e importante para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”.
El senador nacional Daniel Lovera (Frente de Todos) consideró este viernes que “Argentina necesita dar un debate de una reforma seria y estructural del sistema previsional”, al referirse al proyecto de ley que busca proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El pampeano señaló que la iniciativa apunta a “reestablecer el objetivo original que tenía el FGS cuando fue creado”. “Tenemos ante nosotros un proyecto integral que tiende a resolver en forma objetiva ciertos problemas estructurales”, sostuvo.
El titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recordó que cuando se aprobó la Reparación Histórica, durante el gobierno anterior, “se determinó que se financiaría en una primera instancia por los recursos obtenidos del sinceramiento fiscal, recursos que alcanzaban hasta octubre de este año; por las rentas que genere el FGS y, por último, por la venta de los activos de este Fondo, lo cual sería un sin sentido”.
“De seguir este camino, entre 7 y 10 años desaparecería el FGS sin siquiera haber abonado el 50%”, detalló y apuntó que “este programa alcanza a 900 mil beneficiarios de los 7 millones de jubilados y pensionados que tiene Argentina”, por lo cual “se estaría consumiendo la totalidad del Fondo en asistir únicamente a una pequeña parte de los beneficiarios y se dejaría desatendidos a la mayoría”.
Lovera puntualizó que en diciembre de 2015 el FGS estaba en “65 mil millones de dólares”, pero a diciembre de 2019, tras la gestión macrista, “cerró en 33 millones de dólares y habiendo disminuid a menos del 3% las inversiones en proyectos productivos”. Actualmente, “ronda en alrededor de 46 mil millones de dólares”.
“Con este nuevo proyecto se pretende darle un desarrollo significativo”, aseguró y agregó que “para que sirva no sólo como resguardo o garantía, sino que también sea de utilidad para el total de la población activa”.
Para el oficialista, la iniciativa “es un paso necesario, ineludible e importante para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”.
“El presidente Alberto Fernández se ocupó desde el primer día de gestión de la recuperación de los haberes de los jubilados”, defendió y repasó los bonos extraordinarios otorgados, los medicamentos gratuitos, el congelamiento de tarifas y la suspensión de cuotas de créditos de la ANSeS.
En su discurso, el pampeano también destacó la “regularización de los créditos” que se prevé, e informó que “en diciembre de 2019 había un 85% de los titulares de la AUH endeudados, el 99% son mujeres con chicos menores de 18 años; y un 31,6% de los jubilados y pensionados están endeudados”.
“El proyecto reajusta las cuotas a fin de que los más vulnerables puedan cumplir con sus obligaciones sin sacrificar sus necesidades más elementales”, dijo.
Por último, valoró “el fortalecimiento del federalismo” al crearse “un beneficioso plan de refinanciación de deuda que tienen las provincias” con el organismo, en medio de la pandemia por la cual “todas las provincias argentinas se han visto fuertemente golpeadas”.
La iniciativa, que recibió dictamen favorable en comisión, les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales. También se amplía la mensualidad que reciben los contratistas de diez a doce meses.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dictaminó este martes a favor de un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que amplía derechos de trabajadores y contratistas de viñas.
Por un lado, la iniciativa establece para trabajadores y contratistas un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años -con 25 de aportes-, y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas.
Respecto del segundo punto, Fernández Sagasti explicó que en las viñas existe un “contrato laboral atípico” por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, y sin derecho al aguinaldo.
Los contratistas además reciben el equivalente al 15% de la cosecha, pero según advirtió Fernández Sagasti, cuando entregan la uva no se les paga ni en efectivo ni en forma inmediata.
“Cuando entregan la uva no saben cuánto les van a pagar; recién en junio o julio les empiezan a pagar en doce meses la uva que entregaron en marzo o abril”, describió la autora del proyecto, y agregó que “no se le pagan aportes patronales ni obra social”.
Por eso, la iniciativa busca ampliar la mensualidad de diez a doce meses, conservando el pago del 15%.
