Incorporan al rector de la UNLaM la Academia Nacional de Educación

El doctor Daniel Martínez será incorporado como miembro de número de esta institución fundada en 1984.

Este lunes 28 de noviembre, la Academia Nacional de Educación, incorporará como miembro de número a Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM).

En el acto público de designación que se realizará a las 18 en Pacheco de Melo 2084 (CABA), sede central de la Academia. Allí Martínez disertará sobre “La gestión de la universidad pública en la Argentina, hacia un modelo innovador equilibrado y eficiente”. La presentación estará a cargo del académico Alberto Taquini (h) y será presidida por la académica presidente María Paola Scarinci de Delbosco.

La Academia Nacional de Educación fue fundada como entidad privada en Buenos Aires el 22 de abril de 1984, por un grupo de prestigiosos educadores. Está dedicada a constituirse “en un ámbito propicio para abordar la tarea de pensar y repensar la educación del país, en todas sus manifestaciones y formas”, funcionar “como agencia promotora de la creatividad y la innovación en materia educativa”, ejercer “una celosa custodia del cumplimiento de los valores y principios fundamentales expresados en la Constitución Nacional”.

La sociedad Argentina de Educación tiene 30 sitiales y cada uno lleva el nombre de grandes personalidades de la historia educativa nacional como Domingo F. Sarmiento, Bernardino Rivadavia, Ricardo Rojas, José María Gutiérrez y Carlos Octavio Bunge, entre otros. Y se destacan actualmente como miembros de número María Paola Scarinci de Delbosco, Guillermo, Horacio Sanguinetti, Jorge Vanossi, Adalberto Rodriguez Giavararini, María Saenz Quesada, Antonio Salonia y Edgardo Sablotky, entre otros.

La cuestión ambiental, en el centro del debate en la ley de promoción de hidrocarburos

Los senadores observaron varias cuestiones al texto inicial como la autonomía de las provincias y la cuestión ambiental tras la presentación del secretario de Energía Darío Martínez, respecto al régimen de promoción de inversiones hidrocarburiferas. El Gobierno se mostró abierto a modificar el proyecto de ley. Continuarán las reuniones.

Varios senadores realizaron sus cuestionamientos al proyecto de ley que prevé un régimen de promoción de inversiones hidrocarburiferas desde la óptica de la cuestión ambiental y además denunciaron una supuesta violación a la autonomía de las provincias.

Así lo expresaron en la ronda de consultas tras la presentación que realizó el secretario de Energía, Darío Martínez, del proyecto de ley de régimen de promoción de inversiones hidrocarburiferas que impulsa el Ejecutivo.

Ante la consulta de la senadora bonaerense Gladys González, el secretario de Energía manifestó que “no existe ningún proyecto que no tiene estudio de impacto ambiental y estamos trabajando siempre junto al ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.

“Solo para -las inversiones- offshore tiene una injerencia en la auditoria el Ministerio de Ambiente nacional, ya que para el resto de las inversiones son potestad de las provincias”.

En ese sentido, Martínez reiteró: “Esta ley no exime de ninguna reglamentación de tipo ambiental”.

Al finalizar la reunión realizada por Zoom, González insistió: “Este proyecto es peligroso porque mira con un solo ojo la situación mundial y no se avanza en una transferencia energética hacia energías limpias. Esto queda claro en la estabilidad del impuesto al carbono por 20 años, algo que el mundo está pensando al revés para bajar la emisión de gases contaminantes”.

Al igual que González, la senadora neuquina Lucila Crexell (JxC) también planteó: “Creo que es sumamente importante una ley de incentivos a la industria de los hidrocarburos porque cada vez es más chica la ventana que tenemos para poder explotarlos y hacer un uso racional y sostenible, me parece muy acertado que se discuta este tema”.

“La cuestión ambiental, el federalismo, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el trato desigualitario a pequeñas empresas son temas a mejorar para tener la ley que merece el sector”, agregó.

También la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) remarcó que una de las mayores preocupaciones es que “en cada artículo no se hace para nada mención a la cuestión ambiental”.

