En una carta dirigida a Sergio Massa y Cristina Kirchner, los jefes del Pro y la UCR reclamaron que hace más de 100 días que la comisión no se reúne y hay decretos en espera de tratamiento.
En medio de la polémica por la suba de retenciones a través del DNU 131/22, los jefes del Pro y la UCR en ambas cámaras del Congreso reclamaron al titular de Diputados, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que se constituya de manera urgente la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo.
En la misiva, los legisladores de Juntos por el Cambio solicitan que “se proceda a la urgente integración y constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe abocarse de manera inmediata a la consideración de los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo que, por manda constitucional, están bajo su alcance”.
“Como es de vuestro conocimiento, el texto constitucional, en sus artículos 99 inc. 3 y 100 inc. 12 y 13, establece la inmediata intervención que la citada comisión debe tener en el trámite de los decretos que el Poder Ejecutivo dicta y remite a esta H. Congreso”, señalaron.
Además, expresaron que “el carácter permanente de la Comisión Bicameral, establecido en la propia Constitución, fue también expresamente explicitado en la ley especial que regula el trámite y alcance de la intervención del Congreso en los mencionados decretos -Ley N° 26.122- al determinar, en su artículo 6°, que ‘la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación'”.
“Este carácter permanente hace que la demora de más de 100 días para la integración y constitución de la comisión sea absolutamente injustificada y atente contra lo previsto en la propia manda constitucional; más aun teniendo al día de hoy el H. Congreso el conocimiento del dictado de 8 Decretos de Necesidad y Urgencia y 9 decretos de facultades delegadas que, publicados con posterioridad al 10 de diciembre pasado, esperan el tratamiento urgente previsto en la Constitución”, agregaron.
La última reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo fue el pasado 18 de noviembre cuando, a días del cierre del período ordinario, el oficialismo dictaminó un abultado paquete de decretos, aunque luego en el recinto del Senado fueron ratificados 48. Hasta el 10 de diciembre la comisión estuvo presidida por el diputado camporista Marcos Cleri.
La carta enviada a las autoridades del Congreso fue firmada por el presidente del Frente Pro en Diputados, Cristian Ritondo; el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri; el titular del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo; el presidente de la UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff; y el jefe del Pro en el Senado, Humberto Schiavoni. Solo suscribieron el Pro y la UCR, pues se trata de los dos bloques de la oposición que pueden acceder a lugares en esa bicameral.
En la última sesión antes del recambio legislativo, el oficialismo aprobó 48 medidas del Poder Ejecutivo, la mayoría de ellas por DNU. La votación resultó con 41 votos positivos y 23 negativos.
Un día antes de perder la mayoría en el Senado, el oficialismo blindó un paquete de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, al aprobar su validez. Se trata de 48 medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas 30 DNU, la mayoría relacionados con restricciones en el marco de la pandemia y sobre materia laboral.
El Frente de Todos garantizó los votos a favor de los decretos, tal como ha sido habitual en estos dos años de gobierno. La votación resultó con 41 votos positivos y 23 negativos.
Junto al oficialismo votaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), quien a partir de este viernes serán clave para el quórum.
En contra de los expedientes votaron los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
En lo que respecta a los DNU, la mayoría están relacionados con las sucesivas prórrogas sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el marco de la pandemia; y la prohibición de despidos y suspensiones, además de la doble indemnización.
También el paquete incluyó siete decretos de facultades delegadas, y otros como por ejemplo el que declaró la emergencia frutícola en cinco provincias.
Pese a que días atrás la Bicameral de Trámite Legislativo dio dictamen a 116 decretos en total -70 de ellos DNU-, llamativamente, ya que perderá la mayoría automática, el Frente de Todos no incluyó en el temario todas las órdenes. Según declaraciones públicas del jefe de la bancada oficialista, José Mayans, fue para atender un pedido de la oposición.
Al abrir el debate, el jujeño Guillermo Snopek (FdT) defendió que los DNU emitidos durante la pandemia se dieron “dentro de una situación excepcional y un desconocimiento en el mundo”, donde se observaba una “realidad muy crítica de los sistemas de salud de otros continentes”. “No había un manual para llevar adelante el manejo” de la pandemia, sostuvo el oficialista, y añadió que las medidas que se tomaron fueron “para proteger la vida de los argentinos”.
En referencia al DNU 725/21, por el cual se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el senador Pablo Blanco (UCR) expresó: “No me opongo a su creación, lo que sí cuestiono es la mecánica o el instrumento jurídico a través del cual se crea”.
