Piden conocer cuánto invirtió la provincia en el Hospital Penna

Ingresó al Senado bonaerense un pedido de informes para que la provincia de a conocer el estado presupuestario del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, de la ciudad de Bahía Blanca.

El pedido de informes por presentó el senador opositor Andrés De Leo al tiempo que informó que “el Hospital viene padeciendo problemas que se han agravado en los últimos años, que no tienen que ver con la pandemia; el deterioro de los recursos materiales y la disminución de los recursos humanos, disminuyeron la cantidad y la calidad de las prestaciones de salud”.

En los fundamentos el legislador señaló que “desde septiembre de 2022 no tenemos información contable de la institución, siendo obligación de la provincia, según la Ley de Administración Financiera, divulgar la ejecución presupuestaria en curso”.

Entre los puntos que pidió conocer De Leo están: la inversión realizada en capital; los gastos de mantenimiento en obras edilicias, ampliaciones y reparaciones; la pauta salarial; la cantidad de personal, con su correspondiente detalle por categoría; la cantidad de contratos a profesionales; y la deuda con proveedores por insumos operativos.

Al respecto, el senador bahiense recordó que “a fines de 2021 y primeros meses de 2022 se suscitaron varios inconvenientes con el funcionamiento de la sala de terapia intensiva pediátrica y la guardia, por falta de personal médico para cubrir los turnos, decidiendo el posible cierre de la terapia intensiva pediátrica el primero de marzo, situación que se solucionó finalmente con médicos itinerantes por falta de plantel médico y un número reducido de camas”.

Y en ese sentido agregó: “esta reducción generó un desvío de atención pediátrica hacia el Hospital Municipal complicando el servicio de otras prestaciones de dicho Hospital”.

“Del mismo modo -continuo el legislador-, pueden citarse los problemas con los anestesiólogos por atrasos en los pagos y los servicios quirúrgicos del Hospital, a raíz de lo cual los profesionales, en marzo del 2022, publicaron una solicitada dónde informaron la imposibilidad de resolver patologías quirúrgicas programadas, por falta de disponibilidad de turnos suficientes para cubrir la demanda creciente”.

“Por toda esta problemática citada, que hace a la salud de los bahienses y de una amplia región del sur de la provincia, es que necesitamos saber qué es lo que está haciendo el gobierno de Kicillof para solucionarlo”, finalizó diciendo De Leo.

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que regula la venta directa

La iniciativa parlamentaria regular la relación entre las partes que desarrollan la actividad comercial llamada venta directa o por catálogo.

Buenos Aires se transformó así en la segunda provincia, luego de Santa Fe, en sancionar una norma sobre una actividad comercial que mueve más de 45 mil millones de pesos anuales.

“Buscamos defender los derechos de los consumidores y de los revendedores, que en el 95 por ciento de los casos son mujeres”, señaló el senador Andrés De Leo, autor de la ley, que contó con el apoyo de la Cámara Argentina de Venta Directa.

La Ley aprobada apunta a regular la relación entre las partes que desarrollan la actividad comercial llamada venta directa o por catálogo. Tiene por objeto establecer un marco legal al cual las partes, en su relación de índole comercial, deban someterse cuando desarrollan la actividad.

“Con la sanción de esta Ley que regula la actividad de venta directa, estamos realizando un gran aporte en favor de un sector, denominado revendedores independientes, brindándole derechos, impidiendo así el abuso por parte de las empresas”, manifestó De Leo.

La nueva legislación sancionada viene a cubrir un vacío legal en la Provincia porque, según el autor, “entendemos que la vinculación entre las partes no constituye un contrato de trabajo, por cuanto no se dan los presupuestos esenciales para considerarlo como un contrato de trabajo, pero tampoco podemos interpretar que la vinculación que se lleva a cabo es la de dos comerciantes independientes –mayorista y minorista-, que empieza con la oferta y finaliza con la compra”.

Cabe destacar que Argentina se encuentra en el cuarto lugar de facturación en Venta Directa en la región, y quinta en cantidad de revendedores, de los cuales el 95 por ciento son mujeres. Por otro lado, el 15 por ciento constituyen el único aporte de ingreso familiar, y en el 12 por ciento representan el mayor aporte a los ingresos familiares.

“Esta Ley representa un paso fundamental para nutrir de derechos a los eslabones más débiles de la cadena comercial: revendedores independientes y consumidores finales”, dijo Gonzalo Falcón, director de la Cámara Argentina de Venta Directa (CADEVI).

