En el marco de la sucesión de apartamientos de reglamento planteados al principio de la sesión, el diputado Ricardo Buryaile pidió citar a la Cámara baja al secretario de Energía para brindar explicaciones sobre la crisis que se vive ante la falta de gasoil en todo el país.

Sin éxito, pues un pedido de apartamiento del reglamento necesita contar con la adhesión de las ¾ partes del Cuerpo.

Buryaile aclaró de entrada que no tenía “el propósito de desgastar al Gobierno ni montar un show, sino de recibir la información de qué está pasando en la Argentina en materia de combustibles”.

El legislador señaló que “más de 21 provincias no tienen combustible, la producción está paralizada sin explicación de las autoridades de Economía, ni del secretario de Energía Darío Martínez.

Buryaile informó que la Argentina necesita de 14 millones de metros cúbicos de gasoil, de los cuales el 70% se importa. Alertó en ese sentido que este es “el momento más importante para el ingreso de divisas al país”, y detalló al respecto que la cosecha de soja ya está al 95%, casi terminada; pero la de maíz solo al 35% y la de trigo “solamente al 15%”. “Y no hay gasoil”, enfatizó.

“Veía esta mañana que una Cámara del Transporte Automotor expresaba su preocupación porque el transporte está paralizado, y esto significa un parate en la economía”, anticipó, preguntándose cómo cree el Gobierno que va a repercutir esta falta de combustible en el interior: “Esto es más inflación”, se contestó.

“Hoy la Argentina está paralizada”, resumió, para señalar luego que “30 días después de esta crisis sale una resolución que venimos pidiendo hace 20 días: que se aumente el corte del biodiesel”, y se preguntó: “¿Por qué esta testarudez? ¿Cuál es el negocio de los petroleros? Díganlo, ¿por qué no aumentaron el corte para paliar esta situación de crisis? Hoy está paralizado el país, por eso tiene que venir el secretario de Energía para dar explicaciones “.

El legislador concluyó reiterando que “hay 21 provincias paralizadas y la economía argentina con freno de mano”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentaron un proyecto para que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explique e informe sobre el desabastecimiento de combustibles, “teniendo en cuenta los incesantes reclamos del sector de los biocombustibles, quienes, en el contexto actual solicitan elevar el piso de corte dispuesto por ley”, resaltaron.

“Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en lo referido al desabastecimiento de combustibles y el pedido del sector industrial del biocombustible para incrementar el porcentaje de corte, es imperioso que las autoridades den respuestas en ambos sentidos”, subrayó Buryaile.

El legislador radical recordó que “la Ley de Biocombustibles establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 5%. La misma menciona que la Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

En ese sentido, el formoseño apuntó que el desabastecimiento de combustibles “trae un gran perjuicio a la economía argentina. A raíz de la crisis global potenciada por la invasión de Rusia a Ucrania, se estima que Argentina deberá destinar unos U$S 13.500 millones este año para importar GNL (gas natural líquido), gas de Bolivia, gasoil y fuel oil, además de naftas para vehículos”.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja explicó que las cámaras de la industria del biodiésel aseguraron que “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, utilizando los biocombustibles”.

“La propuesta de las entidades es concreta, proponen reemplazar el faltante de gasoil con biodiesel”, señaló Buryaile. Y, agregó: “La propuesta del sector es que la Secretaría de Energía suba el corte obligatorio vigente del 5% al 15%”.

Finalmente, remarcó que “el faltante de gasoil se agravó en las últimas semanas al punto tal que se retrasaron los trabajos de cosecha de soja y maíz en las principales regiones productivas. En el norte del país el escenario es aún más grave, con al menos 8 provincias donde el faltante complica la vida cotidiana”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Ximena García, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Hugo Romero, Juan Martín, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Ingrid Jetter, Marcela Antola, Paula Omodeo, Carolina Castets, Gustavo Hein, Alberto Asseff, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Gerardo Millman, Alejando Cacace, Claudio Poggi, Martín Arjol, Jorge Vara, Marcela Coli, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

Ante la situación de escasez de gas manifestada públicamente por Refinerías del Norte, el senador nacional, Sergio Leavy se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez para solicitar una pronta resolución a dicha problemática. 

En el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre la realidad que atraviesa el complejo industrial por la falta de provisión de gas y también la consecuencia de la escasa producción de los pozos de la cuenca del NOA. Al respecto, el senador Leavy indicó que según fuentes oficiales de REFINOR se precisan entre 150 mil y 600 mil metros cúbicos diarios de gas para mantener al máximo la producción de GLP, de donde salen el 100% de las garrafas sociales que se consumen en las provincias del norte del país y el 20% de las garrafas a nivel nacional. 

El secretario de Energía confirmó que esta semana está autorizando la provisión de gas proveniente de las importaciones que realiza IEASA desde Bolivia para garantizar el abastecimiento de Grandes Usuarios Industriales y de Estaciones de Servicio de GNC, a través de sendas resoluciones emitidas por la Secretaría que preside. 

En otro momento de la reunión, el senador Leavy le detalló al secretario de Energía los proyectos de ley que ha presentado atinentes a su área, entre los que se encuentran el Régimen de Zonas Cálidas, equivalente a los subsidios brindados para zonas frías y la propuesta para unificar el precio de los Combustibles Líquidos en todo el país. 

En relación a la posibilidad de aplicación de un Régimen de Zonas Cálidas, Martínez señaló que es un tema que le plantearon los gobernadores del Norte Grande y que le parece importante plantear el año próximo, cuando el Gasoducto Néstor Kirchner esté en funcionamiento. En tal sentido, comentó que se adjudicó la licitación para el abastecimiento de cañerías del gasoducto que permitirá aumentar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo del país, mejorando íntegramente el comportamiento del sistema de transporte gasífero.  

“Hoy la discusión es cómo hacemos para bajar los subsidios de tarifas energéticas, si logramos a mitad del año próximo poner en funcionamiento el Gasoducto se lograrían 3.600 millones de dólares de ahorro que se pueden destinar a obras y promoción de tarifas justas”, explicó el secretario de Energía.  

Juntos por el Cambio ingresa este lunes 28 de marzo un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando que se informen una serie de puntos en relación a la crisis energética que se prevé para el invierno próximo.

Ante la falta de dinero recibida por la Secretaría de Energía, expresado en una carta enviada por el secretario Darío Martínez al ministro de Economía, Martín Guzmán, diputados de la oposición expresaron que “el país se expone al riesgo de no tener energía en invierno por la crisis mundial y cuestiones locales”.

Respecto a esta situación, el diputado nacional Gerardo Milman expresó que “vamos hacia un escenario muy difícil porque no va a haber gas en la Argentina. Se espera un invierno muy complejo por efecto de La Niña”. Y continuó: “La gente no va a tener gas en sus casas y se lo restringirán a las empresas. Cuando consumamos el stock no va a haber producción ni alimentos. ¿Qué va a pasar con la gente cuando falte comida o no puedan resguardarse del frío?”.

“Estamos sumamente preocupados ante un gobierno que solo improvisa y no da ningún tipo de respuesta a los problemas tan graves que se avecinan. Debemos ser conscientes de que un escenario de estallido social no sería ilógico”, finalizó el diputado.

Los 12 puntos:

a) Indicar las estimaciones sobre reservas en dólares que contará el Banco Central de la República Argentina, para el período marzo a septiembre inclusive.

b) Detallar las estimaciones sobre las necesidades de importación de gas, indicando los valores en m3 y en dólares.

c) Señalar las proyecciones pertinentes a la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, indicando mes y monto.

d) Frente a la situación de no contar con las divisas suficientes para garantizar el pago de las importaciones de gas licuado a los valores actuales conforme el contexto internacional: ¿qué medidas se tomarían para compensar tal déficit de divisas?

e) Frente al escenario de que Argentina no cuente con el gas suficiente para el suministro a empresas y hogares: ¿qué medidas se adoptarían para compensar el faltante de gas?

f) Para el caso de que se limite o corte el suministro de gas a las empresas, pudiendo conllevar tal medida la limitación de producción o interrupción de producción: ¿Qué medidas considera realizar el Gobierno nacional frente a que se produzcan despidos por tal situación?; ¿Qué medidas adoptaría si por ello se producen faltantes de productos intermedios?

g) Respecto al escenario de faltante de gas: ¿Cómo se garantizaría el funcionamiento pleno de los medios de transporte?

h) Indicar, frente al escenario de faltante de gas: ¿cuál sería el mecanismo de generación eléctrica para la parte del sistema que se abastece con gas?

i) Si las medidas a tomar serían como las anunciadas en el complejo sojero: ¿Cómo prevé el Gobierno nacional que reacciones en respuesta el sector agropecuario?, a su vez, ¿si no considera que tales medidas conllevaran a la reducción de la producción y por ende a aumentos en los precios vinculados al sector alimenticio?

j) Si las medidas adoptadas conllevan al incremento de precios, considera el Gobierno nacional ¿volver a poner precios máximos?, y si la respuesta fuera afirmativa ¿prevé el Gobierno que esa medida posiblemente derivaría en una situación de desabastecimiento?

k) Frente al escenario de carencia de gas durante el invierno para el uso residencial y/o para el complejo productivo; sin transporte, con cierre de establecimientos; aumentos de precios de alimentos y con desabastecimiento de otros productos: ¿Cómo supone el Gobierno nacional que reaccionará la ciudadanía argentina?

l) Indicar detalladamente, que previsiones tiene el Gobierno nacional para evitar un estallido social.

PR-Gas

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Pamela Verasay, presentaron un proyecto por el cual se pide que el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, den explicaciones ante la Cámara baja respecto al rumbo actual de política energética de la Argentina.

También piden que expliquen sobre “las situaciones coyunturales que de ella se desprenden para el presente ejercicio y sobre situaciones que han trascendido luego de que el secretario de Energía informara al ministro de Economía y al presidente de la Nación que, como consecuencia del ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la secretaria de Hacienda, no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia”.

Entre otras cuestiones, solicitan que se den detalles sobre el estado de las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las condiciones contractuales que se estarían negociando o se hubieran alcanzado a la fecha (particularmente en lo referente a volúmenes del suministro, precios, posibles revisiones contractuales y su periodicidad, vencimientos, etc.

Además exigen que informe sobre “otras alternativas contempladas por la Secretaria de Energía para cubrir el suministro de las centrales térmicas del país, frente a la posible suspensión por incumplimientos en los pagos con los proveedores de GNL importado; y sobre la estimación presupuestaria -frente a los nuevos valores del GLP- para cubrir las compensaciones para los productores de butano y propano de uso doméstico por el descalce entre Precios Máximos de Referencia establecidos mediante Resolución N°49/15 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias y los valores actuales de GLP destinado al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR)”.

A su vez, quieren que los funcionarios detallen si, frente al escenario de escasez y caída en el suministro de gas para los meses de invierno, contemplan o estudian implementar cortes temporales en el suministro de algún sector.

“La situación energética en la Argentina es preocupante, y puso una situación de alerta máxima cuando al conocerse que mediante nota NO-2022-24313669-APN-SE#MEC, el Secretario de Energía Sr. Darío Martínez, informó al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación que, como consecuencia al ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la Secretaria de Hacienda impuesto mediante Nota NO-2022-22867542-APN-DPYCEF no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia, del Barco Metanero de GNL contratado por la estatal IEASA, ni los 17 barcos con gas oil contratados por CAMMESA para abastecer las centrales térmicas”, explicó Verasay.

En el mismo sentido, agregó: “La situación es extremadamente delicada, ya que sin energía no hay industria y sin industria se estaría asestando un duro golpe a la economía y a cualquier posible recuperación. Si bien, la situación de virtual ‘default’ con los proveedores energéticos para el mes de marzo parecería encontrar algún tipo de solución, es de vital importancia que se ponga en conocimiento del Congreso Nacional cuál es la situación para el resto de los meses, y principalmente en el inminente periodo invernal”.

“Este plan de contingencia debería ser informado a este Parlamento, a los sectores productivos y a la opinión pública en general, para la toma de conciencia de la compleja situación que enfrentará el sector energético de nuestro país en los próximos meses. El Gobierno debe dar a conocer de forma urgente su plan de abastecimiento para los próximos meses y establecer un plan de contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la demanda”, finalizó.

El presidente del bloque UCR en Diputados, Marío Negri, se refirió al comunicado publicado por el secretario de Energía Darío Martínez −en el que advierte la posibilidad de que quiebre el sistema energético nacional- y le pidió al Gobierno que “resuelva sus pujas intestinas y garantizar urgentemente el gas y la electricidad para este invierno”. 

A través de sus redes sociales, Negri señaló que “las peleas intestinas en el Frente de Todos hoy dan la mala nueva de que el Gobierno no tiene asegurado el abastecimiento energético para el invierno venidero. La puja entre la Secretaría de Energía, que maneja el cristinismo, el ministro de Economía es la mejor ilustración del terrible desgobierno de la administración de Alberto Fernández”. 

Y continuó: “Las consultoras especializadas en el tema y la oposición ya veníamos denunciando esta situación. Nuestros informes indican que estamos a las puertas del invierno 2022, y el aprovisionamiento de aproximadamente el 20% del gas que consumimos y el 15% del gasoil que necesitamos para levantar la cosecha y producir electricidad están en riesgo”. 

Por esto Negri le reclamó al Gobierno explicite “de forma urgente su plan de abastecimiento para los próximos meses y establecer un plan de contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la demanda”.  

“Este plan de contingencia debería ser informado a las fuerzas políticas de la oposición con representación parlamentaria, a los sectores productivos y a la opinión pública en general, para la toma de conciencia de la compleja situación que enfrentará el sector energético de nuestro país en los próximos meses”, concluyó el jefe de bloque radical. 

El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para citar al Congreso al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y a la titular del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), para que brinden información sobre los masivos cortes de luz que afectaron a miles de usuarios ante la ola de calor. También, solicitó que se conforme de forma urgente la Comisión de Energía. En ese marco, apuntó contra el kirchnerismo y el congelamiento de las tarifas.

“En Congreso cada dos años cuando se renuevan las mitades se conforman nuevamente las comisiones. Yo he estado en la Comisión de Energía y todavía este año no fue convocada para reunirse, normalmente ocurre en marzo cuando comienza el período parlamentario, por eso presenté un proyecto para que se conforme urgentemente la Comisión de Energía y citar tanto a la interventora del ENRE, Soledad Manin, como al secretario de Energía, Darío Martínez, para que nos den una explicación de cuál fue el motivo de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, comunicó el legislador del Pro en diálogo a Radio Continental.

En ese sentido remarcó: “Que informen cuál es el estado de la red eléctrica, si se determinaron las cusas, si se han aplicado sanciones a las empresas, la cantidad de usuarios que se vieron afectados, si en esa cantidad de usuarios hubo hospitales, clínicas o sanatorios para tener una idea de lo ocurrido, si se ha controlado durante los cortes de energía eléctrica las líneas telefónicas porque aquellos que se quedaron sin luz vieron colapsadas las líneas de reclamo de las empresas”.