Por otra parte, el dictamen firmado este martes establece un régimen previsional especial para trabajadores viñateros y contratistas de viñas, igual al que tienen los peones rurales.
De este modo, podrán jubilarse a partir de los 57 años, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes, y recibirán además un adicional del 2% para cubrir la diferencia de años de aportes.
“Todos los trabajadores agrarios tienen un desgaste físico importante porque tienen que trabajar todos los días a sol y a sombra, con frío y calor, los 365 días del año”, fundamentó Fernández Sagasti.
La senadora mendocina destacó que el proyecto beneficiara a “más de 44.000 trabajadores y más de 3.500 familias contratistas del país”.
Julio Cobos (UCR) elogió el proyecto y resaltó que “es un viejo anhelo” del sector y “una asimetría que hay que corregir”.
Por último, dio lugar a una broma: “No sé si Anabel va a ser nuevamente candidata a senadora, pero si se postula a Reina de la Vendimia seguro la van a elegir”.
En la reunión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) también recibió dictamen un proyecto de Cobos que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren el aguinaldo el día anterior al 19 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
La iniciativa comenzó a ser discutida en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Consultarán a la ANSES antes de emitir dictamen.
Comenzó a discutirse este martes en el Senado un proyecto de Beatriz Mirkin (Frente de Todos) para que las mujeres tengan prioridad en el cobro de asignaciones familiares.
La iniciativa se debatió en una reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el oficialista Daniel Lovera, donde se decidió consultar a la ANSES antes de emitir dictamen.
El proyecto de Mirkin modifica la Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones Familiares, agregando el artículo 20 bis para que las mujeres sean quienes cobren prioritariamente la asignación.
“El artículo hoy le da el derecho a recibir la asignación a quien realiza el trabajo en relación de dependencia, y las mujeres que tienen los hijos tienen que ir a juicio para poder ser las que cobran”, argumentó la tucumana.
Sin embargo, desde el propio oficialismo Mario Pais planteó objeciones: si bien coincidió en el espíritu de la iniciativa, dijo que corre el riesgo de tener “dificultades importantes en cuanto a su implementación” y propuso consultar a la ANSES.
Pais explicó que el régimen se asignaciones familiares es “un subsistema contributivo de la seguridad social” y comentó que pueden darse “múltiples situaciones”, como por ejemplo que la tenencia de los hijos esté a cargo del padre.
El senador consideró que el actual artículo 20 de la ley podría modificarse sin mayor problema para que, en caso de que los dos progenitores trabajen, sea la mujer la titular del cobro.
Para el caso de que solo trabaje el hombre, “se podrá establecer que lo percibirá la mujer si tiene la responsabilidad parental”, pero antes de avanzar en esa modificación “sustancial” Pais pidió tener la opinión de la ANSES.
Mirkin aceptó la sugerencia pero pidió firmar el dictamen en cuanto haya acuerdo. “Las encuestas dicen que son los varones los que se piran solos y las mujeres quedan con los hijos”, dijo.
El oficialismo en el Senado avaló una iniciativa que pasa de dos a tres años, en coincidencia con el Código Civil y Comercial. En tanto, las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles.
El Frente de Todos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el dictamen de un proyecto de ley que amplía de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad, planteado por propuestas de Ernesto Martínez (Pro) y Ana Almirón (FdT).
Los miembros de Juntos por el Cambio manifestaron su postura a favor de esto último, pero rechazaron la extensión del plazo de dos a tres años para que el trabajador pueda reclamar.
Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (FdT) consideró que el proyecto “es oportuno, ajustado y justo”, y recordó que antes que la Ley de Contrato de Trabajo “fuera mutilada por una regla de la última dictadura militar”, se establecía “la prescripción en cuatro años”.
Por su parte, la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro) manifestó su desacuerdo con “ampliar el plazo para reclamar los derechos laborales ante la ley”. “Muchas de las empresas cuando tienen situaciones de despido prevén anticipadamente sus gastos para después producir o no la indemnización al trabajador, esto no ocurre en el Código Civil”, sostuvo.