“A su vez permite al Estado tener control sobre la actividad de la Industria, habilitándolo así a discriminar entre aquellas empresas que se ajustan a derecho de aquellas que no lo hacen. Desde la Cámara Argentina de Venta Directa (CADEVI), apoyamos este esta Ley para transparentar una industria que beneficia a miles de familias argentinas”, señalo el director de la entidad.

La Venta Directa es la comercialización de bienes de consumo directamente a los consumidores en sus hogares, lugar de trabajo o domicilio de otras personas. Y se caracteriza por realizarse fuera de los locales comerciales establecidos.

Los revendedores estimados, según las estadísticas a nivel nacional, son cercanos al millón, de los cuales casi el noventa por ciento son mujeres, y el veinte por ciento se comercializa en la provincia de Buenos Aires. La Argentina se encuentra en el puesto 17 del ranking internacional de venta directa.

Entre las razones por las cuales una persona podría interesarse para comercializar bienes como revendedor de la venta directa, podemos señalar: obtener una fuente de ingreso sin barreras de género, edad, educación ni experiencia previa; trabajar en forma temporal o permanente (full-time o part-time), administrando el tiempo de acuerdo a sus posibilidades; tener una oportunidad de generar ingresos, con horarios flexibles, que crece en la medida de su dedicación y que no requiere inversión significativa; acceder a descuentos en los productos, así como entrenamiento sobre su negocio (opcional y voluntario); reconocimiento y motivación; y crecer profesional y personalmente.

El artículo primero de la flamante ley define la actividad, y quienes integran la relación, a saber: empresa de Venta Directa, como el establecimiento comercial cuyo objeto primordial es la venta y comercialización de bienes a través del canal de venta directa; y Revendedor Independiente, como la persona que adquiere bienes a empresas de venta directa para su posterior reventa a consumidores finales, obteniendo ganancias derivadas de la diferencia entre el precio de compra y el precio de reventa de dichos bienes.

“Es a partir de este vínculo, que consideramos necesarios establecer algunos requisitos adicionales a los establecidos en los contratos y las leyes, en defensa de los revendedores independientes, que les permita equiparar la relación entre ambas y que evite la imposición de las empresas sobre los revendedores, evitando abusos”, señaló De Leo, y agregó: “en este marco incorporamos en el artículo cuatro los derechos de los revendedores”.

Los derechos que se establecen entre otros son la posibilidad de formular preguntas, consultas y solicitudes de aclaración a las empresas de venta directa, las cuales deberán contestarlas de manera precisa, antes, durante y después de su vinculación con el revendedor independiente.

También recibir oportunamente de las empresas de venta directa, las compensaciones o beneficios a las que tengan derecho debido a la actividad; y conocer, desde antes de la vinculación, los términos del contrato que regirá la relación.

Recibir información precisa de las características de los bienes promocionados y del alcance de las garantías que corresponden a dichos bienes, como así, la finalización la relación comercial con las empresas de venta directa, en cualquier momento y de manera unilateral, son reconocidos como derechos de los revendedores.

También están instituido como derechos de los revendedores la posibilidad de suscribirse como revendedor independiente a una o más empresas de venta directa; recibir de manera clara y precisa una explicación acerca de los beneficios a que se tiene derecho por la inscripción como revendedor independiente de una empresa de venta directa, de modo que no se induzca a confusión alguna; recibir de la respectiva empresa de venta directa, información suficiente y satisfactoria sobre las condiciones comerciales; y que no estén obligados a la compra o adquisición de un inventario mínimo, superior al pactado entre las partes.

Para De Leo la “movilidad jubilatoria kirchnerista fue lo que más perjudicó” a los jubilados del Bapro

Para el senador bonaerense Andrés De Leo la “nueva fórmula” de movilidad que decretó el gobierno de Alberto Fernández “terminó perjudicando a miles de jubilados del Banco”.

Tras haber sumado un nuevo desencuentro el tratamiento de una modificación al sistema de Jubilaciones de los trabajadores del Banco de la provincia de Buenos Aires, el legislador provincial opositor admitió que es “razonable trabajar” en una modificación de la actual ley 15008, porque “hay alguna objeción desde el punto de vista técnico-jurídico” por parte de la Justicia.

“Estamos predispuestos a buscar una solución al problema que la Suprema Corte de Justicia ha planteado; somos respetuosos del proceso al que responsablemente ha convocado y ella es la que revisa la legalidad de las normas; evidentemente, en la reforma que llevamos adelante en el año 2017 hay un tema jurídico que tiene una objeción, como es el tema de la movilidad, entre otros”, detalló De Leo.