“Aparece sobre la mesa ese modelo de administrar que tiene que kirchnerismo durante 2015-2016 los entres reguladores fueron intervenidos. En la gestión anterior, el ingeniero (Mauricio) Macri había regularizado los ENTES que hacen el seguimiento. Cuando llegó esta administración decidió volver a intervenir los ENTES y hoy están en manos de personas que solo hacen pertenencia política”, comparó González.

A su vez, precisó que “no podemos meternos adentro del Ejecutivo, lo único que podemos hacer es presentar este tipo de medidas para lograr que los funcionarios a cargo resuelvan los problemas. Y que cuenten por qué llegamos a este problema porque esta mirada sobre la energía, cuando se congelan las tarifas y hay falta de inversiones terminamos con los cortes, es una cuestión que tiene que resolver el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que durante la gestión de Macri hubo menos cantidad de cortes de luz”, remarcó el diputado de JxC y denunció que “hay 120 millones de dólares en inversiones no realizadas y por eso queremos que venga Martínez a explicarlo. No es un dato menor que el ENRE este intervenido”.

Y cerró: “Cuando vos haces lo mismo, tenes los mismos resultados. No hay posibilidad de desarrollo en el país si no hay energía, si no hay precio no hay energía, sin precio no hay inversiones”.

El masivo #cortedeluz que viven cientos de miles de argentinos es clara huella del tremendo deterioro de las inversiones en materia energética, de la distorsión de las tarifas y de la permanente degradación de los organismos de control por parte de este Gobierno.

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) January 12, 2022

Durante la primera reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificaron que ante la quita de subsidios se hará una segmentación de las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Al momento de las preguntas, el flamante secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Hugo Romero, advirtió que “tomando los números al 30 de noviembre, tenemos un presupuesto vigente de 694.007 millones de pesos para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El presupuesto del año 2022 es de 609.198 millones de pesos. Hay una reducción del 12,2%”.

En tanto, “para la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) hay 271.011 millones de pesos para este año, contra 132.117 millones de pesos para 2022, una reducción de 51,4%”. “¿Cómo va a caer esa disminución de subsidios en la sociedad argentina? ¿Cómo va a ser la política de subsidios?”, consultó el cordobés.

Guzmán respondió que “hay un factor que explica la caída de los subsidios en el área energética que es que caduca la llamada Resolución 46, que es del viejo Plan Gas”. Sobre la segmentación de los subsidios, sostuvo: “Hemos estado trabajando todo el año sobre esto, que es un tema complejo. Va a estar implementándose durante el 2022. Va a ser un avance estructural, porque va a permitir poder focalizar los subsidios en la población que más lo necesita y que el Estado pueda reasignar los recursos a otras partidas”.

Por su parte, Martínez ratificó que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando una herramienta de segmentación, con un trabajo importantísimo que se está llevando adelante. Ya hemos relevado el 80% de una gran base de datos de 16 millones de usuarios”.

Se trata, dijo el funcionario, de “un trabajo en conjunto con el ENRE, el ENARGAS, la subsecretaría de Planeamiento y la subsecretaría de Eléctrica e Hidrocarburos”.

Además, el secretario de Energía señaló que “hemos tomado la decisión de eliminar los subsidios a los grandes usuarios”, a excepción del sector salud y educación, y “ha sido una gran decisión y no ha traído mayores inconvenientes”.

Martínez recordó que según lo votado en el Presupuesto 2021 se pudo mejorar “la cobrabilidad de CAMMESA, que se había caído en 2020 producto de la pandemia y la situación difícil de todos los usuarios”.
“Esa caída que había llegado al 30% luego se recupera al 60% y hoy está por encima del 80%”, destacó y agregó que “hemos reducido los tiempos de pago de CAMMESA tanto a las transportistas como a las generadoras”.

En su exposición, indicó que “hay una gran volatilidad internacional en cuanto al costo de la energía” y “va a seguir, con lo cual probablemente el año que viene, sobre todo el valor del GNL, tenga variaciones muy importantes”.

“Hay una explicación de por qué hemos bajado los subsidios y qué herramientas tenemos en CAMMESA e IEASA”, remarcó y apuntó que en noviembre del año pasado se dio el lanzamiento del plan GasAr “dándole previsibilidad a una industria que la había perdido”. “Logramos frenar ese declino e incrementar la producción”, continuó.

En ese sentido, argumentó que eso llevó a tener en 2021 “un ahorro de divisas de más de 1.200 millones de dólares y un ahorro fiscal del orden de los 88 mil millones de pesos”.

Por otro lado, el funcionario precisó que “sacando los 1.566 millones de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner“, el año próximo “va a haber una inversión en materia de hidrocarburos del orden de los 8.700 millones de dólares. A excepción del 2015, es el mejor número de inversiones de los últimos 20 años”.

Tras las elecciones PASO, el Senado retomó su actividad con un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, en el marco de una reunión informativa a la que asistió el secretario de Energía, Darío Martínez, para defender el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre promoción de inversiones hidrocarburíferas.

“El mandato ha sido muy claro por parte del presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) en cuanto a tener una herramienta legislativa que nos permita asegurar el autoabastecimiento, en este caso de hidrocarburos”, destacó el funcionario en el arranque de su exposición este miércoles.

En ese sentido, afirmó que “toda la normativa debe leerse entendiendo que el autoabastecimiento es la prioridad número uno. Resolver el mercado interno y luego de esto ir por un aumento de producción que nos permita generar saldos exportables y de esta manera conseguir divisas y fortalecer el Banco Central de la República Argentina, pero atravesado también por un esquema de sinergia entre trabajadores en sus puestos de trabajo y no suspendidos, por PyMEs incorporándose a una cadena de valor, y una industria nacional creciente, produciendo los bienes necesarios”.

Durante la reunión virtual, el neuquino subrayó que “las provincias que son las dueñas del recurso” figuran “administrándolo y fortaleciéndose en cuanto a ese aumento de producción va a ser reflejado en mayores regalías”, mientras que la Secretaría de Energía actuará como “un vehículo necesario” para la reglamentación de la ley.

Al explicar el proyecto, Martínez apuntó que los primeros artículos establecen esta idea de “ir por encima de la demanda del mercado interno y así conseguir esos saldos exportables”. “El producido de ese incremento y de esas exportaciones va a aumentar los ingresos y reservas del BCRA”, insistió.

“Garantizar el autoabastecimiento es un eje que atraviesa toda la normativa, lo mismo que promover el desarrollo regional”, enfatizó y remarcó la participación que tendrán las provincias, en cuanto se garantizan “sus derechos en cuanto a sus recursos y las potestades tributarias, por eso no se ha modificado ni hemos tocado nada de eso”.

Entre otros puntos, el secretario mencionó que la iniciativa promueve, en sus artículos del 67 al 73, “la perspectiva de género dentro del sector hidrocarburífero”. Además, busca “potenciar los planes de sustentabilidad energética”, de los artículos 62 al 66, algo que “para nosotros es fundamental”, sostuvo. En su exposición, también ponderó “la puesta en producción de pozos inactivos mediante un régimen de ventajas”.

“Estamos en un mundo de incertidumbre, con una pandemia y una economía global que tiene mucha incertidumbre”, expresó y, entonces, valoró que se apunta a “dar previsibilidad, estabilidad y reglas claras” con este régimen a 20 años, además de “la estabilidad tributaria federal”, de modo que “los que inviertan sepan que no se van a modificar las reglas de juego”.

Por otra parte, Martínez subrayó que se establece la “institucionalidad del plan Gas.Ar”, el cual “viene dando excelentes resultados”. “Hemos logrado frenar el declino que teníamos. Estamos con una producción por encima y 11.000 puestos de trabajo recuperados, con PyMEs sumándose. Se ha logrado un ahorro fiscal de 78 mil millones de pesos y 150 mil millones de dólares (divisas)”, añadió.

“Entre los beneficios adicionales que tienen los proyectos especiales están los cambiarios, los arancelarios con una reducción hasta del 40 por ciento de la importación de bienes que no se pueden producir acá que está entre los objetivos que se plantea el proyecto de ley, es decir, el desarrollo de la industria nacional también para exportar conocimientos, bienes y servicios. Y los tributarios que tienen una amortización acelerada en impuesto a las ganancias y devolución del IVA”, explicó y agregó que “todos los proyectos son importantes y el lugar dónde se desarrollan, la actividad por lo que los montos de inversión y los plazos son diferentes”.

De esta manera, procedió a detallar los proyectos y los costos de inversión de los cuales precisó: “Para Exploración y Sísmica para Explotación Convencional la inversión es de 6 millones en un plazo de 3 años. Para Refinación e Industrialización de Hidrocarburos en la cuenca de origen hay una inversión mínima de 10 millones en 3 años, para Almacenamiento Subterráneo de Gas 30 millones de dólares y plazo máximo de 3 años. Para GNL 50 millones de dólares en un plazo de 3 años, para Explotación de Petróleo y Gas Natural convencional 100 millones de dólares en 4 años”

En esta línea, continuó: “Para la Industrialización, separación, tratamiento, transporte y refinación de Hidrocarburos son 300 millones de dólares en 5 años. Para la Explotación de Origen no convencional tiene la mayor exigencia de inversión en un plazo de 5 años con 300 millones de dólares. En los no convencionales esta la mayor exigencia en costos y plazos”.

“Entre los objetivos generales del Gobierno de la sustentabilidad energética está crear un incentivo adicional a las empresas que presentan un plan de sustentabilidad energética y crear un fondo para desarrollar este tipo de proyectos”, destacó el secretario de Energía de la Nación e informó que “también la perspectiva de género atraviesa todo y es importante”, por lo que “se creó un fondo para becas de grado para perspectiva de genero que busca tener mas profesionales. Buscara facilitar tener esta perspectiva. Las empresas que presentan este tipo de plantilla tendrán reducción de aportes patronales”

Por último, Martínez manifestó que “lo que atraviesa todo es el incremento del Valor Agregado Nacional y hay que desarrollar que las Pymes se sumen a la cadena de valor de manera creciente”, y remarcó que la única modificación que se realizó a la Ley 17.319 es para que las provincias puedan realizar concesiones de almacenamiento subterráneo porque “no estaba la posibilidad y nos pareció una buena medida y hay varias provincias que están trabajando con eso. También se modificó la Ley 23.966 para establecer un impuesto que sea una alícuota”.

El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta mantendrá este miércoles a las 14 un encuentro con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que presentará formalmente el proyecto de nueva ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que busca incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos para asegurar el autoabastecimiento del país.

El proyecto está impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación y establece un conjunto de modificaciones normativas “claves para la matriz energética de la Argentina”.

Con la iniciativa, además, se busca “escalar las exportaciones de petróleo y gas natural, aumentar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central”.

El presidente Alberto Fernández presentó la iniciativa en un acto que se realizó la semana pasada en el Museo del Bicentenario en Casa de Gobierno.

Allí, el jefe del Estado afirmó que la propuesta se orienta a “mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y tiene un rasgo distintivo, ya que todos fueron escuchados y aportaron para que esta ley sea más conveniente, fructífera para el futuro”.

Además, la iniciativa busca incorporar valor agregado nacional y regional con más empleo de calidad, más trabajo para pymes y empresas regionales proveedoras de servicios y más bienes de industria y tecnología nacional, así como garantizar el autoabastecimiento.

Asimismo, proyecta promover el desarrollo regional, fortalecer las finanzas provinciales por mayores regalías e ingresos tributarios, promover la perspectiva de género dentro del sector, hidrocarburífero y potenciar los planes de sustentabilidad energética.

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles la presentación del proyecto de ley de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”, que tiene entre sus objetivos incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento.

Durante el acto, realizado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el mandatario sostuvo que esta iniciativa “va en un sentido muy claro que es tratar la capacidad productiva, en este caso la de hidrocarburos y gas, que la Argentina necesita” e “impulsar la producción gasífera, hidrocarburífera, petrolera concretamente”.

Además, destacó que la redacción del texto contó con la participación de todos los sectores, incluyendo gobernadores de provincias productoras que no son oficialistas, y resaltó que desde que asumió se ha ido trabajando en bajar “los niveles de importación de energía que teníamos años antes, que significaba salida de divisas y un desequilibrio de nuestra balanza comercial”.

En varios pasajes, el jefe de Estado subrayó que “en un contexto muy complejo, como fue el de la pandemia” se pueda mandar al Congreso “una ley construida entre el Estado, los inversores privados y los sectores del trabajo”.

“El plan tiene una ambición muy grande, la ambición de que Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes e ingresen los dólares que hacen falta”, resumió y agregó que se prevé “un plan que de 20 años de previsibilidad”.

Fernández dijo también que para su Gobierno “el cuidado del ambiente no es un tema retórico, sino un tema que nos preocupa”, por eso toda la producción debe hacerse en el marco “del acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”.

“Celebro que lo podamos hacer en un tiempo muy difícil para nuestra economía”, reiteró y señaló que “tenemos un potencial enorme en esta materia y no lo podemos desaprovechar”.

Finalmente, argumentó que la pandemia “nos ha obligado a tener que revisar mil veces cosas que ya teníamos muy definidas en nuestra cabeza”. “Tenemos por delante una Argentina que poner de pie y en eso estamos, y hoy con esta decisión que tomamos la estamos poniendo un poco más de pie”, cerró.

Cuestionado tras la derrota en las PASO, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechó el acto para defender su gestión ante la mirada seria del presidente y citando, por momentos, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de recordar la herencia recibida por la gestión de Mauricio Macri.

El funcionario sostuvo que este proyecto “se enmarca en la lógica de seguir construyendo una economía, una Argentina con más oportunidades, más producción, más trabajo, una Argentina con menos angustias y más previsibilidades”.

En esa línea, destacó que en estos menos de dos años de gobierno, hubo “una agenda integral en la cual el Ejecutivo y el Poder Legislativo han trabajado de la mano”, bajo la línea de que “el mercado interno continúe creciendo y, por otro lado, Argentina cada día tenga más capacidad de producir también aquello que genera divisas”.

Para el titular de la cartera económica, hay que “ir diseñando reglas de juego que permitan el desarrollo de sectores que tienen la capacidad de producir desarrollo”, como el hidrocarburífero.

En tanto, resaltó que en lo que va de la gestión de Alberto Fernández “se sancionaron 15 leyes económicas”, y “el resultado ha sido el de cuidar a nuestra gente”. También habló de las “condiciones históricamente difíciles” que se dieron para el proceso de recuperación económica y aseveró: “Estamos gestionando en el contexto de una doble crisis, buscando una doble recuperación”.

Apuntando a la gestión anterior, recordó que al asumir el Frente de Todos el país no tenía crédito y además “le llegó una pandemia”, y “no es lo mismo cómo le llega la pandemia a los países de Europa que a una Argentina que no tenía instrumentos”.

