Justo el mismo día en el que arrancó formalmente en Diputados el tratamiento de los proyectos sobre una nueva movilidad jubilatoria, trascendió que el Gobierno cambiará la fórmula por decreto. Precisamente lo que el vocero presidencial y el propio presidente habían desmentido los últimos días.

Según se supo este jueves, el Gobierno decidió disponer un ajuste que oscilaría entre el 12% y el 14% para compensar parte del costo de vida de enero. La actualización se aplicaría en el mes de abril, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la compensación citada.

Conocida la noticia, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme.

“Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

Un día después de conocerse los candidatos que el Poder Ejecutivo impulsará para ocupar la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el Gobierno oficializó el decreto que modifica la normativa sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces supremos.

Tal como se había adelantado en el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se introdujo una reforma al decreto 222/2003, dictado entonces por Néstor Kirchner, incorporando un nuevo artículo que tiene por objetivo acelerar los reemplazos, en caso de saber que en determinada fecha se producirá una vacante.

Mediante el decreto 267/2024, se introduce el artículo 9 bis al decreto de 2003, estableciendo que “las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada. Cumplidos los procedimientos correspondientes, y habiendo el H. Senado de la Nación prestado el acuerdo previsto por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación será formalizada una vez que se produzca efectivamente la vacante”.

En los considerandos, el Ejecutivo apuntó que “los jueces y los magistrados del Ministerio Público que pretendan un nuevo nombramiento” deben “requerirlo ante el Ministerio de Justicia, con una antelación no menor a un año a la fecha en que alcancen los referidos 75 años de edad”.

En el caso de Juan Carlos Maqueda, “no ha ejercido la opción de peticionar el nuevo nombramiento para su mantenimiento en el cargo un año antes del 29 de diciembre de 2024”, fecha en la que cumplirá años, se señaló en el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En ese sentido, se sostuvo que “existe certeza de que se producirá una nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debería ser cubierta con premura a los efectos de garantizar la correcta administración de justicia”.

“La experiencia ha demostrado que llevar adelante el procedimiento adoptado por el Decreto N°222/03 y obtener el acuerdo del Senado importa una demora mayor a los plazos previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más Alto Tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación”, agregó el Gobierno.

Y, puntualmente sobre el reemplazo que proponen para Maqueda, del abogado constitucionalista Manuel García Santillán, el Ejecutivo resaltó que esperar a la vacante de Maqueda “se agrava dado que el trámite en el H. Senado de la Nación recién comenzaría luego del inicio de las sesiones ordinarias del año 2025”.

El decreto publicado este jueves lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 

El senador nacional Luis Juez puso en dudas las posibilidades que tendrá el mega decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento, y aclaró que él hubiese comenzado abocándose al tema económico.

Consideró que el Gobierno tuvo “un debut complejo, frente a una estructura del peronismo que ha quedado golpeada”, pero remarcó que “no me parece que haya arrancado mal”.

Consultado por Radio Rivadavia sobre si le había asombrado el mega DNU, Juez dijo que “no veo nada que (Javier) Milei no haya dicho durante la campaña. Llevarlo a la práctica va a ser mucho más complejo, después no es fácil, pero esa es otra discusión”.

“Nadie puede decir que el DNU no tiene enunciados que no fueran conocidos por la gente cuando votó”, advirtió.

Respecto del decreto de necesidad y urgencia, admitió que tiene “aristas constitucionales (controvertidas), que claramente las tiene. Podemos discutirlas, pero eso no tiene que ver con la honestidad intelectual de un enunciado que se repitió durante toda la campaña. La gente que lo votó sabía por dónde iba a venir la cosa. Que el contenido es lo que se enunció, no tenemos la mejor duda”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que él vaya a integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Juez aclaró que “vamos a ver, nos vamos a juntar el día martes a evaluar. Estamos viendo, evaluando, ya veremos… Claramente es un tema de una complejidad al momento del estudio que nos obliga a tener un poco más de seriedad a la hora de pronunciarnos”.

Con relación a la reconfiguración de Juntos por el Cambio, Juez dijo que “va a depender también de la capacidad que tengamos de examinar nuestra conducta, y evaluar con toda humildad qué nos pasó. Por qué alguien nos robó las banderas del cambio”.

En ese sentido, señaló que el año pasado, a esta misma altura, cuando alguien les preguntaba sobre las elecciones, “no había forma de que nos dijeran que no íbamos a gobernar este país. Algo hicimos muy mal. Porque la gente nos dejó de votar. Hay que hacer una profunda autocrítica”.

Respecto de la paciencia que vaya a tener la gente frente al ajuste que viene, admitió sus dudas sobre “cuánto va a ser la paciencia social de un pueblo impaciente. Por eso los mentirosos siempre han tenido chances en la Argentina, porque el mentiroso te engaña en cuotas; y a los argentinos pareciera que nos encanta que nos mientan”.

“No sé si la paciencia social va a estar a la altura de los tiempos que hacen falta”, admitió, pero remarcó que “el otro camino es un camino que lo probamos 50 años, y así nos ha ido. Ese camino ya lo transitamos, pero prever lo que va a pasar es complejo”.

Ante la pregunta de si no sería conveniente dar una señal de parte de los legisladores, como un congelamiento de dietas, Juez dijo que “entiendo que sí, que tenemos que dar el ejemplo”. Con todo, advirtió que “también hay que reconfigurar el concepto de la casta. Los problemas de la Argentina no están en los sueldos de los legisladores”.

“Ahí no está el problema”, aclaró, y apuntó que se lo dijo a la presidenta de la Cámara: “Prevea señora anunciar algún gesto que nos ponga en sintonía con el esfuerzo de la sociedad. (Victoria) Villarruel lo está trabajando, obviamente. Hay una serie de gastos que hay que suspender. Hay que generar, sin el ánimo de perder el objetivo”.

“A mí no me van a encontrar defendiendo las corporaciones –agregó-. Yo hablo de estas cosas hace muchos años, cuando Milei todavía no tenía pelo…”. Y respecto de su provincia, dijo que “hace años que vengo levantando esta bandera… Al pedo, porque cuando la gente tiene que votar, vota lo de siempre”.

Por último con respecto al destino del DNU, Luis Juez ironizó con que “los dueños del atropello ahora son republicanos; los que entendíamos seguramente que había alguna mecánica que llevara adelante hoy la urgencia, hace que digamos: ‘bueno, capaz que este atajo sea la posibilidad de llevar adelante algunas cuestiones’”.

¿Será sencillo el trámite del decreto de necesidad y urgencia en el Congreso? “No, es muy complejo, lamentablemente la Argentina tiene esa complejidad que según cómo sean las circunstancias te encuentren con un libreto o con otro, y pareciera que todo diera lo mismo”. Puso el ejemplo del Senado, donde “vamos a empezar una discusión donde vamos a empezar a escuchar palabras de algunos senadores que van a decir palabras que antes eran mías”.

“Yo hubiese hecho las cosas de otra manera; me hubiese concentrado en el tema económico, la angustia más grande que tiene el pueblo. Y después avanzar con otra”, puso como ejemplo.

Por último respecto de si pasa el DNU por el Congreso, Juez fue concreto: “Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado, pero bueno, es una opinión conforme lo que vengo sondeando, porque empiezan a radicalizarse posturas, que en otro momento parecían que pudieran tener alguna cuota de racionalidad, ahora la veo complicada”.

Y concluyó: “Pero también hay que construir consensos, la mecánica del atropello le servía al kirchnerismo, porque tiene que ver con su ADN, pero tenemos que construir consenso, inclusive con los que piensan algo distinto”.

Por José Angel Di Mauro

Mucho se ha escrito y dicho en torno al mega decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y la excepcionalidad que le corresponde por su extensión. Lo cierto es que, en realidad, hubo un antecedente. También le correspondió a un gobierno en minoría, como fue el de Mauricio Macri, que optó por la vía de un “súper DNU” en el penúltimo año de su mandato. Veamos cómo le fue a él.

Ese Gobierno de Macri padecía una inferioridad numérica importante, pero así y todo tenía el doble de legisladores en ambas cámaras que hoy La Libertad Avanza. En el caso de Cambiemos, las instancias creadas para saltear al Parlamento tampoco terminaron resultándole del todo viablels a un oficialismo condenado a negociar todo o soportar el máximo posible las presiones de la oposición. Si bien los DNU parecían ser una alternativa muy viable, sobre todo en tiempos de receso legislativo, no la tuvo fácil esa administración con tal herramienta. Es verdad que la ley de DNU hace difícil que a un gobierno le rechacen un decreto, pero varias veces el Gobierno de Cambiemos quedó al filo de esa derrota sin precedentes.

