Es para dar respaldo a las familias de la provincia de Buenos Aires que tienen problemas con deudas muy grandes que complican sobremanera su economía.
La propuesta la hizo el diputado Juan Gómez Parodi, de Unión por la Patria, a través de la presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja provincial.
Se propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos.
Por eso, aclararon que se considera que un consumidor está “sobreendeudado” cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y, el hecho de pagarlos le dificultaría el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.
De aprobarse la Ley, aquellos ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes e iniciar un proceso.
Así, en caso de acreditarse la condición de sobreendeudado, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo.
El acuerdo podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago.
Se establecerá el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo.
Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa, pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
El proyecto establece también que se refuercen aspectos fundamentales de la defensa del consumidor relacionados con la información, es decir que la persona deberá ser informada claramente al momento de contratar acerca de las condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro aspecto relacionado con la transacción.
La iniciativa del diputado oficialista extiende su alcance a definiciones tales como “lealtad comercial”, y establece que “el proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá de sus posibilidades, provocando situaciones de sobreendeudamiento”.
También establece el concepto de “préstamo responsable” donde se consigna que el proveedor deberá evaluar “certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada al consumidor de modo fehaciente”.
Y por último se insta a brindar “educación financiera” para el público en general y a través del “sistema educativo provincial para contribuir a una gestión razonable de una economía doméstica y de la planificación familiar a fin de prevenir el endeudamiento excesivo”.
“Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”, aseguró el autor del proyecto, el diputado Juan Gómez Parodi.
Para la senadora bonaerense oficialista Gabriela Demaría: “luego de 18 años, la actualización de la multa tiene una trascendencia enorme en materia de derecho del consumo”.
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley impulsada que modifica el Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios modificando las multas y sanciones aplicables por incumplimientos.
Por lo lado la modificación actualizó el Código no se actualizaba desde 2004, a la vez que incorpora la figura de personas consumidoras hipervulnerables a la legislación.
En su última sesión, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en Ley el proyecto impulsado por la senadora del FdT, Gabriela Demaría, que modifica las multas y sanciones aplicables al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, cuyos montos fueron fijados en el año 2004 en un rango de 100 a 500.000 pesos y que no habían sido actualizados desde entonces.
“Luego de 18 años, la actualización de la multa tiene una trascendencia enorme en materia de derecho del consumo, ya que un monto exiguo no genera motivación para que las empresas cumplan”, remarcó la legisladora.
Demaría explicó que, “al no modificarse las sanciones durante todo este tiempo, las personas consumidoras tenían, en 2022, una protección menor de derechos que en el año 2004, donde los 500 mil pesos representaban una suma mucho mayor y por lo tanto un elemento disuasorio más relevante para que las empresas cumplan”.
En ese sentido, Demaría promovió la modificación del artículo 73 de dicha norma incorporando no sólo una ampliación de la multa, cuyo montó será equivalente a una suma comprendida en la escala de 0.5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, sino también la implementación de una fórmula móvil de actualización automática para evitar que, como ocurre en la actualidad, pierda el efecto disuasorio con el paso del tiempo. A valores actuales, el tope de la multa pasa de 500 mil a más de 309 millones de pesos.
“El consumo es un derecho humano y como tal debe progresar, no retroceder como venía ocurriendo. Esta ley viene a corregir esta situación de postergación”, enfatizó Demaría.
Asimismo, la iniciativa modifica Ley 13.133 incluyendo en la legislación provincial la figura de personas consumidoras hipervulnerables para proteger los derechos de los colectivos más desfavorecidos.
La legisladora del FdT, que preside la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado, destacó la relevancia de esta Ley en la materia que convierte a “nuestra provincia en la primera en reconocer los derechos de las personas consumidoras hipervulnerables en todo el país, con la incorporación fehaciente de esta figura en su legislación”.
La iniciativa establece que las medidas de protección deberán “acentuarse respecto de los consumidores hipervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.
Asimismo, dispone sanciones más severas en infracciones contra estas personas, que podrán hasta duplicarse en razón de la situación.
La Ley sancionada se enmarca en la necesidad de abordar la asimetría estructural que caracteriza a las relaciones de consumo, habida cuenta que las personas consumidoras ocupan la posición más débil frente a los proveedores de bienes y servicios.
“Esta situación se profundiza en algunos casos ya que no todos estamos en iguales condiciones frente al mercado”, explicó Demaría.
En ese sentido, la incorporación de la figura de personas consumidoras hipervulnerables implica reconocer la vulnerabilidad agravada relacionada a diferentes aspectos como la edad, las condiciones psicofísicas y socioeconómicas, etc.