“Se ha hecho un trabajo de definir prioridades siempre cuidando a nuestra gente”, insistió, y citando a la vicepresidenta cuando habló de “adaptabilidad” en el cierre de campaña en Tecnópolis, Guzmán expresó que “ese contexto es cambiante y todo el tiempo hay que estar tomando decisiones” pero “el objetivo es el de cuidar a nuestra gente”. “Nos quedan cuestiones por resolver, una muy grave es el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional”, añadió.

Centrado en la explicación del proyecto, el secretario de Energía, Darío Martínez, valoró la puesta en marcha del plan Gas.Ar que tuvo “resultados rápidos que se pueden valorar. No solo se frenó el declino del 8 por ciento, sino que tuvimos un 3 por ciento mayor al mes del año pasado”.

También, precisó que se recuperaron unos “11.000 puestos de trabajo y 9 meses después se ven esos resultados; logramos récords históricos de fractura de no convencional y en petróleo tenemos resultados positivos. Tiene que ver con decisiones que ha tomado el Gobierno nacional, pero el sector respondió como debía hacerlo”.

“Estamos con nuevas instrucciones y vamos por más producción, por más industrias nacionales, es el desafío que nos planteó, impulsar la actividad hidrocarburífera. Conformar un proyecto de ley con la mayor amplitud posible y trabajamos en eso”, señaló el funcionario.

El neuquino explicó que “los recursos que están en el subsuelo para transformarse en riqueza necesitan un proceso que debe ser coordinado, es importante que los profesionales y las empresas quieran invertir, el dinamismo de las PyMEs para sumarse y adaptarse, es importante cómo administran los recursos los gobernadores, hay que hacerlo de la manera más inteligente”. “Esta es una herramienta legislativa para dinamizar eso, para dar certezas y generar confianzas y reglas claras ante tanta inestabilidad e incertidumbre”, apuntó sobre la iniciativa.

En su discurso detalló que “el proyecto establece un horizonte de 20 años de estabilidad fiscal tributaria, de beneficios. No tengo dudas que dará sus respuestas. Los objetivos que busca es lograr aumentar la producción de hidrocarburos, asegurar la soberanía energética, resolver el problema del mercado interno, pero también resolver saldos exportables y conseguir divisas para fortalecer el Banco Central. Todo eso atravesado por un valor agregado nacional creciente que genera más trabajo e industrias. También es importante sostener en materia de recursos tributarios los derechos de las provincias y darle la participación necesaria”.

“Para el petróleo establecemos un régimen general, donde se establece la figura de las exportaciones garantizadas crecientes a medida que aumenta la producción en el país. Lo importante es reactivar la producción de hidrocarburos en todo el país”, continuó.

Martínez especificó que “hay un régimen para proyectos especiales donde la provincia donde se ejecute tiene la decisión de participar de esos, pero tienen otros objetivos. Planteamos la necesidad de inversiones en origen con incentivos adicionales a las inversiones de hidrocarburos en origen porque es una herramienta de desarrollo regional. Contemplamos el almacenamiento subterráneo”.

“Lo que también atraviesa este proyecto es la perspectiva de género, hay un incentivo y fondos para financiar becas para tener profesionales formados en la materia y una disminución de los aportes patronales en esas plantillas que tienen al momento de presentarla. En materia de medio ambiente, debemos trabajar en eso y está plasmado buscando un fondo para financiar proyectos a aquellas productoras que nos presenten proyectos más amigables con el medio ambiente van a tener beneficios por encima”.

Finalmente, el secretario de Energía destacó que “toda la ley siempre es con los trabajadores adentro y atravesada con el esquema de cuidar el trabajo. Esta herramienta va a dinamizar toda la economía del país. El Congreso terminará de debatir este proyecto para aumentar la producción de gas y petróleo en el país con estos parámetros que presentamos”.

De la presentación del proyecto participaron, de manera presencial, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), además de mandatarios provinciales que participaron virtualmente como Gerardo Morales (Jujuy).

También estuvieron en el Museo del Bicentenario el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el titular de YPF, Pablo González; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix; empresarios; entre otros.

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, presentarán el proyecto de ley de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas” el próximo miércoles en Casa Rosada.

“Estamos muy satisfechos porque el trabajo de consulta y participación realizado, de elaboración del texto, llegó a su fin, y tenemos ya un proyecto de ley que va a motorizar la actividad”, destacó Martínez en la previa del acto.

El funcionario reveló que el presidente le pidió que “el contexto de la presentación sea tan amplia como lo fue la dinámica de elaboración del proyecto”, por eso “nos instruyó que invitemos a todos los actores que de una u otra forma participaron y aportaron sus ideas”, señaló.

En ese sentido, Martínez enumeró que se ha invitado a “todas las organizaciones de trabajadores vinculadas a la actividad, a las cámaras de PyMEs y de empresas regionales, a los gobernadores de las provincias productoras, a las empresas petroleras y a las organizaciones de la industria nacional, porque este proyecto es de toda la actividad petrolera, que participó activamente durante todo el proceso de elaboración”.

Junto a empresarios de la Provincia y representantes de las cámaras que nuclean al sector de los biocombustibles de todo el país, los senadores nacionales por Santa Fe Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun comenzaron este jueves con las gestiones ante el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en el marco del trabajo en conjunto que se está llevando adelante para la reglamentación del nuevo marco regulatorio para el sector, sancionado por la cámara alta el pasado mes de julio y que fue promulgado por el Poder Ejecutivo este miércoles.

En ese sentido, al salir del encuentro Mirabella y Sacnun coincidieron en que fue “una importante reunión con el secretario de Energía de la Nación y empresarios del sector del Biodiesel”.

En ese sentido, Sacnun subrayó que “asistimos a esta reunión conjuntamente con mi compañero de banca Roberto Mirabella para poder aportar nuestra mirada, tal como nos comprometimos, en el ámbito de la reglamentación de la nueva ley que acabamos de sancionar y que acaba de ser promulgada”.

Además, compartió que fue “una gran reunión donde pudimos dialogar en torno a la constitución y a la construcción de previsibilidad para el sector pero, además de eso, en los aportes que se pueden realizar con el consejo asesor, que se tiene que conformar de parte de la ley y donde queremos que todos los sectores estén involucrados para poder justamente ratificar este rumbo de una Argentina que industrialice la ruralidad, que genere empleo y que fundamentalmente el agregado de valor en origen sea parte de un destino de sustitución de importaciones que nos haga un país industrial”.

“Campo e industria de la mano”, resaltó.

En tanto, el senador nacional Roberto Mirabella destacó la importancia de que “podamos estar dialogando con el sector empresario, con el secretario Martínez, que podamos hacer una mesa de trabajo para la nueva reglamentación de la ley”.

Mirabella sostuvo también que “todo el sector de los biocombustibles en Argentina es hijo de aquella ley del año 2006-2007 impulsada por Néstor Kirchner” y remarcó que “la provincia de Santa Fe es líder en Argentina la producción de biodiesel”.

“Es un sector que genera mucha mano de obra y muchas divisas para el país por el nivel de exportaciones que ha tenido y también por el desarrollo que ha tenido en el consumo interno en los cortes de las naftas a partir de los combustibles fósiles”, completó.

Participaron del encuentro Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA); Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Hilarión Del Olmo, presidente de Explora S.A; y Tomás Lorda, vicepresidente de Energías Renovables SA. Además, estuvieron Diego Roger, director de Biocombustibles y Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización.

En un trámite veloz, el Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, a la que la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada. Con todo, y atento a sugerencias surgidas desde todos los bloques, incluso del oficialismo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, estableció un compromiso.

Lo hizo a propósito de observaciones hechas por ejemplo por el oficialista santafesino Roberto Mirabella, y expresó en ese sentido que “vamos a firmar el despacho, pero con la visión de que si existen aportes que podamos hacer, o en el caso de la propuesta que hizo el senador (Carlos) Caserio de un compromiso que se pueda tomar en el tema de la reglamentación” se atenderán esas cuestiones. “Vamos a firmar el dictamen, pero vamos a buscar en este tiempo el aporte necesario para ser justos en este esquema de la producción que la República Argentina necesita y de la generación de empleo que necesitan los estados provinciales. Y más después de esta crisis que estamos teniendo, en la que lo que más cayó fue el empleo”, agregó el senador formoseño.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz.

La reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio -respectivamente-, contó este miércoles con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien defendió el proyecto, asegurando que contempla aspectos similares a la actual Ley 26.093.

En el arranque de la reunión, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro), reclamó que el tema no pase por su comisión. En un sentido similar, el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) observó la falta de intervención de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el legislador propuso convocar a expositores, pero Uñac dejó clara la postura del oficialismo de avanzar con el dictamen este mismo miércoles.

“En unos días más nos quedamos sin marco regulatorio, la premura con la que estamos tratando el proyecto es por esas razones”, señaló el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en alusión a que el próximo 12 de julio vence la prórroga de la ley que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto.

Al consultar a Martínez, De Angeli afirmó que con esta ley “se va a resentir la producción de maíz” y “va a haber menos bioetanol y mucha menos producción de maíz para alimento animal”, cuando esta materia prima “está en casi todas las provincias argentinas”. “¿Usted cree que va en contra o va a favor de la producción de maíz?”, le preguntó.

El secretario de Energía argumentó que el proyecto “mantiene el mismo corte que tenemos hoy, con lo cual no debería resentirse la producción”, por el contrario opinó que “sí creo que ha habido problemas cuando no tuvimos herramientas”.

Y al momento de la repregunta, De Angeli le planteó si él será quien “decida si aumenta o baja el corte”. “La autoridad de aplicación va definiendo el esquema permanentemente, hoy es así el esquema actual”, sostuvo el funcionario, que insistió con que “hemos utilizado como base el 12% que tiene hoy el bioetanol”.

Además, justificó: “Nos parece importante tener una diferenciación entre maíz y azúcar, porque no evolucionan de la misma manera, quizás el azúcar es más constante, y el maíz tiene vaivenes”.

A su turno, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) recordó que el Senado, por unanimidad, había decidido el año pasado prorrogar la actual ley y la Cámara de Diputados “una vez más desoyó, dejó de lado, ni siquiera tomó en cuenta la decisión que se había tomado”. “Lo que se necesitaba era una discusión profunda”, resaltó la radical.

La tucumana, que reconoció que “la caña de azúcar está salvaguardada” (cabe recordar que en Diputados los legisladores tucumanos de JxC votaron a favor), rechazó que la ley deje “en discrecionalidad de la autoridad de aplicación, sea quien fuere” la decisión de aumentar o bajar los cortes. “Hay un retroceso”, sostuvo y le preguntó sobre “el cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero que tendría el país”.

Respecto a que “la autoridad de aplicación define el corte y precio es tal cual está en el régimen actual, tal cual está en lo que votaron ustedes en la prórroga”, argumentó Martínez, y “en cuanto a las emisiones, como es el mismo corte, no deberíamos tener ninguna diferenciación”, dijo.

Con fuertes críticas, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) aseveró que “esta ley no tiene consenso de todos los actores. Yo represento a una provincia que se va a ver tremendamente afectada por esta ley. En mi provincia no tiene el consenso”.

La macrista cuestionó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, al establecer la autorización “sin decir cuál es el criterio, de bajar solamente a quienes producen biocombustibles en base al maíz”.

“El campo en su conjunto ha recibido fuerte embate del kirchnerismo en todos los proyectos que presenta”, reclamó y consultó a Martínez “si hay previstos hacer aprietes a las empresas que presentaron cautelares”, algo que el funcionario rechazó al responder.

También muy dura, la radical Pamela Verasay (UCR) criticó que en la exposición de Martínez “no se ha escuchado el costo fiscal, el impacto en la balanza comercial” y “no se aportó un solo número al debate” ni tampoco “cuál es el sustento técnico” de la propuesta.

Mientras que la bonaerense Gladys González le replicó: “Esto es un retroceso en todos los aspectos que usted mencionó como positivos; no alcanzo a ver qué es lo positivo de esta norma”. “Es mentira que no estamos reduciendo, hoy el corte del biodiésel es del 10%, no es del 5%”, enfatizó, y consideró que al no subir los porcentajes de corte “vamos a quedar afuera del mundo” porque “el mundo está descarbonizando”.

En la reunión, recogió el guante por los dichos de Rodríguez Machado -aunque sin nombrarla- la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien pidió que a la política de biocombustibles “la quitemos, la saquemos de la campaña electoral”. Y dijo que sobre la supuesta “posición en contra del campo” del peronismo “de ninguna manera puedo permitir que esto pase como una afirmación alegre”.

Por el contrario, la legisladora kirchnerista manifestó que es una afirmación “refutable, tanto desde el punto de vista conceptual como de los datos concretos”. “A los sectores productivos de nuestro país siempre le ha ido mejor con nosotros que con la oposición”, remarcó y apuntó contra “los campeones de la industrialización del país” que “se llevaron puestos en cuatro años 230 mil puesto de trabajo, 24.537 PyMEs y ni que hablar del poder adquisitivo de los salarios”.

Martínez insistió que el proyecto contiene similitudes con la actual ley

En su exposición inicial, el secretario de Energía recordó que la Ley 26.093 “fue empujada e iniciada por un expresidente (Néstor Kirchner) que venía de ser gobernador de una provincia petrolera. Sin embargo entendía ese diversidad que tiene nuestra matriz energética y la potencialidad de poder avanzar y generar energía y puestos de trabajo en nuestro país”.

“Ese sigue siendo el espíritu de este proceso: transición energética, generar recursos, cuidar y generar puestos de trabajo”, afirmó sobre el proyecto que en la Cámara baja impulsó Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista.

Para el funcionario, “era importante volver a tener un régimen que establezca un plazo que le dé un horizonte a los inversores, los trabajadores, las regiones y el sistema en general”.

“Estoy muy contento con el trabajo que se hizo en Diputados”, reveló y apuntó que “el vaivén de los precios hacía que, en algunos casos, (los productores) tenían corte pero no tenían precio, entonces las plantas no estaban trabajando”.

Y defendió que el actual esquema de precios fue lo que “les permitió a todos reactivar la actividad”. “Hoy los niveles de corte y precio han sido solicitados y consensuados por los sectores, para buscar la posibilidad de que hoy las plantas estén en plena producción”, agregó.

Martínez además insistió, en varios pasajes de su exposición, que los porcentajes de cortes son “los que tenía la ley” y consideró que esta norma permitirá que “las plantas sigan funcionando, se sigan modernizando y se mantengan los puestos de trabajo”.

Minuto de silencio por Reutemann

Minutos después de las 14, al conocerse la noticia del fallecimiento del senador santafesino Carlos Reutemann, el presidente del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, intervino en la reunión para pedir un minuto de silencio “en homenaje a esta gran persona que ha trabajado con nosotros”, al que todos los presentes en la reunión virtual se sumaron.

