En el marco del debate sobre el proyecto de ley presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) para restituir a la sociedad los bienes de origen criminal que logran ser incautados, se debatió sobre una plataforma -que generará un registro unificado- para censar efectivamente los bienes que han sido decomisados y cautelados por la Justicia con los datos sobre su origen y localización, su estado, costos de mantenimiento y su destino.

La iniciativa, que cuenta con respaldo de distintos espacios opositores pero también tiene visto bueno del oficialismo, propone una redistribución equitativa en favor de la sociedad de los activos incautados por las autoridades al narcotráfico y organizaciones internacionales. El texto lleva las firmas de más de 37 diputados pertenecientes a 9 bloques distintos.

Durante un evento realizado en el Salón Blanco de la Cámara baja, se destacó que el desarrollo de esta nueva plataforma de código abierto (público) será destinado a facilitar la gestión de la información sobre los bienes decomisados en Argentina. La plataforma es una herramienta pensada para que las agencias del Estado responsables de la política pública en materia de administración de bienes puedan llevar adelante un adecuado control sobre su estado y garantizar su transparencia.

“Se parte del diagnóstico de que nuestro país no cuenta con un registro unificado de todos los bienes que han sido decomisados y cautelados con los datos sobre su origen y localización, su estado, costos de mantenimiento y su destino. De esta manera, ni el propio Estado ni la ciudadanía conocen lo que sucede con dichos bienes, provocando la pérdida de recursos y de oportunidades para la reparación de las víctimas del crimen organizado y de otros delitos”, explicó Gutiérrez.
El dirigente del Frente Renovador aseguró que "la comunidad jurídica internacional sigue con atención cada uno de nuestros pasos”. Antes del tratamiento en comisiones del proyecto, el legislador impulsa reuniones con expertos.

Ramiro Gutiérrez

La iniciativa, respaldada por diversos sectores de la sociedad civil, contempla la creación de un fondo que financie programas de seguridad, prevención de las adicciones, educación, salud y desarrollo económico, asegurándose que una regulación rigurosa y la transparencia sean pilares fundamentales para garantizar su éxito. En ese sentido, con el apoyo de testimonios de beneficiarios potenciales y ejemplos de países donde iniciativas similares han tenido éxito, los defensores del proyecto esperan que "Bien Restituido" (su título) no sólo represente una respuesta a delito sino también una oportunidad de justicia social y equidad.

Durante el encuentro estuvieron presentes los diputados Esteban Paulón (EF), Fernando Iglesias (Pro), Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer (EF), entre otros, además del senador Bartolomé Abdala (LLA), vicepresidente provisional del Senado.

En tanto, también participaron Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo; Carlos Vera Barros, juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario; Laura Roteta, fiscala federal de La Plata; Laura Mazzaferri, fiscala federal de Mar del Plata; y Alejandra Provitola, jueza nacional en lo Criminal y Correccional y consejera de la Magistratura de la Nación, entre otros.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto para sancionar una nueva ley de Decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos.

El funcionario disertó ante un seminario organizado por el estudio Marval, O'Farrell, Mairal, en donde defendió las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei en la lucha contra la corrupción y planteó: “No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”.

“El Gobierno de Javier Milei quiere que haya un profundo cambio y convertir a la Argentina en un país serio en el largo plazo. Estamos achicando el Estado y eso en sí mismo es luchar contra la corrupción", sostuvo en la apertura del encuentro sobre anti-corrupción e investigaciones organizado por la firma de abogados y sumó: “Menos Estado es menos delito”.

Cúneo Libarona sostuvo: “Nuestra legislación es clara en referencia al tema del compliance. Están claros en nuestra legislación los alcances y las responsabilidades, tal vez falten incluir delitos como el lavado de dinero”, y opinó: “Para mí el centro del tema está en impulsar programas de integridad con responsabilidades y procedimientos claros. Nuestra ley responde a los compromisos internacionales y es un avance en la lucha contra la corrupción pública y privada. Es una nueva cultura de cumplimiento positiva, que fomenta los valores éticos”.

En otro tramo de su discurso, el ministro llamó a la UIF (el organismo anti lavado) a "despertarse de la siesta del pasado, para encarar una sería negociación con el GAFI". En ese sentido, el ministro hizo un anuncio sobre un cambio que espera conducir en ese rubro: "Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado en el Congreso para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito”.

También adelantó que impulsará una ley de "ficha limpia", para limitar que las personas involucradas puedan presentarse como candidatos en las elecciones. Además, el ministro dijo: "Estamos luchando contra los juicios falsos y estafas procesales para obtener beneficios del estado de forma irregular".

Según Cúneo, el decomiso de bienes obtenidos mediante delitos "debe ser rápido, no tiene sentido que haya autos o aviones en un depósito".

Por su parte, el presidente del estudio, Santiago Carregal, manifestó: "El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto. No podemos aspirar a insertarnos de nuevo en el mundo sin mejorar nuestros indicadores en esta materia. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público, porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos trabajar para un futuro mejor".