Por su parte, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, quien muchas veces es uno de los aliados del oficialismo, fue muy crítico del proyecto y adelantó: “No lo acompañaríamos si no tiene cambios porque hay un tema que es central y un debate histórico porque las provincias tenemos la administración y en este proyecto dice que la Secretaria de Energía es la autoridad competente en relación con la actividad”.

“Esto es anticonstitucional, no se si el espíritu de la ley pero sí el texto”, subrayó Weretilneck, quien agregó: “La autoridad de aplicación deben ser las provincias. La cuestión ambiental es provincial y el texto eso no lo plantea”.

Por su parte, el senador salteño Sergio Leavy manifestó que se va a “tener que modificar algunas cosas de este proyecto porque sino siempre se incentiva la exploración y el desarrollo de producciones en las mismas cuencas y hay muchas cuencas olvidadas como la del noa”.

Al respecto, el secretario Martínez precisó que “por eso planteamos que hay que tener incentivos distintos porque tenemos que desarrollar todas las cuencas del país y por eso se establece así en el régimen de promoción, ya que sino siempre crecen las mismas zonas”.

Ante los cuestionamientos, Martínez aclaró que “no es una ley de hidrocarburo sino de promoción de inversiones” y aseguró: “No tenemos ningún inconveniente de modificar el texto si no está claro, pero no tocamos ningún tema de la ley de hidrocarburo porque no es una nueva ley sino es una ley de promoción”, enfatizó.

Por último, el Secretario aclaró que dicha ley “no tiene un impacto en las tarifas para el consumidor final”, un punto que había consultado el senador chaqueño Víctor Zimmerman (UCR).

Ley de Biocombustibles: senadores opositores enviaron carta al secretario de Energía

Legisladores de la oposición reclamaron a Darío Martínez que antes de reglamentar el nuevo marco regulatorio de la ley de Biocombustibles, cite a todas las partes involucradas para “mitigar el impacto negativo en las provincias”.

Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal le enviaron una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, con el objeto de solicitar que previo a la reglamentación de la ley marco regulatorio de Biocombustibles, recientemente sancionada, se consulte a todos los sectores “afectados por la norma, a fin de poder conocer, evaluar y mitigar el impacto negativo del nuevo régimen en nuestras provincias”.

“Tal como lo hicimos saber en el exiguo debate en el Senado de la Nación, esta ley resulta un retroceso en una política pública que llevaba ya más de 15 años de vigencia y cuya modificación no ha contado con el amplio consenso político que, en pos de mayor previsibilidad y estabilidad hubiera requerido”, dice la misiva.

Y continúa: “Este nuevo marco regulatorio de la actividad, además de modificar las condiciones en que se hicieron grandes inversiones en nuestras provincias, confiere una discrecionalidad riesgosa al Poder Ejecutivo para reducir aún más los porcentajes de corte de los combustibles, sumando así mayor imprevisión y arbitrariedad, todo lo contrario, a lo que necesita cualquier sector de la economía para desarrollarse”.

Los senadores consideraron que “esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”.

“Párrafo aparte merece el retroceso que esta ley implica en materia de política ambiental, que contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono, asumidos incluso por el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández) en la última ‘Cumbre de Líderes sobre el Clima’ de abril pasado”, apuntan.

Entre las críticas, señalaron que “esta nueva ley nace con un vicio en el debido proceso constitucional de formación y sanción de las leyes, vulnerando así el sistema de bicameralidad expresamente previsto por los artículos 44, 78 y 81 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que en materia de biocombustibles esta Cámara había sancionado por unanimidad con 70 votos afirmativos la orden del día 374/2020 que disponía la prórroga del régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2024”.

También los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “la Cámara de Diputados debió haber considerado dicho proyecto en su calidad de cámara revisora y no haber sancionado un proyecto nuevo como cámara de origen”.

“A fin de mitigar este escenario de enorme imprevisibilidad para el sector con inversiones en nuestras provincias, requerimos que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia, con el objeto de cuidar y proteger las inversiones realizadas y los empleos generados por esta industria vinculada al agro que ya llevaba 15 años de desarrollo”, concluye la carta.

Los senadores firmantes son María Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Alfredo de Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Stela Olalla, Luis Naidenoff, Clara Vega, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero, Julio Cobos, Ernesto Martínez y Esteban Bullrich.