Más tarde, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) homenajeó al “Lole”, quien “fue dos veces gobernador de mi provincia, de la provincia de Santa Fe” entre 1991 y 1995, y de nuevo entre 1999 y 2003, y “fue electo senador nacional en cuatro oportunidades”. “Ocupaba una banca por el peronismo federal. Había sido electo por Cambiemos. Más allá de estar sosteniendo otro ideario político, no puedo menos que hacer un homenaje a quien fue electo por el pueblo santafesino en tantas oportunidades”, completó.

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

Luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por dos meses el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -que vencía este miércoles-, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto presentado por el oficialismo, con Omar “Chafi” Félix y Marcos Cleri a la cabeza.

La discusión continuará este jueves a las 15 en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que contará con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez.

El oficialismo busca consensos para avanzar con el nuevo régimen, que fue duramente criticado por representantes de las cámaras empresarias que asistieron semanas atrás a la Comisión de Energía.

Es que la iniciativa del Frente de Todos rebaja el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 10% al 5%, lo que consideran un retroceso respecto de la ley vigente. En el caso del bioetanol, se mantiene el corte actual del 12%.

El nuevo régimen tendría una vigencia hasta 2030 con posibilidad de prórroga. Prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de hidrocarburos, y busca fomentar la producción nacional para la sustitución de importaciones.

Ante la incertidumbre que prevalecía en más de medio centenar de plantas productoras de hidrocarburos en todo el país por el vencimiento de la Ley 26.093, el Ejecutivo la prorrogó por 60 días a través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que el Poder Ejecutivo prorrogará, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, para que el Frente de Todos pueda buscar consensos en la Cámara de Diputados en torno a una nueva ley.

La norma actual vence el próximo 12 de mayo y tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo reclamaban una prórroga para evitar un vacío legal en el sector, representado por más de medio centenar de plantas productoras en todo el país.

“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen en el Poder Legislativo”, informó Martínez, según reprodujo Perfil.

El funcionario sostuvo que “la transición energética es lo que se viene y Argentina va en ese camino. Mientras se discute el nuevo régimen en Diputados y Senadores, vamos a prorrogar el régimen”.

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Sobre este aspecto, el diputado tucumano Pablo Yedlin confirmó que el DNU tendrá un alcance de 60 días, manteniendo los actuales niveles de corte en la nafta (12% de bioetanol) y el gasoil (10% de biodiesel).

En su visita a Tucumán, Martínez destacó que “es importante para la región y para el país hablar sobre la prórroga del Régimen de Biocombustibles y sobre la nueva ley, donde el corte con bioetanol con caña de azúcar queda todo incluido para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”.

“La verdad es que ahí también trabajamos la transición energética, también intentamos ser más amigables con el medio ambiente”, expresó el secretario del área.

En octubre del año pasado, el Senado había aprobado la prórroga de la ley vigente hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto con nuevos parámetros y ahora buscan acuerdos con la oposición y las cámaras empresarias, que formularon críticas.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) encabezó un pedido de informe al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para que brinden información detallada y en forma urgente sobre la gestión en materia energética ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Los funcionarios deberán informar sobre el impacto fiscal estimado por el aumento considerable de subsidios y el progreso de la Revisión Tarifaria de Transición para lo que resta del año 2021. Esto, luego que el ENRE, por indicación de la Secretaría, autorizara el incremento del 9% de las tarifas y aprobara los valores tarifarios para las distribuidoras Edenor y Edesur, muy por debajo de la pauta inflacionaria presupuestada para 2021 y que había sido la expresa indicación del ministro de Economía Martín Guzmán.

“Ante la actual crisis energética que atraviesa el país, los funcionarios lejos de brindar seguridad y transparencia en las decisiones del área, son noticia en la prensa por aparentes disputas de poder”, fundamentó la diputada Latorre en su pedido y agregó: “Algunos se quejan de ‘funcionarios que no funcionan’, nosotros exigimos que los funcionarios den explicaciones y rindan cuentas a la ciudadanía. Y que funcione la institucionalidad de una cartera, y no que la tercera línea le dé instrucciones a la primera y que la recomendación técnica la dé el Poder Ejecutivo en lugar del ente técnico”.

A su vez, el pedido de informes exige a los funcionarios explicitar su posición respecto del próximo vencimiento de la Ley de Biocombustibles, como así también del proyecto de prórroga que cuenta con la media sanción del Senado y brindar detalles técnicos y fundamentos respecto del proyecto de ley presentado recientemente por el oficialismo.  

“El nuevo proyecto presentado por el oficialismo no sólo desconoce la iniciativa de prórroga que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores a instancia del propio oficialismo; sino que desconoce y da por tierra un régimen de promoción iniciado en el gobierno de Néstor Kirchner con una propuesta liderada por su hijo que resulta un retroceso en la transición de la matriz energética y en los compromisos medio ambientales que ha asumido nuestro país”, sentenció la mendocina.

La legisladora opositora concluyó que “el Jefe de Gabinete debe tener serias dificultades de gestión ya que hay una clara descoordinación en los objetivos de las distintas políticas que ejecuta este Gobierno, mientras Guzmán pretende reducir el déficit fiscal para, entre otras cosas renegociar con el FMI, los funcionarios y legisladores que responden al ala dura del kirchnerismo aumentan subsidios por encima de la recaudación e incumplen compromisos internacionales”.

Acompañan este pedido de informe los diputados Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Juan Manuel Lopez, Brenda Austin, Ximena Gacia, Luis Petri, Claudia Najul, Diego Mestre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Victor Hugo Romero, Facundo Suarez Lastra y Fabio Quetglas.

Diputados de JxC pedimos explicaciones por la gestión de @dariomartinezpj y Federico Basualdo.
Los funcionarios lejos de brindar seguridad y transparencia en las decisiones del área, son noticia en la prensa por disputas de poder.
Sigue ⬇️ 1/4 pic.twitter.com/jV4ijCronD

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) May 3, 2021

Durante una breve reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, oficialismo y oposición coincidieron en citar en el corto plazo al secretario de Energía, Darío Martínez, para que brinde respuestas e información sobre los proyectos que el Gobierno tiene pensado impulsar en materia energética.

El sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), ratificado como presidente de la comisión, confirmó que se le cursará una invitación al funcionario, porque “creemos que hay temas muy interesantes” para abordar.

“Nosotros sancionamos por unanimidad el año pasado la prórroga de la ley de beneficios y promociones de los biocombustibles, que está en Diputados con media sanción y esperando qué se va a hacer. Todos sabemos que desde el Poder Ejecutivo se está trabajando en una reforma integral o casi integral de la ley. Todos estamos pendientes de esta situación”, sostuvo.

Además, el oficialista abogó por un año “más agitado en cuanto trabajo” respecto del anterior, a raíz de “los anuncios que hizo el presidente de los proyectos que enviará al Congreso” sobre electromovilidad, hidrocarburos y emergencia de los servicios públicos. En ese sentido, dijo que habrá que “darle la premura a todos estos temas”.

Por su parte, la mendocina Pamela Verasay (UCR) resaltó que “tenemos un desafío sumamente interesante de poder motorizar esta comisión pensando en la idea tan importante como es rediscutir la ley de hidrocarburos”.

“Y en particular en el Senado, sabiendo que estamos hablando de una competencia donde claramente el federalismo tiene que tener participación, opinión, justamente para respetar la soberanía de las provincias en materia de recursos no renovables”, agregó la radical.

También, la senadora, que continuará como vicepresidenta de la comisión, señaló que “sería buena la visita de los funcionarios del área de Energía, sabiendo que ya se han cerrado las dos audiencias públicas en materia tarifaria”, y ante los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre los aumentos segmentados que habrá este año en luz y gas.

Verasay consideró que es necesario abordar la discusión de la energía “no solo como materia de servicio para los consumidores, sino también para la industria, y también pensando que es una de las causales de los grandes déficit en Argentina”. Por eso, llamó a debatir “ideas que nos hagan crecer y nos hagan mirar y marchar para adelante”.

A su turno, el salteño Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos), que seguirá como secretario de la comisión, destacó que en su provincia se constituyó recientemente “la mesa del litio” y afirmó, además, que “hay mucho trabajo para hacer con respecto al petróleo y también a los biocombustibles, que todavía no logramos que la ley se ratifique en la Cámara de Diputados”. “En las provincias del NOA causa un efecto multiplicador” esta industria, remarcó.

“Una nueva ley de hidrocarburos nos tiene que encontrar a todos, más allá de nuestros colores políticos, trabajando juntos por los intereses de nuestros recursos naturales, de nuestras provincias, y también por una actividad tan valiosa e importante”, expresó durante el encuentro la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos).

En pleno debate sobre el Régimen de Promoción de los Biocombustibles en la Cámara de Diputados, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió que “si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, tal como pide la oposición, que convocó a una sesión especial para este jueves.

“No hay nada definido. En lo personal, entiendo que la transformación de maíz en alcohol es una muy buena tecnología que genera, por un lado, combustible, y por el otro, la burlanda. Si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, dijo Basterra en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, según reprodujo el diario La Voz del Interior.

Estuvimos en Marcos Juárez, Córdoba, participando de la presentación de la nueva cosechadora @MetalforSA 2635.

Producción nacional de maquinaria agrícola que profundiza la presencia de nuestra industria en Argentina y en el mundo.#ArgentinaUnida #ReconstrucciónArgentina ⬆️ pic.twitter.com/FSKsMDtigI

— Luis Basterra (@LEBasterra) March 23, 2021

Tras participar de la presentación de la nueva cosechadora que fabricará la empresa Metalfor, el funcionario no descartó prorrogar la Ley 26.093 si no se llega a un acuerdo en torno a un nuevo régimen, dado que el actual vence el 12 de mayo.

“Es un tema que está siendo debatido en el ámbito legislativo, porque requiere una prórroga o una nueva ley. He estado con el presidente de la Cámara, con los responsables de mi bloque partidario, y están haciendo todos los análisis para encontrar la mejor salida a un tema que tiene fecha límite”, explicó Basterra, y agregó: “Creo que finalmente vamos a tener una buena ley”.

La Comisión de Energía de la Cámara baja recibió este lunes al ministro del área, Darío Martínez, quien remarcó la necesidad de actualizar la ley vigente, pero no ofreció detalles de la propuesta oficial.

Diputados de la oposición reclamaron este lunes una prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, que caduca el 12 de mayo, hasta tanto se acuerde una nueva ley entre todos los sectores, tal como impulsa el Gobierno.

Fue durante la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que contó con la presencia del secretario del área, Darío Martínez, quien propuso trabajar en una nueva ley pero no dio detalles de la propuesta oficial.

El encuentro tuvo lugar a tres días de la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para tratar el proyecto aprobado en el Senado que extiende el régimen actual por cuatro años.

El radical Fabio Quetglas fue el primero en preguntarse “si no es conveniente prorrogar la ley vigente y constituir una comisión que trabaje durante un año” para generar un nuevo régimen. “La señal que damos si legislamos a las corridas no es positiva”, consideró, y como “alternativa” propuso que el Poder Ejecutivo prorrogue la ley por decreto hasta el 31 de diciembre.

La representante del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag habló de lo que significan los hidrocarburos para su provincia: “Más de la mitad del abastecimiento interno de gas y un cuarto de la producción de petróleo son aportados por la riqueza del suelo neuquino. Treinta mil empleados en forma directa y pymes de 17 provincias trabajan en relación con Vaca Muerta”.

Sapag informó que “estos recursos contribuyen al fisco neuquino en un 35%”, por lo que afectarlos “dañaría severamente la capacidad de la provincia de sostener servicios básicos”. “Como neuquina no tengo otra opción que defender el trabajo de la gente de mi provincia”, admitió, y por eso llamó a buscar consensos: “Esto no es una cuestión de compulsa ambiental, si los biocombustibles o los hidrocarburos son buenos o malos. Todo es bueno para el país”.

El santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) recogió el guante y dijo que “el consenso no tiene por qué ser unanimidad”. “Necesitamos avanzar hacia una norma con el mayor nivel de consenso sabiendo que no vamos a lograr la unanimidad”, afirmó, y señaló que “hoy el régimen pareciera tener un consenso unánime cuando en aquel momento, en 2006, no fue así”.

Por su parte, la radical Jimena Latorre -extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza- ponderó que se haya llegado a “un punto de coincidencia: necesitamos una nueva discusión, la Argentina no es la misma de 2006”. Sin embargo, expresó sus dudas sobre el borrador de proyecto que circuló en las últimas horas y la futura composición de la supuesta mesa multisectorial para abordar el tema.

“Se debe seguir trabajando, pero tomémonos el tiempo para trabajar en una planificación para no seguir con el mismo régimen de promoción vigente hace 15 años si queremos ser progresistas y trabajar en un crecimiento, ampliación y diversificación real de la matriz energética. Deben estar todos los actores sentados en el momento de rediseñar el régimen e incluso expandirlo para que haya una real diversificación”, especificó Latorre.

El tucumano José Cano, también de la UCR, sostuvo que “para nuestras economías regionales, es fundamental tener certeza” y mencionó que “la industria azucarera genera más de 60.000puestos de trabajo con la producción de bioetanol”. “Lo más sano sería hacer una prórroga y poner una fecha tope para tratar de tener la mejor ley”, coincidió.

Desde Chubut, Gustavo Menna aportó: “Pertenezco a una provincia petrolera, pero entiendo perfectamente la necesidad de prorrogar este régimen”. “Toda una actividad productiva depende de la suerte de esta ley”, afirmó, y consideró que “debe primar un principio de solidaridad regional” entre las provincias, al poner como ejemplo que la Ley Ovina (25.422), que beneficia a la Patagonia, “vence en pocos días”.

El oficialista Marcos Cleri subrayó que la 26.093 “fue una excelente ley que ha podido construir una gran cantidad de inversión y trabajo en el interior del país”. Detalló que de las 55 plantas que producen biocombustibles, 16 son de bioetanol de azúcar, seis de bioetanol a base de maíz, una no funciona (Vicentin Avellaneda) y las restantes plantas son a base a soja (biodiesel).

El santafesino resaltó que con el proyecto que comenzó a circular, “de las 55 plantas, 47 estarán incorporadas al nuevo régimen”. Además, observó que “si se prorroga la ley actual va a quedar el corte del 5% mínimo para el bioetanol y el biodiesel” cuando “en resoluciones anteriores se les fue dando mayor participación en el mercado”.

Hacia el final, uno de los diputados más duros fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), que dijo desconocer el borrador de proyecto y lanzó: “No hay proyecto de ley que discutir porque no hay un proyecto energético integral en Argentina, no hay un plan económico integral en Argentina que nos oriente para saber hacia dónde estamos yendo”.

