Buscan promover el carácter emprendedor entre los jóvenes bonaerenses

Sería a través de la creación de clubes de emprendedores dentro de las instituciones educativas de nivel medio y superior de la provincia de Buenos Aires.

“Es un espacio de trabajo colaborativo a nivel educativo, entendiendo que los espacios físicos de trabajo grupal, innovación e incubación potencian el talento de los estudiantes”, señaló el senador Andrés De Leo, autor de la iniciativa.

A través de un proyecto de ley, el senador de Juntos Andrés De Leo busca crear el Club de Emprendedores en cada una de las instituciones educativas de nivel medio y superior, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, de la provincia, para garantizar la formación de los alumnos como sujetos activos capaces para generar proyectos productivos, así como emprendimientos individuales y comunitarios que habiliten su autonomía económica y su participación como ciudadanos en el desarrollo provincial.

El Club de Emprendedores es un órgano de participación, organización y articulación de los estudiantes de un mismo establecimiento educativo, donde la institución brinda el apoyo para que los jóvenes puedan crear y poner en práctica sus proyectos a través de los facilitadores.

La finalidad de los mismos es, entre otras cuestiones, fomentar la participación de los adolescentes en actividades vinculadas al emprendedorismo tecnológico, social y cultural con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en que se desenvuelven y sean activos promotores de empleo y desarrollo productivo; reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas autonómicas como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, con el fin de fortalecer la identidad, ciudadanía y la preparación para su futuro; fomentar el dialogo entre los estudiantes como forma para desarrollar sus intereses, completar su formación y resolución de conflictos; y promover la participación de los alumnos en la dinámica, constitución y sostenimiento del emprendedorismo tecnológico, social y cultural.

Al respecto el autor de la iniciativa señaló que “la gestión del Club de Emprendedores es una gestión de los vínculos, es una gestión centrada en la escucha y la promoción del diálogo, proactiva en la búsqueda de problemas y soluciones con la sabiduría para gestionar, también, su protagonismo como agente de desarrollo productivo”, y agregó: “el emprendedorismo brindado en las escuelas es el enfoque educativo que posibilita el crecimiento del potencial emprendedor de los estudiantes y contribuye al crecimiento integral, principalmente de las dimensiones intelectual, societaria y moral de la persona y no se limita al crecimiento socioeconómico y laboral”.

“Favorece -continuó De Leo-, el crecimiento de la inteligencia a través del desarrollo de la creatividad y de la innovación, anclado en el carácter irrepetible del ser humano y de su libertad; y el crecimiento social, que promueve la relacionalidad más allá de la reciprocidad, busca el bien común y no solo el bienestar económico, y favorece el desarrollo de virtudes sociales como la solidaridad y la cooperación; y para finalizar, el crecimiento moral, que supone el desarrollo de la libertad con responsabilidad e implica el crecimiento de la autonomía y el liderazgo”.

“Esta propuesta de educación para el emprendedorismo se inscribe en una línea de trabajo que subraya la finalidad intrínseca de la educación, pone en primer lugar las necesidades personales del educando y posibilita que la educación emprendedora manifieste la relación explícita entre educación, persona y sociedad”, finalizó el legislador bahiense en los fundamentos de su propuesta.

Avanza un proyecto de ley que busca promover la producción de los biocombustibles

Fue aprobado por unanimidad en la reunión de comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, y será tratado en la próxima sesión del Cuerpo.

Se trata de un proyecto de Ley del senador de Juntos Andrés De Leo que pide declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles. También crea un Consejo Consultivo Asesor.

En una nueva reunión de la comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, se aprobó por unanimidad una iniciativa del legislador que busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.

Para ello, el proyecto prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.

Finalmente busca crear un Consejo Consultivo Asesor para la producción y el consumo de biocombustibles, que funcionará como como instrumento de asesoramiento para el desarrollo de políticas de estado que impulsen y promuevan la producción y consumo de biocombustibles.

“El objetivo central del presente proyecto de Ley es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la provincia, que contribuya al crecimiento económico. Propiciando la innovación tecnológica, la competitividad del sector en nuestra provincia, la generación de empleo, y la diversificación de la matriz energética”, dijo De Leo respecto a su proyecto.

En nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca.

“El desarrollo de la industria de biocombustibles necesita de un marco propicio que impulse su desarrollo”, dijo De Leo, y agregó para finalizar: “en la apertura de sesiones legislativas ordinarias del corriente año el gobernador de la provincia señaló su intención de convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. En ese sentido, consideramos oportuno el debate y estudio de medidas que desde esta Legislatura pueden generarse para cumplir con ese objetivo, siendo la industria del biocombustible, parte de la industria petrolera”.

Buscan que los municipios estén obligados transparentar el uso de los ATP

Los municipios deberán adherir a un programa para poder recibir Aportes No Reintegrables del Tesoro Provincial (ATP).

La iniciativa es del senador de Juntos, Andrés De Leo, y prevé la creación del Plan Municipios Abiertos.

La idea rectora del proyecto de ley persigue el propósito de transparentar la administración de recursos públicos y la ejecución del gasto público en la órbita municipal.

“El propósito central de la norma impulsada es contribuir a la transparencia en el ámbito municipal, estableciendo una serie de requisitos que hacen a la integridad, participación ciudadana y acceso a la información”, argumentó De Leo.

En el mismo sentido el autor del proyecto agregó que “si bien existe un conjunto de leyes que pretenden establecer mecanismos para hacer pública la información que hace a la administración de las finanzas municipales, tales como la publicidad de los boletines oficiales municipales, el Registro de Adhesión a leyes provinciales, y la instrumentación opcional de presupuestos participativos, no todos los municipios la ponen en práctica”.

“El Plan Municipios Abiertos –continuó De Leo-, enuncia un conjunto de requisitos que deben cumplir los municipios para estar en condiciones de receptar ayuda financiera extraordinaria, por ejemplo, mediante Aportes del Tesoro Provincial”.

“Cabe aclarar, que las exigencias establecidas en el plan, no serán de aplicación cuando se trate de transferencias automáticas resultantes de la aplicación de la Ley de coparticipación, o de leyes especiales que tenga un objeto determinado de afectación”, finalizó el legislador.

El proyecto de Ley presentado por el senador De Leo, prevé la creación del “Plan Municipios Abiertos”, y los municipios que adhieran al programa deberán publicar en sus sitios web oficiales informes mensuales de ejecución de gasto, por clasificador presupuestario e informe abierto al ciudadano; informes de recaudación de recursos, por rubro e informe abierto al ciudadano; Boletines Oficiales Municipales, confeccionados de acuerdo a lo establecido en el inciso 18 del Decreto/Ley 6769/58 Carta Orgánica de las Municipalidades; y las adhesiones a normas legales de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 14.491 Modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades.