Y agregó: “No creo que sea un problema para el trabajador tener dos años de plazo para ese reclamo, de hecho lo viene teniendo así y eso nunca ha implicado una imposibilidad para poder hacerse de lo que le corresponde”.
Tomó entonces la palabra Mario Pais (FdT), quien resaltó que se ha “intentado muchas veces ampliar el plazo de prescripción” y “en materia laboral tenemos que aggiornarnos y ponernos de acuerdo con el Código Civil”. Además, enfatizó: “Tenemos una manda que es el artículo 14 bis (de la Constitución), por el cual el trabajador es un sujeto de tutela especial”. “Creo que es muy bueno, muy justo y muy necesario”, insistió.
También en contra de la iniciativa, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) expresó su desacuerdo y dijo que “consideraba” que “no tenga el tiempo de dos años el trabajador para poder reclamar ante el empleador, con todas las posibilidades que le da hoy el sistema jurídico”. “Me parece un plazo excesivo, inclusive dos años es un plazo excesivo”, aseguró y opinó que “no va a ser para promover el blanqueo laboral que tanto necesitamos”.
Impulsor del proyecto, el presidente de la comisión, el senador Daniel Lovera (FdT), subrayó: “Estamos hablando de reclamos que, en el caso que sucedan, es porque el empleador estaba en falta y tenía que pagar algo que no pagó”. “Estamos queriendo proteger en forma prudencial en un año más el tema de la prescripción de algo no menor. Si existe el reclamo es porque el empleador no pagó lo que debía pagar”, explicó.
Finalmente, Recalde volvió a intervenir y aseveró que “las discrepancias no son nuevas, son históricas”, e incluso “la idea de reducir el plazo estaba dentro de la agenda del gobierno anterior, de llevarlo a un año solamente”.
“Entiendo, pero no comparto para nada esta idea de proteger la seguridad jurídica de los evasores, los incumplidores, los explotadores. No es nuestra política”, completó.
Luego de la exposición de la titular de la ANSeS ante un plenario del Senado, se generó una discusión en torno a la continuidad del debate del tema en comisiones.
Ya sin la presencia del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien pidió retirarse de la videoconferencia por la necesidad de atender un compromiso, el presidente de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, debió lidiar con los planteos que se sucedieron tras el informe de Fernanda Raverta en torno a la continuidad del debate del proyecto habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSeS y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Lovera hablaba de un cuarto intermedio, cuando la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado pidió la palabra para solicitar que en lugar de continuar con el análisis del proyecto el próximo lunes, lo hicieran el martes o miércoles. El pedido tenía que ver con el hecho de que el lunes Juntos por el Cambio tiene previsto reunirse con sus diputados, con el fin de intercambiar opiniones sobre ese proyecto aprobado en la Cámara baja hace tres semanas.
En el mismo sentido se pronunciaron luego las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien dejó claro el pedido de una muestra de buena voluntad de parte del oficialismo para darles un día más para analizar el tema y llegado el momento aportar propuestas.
Tomó la palabra entonces el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, quien enfatizó que para ellos “tiene una importancia fundamental tratar este tema, sobre todo para los gobiernos de las provincias”. Recordó la amplia mayoría con la que se aprobó el proyecto hace tres semanas, y que desde entonces todos cuentan con ese proyecto para su análisis, y dio a entender entonces que ellos estaban dispuestos a empezar a circularizar el dictamen para sesionar cuanto antes.
Rodríguez Machado apuntó a continuación que todavía los asesores no habían podido ver el proyecto, cosa que Mayans relativizó: “El asesor puede tener una visión, pero el que voto soy yo. El asesor opina si le damos lugar a que opine”. Y luego sugirió que podían incluso tratarlo sobre tablas. “Nuestro bloque está en condiciones de firmar el despacho; aceptamos si la oposición quiere hacer un despacho en disidencia”, remarcó el formoseño, sugiriendo que llevarían el proyecto al recinto dentro de dos jueves.