Félix, titular de la comisión, adelantó que habrá otros encuentros futuros, pero no opinó sobre la prórroga de la ley. “Mi gran duda es ni no nos animamos a generar el debate que construya una ley… todos sabemos que es un año político, hay que animarse a intentarlo”, se limitó a decir.

El secretario de Energía, Darío Martínez, llamó a discutir un nuevo régimen para los biocombustibles diferente al actual, que vence el 12 de mayo, en el marco de una mesa multisectorial. Lo dijo al participar de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que el oficialismo convocó debido a la presión opositora para prorrogar la ley vigente.

“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”, expresó Martínez al exponer en la comisión presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que también contó con la presencia de representantes de cámaras empresarias que apoyaron la discusión de un nuevo esquema (Ver abajo).

El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.

Martínez -que asumió el cargo en agosto pasado- recordó que en noviembre pasado el Gobierno estuvo a punto de lograr un acuerdo con el sector, pero “se demoró y terminamos en enero en un sendero de precios para recomponer la industria y la actividad”, y el tema se judicializó.

Ahora, participando de la reunión informativa de la Comisión de Energía de @DiputadosAR sobre el Régimen Regulatorio de Biocombustibles

🔴Transmisión en vivo https://t.co/Wpr3WAKDCU pic.twitter.com/4SqkW9MRH7

— Darío Martínez (@dariomartinezpj) March 22, 2021

Si bien no brindó detalles del nuevo régimen propuesto, resaltó que “tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”. “Me refiero a las pymes, a los sectores que no tienen la capacidad financiera de poder desarrollarse”, explicó el secretario del área.

También llamó a “entender los diferentes mercados con la caña de azúcar, el maíz y la soja”, ya que “no son las mismas realidades: hay que hacer un esfuerzo compartido pero mayor, porque no tienen la posibilidad de un mercado internacional creciente”.

Finalmente, propuso la creación de una comisión multisectorial con la participación de todos los actores involucrados “en función del nuevo escenario a nivel nacional e internacional, y de la fecha en la que estamos”, dado el vencimiento inminente de la Ley 26.093.

El origen y la transición energética

Al inicio de su exposición, Martínez recordó que a comienzos del año 2000 “los biocombustibles nos plantearon un horizonte muy positivo, muy alentador” ya que “parte de la transición energética en el mundo” se orientaba a ellos, y así surgió en 2006 la Ley 26.093, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

El secretario de Energía insistió en que “fue una gran herramienta en el marco en el que se la tomó”, pero “hoy estamos de vuelta analizando el tema porque tenemos el vencimiento de los 15 años de ese régimen”. Por eso, pidió “ver cuáles fueron las cuestiones que no funcionaron bien si queremos tener un régimen que funcione mejor y que optimice el esquema que teníamos”.

“En el contexto internacional, de 2006 hasta ahora también se modificaron situaciones: la transición energética ahora también tiene otras variables a ser consideradas”, como “la electromovilidad, el hidrógeno y tomar al gas como combustible de transición”, describió el funcionario, y graficó: “En 20, 25 años, poner en marcha un motor a combustión también va a ser mirado de reojo, y esto no lo podemos negar”.

La voz de las cámaras empresarias

Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció que vienen “de dos años nefastos para el sector” y que estaban “al borde de perderse todas las inversiones que se habían hecho en 15 años” hasta que Martínez asumió en la Secretaría de Energía y se buscó “una solución parcial hasta llegar a este punto del vencimiento de la 26.093”. “Siempre las cámaras hemos buscado una nueva ley”, dijo.

Por su parte, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), coincidió en que “esta ley ha tenido enormes beneficios”. “Venimos trabajando en una ley superadora que contemple los cambios que ha habido, una ley moderna que incluya a toda la industria y que potencie los beneficios obtenidos”, aseguró.

De todos modos, consideró que “sería necesaria una prórroga que nos dé tiempo para debatir una ley superadora”, y agregó que el nuevo régimen “debe tener en cuenta todo lo bueno de lo que sucedió hasta ahora pero también corregir algunos temas”.

Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradas de Biocombustibles (CEPREB), afirmó a su vez que “esta ley dará previsibilidad jurídica a la actividad y permitirá la realización de inversiones que incrementarán las fuentes de trabajo”.

A su turno, el director ejecutivo de Biomaíz, Patrick Adam, también reclamó “más tiempo para que todos podamos participar de la elaboración de una ley que tranquilamente puede salir por consenso. Para eso hay que escuchar a todos los productores, sean de la materia prima que sean, sean pequeños, medianos o grandes”, dijo, y añadió que “el mundo avanza decididamente hacia una matriz energética sustentable reduciendo la utilización de combustibles fósiles”.

Por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO), José Porta, criticó que se haya tardado tanto en iniciar la discusión parlamentaria y también llamó a buscar consensos: “Las leyes son perfectibles, vía resoluciones o acuerdos. No hay forma de que una ley sea perfecta”.

Además, Porta explicó que “hay una diferencia clara entre la materia prima con la cual se genera el biocombustibles, como la caña o el maíz. Así y todo, hay que cuidar a todas las industrias, chicas o grandes, cada una con sus particularidades”.

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, destacó que “ninguna otra cadena agroindustrual en estos 15 años puede acreditar las inversiones que los biocombustibles han hecho como consecuencia de esta ley, distribuidas en diez provincias”. Agregó que en el sector azucarero esto se traduce en “20 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 60.953 trabajadores en forma directa”.

“No voy a alimentar dilemas falsos sobre ‘Vaca Muerta o vaca viva’. Argentina no se pude permitir eso en esta coyuntura. Lo inteligente sería aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos como país”, señaló Feijoó, y subrayó: “La 26.093 fue un éxito político. Argentina se anticipó rente a otros países del mundo, eso tenemos que capitalizarlo”.

En la comisión también expusieron Juan Facciano (Cámara Santafesina de Energías Renovables), Hilarion Del Olmo (Cámara Panamericana del Biocombustible) y Tomás Lorda (Cámara de Empresas y Pymes Regionales).

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa para este lunes a las 17 con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.

En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.

Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves: la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.

Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.

Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.

Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.

“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.

El diputado nacional de la UCR Álvaro de Lamadrid, acompañado por 26 legisladores del mismo espacio, presentó un proyecto de resolución que busca interpelar al secretario de Energía, Darío Martinez, para que informe sobre la situación que atraviesa YPF tras la salida de Guillermo Nielsen.

De Lamadrid apuntó que la gestión de Nielsen -que será reemplazado por el actual diputado Pablo González- “fue desastrosa: no les pagó a los proveedores, incumplió contratos como con Exmar, les bajó el sueldo a los empleados y lanzó un retiro voluntario sin planificación”.

“Por si todo esto fuera poco, ahora quiere vender el edificio que YPF tiene en Puerto Madero. Antes también el kirchnerismo malvendió bienes de la compañía y el apoderamiento que hicieron de la firma a través de la figuración Eskenazi fue usado para quedarse con parte de la compañía”, lanzó De Lamadrid.

En el pedido de interpelación, el diputado radical requiere saber qué estrategia tiene el directorio de YPF para resolver el embargo de la terminal regasificadora de Escobar, clausurada desde hace tres meses por orden judicial.

También si IEASA (Integración Energética Argentina) “tiene que licitar en febrero la primera tanda de cargamentos de LNG para reforzar la oferta de gas para el invierno, teniendo en cuenta la complejidad de este concurso internacional con la terminal de Escobar embargada , más cuando aún sin estar definido si se recontratará el barco regasificador de Bahía Blanca”.

“Queremos saber si se pondrá en práctica el Plan Gas 4, y si tras el planteo de algunos bonistas la petrolera accedió a utilizar la regulación internacional para determinar los términos y condiciones de la histórica reestructuración de deuda.  También es imperioso que el secretario de Energía explique las condiciones de la asociación entre YPF y de la empresa noruega Equinor y Shell para buscar petróleo frente a Mar del Plata”, subrayó el legislador.

Acompañaron el pedido de interpelación los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Waldo Wolff, Jorge Enriquez, Gonzalo Del Cerro, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Omar De Marchi, Atilio Benedetti, Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Julio Sahad, Alicia Terada, Hernán Berisso, Virginia Cornejo, Estela Regidor, Martín Grande, Fernando Iglesias, Gabriela Lena, Ximena García, Aída Ayala, Claudia Najul, Soher El Sukaria, Diego Mestre, Lorena Matzen y Adriana Ruarte.

La senadora María de los Angeles Sacnun fue recibida en la Secretaría de Energía de la Nación, por su titular, Darío Martínez, a quien le presentó una propuesta para impulsar el desarrollo del sector de los biocombustibles.

Sacnun señaló que en el encuentro planteó que “es fundamental volver a poner eje en el fomento y la potenciación de los biocombustibles en términos de sus contribuciones y ventajas y agregó que “estamos en contacto permanente con los trabajadores y trabajadoras y las cámaras del sector trabajando para el desarrollo de las economías regionales de todo el país y para mi provincia de Santa Fe donde tenemos que cuidar los puestos de trabajo y a las pequeñas y medianas empresas”.

La senadora santafesina, autora de la prórroga de la Ley 26093 que tiene media sanción del Senado, dijo que “esta ley,  que nació durante el gobierno de Néstor Kirchner, es una pieza clave en el desarrollo energético y federal de la Argentina”.

“Los biocombustibles suman al autoabastecimiento energético, sin por ello dejar de lado ninguna fuente energética, y al mismo tiempo, crean nuevos productos y nuevas industrias  y en el marco de la situación pandémica, la industria  también brinda un aporte sanitario, dijo Sacnun.

Y finalmente agregó: “Estamos trabajando intensamente para poner en marcha una necesaria industrialización de la ruralidad en cabeza PyME, generando empleo de calidad, arraigo y fomentando el desenvolvimiento de las economías regionales. Para eso es necesario tomar urgente medidas por la situación en que se encuentra el sector”.

El presidente Alberto Fernández participó de la inauguración de la central térmica de generación de energía de YPF La Plata Cogeneración II (LPC II), que requirió una inversión de 166 millones de dólares para su construcción, en el Complejo Industrial La Plata, y permitirá abastecer de energía a 210 mil hogares. 

Allí, el mandatario también visitó las instalaciones de Y-Tec, una empresa de investigación y desarrollo para la industria energética conformada por YPF y el Conicet, que cuenta con más de 250 profesionales y trabaja en 23 espacios de innovación tecnológica y científica. 

Durante el acto, el jefe de Estado aseguró: “Llegamos con la firme decisión de poner a la Argentina de pie, y ahora más que nunca vamos a reconstruir el país”, al tiempo que instó: “Les propongo que pongamos en marcha una nueva etapa, que seamos capaces de construir otra normalidad con más justicia, más equidad, y en donde YPF siga creciendo para darnos la energía que necesitamos”. 

Sobre la estatal YPF, el mandatario reflexionó: “Estamos en presencia de una empresa que es la nave insignia de las empresas argentinas, que funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino”, y destacó: “En los cuatro años pasados el daño que le hicieron a la compañía fue verdaderamente llamativo”. 

Y añadió: “Necesitamos que todos entendamos lo que YPF representa como potencial para el desarrollo de la energía, porque solo pensar que acá se produce la mayor parte del combustible del país y la electricidad para los vecinos, habla del enorme potencial de la empresa porque allí reside el futuro del país”. 

El presidente estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvarezza; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente del directorio de YPF, Guillermo Nielsen; y el CEO de la empresa, Sergio Affronti. También participaron los intendentes de Ensenada, Mario Secco; y Berisso, Fabián Cagliardi. 

Por su parte, el gobernador bonaerense explicó que “Buenos Aires refina el 80 por ciento del petróleo que produce el país. Por eso, sentimos que todo esto nos hace una provincia petrolera”, al tiempo que reflexionó: “Esta obra la empezó Cristina y la termina Alberto Fernández después de un hueco en que las cosas se detuvieron y se abandonaron”. 

En tanto, el secretario de Energía destacó que “la inauguración de la Central no solamente aporta el vapor necesario al complejo industrial, sino que lo hace cuidando y protegiendo el medio ambiente”, y subrayó “el esfuerzo de los trabajadores y el emprendedurismo de las PyMEs y las empresas regionales convierten en producción nacional todo este trabajo”. 

Al exponer, el CEO de YPF informó que en la refinería “se producen naftas de altísima calidad, que han recibido una mención recientemente por parte de las 10 empresas norteamericanas más importantes por la calidad de los combustibles”. Mientras que el presidente del directorio de la empresa remarcó “el impulso de la energía que se está llevando adelante en el país, lo que lleva a alentar el impulso de la Ley de Hidrocarburos que nos va a permitir desarrollarnos”. 

LPC II incorporará 90 MW y generará 605 GWh por año para abastecer el sistema eléctrico argentino, además de aportar 200 ton/hora de vapor para el complejo industrial de YPF. Su construcción generó un promedio de 300 puestos de trabajo por mes. Junto a LPC I, conforma el complejo de cogeneración más grande de la Argentina, con una generación de 271 MW de energía eléctrica equivalente al consumo de 440 mil hogares. 

Durante la recorrida por las instalaciones de Y-Tec, el presidente se interiorizó sobre los detalles de la empresa que brinda servicios de análisis de roca (Y-Core), posee un laboratorio de microscopía electrónica y desarrolla el proyecto de nanotrazadores inteligentes Y-Trace. La misma funciona en el edificio dedicado a I+D más grande del país, que tiene 13 mil m2, 47 laboratorios, 12 plantas piloto, y equipos de última generación. 

El Complejo Industrial La Plata es el centro de producción de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos más grande del país, y ocupa unas 400 hectáreas entre los partidos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Además, es uno de los principales de su tipo en Latinoamérica, y emplea a más de 4.000 personas en sus instalaciones. 

Las fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) le manifestaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, su preocupación por encontrarse al límite de agotar el cupo anual asignado en GLP butano, lo que llevaría al corte de la cadena de envasado de gas en garrafas. “La situación es muy compleja para todas las empresas, tuvimos que adelantar los volúmenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Solicitamos la asignación de cupos adicionales a los destinados al mercado interno, contemplando la mayor demanda y al precio máximo de referencia establecido en la Ley 26.020”, reclamó Pedro Cascales, director de CEGLA.

Desde la Cámara hemos alertado por el inminente colapso de la cadena de gas envasado ante la falta de actualización de precios. No se está cumpliendo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 26.020. En efecto, el atraso es tan grave que mientras la realidad de los costos obliga a un precio mayorista de $ 360 por cada garrafa de 10 kg. en planta de fraccionamiento de zona central, y de $ 410 en el norte del país, el precio de venta determinado por la Autoridad de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, es de apenas $ 185 de manera uniforme para todo el territorio nacional. Es decir, los precios actuales no alcanzan al 50% necesario para operar con normalidad.