Finalmente, Demaría dijo que “es un orgullo para mí que podamos sancionar esta Ley que viene a ampliar los derechos y a saldar esta deuda con las personas consumidoras y por ende con el conjunto de las y los habitantes de la Provincia”.
Así lo plantearon desde la Coalición Cívica, que quiere que también se indague a sus funcionarios involucrados en la causa Cuadernos. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos”, señalaron.
Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, le enviaron una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en la que les requieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigue a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios de su gobierno involucrados en la “cartelización” de la obra pública, más conocida como la causa de los “cuadernos”.
También solicitan que se extienda la pesquisa a los administradores de todas las empresas observadas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos. Desde junio que desde la Coalición Cívica nos presentamos para que amplíe la investigación y no tenemos respuesta”, señalaron los legisladores de la CC.
“Massa tiene la llave para decidir si se va a investigar la cartelización de la obra pública o si va a proteger a Cristina y los empresarios”, explicaron Reyes, López, Zuvic y Oliveto. “El acuerdo de Massa, Cristina y Alberto era la impunidad. Así fundaron el Frente de Todos, nosotros no lo vamos a permitir”, agregaron.
“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, manifestaron los diputados por la CC.
Los legisladores de la CC piden, también, que se convoque al concurso para conformar la Autoridad Nacional de la Competencia, que sería un tribunal administrativo independiente que debería continuar con esta investigación.
Este año, los diputados de la CC realizaron un pedido de acceso a la información pública para tomar conocimiento del estado de situación de la investigación en la CNDC, con el objeto de saber si el expediente se encontraba abierto, archivado y quiénes estaban siendo investigados. En esa oportunidad la respuesta fue que ninguna persona humana era objeto de la investigación en el sumario y todo lo actuado se mantenía en secreto. Luego, iniciaron un reclamo administrativo para tomar conocimiento de las resoluciones de la CNDC y la Secretaría de Comercio, por la negativa de acceso a la información pública, y se presentamos en el expediente de la CNDC para requerir que se los incluya como parte, en carácter de coadyuvantes de la CNDC, y que se amplíe la investigación incluyendo a los administradores de las empresas y a los exfuncionarios que formaron parte del cartel.
La Agencia de Información Pública se negó a brindar la información requerida por los diputados de la CC, conforme una interpretación por la que las actuaciones de la CNDC son secretas. La CC presentará un amparo en atención a este punto. Respecto del pedido de ampliación de la investigación de la CNDC, los legisladores no han podido acceder al expediente ni tomar conocimiento de lo resuelto. En julio se presentó un pedido de pronto despacho en el que se requirió que se resuelva la ampliación, por la negativa o la afirmativa. Ante la falta de notificación de alguna resolución reiteramos el pedido pronto despacho hace dos semanas.
La carta enviada por los legisladores de la CC está dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto responsable jerárquico de la Secretaría de Comercio; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por tener la competencia para resolver cualquier resolución que impulse la CNDC en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, y al presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky, responsable del proceso de investigación que se está llevando a cabo.
“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, sostuvieron los legisladores de la CC. “La causa de los cuadernos y vialidad es lo que Lilita denunció en 2008, ahora que estamos más cerca del final no podemos dejarlos construir la impunidad”, añadieron.
Se trata de un proyecto del mendocino José Luis Ramón, que obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Fuerte rechazo del principal interbloque opositor.
Con el rechazo rotundo de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el dictamen del proyecto de ley para crear una bicameral destinada a la redacción de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, presentado por el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Tras el aval de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, en octubre pasado, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. El despacho de mayoría reunió 26 firmas, de los miembros del Frente de Todos, del cordobés Carlos Cassinerio (Interbloque Federal) y del misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), mientras que Juntos por el Cambio presentó uno de rechazo, que alcanzó las 13 firmas -minoría-.
Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el radical Diego Mestre estalló: “Es una falta de respeto a los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una falta de respeto que usted haya aceptado este giro, cuando usted ha dicho que esto no erogara nuevos gastos”.
El cordobés recordó que desde mayo pasado en su comisión se están trabajando iniciativas sobre el tema, con reuniones informativas, y que incluso hay proyectos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que tiene “en un 85% exactamente iguales los fundamentos”. “Estábamos consensuando y muy cerca de un dictamen”, resaltó.
“¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la decisión por la que quieren quedar bien con un proyecto del diputado Ramón?”, se preguntó Mestre, y anticipó que seguirá presentando “todas las notas y los recursos que tengamos que presentar”, al tiempo que anticipó una cuestión de privilegio “porque se están afectando los derechos y garantías que hacen a mi condición de diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, rechazó las críticas de Mestre y aclaró que el texto fue girado a su comisión por la Presidencia de la Cámara. “Pasaron una cantidad de días en los que estaba incluido y usted se calló la boca y esperó esta reunión para venir y hacer un escándalo”, lanzó el oficialista y lo cuestionó por “generar una controversia absolutamente evitable”.