En ese sentido, el fueguino explicó que la materia impositiva está “claramente vedada por la Constitución Nacional” para el dictado de DNU por parte del Ejecutivo, y señaló que aunque puede que sea “necesario, no le veo el objeto de la urgencia porque el Congreso estaba funcionando normalmente”. Además, advirtió que “el manejo de estos recursos” serán “llevados adelante por tres funcionarios del Gobierno nacional”.
En alusión a los decretos referidos al trabajo, el pampeano Daniel Lovera (FdT) destacó las medidas que se tomaron para “proteger las fuentes laborales”, que fue “una prioridad para nosotros”. “El trabajo y la producción son dos de los pilares fundamentales para poder alcanzar el desarrollo inclusivo en nuestro país”, expresó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se despidió en esta sesión. “Es importante y urgente generar empleo, crear trabajo”, agregó.
Otro oficialista que habló en el debate fue el porteño Mariano Recalde (FdT), quien afirmó que los decretos tratados “cumplen los requisitos formales y sustanciales que se encuentran en la Constitución Nacional”. Y justificó a favor que se haya utilizado en un marco excepcional de “situaciones como éstas: una pandemia mundial que obliga al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes y cambiantes”.
Crítico a la gestión de Mauricio Macri, el kirchnerista cuestionó el uso de decretos en ese período, para responderle a quienes se quejaron de cómo el Gobierno utilizó esta herramienta. “No tuvo la misma vara cuando se designaron jueces de la Corte por decreto”, lanzó y mencionó otras medidas, como “el mega DNU para modernizar el Estado que derogó 19 leyes y modificó 140”.
En el último tramo, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) arrancó diciendo que “los decretos que vamos a validar hoy tienen que ver con el mes de julio del año pasado”, cuando había “4.200 casos diarios” de Covid, “creciendo y no sabíamos hasta cuándo”. En ese contexto, “la angustia, la zozobra y no saber de qué manera iba a parar nos embargaba a todos”.
Por eso, ponderó que “un año y medio después hay que destacar las decisiones de aquel momento” que “fueron acompañadas por todos los gobernadores y gobernadoras”. Tras realizar comparaciones sobre el impacto de la pandemia en los distintos países del mundo, el senador opinó: “Hay que ser muy cuidadosos. Estudios muy profundos en las próximas décadas podrán decir si las decisiones que tomamos fueron excesivas o poco excesivas, si afectamos las libertades o no”.
En contra de los decretos, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), recordó que “los decretos fueron dictados en un contexto muy particular para la Argentina y el mundo” y “de arranque cumplían con la necesidad y urgencia para su dictado”. Pero al tratarse de varias prórrogas, apuntó que “mientras el Ejecutivo dictaba decretos a diestra y siniestra”, la Convención Interamericana de Derechos Humanos “establecía claramente el rol que los órganos de contralor” tenían que tener en las medidas tomadas.
Al reclamar la demora en el tratamiento de los mismos, el radical detalló que la Bicameral de Trámite Legislativo -de la cual fue vice- estuvo “ocho meses” sin reunirse en el año 2020 y “cuatro meses” en 2021, o sea que en dos años de pandemia, “estuvo 12 meses paralizada por decisión política del oficialismo”. Y lamentó entonces que el Parlamento haya actuado “en complicidad con las decisiones políticas que se fueron tomando”.
También, el formoseño enfatizó que hay registradas “151 mil infracciones en 10 provincias” a argentinos que no cumplieron con lo dispuesto por los decretos, mientras que el presidente festejó en la Quinta de Olivos el cumpleaños de la primera dama, y en su defensa alegó que “nadie se contagió; ¡pero las normas las impuso el propio Poder Ejecutivo!”.
Por último, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, resaltó que la pandemia “fue una situación extraordinaria para todo el mundo” y “todavía no terminó y no sabemos cómo va a terminar esto”. Inmediatamente, se fue al pasado para recordar la herencia recibida por el presidente Alberto Fernández, y consideró que “falló la comunicación”, porque el mandatario tendría que haber comunicado que “recibimos el país quebrado, el Banco Central quebrado, una economía quebrada”.
“Cuando se tomaron estas medidas, se tomaron de buena fe”, expresó el formoseño, que mencionó que “al principio estaban todos juntos”, en referencia a los dirigentes de la oposición que acompañaron las primeras medidas, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Y enfatizó que el año pasado hubo “récord de sesiones” y “en todas las sesiones se habló de la pandemia”. “No ha faltado debate al respecto; se han tratado 56 DNU”, le retrucó a Naidenoff, y siguió: “Se debatió esto, no es que nunca se debatió”. “Nunca más justificados los DNU que ahora”, añadió.
La reunión en la Cámara alta comenzó a las 14.28, luego de la jura de los nuevos senadores. Se tratará un amplio temario, entre los que se incluyen 47 decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.