A esta situación crítica se suma ahora la posibilidad cierta de corte en el fraccionamiento por falta de GL P butano para las garrafas. Debido al incremento de la demanda de gas licuado butano destinado al Programa Hogar, las empresas fraccionadoras adelantaron los volúmenes asignados por la Secretaría de Energía para los últimos tres meses del año. “Hay un esfuerzo muy grande de nuestra industria en recursos humanos para cumplir con esta mayor demanda, con adquisición de camiones y acoplados, y, especialmente, de envases para el fraccionado de este mayor volumen”, explicó el director de CEGLA.

Este desabastecimiento de GLP butano al que se enfrentan las empresas fraccionadoras, más la falta de revisión del precio de  referencia del gas envasado que conlleva a un quebranto operativo, podría desembocar en una crisis muy importante para el sector de fraccionado de garrafas.

Con el firme propósito de garantizar el abastecimiento del mercado interno del GLP butano, desde CEGLA se le solicitó a la Autoridad de Aplicación que disponga a la máxima brevedad la asignación de volúmenes adicionales a los ya consignados al mercado interno, que contemple esta mayor demanda que se viene registrando durante el corriente año, y que ese volumen sea entregado al precio máximo de referencia establecido de $ 9.895 más impuestos la tonelada.

Cabe destacar que las industrias asociadas a CEGLA proveen a un mercado de 18 millones de consumidores y que dan empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas. “Todas las empresas fraccionadoras deben tener asegurado el acceso al abastecimiento a precios que cumplan con las reglamentaciones vigentes”, finalizó Cascales.

Por José Angel Di Mauro

Habíamos calificado de “bochornosa” la anterior sesión de la Cámara de Diputados, en la que casi un centenar de integrantes del bloque Juntos por el Cambio estuvieron de manera presencial en el recinto, sin ser registrados oficialmente, mientras que los que estaban de manera remota y logueados, sí figuraban dando quórum. Habrá que reconsiderar entonces qué se entiende por “bochornoso”, a la hora de calificar lo registrado en la sesión siguiente, la del escándalo del ahora exdiputado Juan Emilio Ameri.

Fue plausible la decisión adoptada por el cuerpo de deshacerse del legislador que hizo lo que hizo a las 17.20 del jueves pasado. Hora que quedó grabada porque todo el mundo acudió a ese registro para verificar si lo que ya circulaba en las redes sociales era real, o se trataba de una fake news. Cuenta el presidente de la Cámara que nadie le avisó de lo que había sucedido, que lo vio por sí mismo; es posible, ante sus ojos desfilan todo el tiempo los cientos de diputados conectados y tranquilamente pudo registrar esa escena que dura poco más de 20 segundos. Como sea, fue plausible la determinación adoptada sin dilaciones.

El que avisa no traiciona: contó Sergio Massa este sábado que antes de anunciar su determinación,  habló con las autoridades del Frente de Todos para analizar la situación y luego volvió a su puesto al frente del recinto para anunciar la conformación de una comisión investigadora, paso previo a la expulsión del legislador. Previamente debe haber consultado los pasos a reglamentarios a invocar y por eso echó mano al artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo figura en el capítulo XX titulado: De las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión y al orden.

¿Qué dice el artículo en cuestión? “En el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.

El artículo 66 de la Carta Magna al que alude el 188 del Reglamento de Diputados, señala a su vez que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

Esto es, Ameri nunca tuvo la más mínima oportunidad de sobrevivir como miembro del cuerpo legislativo que integraba desde que se le ocurrió llamar a su compañera para sentarla en su regazo y hacer luego lo que hizo, a sabiendas o no, ante la computadora que los enfocaba. Intentó ensayar una explicación, pero su suerte estaba echada.

Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno“.

El tema es que, más allá del mal trago por tratarse de un miembro de su bancada, el bloque oficialista se encontró así súbitamente con un problema extra que no está en condiciones de afrontar en los tiempos que corren. Ajustados los números como están en la Cámara baja, donde el oficialismo es una primera minoría que apenas supera por un voto a Juntos por el Cambio, tener un diputado suspendido es un lujo que no se puede dar, más cuando se vienen por delante debates clave en los que necesita sí o sí imponer una mayoría que deberá construir con aliados, pero sobre todo con la totalidad de sus miembros.

¿Por qué decimos que supera solo por un voto, si el FdT tiene 119 miembros y JxC 116? El bloque que conduce Máximo Kirchner tiene 119 integrantes, pero uno de ellos solo vota para desempatar. Hablamos del presidente Sergio Massa. Pero en rigor de verdad, mantiene a otro de sus miembros de licencia, y todo indica que así será al menos hasta el próximo recambio legislativo, cuando a José Ignacio de Mendiguren le vence su mandato. El hombre del Frente Renovador se fue como director del BICE y si renuncia, su lugar será ocupado por un opositor, Marcelo “Oso” Díaz, del GEN de Margarita Stolbizer. Por eso hace rato que el oficialismo decidió mantener el status quo actual, pues considera preferible tener un voto menos a que la oposición cuente con un voto más. Lógico y razonable.

Pero no puede darse el lujo, como dijimos, de ceder otro voto. Por eso es que Darío Martínez todavía no juró como secretario de Energía. Elegido el 21 de agosto, se esperaba que se votara su renuncia y asumiera su sucesor en la polémica sesión del 1 de septiembre. Pero no fue así, y no porque no hubiera habido oportunidad ese día (mejor dicho, esa noche), ya que el tema no había sido siquiera incluido en el temario. Pasaba que Asunción Miras Trabalón, la mujer que sucedía a Darío Martínez en la lista del Frente de Todos de Neuquén en 2019 presentó un amparo, que la jueza María Servini desechó, invocando la Ley de Paridad de Género, y embalada por el apoyo de las mujeres de ambas cámaras apeló a la Cámara Nacional Electoral.

Fue así que, por si acaso, el oficialismo no hizo renunciar nunca a Martínez, hasta tener resuelta esa cuestión. Y si bien el jueves pasado el planteo de la dirigente de Nuevo Encuentro no había sido definido aún por la CNE, las autoridades de la Cámara hicieron jurar y asumir a Guillermo Carnaghi. Así se lo habían hecho saber que sucedería fuentes de la Cámara baja consultadas por parlamentario.com, remarcando que la Ley 27.413 de Paridad de Género es bien clara en ese sentido.

En efecto, y tal cual indicamos una y otra vez en este portal, la norma deja bien claro el tema que se insistió en cuestionar. En su artículo 3 se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Así es que el Frente de Todos se vistió de pragmatismo el jueves pasado e hizo jurar a Guillermo Carnaghi, sin que ninguna voz femenina de esa bancada se elevara para objetarlo.

En la Cámara baja está tan justo el Frente de Todos que no puede hacer como en el Senado, donde José Alperovich va a cumplir un año de licencia, por una denuncia por violación, nada menos.

Por eso es que deben haberse agarrado la cabeza en el oficialismo cuando a poco de iniciarse el debate del primer proyecto puesto a consideración en esa jornada un diputado del FdT obligara a decidir su propia exclusión. La suspensión anunciada por Sergio Massa implicaba perder un voto hasta tanto no se resolviera su situación. Que podía ser rápida, pero por lo pronto lo que resolviera la comisión creada debería ser puesto a consideración del cuerpo; y resuelta la segura expulsión de Ameri, recién entonces se podría disponer la asunción de su reemplazante.

Todo podría hacerse en una misma sesión, seguramente la próxima, en la que el oficialismo quiere que se vote el proyecto de ley de aporte solidario, donde el Gobierno descuenta tener los votos necesarios, pero mejor no correr riesgos. Por eso la situación necesitaba una resolución urgente. “O renunciás antes de las 12 o te echamos esta misma noche”, dicen que le mandó a decir Massa al ahora exdiputado salteño.

Tiene que ver con la necesidad de cerrar rápido esa polémica, pero también con las necesidades operativas del propio bloque Frente de Todos.

Las polémicas anexas abiertas

Ante semejante estropicio protagonizado por este salteño hasta ahora desconocido, habrá que mirar el lado bueno de este insólito episodio. Una vez más volvieron a elevarse voces contra las listas sábana. Comprensible, pero el tema es que en este caso no puede considerarse que se trató de una lista sábana.

Porque convengamos que la lista sábana existe fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde cada partido participante presenta una boleta con 30 diputados nacionales, más una cantidad de suplentes. Esto es, un incalculable número de desconocidos aparecen en esos listados. Y en el caso de la lista ganadora, con el tiempo pueden llegar a sus bancas más de 20 miembros: los que resultan elegidos en la elección y quienes con el paso del tiempo llegan por renuncias.

Decir que en provincias como Salta hay listas sábana es un exceso. O como decir que las listas de senadores nacionales lo son también. Todo elector puede -y debería- conocer quiénes son al menos los que va a elegir: hay dos titulares y otros tantos suplentes, no es tanto. En el caso de la elección salteña, en 2017, cuando participó el mentado Ameri, se ponían en juego tres bancas, y se repartieron entre tres fuerzas. Cambiemos ganó por el 30,25% de los votos y consiguió un diputado; el Frente Unidad y Renovación, que respondía al gobernador Juan Manuel Urtubey, tuvo un 24,44% y el Frente Ciudadano para la Victoria, encabezado por Sergio “Oso” Leavy, y que respondía al kirchnerismo, logró un 23,24%. Leavy fue electo diputado nacional y dos años después resultó electo senador nacional. Junto con Nora Giménez, que precisamente iba detrás de “Oso” Leavy en la lista para diputados de 2017. Fue por eso que el 4 de diciembre del año pasado Juan Emilio Ameri juró para completar el mandato de Leavy, quien era además su jefe político. Se supone que en una provincia como Salta, todos los que votaron esa lista debieran saber quiénes la integraban.

Ahora se celebra que en lugar de Ameri asuma Alcira Elsa Figuera, una mujer con muchos más pergaminos que el que se va, cuyos antecedentes lo sitúan como exintegrante de la barra brava de River. ¿Cómo es posible que Figueroa, antropóloga y militante feminista, estuviese detrás de Ameri? Es un reparo justo, pero comprensible en política, donde la meritocracia se analiza con otros parámetros.

Pero para el futuro recordemos que la Ley de Paridad de Género en vigencia a partir de las elecciones de 2019 daría lugar a ese tipo de situaciones, pues en su artículo 1° indica que las lisas deben estar “integradas por candidatas y candidatos de manera intercalada, en forma alterna y consecutiva, desde la primera o el primer titular hasta la última o último suplente, de modo tal que no haya DOS (2) personas continuas del mismo género en una misma lista”.

Si el que encabeza entonces es varón, el tercero siempre deberá ser de ese género. O viceversa.

Luego de la polémica generada en torno al reemplazo de Darío Martínez, finalmente juró en su lugar Guillermo Carnaghi, quien en las elecciones de 2019 fue en la lista como primer suplente.

Carnaghi juró para completar el mandato de Martínez hasta 2023, y su asunción se había complicado a partir de un amparo presentado por Asunción Miras Trabalón, quien es la presidenta de Nuevo Encuentro de la provincia de Neuquén. Ella había figurado segunda detrás de Darío Martínez en la lista legislativa, y había presentado un amparo ante la jueza de competencia electoral María Servini, para evitar la asunción de Carnaghi. Miras Trabalón basaba su planteo en el artículo 43 de la Constitución nacional, que establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. La denunciante pedía declarar inconstitucional el artículo 164 del Código Electoral modificado por la Ley 27.413 de Paridad de Género, al interpretar como un accionar “grave, actual e inconstitucional de la Cámara de Diputados consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la banca del Frente de Todos por el Distrito Electoral Neuquén”.

Sin embargo, la Ley de Paridad de Género parece ser bien clara en este tema. En su artículo 3 se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Fue lo que interpretó la jueza federal María Servini, que resolvió en favor de Carnaghi. Pero Asunción Miras Trabalón no se dio por vencida e insistió llevando su reclamo ante la Cámara Nacional Electoral, todo lo cual repercutió en el seno del bloque que conduce Máximo Kirchner de modo tal que hasta que no se resolviera esta situación, Darío Martínez no podía jurar como secretario de Energía, cargo que de alguna manera ya estaba ejerciendo, pero de manera informal. Sucedía que el Frente de Todos no quería arriesgarse a no contar con un diputado por tiempo indefinido, razón por la cual prefirieron que Martínez no asumiera hasta tanto no se resolviera la situación.

La banca que deja vacante Darío Martínez permanece aún entre signos de interrogación. Es que tras un fallo en su contra, Asunción Miras Trabalón, la mujer que pretende reemplazar al nuevo secretario de Energía, apeló ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que todavía no falló al respecto.

El pasado 21 de agosto, Martínez fue elegido para asumir en la Secretaría de Energía en lugar de Sergio Lanziani, quien fue desplazado del cargo. Sin embargo, el neuquino todavía no pudo jurar porque su banca sigue en disputa entre Miras Trabalón, la segunda de la lista de candidatos de 2019, y Guillermo Carnaghi, el suplente.

Según consta en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de Diputados, Martínez presentó su renuncia a partir del 28 de agosto, pero ésta todavía no fue aprobada por el pleno, y a su vez el Gobierno sigue sin contar con el secretario en funciones, en un área clave.

La pelea se originó porque Miras Trabalón, referente de Nuevo Encuentro en Neuquén, presentó un amparo ante la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini, para evitar la asunción de Carnaghi, a quien le correspondería el lugar según la Ley de Paridad de Género, que establece que los reemplazos deben hacerse respetando el sexo.

En efecto, el artículo 3 de esa ley señala que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

En esa línea, Servini falló en favor de Carnaghi el pasado 31 de agosto, pero Miras Trabalón redobló la apuesta y apeló ante la Cámara Electoral, con el respaldo de numerosas dirigentes políticas, incluso legisladoras del propio Frente de Todos, que cayó en una disyuntiva interna.

La CNE todavía no se pronunció al respecto y, a su vez, la Cámara baja tampoco aprobó la renuncia de Martínez. Es que en la antesala del tratamiento de proyectos clave, como el Presupuesto o el impuesto a la riqueza, dejar una banca vacía sería, para el oficialismo, un despropósito.

Rápidamente se resolvió la controversia planteada en torno a la banca que deja en Diputados el ahora secretario de Energía Darío Martínez. La misma será para Guillermo Carnaghi, quien en la lista de 2019 que encabezó Martínez figuraba como primer suplente.

Así lo resolvió la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien desestimó el planteo realizado por la presidenta de Nuevo Encuentro de la provincia de Neuquén, Asunción Miras Trabalón, quien había presentado la semana pasada un amparo solicitando que no se le tomara juramento a Carnaghi hasta tanto se resolviese la situación.

Miras Trabalón, que consiguió en su breve campaña para acceder a la banca que quedó vacante con el respaldo de numerosas mujeres, muchas de ellas legisladores, y de nada menos que la Comisión Banca de la Mujer, de la Cámara alta, basaba su presentación en el artículo 43 de la Constitución nacional, que establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. La denunciante pedía declarar inconstitucional el artículo 164 del Código Electoral modificado por la Ley 27.413 de Paridad de Género, al interpretar como un accionar “grave, actual e inconstitucional de la Cámara de Diputados consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la banca del Frente de Todos por el Distrito Electoral Neuquén”.