La senadora Rodríguez Machado aclaró entonces que si lo trataban dentro de dos jueves, no cambiaba nada que volvieran a reunirse el lunes o el martes. Pero aclaró que si la intención era firmarlo este mismo viernes, para poder tratarlo el viernes venidero, los tiempos no les daban. “No va a entrar en el día de hoy, por el horario. Va a estar disponible para la otra semana, ya no ingresa para el viernes siguiente, entra para la otra semana. Si lo firman el lunes es lo mismo”, aclaró.
“Tienen los votos, tienen la mayoría, pero nosotros tenemos los dos tercios. Si quieren firmarlo hoy y no hacer la reunión la semana que viene, pueden, pero tampoco lo pueden tratar la semana que viene”, insistió la senadora cordobesa.
Mientras el senador Lovera destacaba que el proyecto se aprobó en Diputados con 245 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, y habló de la necesidad de “darle celeridad” al tema, laudó el chubutense Mario Pais: “Podemos habilitar un mecanismo que permita conciliar los intereses. Hoy podemos comenzar a firmar el dictamen, y habilitar hasta el martes para que lo puedan firmar los senadores de la oposición”, si estaban de acuerdo, dijo. Y agregó: “Lo importante también es que ellos también tienen los requerimientos de los gobernadores, han visto que el proyecto es positivo”.
Rodríguez Machado coincidió con su par oficialista, pero insistió en dejar en claro que “si se empieza a firmar hoy, no queda habilitado para el viernes que viene. No creo que se cuenten sábado y domingo; pueden empezar a firmarlo, pero hay dos comisiones, no entra para el viernes que viene”.
“Laura, no te das una idea de lo rápido que somos para firmar”, apuntó Mayans riendo, pero luego aclaró que coincidía con el senador Pais, dispuesto entonces a mantener la armonía alcanzada.
El titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado defendió el proyecto que establece un marco legal a la actividad y afirmó que “amplía derechos”.
El titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (Frente de Todos), remarcó que hay diferentes teletrabajadores, en referencia a los salarios que perciben, y por ello se necesita regular la modalidad para evitar “excesos”.
Durante la sesión de este jueves, el pampeano recordó que desde 2002 había proyectos presentados para legislar sobre el teletrabajo, pero la pandemia de coronavirus “aceleró este debate”.
El oficialista subrayó la necesidad de avanzar “en un texto que garantice derechos fundamentales para quienes trabajan bajo esta modalidad y protejan la integridad del empleo”. “La media sanción de Diputados establece pautas fundamentales para salvaguardar el trabajo y la salud”, agregó.
A su vez, el legislador destacó que esta iniciativa “permite que los convenios colectivos puedan ampliar derechos de acuerdo a su sector y particularidad”, enfatizando que “la negociación colectiva es un mecanismo vital” para garantizar “la dignidad de los trabajadores”.
Lovera aseguró que legislar el teletrabajo es algo que “hay que hacerlo para todos los teletrabajdores, no solo para una parte de ellos”. “Esta ley no busca promover el teletrabajo, eso se tendrá que hacer por otro tipo de herramientas”, expresó.
“Aquí nadie quiere poner trabas a nada, ni a quienes generan empleo”, aclaró e insistió que se trata de dar “un marco de respeto a los trabajadores”. “Algunos creen que el teletrabajo aplica sólo a la mano de obra altamente calificada. A pesar de la gran especialización que tiene ese sector, todos los trabajadores deben tener regulado su trabajo”, indicó.
En ese sentido, el presidente de la comisión de Trabajo resaltó que “existe otra parte que no son esos empleados súper especializados, con salarios bien remunerados”, sino los trabajadores que “hoy están obligados a teletrabajar y mañana sin pademia, sin regulación, seguirán en las condiciones que les han impuesto”, además de contar con salarios bajos.
Sobre esto, el senador advirtió que hay empleados que “se están pagando su propia computadora; trabajando en la única mesa disponible en toda la casa; pagando la suscripción a Internet”. Por eso, dijo finalmente que hay que sancionar la ley para evitar “excesos”.