También las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios municipales; en caso de ejecutarse en el Municipio Presupuesto Participativo, el mecanismo para su participación, y las instrucciones para el mismo; el detalle de los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales toda persona pueda presentar peticiones o de alguna manera participar en el diseño de programas y/o planes municipales; y asegurar el acceso, de los Concejales al sistema informático de Reforma de la Administración Financiera en el ámbito Municipal –RAFAM- o el que en el futuro lo reemplace, en el que se registren y expongan las transacciones económicas que aseguren la prestación de bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos municipales, con nivel de acceso primario, que permita exclusivamente acceder a la información, sin posibilidad de edición de la misma.

Finalmente, el proyecto establece que será condición necesaria la adhesión al plan para la recepción por parte de los gobiernos Municipales, de Aportes No Reintegrables del Tesoro Provincial.

Proponen modificar el CORFO para dar más participación a los productores

Buscan modificar la Ley del Consorcio del Río Colorado para darle mayor representación a los regantes y a los municipios involucrados.

A trevés de la presentación de un proyecto de Ley el senador Andrés De Leo propone derogar el actual decreto-Ley que regula al organismo y pretende que “sean los propios productores de la zona y los gobiernos locales, quienes puedan tener más capacidad de decisión y control”, según argumentó el legislador sureño.

“El presente proyecto tiene por objeto la creación por Ley (la actual normativa es un decreto-ley) del Consorcio de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (COR.FO. Río Colorado). La principal función que lleva adelante el consorcio es la de administrar el agua de riego en el Valle Bonaerense de Villarino y Patagones”, indicó el autor de la iniciativa.

“La constitución del consorcio y la forma de integración de su directorio garantizarán la representación de los sectores involucrados en la actividad; y esta participación de los usuarios en las decisiones referidas al quehacer respecto del desarrollo integral de la zona regable es de significativa importancia”, expresó el senador de la CC que integra el bloque de Juntos Andrés De Leo.

“La idea -continuó- es que sean los productores regantes quienes decidan sobre la administración de los recursos que aportan en un modelo público privado que, como ha ocurrido en el Puerto de Bahía Blanca, permita mejorar la gestión y el funcionamiento del ente”.

“Para ello -agregó el legislador-, para que las partes involucradas tengan voz en la planificación y gestión del agua, se les otorga a los regantes, a los Municipios de Villarino y Patagones, y al estado provincial, la posibilidad de designar sus representantes en el directorio del consorcio, quienes durarán en sus funciones el termino de cuatro años y podrán ser reelegidos con el intervalo de un período y por única vez”.

En el mismo sentido, De Leo continuó diciendo que “el objetivo buscado con este proyecto es darle al consorcio de gestión una mayor autonomía en favor de que los propios regantes sean quienes decidan de manera responsable la adquisición o enajenación de bienes o productos, el manejo de los recursos, su estructura administrativa y disciplinaria, para cumplir eficaz y eficientemente con los objetivos de administrar el agua de riego en el Valle Bonaerense”.

El senado de Juntos Andrés De Leo, autor de la iniciativa.

“Para poder abordar los factores que incrementan la presión sobre los recursos hídricos, como los cambios demográficos y climáticos, diversos organismos internacionales están promoviendo el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales, a través de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)”, argumentó el senador bahiense.

Finalmente expresó que “la GIRH es un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles de desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial, diseñado para reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado”.

Para De Leo “la realidad demostró que la Ley de biocombustibles fracasó”

El senador de Juntos además consideró que “no solo perjudicó a los pequeños productores de biocombustibles, sino que puso en riesgo el abastecimiento

Y continuó afirmando que benefició “a las grandes empresas petroleras y retroceder en el reemplazo de combustibles fósiles por energías verdes”.

El senador de Juntos y titular de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, Andrés de Leo, crítico las políticas del gobierno con relación a los biocombustibles que “desalentaron su producción, y ahora debemos recurrir a ellos por el desabastecimiento internacional de gasoil”.

“La Ley que aprobó en Gobierno en su momento, autoría de Máximo Kirchner, redujo el porcentaje de corte, del 10 al 5 por ciento. Hoy quedó claro que esa decisión lo único que hizo fue perjudicar a los pequeños y medianos productores de energía y las fuentes de trabajo del sector y como contraposición, benefició a las grandes empresas productoras de combustibles fósiles”, dijo el legislador.

“En su momento, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires había dicho que quería que la Provincia fuera una provincia petrolera, sin embargo, desatendió la situación de los pequeños productores de energías verdes y renovables” agregó.

Al respecto, De Leo señaló que “en nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca”.

“Hoy –continuó-, en el contexto de crisis y falta de gasoil para la producción, el Gobierno tuvo que recurrir, tarde y mal, a aumentar el corte de biocombustibles a los combustibles tradicionales, incluso por encima del 5 por ciento que marca la Ley actual”.

El senador bahiense Andrés De Leo en su banca de senador de Juntos.

Una propuesta para la Provincia

En 2020 el senador De Leo fue autor de un proyecto de Ley para declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles, y la creación de un Consejo Consultivo Asesor.

La iniciativa busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.

Para ello, el proyecto de ley prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.

“El objetivo central es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la Provincia, que contribuya al crecimiento económico.  Lo pensamos en 2020, y hoy el contexto internacional nos da la razón, el camino del futuro del autoabastecimiento es con los biocombustibles”, finalizó De Leo.

Piden crear una agencia para el cambio climático con sede en Bahía Blanca

La iniciativa le permitiría a la provincia de Buenos Aries realizar un registro y estudio de impacto de la actividad vinculados al Efecto Invernadero.

El proyecto presentado por el senador bonaerense Andrés De Leo, buscar posibilitar contar en la provincia realizar un registro, monitoreo y estudio de impacto de la actividad dada en el territorio y su correlación y efectos causales vinculados a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

“Desde Bahía Blanca, y con la participación de actores de toda la Provincia, se pueden definir las estrategias necesarias para el buen desempeño de la agencia propuesta”, dijo el autor de la iniciativa.

La propuesta del legislador de Juntos, prevé la creación de una Agencia para el Cambio Climático en la provincia de Buenos Aires, que gestionará, intermediará y tramitará ante el Estado Nacional y/o estados provinciales, las autorizaciones, habilitaciones y convenios que fueran necesarios para contribuir a evitar el cambio climático. También fiscalizará las actividades objeto de la presente Ley.

La Agencia también tendrá como función impulsar y promover la generación de programas y desarrollos provinciales de investigación, monitoreo e impacto vinculados a la emisión y sumideros de gases de efecto invernadero, contemplando la Huella de Carbono como medida internacional para evaluar las contribuciones y aportes ambientales en esta materia.