¿Qué le queda a Milei entonces?

La experiencia de Macri

Cada receso veraniego fue aprovechado por el Gobierno de Cambiemos para impulsar una batería de decretos a través de los cuales pudiera sortear las dificultades parlamentarias. Nunca terminó de convencerse de que ello implicaba un fuerte desgaste pues la oposición dura siempre objetó esa vía para legislar y una y otra vez le asestó derrotas en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, emitiendo dictámenes que se convertían en espadas de Damócles con las cuales amenazaba al oficialismo en el recinto.  

En el verano de 2018, el Gobierno de Macri volvió a aprovechar el receso legislativo ya no para impulsar una serie de decretos cuya validez después tuviera que salir a defender, sino directamente un gran DNU que presentó el 10 de enero en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien lo justificó en la necesidad de reducir a través del mismo trámites que deben hacer las empresas para operar en el país, como así también establecer nuevas prácticas en el sector de finanzas y transportes, con el fin de reducir costos y ganar competitividad.

Pero la magnitud de ese decreto tan amplio y variado la daba el detalle de la cantidad de modificaciones de leyes o decretos que implicaba: 140. Además de derogar un total de 19 leyes o decretos.

El DNU más extenso de la administración Macri -y de los que pudiera recordarse hasta entonces-, agrupaba un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.

Fue siempre una característica operativa de Cambiemos enviar al Parlamento un proyecto ambicioso en el que pudiera camuflar otro de características controvertidas. Ejemplo: la reparación histórica, en la que incluyó el blanqueo de capitales; o la reforma laboral, donde presentaban un blanqueo en el que todos estaban de acuerdo, pero incluían un artículo que modificaba el régimen de despidos.

Ahora, en este ambicioso megadecreto, se hablaba de medidas que permitirían bajar los costos del sector productivo a un punto del Producto Interno Bruto, lo cual significaba un ahorro de 100.000 millones de pesos en dos años. Y, paralelamente, se autorizaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a realizar otras operaciones como la creación de fideicomisos financieros y otorgarle “modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras”, explicó “Pancho” Cabrera.

Lo cierto es que conforme el resultado electoral de 2017, se daba la novedad de que la Bicameral de Trámite Legislativo debía reconstituirse y con esa nueva conformación Cambiemos se aseguraba por fin la mayoría en ese cuerpo estratégico: de los 16 integrantes de la comisión, al oficialismo le corresponderían 8. Y podría desempatar así a su favor con el voto del presidente, que después de haber estado a cargo un año el santafesino Marcos Cleri, ahora volvía a ser Luis Naidenoff. La diferencia radicaba en la nueva conformación de Diputados, donde al haber acrecentado Cambiemos su número, tendría 5 representantes en esa bicameral. Por la oposición estarían los diputados Marcos Cleri, Máximo Kirchner (FpV-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista).

En el Senado, en tanto, donde ahora había paridad de fuerzas, Cambiemos tendría tres integrantes y los otros tres serían del bloque de Miguel Pichetto; habría un lugar para el espacio cristinista y el restante sería para el interbloque Federal, del puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Por lo pronto, la nueva composición de la comisión le aseguraba a Cambiemos el blindaje del mega DNU, y en realidad de todos los decretos que pasaran en el transcurso del año. Pero ya se sabe que asegurarse el dictamen de mayoría no garantiza nada.

La reacción de la oposición

Más allá de esas vicisitudes, al día siguiente de la aparición en el Boletín Oficial comenzaron los cuestionamientos de parte de la oposición. Para el presidente del bloque cristinista, Agustín Rossi, el megadecreto no era otra cosa que una “ley ómnibus” con la que estaba claro que “Macri se burla del Parlamento”. Y anticipaba que cuando comenzaran las sesiones ordinarias pedirían su derogación.

Tan controvertido resultaba un decreto de semejantes características que el propio exministro de Planificación Federal Julio De Vido le reclamó desde la cárcel a la oposición que se uniera para “voltearlo”. Desde las redes sociales donde difundía sus reflexiones, el suspendido diputado pidió a los legisladores “que peleen y acuerden para tener todos los votos que necesitan para voltear ese decreto que es contrario claramente a los intereses del pueblo argentino en su conjunto”.

Y mientras el Gobierno demoraba el envío del mega DNU al Parlamento, comenzaron las presentaciones judiciales en su contra. Primero fue el kirchnerismo, que a través de Eduardo Barcesat y Julián Domínguez denunció al presidente, a Marcos Peña y a los ministros que firmaron el decreto por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, y luego diputados del Frente Renovador fueron a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del mismo.

Dos semanas tardó el gobierno en enviar el polémico DNU al Congreso, y ya dando por descontadas las complicaciones que despertaría semejante iniciativa, el titular del bloque Pro de Diputados, Nicolás Massot, dejó abierta la posibilidad de que un proyecto de ley lo reemplazara, tras poner como ejemplo que eso ya habían hecho con la modificación de la ley de ART. “Nosotros como gobierno tuvimos nuestras razones para avanzar con el decreto: el verano es largo, y habida cuenta de que el tratamiento de la reforma previsional nos llevó tanto tiempo y energías, dejando de lado incluso leyes que estaban programadas para ser tratadas en diciembre, y no pudieron por la complicación de la ley previsional, creímos que hay medidas muy importantes en este DNU de simplificación que no podían esperar”.

Puede que el Gobierno de Macri se haya confiado a partir de las prerrogativas  que le habían brindado el triunfo electoral, como la de dominar la Bicameral de los DNU, donde el 6 de febrero de 2018 consiguió dictaminar por la validez de ese decreto de reforma del Estado. Tras el empate en 8, el voto doble de Luis Naidenoff en su condición de flamante titular de la comisión desniveló la paridad. Pero habida cuenta de que tener la aprobación de la Bicameral de DNU no asegura nada, el mismo día de la reunión de esa comisión, el propio Naidenoff anticipó que el Poder Ejecutivo enviaría no uno, sino tres proyectos de ley para reemplazar al mega DNU de simplificación del funcionamiento del Estado.

El debate en el recinto

Los tres proyectos llegaron al recinto el 21 de marzo de 2018, pero lejos estuvo de ser ese un trámite amable. De entrada nomás la oposición mostró los dientes al buscar cambiar el orden del temario, cuestión de tratar primero el dictamen del megadecreto y votar su rechazo, para recién después avanzar con los proyectos que lo remplazaban. Agustín Rossi explicó al pedirlo que el decreto de necesidad y urgencia que los proyectos venían a reemplazar estaba todavía vigente, pues no había sido derogado, con lo cual se estaban tratando de aprobar “leyes que modifican lo que ya no existe”. Lo que “ya no existe” era lo que había sido modificado por el controvertido DNU.

La movida impulsada por el bloque kirchnerista fue apoyada por el massismo, pero no prosperó. Primero se votó el plan de labor, que necesitaba 2/3 de los votos, y se consiguieron; y luego la moción de Agustín Rossi, que perdió: obtuvo 88 votos afirmativos y 150 en contra.

El debate fue muy prolongado y la votación de las tres leyes se hizo a la 1.30 del día siguiente, cuando la sesión llevaba ya más de 13 horas. El proyecto relativo al área de infraestructura tuvo 141 votos a favor y 86 en contra; mientras que el de producción obtuvo 140 votos a favor, 69 en contra y 18 abstenciones, y el de la administración pública nacional, 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones.

Por esos días, el Frente Renovador había dejado de ser el bloque colaborador del Gobierno, tal como había sucedido durante los dos primeros años de la gestión Cambiemos, que lo había reemplazado por el interbloque Argentina Federal, que respondía a los gobernadores. Ese fue el acompañamiento con el que contó Cambiemos para aprobar esos proyectos, no sin antes proceder a una serie de modificaciones de artículos controvertidos, como la marcha atrás que debió hacer el oficialismo con el artículo que permitía embargar las cuentas sueldo, y la autorización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para operar como actor financiero y crear fideicomisos.