Luego de celebrarse la jura de los nuevos senadores, la Cámara alta comenzó a las 14.28 la última sesión que se realizará con la conformación actual. El temario incluye 47 decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, que el Frente de Todos, como ha sido costumbre en estos dos años, aprobará con su mayoría. A partir de este viernes, el oficialismo perderá esa condición, al pasar de 41 a 35 miembros.
Si bien fueron 116 decretos -70 de ellos DNU- los que se dictaminaron por la Bicameral de Trámite Legislativo días atrás, en el recinto solo se tratarán menos de la mitad. La mayoría de ellos están relacionados con restricciones y medidas impuestas en el marco de la pandemia.
El temario incluye diversos proyectos consensuados, algunos de ellos de autoría de senadores que se despiden este jueves.
La Cámara alta tratará la habitual iniciativa que autoriza al presidente de la Nación a ausentarse del país durante el año 2022, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Con media sanción de la Cámara de Diputados, se convertirán en ley un proyecto sobre derechos de las personas en situación de calle; una iniciativa referida a la Ley de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de modo que las personas con discapacidad puedan decidir si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía; y un proyecto que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura.
En materia laboral, está previsto tratar un proyecto del senador pampeano saliente Daniel Lovera (FdT) por el que se crea una línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular.
Además, hay un proyecto de otro senador que se va, el chubutense Juan Mario Pais (FdT), que se refiere a una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito; y otro de Lovera que modifica la Ley de Trabajadores Rurales, previendo actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del RENATRE.
Asimismo, se debatirá una iniciativa de la senadora fueguina María Eugenia Duré (FdT) por el que se garantiza la formación integral respecto de la Causa Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública.
Se pondrá en consideración un proyecto del santiagueño oficialista Gerardo Montenegro (FdT) que modifica la Ley del Deporte sobre entidades deportivas, como así también otro de los senadores Antonio Rodas e Inés Blas (FdT) -quien también se va- que modifica la Ley de Voluntariado Social.
Se analizará también un proyecto de otro fueguino, el camporista Matías Rodríguez (FdT), que modifica la Ley de Sangre estableciendo la necesidad de “informar a los donantes de sangres sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) Ley 25.392 y consultar respecto de su voluntad de incorporarse al mismo”.
Los senadores debatirán también iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá y Anabel Fernández Sagasti (FdT) relacionados con la discapacidad visual o ceguera, estableciendo el derecho de acceso a la información veraz y oportuna en los medicamentos, disponiendo el rotulado y/o etiquetado de los envases de medicamentos en lenguaje braille y con códigos de respuesta rápida.
Además, se incorporó un proyecto de una senadora opositora que se va, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), que regula la actividad deportiva y comercial del vuelo libre efectuado con parapentes y/o ala deltas.
En su última sesión con la actual composición, el Senado analizará un proyecto de la senadora jujeña Silvia Giacoppo (UCR) sobre asistencia presencial para personas mayores en organismos del Estado; como así también se avanzará sobre un proyecto de los senadores radicales Julio Cobos -también culmina mandato- y Mario Fiad (UCR) sobre Diagnóstico Humanizado.
Otro tema relacionado con la salud es también del jujeño Fiad y de la neuquina Eugenia Catalfamo (FdT), que modifica la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, incorporando las prácticas de cardiopatía congénita y oximetría del pulso.
Entre los temas a tratar figura un proyecto de la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) por el que se crea un Protocolo de la Detección Temprana del Abuso Sexual Infantil en instituciones y entidades donde asistan niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, hay previstos una serie de proyectos para declarar capitales nacionales, a saber: Capital Nacional del Tetratlón a San Martín de los Andes, Neuquén; Capital Nacional del Triatlón a la Paz, Entre Ríos; Capital Nacional de Alfombras y Tapices Artesanales de Nudos Tejidos a Mano, a la provincia de Catamarca.
También, hay iniciativas para declarar varias fiestas nacionales: Fiesta Nacional del Cordero, en Puerto Madryn, Chubut, de Nancy González (FdT); Fiesta de la Trucha Steelhead, en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, de Ana María Ianni (FdT); Fiesta Nacional de la Amistad al festival anual de la localidad de 25 de Mayo, Misiones, de Maurice Closs (FdT); Fiesta del Parque Luro, en Ataliva Roca, La Pampa, de la senadora Norma Durango (FdT); Fiesta de Albardón del Moscatel y el Travertino, en la provincia de San Juan, de la senadora Cristina López Valverde (FdT); Fiesta de las Llanuras, en Coronel Dorrego, Buenos Aires; y Fiesta del Turismo y el Vino, en San Rafael, Mendoza.