El proyecto presentado por De Leo también contempla la creación de un Observatorio Provincial del Cambio Climático, que estará a cargo de la Agencia, y que tendrá las funciones de establecer guías de asistencia, tratamiento y financiamiento; colaborar activamente brindando acompañamiento a las personas y entidades bonaerenses que lo requieran para afrontar la etapa de transición hacia energías renovables y prácticas favorables a evitar el calentamiento global.

Además, se busca que el Observatorio pueda proporcionar estadísticas que colaboren con la implementación de políticas públicas; y promover el diseño de programas tendientes a que la provincia genere cero emisión de gases de efecto invernadero o resulte carbono negativa.

“La aprobación de la presente ley demostrará el camino que ambas cámaras están dispuestas a desandar, sin negacionismos, frente a las conclusiones de nuestros científicos sobre el cambio climático, coincidiendo que la transición es también un proceso que requiere de una estrategia consensuada y particular”, fundamentó De Leo.

Y agregó: “por ello se crea un organismo ad hoc, vinculado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) pero se pretende un abordaje transversal hacia el resto de las carteras y organismos provinciales”.

“En términos de gestión y puesta en funcionamiento, impulsamos el re direccionamiento de fondos, que en el presente ejercicio se afectan a sostenibilidad y medio ambiente, para afectarlos a la puesta en marcha de la agencia, evitando así la generación de un nuevo gasto para el Estado Provincial”, informó el autor del proyecto.

Los GEI son producidos naturalmente y se encuentran en la atmósfera. Permiten, en equilibrio, un ambiente propicio para la vida. No obstante, su emisión viene incrementándose por la actividad antropológica desde la etapa preindustrial. En la actualidad ha provocado la suba de la temperatura global del planeta, generando cambios trascendentales como la retracción de los hielos continentales o sequías, incendios, inundaciones y olas de calor más frecuentes.

Argentina, si bien no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto, ratificó el acuerdo previa aprobación del Congreso Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la Ley Nacional 25.438. Por lo tanto, se comprometió con el control y reducción de sus emisiones.

“Debemos estar atentos a las señales que envía el mundo en materia ambiental, pero también a las señales que nos envía el Interior de nuestra provincia, también desde el Conurbano y desde las grandes ciudades, todos sectores con realidades diferentes pero con un futuro común en materia medioambiental”, señaló el legislador bahiense.

En este sentido, De Leo señaló que “es por ello también, su sede se corre del conglomerado de oficinas gubernamentales del Ejecutivo Provincial para asentarse en la ciudad de Bahía Blanca, donde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible cuenta con oficinas y personal profesional desde hace varios años”.

“Argumentan además la elección de Bahía Blanca como sede de la Agencia propuesta, que en esta ciudad se encuentra una importante sede del CONICET con varios institutos científicos, un gran polo petroquímico en expansión, un puerto de envergadura, varias universidades públicas y privadas, reservas naturales y zonas con especies protegidas, un nodo de transporte multimodal”, indicó.

Para finalizar, el senador y presidente de la Coalición Cívica bonaerense expresó que “se trata (Bahía Blanca) de una región con gran número de aerogeneradores, con varias iniciativas en marcha sobre la medición de huella de carbono, con un organismo municipal (Comité Técnico Ejecutivo-CTE) con recursos profesionales y materiales de prestigio vinculado al monitoreo de las industrias de tercera categoría y del medio ambiente, más una población superior a los 300 mil habitantes con una marcada conciencia ambiental”.

De Leo ratificó la oposición de la CC-ARI a las reelecciones indefinidas

“Hoy se le dio la espalda a la gente” dijo el presidente de la CC bonaerense y senador provincial de Juntos

El senador de Juntos Andrés de Leo, que votó en contra de la modificación a la Ley que limita las reelecciones, en disidencia con el resto de su propio bloque consideró que se “habilitaron” las reelecciones indefinidas. 

“Lo que se puso en juego hoy en la provincia de Buenos Aires es si se mantenían limitaciones a las reelecciones indefinidas o si se habilitaban las reelecciones indefinidas, y se habilitaron. El resto sólo es línea argumental para confundir a la gente con títulos ambiguos”, dijo el legislador bahíense.

En la sesión el bloque de Juntos votó dividido uno de los proyectos que se encontraban para su tratamiento, el que modifica la Ley 14.836 que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores.

El senador Andrés De Leo, quien además preside la Coalición Cívica en la Provincia, mantuvo su firme postura crítica respecto a esta modificación, votando en contra de la misma, y defendiendo la Ley votada durante el gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2016.

“Nunca resulta agradable tener que expresar un voto en disidencia con la expresión mayoritaria de nuestro bloque, y que en esta oportunidad debemos exponer nuestra posición disidente porque lamentablemente ésta Ley no va a garantizar la limitación de las reelecciones eternas. Por el contrario, esta modificación a la Ley garantiza la posibilidad de reelección a noventa y un (91) intendentes, y le da cuatro (4) años más a quienes vienen intentando derribar la ley y habilitar las reelecciones indefinidas”, argumentó De Leo.

“En estos días se mencionó la necesidad de igualar a los intendentes que siguen en sus cargos con aquellos que han pedido licencia”, comenzó diciendo De Leo, para agregar: “la Ley no se trata de legislar solo para los Intendentes. El principio republicano de limitación de poderes, se trata de igualar a quienes ostentan transitoriamente un poder en un cargo con el resto de los ciudadanos. Ese es el principio. La regla es la limitación, no la habilitación. Porque cuando la política se regula a sí misma, siempre lo debe hacer con prudencia, sabiendo que está en juego la legalidad y la legitimidad”.

Para finalizar, el senador bahiense, que rechazó el proyecto de reforma, expresó: “lo hago para sostener el principio republicano de la limitación del poder en los cargos, de la división de poderes”.

“Porque esta ley deja con respirador artificial a la limitación de las reelecciones y les otorga cuatro años más a quienes se opusieron al fin de las reelecciones indefinidas y también a aquellos que aceptaron a regañadientes acompañarla y votarla, y durante años buscaron argumentos para derrumbar esa conquista histórica”, dijo De Leo.

“No vamos a votar aumentos de impuestos que excedan la razonabilidad”

El senador opositor Andrés De Leo aseguró que “los gobiernos no pueden quedarse sin esta ley” de Presupuesto.

El senador provincial Andrés De Leo aseguró que “los gobiernos no pueden quedarse sin esta ley” de Presupuesto. No obstante, el presidente de la Coalición Cívica bonaerense aclaró que “no necesariamente” se tiene que aprobar el texto original que envía el Poder Ejecutivo a la legislatura y no descartó cambios al texto ingresado.