Estuvieron presentes en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el ministro de Trabajo, y Héctor Daer y Hugo Yasky en representación de los sindicatos. La oposición pidió que el sector empresario pueda participar de la próxima reunión.
Con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los titulares de la CGT y la CTA, Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social comenzó a debatir este jueves el proyecto de teletrabajo que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 25 de junio. Durante el encuentro desarrollado de manera telemática, desde la oposición se solicitó la presencia del sector empresario para que pueda expresarse sobre el tema; el oficialismo no puso reparos en que eso suceda, pero anticiparon que tratarán de firmar dictamen la próxima semana.
En el inicio de la reunión, la vicepresidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia, señaló que había pedidos del sector privado para que les dieran espacio para hacer sus planteos ante la comisión, por lo que consultó si se pretendía emitir dictamen este mismo jueves, a lo que el titular de la comisión, Daniel Lovera, aclaró que se trataba de una reunión informativa y que no iban a sacar dictamen todavía. Admitió que la idea es avanzar rápidamente con el tema, por lo que tratarán “la semana próxima, lunes, martes o miércoles, avanzar con un dictamen”.
El tema es que los senadores tienen desde hace tiempo sus propios proyectos. Nueve en particular, correspondientes a los senadores Gladys González, Silvina García Larraburu, Eugenia Catalfamo, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Alberto Weretilneck, Mariano Recalde, Mario Pais y Julio Cobos. Pero el que está en tratamiento es el proyecto proveniente de Diputados. “Veremos cómo consensuamos esto”, puntualizó el pampeano Daniel Lovera, “atento a que no es un proyecto del Poder Ejecutivo el que estamos tratando”, subrayó.
Sobre el final del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que se reunirá en estos días el oficialismo para analizar si deciden introducir modificaciones al proyecto. “Vamos a tomar una decisión y con la misma vamos a ir a la firma de un despacho”, señaló el formoseño.
En su intervención, Moroni planteó dos problemas que genera el tema del teletrabajo. Uno, cómo mantener con el trabajo en el domicilio la vinculación grupal, esto es, que el que no está trabajando dentro de la empresa “no se desconecte del grupo”. Y el otro, que obviamente “estamos mezclando el ámbito laboral con el personal”.
El ministro de Trabajo definió el tema como “un fenómeno irreversible”, aunque luego minimizó su alcance, pues una vez que la pandemia sea superada va a disminuir tal metodología. “Pero no podemos desconocer que va a estar ahí cuando termine esto”, admitió, destacando también que el coronavirus es algo que “ha venido para permanecer con nosotros un tiempo”.
“Hay una necesidad de regular esto”, puntualizó Moroni, que consideró que el tema registra dos problemas: uno, el impacto en la vinculación grupal del trabajador que pasa a hacer teletrabajo; el otro, es la mezcla del ámbito laboral con el personal. Como sea, esos trabajadores deben tener “los mismos derechos que el que está en la empresa”, señaló el ministro, que por otra parte consideró “exageradas” las críticas formuladas al tema de la “reversibilidad”.
A la hora de las preguntas, la senadora del Pro Gladys González -autora de un proyecto sobre el tema en la Cámara alta- consideró que esa es “una modalidad tan dinámica que no hay que encorsetarla. Estamos experimentando sobre la marcha”, dijo, y comentó que los jóvenes desarrollan sus tareas no necesariamente desde su casa, sino también desde la universidad, desde un bar, o desde otra provincia, por lo que desaconsejó “definir en un artículo cómo legislamos”, atento a que la norma tiene en cuenta que el trabajador se desempeñe desde su domicilio. Por eso recomendó tener “una mirada federal” que permita “generar empleo”.
“Me da temor que en vez de promover la modalidad, la obstaculicen, en el afán de regular, regular y regular”, añadió la senadora, que sostuvo que “los empleos del futuro no van a tener nada que ver con los que estamos acostumbrados”.
