Especialistas en derecho del consumidor y en finanzas digitales advierten sobre conductas abusivas de la empresa. Señalan problemas en la resolución de reclamos, cargos poco claros y efectos de la concentración del mercado.
La intimación del Gobierno bonaerense a Mercado Libre por $1,8 mil millones reavivó las críticas sobre las prácticas comerciales de la compañía. El subsecretario de Desarrollo Comercial, Ariel Aguilar, informó que la firma lidera el ranking de denuncias en Defensa al Consumidor con 2.396 presentaciones en lo que va del año, motivadas por tarifas poco transparentes, cargos ocultos y sustracción de fondos de cuentas asociadas a terceros.
El abogado Osvaldo Bassano, referente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, sostuvo que el principal problema radica en que la plataforma “es juez y parte”, ya que el primer ámbito de resolución de conflictos es la propia empresa. Afirmó que el sistema desalienta los reclamos y que algunos fallos judiciales han limitado la responsabilidad de Mercado Libre al equipararla con un simple clasificado, pese a su capacidad de influir en las decisiones de compra.
Desde otra perspectiva del sector financiero digital, Leonardo Ferrucci, fundador de la billetera virtual Waya, señaló que la posición dominante de Mercado Libre dificulta la competencia y genera prácticas que afectan a los usuarios. Advirtió sobre el creciente endeudamiento de familias que destinan entre el 40 y el 60 por ciento de sus ingresos a obligaciones financieras, en un contexto de deterioro del crédito al consumo.
Ferrucci remarcó que, si bien Mercado Libre y Mercado Pago protagonizaron una revolución tecnológica, la concentración del mercado exige analizar sus efectos sobre consumidores y competidores. Consideró que ya se observan procesos abusivos que perjudican a miles de personas y que requieren una revisión regulatoria.
Tanto Bassano como Ferrucci coincidieron en destacar el caso brasileño como ejemplo de regulación efectiva. Allí, el sistema Pix —público, gratuito y masivo— concentra el 80 por ciento de las operaciones y permite equilibrar el mercado. Además, la normativa de defensa del consumidor es más estricta y contempla sanciones penales ante prácticas abusivas.
En contraste, Bassano lamentó el debilitamiento de los organismos de control en Argentina y señaló que la falta de una estructura estatal sólida favorece la repetición de conductas perjudiciales para los usuarios. Ambos especialistas coincidieron en que el desafío es fortalecer la regulación y promover alternativas que garanticen competencia y protección efectiva.
La iniciativa es encabezada por la mendocina radical Jimena Latorre y ya había sido presentada en la Cámara baja en 2020 con el fin de “ampliar y proteger los derechos de los argentinos”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados Jimena Latorre (UCR-Mendoza), presentaron nuevamente en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación del Código de Defensa al Consumidor, que ya había sido presentada en 2020.
Según reza la iniciativa la Ley de Defensa al Consumidor es “una herramienta útil sin perjuicio de que la evolución social y económica, los cambios en la formas de consumo, comercialización, la irrupción de nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las relaciones de consumo que la coyuntura de pandemia y aislamiento aceleró”, por lo que “nos pone ante la necesidad de dar respuesta legislativa adaptando una herramienta que durante su vigencia ha sido eficiente, pero hoy la sociedad nos desafía a legislar con nuevos estándares de eficacia y eficiencia en la tutela de derechos y resolución de eventuales conflictos”.
En el texto, Latorre recuerda que hace tres años atrás acompañó a su par Alfredo Cornejo -jefe del interbloque de JxC en el Senado- en la presentación del Proyecto de Código de Defensa al Consumidor que “hoy volvimos a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, para los que carecen de memoria y parecen no recordar que durante 3 años han obstaculizado su tratamiento desde su bancada. Los únicos que se oponían son los que hoy vuelven a la carga con el quiosquito propio”.
La iniciativa establece que el Código trata el derecho del consumidor como un derecho protectorio transversal, con jerarquía constitucional. “Esto alcanza el derecho público - penal, administrativo, servicios públicos, impuestos, procedimientos administrativos y sancionatorios, políticas públicas, así como privado, contratos, obligaciones, responsabilidad por daños, prevención, comercio electrónico y a distancia, responsabilidad legal genérica, y de otros tipos -género, acceso al consumo, ambiente, etc. y procesal -procesos individuales, colectivos, judiciales y administrativos, de quiebras, con consumidor actor o demandado”, explaya.
El proyecto implica la Codificación, construyendo una Teoría General para luego legislar en los Ejes principales del Derecho del Consumidor. Además, plantea la articulación de “los principios y reglas recogidos a lo largo de estos años, con una mirada hacia el futuro, en el entendimiento de que el avance de la globalización, la flexibilidad de la tecnología y los cambios de paradigmas e instituciones, requieren que estemos a la altura de las circunstancias y seamos capaces de brindar como legisladores, soluciones flexibles también a los cambios que la sociedad experimenta, sin que el paso del tiempo las convierta en inaplicables”.
Acompañan con sus firmas la iniciativa de Latorre, los diputados UCR Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Ximena García; Gabriela Lena; Juan Martin; Fabio Quetglas; Lidia Ascárate; Roxana Reyes; Mario Barletta; Marcela Coli; Soledad Carrizo; Juan Carlos Polini; Gerardo Cipolini.