En lo que respecta a días nacionales, hay proyectos para el Día Nacional del Turismo; Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales; Día Nacional de los Turbales; sustitución del Día Nacional del Futbolista por el 22 de junio; Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Día Nacional de los Derechos de las Personas; Día Nacional del Libro y la Canción Infanto Juvenil; Día Nacional del Inmigrante Alemán del Volga.
También se incluyó un proyecto de las senadoras Tapia y Duré por el que se declara el año 2022 como el “Año de Homenaje a los Veteranos, Veteranas y Caídos en Malvinas”; y un paquete de transferencias de inmuebles, entre otros.
El jefe de la bancada oficialista en el Senado reveló además que mantuvo conversaciones con la oposición en las que les pidió “no trabajar con la falta de quórum” en la Cámara que viene.
El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, admitió que dentro del espacio oficialista “hay reclamos por parte de senadores de distintas provincias con respecto a la implementación de los programas del Gobierno”, al ser consultado por un grupo de “rebeldes” que amenazaban con escindirse del bloque.
“Tenemos que por supuesto dialogar y ver cuáles son los temas”, expresó en declaraciones a radio La Red, y agregó que “la inversión pública se discute en el Presupuesto” con las partidas que se destinan a obras en las diferentes jurisdicciones.
Por otra parte, de cara a la Cámara alta que se viene a partir del 10 de diciembre, cuando el FdT perderá la mayoría propia, el formoseño aseguró que “el espíritu es el trabajo” y “llevar los temas a las comisiones, producir un despacho y llevarlos al recinto”.
En ese sentido, el legislador reveló que mantuvo conversaciones con la oposición en las que le pidió “no trabajar con la falta de quórum”, porque “vamos a necesitar acordar políticas como el Presupuesto, en primer lugar”.
Por otra parte, Mayans confirmó que en la última sesión con la conformación actual “vamos a trabajar sobre 53” de los 116 decretos del presidente Alberto Fernández que cuentan con dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo. “Son los de ASPO, DISPO y referidos a producción y trabajo. Después queda la parte social, el sistema institucional y el bloque de economía, que me pidieron seguir trabajando en el tema”, apuntó.
Y continuó: “Tenemos los votos, pero la oposición reclama el tema de un tratamiento donde ellos quieren participar, y bueno, a partir del 10 tenemos una nueva composición”.
En referencia a un eventual proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador señaló que “todo lo que sea materia de justicia tenemos que tener consenso con los distintos bloques”, porque, por ejemplo, la reforma judicial -que salió sin problemas en el Senado- “quedó prácticamente parada en Diputados”.
Sobre la pérdida del quórum propio, Mayans enfatizó que “no es que está en contra el Senado (del oficialismo), hay que ver los temas que se tratan y cómo se logran consensos”.
La última reunión del Senado con la composición actual será en esa fecha, según acordaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Despedidas y bienvenidas en un solo día. Esos momentos vivirá el Senado de la Nación el próximo jueves 9 de diciembre, cuando se realice la jura de los senadores que resultaron electos en las elecciones de noviembre y, al mismo tiempo, se lleve a cabo la última sesión con la composición actual de la Cámara alta.
La fecha fue acordada por el jefe del Frente de Todos, José Mayans, y el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.
Lo llamativo en esta ocasión es que los nuevos legisladores se incorporarán tan solo un día antes de asumir, cuando según indica el artículo 7 del reglamento del Senado, la jura debe realizarse cada 29 de noviembre.
Fuentes del oficialismo explicaron a parlamentario.com que, al haberse modificado la fecha de los comicios, todos los trámites se retrasaron y algunos senadores electos, por ejemplo, todavía no recibieron sus diplomas correspondientes.
Luego de la jura se realizará la última sesión con la conformación actual, es decir, justo antes que el Frente de Todos pierda el quórum del que hoy goza. Si bien el temario no se confirmó, todo apunta a que se buscarán aprobar los 116 decretos de Alberto Fernández -70 de ellos DNU- que tuvieron dictamen la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo.
Como ha sido habitual en estos dos años del gobierno de Fernández, con la pandemia de por medio, los decretos del presidente fueron avalados en el pleno de la Cámara alta, donde el oficialismo tiene mayoría, con 41 miembros. A partir del 10 de diciembre pasará a 35 integrantes.
Además, se prevé que el temario incluya numerosos proyectos de interés para algunos de los senadores que se despiden. Para ello, esta semana hubo numerosas reuniones de comisiones donde se avanzó con iniciativas vinculadas a la salud, la educación y el ambiente, entre otras.
Sería la próxima semana y un nutrido temario incluiría el centenar de decretos que tuvieron dictamen el jueves pasado.