“La ley no lo impide”, aclaró Moroni a su turno, en referencia a la posibilidad de que alguien trabaje desde otra provincia, y atento a los reparos de Gladys González sobre la reversibilidad, dijo que “tal como está puesta no resiste análisis jurídico; lo que dice la ley es que debe ser reversible; la fantasía de que el trabajador diga ‘mañana vuelvo’ (a la oficina) no es así, porque el resto del derecho establece determinadas condiciones y un marco de buena fe. El proyecto de Diputados deja abierta la reversibilidad a los convenios colectivos a los que les tengo mucha confianza”, enfatizó, asegurando que los mismos representan “una herramienta muy ágil”.
El presidente de la comisión, Daniel Lovera, apuntó que no coincidía en nada de lo que había dicho la senadora del Pro. Y lo explicó: “Lo que digo es que esta es una modalidad, no estamos ante una nueva actividad, y este proyecto de ley, si logramos avanzar y es ley, va a entrar en vigencia cuando se termine el aislamiento. Las empresas van a decidir o no tener la modalidad de teletrabajo, y hay que regular para que no se afecten derechos. No estamos promocionando el teletrabajo, es una modalidad de distintas actividades que se vienen dando y regulando”.
“Hay regulaciones que pueden ir contra la ampliación del empleo”, observó más tarde el senador Esteban Bullrich, muy participativo durante la reunión, quien puso reparos respecto a que el texto del proyecto aprobado en Diputados plantee la necesidad de establecer cuál es la plataforma utilizada. “Para nosotros es un obstáculo”, sostuvo, y luego expresó sus reparos respecto de que una excesiva reglamentación lleve a empresas extranjeras a no contratar aquí. Dijo que el teletrabajo “elimina las fronteras, si obstaculizamos, van a buscar otros lugares. Competimos contra nuestros vecinos. Por cercanía, una mala ley provocaría un flujo de trabajadores”.
“Hay reglamentaciones que obstaculizan y otras que promueven, trabajemos para que sea la que promueve”, sugirió.
Como respuesta, Moroni señaló que “tenemos que hacer que esa herramienta funcione en base a parámetros adecuados”. Y respecto de los reparos de Bullrich, señaló que no le parecía adecuado “entrar en la competencia de naciones con las regulaciones laborales, porque entramos en algo que no forma parte de los objetivos tradicionales de Argentina”.
“Lo aprobado en Diputados deja apertura para no hacer una reglamentación rígida, no debemos interpretar tan severamente los principios que pone la ley de pensar que está puesto de forma negativa para complicar las relaciones del trabajo”, agregó.
Al tomar la palabra, el titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la aprobada en Diputados es “una ley que parte de la idea de establecer presupuestos mínimos, porque acordamos las centrales sindicales que hay que poner un piso a partir del cual los convenios colectivos son los que deberán definir temas como la modalidad y especificidad”.
Recordó que el teletrabajo abarca diferentes ramas laborales, y al ser todas de distintas características, “eso no se puede contener en una ley, de manera tal que acordamos una norma que pudiera dejar después al convenio colectivo de cada sector margen para resolver después cuestiones específicas”.
“Es un buen proyecto de ley, creo que se le hicieron muchos cambios, pero hay algo que quiero resaltar: es un proyecto que salió con el aporte y apoyo de los distintos bloques”, señaló, advirtiendo más tarde que “la ausencia de regulación es fuente de abusos o fuente de conflictos”.
Por su parte, el titular cegetista Héctor Daer advirtió que “en el mundo lo que hay es un camino hacia la precarización laboral de todos los que ejercen el teletrabajo. Esa es parte de la mirada que tenemos todos, porque no hay una promoción específica de este tipo de empleo; lo que hay es una transferencia de los que están en las empresas al seno de los hogares. Pero es una transferencia, y no una promoción” del empleo.
A su juicio, “tenemos que poner normas que no generen ese ‘dumping’ social, tener trabajadores sin derechos que compiten en una globalización cavernícola en el sentido de cómo afecta esa competencia hacia debajo de los derechos laborales. Argentina no debe caer en esas circunstancias”.