Sin embargo, la Ley de Paridad de Género parece ser bien clara en este tema. En su artículo 3 se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Si no fuera que desde la presidencia de la Cámara baja ya anticiparon que “no hay apuro” para aprobar la reforma laboral -léase, el oficialismo no cuenta con el número suficiente para convertirla en ley en Diputados-, esta situación ya habría generado preocupación en el Frente de Todos, pues la salida de Darío Martínez dejó a ese bloque con un miembro menos, y por lo que se anticipa, su reemplazo no será inmediato.

Pasa que según lo establecido por la Ley de Paridad de Género, un varón debería reemplazar en este caso al ahora funcionario kirchnerista, razón por la cual deberia asumir el primer suplente de la lista que en 2019 consagró a Martínez por un nuevo período como diputado. En ese caso debería asumir Guillermo Carnaghi. Pero la segunda titular de la lista que el Frente de Todos presentó el año pasado en Neuquén es la presidenta de Nuevo Encuentro en esa provincia, Asunción Miras Trabalón, quien reclama para sí esa diputación vacante.

Y fue más allá de un mero reclamo mediático: presentó un amparo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini, de modo tal que dicte una medida cautelar para que la Cámara de Diputados se abstenga de tomar juramento hasta que se defina la situación en la Justicia.

Miras Trabalón basa su presentación en el artículo 43 de la Constitución nacional, que establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. La denunciante pide declarar inconstitucional el artículo 164 del Código Electoral modificado por la Ley 27.413 de Paridad de Género, al interpretar como un accionar “grave, actual e inconstitucional de la Cámara de Diputados consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la banca del Frente de Todos por el Distrito Electoral Neuquén””.

En este marco, Miras Trabalón pide una declaración de “no innovar” para que no se le tome juramento a Gullermo Carnaghi, quien por el contrario considera que tal cual la Ley de Paridad de Género, un varón debe ser reemplazado por un representante del mismo género.

Lo cual, para la dirigente de Nuevo Encuentro, conspira contra el verdadero espíritu de la ley de paridad de género, que es igualar la representación femenina respecto de la masculina.

La postura de Miras Trabalón ya contó con el respaldo de la Banca de la Mujer del Senado y de otras diputadas nacionales del oficialismo y la oposición.

Si algo generó la aplicación de la Ley de Paridad de Género en el Congreso de la Nación es que cada reemplazo de un legislador renunciante quede envuelto en la polémica, o directamente se judicialice. Lo que parecía que a partir de la última renovación parlamentaria ya no generaría discrepancias… pues no fue así y siguen las polémicas.

Ahora, al haber sido designado Darío Martínez secretario de Energía, su reemplazo para cumplir su mandato hasta 2023 parecía no despertar objeciones y corresponder al exlegislador provincial Guillermo Carnaghi, quien figuraba como primer suplente en la lista del Frente Neuquino en 2019.

Si bien la segunda candidata de la lista liderada por Martínez era una mujer -Asunción Miras Trabalón, presidenta del partido Nuevo Encuentro en Neuquén-, se interpretó que se aplicaría la Ley de Paridad de Género, que establece que los reemplazos deben ser efectuados por personas del mismo sexo que el renunciante.

En el artículo 3 de esa ley se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Las dudas en principio surgieron por el hecho de que Carnaghi fue nombrado a principios de agosto como como director titular de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) en representación del Ministerio de Defensa de la Nación, a través del decreto presidencial 595/2020. Si decidiera conservar su cargo en la CIP, la banca en cuestión podría quedar finalmente para Miras Trabalón, quien secundó a Martínez en las elecciones de 2019, que le dieron al futuro funcionario una banca por el Frente de Todos y a Francisco Sánchez, del Pro, el otro escaño.

Asunción Miras Trabalón es presidenta del partido Nuevo Encuentro en Neuquén, pero ahora sostiene que le corresponde a ella asumir. Argumenta en su favor el “derecho constitucional” y echa mano al criterio aplicado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó en lo que se conoce como el fallo Crexell.

La referencia es al caso en el que la Justicia terminó fallando a favor de la senadora Lucila Crexell, quien iba detrás de Horacio “Pechi” Quiroga en la lista de Juntos por el Cambio de Neuquén para el Senado. Quiroga falleció antes de las elecciones y el radicalismo quiso poner delante de Crexell a Pablo Cervi, primer suplente de la lista.

Quiero expresar mi apoyo a Asunción Miras Trabalón.

Como sociedad, asumimos el compromiso de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la esfera pública, así como la igualdad de oportunidades en el acceso a posiciones de liderazgo.

— Lucila Crexell (@LucilaCrexell) August 22, 2020

Según Miras Trabalón, “la aplicación de la Ley de Paridad no puede contravenir el espíritu de su creación para la promoción de nuestro género, para evitar la discriminación contra la mujer al momento de definir los cargos, para el acceso real de las mujeres a los cargos políticos”.

Así las cosas, anticipa que dará pelea en la justicia porque considera que el cargo le corresponde.

El diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez será el nuevo secretario de Energía de la Nación, tras el desplazamiento de Sergio Lanziani.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le pidió la renuncia al funcionario, y además ahora Energía pasará a la órbita del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

Martínez, legislador por Neuquén, es contador público. Fue concejal de la capital de esa provincia y en 2016 asumió una banca como diputado en reemplazo de Nanci Parrilli, hermana del actual senador Oscar Parrilli.

Justamente en ese año fue el impulsor de la primera denuncia contra el expresidente Mauricio Macri, allá por los inicios de la gestión Cambiemos, a raíz de los “Panamá papers”.

En 2017, el oficialista renovó su banca por cuatro años, pero en las elecciones de 2019 volvió a competir por ese cargo, con lo cual tenía mandato hasta 2023. Ahora, será reemplazado por Guillermo Carnaghi.

También el año pasado, Martínez fue candidato a vicegobernador en la fórmula que encabezó Ramón Rioseco, pero salió en segundo lugar, perdiendo contra el Movimiento Popular Neuquino.

En el área específica de Energía los objetivos trazados apuntan a potenciar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que sufrió en los últimos meses el impacto de la pandemia de coronavirus, con una fuerte baja de los precios internacionales y una importante caída en la demanda local.

Martínez tendrá a su cargo, en ese sentido, la definición sobre los cambios en las normas hidrocarburíferas, en especial para potenciar la extracción tanto en los yacimientos convencionales como en los no convencionales de Vaca Muerta.

El nuevo secretario deberá además intervenir en los mecanismos de descongelamiento y las pautas de futuros ajustes en los cuadros tarifarios de los servicios públicos del gas y la electricidad, así como en los planes de inversiones de las empresas concesionarias.

A pesar de representar a Neuquén, Martínez es oriundo de Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro.

El diputado del Frente de Todos Darío Martínez, quien renunciará a su banca para asumir como secretario de Energía, sería reemplazado por el exlegislador provincial Guillermo Carnaghi, quien figuraba como primer suplente en la lista del Frente Neuquino en 2019.

Carnaghi había sido nombrado a principios de agosto como como director titular de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) en representación del Ministerio de Defensa de la Nación, a través del decreto presidencial 595/2020.

El año pasado, la provincia de Neuquén renovó dos bancas, quedando una para Martínez y la otra para Francisco Sánchez, del Pro.

Si bien la segunda candidata de la lista liderada por Martínez era una mujer -Asunción Miras Trabalón, presidenta del partido Nuevo Encuentro en Neuquén-, se aplicará la Ley de Paridad de Género, que establece que los reemplazos deben ser efectuados por personas del mismo sexo que el renunciante.

En el artículo 3 de esa ley se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

De todos modos, en caso de que Carnaghi decida conservar su cargo en la CIP, la banca en cuestión podría quedar finalmente para Miras Trabalón.

Darío Martínez, que presidía la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, sucederá en la Secretaría a Sergio Lanziani, quien fue desplazado este viernes por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados tuvieron un encuentro con representantes de productoras, cámaras, PyMEs y sindicatos de la producción hidrocarburífera de la Cuenca Cuyana.

El diputado nacional Darío Martínez del Frente de Todos, quien preside la comisión, destacó que “los tres objetivos que se ha propuesto el Gobierno nacional tienen relación directa con el desarrollo de las regiones productoras de hidrocarburos”. Y agregó que “estos tres objetivos, que son sostener y aumentar el empleo, incorporar valor agregado y/o sustituir importaciones y aumentar las importaciones, van a beneficiar directamente a las regiones productoras de hidrocarburos, es por ello que es necesario en un marco de previsibilidad generar un ámbito de trabajo que permita poner en marcha al sector”.

Más adelante, el legislador neuquino manifestó que “es fundamental en esto tener un claro conocimiento de lo que sucede en cada cuenca con una visión tanto de los trabajadores, las PyMES y las productoras”. Y añadió: “Hoy comenzamos con la Cuenca Cuyana, pero sostendremos esta federalización de la Comisión de Energía con el resto de las cuencas durante las próximas semanas”.

Por su parte el vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar De Marchi, declaró que “se trató de una reunión muy productiva, en la que se pudo reunir a todos los sectores involucrados en la industria hidrocarburífera. Somos conscientes de que este sector engloba a cientos de PyMEs y miles de trabajadores en todo el país, constituyendo uno de los pilares en que debería apoyarse el futuro desarrollo de la Argentina”.

Finalmente, el legislador agregó que “escuchar a todos los actores que participan del mismo permite conocer la realidad profunda del sector y generar proyectos que permitan impulsarlo”.

El encuentro contó con la participación de representantes de los trabajadores, empresarios y cámaras del sector, y de los diputados Omar Felix , Jimena Latorre, Alma Sapag, Francisco Sanchez, José Luis Gioja, Alejandro Bermejo, Marisa Uceda, Mabel Caparrós, Marcelo Casaretto, José Luis Ramón, Jorge Romero, Ezequiel Fernandez Langan, David Schlereth, Martin Berhongaray, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti y Hector Stefani.

También participaron de la reunión Enrique Vaquié (ministro de Economía y Energía de Mendoza), Emilio Giñazú (subsecretario de Energía y Minería Gobierno de la provincia de Mendoza), Estanislao Schilardi Puga (director de Hidrocarburos Gobierno de la Provincia de Mendoza), Hugo D’Agostino (Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros (CaMESPe), Julián Matamala (secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y la Rioja), David Castro (secretario general del Sindicato Petroleros y Gas Privado de Cuyo), Martin Kerchner (director YPF), Marcos Zandomeni (Foro Energético Nacional), Mauricio Uribe (Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, FECENE), Jorge Albelio (Empresa Ven Oil), entre otros.

El Gobierno está ultimando los detalles finales de la decisión que pondrá en marcha la actividad hidrocarburifera en el país.

En este primer paso, se trata del Esquema GAS 2020/2024, que tiene por objeto promover el desarrollo de la inversión y la producción de gas, motorizando la puesta en funcionamiento de equipos de perforación.

Esta herramienta será compatible con el segundo paso que constituye la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo proyecto fue anunciado por el Presidente en el mensaje de apertura de sesiones en el Congreso, y quedó demorado por las condiciones internacionales que impuso la crisis económica global generada por la pandemia, pero que sigue en estudio y en la consideración especial del Gobierno.

Este Plan Gas 4, en cuyo diseño venimos colaborando con el ministro Matías Kulfas, y el Subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales, tiene como inicio tentativo el mes de octubre, y busca garantizar la producción nacional necesaria para satisfacer la creciente demanda interna en estos próximos 4 años. El objetivo es evitar la importación de gas en invierno provocando el consiguiente ahorro de divisas, y, simultáneamente, garantizar saldos exportables que permitan la generación de recursos genuinos.

Para ello, se licitará la compra y el abastecimiento del fluido por cuatro años, utilizando como herramienta, la libre competencia de las empresas productoras, que deberán ofertar volúmenes y precios, hasta completar un bloque estable de 70 millones de m3 diarios durante el cuatrienio que dure inicialmente el Plan.

El Estado Nacional garantizará el pago del precio adjudicado, mediante un Fondo Fiduciario que compensará la diferencia que se produzca por la aplicación de las políticas tarifarias que se establezcan, adecuadas a las necesidades de los distintos segmentos de consumidores domiciliarios, comerciales e industriales.

Este diseño de Plan, ofrecerá un horizonte a mediano plazo de precio, demanda y otras condiciones que requieren las empresas productoras para decidirse a invertir y poner en marcha la producción, impulsando la actividad económica de trabajadores y empresas en todas las regiones productoras.

Anualmente, se plantea licitar otro bloque estacional menor para cubrir la demanda invernal.

El mecanismo de licitación y abastecimiento contempla también cupos por cuenca, garantizando la participación de todas las regiones productivas.

La licitación tendrá adicionalmente el atractivo de privilegiar con cupos garantizados de exportación, a las empresas que ofrezcan mayor volumen de gas al menor precio para cubrir el bloque fijo que abastecerá la demanda interna.

Si bien aún se continua estudiando, se podría establecer un precio tope de licitación que podría rondar los 3.40/3.50 U$D el millón de BTU, un valor que se aproxima a la mitad del que hoy establece la Resolución 46 del ex secretario Juan José Aranguren.

Este Plan, que tiene a la cuenca neuquina como principal productora y proveedora, generará sin dudas el movimiento de la economía regional, y el fortalecimiento de las finanzas provinciales por mayor recaudación de regalías e impuestos.

Darío Martínez es diputado nacional del Frente de Todos. Presidente Comisión de Energía

El diputado nacional neuquino Darío Martínez (Frente de Todos) celebró el acuerdo con los bonistas afirmando que “damos pasos fundamentales para que la Argentina empiece a salir del pozo”.

Martínez afirmó que “podemos avanzar en varios de los objetivos que nos propusimos en diciembre, incluso con pandemia mediante. Mientras el ministro de Economía cierra la negociación con bonistas extranjeros, en el Congreso avanzamos con la reestructuración de deuda local y con una ampliación presupuestaria que asegura la continuidad del IFE, ATP y los recursos para las asignaciones familiares y la AUH. Y mientras esto pasa, Alberto anuncia desde Olivos el relanzamiento del Plan Procrear.”

El legislador patagónico sostuvo que “venimos de un ciclo sobreendeudamiento enorme producto de la irresponsabilidad de un gobierno que se endeudó muy fuerte con vencimientos hasta 2023 que eran impagables para la Argentina. Hubo un excelente trabajo del presidente y del ministro Guzmán, que desactivaron una bomba que iba a ser mucho peor que la pandemia misma. Argentina va a poder afrontar sus obligaciones sin excluir, sin achicar ni hacer padecer al pueblo”.

