Diputado de JxC denunció a los jueces que sobreseyeron a CFK

Alberto Asseff realizó la presentación judicial en la que acusa a los magistrados de “mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.

Además de los pedidos de juicio político presentados por Jorge Enríquez y Ricardo López Murphy, el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció por “mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones” a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg del Tribunal Oral Federal N°5, por otorgarle el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces.

El legislador opositor enfatizó que ese fallo “es extraordinario e ilegal, debido a que se han aportado oportunamente numerosas pruebas que demuestran que se utilizaron empresas comerciales privadas, de las cuales eran titulares, para lavar activos y dinero de origen ilegal proveniente de fondos públicos, relacionados con la obra pública y aparentando ser ganancias de los hoteles de la familia Kirchner”.

El titular del partido UNIR explicó en su escrito que “las audiencias orales y públicas eran la única forma -y la más temida por Cristina Fernández de Kirchner y familia- para discutir los hechos, imputaciones y defensas, y ante a un Poder Judicial imparcial, que garantice el debido proceso penal, pero nunca decidir sobreseimientos en etapa de plenario oral, sobre el fondo de la cuestión sin llevar adelante el debate; por lo que esta sentencia arbitraria e inconstitucional responde ilícitamente al plan de encubrimiento para lograr la impunidad de los imputados”.

“La resolución revela la concurrencia de vicios que afectan a su validez. Resulta infundada la resolución del Tribunal, que, sin expresar argumentos suficientes al efecto, no siguió el trámite ordenado por el Código Procesal Penal, formalizando un ejercicio abusivo y discrecional de su magistratura”, señaló Asseff.

Además, el diputado sostuvo que “un Poder Judicial débil, ineficaz, e incapaz de satisfacer los necesarios controles sociales y, por el otro lado, el de los ciudadanos honestos que observan pasivamente con sentimientos de indefensión e injusticia, el libre accionar de los jueces redunda en el descrédito del Poder Judicial, dañan la división de poderes, los valores republicanos y carcomen la democracia desde sus cimientos”.

Presentan otro pedido de juicio político contra Grünberg y Obligado

En este caso es impulsado por el diputado del Pro Jorge Enríquez contra los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa Hotesur – Los Sauces.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó este lunes un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, doctores Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grünberg, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 53 de la Constitución Nacional, por sus votos en el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner y otros en la causa “Hotesur-Los Sauces” sobre lavado de dinero.

Para Enríquez, el momento procesal en que se dictó la resolución “no admite una resolución de fondo, porque ya varias instancias judiciales definieron que la instrucción era correcta y solo falta el juicio oral. Queda claro que se buscó definir el caso con un juez que se va del Tribunal y evitar que se ventilen las pruebas en un juicio público”.

La presentación del diputado del Pro va en el mismo sentido que otra similar presentada este lunes también por el diputado nacional electo Ricardo López Murphy.

En el caso de Enríquez, sostiene el legislador que “la intencionalidad de favorecer a CFK y familia, surge de que el análisis jurídico de los delitos involucrados, por el que concluyeron que los hechos por los cuales se obtuvo el dinero lavado no son delictivos, no lo podían hacer en esta etapa porque son materia de juzgamiento en otros tribunales (obra pública y Oil Combustibles), de modo que debieron esperar esos fallos antes de sobreseer. Al dictar el sobreseimiento ahora se entrometieron en la labor que corresponde a otros jueces”.

“Comprendo que el juicio político a magistrados es algo grave y que, como regla general, no debería tener como fundamento el contenido de sus fallos, que pueden ser impugnados de acuerdo a los recursos que ofrece el ordenamiento jurídico -sostiene Enríquez-. Sin embargo, esa regla no es absoluta. Los jueces ejercen su labor a través de resoluciones y estas pueden evidenciar la existencia de mal desempeño cuando no se traducen en una postura meramente equivocada, con la que se pueda discrepar, sino en ‘el desconocimiento inexcusable del derecho’, la ‘negligencia grave en el ejercicio del cargo’ o ‘la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones’ (art. 25, incisos 1, 3 y 4 de la Ley de Consejo de la Magistratura). Es lo que inequívocamente ha sucedido en el caso que denunciamos, que constituye un escándalo jurídico de enorme magnitud.

La intención de estos jueces de favorecer a los imputados en un caso de corrupción pocas veces visto en la historia argentina es evidente. Carecen, por lo tanto, de las condiciones de idoneidad e independencia necesarias para desempeñar la misión de impartir justicia. Su permanencia en el cargo es una afrenta a la República”.

López Murphy pidió el juicio político de los jueces que sobreseyeron a Cristina

El diputado electo de JxC presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura, quienes resolvieron que no haya juicio contra la vicepresidenta en las causas Hotesur y Los Sauces.

El diputado electo por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy presentó este lunes un pedido de juicio político contra Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los magistrados que resolvieron a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.

En el escrito, también firmado por María Eugenia Talerico, quien fue vicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos, el economista señaló que “resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”.

Para el porteño, los jueces del Tribunal Oral Federal N°5 “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público”, y enfatizó que con ese fallo desataron “un verdadero escándalo jurídico”.

También, López Murphy cuestionó “la celeridad inusitada observada para resolver el caso” y denunció que los magistrados eligieron una “vía fraudulenta” para cerrar el expediente.

“Los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”, explicó.

En la presentación, los firmantes agregan: “No cuestionamos lo actuado por los jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos (eso no es causal de juicio político), sino porque estos jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente, impidiendo indebidamente el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo fuera solicitado por el fiscal del caso y la jueza, en disidencia, Dra. (Adriana) Palliotti”.

El pasado viernes, a través de un fallo dividido, el TOF 5 dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo -diputado nacional- y Florencia Kirchner, quienes estaban acusados por presunto lavado de dinero.

En ambas causas, impulsadas por Margarita Stolbizer -diputada electa-, se investigaron presuntos delitos en el alquiler de propiedades y plazas hoteleras de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con obra y contrataciones públicas, como Lázaro Báez y Cristóbal López, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

A partir de la decisión de Grünberg y Obligado, el fiscal Diego Velasco se apresta a presentar la apelación y, de esa manera, la última palabra la tendrá la Sala I de la Cámara de Casación.