“Estamos generando una norma para no caer en lo que en muchos lugares del mundo sucede: transferencia de trabajadores incorporados a una legislación a la precarización del sálvese quien pueda”, expresó Daer en otro pasaje, para alertar sobre “una ofensiva muy grande de quienes tienen otra mirada y nos hablan de promover empleo. La ley laboral lo que hace es achicar las asimetrías que tiene el que tiene todo resuelto, que es el capital, y el que no tiene nada, solo su capacidad física e intelectual para ir en busca de su sustento”.
Promediando la reunión, Daniel Lovera apuntó que el beneficio del teletrabajo “tiene que ser para ambas partes. Yo no sé si va a ser una fuente infinita de generación de empleo, no va a haber más empleados”.
A su turno, el senador Juan Mario Pais, puso sus reparos para convocar a más invitados, porque ya lo habían hecho en Diputados. Sugirió en cambio que los que tengan algo que decir lo envíen a través de los medios digitales, pero “habilitar un debate interminable para que nos digan lo que ya se dijo en Diputados no tiene sentido. Volver a hacer un debate interminable en esta materia es dilatar la discusión”.
“Nadie quiere hacer un debate interminable”, repuso la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que reclamó porque las empresas de su provincia quieren expresar su opinión.
Sobre el final, José Mayans reconoció que el teletrabajo es una modalidad que “viene para quedarse”. “A muchos en vez de tener oficina les va a convenir que el trabajador lo haga afuera, respetando las condiciones de trabajo. Cuidar la dignidad del hombre es un deber”.
El jefe del bloque Frente de Todos señaló que ese es “un tema que estamos discutiendo y lo vamos a resolver. Vamos a sacar una conclusión y como bloque vamos a expresar lo que pensamos que debe ser la ley de trabajo, y vamos a tener en cuenta los aportes que han hecho Bullrich, Gladys González…”. Dejó claro entonces que no necesariamente aprobarán el texto proveniente de Diputados. “Si no nos conforma, tenemos derecho a hacerlo”.
“Estamos llamando a una reunión de bloque y el resultado que tengamos va a ser la propuesta de despacho que tendremos. Como cámara revisora, si decidimos ratificar lo votado por Diputados, eso va a ser ley; si decidimos en el bloque reformar esa propuesta, va a tener Diputados que tener el número suficiente si quiere ratificar su ley”.
Y concluyó anticipando que su bloque va a tomar una decisión y con ella van a ir a la firma de un despacho, probablemente el martes.
El proyecto aprobado en Diputados comenzará a ser analizado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Más de 20 días después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para regular el teletrabajo comenzará a ser debatido en el Senado, donde no se descartan cambios al texto en revisión.
La iniciativa será tratada este jueves a las 11 en una reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Daniel Lovera (Frente de Todos).
El proyecto establece presupuestos legales mínimos para la modalidad del teletrabajo, extendida con la pandemia del Covid-19, y deja en manos de los convenios colectivos las regulaciones específicas de cada actividad.
En la Cámara alta, el oficialismo evalúa mejorar la redacción sobre algunos aspectos, como los accidentes de trabajo, y además persisten los cuestionamientos por parte del sector empresario.
Por caso, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consideró que “de no mediar modificaciones, la ley será de muy difícil implementación”.
“Cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART, parecieran no haber sido atendidas adecuadamente”, sostuvo la entidad este martes.
En la Cámara baja, el texto fue aprobado con 214 votos afirmativos y solo uno negativo, de Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), además de 29 abstenciones, provenientes de integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda.
Entre los puntos principales, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual.
Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.
El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.
El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
La ley entraría en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Se trata del Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral. Fue aprobado por unanimidad.
Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.
El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.
“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.
El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.
Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.
El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.
“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.
El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.
“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.
También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.
“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.
Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.
La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género, las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.
Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.
Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.