Ya está dicho que a partir del próximo 10 de diciembre el oficialismo perderá en el Senado la mayoría holgada que ostenta. Para entonces, el bloque que conduce el formoseño José Mayans pasará de 41 a 35 senadores, dos menos que el quórum, y si bien más allá del recambio cuenta con recursos (léase aliados) para aprobar lo que se proponga, va a aprovechar hasta último momento las facilidades actuales.
Así, prepara una sesión para la próxima semana para aprobar una serie de iniciativas que tiene pendientes y, sobre todo, el más de un centenar de decretos que trató la Bicameral de Trámite Legislativo el jueves pasado.
De hecho, cuando en esa reunión se emitió el dictamen correspondiente, sin la presencia de la oposición que se retiró en masa denunciando una maniobra de parte del oficialismo, se sospechó que esos decretos serían tratados en el recinto este jueves, exactamente siete días después del dictamen, como es uso y costumbre en la Cámara alta. Sin embargo se supo luego que no habría sesión esta semana, por lo que se descuenta que esa reunión quedará para la que viene, y en la misma se tratará una serie de iniciativas que ya tienen dictamen y otras que lo irán obteniendo a lo largo de la presente semana.
Son varios los proyectos que en muchos casos corresponden a senadores que terminan sus mandatos y que esperan irse al menos con la dicha de ver sancionados los mismos.
Es el caso del proyecto que incorpora el sistema braille en las cajas y prospectos de todos los medicamentos, que tuvo dictamen este martes por la mañana, como así también la modificación de la ley de parto respetado, o el proyecto de diagnóstico humanizado impulsado por el senador Julio Cobos, uno de los senadores que concluyen su mandato.
También se incluirá iniciativas incluidas en las múltiples reuniones de comisión que tendrán lugar hasta el próximo jueves, de modo tal que no serán los decretos el único tema que sea abordado en la sesión presencial del Senado que tendría lugar el jueves 2 de diciembre, a una semana del recambio legislativo. En esa sesión se despedirán también los 22 senadores que no renovaron sus mandatos.
Diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa para rechazar la decisión del oficialismo de aprobar de forma exprés 116 decretos en la Bicameral de Trámite Legislativo. Denunciaron irregularidad del procedimiento, al que tildaron como “inconstitucional”, y un “atropello institucional”.
En una conferencia de prensa celebrada antes del inicio de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, convocada para tratar más de un centenar de decretos, los presidentes de los interbloques de ambas cámaras de Juntos por el Cambio e integrantes de dicha comisión fijaron su posición contraria frente a lo que definieron como una noticia que “irrumpió en el medio de lo que el Gobierno consideró que era un triunfo”.
“De pronto hay 112 decretos de distinta naturaleza que se van a tratar y aprobar hoy en la Comisión Bicameral”, advirtió el diputado Mario Negri, para quien “procuran hacerlo rápido porque quieren sacarle jugo a la mayoría automática del Senado que han tenido en el último tiempo, antes que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre”.
A su lado, el titular del interbloque del Senado, Luis Naidenoff, aseguró que “en ninguna oportunidad hemos asistido a una situación tan escandalosa, bochornosa, como la que se va a dar en el día de la fecha”.
Agregó: “Esta situación es escandalosa porque se acumularon durante 8 meses estos 116 decretos por decisión del oficialismo de tener paralizada la Bicameral, a pesar de que el Congreso funcionó y hasta sancionó más de 70 leyes. Están apretando el acelerador porque perdieron las elecciones y ya no tendrán quórum en el Senado”.
El formoseño sostuvo que “en reiteradas oportunidades hemos insistido en el tratamiento de más de 100 decretos que estaban pendientes en la comisión, que fueron dictados en el 2019, 2020 y 2021. Entonces la pregunta es por qué lo hacen ahora, por qué de prepo, sin metodología, sin orden y sin debate. Bueno, es muy simple: porque a partir del resultado (electoral) perdieron el quórum”.
Consultado respecto de la movilización del miércoles y el discurso presidencial, Naidenoff agregó que “el presidente está totalmente desorientado: llevar a cabo un acto para celebrar un triunfo que no ha existido y con el único propósito de tratar de saldar las diferencias internas en el marco de la coalición, nos marca a las claras que la Argentina no tiene rumbo, que el Gobierno ha hecho una pésima lectura de la realidad y que es un presidente aislado y totalmente devaluado”.
Integrante de la bicameral, Pablo Tonelli (Pro-CABA) pidió a continuación “tener en cuenta que la Constitución nacional si bien autoriza a dictar este tipo de decretos, dispone que en el plazo de diez días posteriores los tiene que enviar a la comisión bicameral, que tiene 10 días desde que los recibe para tratarlos. Y en este caso nos están haciendo tratar algunos decretos que datan de diciembre de 2019, otros de todo el año 2020 y muchos de 2021. Todos los plazos están absolutamente vencidos, por eso es que en más de una oportunidad hemos planteado por escrito la necesidad de que la comisión se reuniera para tratar los decretos en tiempo y forma. Porque no es posible pensar un tratamiento de ciento y pico de decretos en una sola sesión y cuando han pasado dos años desde que fueron dictados”.