El senador provincial bahiense aseguró que su espacio “no va a votar aumentos de impuestos que excedan la razonabilidad” y sostuvo que “si bien los gobiernos no pueden quedarse sin presupuestos o leyes impositivas, no necesariamente tiene que sancionarse el texto que presentó” el Ejecutivo.

En declaraciones a la radio estatal de la provincia, el legislador consideró que “el aumento del Impuesto inmobiliario, que el ministro (de Hacienda y Finanzas, Pablo López) dice que no va a superar el 35 por ciento, vuelve a caer en una trampa como ya ocurrió en 2020”.

“En ese momento, la Coalición Cívica no votó esos artículos porque advirtió que una mala interpretación a favor del fisco y que iba a generar aumentos mayores a los anunciados”, sostuvo el senador.

Y en ese mismo sentido dijo que ahora “se recurre a la misma fórmula, por lo que el impuesto inmobiliario va a aumentar más de lo previsto”.

Por otra parte, De Leo criticó que “por tercer año consecutivo se están ampliando las brechas en la progresividad de los impuestos, castigando duramente a sectores medios y obviamente a los sectores altos”.

El senador sostuvo que “es razonable que el dueño de un campo de mil hectáreas pague 10 veces más impuesto que el dueño de un campo de cien”. Sin embargo, aclaró que el gobierno viene ampliando esa brecha año a año.

“Si todos los años vas aumentando la brecha, deben pagar 15, 18 veces más…”, explicó siguiendo el mismo ejemplo anterior y dijo “eso va hacia un lugar de absoluta injusticia”.

Por ello el senador que ejerció la presidencia de la comisión de presupuesto años atrás y es una de las referencias del bloque opositor en la materia advirtió que “le pedimos al gobierno que fije cuál es el criterio final, porque tiene que haber un criterio de razonabilidad”.

A su vez, para terminar, aseguró que “la política tributaria de la provincia ha demostrado algunas falencias, sobre todo por el alto índice de incobrabilidad que se observa, por ejemplo, en las patentes”.

De Leo: “¿Qué pasa con los presos beneficiados con domiciliarias por la pandemia?”

Buscan saber cuántos fueron los beneficiados, las condiciones exigidas para el beneficio, y cuantos violaron la disposición judicial.

A través de un pedido de informes a la provincia presentado en el Senado bonaerense por el representante de Juntos Andrés De Leo, se busca responder a la pregunta “¿Qué pasa con los presos que fueron beneficiados con el arresto domiciliario por la pandemia del Covid 19?”.

“Hoy todo está volviendo casi a la total normalidad, los chicos volvieron a las escuelas, los trabajadores a sus trabajos, y los militantes a la campaña. ¿Y los presos que fueron liberados? Sería bueno saber hasta cuándo regirá esta disposición”, apuntó el legislador.

El pedido de informes presentado por el senador De Leo, se suma a otro en el mismo sentido, hecho a principios de año por la senadora Nidia Moirano, también de Juntos, y que nunca fue tratado por el oficialismo.

Ambos proyectos apuntan a conocer las condiciones relacionadas con el arresto domiciliario de personas detenidas en unidades penitenciarias bonaerenses, durante el periodo de vigencia del aislamiento social y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo nacional, a raíz de la pandemia del Covid-19.

“La iniciativa tiene como fundamento conocer el número de detenidos que fueron beneficiados con su arresto domiciliario y si se han cumplido con las condiciones de detención a partir de la morigeración de su pena”, graficó el autor del proyecto.

En el mismo sentido, De Leo agregó que “la decisión de trasladar un número considerable de presos de unidades penitenciarias a su arresto domiciliario en la provincia de Buenos Aires, generó un intenso debate en la sociedad bonaerense, respecto a si la pandemia habilita esta clase de medidas o bien debe ser dictada con un carácter restringido analizando con minuciosidad las condiciones de detención”.

“Existen muchos detenidos que fueron beneficiados con la morigeración de las condiciones de detención en una unidad penitenciaria, que por el tipo de delito que se le imputa o bien por sus condiciones físicas o de edad, fueron beneficiado con su arresto domiciliario, aplicándose un criterio amplio a partir del fallo dictado por la Sala I del Tribunal de Casación”, señaló el legislador, y agregó: “sin embargo, dicho fallo, a pesar de los límites impuestos, permitió que un número amplio de detenidos, por homicidios dolosos y delitos contra la integridad sexual, fueran beneficiados con su arresto domiciliario”.

A raíz de la polémica suscitada por este fallo del Tribunal de Casación, suscripto únicamente por el doctor Víctor Violini, el fiscal general apeló ante la Suprema Corte de Justicia, fijando límites y recomendaciones para disponer el arresto domiciliario.

En la apelación se destacó que “la clasificación de delitos en leves y graves” que había hecho su integrante Víctor Violini. “carece de base legal”. Y se enumeró una serie de aspectos a tener en cuenta respecto de cada detenido para determinar si corresponde o no conceder el arresto domiciliario: el bien jurídico afectado (la vida o la propiedad, por ejemplo), el grado de participación que tuvo el acusado en el delito, la modalidad que se utilizó para cometerlo, el nivel de organización delictiva, la pena establecida, los riesgos procesales, la relación del acusado con la víctima y el análisis de la existencia de lugares en el sistema carcelario para alojar a personas en situación de riesgo sanitario.

“Por eso –indico De Leo-, y con el fin de contar con la información necesaria, es que proponemos la iniciativa en cuestión, para poder hacer una evaluación respecto del arresto domiciliario de una gran cantidad de detenidos en unidades penitenciarias en la Provincia”.

Los puntos que se piden aclarar en el pedido de informe presentado son: la cantidad de personas detenidas en unidades penitenciarias, que fueron beneficiadas con arresto domiciliario; las condiciones que debían reunir los individuos para ser favorecidas con arresto domiciliario; y cuántas personas privadas de su libertad, verificó el Patronato de Liberados que violaron el arresto domiciliario o fueron detenidos por la comisión de un nuevo delito.

También se requiere información sobre la cantidad de sujetos detenidos que fueron beneficiados con arresto domiciliario, que se encontraban privadas de su libertad, con prisión preventiva o con sentencia firme; y si fueron beneficiados con arresto domiciliario o con tobillera electrónica, detenidos o condenados por delitos de homicidio doloso y/o contra la integridad sexual.

Para De Leo una hipotética “salida del presidente agravaría más los problemas que tiene la Argentina”

“Todos sabemos que cuando se daña la palabra presidencial, se daña la máxima investidura de la república y esto no es bueno para nadie”, sostuvo el senador opositor.

Consultado por medios bahienses, el senador de la Coalición Cívica que forma parte del bloque de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió al festejo de cumpleaños de la primera dama, en plena cuarentena, y al pedido de juicio político, que, a raíz de ello, hicieron desde algunos sectores de la oposición.