Será de manera virtual, a partir de las 16. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dispuso que se avance con la conformación. Quiénes son los integrantes.
Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.
Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.
A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.
Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.
De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social.
En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.
Este viernes, a partir de las 15, el ministro de Trabajo participará de una videoconferencia en la que hablará sobre la situación laboral en el país a raíz de la pandemia del coronavirus.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expondrá este viernes por videoconferencia ante los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).
A partir de las 15, el funcionario participará de una reunión virtual para explicar el impacto que produjo la pandemia del coronavirus en la situación laboral del país, dado que desde el comienzo de la cuarentena obligatoria hay un parate generalizado de la actividad económica.
Entre las medidas que se tomaron, el Gobierno nacional estableció días atrás la prohibición de los despidos y suspensiones por el término de 60 días, a través de un DNU.
Los legisladores, que cumplen con el aislamiento en sus casas, podrán interactuar con el ministro y realizar preguntas.
La reunión estaba prevista para el miércoles pasado, pero Moroni solicitó posponer el encuentro online para este viernes.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social resaltó que hay “una enorme asimetría” entre los regímenes especiales y el general.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (Frente de Todos), consideró que los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.
El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.
Al comienzo de su discurso, el pampeano sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo “no representa una iniciativa aislada, sino que forma parte de un programa de gobierno”. “Necesitamos que deje de ser siempre la clase trabajadora la que haga los mayores esfuerzos”, continuó.
Lovera destacó las medidas tomadas por el presidente en materia económica y, en ese sentido, insistió en que la reforma de las jubilaciones de privilegio debe analizarse “de manera integral y teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho de la solidaridad un concepto transversal”.
Para el legislador, las “correcciones” que propone la ley se hacen de “manera prudente, sin intenciones de acabar con los regímenes especiales, pero tratando de establecer mayor coherencia entre el beneficio previsional y el esfuerzo contributivo; y, asimismo, ir eliminando de forma progresiva el déficit que generan”.
Sobre ello, detalló que el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”.
El senador remarcó que ese déficit debe “ser cubierto con recursos del régimen general, que financiamos todos”.
“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma “no” se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Para el oficialista, “de no hacer una reforma, se deberán destinar cada vez más recursos para atender este financiamiento”. “Es una ley que no está pensando para que unos ganen y otros pierdan, sino para constituir un sistema que muestre un equilibro”, expresó.
Finalmente, Lovera afirmó que “resulta imperiosa la adecuación de estos regímenes” en pos de la “sustentabilidad y racionalidad” de todo el sistema previsional.
Se constituyó este viernes la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cabecera de la iniciativa. El pampeano Daniel Lovera volvió a ser elegido como presidente.
El oficialismo en el Senado buscará debatir en comisiones la próxima semana el proyecto de ley que reforma los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos, aprobado en la Cámara de Diputados este jueves luego de un tratamiento exprés y con rechazo rotundo de la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio.
Este viernes se constituyó en la Cámara alta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quedando al frente de la misma una vez más el pampeano Daniel Lovera. En tanto, María Belén Tapia (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) -ambos del interbloque JxC- fueron designados vicepresidenta y secretario, respectivamente.
Lovera informó que la iniciativa recientemente aprobada en Diputados ya ingresó a la comisión, después que José Mayans, el jefe del bloque oficialista, pidiera coordinar con la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que también interviene- una fecha de tratamiento para el proyecto que “no es urgente, pero los tiempos lo están requiriendo”.
La oficialista Nancy González pidió que se tenga en cuenta que el lunes y martes de la semana próxima hay apertura de sesiones en varias provincias, con lo cual se acordó que se evaluará convocar a un plenario el miércoles por la tarde o el jueves.
La comisión quedó integrada por Daniel Lovera, Nancy González, Ana Almirón, Inés Blas, Mariano Recalde, Mario Pais, Beatriz Mirkin, Gerardo Montenegro, Silvia Sapag y Teresa González, por el Frente de Todos.
Mientras que por Juntos por el Cambio están María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Oscar Castillo.