A su turno, el radical Luis Pastori calificó al proyecto de “intempestivo” e “inoportuno” y que “no tiene ninguna necesidad de ser”. Apuntó que a la Comisión de Defensa del Consumidor, “se le está sacando competencia propia, específica, dada por el reglamento de nuestra Cámara”.
“Si no va a tener gasto, no sé cuál es la competencia de la Comisión de Presupuesto. Ha habido un mal giro y una omisión a la Comisión de Defensa del Consumidor”, señaló el misionero y expresó que “es absolutamente una estructura burocrática la que se crea”.
Desde el Frente de Todos, el santafesino Marcos Cleri precisó que se trata de “ordenar y sistematizar de una manera integral los más de 40 proyectos de modificación de la Ley 24.240” y los proyectos de un nuevo Código de Defensa del Consumidor que existen en ambas cámaras.
“No va a insumir ningún nuevo gasto administrativo”, insistió el oficialista, que ejemplificó que en el caso del nuevo Código Civil y Comercial las comisiones de Legislación General “siguieron trabajando”, pero “específicamente se creó una bicameral para tener un dictamen unificado”.
El autor de la iniciativa, el mendocino José Luis Ramón, dijo que “tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay una veintena de proyectos que se renuevan en cada período legislativo, que tienen como objetivo la idea de modificar la Ley 24.240” y “la redacción de un Código de Defensa de los Consumidores que esté aggiornado en los nuevos tiempos”.
Con la bicameral, “se pretende reunir los múltiples proyectos que existen”, defendió el diputado e indició que la nueva comisión tendrá “una asignación presupuestaria relacionada con el personal ya existente”.
Por su parte, la oficialista Lucía Corpacci afirmó que “no es quitarle potestad a nadie, sino que la necesidad de crear el Código hace a que diputados y senadores tengan que trabajar juntos”. En tanto, su par Marcelo Casaretto explicó que las bicamerales, en su mayoría, “tienen alguna relación con las comisiones permanentes” tanto de Diputados como del Senado.
“Muchos de nosotros somos miembros de comisiones especiales o bicamerales”, añadió y justificó que el trabajo de una bicameral hará “más ágil el tratamiento cuando el proyecto vaya a los recintos”.
Durante el debate, el radical Ricardo Buryaile se quejó de que “nadie ha podido responder” el por qué del giro a Presupuesto y Hacienda y mencionó que “todas las bicamerales que se crearon pasaron por las comisiones con competencia en la materia”.
“Necesitamos transparencia, objetividad y fundamentos de por qué creamos estas cosas”, enfatizó el formoseño, que disparó: “¿Es para vaciar de poder a una comisión? ¿Es para pagar favores políticos? ¿O para qué se está creando una comisión que no tiene ningún sentido cuando está trabajando una comisión permanente?”.
Otros proyectos con dictamen
La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen por unanimidad a un proyecto de la radical Brenda Austin, sobre promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente de agua, el cual ya contaba con el aval de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con lo cual quedó listo para debatirse en sesión.
También recibió el último dictamen que requería el proyecto para establecer la gratuidad y libre navegación en plataformas educativas estatales, con objetivo de garantizar la educación digital a todos los alumnos del país, tema que ya recibió despacho en las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación.
En la primera reunión informativa de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del Ejecutivo expusieron sobre el proyecto con media sanción. Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Por Melisa Jofré
Se largó este viernes en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas, con una primera reunión informativa a la que asistieron funcionarios de distintos Ministerios.
Los representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en avanzar con la ley, salvo la advertencia aportada desde Cancillería sobre la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Los diputados de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, escucharon a los funcionarios y realizaron preguntas en un encuentro que duró más de dos horas.
El primero en exponer fue el representante de Cancillería, Jorge Neme, quien remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.
El funcionario recordó que en diciembre Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, que en marzo del año que viene cumple 30 años. En ese sentido, apuntó que desde sus inicios se planteó “el compromiso de los socios de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
Por ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales reveló que el país transmitió el pasado 6 de noviembre “la preocupación” por la norma de etiquetado que se aprobó en Brasil, y que va a comenzar a regir dentro de dos años.
Para Neme, el término “complementar” -que se utiliza en dos artículos de la iniciativa para referirse a este tema- “no la resuelve completamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos en este momento”. Al respecto, sugirió esperar que Argentina asuma la Presidencia Pro Tempore e impulse la necesidad de “alcanzar una norma totalmente armonizada” para el bloque.
Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien centró su alocución en la cuestión de la mal nutrición infantil en la población más vulnerable y manifestó: “Debemos trabajar para igualar a todos los sectores en este tipo de alimentación”.
La funcionaria dijo que tiene que haber “un Estado que, de manera inteligente, empiece a comprar alimentos que no dañen y no produzcan más daño en la curva de los indicadores de la mal nutrición en Argentina”. Asimismo, resaltó el “drama de la baja talla” en la que niños de 0 a 5 años tienen “la carencia más grande del consumo de frutas, verduras y lácteos”.
“Es una ley que busca ni más ni menos que hacernos cargo de algunos indicadores y dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos”, agregó.
A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ponderó el “consenso” entre distintos Ministerios para avanzar con esta norma y habló de un “momento histórico”. También afirmó que existió “diálogo con todos los sectores”, pero “fue fundamental la voluntad del Ejecutivo”.
“El etiquetado es importante, pero es parte de una política integral”, sostuvo y enfatizó que “este proyecto no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos”.
La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que se trata de que los consumidores puedan contar “con la información necesaria para poder tomar decisiones”, la cual debe ser “clara, precisa y simple”. “Es responsabilidad del Estado garantizar que la sociedad pueda tomar las decisiones con información”, insistió.
Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós aclaró que la iniciativa se discutió teniendo en cuenta que “este proceso sea también cuidando al sector productivo, porque nosotros somos un país que produce alimentos; cuidando sobre todo a nuestras PyMEs, y a los productores de alimentos que vienen de la agricultura familiar”.
El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional expresó que la ley “es una necesidad para toda la población argentina en términos de cuidar la salud”, pero coincidió con Leme en que “hay que armonizarla con Mercosur”. “Si no hacemos ese proceso podríamos tener algún riesgo de barreras comerciales”, alertó.
Desde el Ministerio de Salud, Arnaldo Medina expresó el “beneplácito” con el proyecto y aseguró que “estamos ante una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce muchas más enfermedades y muertes que la de Covid-19”.
Sobre ello, el funcionario precisó que en Argentina hay un 60% de adultos con sobrepeso y un 30,6% de niños en edad escolar con sobrepeso. “En nuestro país se consume aproximadamente 11 gramos de sodio por habitante, por día. Estamos prácticamente en más del doble de lo que el organismo tolera y más de diez veces de las necesidades que tiene nuestro organismo”, señaló.
El secretario de Calidad en Salud advirtió que el sobrepeso y la obesidad producen “enfermedades cardiovasculares; metabólicas, como la diabetes; y el cáncer”. Además, indicó que “los patrones de consumo han empeorado” y más de un 50% de los adultos llevan una vida sedentaria.
Finalmente, destacó que “es la primera vez en la historia que en el Poder Ejecutivo hay un acuerdo entre los Ministerios” sobre el tema, y afirmó que la propuesta -similar a la que se votó en el Congreso- fue presentada ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) y ante el Mercorsur. Durante su presentación estuvo acompañado por Mónica López, directora del Instituto Nacional de Alimentos, quien también respondió consultas de los legisladores.
La cuestión Mercosur
Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro García, titular de la Comisión de Industria, señaló que no le había quedado “claro” la posibilidad de “supeditar o no” el tema, o “en qué términos avanzaríamos”, respecto al Mercosur. “¿Cómo sería la implementación (de la ley) si no hubiera un acuerdo en Mercosur?”, se preguntó.
En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo estar “un poco confundida con las intervenciones del Ejecutivo”, y consultó al funcionario de Cancillería si la intención es “posponer el debate, esperando que Mercosur defina y avance, o modificar la redacción”.
Jorge Neme respondió entonces que el acuerdo del bloque regional “no suprime la soberanía nacional” y “estamos en condiciones plenas de resolver sobre cada una de las cosas”. Pero la cuestión pasa por “si la política que prevalece es una decisión de construir una integración regional, o si cada país va decidiendo aisladamente cuáles son las normas que va a ejecutar”.
“No está en juego la capacidad del Gobierno argentino resolver sobre todos los hitos”, reiteró y subrayó que se trata de que “si esa capacidad no se pone en línea con la capacidad del resto de los países para tratar de resolver cuestiones conjuntas, se debilita absolutamente el proyecto y la política de integración”.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que existen resoluciones del Mercosur relacionadas al etiquetado de alimentos, e incluso “desde el año pasado se viene discutiendo en el Mercosur la actualización del etiquetado”.
Sin embargo, “si vamos con una ley (propia), la discusión queda absolutamente coartada” y “si se tiene que ir a defender nuestra ley para que los demás países adhieran, eso crea un problema”, aseguró.