“Lo que pasó en Olivos es lamentable porque hemos vivido un acto de una absoluta hipocresía de parte del presidente que en momentos que se estaban tomando decisiones extremadamente duras y cuando el Presidente nos daba clases y, además, con tono enérgico, podía tildar de idiotas, imbéciles, a aquellos que violaban la cuarentena y decía que nos teníamos que encerrar en nuestras casas, que no podíamos visitar a nuestros familiares”, indicó.

En el mismo sentido, De Leo agregó: “tuve un fallo en la justicia bahiense en contra de, por ejemplo, poder visitar a mi madre de 83 años en Tres Arroyos y mis hijas y nietas, en el mismo momento el Presidente estaba llevando adelante esta actividad que, evidentemente, es un cachetazo muy fuerte a la credibilidad”.

“Lo peor de todo es que el Presidente estuvo negando hablando de que había una fake news con las fotos, es decir, negando que esas reuniones habían existido, lo cual agrava seriamente la situación porque si él hubiera reconocido el error inmediatamente los daños hubieran sido por lo menos desde el punto de vista que a uno le preocupa que es la autoridad presidencial, la legitimidad y el valor de la palabra del Presidente, más allá de que uno pueda tener diferencias”, subrayó.

De Leo aseguró que “todos sabemos que cuando se daña la palabra presidencial, se daña la máxima investidura de la República y esto me parece que no es bueno para nadie. Creo que ahora resta el camino de que la justicia actúe como corresponde porque, si no, ya también se dañaría la credibilidad de la independencia judicial y de otras de las instituciones de la República”, agregó.

En referencia al pedido de juicio político, el senador opositor consideró que “lo para que un juicio político prospere necesita el acompañamiento de los legisladores del kirchnerismo”.

“En el medio de las propuestas me parecía mucho más inteligente una propuesta de una comisión investigadora que va por mayoría simple para evaluar y esto sí me parece que políticamente tendría mucho más sentido que lo otro. Cuando uno habla de juicio político está pidiéndole al presidente que se vaya”, señaló De Leo.

“Creemos que el Presidente tiene que gobernar los dos años y medio que le quedan, tratar de llevar adelante su gestión lo mejor que se pueda porque sabemos que si le va mal o le sigue yendo tan mal como hasta ahora, los padecimientos van a ser para la gente, pero también hay que ser prudentes de no pensar que la solución es que Cristina esté al frente del gobierno”, agregó.

“En este caso, el juicio político es efectivamente como su palabra lo dice, un juicio de valoración política que determina si un presidente o un ministro o alguien en el cargo que se le quiera someter a un juicio político, está en condiciones políticas de ser apartado de su cargo o no y nosotros, en ese sentido, creemos que el apartamiento del presidente Alberto Fernández para que asuma Cristina Fernández de Kirchner agrava los problemas que tiene la Argentina”, dijo.

Piden que el gobierno provincial garantice el ingreso al Puerto de Bahía Blanca

El pedido lo hizo el senador opositor Andrés De Leo, que señaló que “se trata de una obstrucción ilegal”.

El Puerto de Bahía Blanca está bloqueado por un paro de transportistas autoconvocados del 30 de julio.

A través de un proyecto de declaración presentado esta semana en el Senado Bonaerense, el legislador de Juntos manifestó su preocupación ante la inactividad del Estado provincial al momento de garantizar el ingreso al Puerto de Bahía Blanca, que se encuentra bloqueado por parte de transportistas autoconvocados desde el pasado viernes 30 de julio.

En ese sentido, De Leo argumento su pedido con la Constitución Nacional, que “dispone en su artículo 10° la libre circulación a los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases. La libertad de circulación es un concepto de los Derechos Humanos que está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Además -indicó-, los transportistas que no adhieren a la protesta intentan ingresar al puerto bahiense, sufren ataques sobre sus transportes, como la apertura de las boquillas de sus camiones, descargando la mercadería en el lugar del bloqueo”.

 Vale recordar que durante el mes de enero del corriente año se produjo una medida igual a la actual, provocando una disminución del 94% del ingreso de camiones al puerto Bahía Blanca, pasando de 6133 a 388.

“Desde la bajante del Rio Paraná, las actividades agroindustriales se han visto afectadas, por la imposibilidad de operar en forma normal de los puertos, razón por la cual, la zona del puerto de Bahía Blanca ha visto incrementada su actividad”, dijo y agregó: “los datos privados difundidos por medios de comunicación indican que los embarques del puerto de Bahía Blanca crecieron el primer semestre un 2% interanual y un 10,4% en relación a 2019, con un total de 8.545.000 toneladas, donde el maíz fue uno de los principales granos enviados al mundo desde esa zona portuaria del país”. 

“Sin lugar a duda que el bloqueo ilegal ha provocado que el puerto de Bahía Blanca sea el más afectado, donde los cortes de rutas que llevan adelante los manifestantes imposibilitan el traslado de los granos a dicha zona, pero también a los acopios, molinos y plantas de alimento balanceado de la región. Esta situación deriva en la interrupción de la cadena de pagos y en el normal ingreso de divisas al país a través de las exportaciones”.

“Lo curioso -dijo De Leo-, es que a pesar de la conducta ilegal en la que incurren los integrantes de la protesta, vemos como el Gobierno provincial asume una conducta pasiva, al no realizar ninguna acción que reestablezca la libre circulación en la zona bloqueada”.

“Ante la gravedad de los hechos que se denuncian, instamos a las autoridades provinciales para que intervenga en el conflicto y si es necesario, pongan fin al bloqueo, el cual es extorsivo, ilegal e impide ejercer el derecho al trabajo y circular en forma libre y sin restricciones por nuestro país”, finalizó pidiendo el senador bahiense.

De Leo: “el gobierno se alineó en una estrategia que ha fracasado en todos los frentes”

Además, el senador opositor se preguntó “si la educación puede ser virtual qué sentido va a tener en el futuro la presencialidad”.

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se expresó sobre la decisión “rudimentaria básica” de la cuarentena estricta del año pasado y resaltó que “nunca se convocó a una mesa interdisciplinaria”, desde el gobierno provincial.

“Ha sido una mala gestión de la pandemia y en el proceso de vacunas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se alineó con el gobierno nacional en una estrategia que ha fracasado en todos los frentes. En su momento, erróneamente creían que priorizaban la salud cerrando y haciendo un confinamiento hiper estricto que en algún momento parecía eterno”, dijo De Leo.