“Por lo tanto rechazamos la convocatoria y en la obligación de tener que dictaminar, nos vemos obligados a dictaminar la invalidez de todos esos decretos”, concluyó.
A su turno, el diputado radical chubutense Gustavo Menna consideró que “ha habido acá una concentración de poder”, advirtiendo que “los decretos de necesidad y urgencia son una excepción y este presidente ha batido todos los récords: entre DNU, decretos delegados y de promulgación parcial, lleva al día de hoy, con el que dictó anoche, 171 decretos de contenido legislativo”.
Para comparar, señaló que “Carlos Menem en diez años dictó poco más de 500. 50 por año. Acá tenemos prácticamente 80 por año. Dictados incluso antes de la pandemia, y con la ley de las 9 emergencias, que fue la delegación de competencias del Congreso más amplia de toda la historia constitucional argentina, que implicó también el dictado de todos los decretos delegados. Ha habido una hiperconcentración de poder en el Poder Ejecutivo, que ha pasado todos los límites, sin control, sin que funcione la bicameral”.
El titular del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, señaló que “la aprobación exprés, de más de cien decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario, es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas. Si creen que, pisoteando institucionalidad, llevándose por delante al Congreso, van a dar una señal de fortaleza política, se equivocan, porque con salidas autoritarias profundizarán la actual crisis económica y social repudiada por 2 de cada 3 argentinos hace menos de una semana”.
Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC agregó que “con la poca fuerza que le queda vienen a cubrirse en el Congreso de muchas cosas, desde cómo fue que por decreto suspendieron la movilidad provisional un año o derogaron una agencia de testigos protegido independiente creada por Cambiemos”.
A su turno, el titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni, exprsó: “La falsedad del diálogo institucional al que llaman desde el Gobierno está a la vista porque hoy meten, de prepo, 116 decretos de necesidad y urgencia”.
Es uno de los elementos más criticados en el duro comunicado dado a conocer por JxC este martes. La reunión será el jueves.
“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas”, es el título del comunicado con el que Juntos por el Cambio salió al cruce este martes de la agenda anunciada por el oficialismo en el Congreso de la Nación, en la que convocó el viernes a una serie de reuniones de comisión para este martes y jueves y, sobre todo, el llamado hecho ya después del resultado electoral para que se reúna la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para despachar 116 decretos de necesidad y urgencia.
El titular de dicha bicameral, el camporista santafesino Marcos Cleri, convocó para este jueves a partir de las 9.30 a una reunión presencial que se llevará a cabo en la Sala Eva Perón del Senado, para abordar la rendición de cuentas del Ejercicio 2021, como así también los citados 116 decretos entre los que hay de todo van desde los suscriptos en 2019, hasta el presente año.
El llamado mereció varios párrafos del comunicado emitido por JxC este martes, como el que señala que dichos decretos “que declararon varias emergencias prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses y crearon estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir la intervención del Congreso”.
Agrega el comunicado que “nuevamente el oficialismo pretende en trámite exprés, sin escuchar a los sectores y actores que serán afectados por las normas, sin tiempo para el análisis, debate y confrontación de opiniones, dictaminar una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos y, en el caso de los DNU, la ratificación sin debate de todas las decisiones inconsultas tomadas por el Gobierno durante la pandemia”.
Memo-Citacion-a-Reunion-18-11-2021Para la diputada Silvia Lospennato, “el oficialismo pretende en pocas horas antes que cambie la integración de las cámaras ratificar 116 decretos que el Gobierno dictó en la pandemia y una docena de leyes. Sin diálogo, sin debate y sin incorporar las prioridades de los ciudadanos”.
“Es vergonzoso que traten de aprobar cientos de decretos y varias leyes que solo les interesan a ellos como la creación de nuevos impuestos, la ampliación de la burocracia estatal o la prórroga de decretos creados durante la cuarentena”, se quejó el presidente del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo.
El oficialismo, con acompañamiento de dos aliados, avanzó en contra de una medida dictada en 2018. Para ser derogado debe ser también votado en la Cámara de Diputados. El enfático rechazo de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio.
Por Melisa Jofré
En el último tramo de la sesión de este jueves en el Senado, el Frente de Todos aprobó la invalidez de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el expresidente Mauricio Macri, mediante el cual se compensaba a las distribuidoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio.
El oficialismo, con apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), avanzó con el dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo. Para quedar derogado, el decreto debe ser rechazado también en la Cámara de Diputados.
Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron, resultando la votación con 41 votos positivos y 25 negativos.
En el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo que “resulta difícil, realmente imposible de aceptar y considerar que existe necesidad y urgencia en una medida que fue retroactiva”. “Tenían tiempo suficiente para emitir la ley correspondiente”, agregó.
Tras señalar que se trata de un monto de 24.500 millones de pesos, el cordobés recordó que “entrábamos a un año electoral y quisieron esconder que lo íbamos a pagar todos los argentinos”. En ese mismo sentido, el neuquino Oscar Parrilli dijo que “no había necesidad, no había urgencia, porque se empezaba a pagar el año siguiente” y criticó la “maldad” y “perversidad” de que “lo hicieron en 30 cuotas”.
“Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri quisieron instalar que nos encontrábamos bajo una crisis energética, pero la verdad es que la crisis energética la construyeron durante su gobierno con los tarifazos y el desastre que generó el DNU 1053″, fustigó la santafesina María de los Ángeles Sacnun.
También desde el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti subrayó que “el verdadero caballo de Troya” del DNU era “la estatización de una deuda entre privados, entre las generadoras de gas y las distribuidoras de gas”. La mendocina opinó que el hecho de realizar el pago en cuotas fue con el objetivo de “seguir robándole a los argentinos; pero nosotros venimos a hacer otra cosa, a poner las cosas en su lugar”.
El rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, argumentó su acompañamiento a la invalidez del decreto remarcando que esa medida “tomó casi tres presupuestos, lo que lo hace aún más improcedente”. “No hay ninguna duda de que este DNU tiene que ser invalidado”, expresó.
Único orador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff hizo una fuerte defensa de la norma firmada por el expresidente. “Este DNU se trató de darle sensatez y certidumbre a los ciudadanos”, comenzó y explicó que fue “un mecanismo de compensación para que el Estado se haga cargo en un 50% de los defasajes generados en materia tarifaria, y el otro 50% se hagan cargo las empresas”.
El jefe del interbloque opositor apuntó que “la ley prevé que no pagan las distribuidoras”, así como “una resolución que está vigente desde 1992, que tampoco ustedes lo modificaron cuando gobernaron”.
Para el formoseño, el DNU vino a “poner un poco de sentido común” y lanzó: “Si se deja sin efecto explíquenle ustedes a la gente que ellos lo van a tener que pagar”. “Si este decreto cae, ustedes van a hacer que todas las consecuencias las pague la gente”, insistió.
“El decreto del presidente Macri lo que evitaba era que la gente se hiciera cargo de la devaluación”, argumentó y enfatizó: “¡No les interesa la gente! Porque de lo contrario este es un decreto que no debería ser cuestionado. ¡Háganse cargo de lo que se viene!”.
El DNU 1053/18 se trató de una modificación presupuestaria, pero en su artículo 7 estableció que el Estado Nacional asumiera “con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.
También indicó que el Enargas iba a determinar para cada prestadora y, considerando los proveedores adheridos al régimen, el monto neto correspondiente a las diferencias diarias acumuladas. La norma -vigente- señaló que “el monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019”.
El resto de los decretos
En la sesión, fueron avalados por unanimidad los DNU 493/20, 520/20 y 576/20, sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio; y el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.
En tanto, el resto de las órdenes se aprobaron también con 41 votos positivos y 25 negativos de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
Se trata del DNU 214/20, de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia; y el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.
También, los decretos 277/20 y 278/20, que dispusieron la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020, respectivamente.
La Cámara alta se reúne desde las 15.22. Tratará un variado temario, que incluye proyectos vinculados a la salud, como donación de plasma, receta digital y fibrosis quística. Además, se debatirán iniciativas enviadas por el Gobierno sobre la causa Malvinas.
El Senado se reúne desde las 15.22 en una nueva sesión virtual, donde se tratarán una batería de proyectos y el oficialismo buscará también ratificar un conjunto de decretos.
En primer lugar, el cuerpo tratará el decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde prorroga el sistema de sesiones remotas “en tanto persista la emergencia sanitaria” y dispone que los temas a discutir no quedarán únicamente reducidos a cuestiones de la pandemia. Luego, se dará ingreso a una serie de pedidos de acuerdos por parte del Poder Ejecutivo.
El temario continúa con un paquete de nueve decretos, que cuentan con dictamen de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, entre los que se encuentra un DNU de la gestión de Mauricio Macri.
Este punto es rechazado por senadores de Juntos por el Cambio, quienes en comisión advirtieron sobre la ilegalidad de volver a dictaminar sobre el mismo. Se trata del DNU 1053/18, mediante el cual se estableció una compensación a las distribuidoras de gas, por las variaciones en el tipo de cambio.