El funcionario explicó que el caso de Brasil se hizo a través de una resolución de un organismo competente, en la que se plantea un plazo de dos años y “expresamente que hay que ir hacia una armonización en el Mercosur”.
“El Mercosur en términos de regularizaciones de integración está muy pobre y nosotros necesitamos consolidar eso”, continuó y concluyó: “Tengamos las manos libres para, por lo menos intentar, durante la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, que comienza el 16 de diciembre, la posibilidad de lograr una norma armonizada. Ese es el planteo de Cancillería”.
Expusieron el director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Barocelli y otros especialistas en la materia. Tras la reunión los senadores acordaron en trabajar con Diputados en busca de lograr un consenso entre los proyectos que se debaten en ambas cámaras.
Las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales presididas por el senador Julio Martínez (UCR – La Rioja) y por el senador Oscar Parrilli (FdT – Neuquén), respectivamente, realizaron una reunión conjunta para avanzar con el tratamiento del proyecto que modifica la actual ley, actualizándola acorde a los cambios tecnológicos producidos desde su sanción en 1993.
Este martes, los miembros del plenario escucharon las exposiciones del director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Barocelli; Federico Álvarez Larrondo, especialista sobre Derecho del Consumidor e Inteligencia Artificial; Francisco Junyent Bus, profesor titular plenario de Derecho Concursal en la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de Derecho del Consumo en la Universidad Nacional de Córdoba; Walter Krieger, Dr. en Derecho con orientación en Derecho Privado UCES, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado.
El director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Barocelli inició la ronda de disertaciones celebrando que “se ponga en el debate del Congreso este tema de reforma, pero consideramos que debe venir de las necesidades de los consumidores”.
Relacionó “el proyecto en debate del Senado con el de Diputados, el 5152/2020 y sostuvo que “el nombre de la iniciativa de la Cámara alta más que nueva ley del sistema al consumidor debe ser el de Código”.
Sostuvo en ese sentido que “el proyecto que está en el Senado merece algunas consideraciones: En el artículo tercero, consumidores con vulnerabilidad agravada; la denominación adecuada seria consumidores híper vulnerables”.
“En segundo lugar en el artículo N° 5 cuando se habla de consumo sustentable. Creemos que como está redactado no vislumbra todas las dimensiones que tiene la vulnerabilidad en el consumo sustentable. No es solamente hablar de la cuestión ambiental sino también ética, económica, social”, manifestó.
Barocelli consideró que “otra cuestión que debe ser revisada es en relación de la protección del consumidor en entornos digitales. La terminología de comercio electrónico es acotada, debería ser consumidor en entornos digitales”.
Federico Álvarez Larrondo consideró que los proyectos que existentes “hacen foco en los problemas que eran propios del siglo XX y no del XXl”.
Sostuvo “en relación a la publicidad por ejemplo hay nuevos agentes que hacen publicidad hoy, como los Instagram, los famosos que son necesarios regular”.
Aseguró que es fundamental tener en cuenta “el uso de la inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial sin regulación es que castiga más a los que menos tienen, con menos educación. En cuestiones de adquisidores de créditos por vía online por ejemplo los lleva muchas veces al sobreendeudamiento”.
Es necesario tomar en cuenta las “nuevas recomendaciones del Parlamento Europeo a los consumidores frente a las compras online”.
Álvarez Larrondo consideró que “el 97% de los ciudadanos no lee lo que está aceptando, por lo tanto, toda la idea de información, de contrato o de asesoramiento poco tiene de validez en un entorno digital en el cual el usuario no tiene otra opción que dar aceptar”.
“Es necesario incluir una visión del 2020 hacía adelante, una visión futurista para lograr que esta ley de defensa del consumidor perdure en el tiempo”, concluyó.
Luego Francisco Junyent Bus manifestó que “virtualmente hay 3 proyectos en el Congreso de la Nación, con una convergencia de opiniones y no hay grandes disidencias”.
También consideró que “el proyecto en debate en el Senado más que ley debe llevar el nombre de código del consumidor”.
Destacó que “cualquiera de estos proyectos aplicados en las provincias argentinas sería una revolución, verdaderos avances, dado que existen muchos maltratos a los consumidores”. En ese sentido explicó que “comprendan que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por favor les pido a los legisladores que nos den un instrumento que actualice la actual ley”.
Por último, Walter Krieger, destacó “el altísimo grado de consenso en la clase política en la necesidad de actualizar la ley”.
Sostuvo que “los tres proyectos que existen son muy coincidentes y fáciles de consensuar. Un código de defensa del consumidor nos permite sistematizar y darle autonomía al derecho del consumidor y entender que es un derecho autónomo con características propias”.