En ese sentido, continuó: “advertimos que era una estrategia rudimentaria básica que podía durar un tiempo limitado y que había que trabajar en otros aspectos de la pandemia en los que no hubiera resistencias económicas, ni sociales ni psíquicas. Nunca se convocó a una mesa interdisciplinaria y se apostó al confinamiento y a la vacuna”.

“Los resultados han sido los que tenemos ahora, los números en materia sanitaria son devastadores y los costos que se han pagado y que se van a seguir pagando desde el punto de vista económico, sanitario y social son extremadamente elevados”, sostuvo mientras que aseveró “nosotros advertimos que había que trabajar en todos los frentes y se fracasó en todos los frentes; hoy el gobierno no puede mostrar ni un solo resultado positivo ni en materia de salud ni sanitario ni educativo”.

“Esto no es poner palos en la rueda ni alentar ninguna cuestión, simplemente una descripción de la realidad”, resaltó De Leo.

Por otra parte, el legislador bahiense se refirió al proyecto de Axel Kicillof que busca construir una Casa de la Provincia en cada uno de los distritos bonaerenses.

El presidente de la Coalición Cívica ARI de la provincia de Buenos Aires expresó que el proyecto de las “mini gobernaciones” es un “despilfarro de recursos y dinero” que busca “crear puestos para la militancia”.

“Es un proyecto que está fuera de la realidad y de la agenda. En otro contexto podría tener algún sentido. Yo creo que la descentralización y la federalización es más que la construcción de burocracia, que muchas veces después no termina siendo más que lugares para crear puestos para la militancia”, manifestó.

“En el medio de este contexto avanzar en ese proyecto me parece un despilfarro de recursos y de dinero, cuando bien podrían ponerse a disposición de otras necesidades más urgentes que tiene la provincia de Buenos Aires”, sostuvo De Leo.

Finalmente, también opinó sobre la decisión del Jefe de Gobierno porteño de continuar con las clases presenciales, desoyendo el decreto impulsado por Alberto Fernández.

“Después de más de un año de experiencia y, habiéndose priorizado en el Gobierno provincial y nacional la vacunación a los docentes, que lo primero que se cierre sean las escuelas es una contradicción y es una muy mala señal porque los costos desde el punto de vista educativo y los demás trastornos que esto trae son muy elevados”, apuntó.

En ese sentido, De Leo enfatizó: “con los cuidados debidos y con los protocolos que se llevan adelante se pudo continuar, no digo con una agenda normal, pero sí priorizando la presencialidad”.

“Evidentemente el Gobierno nacional y provincial ha querido buscar chivos expiatorios por el fracaso sanitario para responsabilizar en aquellas jurisdicciones donde hay responsabilidad para llevar adelante actividades, entre ellas la educación que estuvo parada prácticamente un año”, agregó.

“Decir que la educación se puede reemplazar con virtualidad me parece que es una simplificación porque, si esto fuera así, qué sentido va a tener en el futuro seguir adelante con la presencialidad. Es un error de parte del Gobierno nacional confrontar con estas cuestiones”, concluyó el Senador.

Proponen la creación de un Programa de Asistencia para los rubros afectados por las nuevas restricciones

La iniciativa opositora incluye un plan de descuento en los impuestos automotor e inmobiliario, prorrogar de ingresos brutos y de las cuotas de créditos del Banco de la Provincia y la suspensión de retenciones, percepciones y ejecuciones.

Senadores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en la Cámara alta provincial, mediante el cual buscan crear el Programa Bonaerense de Asistencia a los Rubros Afectados por las Restricciones al Desarrollo de sus Actividades tras la nueva medida de confinamiento, de público conocimiento, fijada por Decreto y con la intención de hacer frente a la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Se trata de una iniciativa de los senadores, Andrés De Leo y Agustín Maspoli que cuenta además con el acompañamiento del resto de la bancada y que pretende llevar beneficios a los rubros: “servicios de enseñanza, servicios de alojamiento y hotelería, servicios de comidas y bebidas, servicios de esparcimiento, servicios artísticos y de espectáculos, así como también para los servicios de práctica deportiva y entrenamiento”.

El proyecto establece también un plan de descuento en los impuestos automotor e inmobiliario, prorrogar las fechas de vencimiento de ingresos brutos y de las cuotas de créditos contraídos con el Banco de la Provincia y la suspensión de retenciones, percepciones y ejecuciones. También propone una línea de créditos a tasa especial y subsidios otorgados a través del ministerio de Trabajo bonaerense. 

Los senadores remarcaron que “si bien actualmente existen medidas aplicadas por el Poder Ejecutivo provincial, cada una de ellas presenta una limitación en su aplicación ya que el beneficiario debe ser una micro, pequeña o mediana empresa, o cooperativa, dejando fuera los emprendimientos productivos unipersonales”.

Por último, De Leo y Maspoli sostuvieron que otra de las limitaciones existentes actualmente es que si “la empresa o cooperativa accedió a algunos de los programas de asistencia creados desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, en marzo de 2020, no podrá recibir beneficio alguno ya quedan excluidos, por exceder los 12 meses prorrogables”, y concluyeron: “es urgente generar nuevos mecanismos para acompañar a cada fuente de trabajo”. 

Preocupación por aumento de precios de insumos para las terapias intensivas

A través de una iniciativa parlamentaria piden a las autoridades provinciales que intervengan para retrotraerlos a los valores previos al incremento.

A través de una declaración parlamentaria, el senador de JxC Andrés De Leo expresó su preocupación por el incremento en el precio de los medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes que se encuentran en terapia intensiva, por parte de los laboratorios, al mismo tiempo que instó a las autoridades provinciales y nacionales, para que les exija que retrotraigan los valores anteriores al aumento.

“El exponencial aumento de contagios producto de la segunda ola de covid, el agotamiento del personal médico y un sistema de sanitario funcionando al límite de su capacidad, traen aparejado como daño colateral el aumento descomunal e injustificado que tuvieron los medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes que se encuentran en terapia intensiva”, argumentó el legislador bahiense de JxC.

La pandemia generó un inusual aumento de la demanda de analgésicos, sedantes y relajantes musculares que se utilizan con aquellas personas que se encuentran transitando distintas patologías en camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Los dos grandes proveedores mundiales de esta medicación son China e India, y las dificultades de movilidad por los aislamientos, generaron dificultades de provisión y escasez en muchos países, así como distorsiones en los precios y el surgimiento de un mercado negro.

Según informó la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea al setenta por ciento (70%) de las empresas dueñas de prepagas con treinta (30) millones de afiliados, “este grupo de medicamentos esenciales para la vida de los pacientes graves ha tenido incrementos desmedidos en el último año y de algún modo la firma del acuerdo entre la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Salud de la Nación y representantes de la industria farmacéutica los convalida”.

Asimismo la Unión Argentina de Salud advirtió a diversos medios de comunicación que el convenio convalida aumentos de hasta el mil trescientos por ciento (1.300%).