El otro punto a tratar es un proyecto que modifica el Código Civil y Comercial para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
A continuación, el Senado debatirá dos iniciativas enviadas por el Gobierno en relación a la causa Malvinas: la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.
El primer proyecto apunta a generar un ámbito multipartidario donde se diseñen estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, para continuar con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas; mientras que la segunda iniciativa busca aportar seguridad jurídica al otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en la zona.
La Cámara alta buscará, además, convertir en ley el proyecto de regulación de la receta médica digital y la teleasistencia, y otro para la creación de una Campaña Nacional de Donación de Plasma sanguíneo de pacientes de Covid-19, ambos originados a causa de la pandemia.
Por otra parte, se dará media sanción a una iniciativa para penalizar la difusión de imágenes o vídeos íntimos sin consentimiento; otra sobre promoción del ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país; y otro proyecto -sobre tablas- que declara de “interés nacional” la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis y establece un régimen de protección integral.
También se abordará un Protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.
En paquete, los senadores votaron una serie de medidas que contaban con dictamen de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
En la sesión virtual de este jueves, los senadores aprobaron un conjunto de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.
Además de avalar el DNU de los “superpoderes” al jefe de Gabinete y, por otro lado, de avanzar con el rechazo a un DNU de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas, el oficialismo ratificó otras 9 medidas del Poder Ejecutivo.
Durante el debate, el misionero Maurice Closs se refirió al DNU 391/2020, por el cual se oficializó la oferta presentada a los acreedores para renegociar la deuda. “En los últimos días hay una tendencia a decir de que el default empezó ahora. El default viene de mucho tiempo atrás”, sostuvo.
El vicepresidente primero de la Cámara alta cuestionó que “el gobierno anterior ha mostrado muy mala praxis en muchos temas, pero en este específicamente de la deuda pública ha tenido errores enormes. De alguna manera ha tenido un paso fugaz por los mercados. Nunca un gobierno dilapidó el crédito internacional en tan poco tiempo”.
“Con esta legislación que venimos a aprobar estamos dando los pasos para llegar a una solución y una solución difícil, básicamente en todo lo que se refiere al endeudamiento bajo legislación extranjera”, agregó el oficialista.
Por otra parte, sobre el DNU 488/2020, que fijó el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares, el rionegrino Martín Doñate destacó: “El libre mercado no puede dar respuestas y allí va el rol ordenador del Estado a dar, de la mano del decreto 488, una respuesta que demandaban los gobernadores, que con mucha responsabilidad venían planteando alternativas”.
“El DNU goza de plena legalidad, resulta de aplicación durante un período limitado y con parámetros específicos, con lo cual, la constitucionalidad de la norma no tiene ningún tipo de duda”, señaló el legislador del Frente de Todos.
A su turno, su comprovinciano Alberto Weretilneck, del monobloque Juntos Somos Río Negro, dijo que estaba a favor pero consideró que el decreto llegó “un poco tarde” y que no establece “quién va a pagar la diferencia”. También alertó sobre “la posición dominante de las empresas refinadoras” y la “duda en cuanto a que cumplan con lo que está pautado”.
En respaldo a todo el paquete de decretos, el catamarqueño Dalmacio Mera afirmó que “cada uno de los DNU están tomados dentro de las facultades constitucionales del presidente y están sometidos con dictamen por la Bicameral de Trámite Legislativo”.
“Cada uno tiene una respuesta a cada una de las necesidades de los argentinos y las argentinas, que la estamos pasando mal, y el presidente y sus ministros lo tienen muy en cuenta”, completó el senador del oficialismo.
Los decretos aprobados
1) DNU 52/2019- Intervención por 180 días de la Agencia Federal de Inteligencia (20-12-2019)
2) DNU 408/2020- Extensión hasta el 10 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (26-04-2020)
3) DNU 409/2020- Prórroga hasta el 10 de mayo inclusive de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país (26-04-2020)
4) DNU 426/2020- Prórroga hasta el 31 de mayo inclusive la vigencia de la obligación de garantizar un servicio reducido del servicio prepago de telefonía móvil o Internet (30-04-2020)
5) DNU 459/2020- Extensión hasta el 24 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (10-05-2020)
6) Decreto 391/2020- Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera (21-04-2020)
7) Decreto 404/20- Rectificación del documento “Condiciones de Emisión de los Títulos Nuevos” de Anexo III del decreto 391/2020 (23-04-2020)
8) Decreto 425/2020- Prórroga hasta el 30 de junio de 2020 la suspensión de cierre de cuentas bancarias (30-04-2020)
9) Decreto 488/20- Establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales, hasta el 31 de diciembre de 2020 (18-05-2020)