“La protección del vulnerable, dentro de los vulnerables, merece una particular atención para poder ser eficaces en las soluciones para que todos los consumidores puedan ser protegidos adecuadamente”, concluyó.
Se realizó un plenario de las comisiones en el que participaron miembros de la comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, funcionarios y especialistas en la materia.
Legisladores nacionales continuaron este viernes el tratamiento de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor durante una reunión conjunta de las comisiones de Derechos y Garantías, presidida por el senador por La Rioja Julio Martínez (UCR), y de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT).
El primer orador fue uno de los miembros de la Comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, Carlos Tambussi, quien puso en valor el “ensanche de derechos y de la practicidad que aporta en la vida de los Entes y de las oficinas públicas la propuesta de la Reforma” y detalló que “al tomar el capítulo sexto de la ley vigente encaramos el trabajo en base a tres ejes que ampliaran la protección existente, en materia de derechos, y dieran algunas soluciones prácticas”. Asimismo, consideró que “la significación del alcance práctico de esta medida va a ser muy útil para también orientar a los usuarios sobre todo a dónde dirigir el reclamo, y después qué curso va a tener y evitar esos pases administrativos que hacían demorar tanto tiempo y clarificar a su vez el tema definitivamente de las competencias”.
A continuación, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial de Azul, Rodrigo Bionda, se refirió al orden público y el sobreendeudamiento de usuarios y consumidores. Respecto a la primera, sostuvo que “este proyecto quita de una cláusula genérica dotar de orden público” y que “es clave mantener enérgicamente la condición de orden público de la Ley, no como un principio sino como una pauta, un punto de partida que obligue a los funcionarios”. En tanto, manifestó que “discrepo ontológicamente en el punto de partida adoptado por el proyecto. El sobreendeudamiento tiene que poner el centro de abordaje en garantizar a los usuarios y consumidores a acceder a condiciones de trato digno”. “Tenemos que trabajar en una herramienta que nos permita estabilizar a alguien que está sobreendeudado y extraerlo de la situación de sobreendeudamiento”, concluyó al tiempo que instó a trabajar en la “regulación o reglamentación de los códigos de descuentos” y la “gestión colectiva de procesos individuales”.
Por su parte, el director de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, Adrián Ganino, observó que “hay varios artículos que no estarían cumpliendo con el principio de progresividad y no regresión”. En ese sentido, se refirió a los artículos 4, 113 y 73 y manifestó que “es claro que en materia probatoria la carga debe ser dinámica y que debe ser la empresa proveedora la que lleve adelante todo el proceso de demostrar que lo que dice el consumidor no es tal”. “En el marco de esta redacción actual estamos en una situación compleja de indefención por parte del usuario, del consumidor. Necesitamos modificaciones legislativas que contemplen este tipo de relaciones jurídicas de comercio electrónico”, concluyó.
A su turno, el especialista en Derecho Comercial Rubén Morcecian centró su exposición en “el tema de los pagarés en los temas de consumo y el aumento del endeudamiento de los ciudadanos”. Afirmó que se trata de “una figura inconveniente para el consumidor” y que “la firma de un pagaré atenta contra la progresividad, el deber de información”. Al referirse al sistema cambiario sostuvo que “el proyecto pretende legislar sobre lo que llama pagaré de consumo” y que “lo que hay en la República Argentina son la utilizaciones de pagarés comunes, es decir aprovechar los efectos de derecho cambiario en una relación de consumo”. Seguido señaló que el artículo 91 “no es claro” y “no se hace cargo de qué pasa en el ámbito sustantivo del pagaré”, además de indicar que “esto también contradice el 735 del Código Civil y Comercial, el principio de no agravamiento de la posición jurídica del deudor” y que “el artículo 91, y todas las implicancias que yo les señalaba, viola el orden público de protección por el artículo 387 del Código Civil y Comercial en el cual se enmarca la emisión de pagarés”.
El último orador fue otro de los miembros de la Comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, Leonardo Lepíscopo, quien resumió que la Comisión “se planteó preservar lo que está correctamente” en la Ley 24.240 y trabajó en “ir mejorando algunos tipos, institutos que estaban deficientemente desarrollados o traían problemas de interpretación” y en “ir completando algunos segmentos que directamente estaban omitidos como por ejemplo un buen capítulo de prácticas abusivas o los procesos colectivos de consumo”. “La idea ha sido completar, desarrollar, robustecer, con estricta sujeción a las previsiones constitucionales en la materia y los Tratados de Derechos Humanos que le resultan aplicables”, prosiguió “entre los cuales uno de los principios fundamentales es el de la progresividad y no regresión en la materia”. “Los primeros articulados fuimos respetando las definiciones y los conceptos y luego, a partir del art 5to y siguientes, empezamos con la introducción de los lineamientos generales que tienen prácticamente todas las legislaciones de consumidor modernas en el mundo: conjunto de principios que van a regir la materia, consumo de deberes para los proveedores, principios de derechos generales para los consumidores y políticas que deben implementar los actores que tienen incumbencia en la materia”, detalló a continuación. Finalmente destacó que “en el tema de principios sumamos 10 principios fundamentales” y mencionó algunos “aspectos que robustecimos”, entre ellos el deber de información, prácticas abusivas, principios, deberes y derechos “deberes para la Administración Pública: misiones y funciones de la Autoridad de Aplicación”, daños y procesos colectivos de consumo.
La comisión presidida por Diego Mestre escuchó a asociaciones de consumidores, luego de que el oficialismo dictaminara a favor de un proyecto para que el tema se discuta en una bicameral.
Tras la polémica abierta esta semana por la creación de una bicameral para analizar el nuevo Código de Defensa del Consumidor, el debate avanzó este jueves en la comisión unicameral presidida por Diego Mestre (UCR), que escuchó a representantes de asociaciones civiles.
El último lunes, en una reunión caliente, el oficialismo dictaminó a favor de un proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una nueva bicameral para trabajar el Código, y Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa.
Así fue como este jueves se realizó la cuarta reunión informativa convocada por Mestre, quien ratificó la intención de “avanzar para resistematizar la Ley de Defensa del Consumidor” en la comisión que encabeza.
En ese marco, la abogada especialista en el tema Candelaria Sappia advirtió que “los consumidores siempre se han tenido que enfrentar a la adversidad de los tiempos y los costos del proceso” y “la mayoría no tienen espaldas para soportarlos, una circunstancia que se agudiza” con la pandemia, “lo que hace impostergable el tratamiento de estas cuestiones”.
Sappia destacó que “el espíritu” de los proyectos presentados por Alfredo Cornejo (UCR) y Liliana Schwindt (Frente de Todos) es “proteger a los consumidores”, y sugirió que “a los fines de disipar cualquier duda”, se especifique que las acciones judiciales de los consumidores gozarán del beneficio de la gratuidad en el proceso.
A su turno, Guillermina Gulo Tieri (Justicia Colectiva) consideró que “es muy importante que reforcemos todos los canales de solución colectiva porque es la única manera eficaz y eficiente de solucionar los problemas de los consumidores”.
Eduardo Baeza, de la Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios (ADACU) sostuvo por su parte que “toda acción colectiva se tramita durante larguísimos años, acumulando deudas en los consumidores, porque no se actúa en la prevención, y eso requeriría una intervención mayor de los organismos judiciales y las autoridades para evitar que los daños se sigan produciendo”.
“Si bien ambos proyectos contemplan con carácter relevante la necesidad de la prevención de los daños producidos al consumidor o el cese de la conducta de daño, sería interesante establecer un procedimiento por el cual todas las autoridades deban contribuir a la defensa del consumidor”, evaluó.
También expusieron Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores), Claudia Collado (Acción del Consumidor), Romina Pignataro (Asociación Civil por los Consumidores y el Medioambiente), Verónica Goldman (Asociación de Consumidores del NOA), Romina Ríos Agüero (Protectora) y Ricardo Nasio (Proconsumer), entre otros.
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
Gabriel Stiglitz, Claudia Lima Márquez y Aída Kemelmajer de Carlucci apoyaron las iniciativas acerca de una nueva legislación para los consumidores.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia realizó una reunión informativa para escuchar la opinión de especialistas acerca de la creación de un Código de Defensa del Consumidor, que modifique la ley 24.240 aprobada en 1993.
En primer lugar, el jurista Gabriel Stiglitz celebró “la armonía que reflejan los bloques en miras del bien común y el interés general, esto es lo que espera la sociedad, estas grandes coincidencias como las que se reflejan en esta Comisión”.
Stiglitz consideró que los proyectos en análisis “llevan a la máxima expresión el grado de protección del consumidor que se puede esperar de una legislación y establecen el principio de orden público”.
Por su parte, la jurista brasilera Claudia Lima Márquez comparó la legislación de Brasil y Argentina y dijo que los proyectos en danza “están actualizados de acuerdo a los grandes lineamientos internacionales de protección del consumidor”.
“Hoy tenemos mucho acceso a los bienes y servicios pero nuevos desafíos como la discriminación, los algoritmos y el sobre-endeudamiento de las familias, entonces se necesita un Código realmente para el siglo XXI”, resumió Lima Márquez.