“Hacer que nuestra deuda sea sostenible, es disponer de recursos para producir y crecer. Porque sin crecimiento, no se pueden pagar deudas. Y para crecer, necesitamos impulsar el consumo, la producción y el empleo. Y esa formidable herramienta que generó miles de puestos de trabajo y permitió el acceso a la vivienda a tantos argentinos como fue el Procrear hoy vuelve a poner primera”, expresó el diputado peronista.

Martínez enfatizó que “es una muy buena noticia para los argentinos, una muy buena noticia para la economía, una muy buena noticia para el desarrollo de inversiones, sobre todo en el sector hidrocarburífero, pero igual no tenemos todos los problemas resueltos y tenemos mucho trabajo por delante, porque a la pésima situación que atravesamos los últimos 4 años, la pandemia complicó todo”.

El diputado Darío Martínez enmarcó los beneficios de la moratoria propuesta en un contexto mundial al que la pandemia generó “un desastre a nivel global sin antecedentes”. Y para tener una idea de la magnitud, leyó números de la Oficina de Análisis Económicos de la Agencia Oficial del Gobierno de Estados Unidos: el PBI en ese país se contrajo en un 32,9%, y se perdieron 1.430.000 puestos de trabajo por semana en Estados Unidos.

“Por eso nuestro Gobierno ha entendido que es una necesidad a lo largo y ancho de nuestro país, dar una herramienta que le permita a todo nuestro entramado financiar la deuda que se ha ido generando con el Estado”, señaló el legislador kirchnerista, que precisó que “el objeto de esta ley es muy claro de analizar: facilitar el funcionamiento de todas las empresas; proteger el trabajo y la producción, básicamente. También aliviar el peso tributario, evitando el crecimiento de las deudas”.

El diputado neuquino remarcó que “todos aquellos aportes que venían con la intención de enriquecer el proyecto se han tenido en cuenta” y en el debate en comisión “surgió una amplísima mayoría que acompaña la necesidad de esta herramienta acertada que nos manda el Ejecutivo nacional”.

A continuación, Martínez se refirió al tema de las empresas en quiebra beneficiadas. “Es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, dijo, ejemplificando entonces que “sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.

Y continuó: “Es un error analizar que puede tener el nombre de Correo argentino, que también puede acceder a esta moratoria”, tras lo cual puso ejemplos de su provincia: “Sería un error ponerle el nombre de Cerámica Neuquén, una empresa quebrada y recuperada por los trabajadores, y seguramente esta moratoria les va a permitir seguir funcionando… Como Zanón, o empresas chacareras, o frutícolas”, que enumeró.

Para terminar, Darío Martínez señaló que “esta moratoria también premia a los cumplidores, pero su objeto es apalancar el funcionamiento de la rueda económica, que está deteriorada por la pandemia, y que ya venía golpeada por los cuatro años de pésima gestión… Esta herramienta les va a servir a todas y todos los argentinos”.

El diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez confirmó que le están haciendo llegar a referentes de la cultura de su provincia, Neuquén, “las bases para la inscripción en las becas destinadas a trabajadoras y trabajadores de la cultura que el Gobierno nacional desarrolló para una de las áreas más golpeadas por la pandemia”.

Martínez afirmó que “seguimos trabajando fuertemente para atender las necesidades que padece cada neuquino y cada neuquina. Hoy es una respuesta a todo el sector de la cultura, para que bailarines, escritores, músicos, iluminadores, artesanos y sonidistas, y demás artistas entre otros, puedan acceder a un beneficio que los ayude a atravesar este momento tan difícil”.

“Tenemos una provincia muy rica en producción artística, la cual en una buena parte es autogestiva e independiente. Sin espectáculos públicos y sin turismo, muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura necesitan una mano. Y eso es lo que hoy les estamos haciendo llegar,” expresó el legislador neuquino.

El Gobierno nacional abrirá entre el 13 y el 17 de julio la convocatoria para el otorgamiento de becas destinadas a trabajadores y trabajadoras de la cultura a través del Ministerio de Cultura de la Nación, el Fondo Nacional de las Artes y ANSeS.

El diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez destacó la moratoria que presentó el Poder Ejecutivo y que se va a tratar en el Congreso. Aseguró que “en esta iniciativa venimos trabajando desde hace varias semanas junto a otros diputados y funcionarios nacionales, y ahora toma forma de proyecto de ley”.

“Las PyMEs, los pequeños contribuyentes personales, las entidades sin fines de lucro, pero también las grandes empresas, tendrán así una efectiva ayuda del Estado, con condonación de multas y sanciones, quitas y reducción de intereses, y una importantísima ampliación de los plazos y cantidad de cuotas, que generarán un verdadero alivio financiero para toda la actividad económica”, sostuvo el diputado neuquino.

Señaló que “desde hace un par de meses venimos recibiendo en nuestra provincia este tipo de solicitudes, tanto desde las empresas regionales de servicios petroleros, como las vinculadas al turismo y el comercio en general.  Lo propio ocurrió en distintos contactos con cámaras empresarias de todo el país. De tal forma fuimos trabajando desde el bloque con funcionarios nacionales del área económica y tributaria, y finalmente, el presidente tomó la decisión”.

Martínez además dijo que “este verdadero esfuerzo fiscal del Estado tiene por objeto acompañar a todas las empresas argentinas, ayudándolas a soportar la crisis que genera esta pandemia. Por eso, aquellos que reciban este auxilio, no podrán distribuir dividendos, ni transferir fondos al exterior o hacer operaciones de bolsa con liquidación en el exterior”.

“Los contribuyentes argentinos tendrán hasta 120 cuotas para refinanciar deudas tributarias vencidas al 30 de junio, incluyendo planes que tengan vigentes o caducos por haber dejado de cancelar lo previsto”, cerró el legislador.

El diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez calificó de “irresponsable” el comunicado oficial que difundió la coalición Juntos por el Cambio tras la aparición del cuerpo de Fabián Gutiérrez.

Martínez consideró que “es lamentable que dirigentes que tienen la responsabilidad de demostrar cordura y respeto por las instituciones democráticas puedan salir tan irresponsablemente de manera oficial a generar un manto de sospecha generalizado. Le hace muy mal a todos los argentinos”.

El legislador patagónico sostuvo que “gravedad institucional es pretender utilizar políticamente un hecho lamentable, sin la más mínima prueba y a tres horas de conocerse la noticia. Y además, pretenden condicionar las decisiones de la Justicia provincial, violentando no sólo la división de poderes sino también el federalismo”.

“Lo dije en muchas oportunidades y en diferentes circunstancias, y sigo sosteniendo lo mismo: ni la Justicia tiene que ocuparse de la política, ni la política de la Justicia. Los dirigentes y funcionarios tenemos la obligación de respetar el trabajo independiente de la Justicia y colaborar en lo que nos sea posible, cosa que no ha sido regla para algunos dirigentes opositores cuando fueron funcionarios”, expresó Martínez.

El diputado del Frente de Todos concluyó que “si algún dirigente opositor tiene elementos, que los ponga a disposición de la justicia. Pero salir a sembrar dudas públicamente de esta manera, es sumamente irresponsable. Es hora de sumar y colaborar; no de dividir y profundizar diferencias”.

El diputado Darío Martínez y la senadora Silvia Sapag, ambos del Frente de Todos, presentaron en sus respectivas cámaras sendos proyectos de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil e internet.

“Necesitamos un servicio con estándares de calidad que puedan ser regulados”, afirmó Martínez al respecto y señaló que “no puede ser que tengamos en el interior una calidad muy inferior a lo que se tiene en Capital Federal”.

El neuquino remarcó que ambos servicios “son caros, malos y son, lejos, tanto la telefonía celular como internet, las dos actividades con más denuncias de mal servicio que reciben las oficinas de defensa al consumidor”.

El legislador sostuvo además que “ahora se transformaron en un servicio esencial” y “ya nadie tiene dudas que, una vez superada la pandemia, van a seguir siendo servicios esenciales”.

Por su parte, Sapag indicó que “tanto la telefonía celular como internet se transformaron en un servicio esencial, mucho más en medio de esta emergencia. Y hay transformaciones que ya no van a revertirse”.

“En el nuevo mundo que se viene, donde las comunicaciones ocupan un lugar central, necesitamos un Estado presente que cuide a los usuarios y ponga pautas claras en beneficio de millones de clientes”, completó la senadora.

El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) destacó que “el Gobierno viene tomando decisiones en tiempo y forma”, en referencia a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y señaló que “es cierto que a medida que el aislamiento se extiende, la demanda al Estado es creciente”.

En ese sentido, el neuquino dijo que espera que con el arranque de sesiones virtuales, el Congreso “pueda darle herramientas” al Poder Ejecutivo. “Venimos haciendo varias reuniones de comisión con lo cual ya estamos bastante familiarizados con este esquema de actividad remota, pero bueno la primera sesión veremos que todo funcione bien”, expresó sobre el nuevo sistema que se usará.

El oficialista resaltó que “la idea es que en la primera sesión haya un consenso amplio y generalizado” sobre los temas y, en ese sentido, sostuvo que se podrían tratar iniciativas sobre receta electrónica y suspensión de aumentos y cortes por falta de pago en los servicios de telefonía, cable e Internet.

En otro tramo, Martínez afirmó: “Creo que el pueblo argentino no se ha equivocado para nada al momento de elegir a Alberto (Fernández). No había ningún país ni sociedad preparada para el aislamiento. Y hay que entender que partimos de un Estado que había quedado deteriorado, con un nivel de endeudamiento impagable, una industria paralizada, a lo cual se le suma una pandemia que lo que hizo fue hacer todavía más cruda la situación económica del país”.

Consultado en radio AM750 por el proyecto para gravar a las grandes fortunas, el legislador argumentó que “en una demanda creciente del Estado, necesitamos herramientas y esas herramientas son recursos. Hace falta generar recursos y hay patrimonios que tienen esa capacidad contributiva. Momentos extraordinarios demandan herramientas extraordinarias”.

El diputado manifestó que la iniciativa -todavía no presentada-, “primero tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto” para tener dictamen, pero no descartó que sea “un tema a discutir en la segunda sesión” porque “hay una necesidad imperiosa”.

El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) dijo que el proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas tendrá “una alícuota progresiva según el patrimonio” y aclaró que el aporte “no es para la clase media”.

El oficialista, que trabaja junto a Carlos Heller en la redacción de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner, explicó que “no es la misma capacidad contributiva la que tiene alguien que tenga un millón de dólares al que tiene cientos”.

En diálogo con radio El Destape, el neuquino afirmó que buscarán que el proyecto tenga “el mayor consenso posible” dado que se trata de “mejorar la capacidad de recaudación de un Estado presente” ante la pandemia del coronavirus.

El legislador sostuvo: “Más que un proyecto lo que queremos es una ley, y para tener una ley hay que tener la mayor cantidad de consenso dentro del bloque y con la oposición. Esa será la tarea de nuestro presidente de bloque (Máximo Kirchner). Lo que hacemos con Carlos (Heller) es ir apostándole el mejor esquema que entendemos para este momento”.

“En el anuario de la AFIP de 2017 había 32.000 argentinos que superaban este patrimonio -de más de un millón de dólares- y, en total, suman 104.000 millones de dólares. Estamos hablando de patrimonios millonarios en dólares”, indicó.

Martínez subrayó que la propuesta tiene como objetivo “lograr financiamiento público e incentivar el consumo y las actividades que el Estado debe promocionar”.

Asimismo, el diputado expresó que en el proyecto está previsto que el tributo se pueda compensar “primero con un bono patriótico, luego con la adquisición de bienes o actividades que generen empleo, y, en tercer lugar, sería recaudación pura”.

“No hay economía que repunte en este esquema de pandemia. Esto está pasando en el mundo, con los muertos que se cuentan de cientos o de a miles. En este contexto no hay capacidad de la sociedad de consumir”, agregó.

El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) se refirió a la propuesta del jefe de su bloque, Máximo Kirchner, para que los sectores más ricos realicen un aporte que contribuya a paliar el parate económico generado por la cuarentena para combatir el coronavirus, y consideró que “hay que tratar de que aporten los que más tienen, independientemente si blanquearon o no”.

“Un Estado que está presente y enfocado en contener la curva de esta pandemia, necesita esfuerzos económicos. Hay que ayudar a los que menos tienen, los jubilados, las PyMEs y cada sector que se va complicando en función del parate que se va profundizando”, señaló en diálogo con radio Cítrica.

El neuquino expresó que el proyecto -todavía no definido- “tiene que ver con los que más posibilidades de colaborar tienen; los patrimonios más importantes”. “Estamos buscando la manera de que se puedan aportan recursos para ir cubriendo mínimamente el conflicto económico que genera este parate, que tiene como prioritario que el sistema de salud no sea superado”, añadió.

Además, el legislador reveló que le acercó a Máximo K. y a Carlos Heller -el presidente de la Comisión de Presupuesto, encargado de darle forma a la iniciativa- su propuesta sobre cómo podría realizarse ese aporte.

“Sería de un 5% a las ganancias más importantes que hayan habido en balances que hayan cerrado a marzo inclusive; y sobre sobre los patrimonios que están por arriba de los 2 mil millones de dólares, que yo creo son muchísimas más que 50 personas, ya sea humanas o jurídicas”, detalló.

Los diputados de la UCR Jimena Latorre y Gustavo Menna solicitaron al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Darío Martínez, que convoque “a la brevedad” a una reunión virtual por el tema de la caída del precio del barril de petróleo y la parálisis de la actividad.

Los legisladores hicieron el pedido luego de que otra comisión, la de Educación, se reuniera este lunes por videoconferencia, en una experiencia inédita, con la participación del ministro del área, Nicolás Trotta.

La Comisión de Energía fue una de las que se constituyó de forma excepcional a través de una resolución del presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien nombró como titular a Darío Martínez (Frente de Todos) y como vicepresidentes a Omar De Marchi (Pro) y Omar Felix (Frente de Todos).

“Dada la actual situación, consideramos prioritario dar tratamiento a todos aquellos proyectos vinculados a la situación generada por la caída del precio del barril de petróleo crudo, desde los u$s68 que se encontraba al comenzar el año a los menos de u$s26 de la actualidad”, destacaron los diputados Latorre y Menna.

También advirtieron que “esto afectará fuertemente a las economías de las cuencas productoras con inconvenientes para las empresas contratistas regionales y los puestos de trabajo de miles de trabajadores”.

“Este escenario se ve agravado por la parálisis casi total de la actividad que se ha generado por las medidas de restricción de la circulación de personas y bienes dispuestas con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19”, señalaron los radicales al pedir la reunión de la comisión.

Por último, concluyeron: “Tenemos la posibilidad de encontrar soluciones a esta problemática dando tratamiento virtual en comisión a los proyectos que fueron presentados. La producción está ligada a la economía, a los puestos de trabajo y a la capacidad de salir de esta doble crisis juntos como sociedad”.