“Pero en este punto hay que decir también lo siguiente: que el perjuicio a los jubilados de la Caja del Banco Provincia obedece a que la misma Caja y el gobernador Kicillof se adhirieron al decreto que dictó el presidente Alberto Fernández para perjudicar a millones de jubilados de la Nación y que terminó también perjudicando a miles de jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó el senador bahíense.

Para De Leo “de no haberse hecho la ‘nueva fórmula’ de movilidad y de haberse aplicado el artículo que nosotros sancionamos en su momento, más allá de que tiene alguna objeción desde el punto de vista técnico-jurídico, no habría existido ese perjuicio; y ese perjuicio es responsabilidad del kirchnerismo y del gobernador Kicillof, porque fue la movilidad jubilatoria kirchnerista lo que más perjudicó” los haberes de los jubilados del Banco Provincia.

La oposición no dió quorúm para el tratamiento de la reforma propuesta por el gobernador Kicillof.

No existen dudas, según el criterio del legislador bahiense que “el perjuicio material no obedeció a un artículo de la ley, sino que obedeció a que la provincia de Buenos Aires y la Caja de jubilados liquidaron con el criterio de Alberto Fernández, que fue perjudicar a los jubilados en general”.

Y agregó “de no haberse hecho así, este perjuicio no existiría, más allá de que sigue existiendo esa objeción técnico-jurídica, que es la de remitir la movilidad jubilatoria a un régimen ajeno al de la provincia de Buenos Aires”.

Respecto de lo que está en discusión en la Cámara baja provincial, el senador se expresó y dijo “el proyecto que pretende aprobar Axel Kicillof, primero, no termina de abordar definitivamente todos los problemas que están discutiéndose en la Justicia; y, en segundo lugar, se extralimita de las cuestiones que son hoy objeto de controversia”.

Y agregó que “ahí nosotros tenemos una diferencia y esa diferencia es la que obstaculiza la posibilidad de avanzar en un acuerdo”.

Para el senador opositor es oportuno analizar el “déficit crónico” de Caja de Jubilados del Bapro que, para tratar de solventarlo, “no sólo se recurre a aportes mayores de los trabajadores activos, que está en libertad de hacerlo, sino que además impone una obligación de mayores aportes del Bapro, banco que es de todos los bonaerenses y que distrae recursos y se desvían para solventar una Caja que es absolutamente deficitaria y lo que busca el proyecto de Kicillof es que permanentemente sea deficitaria”.

Para terminar, el legislador y referente político de la CC-ARI dijo que “estos temas hay que abordarlos con mucha responsabilidad y hay que sincerar si queremos solucionar un problema que hoy está siendo dirimido en la Justicia o, por otro lado, si queremos ir hacia un modelo de Caja de previsión que no es sustentable y que termina siendo discriminatorio para con otros trabajadores”.

Y concluyó “cuando se habla de discriminación, hay que preguntarle, por ejemplo, al dirigente del gremio de La Bancaria, al señor Sergio Palazzo, si él no siente que hay una discriminación, por ejemplo, ante un empleado del Banco Nación o de cualquier banco del sistema nacional, que se jubila en peores condiciones que los del Banco Provincia y que a su vez paga impuestos en la Provincia para solventar una caja deficitaria”.

Por ley buscan promover el desarrollo económico de los barrios populares

La idea del senador Andrés De Leo es “descontar parte de la inversión” necesaria para emprender una inversión o negocio en barrios populares bonaerenses.

La iniciativa del senador de Juntos prevé el otorgamiento de beneficios impositivos para quienes allí quieran invertir.

“Además de motorizar la economía de la provincia en general, esta medida promocionará el empleo entre los vecinos del lugar”.

A través de un proyecto de Ley presentado esta semana en la Legislatura provincial, el senador de Juntos Andrés De Leo, busca promocionar el desarrollo económico de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos.

Según el propio autor de la iniciativa, “la Ley Nacional que establece el régimen de regularización dominial para la Integración socio urbana, declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el registro creado por el decreto 358/2017”.

“Este registro –continuó De Leo-, que reúne información de villas y asentamientos de todo el país, señala a la provincia de Buenos Aires como la que concentra mayor cantidad de barrios populares de la Argentina, alcanzando los 1.933 a junio de 2022”.

“Utilizando como base de datos este registro que funciona a nivel nacional, la presente iniciativa pretende promover, mediante la implementación de beneficios impositivos, de orden provincial, la generación de inversiones en barrios populares que, además de motorizar la economía de la provincia en general, produzcan empleo para las personas que allí residen”, agregó el senador bahiense.