Esa fue la primera sesión del año en la Cámara baja, y la primera ordinaria luego de 16 meses y medio, y terminó en un verdadero escándalo, cuando el oficialismo dejó sin quórum el recinto a la hora de tratarse el dictamen de la Bicameral de DNU sobre el megadecreto. Es que si bien los diputados acababan de aprobar los tres proyectos de ley que reemplazarían a ese DNU ómnibus firmado por Mauricio Macri en enero, tanto el kirchnerismo, como el massismo querían terminar la sesión propinándole una módica derrota al oficialismo al rechazar el decreto. Pasó lo que se presumía que iba a suceder y se explicaba así por qué la presión inicial de la oposición por tratar el rechazo al DNU en el inicio de la sesión.

La maniobra del oficialismo comenzó a quedar expuesta cuando ya sobre el final, el presidente del interbloque, Mario Negri, pidió que se leyera por secretaría el pedido de informe a la Corte Suprema sobre las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Previamente se había alterado el orden del día para aprobar un proyecto de resolución referido a la liberación de represores. En ese contexto el oficialismo intentó hacer lo propio con ese texto, ante lo cual Agustín Rossi pidió tratar primero el DNU y luego el pedido de informe. “Si nosotros lo incorporamos sobre tablas, se antepone al proyecto del DNU -le aclaró el presidente de la Cámara, Emilio Monzó-. Si lo incorporamos con los dos tercios sobre tablas, automáticamente tiene prelación sobre el otro tema”.

Previendo lo que iba a pasar, el jefe del bloque FpV-PJ le advirtió que “no quisieron votar el DNU como primer punto. Ahora estamos para tratar el DNU y después tratemos el pedido de informe”. Negri aclaró que lo suyo era una moción de orden, y terminó leyéndose finalmente el texto consensuado que pedía se votara.

Con el cuerpo muy curtido en todo tipo de estrategias parlamentarias, Graciela Camaño advirtió entonces: “Quisiera no estar frente a una maniobra, porque evidentemente cuando nos empezamos a enojar y pelear tanto por un tema, es porque nos queremos ir por el otro”. Y advirtió a sus pares que eran responsables por el contenido del decreto que, insistió, todavía tenía juridicidad. “Hasta que no se promulgue (la nueva ley), con el decreto se pueden seguir tomando las cuentas sueldo. Se puede hacer todo lo que dijeron que no se puede hacer”, advirtió la jefa del bloque massista, que agregó que el presidente además podía promulgar parcialmente, o vetar lo que acababan de aprobar. Y expuso su temor a “que se levanten los diputados del oficialismo, acá no haya quórum y no hagamos lo que constitucionalmente corresponde, que es rechazar o aceptar el DNU. Sean responsables, quedémonos hasta el final; comprometámonos con el número y pongamos a votación del decreto de necesidad y urgencia”, reclamó.

Rossi leyó un artículo del reglamento según el cual no podía hacerse a esa altura una incorporación de la moción como quería imponer el oficialismo, pero Monzó insistió en que se iba a votar la incorporación sobre tablas. “No, no voy a hacer lo que usted quiere, Kicillof; soy yo el presidente de la Cámara, no usted”, advirtió el titular del Cuerpo ante los gritos del exministro de Economía.

La votación tuvo 131 votos afirmativos, 80 en contra y una abstención. O sea, no obtuvo los dos tercios necesarios. La maniobra había sido consumada, pues los diputados del oficialismo empezaron a pararse e irse. La tensión iba en aumento y se temió por un instante que se reviviera el escándalo de diciembre pasado, pues Monzó reaccionó de manera destemplada ante los gritos de un diputado: “¡No te permito! ¿¿¿Qué te pasa???”, le gritó.

Eran las 2.35 de la madrugada y la situación estaba desmadrada. Ya más calmado, Monzó decidió seguir como si nada; ya no había quórum, le gritaron, pero él aclaró que no había que votar aún, y puso en consideración el dictamen de mayoría recaído en el proyecto sobre la validez del decreto en cuestión.

Volvió a tomar la palabra Rossi: “Le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario; está claro que esto es un papelón absoluto. ¡Es imposible construir un trabajo ordinario con este tipo de cuestiones!”, arrancó, para disparar a continuación: “Presidente, usted fue cómplice, claramente; lo llevaron hasta el final con un tratamiento. Usted incumplió con el reglamento, porque las mociones sobre tablas se tratan al final de la sesión”.

“La verdad que están haciendo pelota el Congreso de la Nación, están haciendo pelota la Cámara de Diputados porque no se bancan llevar adelante una discusión. No se bancaron sostener los decretos de necesidad y urgencia”, insistió. Rossi continuó señalando que “nos hicieron trabajar, nos hicieron votar, y se levantaron y se fueron al momento de la votación”. Más caliente, agregó: “Sabe del respeto que le tenía; usted fue cómplice de una decisión que dejó al recinto en esta situación. Y armaron todo para que este último punto en el orden del día no se tratara”. Y para concluir, le advirtió: “Estas cosas después se pagan, se lo quiero decir claramente, en cualquier momento y cualquier lugar… No pretenda juego limpio de ninguna fuerza política después de lo que hicieron”.

Tras el santafesino, volvió a hablar Graciela Camaño, que no fue más leve, y calificó de “bochorno” lo hecho por Cambiemos. “Me extraña del presidente del interbloque; de quien integra el bloque de la Coalición Cívica y pregona republicanismo. Me extraña de algunos diputados del Pro que en el pasado solían quejarse del kirchnerismo…”.

“¿Sabe una cosa presidente? El kirchnerismo siempre nos ganó y nosotros siempre pataleábamos, pero ellos tenían el número. La prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número que habían sacado en las elecciones -agregó Camaño-. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos… Si esto logran hacer siendo nada más que la primera minoría, no me quiero imaginar de qué manera van a atropellar y llevarse por delante las instituciones”.

Fuera de sí, Camaño insistió en que “lo que ustedes hicieron es bochornoso, no tienen nada para envidiarle (al kirchnerismo). Ya están iguales y peor, porque ellos tenían el número para los abusos que cometían”.

Ahora oficialista, Alfredo Olmedo era el único de ese interbloque presente, y como tal quiso hacerlo notar, y salió a contestar: “Yo los escucho a todos con mucha atención, pero lo mismo que pasó hoy, pasó muchas veces cuando eran gobierno”, recordó. Y ante los gritos del kirchnerismo, retrucó: “Yo soy un laburante y no me robé absolutamente nada… ¡Prueben trabajando y no roben!”.

A continuación, siguió una serie interminable de intervenciones, en la que Cecilia Moreau calificó a Cambiemos como “lo peor de la política”; el socialista Luis Contiggiani advirtió que “diciembre fue un quiebre, porque de la (reforma) previsional no se vuelve”; Guillermo Carmona habló de “autoatenado contra la gobernabilidad, de consecuencias imprevisibles”: el kirchnerista salteño Sergio Leavy dijo que “la democracia se está cayendo a pedazos”, y Axel Kicillof calificó de “repugnante” a la sesión. La santafesina Alejandra Rodenas fue la última oradora, y habló directamente de un quiebre del Estado de Derecho.

A las 3.25, el presidente de la Cámara dio por levantada la sesión por falta de quórum, tras 15 horas de debate.

En las redes sociales, los diputados y senadores de la principal oposición calificaron de “intolerable” la batería de medidas que incluye el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Javier Milei.

Ese fue el término que utilizó Sergio Palazzo, quien disparó: “¡Un decreto de necesidad y urgencia para derogar 300 leyes! ¡Privatización de todas las empresas públicas! ¡Liberación de tarifas! ¡Ajuste brutal! ¡Reforma laboral! ¡Todo por decreto!”. Y concluyó con un anticipo: “Nos vemos en la calle. Fin”.

Otra diputada sindical en el bloque UP es Vanesa Siley, quien calificó de “inconstitucional” el DNU. “Irrenunciabilidad, principio norma más favorable, 245 hasta eliminación de todo tipo de multas por no registrar, tocan la 23551 prohibiendo bloqueos, incorporaron bloqueos como causal de despido; tocan la ultraactividad de los convenios, modifican reversibilidad y cuidados de teletrabajo, amplían periodo de prueba. Desregulación obras sociales…. “. Y cerró: “Hasta lo que veo, ningún aspecto de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo entra dentro de la urgencia que requiere un DNU para ser constitucional! Gravísimo todo”.

Por su parte, Leopoldo Moreau consideró los anuncios de Milei algo así como “a suma de las políticas económicas de Martínez de Hoz, de Cavallo y las de Macri. Y a eso lo llama ” una nueva etapa ” de la historia. Es lo más viejo que uno pueda imaginar y lo que más fracaso. Afirmó que el déficit fiscal fue en distintas etapas de la historia el motivo de nuestra decadencia. No presidente. Los mejores momentos del país fueron aquellos en los que no nos endeudamos. Eso ocurrió con Yrigoyen, con Perón, con Illia y con Néstor y Cristina. Usted dice que no hay plata. El problema es que sobra deuda y es la que tomaron los que están sentados y parados a su lado que nos transformaron en el país más endeudado de la tierra. No entiende nada”.

El pampeano Ariel Rauschenberger planteó que “el DNU de Milei tiene urgencia para avasallar nuestra  Constitución Nacional, no hay más que pérdidas en esas urgencias, perdemos derechos, trabajo, patrimonio, democracia. Esto es doloroso para nuestro pueblo. Argentina no está en venta. La patria no se vende”.

Asimismo Carlos Heller señaló que “el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei no respeta la Constitución Nacional, altera criterios básicos del funcionamiento de la República y desconoce la división de poderes avanzando sobre facultades del Poder Legislativo”.

La rionegrina Eugenia Alianiello recordó que “los poderes del Estado son tres”. Agregó que “habló el presidente Milei e invocó a las fuerzas del cielo a espaldas del pueblo. Le proponemos dialogar con las fuerzas terrenales, que son las únicas validadas por el voto. Eso es vivir en democracia”.

El senador pampeano Daniel Pablo Bensusán expresó su “total rechazo a la eliminación de derechos enunciada por el presidente Javier Milei y a su pretensión de romper con la vida de las instituciones de la República Argentina”.

“El mega DNU atenta contra los derechos de los trabajadores, nuestros recursos soberanos, la salud, la educación y conquistas históricas de los argentinos –agregó Bensusan-. Estos anuncios, dándole la espalda al Congreso de la Nación, a los gobernadores y a la propia Constitución Nacional, atentan contra el sistema republicano y federal. Seguiré defendiendo los derechos de los pampeanos.

Por su parte, la diputada Paula Penacca advirtió que “con este decreto el presidente está intentando anular la República. Convalidarlo sería avalar una delegación de facultades prohibida expresamente por el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional. No podemos entregarle la suma del poder público”.

Natalia Zaracho advirtió que “ganar las elecciones no te permite hacer lo que se te canta la gana. Escuchamos las medidas del presidente y su gabinete, cuando le toca a la casta? Esto es en contra de la clase media y trabajadora de nuestro país. La famosa miseria planificada…”.

“La ley que limita la venta y posesión de tierras a extranjeros es desde 2011 una medida que preserva la soberanía nacional. El #Decretazo la deroga, permitiendo que cualquier extranjero compre nuestra #Patagonia. En la misma línea, derogan la ley de manejo del Fuego, permitiendo prácticas especulativas y el desarrollo desmedido de emprendimientos inmobiliarios en desmedro de nuestro ecosistema”, expresó Martín Doñate. Y concluyó: “No vamos a resignar la soberanía nacional de nuestro territorio”.

A su vez, la salteña Verónica Caliva expresó que “lis anuncios de Milei-Macri son propios de una dictadura, es un golpe de Estado!!  Son parte de las viejas recetas de siempre, pero recargadas  de odio a la Patria misma. Basta de pagar las deudas tomadas por los Macri de la vida…”.

Luego sostuvo que “el DNU 70/2023 es inconstitucional, y atenta contra toda Argentina. El Pueblo Trabajador organizado, junto al Congreso de la Nación debemos frenar este verdadero atentado a los intereses de las provincias y de la Nación Argentina…”.

Dirigiéndose a su comprovincianos dijo: “A los diputados nacionales

@PameCalletti, @OutesPablo y @vegayolanda  les pido que desde Unión por la Patria representen y defiendan los intereses del pueblo salteño, no los votamos para que den gobernabilidad  al ajuste totalitario, hambreador y entreguista de @JMilei. En una semana Milei descargó el ajuste más brutal de los últimos 40 años. Aumentan el hambre, los despidos y la entrega nacional. Vinieron a engordar las ganancias de los monopolios imperialistas, terratenientes y banqueros, y avanza en la entrega de nuestra soberanía…”.

En este marco, alertó que “juegan con fuego. No es la primera vez que la derecha  reaccionaria quiere ir a fondo con este tipo de políticas. Tampoco será la primera vez que la clase obrera y el pueblo se unan con piquetes y cacerolas para derrotar el Decretazo de @JMilei!!!”.

Fuera del oficialismo y la oposición más crítica, los posicionamientos de los diputados ante el DNU presidencial fueron bastante variados.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, recordó que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”.

“La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”, agregó Maximiliano Ferraro, quien recordó que “este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos”.

La radical Danya Tavela alertó que “ningún decreto puede reemplazar los poderes de nuestra República. Nuestra Constitución es clara en su art.29”, y agregó: “El sistema democrático no se puede permitir que nadie avasalle las facultades del Congreso Nacional”.

Por su parte, Soledad Carrizo evaluó que “se terminó la isla de la fantasía.

Como tantas veces lo dijimos, el exgobernador Juan Schiaretti mentía sobre el estado de la provincia. Y el gobernador actual, Martín Llaryora, lejos de su promesa de asunción, hoy está cada vez más lejos del interés de la gente. Ajuste, ajuste y ajuste”.

Otra diputada de la CC, Paula Oliveto Lago fue en el mismo sentido que Ferraro: “El DNU es una herramienta excepcional  y requiere tratar temas que por su necesidad y su urgencia no pueden esperar la sanción del Congreso. Solo en esos casos el presidente puede arrogarse facultades legislativas”.

Desde el Pro, Sabrina Ajmechet tuiteó: “Fuimos muchos los que trabajamos con Federico Sturzenegger en su enorme laburo que hoy ve la luz. Con su laburo, cambia la Argentina. Dejamos atrás muchas regulaciones que se convirtieron en leyes por lobbies sectoriales. Es un paso enorme en contra del corporativismo y a favor de los intereses de los ciudadanos”.

Desde el mismo espacio, Alejandro Finocchiaro la emprendió contra el kirchnerismo: “No muchachos K, infame traidor a la patria es el que se robó 3 PBI; el que acordó con Irán, que voló la AMIA;  el de la cuarentena eterna y los 130.000 muertos; el que dejó 6 de cada 10 pibes pobres mientras festejaba en Olivos. No muchachos… para traidores e infames, ustedes”.

El senador nacional salteño Juan Carlos Romero dijo compartir el diagnóstico del presidente. “Creo en la política como la verdadera y única herramienta de transformación social. Estamos frente a una oportunidad histórica de terminar con las trabas que nos trajeron a esta decadencia y empezar con la reconstrucción de nuestro país”.

A su vez, la socialista Mónica Fein rechazó los anuncios: “El presidente Milei elige un camino que ya fracasó en Argentina, que consiste en imponer y atropellar. Necesitamos diálogo y buscar consensos para superar las graves crisis que se acumulan”.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño habló del “Impresionante cacerolazo. Se llenó de comunistas”; mientras que Myriam Bregman consideró que “son tantas las ilegalidades del anuncio de Milei que no sé por dónde empezar”.

A su vez, Romina del Plá dijo que “Milei pidió apoyo al Congreso Nacional para implementar sus leyes empobrecedoras que atentan contra las y los trabajadores. No cuenten con la izquierda”.

El cordobés de Hacemos por Nuestro País, Esteban Paulón, enumeró: “Mañana los 257 Diputados y 72 Senadores deberíamos estar en el Congreso Nacional repudiando el intento de cerrar el Congreso por parte de

@JMilei  y el (no) funcionario Federico Sturzenegger a partir de dictado del #DNU 70/23 que es claramente INCONSTITUCIONAL. Yo estaré ahí”.

“Hoy damos el primer paso para terminar el modelo de decadencia”, anunció este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, en un discurso por cadena nacional en el que dio inicio al intento de “destrabar este andamiaje jurídico opresor” y anunciar un mega decreto que buscará “atacar el déficit, que es la causa de nuestros problemas”.

El decreto de necesidad y urgencia que presentó el mandatario “tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para comenzar a crecer”. Lo dijo rodeado por los miembros de su gabinete, y la presencia especial de Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega DNU que anunciaría a continuación Milei.

Del mismo, Milei leyó solo 30 de las derogaciones y cambios de legislación previstos para tal fin, comenzando por la derogación de la Ley de Alquileres. A continuación, sumó la derogación de la Ley de Abastecimiento “para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos; la derogación de la Ley de Góndolas, para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos; la derogación del Compre Nacional, que solo beneficia a determinados actores del poder; la derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía”.

Anunció también la derogación de la Promoción Industrial, la de Promoción Comercial; la normativa que  impide la privatización de las empresas públicas; el régimen de sociedades del Estado; la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

Y continuó: “modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino; reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional; derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones; modificación de la Ley de Manejo del Fuego; derogación de la Ley de Manejo del Fuego; derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera; liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola; derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera”.

También la autorización para “la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas; implementación de la política de cielos abiertos; modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes; modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada; modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales; eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga”.

La enumeración de Milei continuó por la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales; establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos; modificaciones al régimen de empresa farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos; modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran; desregulación de los servicios de internet satelital; desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo; e incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

“Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las contempladas en el DNU que firmamos hoy”, señaló Milei, asegurando que “el objetivo es iniciar el camino de la reconstrucción del país”, dijo, agregando que buscarán “comenzar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido” el desarrollo del país.

A continuación, se dirigió al Poder Legislativo para anticipar que “en  los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación; enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata”.

Agregó Milei que “los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha la fuerza productiva de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial”.

“Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos, y no los de la casta que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor”, señaló sobre el final, para encomendarse al final a “que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

Bases para la reconstrucción de la economía argentina

En el inicio de su mensaje, Milei calificó esta jornada como “un día histórico”, por cuanto “comenzamos el camino de la reconstrucción”, con el objetivo de “intentar contener la enorme crisis que heredamos”.

El presidente tituló su discurso como las “bases para la reconstrucción de la economía argentina”, y anticipó que se venía un “programa de shock y ajuste fiscal”.

“Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos prácticos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia”, dijo el mandatario, que repitió que “el problema no es el chef, sino la receta”.

En una dura primera parte en la que embistió contra “la casta”, habló de una doctrina que “algunos podrían llamar izquierda, fascismo, populismo” y que el denominó “colectivismo”.

“Para la casta política, los individuos no son sino un medio para los fines del Estado, es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres los políticos son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan el destino de sus compatriotas”, expresó. Agregó que se trata de “una doctrina que considera que en esencia los políticos son Dios. No solo no son Dios, sino la causa de nuestros problemas”.

DECRE-2023-151263998-APN-PTE

El jefe del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, criticó este lunes la modificación que el presidente Javier Milei realizó por decreto para poder designar a su hermana, Karina Milei, como secretaria General de la Presidencia.

El santafesino recordó que en 2018 el expresidente Mauricio Macri “limitó la designación de familiares en el Estado”, pero ahora “Milei eliminó esa restricción para una sola persona: Milei. Y nombró a su hermana en la Sec. Gral. de la Presidencia, dándole rango de ministerio”. “Para la mayoría, ajuste. Para los suyos, privilegios”, cuestionó.

El decreto 93/18 establecía la prohibición de designar personas “bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro; incluyendo al cónyuge y la Unión Convivencial”.

Macri en 2018 limitó la designación de familiares en el Estado.

Ayer, Milei eliminó esa restricción para una sola persona: Milei.

Y nombró a su hermana en la Sec. Gral. de la Presidencia, dándole rango de ministerio.

Para la mayoría, ajuste. Para los suyos, privilegios. pic.twitter.com/G3RrXDu3TU

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 11, 2023

Sin embargo, recién asumido, Milei firmó un decreto para modificar esa normativa. En los considerandos, se argumentó que “el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional prevé que es atribución del presidente de la Nación nombrar y remover a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de Gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución”.

“Asimismo, la Constitución Nacional consagra, en su artículo 16, el principio de idoneidad para el acceso a los cargos públicos”, se señaló en el decreto 12/23 y se agregó que “por todo ello, resulta necesario limitar la prohibición establecida mediante el Decreto N° 93/18”.

De esta manera, el nuevo artículo 1° de ese decreto, quedó de la siguiente manera: “Dispónese que no podrán efectuarse designaciones o contrataciones, bajo las modalidades de las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976), sus modificatorias y complementarias, y 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, de personas en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.

Pero no sólo cuestionó la decisión el jefe de UP, sino un diputado de la UCR. “Nepotismo: Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”, publicó en su perfil de X el formoseño Fernando Carbajal.

nepotismo
Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. https://t.co/IlLTK6V20d

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) December 11, 2023

Quedó oficializada este miércoles la convocatoria a la Asamblea Legislativa del próximo martes 1ro. de marzo, a través del decreto 92/2022 publicado en el Boletín Oficial, durante la que el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado el 140° período de sesiones ordinarias.

La cita será a las 12, horario que se estima arranque el discurso del mandatario, aunque minutos antes, como es habitual, se constituirá la Asamblea Legislativa, momento que tiene como encargada a la titular del Senado, Cristina Kirchner.

Esta será la tercera vez que Fernández deje inaugurada las sesiones ordinarias, y su cuarto discurso ante el Congreso, contando el que dio el día que asumió.

En el estrado del recinto de la Cámara baja lo acompañarán la vicepresidenta y el presidente de Diputados, Sergio Massa, quienes también son los que lo reciben en su arribo al Parlamento y posterior camino hasta el recinto, durante el que pasa por el ejemplar de la Constitución Nacional y procede a firmar los libros de honor.

Sin dudas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será eje del discurso presidencial. Según transcendió, Fernández hablará además sobre cambio climático, incendios y una nueva ley de humedales.

Se estima que haya pasajes dedicados a la Justicia y, por otro lado, a la Ley de Salud Mental, puesta en debate a partir de la pandemia y también de casos resonantes sobre adicciones.

La agenda sobre proyectos productivos, que apuntan a la generación de divisas y puestos de empleo, se estima que tenga parte en el discurso.

Una semana después de que se frustrara el proyecto remitido por el Palacio de Hacienda a la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prorrogó a través de un decreto la prórroga del Presupuesto 2021, que será así reconducido durante 2022.

A menos que el Gobierno resuelva enviar a partir de marzo un nuevo proyecto al Congreso, cosa que desde las altas esferas del oficialismo ya han descartado enfáticamente.

El decreto conocido este jueves por la noche establece que “a partir del 1 de enero de 2022 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias”.

Se instruye así a la Jefatura de Gabinete a “adecuar, oportunamente, el Presupuesto que se prorroga” mediante el artículo anterior con el fin de dar cumplimiento a “la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.

Se hace referencia en el decreto a la ausencia de una ley de Presupuesto sancionada, ante lo cual “regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior, con adecuaciones que deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional”.

Puntualiza el texto que debido a “lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2021, no resulta posible definir con inmediatez y precisión” esas adecuaciones exigidas por la ley, las cuales se llevarán a cabo “oportunamente”.

Asimismo señala que “con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2021”.

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Con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 799/2021 por el cual el Poder Ejecutivo extiende las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre de 2021.

El mismo cuenta con solo dos artículos y lleva las firmas del primer mandatario y del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur.

La medida permitirá la continuidad del funcionamiento de las comisiones, que podrán seguir emitiendo dictámenes para llevar temas a los recintos, donde ya habrá una nueva conformación en ambas cámaras.

Entre esos temas estará sin duda el proyecto de Presupuesto 2022, que ya ingresó a la Cámara de Diputados pero todavía no comenzó a ser defendido por las autoridades del Palacio de Hacienda.

También se espera que probablemente se proponga el debate de la nueva Ley de Hidrocarburos y humedales.

Pero sobre todo se espera que también pueda darse el debate del proyecto anunciado por el presidente Fernández el domingo a través de un mensaje grabado, en el que anunció la presentación de un proyecto plurianual que será enviado en la primera semana de diciembre y que está siendo elaborado por el ministro de Economía Martín Guzmán.

El Poder Ejecutivo oficializó este martes el decreto 711/21, sobre programas de formación, empleo e intermediación laboral, que tiene el objetivo de que los beneficiarios de planes sociales pasen a tener un empleo registrado.

La medida lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Según establece la norma, las carteras de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social “efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

“En todos los casos, la aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: a) incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y b) límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados”, indica.

Además, señala que “la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada”.

“El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios”, agrega y aclara que “en los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”.

El decreto define que los Ministerios competentes tendrán que “elaborar un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.

También contempla la reducción de contribuciones patronales para los empleadores y establece que “producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral”.

“En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo”, completa.

La Legislatura de Jujuy aprobó este martes un decreto del Ejecutivo provincial, que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública.

En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales también alcanza a los agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.

La oposición provincial, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.

Asimismo, la sanción de la ley N° 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.

Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.

Desde el Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.

La legisladora radical Lourdes Navarro respaldó la medida y sostuvo “que las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la Covid-19.
“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, agregó.

A su vez la legisladora del Frente de Todos, Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, juzgó que “el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones”.

“Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo y evaluó que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, dijo, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, pero advirtió que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición” y analizó que “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.

La decisión legislativa invió a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.

Finalmente, durante la jornada de este martes el oficialismo también prestó acuerdo a un decreto que permite un “marco normativo para la producción de medicamentos en la provincia de Jujuy”, por lo que se buscará regular la actividad de laboratorios industriales.

A través del Decreto 459/2021, el Poder Ejecutivo declaró duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina, ante el hecho de que el país alcanzara la cifra de cien mil personas fallecidas como consecuencia del Covid-19.

El decreto tiene en cuenta que “cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos, amigas y afectos. Que un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia. Que la pandemia del Covid-19 es una auténtica tragedia que azota a la humanidad”.

También considera que “el Covid-19 produce muertes y genera dolor. Que los millones de personas fallecidas hasta ahora por esta pandemia, han conmocionado al mundo entero. Que la sociedad argentina debe y desea recordar y rendir homenaje a quienes se han ido en este tiempo doloroso. Que lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar y desconsuelo se vuelva fuerza e impulso para atravesar unidos y unidas el tiempo por venir, avanzando rápidamente con la mayor campaña de vacunación de la historia del país. Que resulta fundamental que cada habitante del país tome plena conciencia del riesgo para la salud y la vida que implica el Covid-19 y de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos. Que dada la dimensión de la pandemia y la enorme cantidad de personas víctimas del Covid-19, corresponde también realizar un duelo nacional que nos permita recodar y conmemorar a las personas fallecidas”.

En ese marco es que el presidente de la Nación declaró duelo nacional en todo el territorio argentino por el término de 5 días, como así también expresó a las familias de las personas fallecidas las más sentidas condolencias del Gobierno nacional”.

El diputado nacional por Buenos Aires Alberto Asseff junto a otros 17 legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley con el objetivo de derogar el decreto N° 438/21 que publicó este miércoles el Gobierno nacional con el objetivo de que los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.

Ante esta medida de la administración de Alberto Fernández, la oposición reaccionó y aseguró, en los fundamentos de la iniciativa, que “el Gobierno tiene la intención de que el Ministerio de Salud recupere la rectoría total de todo el sistema con un mayor control sobre los recursos del sistema público, de las obras sociales y de las prepagas”.

“Para evitar el avasallamiento de libertades y derechos adquiridos, solicito el acompañamiento de mis pares”, dijo Assef.

Los diputados cofirmantes son: Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Pablo Torello, José Luis Patiño, Lidia Ascarate, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipollini, Diego Mestre, Roxana Reyes, Ricardo Buryaille, Graciela Lena, Victoria Morales Gorleri, Martin Grande, Hernán Berisso y Virginia Cornejo.

La decisión del Gobierno respecto a las obras sociales

Los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.

Ese período de permanencia “resultará de aplicación a las relaciones laborales que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con un año de antigüedad. Sin perjuicio de ello, en caso de que el trabajador o la trabajadora hubieren hecho uso del derecho de opción en forma previa a la entrada en vigencia del presente, se respetará dicha opción”, indicó el Decreto.

La opción de cambio podrá ejercerse solo una vez durante todo el año calendario y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.

El derecho de opción de cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario, a través de las modalidades dispuestas y/o las que en el futuro disponga la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las modalidades y plataformas digitales que se utilicen deberán garantizar que la información correspondiente a las opciones de cambio realizadas se encuentre disponible y accesible en forma oportuna para la AFIP y para las Obras Sociales de origen y destino.

La Casa Rosada recordó que por medio del Decreto N 504/98, se reglamentó el modo de ejercicio del derecho de elección de obra social, basado en los principios de solidaridad y equidad del sistema.

El Senado continuará con las sesiones de carácter mixto por otros dos meses, en el marco de la pandemia del Covid-19. La vicepresidenta Cristina Kirchner firmó el último viernes el decreto 7/21, que prorroga nuevamente el sistema de funcionamiento virtual por el término de 60 días.

En el decreto, que ahora deberá ser refrendado en la próxima sesión de la Cámara alta, se establece que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis representantes cada uno en el recinto, mientras que al Interbloque Federal le corresponderán dos, y al resto de los bloques, uno.

Los senadores que participen presencialmente podrán rotar, siempre y cuando se respete la cantidad máxima permitida.

“Corresponde continuar con dicho sistema atento a que el funcionamiento del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida institucional argentina, especialmente ante las situaciones de emergencia, las que deben ser tratadas dentro del Estado de Derecho”, sostiene el decreto en los fundamentos.

El Senado sesionó por última vez el 8 de abril, cuando se aprobaron las modificaciones en el impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados. En aquella oportunidad también se avaló un proyecto para penalizar el acoso sexual callejero y el nuevo Régimen para la Prevención del Dopaje en el Deporte.

En la Cámara de Diputados, en tanto, los jefes de bloque deben firmar una nueva prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que venció el último viernes, para poder avanzar con los dictámenes de proyectos como la nueva regulación de los biocombustibles y el etiquetado frontal de alimentos.

Diputados nacionales de la UCR cuestionaron a través de las redes sociales la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar el decreto 45/19, que establecía el voto por correo para los argentinos residentes en el exterior, a pocos meses de las elecciones legislativas.

La rionegrina Lorena Matzen denunció que el Gobierno “eliminó el derecho de poder votar por correo postal a todos los argentinos radicados en el exterior. Una medida que lo único que hace es limitar derechos cívicos y complicar la participación democrática”.

Por su parte, la santafesina Ximena García sostuvo: “En 2019, 49.300 argentinos que residen en el extranjero lograron manifestar su voto gracias a dos medidas del gobierno de Macri que ampliaron la participación a través del empadronamiento automático y la implementación del voto vía postal que utilizaron más de 9.000 personas”.

“En medio de esta pandemia, Alberto Fernández deroga el decreto 45/19 anulando el voto por correo de los argentinos que viven en el exterior, restringiendo derechos y dificultando su ejercicio.  ¿Será porque los resultados de las últimas elecciones no lo favorecieron?”, se preguntó García.

Para Lidia Ascárate, de Tucumán, “el presidente eliminó el voto por correo postal dejando a miles de argentinos en el exterior sin la posibilidad de ejercer el voto, atentando contra los derechos electorales y de participación política ¿No me votás? Entonces no podés participar. Esa es la lógica del Kirchnerismo”.

En tanto, el cordobés Diego Mestre señaló que “el presidente ha olvidado el artículo 37 de nuestra Constitución. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes q se dicten en consecuencia. El sufragio o la forma de hacerlo no puede limitarse”.

En tanto, el chubutense Gustavo Menna lamentó: “Un derecho menos. Los compatriotas residentes en el exterior ya no podrán votar por correo postal.  El Gobierno derogó el decreto que habilitaba un sistema de votación que se usa en la mayoría de las democracias”.

Su par Alejandro Cacace, de San Luis, explicó: “El presidente eliminó el voto por correo postal de los argentinos residentes en el exterior. Obvia decir que lo hace porque perdió contundentemente en ese electorado. Su medida es una vergüenza y atenta contra los derechos electorales y la participación política”.

En entrerriano Atilio Benedetti, por su parte, sostuvo: “No amplían derechos, los restringen. Vía decreto, el presidente Fernández impide que los argentinos que residen en el exterior puedan votar a través del correo postal. ¿Hace falta decir que se trata de una maniobra para beneficiar electoralmente al Frente de Todos?”.

Finalmente, Claudia Najul consideró: “Miles de extranjeros que residen en Argentina eligen desde acá autoridades para sus países. Ese derecho, reconocido por el gobierno de Cambiemos a argentinos que viven en el exterior, hoy es coartado por Alberto Fernández. Para él, los derechos están sujetos a su conveniencia electoral”.

“El Presidente cree que los argentinos que viven fuera del país podrían votar mayoritariamente en contra de su partido. La solución es fácil, ¡que no voten! Ese es el compromiso del presidente y el Frente de Todos con la democracia: cuando no sirve se la limita”, remató Najul.

El Gobierno nacional derogó este martes un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri que permitía el sufragio de argentinos residentes en el exterior por correo postal, por no tener “la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación”.

La derogación del decreto 45/2019, fechado el 11 de enero de 2019, se efectivizó mediante el decreto 189/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La medida se suma a la derogación, días atrás, de otras normas dictadas por Macri en materia electoral: las que permitían el voto anticipado de las personas privadas de la libertad y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral.

Al anticipar los cambios, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, había explicado a través de un comunicado: “La Constitución Nacional es clara, un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos”.

Los decretos firmados por Macri en 2019 habilitaban el sufragio universal “de manera anticipada en o vía postal, pese a que esas modalidades no están contemplada la ley electoral”, remarcaron los voceros de la cartera de Interior.

El decreto publicado este martes se señaló que pese a la creación por ley del Registro de Electores Residentes en el Exterior, con el fin de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones nacionales desde los países en donde habitan, “el Decreto N°45/19 introdujo modificaciones en la reglamentación, implementando un sistema de votación por correo postal como forma opcional de ejercer el derecho al sufragio”.

Esto “conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso”, destacan los considerandos de la normativa.

Y se agrega que “como consecuencia de ello, para llevar adelante el acto eleccionario el entonces titular del Poder Ejecutivo determinó en forma unilateral y por vía reglamentaria, aspectos vinculados a la conformación de padrones de electores y electoras por correo postal, utilización de sobres electorales, procedimientos para la emisión del sufragio y posterior escrutinio, entre otras regulaciones introducidas”.

Todo esto se produjo “sin la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación”, aclara el decreto.

Además, sostiene que “el artículo 86 del Código Electoral Nacional estipula que los electores y las electoras pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y asentadas, debiendo el presidente o la presidenta de la mesa verificar si el elector o la electora a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa”. Esta circunstancia se realiza indistintamente en las mesas electorales de residentes en el país o en aquellas del exterior.

Asimismo, remarca que la Constitución Nacional “en su artículo 77 fijó un régimen de mayorías especiales en lo atinente a los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral o de los partidos políticos, con el fin de dotar de mayor estabilidad a las reglas del proceso democrático y de la competencia electoral”.

“El artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna vedó en forma absoluta e insanable al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, referidas a materias que regulen el régimen electoral, entre otras, aun cuando se presentasen las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y se requiriere la emisión de un decreto por razones de necesidad y urgencia”, indica.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley N°24.007 que faculta al PEN a su reglamentación, “no prevé la incorporación de una modalidad de votación distinta a la existente, como es el caso del voto por correo, no reconocido ni regulado en la normativa electoral vigente”.

En este sentido, impugnada la constitucionalidad del decreto 45/19 ante el fuero electoral y llegado el caso a instancias del Máximo Tribunal, el 3 de marzo de 2021, la procuradora fiscal ante la Corte afirmó que la norma “implementa un sistema de votación que resulta incompatible con los criterios fijados por normas de jerarquía superior que regulan la materia electoral”, entre otras consideraciones, y resalta que la deliberación debe darse “en el ámbito del Poder Legislativo”.

El Gobierno nacional derogará en las próximas horas tres decretos firmados por el expresidente Mauricio Macri en 2019 que modificaban la modalidad de sufragio contemplada por el Código Electoral argentino y habilitaban el voto postal anticipado sin la aprobación del Congreso.

“La Constitución Nacional es clara, un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos”, señaló la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia Garcia Blanco.

Los decretos, firmados por Macri en 2019 alcanzaban a ciudadanos argentinos residentes en el exterior, a personas privadas de libertad y a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral, y les permitía votar de manera anticipada por vía postal, pese a que esas modalidades no están contemplada la ley electoral.

Los decretos 54/2019 y 55/2019, establecían un régimen de voto anticipado para los “electores procesados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva” y para los agentes afectados al Comando General Electoral, un cambio de procedimiento que no puede ser modificado mediante decreto.

Ambos decretos fueron suspendidos en mayo de 2019 por Macri, a raíz de la impugnación de diferentes fuerzas políticas que cuestionaron la utilización de un decreto para cambiar los procedimientos electorales. Posteriormente.

En el caso del decreto 45/2019, que habilitó la votación vía postal y anticipada para ciudadanos argentinos residentes en el exterior fue declarado inconstitucional por la jueza María Servini en el mes de mayo de 2019.

Con posterioridad, la Procuración de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que este decreto era “incompatible con los criterios fijados por normas de jerarquía superior que regulan la materia electoral”, básicamente por tratarse de un voto “no presencial”. Concluyendo que, tal como fija la ley, es materia del Congreso de la Nación aprobar esos cambios, de acuerdo a mayorías especiales.

Con el período ordinario ya en marcha, el Senado resolvió continuar con la modalidad de funcionamiento remoto por otros dos meses en función de la pandemia del Covid-19, por lo que la mayoría de los legisladores continuarán participando de las sesiones y reuniones de comisión de forma virtual.

Así lo dispuso la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, a través del decreto 5/21, donde se prorrogó por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional”.

El plazo podrá ser extendido nuevamente “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”, aclara el decreto.

De todos modos, se especifica que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.

“La incorporación de los miembros previstos para los distintos bloques políticos no obsta a la posibilidad de rotación de todos aquellos senadores que quieran participar presencialmente, siempre y cuando se mantenga la cantidad máxima permitida simultáneamente”, agrega el decreto.

De este modo, quedó saldada en el Senado la discusión sobre el modo de funcionamiento en este inicio de sesiones ordinarias, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde los jefes de bloque todavía no suscribieron el acta de renovación del protocolo, que venció a mediados de febrero.

Con un amplio temario que incluye 25 proyectos de ley, y con el aborto legal en el tope de la agenda, el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero, por lo que el Congreso trabajará todo el verano.

El decreto fue firmado este lunes por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y contiene un anexo donde están detallados los proyectos que podrán tratarse tanto en lo que resta del año como en 2021.

El primer punto de la convocatoria es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que comenzará a ser tratado este martes en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

Para la primera jornada asistirán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para luego dar lugar a expositores a favor y en contra, una decena por cada sector.

En paralelo, el decreto de extraordinarias contiene el proyecto que crea el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.

La iniciativa obtendría dictamen en los próximos días, tras comenzar el tratamiento este lunes en un plenario de comisiones de Diputados, previo a la sesión.

Otro de los proyectos a tratar es el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que fue aprobado en Diputados el 18 de noviembre y en el Senado ya cuenta con dictamen favorable, por lo que el oficialismo buscaría sancionarlo la semana próxima.

También figura la reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta a que la designación del procurador general sea con mayoría absoluta del Senado y no dos tercios, además de acotar su mandato a cinco años, entre otros cambios.

El proyecto fue duramente rechazado por la oposición en el Senado, pero el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobarlo -con la ayuda de aliados-, y ahora el oficialismo debe trabajar para juntar los votos en Diputados.

Asimismo, el decreto incluye el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, con el objetivo de que todo endeudamiento que supere los límites fijados en el Presupuesto Nacional, así como los futuros acuerdos con el FMI, deban ser aprobados por el Congreso.

El texto, promovido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo media sanción en el Senado este mismo lunes con apoyo de la oposición -recibió 65 votos a favor, ninguno en contra y una abstención-.

Entre los temas más picantes también figuran la fórmula de movilidad jubilatoria, que ingresó el viernes pasado por el Senado y es cuestionada por la oposición; y la postergada reforma judicial, que desde que se aprobó en la Cámara alta permanece “congelada” en Diputados.

Otros de los puntos de la ampliación de ordinarias y la citación a extraordinarias son dos proyectos del Ejecutivo sobre promoción de la construcción privada y de créditos hipotecarios; y la propuesta de Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios.

Asimismo, se incluye el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que promueve la alimentación saludable; y el otorgamiento, por única vez, de un beneficio extraordinario a familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

El último punto de la convocatoria es el Consenso Fiscal, que el Gobierno nacional negocia desde hace tiempo con los gobernadores, con el fin de darle más libertad a las provincias para incrementar impuestos a cambio de ciertas condiciones, como la renuncia a iniciar demandas judiciales por coparticipación y el retiro de las ya formuladas.

El temario completo

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El Gobierno nacional prorrogó el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ADPO) hasta el 25 de octubre, en el marco de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se aplicará con la misma modalidad que hasta ahora en los siguientes lugares:

• El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
• Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás y Tandil, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
• Los departamentos de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y Chacabuco de la PROVINCIA DEL CHACO,
•  Los departamentos de Biedma y Escalante en la PROVINCIA DEL CHUBUT,
• Los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín en la PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY
• Los departamentos de Capital y Chilecito de la PROVINCIA DE LA RIOJA
• Los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato de la PROVINCIA DE MENDOZA
• Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la PROVINCIA DEL NEUQUÉN,
• Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO
• Los departamentos de Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera y Capital de la PROVINCIA DE SALTA
• El departamento de Rawson y Capital en la PROVINCIA DE SAN JUAN, – El departamento de General Pedernera en la PROVINCIA DE SAN LUIS,
• Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ
• Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la PROVINCIA DE SANTA FE
• Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
• – El departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
•  El departamento Capital en la PROVINCIA DE TUCUMÁN

En tanto, estarán bajo las medidas de distanciamiento, social, preventivo y obligatorio (DISPO), con las mismas características y protocolos que hasta el momento, los restantes distritos del país, lo que incluye a la totalidad de las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Misiones.

Además, el Gobierno determinó que podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad competente que deberá aprobar los planes de cada jurisdicción para la vuelta a la presencialidad.

El Gobierno nacional también autorizó en todo el país las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, aunque seguirán sin poder utilizarse los servicios públicos de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.

Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán eventualmente suspenderlas con el fin de proteger la salud pública.

En tanto, el jefe de Gabinete de Ministros es la autoridad facultada para ampliar, reducir o suspender esta autorización en atención a la evolución de la situación epidemiológica.

El DISPO se sigue aplicando a aquellas jurisdicciones en las que el sistema de salud cuenta “con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria”, y que no están definidas “por la autoridad sanitaria nacional como aquellas que poseen ‘transmisión comunitaria’ sostenida del virus SARS-CoV-2.2” y en las que la evolución de la cantidad de casos en las últimas dos semanas haya manifestado un descenso.

Los gobiernos provinciales continúan manteniendo la facultad para, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus, disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a las provincias provenientes de otras jurisdicciones por un plazo máximo de 14 días.

Del mismo modo, en el caso de los departamentos y partidos de hasta 500 mil habitantes las autoridades provinciales “podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas”.

Para eso, “deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional”.

Tanto en las zonas bajo el ASPO como en aquellas bajó el régimen DISPO deberán mantener el distanciamiento entre las personas, el uso de tapabocas, higiene personal y de superficies y la ventilación, de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes.

Finalmente, en ambos regímenes siguen prohibidos los eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas; los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente; deportes donde participen más de diez personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados; y el turismo. Será también el Jefe de Gabinete quién autorice las excepciones de acuerdo a la situación epidemiológica respectiva.

Por segunda vez, Cristina Kirchner prorrogó la modalidad de funcionamiento virtual del Senado en el marco de la pandemia del Covid-19. Tras el escándalo desatado en la Cámara de Diputados, donde finalmente se llegó a un acuerdo, la vicepresidenta firmó este lunes el decreto 14/20, que extiende por otros 60 días el formato remoto.

El decreto será puesto a consideración del Senado en la sesión convocada para este miércoles a las 14, y el oficialismo insiste en que no están dadas las condiciones para retomar las sesiones presenciales.

En la Cámara baja, Juntos por el Cambio logró habilitar la presencialidad, pero en un recinto más amplio donde se garanticen los cuidados sanitarios, y siempre y cuando lo soliciten 10 o más legisladores para debatir temas puntuales, los que generan mayor discusión.

Pero en el Senado, un acuerdo así está lejos de asomar: el Frente de Todos, con mayoría propia, no tendrá inconvenientes en refrendar el decreto de Cristina, donde no se hace mención a las sesiones presenciales.

En su artículo primero, se prorroga “la realización de sesiones del Senado de carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional, por el plazo de 60 días”, y se agrega que “dicho plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”.

Las sesiones virtuales fueron habilitadas a través del decreto 8/20, que fue aprobado por unanimidad el 13 de mayo. Luego, el 23 de julio, la Cámara alta aprobó la primera prórroga, pero afloró la polémica: tanto Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal consideraron que se estaba reformando el reglamento y que por lo tanto se requería una mayoría especial, que ninguna de esas bancadas estaba dispuesta a conceder.

Sin embargo, el oficialismo avanzó, y este miércoles se dispone a aprobar la segunda prórroga, que regiría entonces hasta mediados de noviembre.

El decreto de CFK

DP-14-2020-1

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo Nacional, dándole un plazo de 60 días para que el mismo sea avalado o rechazado, y estableciendo que sean ambas cámaras del Congreso Nacional las que se pronuncien al respecto.

El proyecto de ley estipula que “los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha de su dictado, se los considerará nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”.

Actualmente, existe la sanción ficta de los DNU, que significa que la aprobación de solo una de las Cámaras -o falta de rechazo de ambas- sea suficiente para convalidar el DNU. Por este motivo, la iniciativa sostiene que deberán ser ambas cámaras del Congreso las que se pronuncien para darle validez a los decretos del Poder Ejecutivo.

El diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis), impulsor del proyecto, explicó que “se elimina este procedimiento establecido en la Ley 26.122, por ser flagrantemente inconstitucional y violatorio del artículo 82 de la Constitución”.

“Lo que planteamos es que las dos Cámaras del Congreso de la Nación deben darle validez a los decretos presidenciales y, además, debemos establecer un plazo para que sea tratado. Una vez vencido ese plazo, el DNU será declarado nulo”, señaló el legislador puntano. 

El proyecto fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Ximena García, Gonzalo del Cerro, Gustavo Menna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Álvaro De Lamadrid, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Riccardo, Diego Mestre, Brenda Austin, Soher El Sukaria, Hugo Romero, Jorge Vara, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Roxana Reyes, Sebastián Salvador, Héctor Stefani y Alberto Asseff, entre otros.

Fuertes críticas de los diputados nacionales del radicalismo recibió la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, a través del decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

“Cada decisión del Gobierno está pensada con una sola y lamentable finalidad: perpetuar la impunidad. Quieren callar y dejar desprotegidos a quienes se animaron a denunciar la estructura de corrupción K. No podemos cambiar las reglas de juego según el gobierno de turno, sino establecer bases sólidas para combatir la corrupción”, afirmó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja hasta diciembre último.

Por su parte, el porteño Álvaro De Lamadrid consideró que “es un gravísimo atentado contra la Justicia y la República”, ya que “se procura avanzar con la tarea de clausurar las gravísimas causas de corrupción pendientes en la Justicia de la vicepresidenta Cristina Fernández y, a la vez, diseñar un traje a medida, para que de aquí en adelante, nadie se atreva a denunciar al poder”.

“Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción. El decreto tiene una insuficiente justificación: cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado. Casi infundado”, explicó a su vez Luis Petri.

Carla Carrizo calificó la decisión como “lamentable” y se preguntó: “¿Qué seguridad le podemos dar a los testigos de corrupción si quedan bajo la ‘protección’ de los funcionarios a quienes pudieron haber denunciado? Estamos frente a otra oportunidad perdida para jerarquizar la política anticorrupción”.

El formoseño Ricardo Buryaile, en tanto, sostuvo que “para luchar contra la corrupción es fundamental trabajar en generar mecanismos institucionales para combatirla. Derogar un decreto que protege a los testigos de casos de corrupción más que combatirla es defenderla”.

Por último, Karina Banfi opinó que el decreto es “otro lamentable retroceso en todo lo que avanzamos en el gobierno de Juntos por el Cambio en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La única manera de romper los sistemas de complicidad en corrupción es con un sistema de testigo protegido”.