Diputada radical pide transformar el DNU en uno o varios proyectos de ley

Roxana Reyes destacó “la relevancia de debatir y legislar de manera transparente sobre las medidas que impactan sobre la economía del país.

La diputada Nacional Roxana Reyes presentó este miércoles un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo nacional que envíe el DNU 70/2023 en uno o varios proyectos de ley para que se pueda debatir y aprobar en el Congreso.

“Entendemos la necesidad de realizar reformas para mejorar la realidad de nuestro país y por ello proponemos que sea en el Congreso de la Nación donde esas reformas primero sean debatidas y luego aprobadas”, expresó la diputada Reyes señalando su posición respecto al reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, identificado como DNU-2023-70-APN-PTE y conocido como DNU 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

La diputada, consciente de la importancia del equilibrio entre los poderes del Estado, destaca “la relevancia de debatir y legislar de manera transparente y participativa sobre las medidas que impactan directamente en la economía del país”.

La diputada Reyes  reafirma su “compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la colaboración constructiva entre los distintos poderes del Estado para alcanzar soluciones consensuadas en beneficio de la sociedad”.

Acompañan los diputados Julio Cobos, Facundo Manes, Karina Banfi,

Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Soledad Carrizo, Facundo Carbajal, Pedro Galimberti, Atilio Benedetti, Natalia Sarapura, Francisco Monti, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini y Manuel Aguirre.

Blanco le respondió a Adorni: “Quédese tranquilo que sé hacer mi trabajo”

A la espera de la conformación de la Bicameral para tratar el mega DNU del presidente Milei, el senador de JxC sostuvo que “con el kirchnerismo jamás acepté presiones, no lo haré ahora ni nunca”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) le respondió este martes al vocero presidencial Manuel Adorni por sus dichos contra el Congreso de la Nación respecto a que “deben elegir si apoyar lo que votó la mayoría o seguir obstruyendo”.

 

Adorni defendió el mega DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, donde agregó que “el trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio y la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”.

 

Así las cosas, Blanco posteó una foto de Adorni y sus declaraciones y le respondió: “Quédese tranquilo vocero que como senador de la Nación también fui votado por el pueblo y sé hacer mi trabajo. Con el kirchnerismo jamás acepté presiones, no lo haré ahora ni nunca. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”.

 

 

A la espera de la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar si se aprueba o no el mega DNU del presidente Milei, desde el Gobierno buscan presionar al Congreso para que el decreto de necesidad y urgencia sea validado.

Cuál es el camino que el DNU deberá recorrer en el Congreso

Mientras continúa la indefinición en torno al armado de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, veamos cuáles son las perspectivas que tiene el mega decreto que firmó Javier Milei y qué pasos debe recorrer para quedar vigente.

No ceden las repercusiones por el tenor del decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente de la Nación este miércoles por la noche, y toda la atención pasa a estar ahora en el Congreso, donde el oficialismo tendrá que arreglárselas para defender tan ambicioso DNU. Tiene a su favor la historia: nunca un decreto de necesidad y urgencia terminó siendo rechazado por los legisladores. Tiene en su contra la minoría extrema que el oficialismo exhibe en ambas cámaras, y la magnitud de este decreto, que ha despertado una repercusión inédita. No es para menos.

El recorrido que le espera a este decreto de necesidad y urgencia comienza por la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es donde se analizan este tipo de iniciativas a su llegada al Congreso. El tema es que la misma no ha sido constituida aún, y si bien desde fuentes oficiales se había adelantado que el armado de la misma era “inminente”, el tema sigue en veremos. Fuentes parlamentarias consultadas por parlamentario.com aclararon este jueves que no pueden “informar sobre plazos”, y que no se está trabajando solo en base al DNU.

Lo cierto es que la conformación de la bicameral es el primer escollo que debe sortear el oficialismo, pues hay una encarnizada discusión en la materia con Unión por la Patria, que reclama tener en la misma 4 diputados y 4 senadores. En ambos casos hay una discusión aritmética. La Ley 26.122, que rige el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia establece que la bicameral debe estar integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

Cada Cámara ha resuelto diferente manera para la conformación de las comisiones. En Diputados, el bloque Unión por la Patria impuso su criterio, para que eso se defina en base a los bloques. En cambio en el Senado, prevaleció el criterio de La Libertad Avanza y los aliados del resto de los bloques, menos UP, para conformar las comisiones en base a las mayorías alcanzadas. En este caso, la de 39 contra los 33 de Unión por la Patria. Las cuentas ahí darían que el 45% que representa UP debería ser compensado con 3,6 senadores, pero el espíritu de la presidencia de la Cámara sería redondear para abajo, y dejarle al exoficialismo 3 senadores en esa bicameral. El resto sería repartido entre La Libertad Avanza, los radicales y el Pro.