En el mismo sentido, De Leo señaló que, “de la estructura de impuesto provinciales, el de mayor peso es el impuesto a los ingresos brutos, que grava la actividad económica. Entonces, generar un incentivo que permita descontar parte de la inversión necesaria para emprender una inversión y/o negocio en barrios populares y computándose como saldo a favor de ese impuesto, puede ser la mejor herramienta de la que disponemos para que los inversores y/o emprendedores y/o comerciantes puedan hacer surgir o aumentar su inversiones en barrios populares, mejorando la calidad de vida de quienes ahí residen, y aportando a la creación de empleo real que permita el acceso a una vida digna”.

“Con el mismo objeto, y similar alcance, se implementa una iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires, desde mayo del corriente, a partir de la sanción de la Ley 6545; y también existen propuestas en este sentido actualmente en Santa Fe y Córdoba”, indicó el legislador de la Coalición Cívica, para finalizar diciendo: “para complementarla, la idea es actuar en forma coordinada con los Municipios, para así diagramar un esquema eficiente, que tenga efecto lo más rápido posible”.

Proponen modificar el sistema de subsidios al transporte público urbano de pasajeros

Buscan establecer por ley el criterio de distribución de los fondos que la provincia le asigna a cada municipio para subsidiar al transporte urbano y romper con algunas inequidades entre interior y AMBA.

El senador de Juntos por el Cambio Andrés De Leo mostró su preocupación por la situación actual del sistema de transporte público de pasajeros en la provincia de Buenos Aires y la inequidad en la distribución de los subsidios del Fondo de Compensación al Transporte Urbano de Pasajeros.

Actualmente lo decide en forma discrecional el Ministerio de Infraestructura bonaerense, “perjudicando al interior sobre la zona metropolitana, discriminación que termina recayendo en permanentes incrementos de las tarifas del boleto”, dijo De Leo.

Por lo que mediante un proyecto de declaración solicita al Gobierno nacional que le asigne mayores recursos al Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que no se encuentren comprendidos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

“Hoy la relación en la asignación de recursos es de ocho a uno, con el consecuente incremento descontrolado de la tarifa a los pasajeros”, graficó el legislador.

En ese sentido, De Leo presentó un proyecto para que quede establecido por Ley el criterio de distribución de los subsidios que la provincia le envía a cada municipio y que luego son destinados al transporte público de pasajeros, además del proyecto de declaración para solicitarle al Gobierno Nacional que arbitre las medidas para asignar más recursos a los municipios que no integran el AMBA, para reducir la discriminación y tornar viable al Transporte Público de Pasajeros.

“En la actualidad el sistema público de transporte de pasajeros se financia por dos vías, una asignación nacional y una de la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es potestad del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, decidir cuántos recursos le envía a cada municipio, para que a su vez éstos se los transfieran a las empresas prestatarias”, señaló el legislador.

“Este sistema discrecional establece claramente una injusticia entre unos municipios y otros. El mapa de los recursos que se distribuyen en la actualidad está muy desequilibrado, en una relación de ocho a uno entre los municipios del conurbano y los municipios del interior, afectando claramente a estos últimos. Situación que se transforma en un problema para los municipios del interior, que terminan sosteniendo el sistema con recursos propios o aumentos del boleto”, expresó De Leo.

“Lo que yo propongo -continuó-, es que la provincia celebre convenios con cada uno de los municipios para la distribución del Fondo de Compensación al Transporte, y estos convenios se establecerán los mecanismos para la distribución de los recursos, según coeficientes y parámetros que la misma Ley establecerá y que tendrán que ver con: densidad poblacional, cantidad de empresas prestatarias del servicio de transporte, flota permanente de cada empresa prestataria, características técnicas de los vehículos autorizados en cada línea, extensión de los recorridos cubiertos, horarios de prestación de servicio, frecuencias del servicio de transporte, interactividad entre múltiple municipios, entre otras”.

“En definitiva, el propósito central del proyecto que presente es poner fin a la inequidad existente en la distribución de los fondos afectados al Fondo de Compensación de Transporte, y que crea una gran inequidad entre los municipios del Conurbano y zona Metropolitana, y los municipios del interior de la Provincia.

Disparidad que se ha acentuado en los últimos años, generando un colapso en el sistema de transporte del interior y una inminente paralización definitiva, con el riesgo de que se pierdan más de 30.000 puestos de trabajo en el país, siendo la provincia de Buenos Aires una de las más afectadas”, finalizó diciendo De Leo.