Por su parte, la entidad que reúne a las prepagas dijo además a través de un comunicado que “la industria farmacéutica ha fijado precios en forma unilateral, sin ningún control regulatorio hasta ahora, basándose en especulaciones, escudados en la devaluación del peso argentino, las dificultades para la importación y la escasez de materia prima a nivel mundial”. Incluso con estos aumentos los prestadores y financiadores continúan teniendo problemas de aprovisionamiento.

“Ante el estado de situación descripto, entendemos que resulta imprescindible la intervención de las autoridades provinciales y nacionales, con el fin de que los laboratorios retrotraigan los aumentos injustificados, los cuales oscilarían entre un trescientos (300) y mil trescientos (1300) por ciento”, finalizó diciendo De Leo.

De Leo: “han tomado medidas que atentan contra el consumo y el crecimiento”

El presidente de la CC bonaerense negó que el gobierno de Cambiemos no se haya preocupado por “el desarrollo del mercado interno” y sostuvo “se tomaron muchas medidas para favorecer el consumo”.

“En nuestro gobierno se tomaron muchas medidas para favorecer el consumo”, dijo el senador provincial al ser consultado sobre declaraciónes que desde el FdT se deslizan respecto del desarrollo del “mercado interno” durante el gobierno de Cambiemos.

El titular de la CC en la provincia de Buenos Aires y actual senador de JxC negó que “recién ahora descubrieron el consumo interno” tal como sostuvo el titular de la Cámara de Diputados Federico Otermín y detalló para alentar el consumo “se bajaron impuestos, se eliminó el IVA a productos de baja necesidad, se impuso una fórmula para mejorar el haber a los jubilados”.

No obstante, el legislador opositor admitió que “el contexto de crisis cambiaria que se desató en 2018, hicieron pasar inadvertidas muchas de estas medidas”.

En cambio, dijo el senador provincial De Leo que “desde este gobierno han tomado medidas que decididamente atentan contra el consumo y el crecimiento de la economía”.

Y acto seguido enumeró “aumentaron impuestos, ajustaron a los jubilados, multiplicaron el cierre de empresas y el aumento del desempleo” y concluyó que “durante un año no hubo obra pública”.

Para una de las voces más críticas de la actual situación provincial, tal es el caso del senador Andrés De Leo, “en síntesis: no hubo cemento y las heladeras están cada vez más vacías”.

Plan, la palabra prohibida por el kirchnerismo

Por Andrés De Leo. El senador provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la CC-Ari bonaerense, le reclama al presidente Fernandez un plan que le permita cumplir con su promesa al pueblo argentino: “volver mejores”.

La economía ha caído más que en los países que el presidente Alberto Fernández tomaba como referencia para comparar en las estadísticas por la pandemia.

De manera singular, Alberto Fernández ha justificado la falta de un plan económico. El Presidente ha decidido hacerse responsable de la inexperiencia de un equipo económico que sólo se ha limitado en estos casi ocho meses de gobierno a cerrar un acuerdo con los acreedores públicos, empresa que fue útil para justificar, según el Ministro Guzmán, la no presentación de un plan con los objetivos y lineamientos económicos del país.

Para una economía que sigue en caída libre, con más de 330 mil nuevos desempleados desde el inicio del Gobierno de Fernández, 47 mil de ellos antes de iniciar la cuarentena, pese a la prohibición de despidos; 25 mil empresas registradas, con empleados, cerradas; aumento sideral de la pobreza y el empeoramiento de todas las variables económicas; el único remedio utilizado por el presidente es la emisión monetaria a discreción.

Ha optado por dejar para la salida de la cuarentena, la tarea de contener una inflación que se viene insinuando, pese a la parálisis económica, el control de precios de productos y de las tarifas de servicios públicos.

La falta de plan no se ve sólo en materia económica. Es más, el Presidente carece de un plan integral de gobierno. La inacción, la falta de coordinación y las peleas internas son cada vez más visibles, y la pandemia parece justificar todo.

Ministros desapercibidos, con excepción del ministro de Salud, por razones vinculadas a la pandemia, y de la ministra de Seguridad, por las disputas con su par bonaerense. También Daniel Arroyo quedó expuesto por el escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos, lo que exhibió que los responsables de las políticas sociales, y los negocios derivados de ella, no responden al ministro de Desarrollo Social, sino que fueron impuestos por el kirchnerismo.

El manejo de la pandemia, tan valorado por el Gobierno, nos muestra la falta de un plan. Más bien, las decisiones fueron detrás de los hechos. En un inicio el temor de la sociedad, alentado desde el Ejecutivo, resolvió una cuarentena extrema.

Luego, tras el agotamiento social y las necesidades económicas, en pleno ascenso de los contagios y fallecimientos, se decidió la flexibilización. A la vez, se observa la demora y poca utilización de los testeos masivos, lo que también ocurre en la política de rastreo y aislamiento de contagiados y sus contactos estrechos.

Es cierto que nuestro país necesitaba tiempo para preparar su sistema sanitario y a la sociedad para enfrentar la pandemia, pero era previsible que un confinamiento tan riguroso, el segundo más estricto en el mundo, resultaba insostenible en el tiempo.

La caída económica ha sido superior a la de las naciones que fueron utilizadas como referencia por el presidente Fernández para comparar con estadísticas que, en muchos casos, generaron reclamos diplomáticos por las distorsiones que presentaban. Y el plan de salida prometido hace unos días por el presidente a los legisladores de Juntos por el Cambio -y al resto de los argentinos-, brilla por su ausencia.

En lo que sí hay un plan claro, sin anuncios y no escrito, pero bien explícito, es el que le impuso Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández para su candidatura: desarticular todas las causas por corrupción que pesan sobre ella y funcionarios de su gobierno y el de su marido.

Desde ese momento el Fernández candidato advirtió que los jueces y fiscales iban a tener que revisar sus fallos. Ya como presidente, propuso la reforma jubilatoria para los agentes judiciales y el apuro en las renuncias para liberar vacantes en los juzgados, y envían al Congreso la reforma judicial, lo que pone en riesgo la división de los poderes y la verdadera independencia de los jueces.

Volviendo a la política económica, plan económico es una palabra que el kirchnerismo ha decidido no utilizar desde su llegada a la Casa Rosada en 2003. Para el kirchnerismo “plan económico” tiene una clara connotación vinculada a las crisis y fracasos. Pero hay una diferencia importante entre el kirchnerismo original de la polémica “década ganada” con el presente.