En Diputados, si bien la cuenta da que el 40% que representan los 102 diputados de UP significarían 3,2 diputados, el bloque de Germán Martínez tendría más chances de sentar 4 diputados en la Bicameral de DNU. En diálogo con parlamentario.com, Cecilia Moreau sostuvo que van a “exigir” 4 lugares allí. Como sea, no es seguro que el oficialismo cuente con las firmas del resto de sus circunstanciales aliados para esta ocasión. En todo caso, será clave quién tendrá la presidencia de la comisión, cuyo voto vale doble.

La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara: ahora le toca al Senado. Allí habría un principio de acuerdo para darle la presidencia a un radical. Se verá.

Los dictámenes se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el de mayoría es el que lleva la firma del presidente.

De todos modos, lo que suceda en la Bicameral de DNU no es determinante. Puede el oficialismo alzarse con el dictamen de mayoría, pero eso no implica que tenga los votos después en alguna de las dos cámaras para confirmar su aprobación. Ahí, en el recinto, es donde se juega el destino del decreto en cuestión, y ese es otro cantar.

El recorrido del DNU

El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional prevé que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”, el Poder Ejecutivo “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

A continuación, se aclara que el jefe de Gabinete deberá remitir el decreto al Congreso y “dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”.

Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras.

De acuerdo con la Ley 26.122, se establece que esta comisión no sólo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

Cabe aclarar que, para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

De tal manera, es muy difícil que un decreto de necesidad y urgencia sea rechazado por el Congreso. Sobre todo porque hay un dato más, no menos importante: los tiempos consignados por la Constitución y las leyes no siempre se cumplen. En general, no se cumplen, y nada sucede.

No es lo que vaya a pasar con este controvertido decreto, que despierta un rechazo enfático y proclamado por parte de UP, y reparos muy fuertes en lo que fue Juntos por el Cambio. No en el Pro, pero sí en los representantes radicales, de la Coalición Cívica y Cambio Federal. Tampoco con el tenor de las modificaciones impulsadas, sino las formas, tal cual han expresado a partir de que se conoció la magnitud del DNU.

Más de dos años sin reunirse

De hecho, la Bicameral de Trámite Legislativo lleva más de dos años sin reunirse. Por eso fue que el pasado 22 de noviembre, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio reclamaron al presidente de esa comisión, Marcos Cleri, reactivarla. Encabezados por el diputado del Pro Pablo Tonelli, los legisladores advirtieron en esa oportunidad que era la segunda nota de ese tenor que presentaban. Una referida a 66 decretos; la siguiente a 34. Son 100 los decretos que no han sido tratados, remarcaron los legisladores.

Lo cierto es que la comisión no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos solo para nombrar autoridades.

A través de un DNU, Barra fue designado como procurador nacional del Tesoro

Silvestre Sívori fue ratificado como interventor de la AFI. También, quedaron establecidos los titulares de la Escribanía General y la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.

El Boletín Oficial publicó este miércoles los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinetes, Nicolás Posse, donde se designa a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación.

Cabe destacar, que en otro DNU fue modificado el requisito de la edad para ser procurador del tesoro de la Nación que estaba entre los 30 y 70 años, ya que Barra tiene 75.

Del mismo modo, Silvestre Sívori fue designado como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la cual será intervenida desde el Poder Ejectuivo por el plazo de dos años o “hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención”.

También, Martín Rodriguez Giesso fue designado como escribano general de la Nación y Sergio Gabriel Iacovino fue ratificado como subsecretario de Asuntos Legales, la cual pertenece a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. María Victoria Marcó quedó en el cargo de subsecretaria técnica.

Por otro lado, fueron oficializados los aumentos en el Impuesto PAIS (Por una Argentina Inclusiva y Solidaria) del 7% al 17,5% y fue publicada la resolución que agrega aclaraciones respecto al Impuesto a las Ganancias y las compras con tarjeta de débito y crédito.

Por DNU, el Gobierno estableció nuevas indemnizaciones para los afectados por la voladura de Río Tercero

El decreto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial. También se oficializó la medida que elimina el límite de 18 años para los derechohabientes de excombatientes de Malvinas.

El Poder Ejecutivo nacional estableció, a través del decreto de necesidad y urgencia 596/23, la actualización de los montos de las indemnizaciones para los damnificados, o sus herederos, por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995 y que causó siete muertes y unos 300 heridos.

Los nuevos valores serán: por muerte, $8.000.000; lesiones gravísimas, $5.600.000; lesiones graves, $4.800.000; daño moral, $800.000; y daño material $760.000.

En los considerandos, el Gobierno recordó que en la década de los ’90, por medio de distintos decretos, se otorgaron compensaciones pero “las mismas resultaron insuficientes con el fin de brindar una adecuada respuesta institucional a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos; situación que generó que se entablara una serie significativa de demandas contra el Estado Nacional”.

Luego se señaló que el Congreso sancionó la Ley 27.179, “por la cual se establece que tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos acaecidos los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero”.

A pesar de la sanción de esta norma, su decreto reglamentario y las resoluciones dictadas por el Ministerio de Defensa, “tales pretensiones no han sido satisfechas”, resaltó el Ejecutivo.

“Habiéndose dispuesto las medidas reseñadas para paliar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida en tantos años, resulta necesario implementar sin demoras una solución simple, integral y definitiva, ofreciendo un reconocimiento económico de tipo monetario para todos aquellos que se hayan adherido a los términos de la Ley 27.179”, se indicó y agregó que “en aquellos supuestos en que hubieran cobrado menos que la reparación que se prevé en el presente decreto, se les abonará la diferencia que corresponda”.

Por otra parte, este jueves se oficializó el DNU 595/23, por el cual dejará de regir el límite de edad de 18 años para los derechohabientes de los veteranos de Malvinas, así como el requisito referido a su estado civil, con el propósito de que puedan continuar recibiendo las pensiones establecidas por ley.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante un acto en el Puerto de Buenos Aires, en el marco de la ceremonia de inicio de la 120° Campaña Antártica de Verano 2023/2024.

Los argumentos del decreto subrayan que “resulta necesario disponer que no rija para los hijos y las hijas de los Veteranos de Guerra la limitación de edad a que hace referencia el inciso e del artículo 53 de la Ley N°24.241, permitiéndoles así que puedan percibir la pensión honorífica con que se reconociera a sus padres, más allá de los 18 años, en ausencia de viuda, viudo o conviviente y de otros hijos u otras hijas menores o con discapacidad, resultando asimismo indiferente su estado civil a esos fines”.

“La situación económico social que afecta, en particular, a los sectores de menores ingresos, entre los que se encuentran los Veteranos de Guerra, impide cumplir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, se justificó sobre el uso de DNU.

El Ejecutivo prorrogó por decreto la suspensión de la movilidad jubilatoria

Ante la imposibilidad de aprobar el proyecto de ley que prorroga lo dispuesto en la Ley de Emergencia Económica, el Gobierno apeló a un DNU.

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“Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541. Durante este período el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”, expresa el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial este jueves.

El DNU 542/20 prorroga entonces la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria, con lo cual los aumentos previsionales los determinará el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020,  con el fin de “preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.

También se prorroga hasta esa misma fecha la comisión bicameral encargada de elaborar una nueva fórmula.

El pasado 4 de junio, el Gobierno había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con ese mismo objetivo, aunque ante la imposibilidad de sancionarlo antes del 30 de junio -fecha en que vence el plazo de la bicameral- apelaron al recurso del DNU.

Ante el retraso de la comisión y las dificultades para elaborar una fórmula por las consecuencias de la pandemia, que alteraron todas las variables económicas, desde esa misma bicameral se había recomendado al Ejecutivo de ampliar el plazo hasta fin de año para seguir fijando la movilidad jubilatoria por decreto. Una medida que había despertado el rechazo de Juntos por el Cambio, que hasta llegó a impulsar un proyecto para derogar ese artículo en la Ley de Emergencia Económica.