Por último, la jurista Aida Kemelmajer de Carlucci hizo una detallada exposición acerca de cómo el Código “es una continuación de la misma línea que inició la reforma constitucional del 94 y siguió el Código Civil y Comercial”.
Al igual que sus colegas, coincidió que los proyectos en análisis “dan un paso cualitativo extraordinario” con respecto a la legislación vigente.
Con la participación de dos expertos, la comisión homónima comenzó a tratar el tema en base a un proyecto de Alfredo Cornejo (UCR) y otro del oficialismo.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Diego Mestre (UCR) avanzó este jueves en el debate sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con la participación de dos expertos en la materia.
“El Código de Defensa del Consumidor es muy importante para todos los argentinos. La Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, fue una ley de vanguardia para ese momento, pero ya tiene 27 años, y si bien se ha ido modificando y ha tenido algunos parches, es un buen momento para resistematizar todo lo que hace a los derechos de los consumidores”, introdujo Mestre.
El legislador recordó que el año pasado se realizaron reuniones informativas sobre el tema en el Senado, pero los proyectos no prosperaron, y este año se presentaron dos iniciativas en la Cámara baja, una perteneciente a Alfredo Cornejo (UCR) y otra al bloque del Frente de Todos.
“Estamos ante una gran oportunidad para avanzar y están dadas las condiciones para eso”, garantizó el cordobés.
Destacó que el proyecto de Cornejo, que tomó como antecedente el programa Justicia 2020 de la anterior gestión, “se adecúa a los parámetros de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos” y distintas leyes.
También resaltó que contiene “algunos aspectos que hacen a la cotidianeidad de los consumidores”, como el acceso a la información, la contratación electrónica y el problema del sobreendeudamiento.
Uno de los invitados al encuentro virtual fue Gonzalo Sozzo, especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo explicó que la Ley 24.240 fue de “primera generación”, y ahora el Código de Defensa del Consumidor “colocaría a la Argentina en la vanguardia porque se trata de una normativa de tercera generación, porque trata temas de actualidad, como los portales de venta, las técnicas de financiamiento sofisticadas, el sobreendeudamiento de los consumidores, las nuevas técnicas de marketing y la protección de consumidores hiper-vulnerables”.
Además, el doctor mencionó que en el proyecto de Cornejo el derecho de los consumidores “tiene puntos de contacto con el derecho alimentario, el derecho ambiental, los derechos humanos y la perspectiva de género”.
También señaló que “prácticamente la mitad del articulado está dedicada a la efectiva implementación de los derechos del consumidor”, y afirmó que “fue construido en base un amplísimo consenso teórico”.
La segunda expositora fue Belén Japaze, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y co-autora del proyecto de ley que retomó Cornejo.
“Es indudable la preocupación global por el sobreendeudamiento de los consumidores, no solo en el contexto de excepción que vivimos por la pandemia sino por la dinámica propia del mercado en tiempos de normalidad, y esto lo asumieron países con economías estables”, aseguró Japaze.
La experta remarcó la “impostergable necesidad de un abordaje de la problemática en nuestro país”, y aunque aclaró que “no se resuelve con un dispositivo legislativo, es un punto de partida necesario”.
Japaze definió al sobreendeudamiento como “la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en situación de pronta exigibilidad, aunque no necesariamente deudas vencidas”.
En ese sentido, apuntó que el proyecto “no solo consagra un principio y prevé un catálogo de deberes, sino que deja establecido que todas aquellas consecuencias adversas que se deriven de créditos que se hubieran otorgado en infracción de estos deberes han de ser soportadas total o parcialmente por los dadores del crédito”.
Al finalizar las exposiciones, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente de Todos), destacó que “tenemos un gobierno que está pensando en los usuarios y consumidores”.
“En la apertura de sesiones ordinarias el presidente habló de los consumidores y ya había pensado en llevar adelante determinadas acciones, pero vino la pandemia y fuimos viendo sobre la marcha muchas cuestiones”, dijo, y al respecto mencionó la declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos.
En tanto, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) fue crítico del proyecto de Juntos por el Cambio y advirtió que no solo “no existe consenso”, sino que ya durante el debate en el Senado numerosas asociaciones de consumidores señalaron que “violenta seriamente la operatividad del artículo 42 de la Constitución”.
Será en la Comisión de Defensa del Consumidor, que tratará el proyecto de “plan de auxilio” para el sector. Juntos por el Cambio pide declarar la emergencia.
El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado el próximo martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.
El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.
Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.
Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.
En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
El comercio electrónico, los “abusos” de las prepagas, el sobreendeudamiento de las familias y la declaración de nuevos servicios públicos fueron algunos de los temas planteados.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.
El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.
También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.
Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.
Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.
Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.
Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.
En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.
Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.