En la era Néstor-Cristina se pretendió instalar la idea de “modelo económico” como sinónimo de círculo virtuoso, con un claro mensaje propagandístico implícito. En cambio, este kirchnerismo de Alberto se conforma con no tener un plan, derivación de un modesto objetivo de metas, con el que el Presidente se ilusiona como una posible remake del 2003, desconociendo que las condiciones políticas, personales y económicas son distintas.

Sin modelo económico, sin plan y con metas de las cuales se conoce poco y nada, las políticas económicas del Gobierno empeoraron la situación. Se aplicó un impuestazo a sectores productivos y a la clase media. Se ajustó a los jubilados. Y esto no es atribuible a una pandemia que, por cierto, aceleró la caída económica.

Para antes de la cuarentena, la actividad económica seguía en picada, con cierre de empresas y aumento de la desocupación. Hoy, la inflación aún contenida vuelve a ser creciente; la brecha cambiaria superior al 70%; el déficit fiscal en ascenso, la emisión monetaria a discreción y un mundo sumido en una incertidumbre, nos alejan del escenario del 2003.

Las crisis generan oportunidades y esta no es una excepción. El pueblo argentino en su conjunto viene haciendo un esfuerzo extraordinario que nos permite soñar con no repetir fracasos del pasado. Y sobre la base de ese esfuerzo se pueden generar condiciones para transformar la matriz económica, productiva y social del país, robustecer las instituciones de la república y desarrollar el sistema educativo y sanitario para las décadas siguientes. Para eso falta un plan genuino que busque la mayor cantidad de consensos posibles. Y por sobre todas las cosas, un plan que le permita al presidente cumplir con su promesa al pueblo argentino: “volver mejores”.

Quieren que el Estado pueda usar los bienes incautados por la Justicia para atender el Covid-19

Sería por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, para casos de delitos de acción pública y con destino de uso exclusivo para la atención de la pandemia.

Desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio, el senador Andrés De Leo,  presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo provincial a disponer del uso, por el plazo que dure la situación de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobernador, mediante decreto 132/20, de los bienes muebles, inmuebles y fondos líquidos pertenecientes a titulares sometidos a proceso por delito de acción pública, y que se encuentren inmovilizados por medidas cautelares dictadas por orden judicial.

Al respecto, el senador opositor De Leo indicó que “resulta indispensable contar con la mayor cantidad de sitios adecuados y aptos para asistir a los pacientes infectados y para respetar el aislamiento digno y seguro. Y si bien las autoridades han actuado en forma preventiva, consideramos que son inciertas las consecuencias del virus”.

“Incluso -agregó-, ante el cuadro de emergencia que vive nuestro país y nuestra provincia, varios municipios han acondicionados predios públicos, o de instituciones deportivas que han cedido sus instalaciones, para la ubicación de camas u hospitales de campaña en virtud de la atención de pacientes enfermos de corona virus”.

En definitiva, el proyecto considera que existen bienes bajo la órbita y custodia del Poder Judicial, que se encuentran sin uso e inmovilizados por una medida cautelar, y pretende que ellos puedan ser destinados para colaborar en todos los aspectos que tengan que ver con la emergencia sanitaria.

Para el autor de la iniciativa esos fondos pueden ser destinado a la instalación de “hospitales de campaña, traslado de pacientes y equipamiento, o bien la compra de insumos para atender las necesidades sanitarias”, según detalló De Leo.

Piden informes por el traslado de personal policial desde el interior al conurbano

Ante la preocupación de varios intendentes del interior bonaerense un senador opositor hizo la presentación formal por los traslados del personal policial provincial.

Ante la preocupación de varios intendentes del interior bonaerense un senador opositor hizo la presentación formal por los traslados del personal policial provincial.

El pedido lo hizo el senador bahiense Andrés De Leo, de Juntos por el Cambio, y es por el desplazamiento que se observa, de agentes policiales, desde el interior de la provincia hacia zonas vulnerables del conurbano, y el posterior regreso a sus lugares de origen durante los francos.

Es sabida la necesidad del Estado provincial de dar contención en materia de seguridad ciudadana a los habitantes de la provincia, especialmente a aquellas zonas de riesgo sanitario, por múltiples factores y dimensiones socio-económicas y geográficas estructurales.

Con tal motivo se ha advertido el traslado de personal policial, perteneciente el mismo al Ministerio de Seguridad, desde dependencias de seguridad establecidas en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.

“La iniciativa surge a partir de la preocupación planteada por un grupo de intendentes del interior bonaerense -indicó el autor de la iniciativa-, que han puesto reparos por la situación, que -dicen-, genera interrogantes serios en torno a los procesos de contención sanitaria, requerida en esta situación extraordinaria de pandemia global, ante aquel personal que, por situaciones de franco laboral o cuestiones excepcionales, regresan a sus lugares de origen, ya sea a sus domicilios particulares o establecimientos policiales correspondientes”.

En el mismo sentido, De Leo expresó que “ante este panorama generado por la implementación de medidas de seguridad y protección ciudadana en el conurbano bonaerense y grandes ciudades de la provincia, debemos velar también por la seguridad sanitaria de los agentes en cuestión que, ante este proceso de pandemia por COVID-19, han debido ser trasladados para cumplir funciones en grandes zonas urbanas”.

“Esta situación -agrego el senador bahiense de JxC-, de movimientos y traslados de personal involucrado en zonas de alta densidad poblacional y que, por cuestiones socio-sanitarias son áreas geográficas de vulnerabilidad sanitaria, podrían potencialmente transformarse en agentes de contagio en las localidades del interior bonaerense, si no reciben y son parte del proceso de contención sanitaria, requerida ante este escenario pandémico”.

Los puntos pedidos en el informe

Este relevamiento de información surge de la necesidad de contar con un conocimiento cabal y concreto de la planificación e implementación de los traslados, como, asimismo, de los procesos de contención sanitaria requeridos. Por tal motivo se le pide al Poder Ejecutivo de la Provincia que informe acerca del diseño y la planificación del traslado de personal policial desde dependencias del Ministerio de Seguridad establecidas en el interior de la provincia a zonas del conurbano bonaerense y grandes ciudades de la provincia.

Se requiere saber, además, el proceso de la implementación de traslados del personal policial desde dependencias del Ministerio de Seguridad, establecido en el interior de la provincia a zonas del conurbano bonaerense, ya sea tanto en periodos temporales como asimismo los mecanismos de traslado.

En la iniciativa parlamentaria también se requiere saber las medidas y acciones adoptadas e implementadas en pos de contener sanitariamente, al personal policial, en las zonas donde fueron enviados.

Por último, el senador opositor está interesado que se le informe sobre las acciones tomadas en pos de contener sanitariamente, al personal policial, que con motivo de franco o por cuestiones excepcionales, regresan a sus lugares de origen, ya sea a sus domicilios particulares o establecimiento policial correspondiente, en los municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires.