El diputado nacional Juan Brügge (EF) presentó un proyecto de resolución que propone que la Cámara de Diputados promueva una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a los tres decretos por los cuales el Poder Ejecutivo promulgó las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación por no tener establecidas fuentes de financiamiento.

El cordobés aseguró que los decretos presidenciales (681/2025, 759/2025 y 760/2025) “atentan contra la soberanía popular expresada en el Parlamento” y “condicionan la entrada en vigencia de las leyes”.

En ese sentido, apuntó que las normas fueron aprobadas por amplias mayorías y “no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”. En los fundamentos del proyecto, el legislador calificó la situación como de “gravedad institucional inusitada”, al considerar que el Ejecutivo “se arrogó facultades que la Constitución no le reconoce”.

“El Gobierno pretende invocar una ley presupuestaria -la 24.629- para no cumplir otras leyes votadas por el Congreso. Eso viola el principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución”, argumentó el referente de Democracia Cristiana.

El texto instruye al presidente de la Cámara -o a los vicepresidentes del cuerpo y jefes de bloque, en su defecto- a iniciar la acción judicial dentro de los siete días de aprobada la resolución. Además, autoriza la contratación de asistencia legal para la redacción y presentación de la demanda.

Brügge advirtió que el incumplimiento de las tres leyes afecta a sectores particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños y niñas en edad pediátrica y los docentes y estudiantes del sistema universitario público.

“La vida, la salud y la educación no pueden quedar subordinadas a fórmulas matemáticas o criterios economicistas que desconocen la realidad social”, sostuvo. Además, citó doctrina constitucional y fallos recientes de la Corte Suprema para respaldar su posición, recordando que el máximo tribunal ha reiterado que “ninguno de los poderes del Estado puede actuar por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere”.

El diputado insistió que “la Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva ante un acto que desconoce su autoridad institucional. Corresponde acudir a la Corte Suprema para restablecer el orden republicano vulnerado”. Finalmente, pidió a sus pares acompañar la iniciativa “en defensa de la legalidad, la democracia y la soberanía popular”.

En una decisión que generará previsibles repercusiones negativas en su relación con la oposición con la que se reunió este lunes para dialogar sobre el debate del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero de manera parcial. Esto es, suspendiendo su aplicación hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento de esas leyes.

Exactamente lo que desde la oposición le habían pedido el día anterior que no hiciera con esas dos leyes que esperó hasta el final para proceder del mismo modo como había hecho en su momento con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Si bien en ambos textos comunicó su promulgó, tal cual lo había hecho con la otra ley postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.

En ambos casos invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el decreto 759/25 aclara que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.

El decreto repasa los principales puntos de la ley, que dispone:

• ● Garantizar el financiamiento de las universidades públicas.
• ● Actualizar los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• ● Recomponer los salarios docentes y no docentes al nivel de la inflación, incorporando sumas no remunerativas a los básicos y estableciendo paritarias obligatorias.
• ● Reajustar becas estudiantiles (como Progresar y Manuel Belgrano) y regularizar ingresos científicos.
• ● Asegurar la infraestructura, tecnología y extensión universitaria.

El Ejecutivo estima que el costo total de la ley superaría 1 billón de pesos en 2025 y 2 billones en 2026, advirtiendo que el Congreso no especificó cómo se financiarán esos gastos, en violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y del artículo 5° de la Ley 24.629, que suspende la ejecución de toda norma que disponga erogaciones sin prever recursos.

Por ese motivo, el decreto dispone que la Ley 27.795 queda promulgada pero sin ejecución inmediata, hasta que el Parlamento incorpore los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.

En el caso de la Emergencia en Pediatría, el decreto 760/25 señala también que la Ley 27.796, que declara por un año la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales, queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias al Presupuesto Nacional, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 24.629.

La Ley 27.796 dispone:

• ● La prioridad presupuestaria inmediata para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial de hospitales pediátricos.
• ● La recomposición salarial inmediata del personal de salud (asistencial y no asistencial), incluidos los residentes, con valores reales no inferiores a los de noviembre de 2023.
• ● La exención del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras del personal de salud.
• ● La designación del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en alta complejidad.
• ● La creación de una comisión de seguimiento con el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.

El Ejecutivo justificó la suspensión de su ejecución señalando que la norma no prevé fuentes concretas de financiamiento y que su aplicación implicaría desfinanciar programas esenciales, como los de VIH-Sida, tratamientos de alto costo y subsidios para medicamentos de pacientes sin cobertura. Según el decreto, el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, mientras que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de $102.400 millones.

En los fundamentos, el Gobierno advierte que el Congreso aprobó la ley “bajo la apariencia de defender una causa noble”, pero sin respaldo presupuestario, lo que —según el texto— pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.

Finalmente, el decreto promulga la ley formalmente, pero suspende su aplicación efectiva hasta que el Parlamento asigne los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron emplazadas en la última sesión, miembros de la oposición ratificaron su posición a favor del proyecto con media sanción del Senado que prevé la reforma de la Ley de DNU (N°26.122), con el fin de limitar su uso abusivo por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro que se llevó a cabo este martes -la firma de los despachos será dentro de una semana- aliados de La Libertad Avanza rechazaron una modificación de este tipo ante un Gobierno con significativas minorías parlamentarias. Por su parte, ningún integrante del oficialismo se refirió al tema, cuestión que pone en alerta al Poder Ejecutivo y buscará frenar con ayuda de los gobernadores. En el Senado, la media sanción salió con más de dos tercios de los votos.

En el arranque de la discusión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, "es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado".

Sobre la norma, la massista señaló que "lo que debía ser un excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno". "Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU", dijo e insistió que "debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno".

Para la legisladora de UP, esta reforma hará "fortalecer la división de poderes y el sistema democrático". "Tomar decisiones en forma unipersonal, dejando de lado lo colectivo, a corto o mediano plazo trae más complicaciones", advirtió.

Mónica Litza

A continuación, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo manifestó: "Nosotros cuestionamos fuertemente esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo". Sobre la gestión de Milei, sostuvo que "ha hecho no uso y abuso de un DNU, sino una suerte de reforma constitucional de hecho" con el DNU 70/23 "pero que, sin embargo, raramente está en vigencia". Sobre ese mega decreto que inauguró la administración libertaria y fue rechazo únicamente por el Senado, aseveró que "tiene que ser tratado inmediatamente".

Presidenta de la Comisión de Peticiones, la macrista Silvia Lospennato celebró que "el sector político que impulsó esta ley admita que es inconstitucional, porque nuestro espacio político, el Pro, viene sosteniendo que es inconstitucional desde el primer día". "Cuando algunos están en el gobierno promueven normas que los favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar", cuestionó.

Remarcó que a lo largo de estos años, desde el bloque amarillo se presentaron una docena de proyectos -uno incluso de Patricia Bullrich-, y que todos ellos "consideran que no puede haber sanción ficta". En el cierre de una extensa intervención, la legisladora que protagonizó una fuerte pelea con Cristian Ritondo dentro del recinto en la última sesión expresó: "Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso".

Además de un cruce que tuvo con Litza, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo salió a responderle a Lospennato: "Me parece grave decir que la ley es inconstitucional, hay sí un debate constitucional, pero no hay un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional". Y recordó que "pasaron seis gobiernos y todos los presidentes la utilizaron". "No se puede dejar instalado eso porque no es correcto legalmente", agregó.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía "todos los argumentos críticos" hacia la ley y opinó que "es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley".

Según cifras aportadas por el cordobés, "(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70". Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual "no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados".

En su intervención, el radical aseguró: "Creo, desde el punto de vista jurídico, que aplicar un estándar de exigencia constitucional, o legal, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores, y que tiene una incoherencia, ya no con la trayectoria, sino con los contextos políticos e institucionales que tuvieron otros presidentes, es ante todo una postura antijurídica".

"En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos una acción que tiene por lo menos aspectos desestabilizadores, por un lado. Y por otro, paradójicamente, incluso a quienes son más opositores a este Gobierno, creo que sigue abonando al Gobierno la posibilidad de utilizar estos argumentos como excusa o chivo expiatorio para no hacerse cargo de los propios errores que va cometiendo", añadió.

Rodrigo de Loredo

Aliado de LLA, el catamarqueño de Liga del Interior Francisco Monti sostuvo que había habido durante la jornada “mucha argumentación de contexto político, y escasos planteos de orden constitucional”. Reconoció abrazar “una doctrina minoritaria” respecto de la constitucionalidad de los DNU y, en ese sentido, indicó que si bien los decretos de necesidad y urgencia no son leyes, tienen idénticos efectos que las leyes, “surten efectos similares a los de las leyes y mal puede interpretarse que el Congreso por inacción pueda producir efectos jurídicos derogatorios por el mero paso del tiempo”, en referencia a una de las modificaciones que se plantean.

Desde Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal afirmó que disentía con su compañera de bloque Carla Carrizo y sí coincidía con Lospennato en que la Ley 26.122 "es inconstitucional" porque "no hay dudas para el constitucionalismo que el procedimiento adoptado quiebra las bases y el espíritu" de la Constitución.

"El 80% o 90% de los DNU dictados por todos los presidentes no satisfacen el requisito de urgencia", resaltó y diferenció que sí estuvieron bien justificados los primeros dictados por Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No obstante, "todos los gobiernos han naufragado en la ilegalidad y el abuso", observó.

Nuevamente hablándole a Lospennato, el formoseño manifestó: "Yo tampoco me compro la vocación republicana de los compañeros del justicialismo, pero no importa, porque estoy convencido que estos límites son necesarios".

Desde el Pro, pero más precisamente bajo el ala de Patricia Bullrich, la diputada Silvana Giudici rechazó la reforma. "A los diputados que hablan de mantener la coherencia y alguno por ahí que hablaba del velo… hay que aclarar que aquí no hay que tener ninguna duda y hay que entender los contextos: si a un gobierno que tenía la suma del poder público se le otorgó la ley que reglamenta los DNU (por los Kirchner), no se modificó en su momento ni la aprobación ficta, ni las facultades delegadas, siguieron legislando con superpoderes y emergencia permanente, llega un gobierno distinto, sin estructura política, casi sin partido político, sostenido por un conjunto de diputados del presidente que hoy gobierna, y algunos que tenemos una alianza electoral en los principales distritos, y entonces sí se acuerdan de derogar los DNU, las facultades delegadas, quiero decirles que el rol del Congreso está perfectamente ejecutado en este período”.

Sobre eso, apuntó que “somos parte de una cámara que ya ha rechazado 5 DNU de este Gobierno y ha ratificado una insistencia, derogando y rechazando dos vetos del presidente en ejercicio”. “Vos no podes analizar una modificación en un contexto donde la mayoría abrumadora está haciendo cumplir el rol original de este Congreso, que es el de control de los actos de gobierno. ¿Dónde está la urgencia de modificar la Ley de DNU que se negó tantas veces? Desde el Pro sostenemos que para esto no nos cuenten”, sentenció.

En el cierre, el jefe de UP, Germán Martínez, mencionó a los senadores de la UCR y el Pro que votaron a favor del proyecto. "¿Todos estos son golpistas? Porque todos votaron esta media sanción. O no se comunican entre ustedes, o se arrepienten, o juegan a dos puntas...en el Senado de la Nación avanzan y acá quieren demorar", remarcó. Y pidió "no buscar excusas para no avanzar". "Cuando se analiza la historia nunca hubo un DNU como el DNU 70 y tantas materias afectadas por un decreto de necesidad y urgencia como por ese", completó.

La media sanción del Senado propone que los DNU deban versar sobre una única materia y que podrán ser tratados de inmediato aún en receso parlamentario. Uno de los cambios centrales es que serán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés). También podrán caer si no se tratan dentro de un plazo de 90 días.

En un nuevo revés para el oficialismo, la oposición aprobó -a mano alzada- en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados el emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto con media sanción que busca reformar la Ley de DNU, con el objetivo de limitar el uso arbitrario de esta herramienta por parte del presidente Javier Milei.

La iniciativa que ya fue aprobada en el Senado comenzará a tratarse el próximo martes 23 a las 12 en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), respectivamente. En tanto, el martes 30 a las 14 las comisiones deberán emitir dictamen.

En una primera instancia se votó nominalmente para tratar sobre tablas el tema, lo que requería los dos tercios. Tras no lograrlo, pues resultó negativo con 142 votos a favor y 88 en contra, se votó a mano alzada el emplazamiento de comisiones.

Quien presentó el pedido de emplazamiento fue el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, quien consideró que el mecanismo de validación de los decretos presidenciales “ha perdido toda sustentabilidad, yo diría teórica y hasta práctica; y ha perdido hasta la razonabilidad republicana, sucede algo muy parecido a lo del veto”.

“El mecanismo de la Ley 26.122 ha colapsado durante este mandato, sobre todo con el DNU 70/23, que fue una reforma constitucional encubierta, donde hubo más de 80 leyes derogadas y 150 normas que se modificaron”, agregó.

El massista resaltó que los DNU son una herramienta que “hoy se está usando abusivamente por parte del Ejecutivo”. “La justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU”, apuntó.

El año pasado, también por emplazamiento de comisiones, la oposición en Diputados había intentado aprobar una reforma a la Ley de DNU, pero luego no llegó al recinto. En ese momento, el presidente Javier Milei dijo que la “vetaría” porque significaría un “golpe institucional”.

Semanas atrás, en el contexto de mayor debilidad del Gobierno desde su asunción, la oposición más dura y la llamada dialoguista se pusieron de acuerdo en el Senado y aprobaron por más de dos tercios un proyecto en este sentido.

La iniciativa con media sanción incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Se oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial solicitada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde se buscará insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y Financiamiento Universitario, vetadas la semana pasada por el presidente Javier Milei. En las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La reunión fue citada para las 13, con un temario amplísimo que incluye numerosos emplazamientos de comisiones y un conjunto de decretos, con el fin de rechazarlos.

Las leyes sobre Garrahan y Universidades, nacidas del reclamo de la desactualización presupuestaria y el atraso salarial tanto de médicos como docentes, y demás trabajadores de estos ámbitos, requieren los dos tercios de los votos de los presentes para lograr aprobar su insistencia y que pasen al Senado, donde La Libertad Avanza ya no tiene forma de blindar la decisión presidencial.

En la votación original, la Emergencia Pediátrica alcanzó los dos tercios en Diputados, mientras que Financiamiento Universitario quedó a un voto. Las ausencias y abstenciones de aquella vez terminarán por inclinar la balanza, además de la influencia que ciertos gobernadores puedan ejercer sobre sus legisladores, en medio de conversaciones que Casa Rosada busca reactivar mediante el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Los vetos no serán el único tema incómodo para el Gobierno: la oposición buscará emplazar a comisiones para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Pero los proyectos engorrosos no terminan ahí. También se prevé votar un emplazamiento a comisiones para tratar la modificación de la Ley 26.122, sobre el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo. La iniciativa tuvo media sanción del Senado y busca limitar el uso de los DNU por parte del presidente.

En lo que será (todo estima habrá quórum) la primera sesión tras la dura derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, el temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición va al recinto con la intención de rechazar cuatro decretos, para lo cual requiere mayoría simple. Tres de ellos de facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional; el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas. También el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una gran movilización en las afueras del Congreso, con la convocatoria por parte de la comunidad universitaria, los médicos del Garrahan y las organizaciones de jubilados que cada miércoles marchan, acompañados por otros sectores políticos y sindicales.

Luego del rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso a un conjunto de decretos desregulatorios emitidos por el Gobierno, el Poder Ejecutivo restituyó las normas anteriores a esas decisiones, mediante dos decretos de necesidad y urgencia publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

En el caso del DNU 627/25, el artículo 1ro. indica: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".

Se trata -en ese orden- de los decretos por los cuales se habían dispuesto cambios en organismos de cultura; la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos; modificaciones en organismos de la Secretaría de Transporte, entre esas la disolución de Vialidad Nacional; y la reforma en el INTI e INTA.

Otro de los artículos instruye "a las distintas jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente medida y su operatividad efectiva".

En los considerandos, el PEN cuestionó que al derogar los decretos, "sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Honorable Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad".

En ese sentido, "es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos delegados bajo análisis, a fin de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa", afirmó.

Por otra parte, el DNU 628/25 dispone la restitución del régimen de la marina mercante que regía antes del dictado del decreto de necesidad y urgencia 340/25, también rechazado por el Congreso.

En los argumentos, el Gobierno señaló que "si bien el régimen jurídico que regulaba la Marina Mercante Nacional previo al dictado del Decreto N° 340/25 tuvo deficiencias que contribuyeron en gran medida a la crisis actual del sector, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento".

"Este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza", agregó y continuó: "Resulta imprescindible la existencia de un marco normativo integral que ordene, regule y promueva el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ya que de lo contrario la falta de reglas seguiría profundizando la crisis de una industria clave para la soberanía y la economía del país".

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó un tanto desapercibida mientras en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 20 de agosto, se trataba un amplio temario. Pero lo resuelto después de ese encuentro genera otra propuesta que pone en alerta al Gobierno: la reforma de la Ley de DNU.

Distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado, cuya letra se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la expresidenta Cristina Kirchner viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.

Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-.

Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo bastaba con el voto de la mayoría simple.

De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

En las cinco votaciones, además de los 6 miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.

Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.

A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Un extenso debate contra las medidas del Gobierno

La senadora nacional Silvina García Larraburu advirtió que el Decreto 462/2025 degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica de la Argentina. “No podemos permitir que, por un acto administrativo, se desarticulen instituciones con décadas de historia y prestigio”, subrayó.

Recordó que durante las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, participaron cerca de 40 expositores entre trabajadores, investigadores, productores y autoridades, que expusieron los riesgos que enfrenta el INTA y el INTI, entre otros organismos.

Sobre el INTA manifestó que está en riesgo el funcionamiento de 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 299 Agencias de Extensión Rural y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos. Además, se ven comprometidos programas fundamentales para el sector agropecuario.

En su intervención, el radical Pablo Blanco sostuvo que “el Estado debe ser lo necesario, lo que necesite la gente y no lo menor posible”. Habló del presidente de la Nación, de quien dijo que respecto de las bases de la Constitución, “solo respeta lo que es el Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto ese Poder Ejecutivo esté ejercido por él”.

Para el fueguino, “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes; a veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria y resignando las funciones hasta volverlos inexistentes”. A su juicio, “esto es lo que sucede con los decretos 461, 462 y 351". "Al amparo de la Ley Bases, bajo el argumento que utilizan de 'modernizar', están avanzando sobre organismos que la Constitución protege”, advirtió.

Al comenzar, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, dijo que iba a rendir homenaje en su discurso a Ernesto Carreras, quien tenía 62 años y 37 de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y tras una reunión con las autoridades sobre su futuro laboral, se descompensó y falleció.

Al cuestionar el decreto 462, la mendocina señaló que con esta medida "lo que se hace no es atacar un instituto técnico de trascendencia internacional, sino a la industria vitivinícola, se la centraliza, se ataca el federalismo, se ataca la producción, se ataca a la economía nacional, a las exportaciones, pero también a la salud pública".

La legisladora explicó que con los cambios dispuestos al INV, "están como opcionales los controles y sólo se va a controlar en la góndola", lo cual pone en riesgo el prestigio del vino argentino. "Hay algunos bodegueros pícaros que van a estar contentos con esto, porque van a poder adulterar los vinos", denunció y subrayó que otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, "tienen institutos muchos más rigurosos y los refuerzan y protegen. Nosotros, al contrario, vamos descartando lo que nos ha hecho grandes".

"El INV no es un gasto, se autofinancia y hace trabajos para terceros con su laboratorio, que es el mejor de la República Argentina. Es más, hubo años donde el INV financió al Tesoro Nacional", sumó.

A su turno, la senadora de UP Nora del Valle Giménez se refirió al decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual consideró: "Una vez más se pone de manifiesto esta intención del Gobierno y del presidente de que va a destruir al Estado, 'como un topo y desde adentro'". Al destacar la función de este organismo, recordó que "ha permitido la identificación y recuperación de cientos de nietos" cuyos padres fueron desaparecidos de la última dictadura.

La salteña explicó que con esta medida "se limitó la autarquía y autonomía financiera" del BNDG y "se degradó su jerarquía y se lo transformó en un organismo desconcentrado". "Esta decisión comprometió su independencia y le quitó la efectividad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria", agregó.

En tanto, su par Eduardo "Wado" de Pedro, hijo de desaparecidos, remarcó que en el BNDG trabajan 37 personas y asoció la decisión del PEN a "volver a una Argentina de la impunidad". Este banco, que "es ejemplo a nivel internacional", destacó, fue el que "recopiló los datos genéticos de las más de 500 familias que buscamos a un familiar y lo administra", manifestó. En esa línea, opinó que "interrumpir, entorpecer, la búsqueda de 300 niños y niñas que todavía faltan encontrar no es más que la complicidad plena con la dictadura militar".

Durante el debate, la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva aseguró que "estos decretos afectan fuertemente la vida de todos los argentinos". Precisamente sobre el referido a Vialidad Nacional, sostuvo: " Mi provincia es una provincia sumamente afectada por el desguace y por la política pública de no hacer obras. Esta política afecta 43 mil kilómetros de rutas en todo el país, afecta vidas humanas en rutas que están intransitables por su deterioro".

"Este miércoles se dio a conocer un decreto que deja en disponibilidad a los trabajadores de la Dirección de Seguridad Vial. No vamos a tener seguridad vial, no importa, la gente se muere y de esto no se hace cargo nadie", lamentó.

Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau observó que "la motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada". Y criticó "esta concepción ideológica de que el Estado siempre es malo y toda regulación es mala" que tiene el presidente.

Sobre los cambios en el INTI e INTA, señaló: "¿Se los puede mejorar? Claro que se los puede mejorar, pero hay que trabajar con los que están dentro y saben". En cuanto a Vialidad Nacional, admitió que "obvio que tiene problemas, sobrepoblación, falta de especialidades que se necesitan, anomia en la planificación, y tiene corrupción en diferentes niveles", pero "el problema es que el Gobierno no quiere gestionar. Lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionar, lo rompe".

En el final del tratamiento, la senadora bonaerense Juliana di Tullio destacó que la sesión ordinaria reunió el consenso de varios bloques a través de la expresión de la “voluntad popular”. En defensa de las instituciones “aniquiladas” en los decretos, consideró que “son muchas instituciones que han hecho que este país crezca, sea cada vez mejor y dé cada vez más seguridad en términos como rutas, alimentarios, vitivinícolas y de tecnología”.

Contra Javier Milei, cargó que el Congreso de la Nación “todos estos años lo que ha hecho es construir y mejorarles la vida a los argentinos”. “El que sí quiere destruir este país, lo han dicho senadores cuando tomaron la palabra, es el ‘topo que estpa dentro del Estado para destruirlo’”.

“El único fin de Milei es suprimir el funcionamiento del Congreso de la Nación”, reiteró Di Tullio, quien también le endilgó al presidente de la Nación que “si el esfuerzo de rascar diputados con anuencia de los gobernadores para resistir un veto, lo pusiera para buscar el aumento a los jubilados creo que este sería un país infinitamente mejor”.

En el último tramo de su discurso, consignó que Milei gobierna con “a puro veto, DNU y decreto delegado”. Destacó la labor del Congreso por ser “el único Poder que resiste al Ejecutivo y le pone límites a Javier Milei”, sumó una serie de acusaciones: “Este Gobierno está más sucio que una papa” y habló de los audios de Diego Spagnuolo: “¿Por qué no pone la motosierra en el bolsillo de Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei?”.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, remarcó que “es cierto lo que dijo Juliana, el presidente busca el desprestigio del Poder Legislativo”. Luego, se defendió de los dichos del presidente: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente, que es un mentiroso, dice que ganamos diez millones”.

Aseveró, además, que “no hay plata para el jubilado y el pensionado, pero hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls y periodistas”, agregó en tono irónico que “la casta son los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos. Esos son la casta que están pagando los platos rotos”, y concluyó: “Milei es la entrega de la patria”.

Otra semana para el olvido tendrá el oficialismo en el Congreso con, primero, la sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles, donde no pudo sostener el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad -sí, por el contrario, lo hizo con el aumento a las jubilaciones-, tuvo otras votaciones adversas y además se partió el bloque de La Libertad Avanza.

El segundo turno es ahora en el Senado, donde desde las 11.17 de este jueves arrancó una sesión ordinaria en la que la oposición buscará sancionar las leyes de emergencia pediátrica, que prevé financiamiento para el Hospital Garrahan, y la de presupuesto universitario, similar a la que el año pasado el Gobierno vetó.

Ambas cuentan con media sanción de la Cámara baja y son resistidas por el oficialismo, bajo la premisa de que "atentan contra el equilibrio fiscal" por su costo fiscal sin fuente de financiamiento. En caso de sancionarse, correrían el mismo destino que todas las normas que se vienen aprobando en el Congreso: el veto del presidente Javier Milei.

Los dos proyectos tuvieron dictamen en plenario de comisiones este martes, pero la oposición reunió el número suficiente como para no tener que esperar una semana entre el despacho y el debate en el recinto, por eso pujó por una sesión. Es decir, cuentan con la mayoría de los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas y posterior sanción con un contundente número.

Así las cosas, este miércoles, mientras en Diputados se vivía una reunión intensa, del otro lado de Pasos Perdidos se realizó Labor Parlamentaria entre los jefes de bloques, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Minutos más tarde se convocó a la sesión de carácter ordinaria.

En el arranque de la sesión, hubo algunas cuestiones de privilegio y se aprobaron pliegos de ascensos militares.

Ante el tiempo que demanda el trámite parlamentario entre que una cámara comunica a la otra las aprobaciones, se descarta que el Senado pueda considerar este mismo jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El rechazo a los decreto

El temario incluye otro dolor de cabeza para LLA: la discusión de cuatro decretos delegados y un DNU del Poder Ejecutivo que ya cuentan con el rechazo de la Cámara baja y quedarán sin efecto con la decisión de una mayoría simple.

Se trata de los decretos 462/25, que dispuso la "transformación" del INTI e INTA; el 345/25, sobre reestructuración de organismos de cultura; el 351/25, que introdujo cambios sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que estableció el cierre de Vialidad Nacional; y el DNU 340/25 sobre un nuevo régimen de la marina mercante.

Finalmente, pasadas las 18, la oposición logró el rechazo de los cinco decretos. 

Una vez que pasó el primer tema, se aprobó con 58 votos afirmativos, 13 negativos y 0 abstenciones la habilitación del tratamiento del proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial docente.

Financiamiento Universitario se convirtió en ley

Después de diez horas de sesión ordinaria, el Senado convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario. La iniciativa salió con más de dos tercios: fueron 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Al texto sancionado solo se opusieron los seis integrantes del oficialismo junto a Francisco Paoltroni, Carolina Losada, Carmen Álvarez Rivero y Martín Goërling Lara.

De todos modos, el Poder Ejecutivo Nacional ya anunció que esta ley será vetada.

 

 

 

Un durísimo revés sufrió el oficialismo en la sesión de la Cámara de Diputados, no sólo por la aprobación de leyes que rechaza por su costo fiscal, sino por la votación en contra de cinco decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia, que imponen profundas reformas desregulatorias -detrás de las que se encuentra el ministro Federico Sturzenegger-, y que se hicieron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Justamente, las medidas fueron publicadas días antes que se termine el plazo de los "superpoderes".

Ninguno de los cinco habían sido tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo y, pasados los días para que la comisión los analice, se llevaron directamente al recinto. Si el Senado los vota en contra, por mayoría simple, se caerán.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. A favor de que quede sin efecto votaron 141 diputados, mientras que 65 lo hicieron en contra y uno una sola abstención.

Por medio de este decreto, el PEN dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 134 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones. Mediante esta medida, se dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

El cuarto decreto delegado en ser rechazado, por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Finalmente, por 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo pasado.

A través de este decreto se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector denunciaron que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

Sobre el final de la sesión de Diputados, ya pasada la medianoche y cumplidas las doce horas de sesión, la Cámara rechazó todos los decretos delegados y el DNU incluidos en el temario en un paquete para terminar una faena totalmente adversa para el Gobierno nacional. Ahora el Senado deberá cumplir el mismo trámite, y de ser así, los mismos perderán validez.

Ese fue precisamente el eje del último de los debates registrados en el recinto este miércoles, dado que se planteó una discusión sobre la validez de lo que la oposición pretendía hacer, que era votar sin necesidad de estar habilitados a través de los dos tercios.

La inclusión de este tema fue pedida por el bloque de Unión por la Patria, cuyo presidente, Germán Martínez, no intervino en esa parte del debate, pero sí lo hizo varias veces durante la jornada para pedir a sus pares que se mantuvieran atentos y dispuestos para evitar que por algún vericueto se pudiera caer la sesión. Y de hecho, luego de un llamado hecho por el diputado Juan Manuel López a dejar de lado los egos y apurar la sesión para ir directamente a votar, la mayoría de los diputados anotados para hablar optaron por desechar esa posibilidad. Aun los de la izquierda, lo cual constituye sin duda toda una novedad.

Pero así como los diputados opositores preferían no hablar, sí lo hicieron los oficialistas y sus aliados, por ejemplo Cristian Ritondo, quien recordó que los decretos delegados que pretendían voltear habían sido aprobados en el marco de la Ley de Bases. “Votamos una delegación de facultades entendiendo; sabíamos lo que estábamos discutiendo. No podemos decir que no sabíamos qué era lo que estábamos votando, así que vamos a ratificar lo que votamos entonces”, dijo el jefe del bloque Pro. Y agregó: “Vamos a votar en contra de lo que están proponiendo, pero también les pedimos a aquellos que acompañaron cuando votamos esto, que tomen conciencia que la campaña es corta, pero la vida institucional es larga. Y que muchas veces los caminos del medio parecen ser más una autopista colectora del kirchnerismo, que una propuesta en serio”.

El mendocino libertario Alvaro Martínez arrancó enfatizando sobre “la desesperación política que tiene el kirchnerismo”, que estaba buscando poner en aprietos el equilibrio fiscal del Gobierno. “Ahora atacan facultades constitucionales otorgadas por el Congreso cuando se aprobó la Ley Bases”, dijo, remarcando que “nos cansamos del despilfarro de guita, que tomaran a la gente por idiota, y por más pataleo que hagan, en octubre el rumbo del país se va a consolidar aún más”.

El santafesino Nicolás Mayoraz no quiso dejar pasar “la liviandad con la cual están manejando el tratamiento de estos expedientes, porque no estamos hablando ni de proyectos de ley, ni de resolución, ni de dictámenes: estamos hablando de decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Milei, de acuerdo con las facultades que la Constitución le ha dado”. El santafesino afirmó que “hay un camino claro que están dejando de lado, es un atropello, esta votación es nula”. Sostuvo que “la bicameral tiene rango constitucional; la Constitución también señala que debe dictarse su propio sistema de funcionamiento. Y la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, fijó su propio reglamento. Y más allá de la perentoriedad, la primera conclusión que surge clara es que los plazos son ordenatorios, no son perentorios. Eso significa que la comisión, vencido el tiempo, puede seguir estudiando esos decretos”.

“Nunca perdió la competencia la Comisión Bicameral, y ese plazo que quieren dar por vencido no está vencido. La Cámara se quiere atribuir competencias que la comisión le ha dado a la comisión bicameral”.

En el rechazo de lo que estaba por suceder, Mayoraz hizo hincapié en que la oposición quisiera votar ese dictamen con mayoría simple. El, por su parte, pediría que se aplicara el artículo 147 del reglamento, que dice que ningún asunto podrá ser tratado a no mediar por las dos terceras partes de los votos emitidos.

“No se puede obviar el reglamento; tenemos un reglamento y lo debemos aplicar”, señaló, advirtiendo que en el contexto que se estaba proponiendo “sería mucho más engorroso y difícil declarar de  interés la fiesta de la mandarina que derogar un decreto de necesidad y urgencia, o un delegado”.

Luego fue el turno de la también libertaria Lilia Lemoine, quien se quejó porque el kirchnerismo estuviese “superapurados” por terminar la sesión, lo mismo que corría para la izquierda. “Ahora les molesta que hablemos nosotros. La gente sabe que ustedes tienen malas intenciones, porque su propio gobierno y su propia líder ideológica que está presa por delinquir, cuando a ella le tocó vetar leyes de quiebra, lo  hizo y así lo anunció”, puntualizó la diputada libertaria, que resumió: “Cuando ustedes quieren dar de baja decretos que el presidente necesita para poder gobernar queda muy en evidencia que lo que quieren es dañar al Gobierno”.

Juan Manuel López justificó con términos jurídicos lo que la oposición estaba haciendo. La kirchnerista Carolina Gaillard lo apoyó. Para López, “estamos habilitados para tratarlo de oficio; la mayoría es de oficio. No por eso son inconstitucionales los decretos; el control de las facultades es delegado. No puede poner en el tablero una mayoría que no sea la mayoría simple y votar de a uno y aclarar el sentido de la votación.

Finalmente Margarita Stolbizer se quejó por ejemplo de que la comisión bicameral ni siquiera había sido citada nunca. “Por lo tanto, de ninguna manera esta cámara debería tolerar semejante barbaridad. No es cierto que esta Cámara deba revistar para poder rechazar”, sostuvo y cerró diciendo que “no hay ni que dar fundamentos: este Congreso tiene toda la atribució para recuperar sus facultades y derogar o rechazar todas las normas del Ejecutivo que no le gusten, ni siquiera a ver si se excedió o no, aun a sabiendas que se excedió”.

Las votaciones

A continuación se pusieron a consideración todos los decretos llevados al recinto y todos fueron rechazados con amplitud.

Comenzando por el 462/25, que modifica organismos como el INTI y el INTA y arrojó 141 votos afirmativos, 65 negativos y una abstención.

El decreto 345/2, de modificación organismos de la Cultura, resultó rechazado por 134 votos en ese sentido, 68 negativos y 3 abstenciones.

El decreto 351/25, de modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, tuvo 133 votos a favor del rechazo y 69 en contra, con 2 abstenciones.

Después fue el turno del DNU 340/25, que modifica la Marina Mercante y fue aprobado solo por 118 votos a favor, 77 en contra y 8 abstenciones.

Y por último, el 461/25, que modifica organismos como la Secretaría de Transportes y Vialidad Nacional. Tuvo 138 votos a favor la modificación, 65 votos en contra y 2 abstenciones.

El diputado nacional Juan Marino (UP) sostuvo este jueves que los decretos que reformaron las normativas de las fuerzas federales "son muy graves" y "están al margen de la ley". "Los decretos de (Patricia) Bullrich imponen un estado policial", advirtió.

El opositor recordó que "la Ley Bases no determinaba la emergencia en materia de seguridad, había sido excluida expresamente", por lo cual "las reformas no tendrían que hacerse por decreto sino por ley", y por ello son "doblemente ilegal e inconstitucional".

En alusión a la reunión que hubo en la Bicameral de Fiscalización de las Actividades y Órganos de Control, donde funcionarios defendieron los cambios en la PFA, PSA, GNA, PNA y SPF, el legislador apuntó que "no respondieron" cuándo se les preguntó sobre que "la PFA puede elaborar un registro y calificar a las personas a las que ellos consideran que tienen que reprimir".

"Tampoco nos supieron responder cuando preguntamos por los protocolos para que el ciberpatrullaje no se utilice para perseguir a opositores o periodistas", señaló en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, Marino afirmó: "Sobre la base de lo que escuchamos en la Comisión Bicameral vamos a insistir en rechazar rápidamente todos estos decretos de Bullrich". Y agregó que para que ello ocurra, además de reunir una mayoría, también "tiene que haber un clamor popular insistiéndole al Congreso que los rechacemos".

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes en el Senado los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.

Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.

En su exposición ante la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "estas reformas se hicieron en el marco de la Ley de Bases", en alusión a los decretos 383, 454, 455, 456 y 457 de este año. "Se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", indicó.

A su vez, admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación. "Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público".

"Lo que hicimos fue reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías", argumentó.

Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.

El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".

Al abrirse el tramo de preguntas, el diputado José Glinski (UP) planteó que "los cambios no fueron lo suficientemente difundidos, porque no fueron lo suficientemente trabajados". En ese sentido, consideró que podía existir un "consenso" en que eran necesarias reformas en las fuerzas, pero en lo que "no hay consenso" es en "si estas reformas se pueden hacer o no por decreto".

"Todas estas series de reformas se hacen amparadas en la Ley de Bases y facultades delegadas, sin embargo hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad", recordó y cuestionó "la legalidad y legitimidad de estas normas". "Nosotros sostenemos que son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo", afirmó el exdirector de la PSA.

A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.

Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".

Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.

En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".

"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".

Diego Fleitas Ortiz de Rozas

Sin embargo, el diputado de UP advirtió que "estamos frente a un Gobierno donde el presidente dijo públicamente que él taclea las opiniones de los críticos en las redes sociales y los medios de comunicación para después denunciarlos judicialmente. El ciberpatrullaje efectivamente sí viene siendo utilizado para persecución y todo esto va a agravar el asunto".

Otra de las voces desde el kirchnerismo fue la del diputado Leopoldo Moreau (UP), quien resaltó: "Estos decretos pasan por encima de normas constitucionales, legales y en algunos casos hasta convencionales". Y lamentó que "después de 40 años de democracia hayan dejado de lado el control ciudadano que se ejerce a través del Parlamento". "La seguridad sin control no es seguridad, sino que es poder sin ley, y nosotros no estamos dispuestos a otorgar un poder sin ley y menos en estas características", agregó.

Para el radical K, esto no se trata "simplemente de una reforma administrativa" y trajo a colación la requisa que hubo por parte de las fuerzas a militantes que se movilizaron el pasado 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. "Ni el Ministerio de Seguridad ni las fuerzas federales podemos, ni debemos, llevar adelante tareas de inteligencia política o tener base de datos vinculados a la política", aseveró el representante de la cartera que conduce Patricia Bullrich. "Las fuerzas federales en el orden público deben limitarse a la prevención del delito", sumó.

Avanzada la reunión, la diputada Carolina Gaillard (UP) cuestionó el decreto 383/25 -de reforma de la PFA- y advirtió que desde este martes "estamos en condiciones de tratarlo en el recinto para su rechazo" porque "está viciado de inconstitucionalidad" y "no cumple con las delegaciones de la Ley de Bases".

La entrerriana explicó que ese decreto delegado "versa sobre una materia que no fue declarada la emergencia; y aún si hubiera una emergencia en seguridad también sería inconstitucional porque hay una vaguedad en las tareas". Por eso, reclamó que se lo rechace en el Congreso "y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como corresponde".

"No vamos a estar a favor nunca de la restricción de derechos individuales y más cuando estamos ante un Gobierno nacional que está de manera permanente violentando el sistema institucional y avanzando en las libertades individuales de las personas", subrayó Gaillard, a lo que el funcionario negó: "Nosotros creemos que no avanzamos sobre ellos".

El único legislador en hablar por el oficialismo fue el diputado Santiago Pauli (LLA), quien criticó las opiniones de organismos internacionales sobre este tema, cuando "el ejemplo más reciente de avasallamiento a los derechos humanos no fue la última dictadura militar sino la cuarentena". "Se reprimió, hubo gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias", remarcó sobre la época de pandemia.

Además, el libertario ponderó: "¿Qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidios? Cosa que actualmente estamos viendo. Sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto". Y, respecto a que las reformas salieron por decreto, el fueguino manifestó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos".

En el cierre, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, preguntó: "¿No creen que a partir de estos decretos delegados están dejando a las fuerzas de seguridad en una situación de debilidad jurídica-institucional?". "Esto queda a tiro de otro acto jurídico de la misma envergadura. Es una involución en términos de funcionamiento jurídico-institucional", consideró.

"Ustedes dicen que las vienen a fortalecer (a las fuerzas). Mentira. Las debilitan. De hecho están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior", insistió el santafesino, a lo que Fleitas Ortiz de Rozas cerró: "Creemos que esto las fortalece porque trata de resolver problemas muy graves. No es el escenario ideal, pero creemos que está hecho dentro del marco legal de la República Argentina. Muchas de las cuestiones que se están resolviendo están dentro del Poder Ejecutivo".

Esta será una semana muy intensa en la Cámara baja, donde habrá un martes plagado de reuniones de comisión, con la lógica que imprime el hecho de que al día siguiente vence el plazo reglamentario para dictaminar. Y con el agregado de que hay una sesión prevista precisamente para este miércoles.

Con todo, la centralidad de este martes estará dada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, en la que buscarán dictaminar finalmente para poder ir al recinto. Lo que parecía ser la semana pasada un camino aceitado, aparece con escollos. Se advirtió durante la reunión de gobernadores que se realizó el jueves en el CFI.

Si hay dictamen y el proyecto queda habilitado para llegar al recinto, no perderán tiempo. La sesión será el mismo jueves, con lo cual la Cámara baja tendría dos días intensos en el recinto, con sesiones miércoles y jueves. ¿Por partida doble el segundo día? Se verá.

Vayamos por partes. El miércoles está convocada la sesión pedida por el Pro y La Libertad Avanza para tratar finalmente el proyecto de ficha limpia. Será a las 12, y el temario incluye un proyecto que establece el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el que restituye el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior, promovido por Cambiemos durante esa gestión y derogado por Alberto Fernández después de 2019.

Se sabe que buscarán modificar el texto que salga aprobado de ficha limpia, sobre el tema hay cuatro dictámenes. El de mayoría, suscripto por el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista -Pro, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO-, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales. Con un texto que establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. Allí se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria tiene un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

La iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, se propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

¿Jueves de Presupuesto?

Si sale el dictamen del Presupuesto, el jueves, o más probablemente en la madrugada del viernes, la ley de leyes tendrá media sanción. Para el mismo día la oposición espera realizar la sesión “prorrogada” del martes pasado. Dependerá, precisamente, de lo que suceda con el Presupuesto. Si hay acuerdo con el mismo, no habrá una segunda sesión para avanzar con la reforma de la ley que regula los DNU, ni rechazo al decreto 846 del canje de deuda. Si no hay presupuesto, pasará entonces lo contrario. Una cosa está atada a la otra.

Como sucedió la semana pasada, cuando el compromiso por la ley de leyes hizo cancelar la sesión en la que la oposición confiaba asestarle dos derrotas de alto impacto al Gobierno. Pesó la postura de los gobernadores, que necesitan el presupuesto y convencieron a los diputados necesarios para obturar el quórum. Pero después pasaron cosas. O no pasó lo esperado.

El oficialismo confiaba en tener el dictamen el jueves pasado, aunque no era seguro. Cuando el presidente del bloque UP, Germán Martínez, le preguntó si pensaban firmar dictamen durante esa reunión, Espert fue sincero: “Veremos durante el día”. Por eso hasta se lo vio sosegado al presidente de la comisión, que hasta le permitió a Christian Castillo extender su oratoria sin frenarlo… Mientras tanto, se negociaba.

La cuestión está trabada con los gobernadores. Las modificaciones vinculadas con procedimientos y regla fiscal, el artículo que prevé qué sucede si los ingresos se reducen, pero le da discrecionalidad al Gobierno sobre qué hacer si los ingresos son superiores a los calculados. Algo que la oposición quiere modificar. Todo eso avanzó de manera positiva.

Sin embargo, los gobernadores terminaron la semana que pasó muy molestos porque ninguno de los planteos que hicieron sobre la coparticipación fue concedido. El Gobierno no cede en materia de obras, ATN, AFIP, cajas previsionales… Por eso el jueves no hubo dictamen. Buscarán llegar a la reunión de Presupuesto y Hacienda prevista para este martes a las 15 con algún avance en los acuerdos. La oposición dialoguista quiere que haya un presupuesto; el Gobierno se hace el desinteresado respecto del mismo, pero sabe que es un reclamo del FMI. Y además, si no hay dictamen martes o miércoles y vencen los tiempos… se revitaliza la sesión del jueves en la que la oposición avanzaría contra los DNU.

Escenario complicado por donde se lo mire.

En medio de la polémica por la suba de retenciones a través del DNU 131/22, los jefes del Pro y la UCR en ambas cámaras del Congreso reclamaron al titular de Diputados, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que se constituya de manera urgente la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo.

En la misiva, los legisladores de Juntos por el Cambio solicitan que "se proceda a la urgente integración y constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe abocarse de manera inmediata a la consideración de los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo que, por manda constitucional, están bajo su alcance".

"Como es de vuestro conocimiento, el texto constitucional, en sus artículos 99 inc. 3 y 100 inc. 12 y 13, establece la inmediata intervención que la citada comisión debe tener en el trámite de los decretos que el Poder Ejecutivo dicta y remite a esta H. Congreso", señalaron.

Además, expresaron que "el carácter permanente de la Comisión Bicameral, establecido en la propia Constitución, fue también expresamente explicitado en la ley especial que regula el trámite y alcance de la intervención del Congreso en los mencionados decretos -Ley N° 26.122- al determinar, en su artículo 6°, que 'la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación'".

Nota presentada para exigir la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los DNU.
Lleva 103 días sin funcionar y el Presidente está queriendo gobernar por decretos. https://t.co/7DZv9PKwRU pic.twitter.com/C3jPvB9z1n

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 22, 2022

"Este carácter permanente hace que la demora de más de 100 días para la integración y constitución de la comisión sea absolutamente injustificada y atente contra lo previsto en la propia manda constitucional; más aun teniendo al día de hoy el H. Congreso el conocimiento del dictado de 8 Decretos de Necesidad y Urgencia y 9 decretos de facultades delegadas que, publicados con posterioridad al 10 de diciembre pasado, esperan el tratamiento urgente previsto en la Constitución", agregaron.

La última reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo fue el pasado 18 de noviembre cuando, a días del cierre del período ordinario, el oficialismo dictaminó un abultado paquete de decretos, aunque luego en el recinto del Senado fueron ratificados 48. Hasta el 10 de diciembre la comisión estuvo presidida por el diputado camporista Marcos Cleri.

La carta enviada a las autoridades del Congreso fue firmada por el presidente del Frente Pro en Diputados, Cristian Ritondo; el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri; el titular del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo; el presidente de la UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff; y el jefe del Pro en el Senado, Humberto Schiavoni. Solo suscribieron el Pro y la UCR, pues se trata de los dos bloques de la oposición que pueden acceder a lugares en esa bicameral.

Un día antes de perder la mayoría en el Senado, el oficialismo blindó un paquete de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, al aprobar su validez. Se trata de 48 medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas 30 DNU, la mayoría relacionados con restricciones en el marco de la pandemia y sobre materia laboral.

El Frente de Todos garantizó los votos a favor de los decretos, tal como ha sido habitual en estos dos años de gobierno. La votación resultó con 41 votos positivos y 23 negativos.

Junto al oficialismo votaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), quien a partir de este viernes serán clave para el quórum.

En contra de los expedientes votaron los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

En lo que respecta a los DNU, la mayoría están relacionados con las sucesivas prórrogas sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el marco de la pandemia; y la prohibición de despidos y suspensiones, además de la doble indemnización.

También el paquete incluyó siete decretos de facultades delegadas, y otros como por ejemplo el que declaró la emergencia frutícola en cinco provincias.

Pese a que días atrás la Bicameral de Trámite Legislativo dio dictamen a 116 decretos en total -70 de ellos DNU-, llamativamente, ya que perderá la mayoría automática, el Frente de Todos no incluyó en el temario todas las órdenes. Según declaraciones públicas del jefe de la bancada oficialista, José Mayans, fue para atender un pedido de la oposición.

Al abrir el debate, el jujeño Guillermo Snopek (FdT) defendió que los DNU emitidos durante la pandemia se dieron "dentro de una situación excepcional y un desconocimiento en el mundo", donde se observaba una "realidad muy crítica de los sistemas de salud de otros continentes". "No había un manual para llevar adelante el manejo" de la pandemia, sostuvo el oficialista, y añadió que las medidas que se tomaron fueron "para proteger la vida de los argentinos".

En referencia al DNU 725/21, por el cual se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el senador Pablo Blanco (UCR) expresó: "No me opongo a su creación, lo que sí cuestiono es la mecánica o el instrumento jurídico a través del cual se crea".

En ese sentido, el fueguino explicó que la materia impositiva está "claramente vedada por la Constitución Nacional" para el dictado de DNU por parte del Ejecutivo, y señaló que aunque puede que sea "necesario, no le veo el objeto de la urgencia porque el Congreso estaba funcionando normalmente". Además, advirtió que "el manejo de estos recursos" serán "llevados adelante por tres funcionarios del Gobierno nacional".

En alusión a los decretos referidos al trabajo, el pampeano Daniel Lovera (FdT) destacó las medidas que se tomaron para "proteger las fuentes laborales", que fue "una prioridad para nosotros". "El trabajo y la producción son dos de los pilares fundamentales para poder alcanzar el desarrollo inclusivo en nuestro país", expresó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se despidió en esta sesión. "Es importante y urgente generar empleo, crear trabajo", agregó.

Otro oficialista que habló en el debate fue el porteño Mariano Recalde (FdT), quien afirmó que los decretos tratados "cumplen los requisitos formales y sustanciales que se encuentran en la Constitución Nacional". Y justificó a favor que se haya utilizado en un marco excepcional de "situaciones como éstas: una pandemia mundial que obliga al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes y cambiantes".

Crítico a la gestión de Mauricio Macri, el kirchnerista cuestionó el uso de decretos en ese período, para responderle a quienes se quejaron de cómo el Gobierno utilizó esta herramienta. "No tuvo la misma vara cuando se designaron jueces de la Corte por decreto", lanzó y mencionó otras medidas, como "el mega DNU para modernizar el Estado que derogó 19 leyes y modificó 140".

En el último tramo, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) arrancó diciendo que "los decretos que vamos a validar hoy tienen que ver con el mes de julio del año pasado", cuando había "4.200 casos diarios" de Covid, "creciendo y no sabíamos hasta cuándo". En ese contexto, "la angustia, la zozobra y no saber de qué manera iba a parar nos embargaba a todos".

Por eso, ponderó que "un año y medio después hay que destacar las decisiones de aquel momento" que "fueron acompañadas por todos los gobernadores y gobernadoras". Tras realizar comparaciones sobre el impacto de la pandemia en los distintos países del mundo, el senador opinó: "Hay que ser muy cuidadosos. Estudios muy profundos en las próximas décadas podrán decir si las decisiones que tomamos fueron excesivas o poco excesivas, si afectamos las libertades o no".

En contra de los decretos, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), recordó que "los decretos fueron dictados en un contexto muy particular para la Argentina y el mundo" y "de arranque cumplían con la necesidad y urgencia para su dictado". Pero al tratarse de varias prórrogas, apuntó que "mientras el Ejecutivo dictaba decretos a diestra y siniestra", la Convención Interamericana de Derechos Humanos "establecía claramente el rol que los órganos de contralor" tenían que tener en las medidas tomadas.

Al reclamar la demora en el tratamiento de los mismos, el radical detalló que la Bicameral de Trámite Legislativo -de la cual fue vice- estuvo "ocho meses" sin reunirse en el año 2020 y "cuatro meses" en 2021, o sea que en dos años de pandemia, "estuvo 12 meses paralizada por decisión política del oficialismo". Y lamentó entonces que el Parlamento haya actuado "en complicidad con las decisiones políticas que se fueron tomando".

También, el formoseño enfatizó que hay registradas "151 mil infracciones en 10 provincias" a argentinos que no cumplieron con lo dispuesto por los decretos, mientras que el presidente festejó en la Quinta de Olivos el cumpleaños de la primera dama, y en su defensa alegó que "nadie se contagió; ¡pero las normas las impuso el propio Poder Ejecutivo!".

Por último, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, resaltó que la pandemia "fue una situación extraordinaria para todo el mundo" y "todavía no terminó y no sabemos cómo va a terminar esto". Inmediatamente, se fue al pasado para recordar la herencia recibida por el presidente Alberto Fernández, y consideró que "falló la comunicación", porque el mandatario tendría que haber comunicado que "recibimos el país quebrado, el Banco Central quebrado, una economía quebrada".

"Cuando se tomaron estas medidas, se tomaron de buena fe", expresó el formoseño, que mencionó que "al principio estaban todos juntos", en referencia a los dirigentes de la oposición que acompañaron las primeras medidas, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Y enfatizó que el año pasado hubo "récord de sesiones" y "en todas las sesiones se habló de la pandemia". "No ha faltado debate al respecto; se han tratado 56 DNU", le retrucó a Naidenoff, y siguió: "Se debatió esto, no es que nunca se debatió". "Nunca más justificados los DNU que ahora", añadió.

Luego de celebrarse la jura de los nuevos senadores, la Cámara alta comenzó a las 14.28 la última sesión que se realizará con la conformación actual. El temario incluye 47 decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, que el Frente de Todos, como ha sido costumbre en estos dos años, aprobará con su mayoría. A partir de este viernes, el oficialismo perderá esa condición, al pasar de 41 a 35 miembros.

Si bien fueron 116 decretos -70 de ellos DNU- los que se dictaminaron por la Bicameral de Trámite Legislativo días atrás, en el recinto solo se tratarán menos de la mitad. La mayoría de ellos están relacionados con restricciones y medidas impuestas en el marco de la pandemia.

El temario incluye diversos proyectos consensuados, algunos de ellos de autoría de senadores que se despiden este jueves.

La Cámara alta tratará la habitual iniciativa que autoriza al presidente de la Nación a ausentarse del país durante el año 2022, cuando razones de gobierno así lo requieran.

Con media sanción de la Cámara de Diputados, se convertirán en ley un proyecto sobre derechos de las personas en situación de calle; una iniciativa referida a la Ley de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de modo que las personas con discapacidad puedan decidir si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía; y un proyecto que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura. 

En materia laboral, está previsto tratar un proyecto del senador pampeano saliente Daniel Lovera (FdT) por el que se crea una línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular.

Además, hay un proyecto de otro senador que se va, el chubutense Juan Mario Pais (FdT), que se refiere a una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito; y otro de Lovera que modifica la Ley de Trabajadores Rurales, previendo actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del RENATRE.

Asimismo, se debatirá una iniciativa de la senadora fueguina María Eugenia Duré (FdT) por el que se garantiza la formación integral respecto de la Causa Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública.

Se pondrá en consideración un proyecto del santiagueño oficialista Gerardo Montenegro (FdT) que modifica la Ley del Deporte sobre entidades deportivas, como así también otro de los senadores Antonio Rodas e Inés Blas (FdT) -quien también se va- que modifica la Ley de Voluntariado Social.

Se analizará también un proyecto de otro fueguino, el camporista Matías Rodríguez (FdT), que modifica la Ley de Sangre estableciendo la necesidad de “informar a los donantes de sangres sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) Ley 25.392 y consultar respecto de su voluntad de incorporarse al mismo”.

Los senadores debatirán también iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá y Anabel Fernández Sagasti (FdT) relacionados con la discapacidad visual o ceguera, estableciendo el derecho de acceso a la información veraz y oportuna en los medicamentos, disponiendo el rotulado y/o etiquetado de los envases de medicamentos en lenguaje braille y con códigos de respuesta rápida.

Además, se incorporó un proyecto de una senadora opositora que se va, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), que regula la actividad deportiva y comercial del vuelo libre efectuado con parapentes y/o ala deltas.

En su última sesión con la actual composición, el Senado analizará un proyecto de la senadora jujeña Silvia Giacoppo (UCR) sobre asistencia presencial para personas mayores en organismos del Estado; como así también se avanzará sobre un proyecto de los senadores radicales Julio Cobos -también culmina mandato- y Mario Fiad (UCR) sobre Diagnóstico Humanizado.

Otro tema relacionado con la salud es también del jujeño Fiad y de la neuquina Eugenia Catalfamo (FdT), que modifica la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, incorporando las prácticas de cardiopatía congénita y oximetría del pulso.

Entre los temas a tratar figura un proyecto de la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) por el que se crea un Protocolo de la Detección Temprana del Abuso Sexual Infantil en instituciones y entidades donde asistan niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, hay previstos una serie de proyectos para declarar capitales nacionales, a saber: Capital Nacional del Tetratlón a San Martín de los Andes, Neuquén; Capital Nacional del Triatlón a la Paz, Entre Ríos; Capital Nacional de Alfombras y Tapices Artesanales de Nudos Tejidos a Mano, a la provincia de Catamarca.

También, hay iniciativas para declarar varias fiestas nacionales: Fiesta Nacional del Cordero, en Puerto Madryn, Chubut, de Nancy González (FdT); Fiesta de la Trucha Steelhead, en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, de Ana María Ianni (FdT); Fiesta Nacional de la Amistad al festival anual de la localidad de 25 de Mayo, Misiones, de Maurice Closs (FdT); Fiesta del Parque Luro, en Ataliva Roca, La Pampa, de la senadora Norma Durango (FdT); Fiesta de Albardón del Moscatel y el Travertino, en la provincia de San Juan, de la senadora Cristina López Valverde (FdT); Fiesta de las Llanuras, en Coronel Dorrego, Buenos Aires; y Fiesta del Turismo y el Vino, en San Rafael, Mendoza.

En lo que respecta a días nacionales, hay proyectos para el Día Nacional del Turismo; Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales; Día Nacional de los Turbales; sustitución del Día Nacional del Futbolista por el 22 de junio; Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Día Nacional de los Derechos de las Personas; Día Nacional del Libro y la Canción Infanto Juvenil; Día Nacional del Inmigrante Alemán del Volga.

También se incluyó un proyecto de las senadoras Tapia y Duré por el que se declara el año 2022 como el “Año de Homenaje a los Veteranos, Veteranas y Caídos en Malvinas”; y un paquete de transferencias de inmuebles, entre otros.

El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, admitió que dentro del espacio oficialista "hay reclamos por parte de senadores de distintas provincias con respecto a la implementación de los programas del Gobierno", al ser consultado por un grupo de "rebeldes" que amenazaban con escindirse del bloque.

"Tenemos que por supuesto dialogar y ver cuáles son los temas", expresó en declaraciones a radio La Red, y agregó que "la inversión pública se discute en el Presupuesto" con las partidas que se destinan a obras en las diferentes jurisdicciones.

Por otra parte, de cara a la Cámara alta que se viene a partir del 10 de diciembre, cuando el FdT perderá la mayoría propia, el formoseño aseguró que "el espíritu es el trabajo" y "llevar los temas a las comisiones, producir un despacho y llevarlos al recinto".

En ese sentido, el legislador reveló que mantuvo conversaciones con la oposición en las que le pidió "no trabajar con la falta de quórum", porque "vamos a necesitar acordar políticas como el Presupuesto, en primer lugar".

Por otra parte, Mayans confirmó que en la última sesión con la conformación actual "vamos a trabajar sobre 53" de los 116 decretos del presidente Alberto Fernández que cuentan con dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo. "Son los de ASPO, DISPO y referidos a producción y trabajo. Después queda la parte social, el sistema institucional y el bloque de economía, que me pidieron seguir trabajando en el tema", apuntó.

Y continuó: "Tenemos los votos, pero la oposición reclama el tema de un tratamiento donde ellos quieren participar, y bueno, a partir del 10 tenemos una nueva composición".

En referencia a un eventual proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador señaló que "todo lo que sea materia de justicia tenemos que tener consenso con los distintos bloques", porque, por ejemplo, la reforma judicial -que salió sin problemas en el Senado- "quedó prácticamente parada en Diputados".

Sobre la pérdida del quórum propio, Mayans enfatizó que "no es que está en contra el Senado (del oficialismo), hay que ver los temas que se tratan y cómo se logran consensos".

Despedidas y bienvenidas en un solo día. Esos momentos vivirá el Senado de la Nación el próximo jueves 9 de diciembre, cuando se realice la jura de los senadores que resultaron electos en las elecciones de noviembre y, al mismo tiempo, se lleve a cabo la última sesión con la composición actual de la Cámara alta.

La fecha fue acordada por el jefe del Frente de Todos, José Mayans, y el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Lo llamativo en esta ocasión es que los nuevos legisladores se incorporarán tan solo un día antes de asumir, cuando según indica el artículo 7 del reglamento del Senado, la jura debe realizarse cada 29 de noviembre.

Fuentes del oficialismo explicaron a parlamentario.com que, al haberse modificado la fecha de los comicios, todos los trámites se retrasaron y algunos senadores electos, por ejemplo, todavía no recibieron sus diplomas correspondientes.

Luego de la jura se realizará la última sesión con la conformación actual, es decir, justo antes que el Frente de Todos pierda el quórum del que hoy goza. Si bien el temario no se confirmó, todo apunta a que se buscarán aprobar los 116 decretos de Alberto Fernández -70 de ellos DNU- que tuvieron dictamen la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Como ha sido habitual en estos dos años del gobierno de Fernández, con la pandemia de por medio, los decretos del presidente fueron avalados en el pleno de la Cámara alta, donde el oficialismo tiene mayoría, con 41 miembros. A partir del 10 de diciembre pasará a 35 integrantes.

Además, se prevé que el temario incluya numerosos proyectos de interés para algunos de los senadores que se despiden. Para ello, esta semana hubo numerosas reuniones de comisiones donde se avanzó con iniciativas vinculadas a la salud, la educación y el ambiente, entre otras.

Ya está dicho que a partir del próximo 10 de diciembre el oficialismo perderá en el Senado la mayoría holgada que ostenta. Para entonces, el bloque que conduce el formoseño José Mayans pasará de 41 a 35 senadores, dos menos que el quórum, y si bien más allá del recambio cuenta con recursos (léase aliados) para aprobar lo que se proponga, va a aprovechar hasta último momento las facilidades actuales.

Así, prepara una sesión para la próxima semana para aprobar una serie de iniciativas que tiene pendientes y, sobre todo, el más de un centenar de decretos que trató la Bicameral de Trámite Legislativo el jueves pasado.

De hecho, cuando en esa reunión se emitió el dictamen correspondiente, sin la presencia de la oposición que se retiró en masa denunciando una maniobra de parte del oficialismo, se sospechó que esos decretos serían tratados en el recinto este jueves, exactamente siete días después del dictamen, como es uso y costumbre en la Cámara alta. Sin embargo se supo luego que no habría sesión esta semana, por lo que se descuenta que esa reunión quedará para la que viene, y en la misma se tratará una serie de iniciativas que ya tienen dictamen y otras que lo irán obteniendo a lo largo de la presente semana.

Son varios los proyectos que en muchos casos corresponden a senadores que terminan sus mandatos y que esperan irse al menos con la dicha de ver sancionados los mismos.

Es el caso del proyecto que incorpora el sistema braille en las cajas y prospectos de todos los medicamentos, que tuvo dictamen este martes por la mañana, como así también la modificación de la ley de parto respetado, o el proyecto de diagnóstico humanizado impulsado por el senador Julio Cobos, uno de los senadores que concluyen su mandato.

También se incluirá iniciativas incluidas en las múltiples reuniones de comisión que tendrán lugar hasta el próximo jueves, de modo tal que no serán los decretos el único tema que sea abordado en la sesión presencial del Senado que tendría lugar el jueves 2 de diciembre, a una semana del recambio legislativo. En esa sesión se despedirán también los 22 senadores que no renovaron sus mandatos.

En una conferencia de prensa celebrada antes del inicio de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, convocada para tratar más de un centenar de decretos, los presidentes de los interbloques de ambas cámaras de Juntos por el Cambio e integrantes de dicha comisión fijaron su posición contraria frente a lo que definieron como una noticia que “irrumpió en el medio de lo que el Gobierno consideró que era un triunfo”.

“De pronto hay 112 decretos de distinta naturaleza que se van a tratar y aprobar hoy en la Comisión Bicameral”, advirtió el diputado Mario Negri, para quien “procuran hacerlo rápido porque quieren sacarle jugo a la mayoría automática del Senado que han tenido en el último tiempo, antes que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre”.

A su lado, el titular del interbloque del Senado, Luis Naidenoff, aseguró que “en ninguna oportunidad hemos asistido a una situación tan escandalosa, bochornosa, como la que se va a dar en el día de la fecha”.

Agregó: “Esta situación es escandalosa porque se acumularon durante 8 meses estos 116 decretos por decisión del oficialismo de tener paralizada la Bicameral, a pesar de que el Congreso funcionó y hasta sancionó más de 70 leyes. Están apretando el acelerador porque perdieron las elecciones y ya no tendrán quórum en el Senado”.

El formoseño sostuvo que “en reiteradas oportunidades hemos insistido en el tratamiento de más de 100 decretos que estaban pendientes en la comisión, que fueron dictados en el 2019, 2020 y 2021. Entonces la pregunta es por qué lo hacen ahora, por qué de prepo, sin metodología, sin orden y sin debate. Bueno, es muy simple: porque a partir del resultado (electoral) perdieron el quórum”.

Consultado respecto de la movilización del miércoles y el discurso presidencial, Naidenoff agregó que “el presidente está totalmente desorientado: llevar a cabo un acto para celebrar un triunfo que no ha existido y con el único propósito de tratar de saldar las diferencias internas en el marco de la coalición, nos marca a las claras que la Argentina no tiene rumbo, que el Gobierno ha hecho una pésima lectura de la realidad y que es un presidente aislado y totalmente devaluado”.

Integrante de la bicameral, Pablo Tonelli (Pro-CABA) pidió a continuación “tener en cuenta que la Constitución nacional si bien autoriza a dictar este tipo de decretos, dispone que en el plazo de diez días posteriores los tiene que enviar a la comisión bicameral, que tiene 10 días desde que los recibe para tratarlos. Y en este caso nos están haciendo tratar algunos decretos que datan de diciembre de 2019, otros de todo el año 2020 y muchos de 2021. Todos los plazos están absolutamente vencidos, por eso es que en más de una oportunidad hemos planteado por escrito la necesidad de que la comisión se reuniera para tratar los decretos en tiempo y forma. Porque no es posible pensar un tratamiento de ciento y pico de decretos en una sola sesión y cuando han pasado dos años desde que fueron dictados”.

“Por lo tanto rechazamos la convocatoria y en la obligación de tener que dictaminar, nos vemos obligados a dictaminar la invalidez de todos esos decretos”, concluyó.

A su turno, el diputado radical chubutense Gustavo Menna consideró que “ha habido acá una concentración de poder”, advirtiendo que “los decretos de necesidad y urgencia son una excepción y este presidente ha batido todos los récords: entre DNU, decretos delegados y de promulgación parcial, lleva al día de hoy, con el que dictó anoche, 171 decretos de contenido legislativo”.

Para comparar, señaló que “Carlos Menem en diez años dictó poco más de 500. 50 por año. Acá tenemos prácticamente 80 por año. Dictados incluso antes de la pandemia, y con la ley de las 9 emergencias, que fue la delegación de competencias del Congreso más amplia de toda la historia constitucional argentina, que implicó también el dictado de todos los decretos delegados. Ha habido una hiperconcentración de poder en el Poder Ejecutivo, que ha pasado todos los límites, sin control, sin que funcione la bicameral”.

El titular del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, señaló que “la aprobación exprés, de más de cien decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario, es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas. Si creen que, pisoteando institucionalidad, llevándose por delante al Congreso, van a dar una señal de fortaleza política, se equivocan, porque con salidas autoritarias profundizarán la actual crisis económica y social repudiada por 2 de cada 3 argentinos hace menos de una semana”.

Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC agregó que “con la poca fuerza que le queda vienen a cubrirse en el Congreso de muchas cosas, desde cómo fue que por decreto suspendieron la movilidad provisional un año o derogaron una agencia de testigos protegido independiente creada por Cambiemos”.

A su turno, el titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni, exprsó: “La falsedad del diálogo institucional al que llaman desde el Gobierno está a la vista porque hoy meten, de prepo, 116 decretos de necesidad y urgencia”.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas”, es el título del comunicado con el que Juntos por el Cambio salió al cruce este martes de la agenda anunciada por el oficialismo en el Congreso de la Nación, en la que convocó el viernes a una serie de reuniones de comisión para este martes y jueves y, sobre todo, el llamado hecho ya después del resultado electoral para que se reúna la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para despachar 116 decretos de necesidad y urgencia.

El titular de dicha bicameral, el camporista santafesino Marcos Cleri, convocó para este jueves a partir de las 9.30 a una reunión presencial que se llevará a cabo en la Sala Eva Perón del Senado, para abordar la rendición de cuentas del Ejercicio 2021, como así también los citados 116 decretos entre los que hay de todo van desde los suscriptos en 2019, hasta el presente año.

El llamado mereció varios párrafos del comunicado emitido por JxC este martes, como el que señala que dichos decretos “que declararon varias emergencias prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses y crearon estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir la intervención del Congreso”.

Agrega el comunicado que “nuevamente el oficialismo pretende en trámite exprés, sin escuchar a los sectores y actores que serán afectados por las normas, sin tiempo para el análisis, debate y confrontación de opiniones, dictaminar una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos y, en el caso de los DNU, la ratificación sin debate de todas las decisiones inconsultas tomadas por el Gobierno durante la pandemia”.

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Para la diputada Silvia Lospennato, “el oficialismo pretende en pocas horas antes que cambie la integración de las cámaras ratificar 116 decretos que el Gobierno dictó en la pandemia y una docena de leyes. Sin diálogo, sin debate y sin incorporar las prioridades de los ciudadanos”.

“Es vergonzoso que traten de aprobar cientos de decretos y varias leyes que solo les interesan a ellos como la creación de nuevos impuestos, la ampliación de la burocracia estatal o la prórroga de decretos creados durante la cuarentena”, se quejó el presidente del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo.

Por Melisa Jofré

En el último tramo de la sesión de este jueves en el Senado, el Frente de Todos aprobó la invalidez de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el expresidente Mauricio Macri, mediante el cual se compensaba a las distribuidoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio.

El oficialismo, con apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), avanzó con el dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo. Para quedar derogado, el decreto debe ser rechazado también en la Cámara de Diputados.

Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron, resultando la votación con 41 votos positivos y 25 negativos.

En el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo que "resulta difícil, realmente imposible de aceptar y considerar que existe necesidad y urgencia en una medida que fue retroactiva". "Tenían tiempo suficiente para emitir la ley correspondiente", agregó.

Tras señalar que se trata de un monto de 24.500 millones de pesos, el cordobés recordó que "entrábamos a un año electoral y quisieron esconder que lo íbamos a pagar todos los argentinos". En ese mismo sentido, el neuquino Oscar Parrilli dijo que "no había necesidad, no había urgencia, porque se empezaba a pagar el año siguiente" y criticó la "maldad" y "perversidad" de que "lo hicieron en 30 cuotas".

"Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri quisieron instalar que nos encontrábamos bajo una crisis energética, pero la verdad es que la crisis energética la construyeron durante su gobierno con los tarifazos y el desastre que generó el DNU 1053", fustigó la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

También desde el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti subrayó que "el verdadero caballo de Troya" del DNU era "la estatización de una deuda entre privados, entre las generadoras de gas y las distribuidoras de gas". La mendocina opinó que el hecho de realizar el pago en cuotas fue con el objetivo de "seguir robándole a los argentinos; pero nosotros venimos a hacer otra cosa, a poner las cosas en su lugar".

El rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, argumentó su acompañamiento a la invalidez del decreto remarcando que esa medida "tomó casi tres presupuestos, lo que lo hace aún más improcedente". "No hay ninguna duda de que este DNU tiene que ser invalidado", expresó.

Único orador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff hizo una fuerte defensa de la norma firmada por el expresidente. "Este DNU se trató de darle sensatez y certidumbre a los ciudadanos", comenzó y explicó que fue "un mecanismo de compensación para que el Estado se haga cargo en un 50% de los defasajes generados en materia tarifaria, y el otro 50% se hagan cargo las empresas".

El jefe del interbloque opositor apuntó que "la ley prevé que no pagan las distribuidoras", así como "una resolución que está vigente desde 1992, que tampoco ustedes lo modificaron cuando gobernaron".

Para el formoseño, el DNU vino a "poner un poco de sentido común" y lanzó: "Si se deja sin efecto explíquenle ustedes a la gente que ellos lo van a tener que pagar". "Si este decreto cae, ustedes van a hacer que todas las consecuencias las pague la gente", insistió.

"El decreto del presidente Macri lo que evitaba era que la gente se hiciera cargo de la devaluación", argumentó y enfatizó: "¡No les interesa la gente! Porque de lo contrario este es un decreto que no debería ser cuestionado. ¡Háganse cargo de lo que se viene!".

El DNU 1053/18 se trató de una modificación presupuestaria, pero en su artículo 7 estableció que el Estado Nacional asumiera “con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.

También indicó que el Enargas iba a determinar para cada prestadora y, considerando los proveedores adheridos al régimen, el monto neto correspondiente a las diferencias diarias acumuladas. La norma -vigente- señaló que “el monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019”.

El resto de los decretos

En la sesión, fueron avalados por unanimidad los DNU 493/20, 520/20 y 576/20, sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio; y el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.

En tanto, el resto de las órdenes se aprobaron también con 41 votos positivos y 25 negativos de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

Se trata del DNU 214/20, de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia; y el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.

También, los decretos 277/20 y 278/20, que dispusieron la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

El Senado se reúne desde las 15.22 en una nueva sesión virtual, donde se tratarán una batería de proyectos y el oficialismo buscará también ratificar un conjunto de decretos.

En primer lugar, el cuerpo tratará el decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde prorroga el sistema de sesiones remotas "en tanto persista la emergencia sanitaria" y dispone que los temas a discutir no quedarán únicamente reducidos a cuestiones de la pandemia. Luego, se dará ingreso a una serie de pedidos de acuerdos por parte del Poder Ejecutivo.

El temario continúa con un paquete de nueve decretos, que cuentan con dictamen de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, entre los que se encuentra un DNU de la gestión de Mauricio Macri.

Este punto es rechazado por senadores de Juntos por el Cambio, quienes en comisión advirtieron sobre la ilegalidad de volver a dictaminar sobre el mismo. Se trata del DNU 1053/18, mediante el cual se estableció una compensación a las distribuidoras de gas, por las variaciones en el tipo de cambio.

El otro punto a tratar es un proyecto que modifica el Código Civil y Comercial para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

A continuación, el Senado debatirá dos iniciativas enviadas por el Gobierno en relación a la causa Malvinas: la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.

El primer proyecto apunta a generar un ámbito multipartidario donde se diseñen estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, para continuar con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas; mientras que la segunda iniciativa busca aportar seguridad jurídica al otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en la zona.

La Cámara alta buscará, además, convertir en ley el proyecto de regulación de la receta médica digital y la teleasistencia, y otro para la creación de una Campaña Nacional de Donación de Plasma sanguíneo de pacientes de Covid-19, ambos originados a causa de la pandemia.

Por otra parte, se dará media sanción a una iniciativa para penalizar la difusión de imágenes o vídeos íntimos sin consentimiento; otra sobre promoción del ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país; y otro proyecto -sobre tablas- que declara de "interés nacional" la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis y establece un régimen de protección integral.

También se abordará un Protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

En la sesión virtual de este jueves, los senadores aprobaron un conjunto de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.

Además de avalar el DNU de los "superpoderes" al jefe de Gabinete y, por otro lado, de avanzar con el rechazo a un DNU de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas, el oficialismo ratificó otras 9 medidas del Poder Ejecutivo.

Durante el debate, el misionero Maurice Closs se refirió al DNU 391/2020, por el cual se oficializó la oferta presentada a los acreedores para renegociar la deuda. "En los últimos días hay una tendencia a decir de que el default empezó ahora. El default viene de mucho tiempo atrás", sostuvo.

El vicepresidente primero de la Cámara alta cuestionó que "el gobierno anterior ha mostrado muy mala praxis en muchos temas, pero en este específicamente de la deuda pública ha tenido errores enormes. De alguna manera ha tenido un paso fugaz por los mercados. Nunca un gobierno dilapidó el crédito internacional en tan poco tiempo".

"Con esta legislación que venimos a aprobar estamos dando los pasos para llegar a una solución y una solución difícil, básicamente en todo lo que se refiere al endeudamiento bajo legislación extranjera", agregó el oficialista.

Por otra parte, sobre el DNU 488/2020, que fijó el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares, el rionegrino Martín Doñate destacó: "El libre mercado no puede dar respuestas y allí va el rol ordenador del Estado a dar, de la mano del decreto 488, una respuesta que demandaban los gobernadores, que con mucha responsabilidad venían planteando alternativas".

"El DNU goza de plena legalidad, resulta de aplicación durante un período limitado y con parámetros específicos, con lo cual, la constitucionalidad de la norma no tiene ningún tipo de duda", señaló el legislador del Frente de Todos.

A su turno, su comprovinciano Alberto Weretilneck, del monobloque Juntos Somos Río Negro, dijo que estaba a favor pero consideró que el decreto llegó "un poco tarde" y que no establece "quién va a pagar la diferencia". También alertó sobre "la posición dominante de las empresas refinadoras" y la "duda en cuanto a que cumplan con lo que está pautado".

En respaldo a todo el paquete de decretos, el catamarqueño Dalmacio Mera afirmó que "cada uno de los DNU están tomados dentro de las facultades constitucionales del presidente y están sometidos con dictamen por la Bicameral de Trámite Legislativo".

"Cada uno tiene una respuesta a cada una de las necesidades de los argentinos y las argentinas, que la estamos pasando mal, y el presidente y sus ministros lo tienen muy en cuenta", completó el senador del oficialismo.

Los decretos aprobados

1) DNU 52/2019- Intervención por 180 días de la Agencia Federal de Inteligencia (20-12-2019)

2) DNU 408/2020- Extensión hasta el 10 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (26-04-2020)

3) DNU 409/2020- Prórroga hasta el 10 de mayo inclusive de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país (26-04-2020)

4) DNU 426/2020- Prórroga hasta el 31 de mayo inclusive la vigencia de la obligación de garantizar un servicio reducido del servicio prepago de telefonía móvil o Internet (30-04-2020)

5) DNU 459/2020- Extensión hasta el 24 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (10-05-2020)

6) Decreto 391/2020- Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera (21-04-2020)

7) Decreto 404/20- Rectificación del documento "Condiciones de Emisión de los Títulos Nuevos" de Anexo III del decreto 391/2020 (23-04-2020)

8) Decreto 425/2020- Prórroga hasta el 30 de junio de 2020 la suspensión de cierre de cuentas bancarias (30-04-2020)

9) Decreto 488/20- Establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales, hasta el 31 de diciembre de 2020 (18-05-2020)